No sólo la emergencia en el proyecto energético Hidroituango mantiene a este municipio del norte de Antioquia en máxima alerta, la expansión de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el fortalecimiento de la guerrilla del Eln y el crecimiento de los cultivos ilícitos, han convertido a esta localidad en una “olla a presión” que en cualquier momento puede estallar.
No son nada buenos los tiempos que vive Valdivia, un pueblo ubicado en las montañas del norte de Antioquia cuya población no supera los 22 mil habitantes. Allí, tras la firma del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, justo cuando sus pobladores esperaban que los vientos de la paz les llevara el desarrollo que tanto han anhelado, comenzaron a sentirse con fuerza los pasos de una nueva confrontación armada que tiene como principales protagonistas a las Fuerzas Militares, la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’.
La situación es de tal apremio que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, mediante Alerta Temprana 002-12 de enero de 2019, alertó a las autoridades civiles, militares y de Policía del departamento para que tomen cartas en el asunto y prevengan posibles violaciones a los derechos humanos de comunidades campesinas por cuenta del fortalecimiento de estas estructuras, no sólo en su casco urbano sino, principalmente, en sus dos corregimientos: Puerto Valdivia y Puerto Raudal.
De acuerdo con el SAT, tras la salida de las estructuras de la extinta guerrilla de las Farc que operaron en este municipio, particularmente el Frente 36, tanto el Frente Héroes y Mártires de Tarazá del Eln como lo que se conoce como Frente Julio César Vargas de las Agc, experimentaron un acelerado proceso de fortalecimiento militar y económico que les ha permitido a cada uno de ellos crecer en combatientes y expandirse hacia antiguas zonas de dominio “fariano”, aumentando el riego de choques armados entre ambos bandos. (Leer más en: Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia)
Los análisis consignados por esta agencia del Ministerio Público en su Alerta Temprana destacan que el fortalecimiento de ambos grupos armados podría explicarse por recursos provenientes de carteles mexicanos, principalmente el Cartel de Sinaloa, “a quien le habría correspondido el noroccidente del país luego de la presunta distribución entre carteles mexicanos de las zonas de producción de la hoja y de clorhidrato de cocaína”, por un lado; y por otro, “por la cooptación de combatientes de las Farc que no se vincularon al proceso de reincorporación, de excombatientes disidentes del proceso de reincorporación y dejación de armas y de jóvenes reclutados en el último año y medio, particularmente en las veredas Las Palomas y Raudal Viejo del corregimiento Puerto Raudal (Valdivia)”. (Leer más en: ‘Narcos’ mexicanos en Colombia: lo que se especula y lo que se sabe)
Según el SAT de la Defensoría, mientras la actividad del Eln se incrementó y se hizo más notoria en veredas como Raudal Viejo, La Coposa y La Llana, “los integrantes de las Agc, vistiendo prendas camufladas y portando armas largas, han hecho presencia en el corregimiento Puerto Valdivia, en las veredas Juntas, Monte Blanco y Colmenas; en el Pescado, Raudal Viejo y Las Palomas, en el margen occidental del río Cauca y en las veredas Nevado y San Fermín, al sur del municipio”.
Lo anterior ha derivado en serias afectaciones a las comunidades campesinas, quienes han tenido que adecuar sus ritmos de vida a los controles territoriales, las restricciones a la movilidad y la imposición de “fronteras invisibles” impuestas por los armados. Así, mientras el Eln exacerbó los controles a la movilidad en veredas como Playa Rica, El Catorce, El Doce y Puquí, estas dos últimas del vecino municipio de Tarazá, imponiendo horarios para la salida y el ingreso de sus pobladores; los ‘gaitanistas’ recrudecieron el control sobre las libertades de la población que diariamente cruza el río en Puerto Valdivia, imponiendo horarios para la navegación por el río, llegando incluso a restringirla en horas de la noche.
¿Interés narco?
Todo apunta, de acuerdo con los análisis del SAT así como de la Fuerza Pública, que detrás de las demostraciones de poder tanto por parte de los ‘gaitanistas’ como de la guerrilla del Eln están las intenciones de uno y otro de controlar toda la cadena del narcotráfico, desde la siembra de la hoja, la transformación de pasta base en clorhidrato de cocaína hasta su almacenaje y exportación, todos ellos aspectos sobre los cuales Valdivia ofrece condiciones excepcionales por su ubicación geográfica.
Durante años, el mercado de la pasta-base, insumo para el clorhidrato de cocaína, estuvo regulado por las extintas Farc. Pero, tras su dejación de armas y posterior transformación en partido político, actores como el Eln y las Agc han pretendido erigirse como los nuevos reguladores para lo cual habrían incentivado la siembra de más hectáreas de hoja de coca en todo Valdivia.
No en vano este municipio concentra, junto con Tarazá y Cáceres, poco más del 65 por ciento de los cultivos ilícitos presentes en Antioquia. Según la más reciente medición del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), Valdivia pasó de contar con 189 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2015 a unas 1.620 en 2016 y unas 2.900 en 2017, lo que significa un aumento superior al 80 por ciento. (Leer más en: La triste paradoja de los cultivos ilícitos en Antioquia)
El tema se ha convertido en una verdadera “bomba de tiempo” para las autoridades locales y para las comunidades que subsisten de la hoja de coca. Y no es para menos. Pese a la fuerte presencia de cultivos ilícitos en este pueblo y pese a la socialización del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), donde los campesinos cocaleros afirman que manifestaron su intención de participar de la iniciativa surgida del Acuerdo de Paz, este no logró “echar raíces” al no formalizar ningún acuerdo individual, como sí sucedió en las vecinas localidades de Cáceres y Tarazá.
Ante esto, las autoridades militares y de Policía iniciaron jornadas de erradicación forzada en veredas como La Llana, Las Palomas, La Coposa, entre otras, muchas de las cuales terminaron en serias alteraciones de orden público. Mientras la Fuerza Pública ha denunciado que redes de apoyo a la guerrilla del Eln han protagonizado sendas asonadas (una de ellas a finales de enero) para impedir la erradicación, habitantes consultados por VerdadAbierta.com señalan que “el Ejército quiere hacer montajes judiciales, capturaron campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros”.
“A mediados de enero llegó el Ejército a mi vereda, La Llana, se llama. Iban a erradicar y pues la verdad es que no dejamos, porque, ¿si nos arrancan las matas de qué vamos a comer?”, relata un labriego consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva del nombre. “Y en esas estábamos cuando decidieron llevarse a ocho personas, entre ellas un menor de edad. Los golpearon, los maltrataron y les dijeron que eran guerrilleros, que por eso se los llevaban”.
“Nosotros no estamos en contra de la erradicación”, cuenta otro labriego, integrante del Comité Cocalero de Valdivia, quien señala que “aquí no se implementó el Pnis, pese a que todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal mostramos la voluntad. Entonces, ahora nos quieren arrancar las matas y, ¿nosotros qué, aguantar hambre? Simplemente así no se puede. Que vengan las autoridades y nos propongan algo para no quedarnos ‘manicruzados’. Pero lo único que mandan es Ejército que nos tilda de guerrilleros, de terroristas”.
Según las denuncias de los labriegos cocaleros, en las últimas semanas de enero, la Fuerza Pública retuvo más de doce personas, sindicadas de pertenecer a la guerrilla del Eln. Aunque todas ellas fueron puestas en libertad, temen que los señalamientos del Ejército terminen por convertirlos en “objetivo militar por parte del ‘Clan del Golfo’, que nos maten y simplemente digan: es que eran de los ‘elenos’”.
Para los campesinos dedicados a la siembra de hoja de coca, la situación del municipio es excepcional y delicada “pues aquí no hay más que sembrar que coca, es lo único que compran. Aquí no compran café ni plátano, y es poco el apoyo para eso. Como si fuera poco, la emergencia de Hidroituango acabó prácticamente con el río: no hay pez para pescar ni oro para barequear, que eran otras opciones de trabajo. Así que, ¿qué hacemos nosotros?”. (Leer más en: Violencia e Hidroituango mantienen en zozobra a comunidades del norte de Antioquia)
Líderes: en la mira
Como en toda confrontación armada, quienes llevan siempre la peor parte son las comunidades ajenas al conflicto y, en este caso, quienes se encuentran en mayor riesgo por cuenta de un posible choque armada entre “gaitanistas” y “elenos” son los líderes campesinos, sociales, presidentes de juntas de acciones comunales y defensores de derechos humanos, contra quienes aumentaron las amenazas de muerte, los señalamientos y las estigmatizaciones por parte de los actores armados.
De hecho, Valdivia fue el cuarto municipio de Antioquia donde más homicidios de líderes sociales se registraron en 2018. Según informe realizado por Indepaz; Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, el año pasado fueron asesinados 35 activistas en todo el departamento, de los cuales cinco desarrollaban sus actividades en esta localidad. Varios de ellos trabajaban articulados al Movimiento Ríos Vivos, con gran incidencia en Valdivia, quienes denunciaron cómo el año pasado arreciaron las amenazas en su contra.
Otro sector que ha padecido fuertes amenazas de muerte es el del transporte informal, en este caso, los llamados mototaxistas, las cuales han surgido “luego de señalamientos en los que se les endilga el cumplimiento de labores asociadas con la entrega de información al grupo armado contrario o se les ha vinculado en el desarrollo de actividades económicas asociadas con labores ilícitas en favor del grupo contendor”, reseña la Alerta Temprana, indicando además que dicha situación ha generado un temor generalizado entre los pobladores, quienes prefieren no transitar después de las 6:00 de la tarde por la vía que comunica el corregimiento Raudal de Valdivia con el corregimiento El Doce de Taraza.
“A ello se suman las intimidaciones a empresas con presencia en la zona”, destaca la Alerta Temprana, al recordar el episodio vivido en septiembre de 2017 por una firma de ingenieros que realizaba trabajos en Valdivia como parte del proyecto que pretende construir una vía entre el corregimiento Puerto Valdivia (Ituango) e Ituango, a la que le fueron incinerados tres vehículos, al parecer, por el no pago de extorsiones. “También han sido objeto de amenazas, intimidaciones y atentados por parte de grupos armados empras vinculadas a proyectos de saneamiento básico a desarrollarse en la cabecera municipal”, según se lee en la Alerta Temprana.
A la problemática extendida de las amenazas se suma el riesgo por el incremento del uso indiscriminado de minas antipersona (MAP) como estrategia de control territorial. Según la Dirección para la Acción contra Minas Antipersonas (Daicma), de las 38 veredas que conforman el municipio, por lo menos 22 han registrado algún tipo de evento con MAP y Munición sin Explotar (MUSE) en las últimas tres décadas, lo que significa que el 63 por ciento de esta localidad se encuentra contaminada.
Lo que advierte el SAT de la Defensoría es que dicha cifra podría aumentar, principalmente para los habitantes de los corregimientos Raudal y Puerto Valdivia, si se agudiza la confrontación armada que tiene lugar en la vecina región del Bajo Cauca antioqueño entre las Agc, los llamados ‘Caparrapos’ y la guerrilla del Eln en el Bajo Cauca.
