Mientras en agosto de 2006 los reflectores del país estaban puestos en la crisis con los 59 ex comandantes de las AUC recluidos en Itagüí, había más de 30.000 hombres a la deriva y en espera de una solución ¿Qué pasaba con ellos?
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| Reinserción paramilitar Bloque Cacique Nutibara. Foto de Natalia Botero. |
El pasado 25 de noviembre se cumplieron dos años de la desmovilización del bloque bananero de las autodefensas que operaba en Urabá. Y como ocurre con los aniversarios de cada bloque, la idea era salir a las calles masivamente y celebrar -con pancartas y camisetas blancas- otro año más de paz y sana convivencia. Pero no fue así. Los líderes de la marcha tuvieron que cancelarlo todo. Les llegó información acerca de que la celebración se convertiría en una violenta protesta.
¿La razón? Los 2.800 desmovilizados que se encuentran en Urabá están cansados de las promesas del gobierno que no se cumplen. Allí, el proceso de reinserción ni siquiera va a media marcha. Una situación paradójica, puesto que a comienzos de este año el gobierno central hablaba de Urabá como un ejemplo exitoso para todo el país. Hoy continúa siendo un ejemplo, pero para no mostrar. La salud, el apoyo sicosocial, la educación, las oportunidades laborales y los proyectos productivos de los que tanto se ha hablado parecen tan sólo una ilusión para los muchachos y sus familias. De los 2.800 desmovilizados sólo 150 están trabajando, el resto a la deriva y en el rebusque. Y para completar los males, muchos de ellos ya dejaron de recibir la ayuda humanitaria que el gobierno mensualmente les consignaba en una cuenta bancaria.
Carlos Atehortúa* es uno de ellos y dice estar arrepentido de haberse desmovilizado: “estoy arrepentido, herido y lleno de rabia con este gobierno… no veo la hora de volverme pal’ monte”, dice Carlos, de 45 años de edad y ex combatiente del bloque bananero. Carlos, quien hasta hace poco vendía minutos de celular en el municipio de Carepa, hoy vive una situación crítica junto con su esposa y sus tres hijos. De este mismo municipio antioqueño se han ido, en los últimos seis meses, más de 60 hombres desmovilizados que se cansaron de esperar las promesas del gobierno. “Lo más seguro es que se fueron pa’ donde nos queremos ir todos, pa’ donde está la plata”, dice Carlos refiriéndose a las bandas del narcotráfico.
Históricamente, Urabá ha sido un corredor para el tráfico de drogas y de armas y su privilegiada ubicación se la han peleado a plomo guerrilla, Estado y paramilitares. Tal vez, lo único que hace la diferencia con años anteriores es que ahora no hay grandes carteles operando en la zona, sino pequeñas bandas del narcotráfico que mueven miles de millones y que están dispuestas a rearmar grupos criminales.
Y, hasta ahora, el gobierno ha hecho poco por sacar adelante a estos desmovilizados de Urabá. Falta ver si, como comentan en la zona, la situación que se vive en esa región de Colombia se convierte en una réplica de la amarga experiencia de El Salvador. En este país centroamericano, después de la desmovilización de los bandos en conflicto, se multiplicó la criminalidad y la delincuencia común en las ciudades. “Mientras los ex combatientes no sean absorbidos por la sociedad y por el sector productivo, ellos van a preferir lo único que sabían hacer: extorsionar, secuestrar y matar”, le dijo a SEMANA el alcalde de Apartadó, José Pidalgo Banguero. Quien se queja además por la excesiva centralización con la que se ha manejado el proceso de reinserción. Salvo los casos de Medellín y de Bogotá -en los que se demuestra un relativo éxito del proceso gracias a la intervención directa de los municipios-, las demás alcaldías se han sentido relegadas no sólo por la falta de recursos, sino porque sólo pueden participar del proceso desde la tribuna. “No nos han tenido en cuenta para nada y somos los que sufrimos las gravísimas consecuencias”, afirmó Pidalgo.
Pero la situación de Urabá es sólo una muestra de la crítica radiografía del país. El resto de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Cesar -que agrupan el 62 por ciento del total de desmovilizados- están en condiciones similares. Frank Pearl, quien está a cargo de la recién creada oficina del Alto Consejero para la Reinserción, coincide con los alcaldes no sólo en lo caótico de la situación, sino en la excesiva centralización del proceso. “Estamos trabajando en regionalizar la reinserción. Ya empecé a reunirme con los alcaldes de algunos departamentos y la idea es seguir viajando por todos los municipios para acercarlos a este proceso y, sobre todo, para escucharlos”, sostuvo Pearl.
Uno de las mayores retos de la oficina de Pearl es el que tiene que ver con los proyectos productivos. Hay quejas de todos los tamaños: que los proyectos no arrancan, que la plata no aparece, que los muchachos no están capacitados. Además, en las regiones existe temor de que en los proyectos productivos se estén colando los capitales ilegítimos y las redes clientelistas de los jefes paramilitares. Y que, por ende, la hegemonía de los paras se termine afianzando. A esto se le suma el riesgo de que estos proyectos, en lugar de representar una oportunidad de desarrollo para las regiones, y de redistribución de la riqueza, terminen por contribuir a una mayor concentración de la tierra en manos de los ex jefes paramilitares. Frente a este tema, Pearl tiene una única respuesta: “No vamos a apoyar proyectos con bienes de dudosa procedencia. Queremos ser claros en eso. Además, porque eso sería desde todo punto de vista insostenible para el proceso”.
Pero no sólo está el tema del trabajo y los proyectos productivos. Hace tan sólo tres meses, un desmovilizado le prendió fuego a un cajero automático en Chigorodó, Antioquia. ¿La razón? No le dieron la plata del auxilio y sus hijos se estaban muriendo de hambre. La mayoría de estos muchachos continúa con la guerra en la cabeza, y la violencia es su única vía de escape a los problemas y el desespero. Como este hay cientos de casos por todo el país que lo único que demuestran es la urgencia de un apoyo sicosocial para los desmovilizados.
Es indispensable, entonces, desactivar la bomba de tiempo de los victimarios. Este frágil panorama amerita una intervención urgente. La idea, según Frank Pearl, es que de aquí al 31 de diciembre de este año ya esté listo el primer borrador de la estrategia que se utilizará con todos los desmovilizados del país. Lo que antes hacían 20 instituciones del Estado hoy está en manos de una sola oficina. Su gran reto, además de interpretar las realidades regionales y locales, está en demostrar que la reinserción no es sólo cuestión de sacar gente de la guerra, sino de convertirlos en ciudadanos de primera. Lo que el gobierno tiene realmente que demostrarles a la insurgencia y a la sociedad es que la vida civil tienen oportunidades. Todo está por hacer.
*Por seguiradad se omite el nombre real de la persona.
Publicado en SEMANA Edición 1284 12/08/06
