La circulación de un panfleto amenazante en el campus del Alma Mater revivió viejos temores de épocas oscuras que se creían superadas. Como en el pasado, los hechos suceden después de intervenciones e ingresos de cuerpos de seguridad del Estado al centro universitario.
“Ninguna amenaza contra la Universidad se puede desconocer ni considerar banal y menos en un contexto como este”, asevera Juan Esteban Pérez, médico veterinario y actual presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoproudea).
Para corroborar su afirmación, detalla la larga lista de profesores del Alma Mater que han sido asesinados en los últimos 30 años: Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, Hernán Henao. Al final, señala con su dedo índice la placa que pende en uno de los muros de la oficina de la Asociación, donde se lee el nombre de Pedro Luis Valencia, asesinado el 14 de agosto de 1987.
Dicho recuento no es vano ni retórico. El nombre de Asoproudea, que cuenta actualmente con poco más de 950 docentes asociados, apareció encabezando la lista en un panfleto amenazante dejado en distintos sitios del campus universitario el pasado lunes 1 de marzo, que incluyó, además, a otras agremiaciones, así como a docentes y estudiantes.
El impreso venía firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado organizado surgido a mediados de 2006 tras el fin de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que el gobierno nacional denomina como ‘Clan del Golfo’. Pocas horas después del suceso, el usuario de Twitter @gaitanistascol publicó un trino con la foto del panfleto donde se lee en letras rojas la palabra “falso” y la frase: “comunicado falso, las AGC somos respetuosos de la protesta social”.
Real o falso, el mensaje difundido a través de la red social estuvo lejos de tranquilizar a la comunidad universitaria. Mucho menos cuando, horas después, se conoció el ataque al amanecer y en su residencia contra Sara Fernández, docente, investigadora social y activista de la Universidad de Antioquia, reconocida integrante de Asoproudea.
Si bien las autoridades de Policía anunciaron la captura del agresor, un joven de 18 años, lo que esperan sus colegas, sus compañeros, sus estudiantes y la comunidad universitaria, es que esta vez la justicia logre determinar qué hay detrás de este hecho pues, como lo afirma el profesor Pérez, “las cosas ocurren de una manera tal que es fácil presentarlos como aisladas, como coincidencias. Y como hombre de ciencia, yo no creo en las coincidencias. No son creíbles tantos ‘hechos aislados’ en estas circunstancias”.
No es el único con dicha percepción. Juan David Ortiz, periodista y docente en la Universidad de Antioquia, señala que “existen semejanzas en el lenguaje utilizado en este panfleto con el que utilizaron los paramilitares a finales de los noventa. Aquí, como en el pasado, las amenazas son contra entidades, estudiantes y profesores muy puntuales, muy detallados. Se vuelve a la vieja frase de ‘uniformarse para la guerra o morir de civil’. En su momento también se desconoció la veracidad de esos panfletos y ya sabemos cuántos muertos costó. No se puede minimizar esta intimidación”.
El periodista hace alusión a las amenazas proferidas durante los años 1998 y 1999 por las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), grupo paramilitar que, mediante panfletos, sentenció a muerte, entre otros, a profesores como Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales (INER), asesinado en su oficina del campus universitario el 4 de mayo de 1999; y Gustavo Marulanda, estudiante y activista, quien fue ultimado a tiros el 6 de agosto del mismo año cuando salía del Alma Mater.
Acallar la voz crítica
Según reseñan diversos informes de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos en el país, las Agc son responsables del incremento de la violencia y, en consecuencia, de la crisis humanitaria que padecen los pobladores de regiones como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, el Sur de Córdoba, el Bajo Atrato Chocoano y el Pacífico Nariñense, entre otros.
Asimismo, Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, señala que, en 2018, este grupo armado fue el responsable de 171 amenazas contra activistas, recurriendo a llamadas telefónicas, publicación de panfletos u órdenes directas. La cifra muestra un incremento cercano al 70 por ciento en comparación con 2017, convirtiéndose, de paso, en el grupo armado que más intimidaciones profiere contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, un común denominador de los profesores, estudiantes y organizaciones mencionadas en el panfleto que hoy atemoriza a la comunidad universitaria.
“¿Qué tenemos en común los que estamos allí mencionados? Que participamos en movimientos sociales, que participamos de la protesta social, que tenemos preocupaciones por problemas estructurales de la sociedad como las violencias, la represión, la financiación de la educación pública, entre otros y hemos puesto el dedo en la llaga en ese sentido. De alguna manera, todos los allí mencionados hemos estado en la producción de discurso sobre los derechos humanos”, afirma Pérez, de Asoproudea.
A ello habría que agregar, a juicio del profesor Pérez, que las asociaciones, profesores y estudiantes intimidados a través del panfleto han sido voces críticas frente a la actuación del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y de la Policía Nacional, durante las recientes jornadas de movilización y protesta ciudadana y que, de hecho, levantaron públicamente su voz de rechazo contra la medida adoptada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que autorizó el ingreso de piquetes del Esmad al campus universitario ante la presencia de encapuchados y el uso de explosivos en las protestas.
“El ingreso del Esmad nunca ha solucionado nada; de hecho, la situación ha empeorado siempre que ha ingresado el Esmad”, sostiene el Presidente de Asoproudea, opinión compartida por un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió se omitiera su identidad.
“Aunque es difícil probar el nexo de causalidad, sí ha sucedido en la historia de la Universidad que luego del ingreso de la Fuerza Pública se desata una serie de hechos muy complejos, como reacciones muy fuertes de quienes ejercen la violencia durante las protestas en la Universidad y a su vez, el surgimiento de grupos orgánicos a estructuras armadas que desatan una oleada de amenazas contra profesores y estudiantes”, conceptúa el docente.
Para sustentarlo, recuerda los episodios sucedidos en 2011, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, ordenó el ingreso del Esmad al campus universitario, situación que redundó en el aumento del vandalismo, el deterioro de la seguridad para estudiantes, profesores y empleados; el aumento de las refriegas entre encapuchados y uniformados dentro de la Universidad, varias de las cuales dejaron heridos de consideración de parte y parte; y ninguna solución concreta para abordar el tema de los llamados “capuchos”.
“En 1998, si mal no recuerdo, el entonces alcalde Juan Gómez Martínez ordenó el ingreso de la Policía a la Universidad, bajo el argumento que allí había focos guerrilleros. Pues después de ello vino toda la ola de amenazas lanzadas contra profesores y estudiantes por un grupo que se denominaba Auc-UdeA”, añade el docente.
Espacio histórico de disputa
“A lo largo de su historia, la Universidad de Antioquia ha vivido periodos de fuertes crisis por cuenta de episodios violentos los cuales responden también al contexto histórico del país”, resalta Yhoban Camilo Hernández, periodista vinculado al proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones del Alma Mater.
En 2019, Hacemos Memoria presentó el proyecto de “Línea de tiempo: 50 años de violencia y resistencia al interior de la Universidad de Antioquia”, una exhaustiva documentación en clave de reconstrucción de memoria histórica sobre las afectaciones que el conflicto armado generó entre la comunidad universitaria y en el claustro universitario entre 1968 y 2018.
Así, la revisión de la documentación hecha por quienes participaron en este proyecto le permite a Hernández afirmar que “ha habido momentos en que esa conflictividad al interior de la Universidad ha estado atravesada por la violencia política. También es claro que cuando las instituciones del Estado respondieron esa conflictividad con medidas represivas, pues lo que ocurrió es que la violencia se agudizó, afectando a la comunidad universitaria con más fuerza”.
Varios son los ejemplos que ha dejado la historia al respecto. Uno de ellos, sostiene Hernández, ocurrió el 23 de mayo de 1978, cuando la Policía Nacional allanó las instalaciones de la Universidad en el marco del llamado Estatuto de Seguridad, articulado promovido por el entonces presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) para conjurar la crisis de orden público que tuvo que enfrentar durante su gobierno. El allanamiento radicalizó las posturas de los estudiantes que, a su vez, terminó por incrementar la violencia al interior del campus universitario durante los primeros años de la década los ochenta.
A hechos como este le seguirían el asesinato de 16 docentes universitarios durante los últimos años de esa década, justo en momentos en que se incrementó la violencia paramilitar, del narcotráfico y la arremetida violenta contra los integrantes del partido político Unión Patriótica (UP); los asesinatos de docentes y profesores a manos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) finalizando la década de los noventa; la muerte de dos estudiantes en febrero de 2005 por cuenta de la explosión de una “papa bomba” en el desarrollo de refriegas estudiantiles contra el Esmad, que dejó heridas, además, a otras 18 personas.
“¿Esto que generó? Toda una serie de judicializaciones y capturas realizadas durante todo ese 2005; 14 estudiantes fueron judicializados, señalados de terrorismo, lo que terminó por enrarecer el ambiente al interior de la Universidad. A este hecho se suma la amenaza lanzada por autodenominados grupos paramilitares en 2006 contra estudiantes y profesores”, recuerda el periodista, quien plantea que “lo que se puede observar es que esto momentos de tensión que se presentan en la Universidad, suelen agravarse mucho más cuando hay intervenciones de actores externos, entre ellos la Fuerza Pública”.
Sobre lo que llaman la atención tanto desde Hacemos Memoria como desde Asoproudea es que muchos de los sucesos violentos que han afectado a la Universidad de Antioquia aún permanecen en la impunidad. “Prácticamente estamos generando una víctima cada seis, siete años”, sostiene Juan Esteban Pérez, de Asoproudea, y agrega que “para desviar la discusión, las autoridades de esta ciudad lanzan cortinas de humo con veneno como esa propuesta de quitar las mallas de ciudad universitaria”, planteada en días pasados por tanto el alcalde Quintero como por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sin que definieran cómo sería el procedimiento.
