Después de una lucha de 34 años, esta comunidad indígena logró un fallo de restitución a su favor que protege sus derechos territoriales. La juez que tomó la decisión advirtió que además del conflicto armado, la falta de diligencia del Estado exacerbó las condiciones de vulnerabilidad de los nativos.
Los indígenas Chimila del pueblo Ette Ennaka estuvieron a punto de desaparecer. La intensidad de la guerra entre 1996 y 2006 generó la fragmentación del Resguardo Issa Oristuna del municipio de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, en cuatro asentamientos: dos de ellos en ese departamento y dos más en el vecino Cesar.
A este drama se sumó que ni el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) ni el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) actuaron con diligencia para constituir, ampliar y sanear el territorio colectivo para blindarlo, “no sólo de actores armados sino también de particulares concentradores de tierra, agroindustrias, explotadores de hidrocarburos, entre otros”.
Esa fue la principal conclusión de la juez Key Sandy Caro Mejía, del Juzgado Cuarto de Descongestión del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta, tras tomar la decisión de restituirles los derechos territoriales a esta comunidad étnica.
Ante la falta de diligencia de las entidades estatales, la togada compulsó copias para que Procuraduría General de la Nación “investigue de manera preferente a los funcionarios encargados en el extinto Incora, seguidamente Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, así como para que vigile el cumplimiento de las órdenes de las sentencias.
Se trata del duodécimo fallo de este tipo en el país y el décimo en aplicación al Decreto Ley 4633 de 2011, que protege a los indígenas víctima del conflicto armado. La decisión constituye una salvaguarda para este pueblo, cuya vulnerabilidad había sido advertida por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y los Informes de Riesgo de la Defensoría del Pueblo de 2003 y 2010.
La principal medida que se ordenó en este fallo va dirigida a la ANT, que debe realizar estudios socioeconómicos y planes de de compra de terrenos a favor del resguardo Issa Oristuna y el asentamiento Ette Buteriya; analizar la potencial constitución en resguardos de los asentamientos Nara Kajmanta e Itti Take, y el retorno o reubicación de la comunidad Diwana. (Lea la sentencia aquí)
Otra de las medidas que favorece a los Chimila es la exigencia a la Nacional Nacional de Minería (ANM), el Ministerio del Medio Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de aplicar la consulta previa, frente a las solicitudes de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio.
La demanda de restitución identificó que varios de los predios del resguardo están dentro del área de explotación de Perdices, un contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió con Ecopetrol en 2004 y que fue cedido en 2011 a su filial Hocol S.A. Esta compañía también fue mencionada en la sentencia del corregimiento de Salaminita, en Magdalena, y en la más reciente de El Salado. (Leer más en: ¿Por qué quieren callar a la gente de El Salado?)
Sin embargo, la Juez se abstuvo de ordenar la cancelación del contrato Perdices mientras la ANM y ANH actualicen el catastro minero y de hidrocarburos sobre el territorio colectivo, indicando que estará al tanto de adoptar las medidas que sean necesarias en el posfallo.
Por su parte, las corporaciones regionales autónomas Corpomag, de Magdalena, y Corpocesar, en Cesar, deberán implementar un plan de manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas que benefician a la comunidad, incluyendo el manejo de bosques natruales y protectores del agua, y un plan de recuperación ambiental.
La sentencia también le exige a la Unidad Nacional de Víctimas diseñar un plan de reparación colectiva para el pueblo Ette Ennaka, así como a la Unidad Nacional de Protección evaluar los riesgos individuales y colectivos de esta comunidad que, según datos del censo de 2017, está integrada por unas 1.346 personas, organizadas en 290 familias.
Territorio fragmentado
El pueblo Chimila ocupaba un amplio territorio que comprendía los actuales departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. Según documentó la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que formuló la demanda de restitución para presentarla a los jueces especializados, la fractura de la comunidad indígena comenzó durante la conquista española, continuó con los posteriores procesos de colonización y se agudizó con la violencia que ha caracterizado al país en las últimas décadas.
De tener presencia en las estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta, Mompox, la Ciénaga de Zapatosa, incluida la banda oriental del río Magdalena hasta las hoyas de los ríos Ariguaní y Cesar, los Chimilas quedaron confinados en el municipio de Ariguaní, en Magdalena, cuyo territorio pasó a ser jurisdicción de Sabanas de San Ángel. La lucha por el reconocimiento de su territorio comenzó en la década de setenta del siglo pasado, pero sólo tuvieron respuesta en 1984.
Ese año, el Incora comenzó un proceso de clarificación de la propiedad sobre varios de los predios donde vivían los Chimilas y en 1987 les entregó La Sirena, de 280 hectáreas, en Ariguaní. El mismo Instituto, dos años después, aceptó la necesidad de realizar un estudio socioeconómico y jurídico para constituir el resguardo, que fue reconocido con la Resolución 075 del 19 de noviembre de 1990, con 379 hectáreas, y que fue nombrado Issa Oristuna, que en su lengua Ette Taara significa “Nueva Esperanza”.
Esas 379 hectáreas eran escasas para una comunidad que había crecido por décadas y comenzaron a gestionar la ampliación del territorio colectivo, pero ese objetivo se vio truncado por efectos del conflicto armado.
En 1994 en la región hicieron presencia las Autodefensas del Sur de Magdalena, comandadas por José María Barrera, alias ‘Chepe Barrera’, y en 1996 se instalaron los primeros 25 hombres armados bajo órdenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se expandieron hacia esa región del norte del país. Con el pretexto de combatir a la guerrilla, se desató una guerra que se prolongó hasta 2006. (Lea: ‘Chepe Barrera’, José María Barrera y ¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?)
Durante esos diez años, la comunidad del resguardo Issa Oristuna fue desplazada y territorialmente fracturada. En medio del desplazamiento, sobrevivieron en cuatro asentamientos: Ette Buteriya o “Pensamiento Propio”, en zona rural de Sabanas de San Ángel; Nara Kajmanta o “Nuestra Madre Tierra”, en zona rural de Santa Marta; Itti Take, en el corregimiento Chimila del municipio de El Copey; y Diwana o “El Sol Naciente”, en Valledupar. Los dos primeros en Magdalena y los dos últimos en Cesar.
Como lo relata la sentencia, entre 1996 y 2006 el pueblo Ette Enaka sufrió diversas afectaciones. Se presentó el homicidio de 30 indígenas, entre ellos el del promotor de salud Martín Mendinueta Jiménez y de los esposos Matías Escorce y Alicia Ospino, “concebido como una pérdida de la sabiduría ancestral de la comunidad”, se afirma en la decisión.
Además, les prohibieron la movilidad, el uso de su lengua, la realización de ceremonias tradicionales, visitas a sitios sagrados, se apropiaron de sus bienes y animales, y afectaron los bosques y nacederos de agua.
Negligencia estatal
Pese a la desmovilización colectiva de las estructuras paramilitares, que concluyeron en agosto de 2006 y que fue acordada bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el conflicto armado continuó, así como la vulnerabilidad de los Chimilas.
En 2007, por ejemplo, los indígenas asentados en Ette Buteriya tuvieron que buscar refugio en Issa Oristuna después de enfrentamientos entre el Ejército, las llamadas Águilas Negras y la guerrilla de las Farc. En el Plan de Desarrollo de 2008, la Gobernación de Magdalena reconoció la gravedad de la situación: “El pueblo Chimila sufre de lepra y enfermedades de la piel, consume agua de la misma fuente donde abrevan los animales domésticos y de crianza, han sido sometidos a desplazamiento forzado y su alimentación no es adecuada”.
En 2009, la Corte Constitucional emitió el Auto de seguimiento 004 a la sentencia T 025 de 2004, que advierte sobre las graves consecuencias del desplazamiento forzado en el país, y declaró que este pueblo indígena, al igual que varios más, estaba en “riesgo de desaparición cultural y física”.
En 2010, la Defensoría del Pueblo alertó en un informe que 75 familias del Resguardo Issa Oristuna y del asentamiento Ette Buteriya corrían peligro: “Los niveles de vulnerabilidad alimentaria, económica y social que puede ser aprovechada por los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona para despojar a esta población de sus tierras y vulnerar sus derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal”.
Pese a esos llamados, la respuesta institucional fue poca. Durante el juicio de restitución, la representante de la Procuraduría 35 Judicial I para la Restitución de Tierras de Santa Marta llamó la atención sobre la falta de diligencia del antiguo Incora y luego del Incoder en blindar jurídicamente el territorio.
“Han transcurrido más de dos décadas a partir de la constitución del resguardo en 1990, sin que se les haya dotado de un territorio que esté en sintonía con sus necesidades y su visión de desarrollo. La negligencia del Estado ante solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento del territorio colectivo han superado un factor de vulnerabilidad para las comunidades Ette Ennaka, así como para la seguridad jurídica de sus territorios”, se lee en el fallo.
La funcionaria también expresó inconformidad sobre la respuesta que le dio el Ministerio del Interior a la comunidad indígena, cuando en 2015 solicitaron información sobre explotación de hidrocarburos en su territorio: “[La] entidad que contestó que no era de su competencia adelantar consulta previa, sino responsabilidad de las empresas contratistas […] y que en el evento de presentarse afectaciones, el inicio de las labores de los contratistas no es impedimento para adelantar el proceso de consulta previa”. Para la Procuradora, tal respuesta desconoció “no sólo las afectaciones al territorio sino además a la cosmovisión estrechamente ligada al territorio ancestral”.
Con la sentencia de restitución a su favor, el pueblo Ette Ennaka espera que las órdenes dictadas por la Juez se cumplan. Sobre todo, que sean constituidos los resguardos con la extensión suficiente para garantizar su calidad de vida y que las medidas de reparación integral sean reales. Los Chimilas quieren que esta vez sí haya una “Nueva Esperanza” como lo dicta el nombre del primer Resguardo que les fue reconocido hace 30 años.
