En una región que ha vivido todas las violencias imaginables, las declaraciones dadas tanto por el gobierno nacional como por la guerrilla aún no despiertan entusiasmo. La razón: una historia de fracaso y frustraciones en anteriores esfuerzos de paz.
Reclamantes de tierras despojadas por el conflicto armado en Urabá. Foto: archivo Semana.
Hace 25 años, todas las miradas del país se volcaron sobre los municipios del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés. No era para menos. La guerrilla del Epl, que hizo de esta región un fortín político y militar inexpugnable, anunciaba la firma de un acuerdo de paz con el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo, con el que iniciaba su tránsito de grupo armado a un movimiento político que se bautizó Esperanza, Paz y Libertad.
Los acuerdos alcanzados con este grupo motivaron a las nacientes autodefensas de Fidel Castaño a dejar sus armas. Para refrendar su decisión, el mayor de los Castaño decidió donar miles de hectáreas de tierra que había adquirido en el norte de Urabá y sur de Córdoba a humildes campesinos de la región. Urabá emergió entonces como un verdadero laboratorio de paz, con el que todas las fuerzas vivas de la zona esperaban pasar la página de la aterradora violencia vivida durante los años 80.
Pero las cosas no salieron como todo el mundo esperaba. La violencia arreció, esta vez con más furia. Sus protagonistas fueron tan diversos como sus motivaciones: la guerrilla de las Farc, la disidencia del Epl, los ‘Comandos Populares’, las Autodefensas Campesinas de Córdoba Urabá (Accu), las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). A ninguno de ellos le tembló la mano para cometer los más atroces crímenes y bañar nuevamente las fértiles tierras de esta región de sangre y dolor.
Quizás por ello, cuando en una buena parte de la sociedad colombiana renació el optimismo tras losanuncios hechos por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, sobre la inminencia de un acuerdo que ponga fin a 60 años de conflicto armado, en los municipios que conforman la región del Urabá, sus habitantes aún prefieren guardar un elevado escepticismo y una dosis considerable de incredulidad.
Y no es para menos. En 2006 las esperanzas de cambio y tranquilidad volvieron a sentirse entre la población justo cuando el último de los bloques paramilitares hizo entrega de sus armas: el Bloque Élmer Cárdenas, que a punta de fusil logró imponer un régimen de terror en el Norte del Urabá antioqueño y chocoano. El resultado, nuevamente, raya con el fracaso. Herederos de los jefes paramilitares conformaron una temida banda criminal cuyo poder de intimidación hoy se siente con fuerza en toda la región. No en vano, las autoridades civiles y de Policía la catalogan como la principal amenaza para la seguridad nacional.
“¿Qué ha pasado en esta región?, que cuando un grupo armado deja las armas, el Estado no ha copado esos territorios, permitiendo que llegue otro actor armado a controlarlos”, señala Ángela Salazar, delegada del Urabá antioqueño ante la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia-Sociedad Civil. A sus 36 años de habitar y trabajar el Urabá, en los cuales ha sido testigo de todas las violencias posibles, protagonizadas por los diversos actores armados que han intentado ejercer allí control y poder, le confieren autoridad suficiente para señalar los errores que no se deben cometer nuevamente si la región quiere apostarle a una paz estable y duradera.
En Urabá se desmovilizaron la guerrilla del Epl en 1991 y el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc en 2006. Fotos: archivo Semana.
“El anunció de que se juzgarán a todos los actores es un paso fundamental. En lo personal quedé satisfecha. No serán las largas condenas que todos esperamos, pero por lo menos todos tendrán que pagar”, advierte la mujer, quien admite ser de las pocas personas en esta región que ve el futuro con moderado optimismo: “la gente tiene mucho escepticismo. Todavía no creen. Y creo que eso es así porque no ha habido quien le explique a la gente los acuerdos”.
En lo que sí no tiene dudas es en que, una vez llegada la “hora cero”, el Estado tendrá que saldar esa deuda social histórica que ha mantenido con regiones como el Urabá. “Suena a frase de cajón, pero sin justicia social no habrá paz”. No exagera en su apreciación. Conocedores de procesos de paz, como Álvaro Villarraga, coordinador de los Acuerdos por la Verdad de la Comisión Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), recalcan la responsabilidad que tiene el Estado de que este proceso funcione, aún en Urabá, donde anteriores esfuerzos de paz no han llegado a feliz término.
“En el caso del Epl, por ejemplo, el Estado no brindó las condiciones de seguridad a la población desmoviliza. La fuerza pública no atendió los factores de violencia que sobrevinieron contra los desmovilizados”, expresa Villarraga, quien no duda en afirmar que “el caso del Epl fue exitoso en otras partes del país, menos en Urabá”.
Para la senadora Claudia López, en acuerdos de paz realizados en el pasado el Estado ha cometido dos errores que, en la larga duración, han impedido consolidar una paz estable y duradera. El primero es realizar inversiones mínimas en los territorios afectados por grupos armados y, segundo, “que cuando se hacen, se escogen solamente territorios azotados por la presencia de grupos armados, y no la región en su conjunto”.
A esto se suma que, de acuerdo con la senadora, en los procesos de reinserción que han tenido lugar en Urabá, tanto del Epl como de las Auc, “el Estado más a menos le ha cumplido a los desmovilizados, pero nada a los ciudadanos de la región. Ese es la ecuación que hay que cambiar en este nuevo proceso que se avecina”.
Sus estudios sobre el postconflicto señalan que, en Antioquia, 20 municipios de 43 posibles de intervención luego del acuerdo de paz se encuentran en alto riesgo de recrudecimiento de la violencia, bien sea por la presencia de poderosas economías ilegales, una débil institucionalidad y una precaria ciudadanía. En este caso, serían 10 los municipios delUrabá antioqueño y chocoano que se encontrarían en alto riesgo.
Con todo y ello, los habitantes de la región de Urabá sienten que sus mayores preocupaciones no pasan por los temas que se discuten en La Habana, Cuba. “Aquí el problema central es que no avanza la restitución de tierras que despojaron los empresarios con ayuda de los paramilitares; que todavía hay presencia fuerte de grupos armados. Si se firma la paz, muy bueno, pero nuestros problemas van más allá y ahí es donde no nos hacemos muchas esperanzas”, sostiene José*, un líder de restitución de tierras del norte de Urabá, para quien el acuerdo para la terminación del conflicto es solo eso, “que el conflicto se acabe y ya, porque la paz nos toca hacerla entre nosotros y con el poder regional. Y eso es lo que más nos preocupa: el poder local”.
*La fuente solicitó omitir su identidad
