Un postconflicto más allá de La Habana

Cuando la Fundación empezó a investigar sobre el conflicto colombiano, los grupos ilegales eran una amenaza real a la estabilidad institucional y “la guerra entre el Estado, las guerrillas y los grupos de autodefensa había comenzado a tener las características de ese conflicto tremendamente victimizador que hoy no hemos acabado de cerrar”, como asegura el informe.

La FIP analizó que los paramilitares pasaban de las zonas prósperas del país donde habían nacido hacia los lugares más recónditos, mientras que las guerrillas pasaban de lo marginal a las regiones más ricas, especialmente las Farc con su plan de acorralar a Bogotá y  tomársela.

Fue así como en 2002 las autodefensas tuvieron hasta 12.000 hombres (12 veces más que una década atrás), las Farc 20.000 integrantes en más de la mitad de todos los municipios de Colombia y el Eln 4.000 combatientes, según las cifras oficiales. Números que ahora están reducidos a más de la mitad en el caso de las guerrillas.

Esta “regularización del terror” trajo resultados nefastos, no sólo en el número de víctimas sino en la estructurapolítica del país. “Se moldearon instituciones al vaivén de la guerra, se organizaron economías criminales y se afianzaron territorialidades bélicas, así como nuevos órdenes sociales que reemplazaron o compitieron con el Estado poniendo en vilo su soberanía”, advierte el informe.

Luego, con los años, el conflicto cambió poco a poco.

Sin embargo, no pasó lo mismo con la extorsión, los ataques a la infraestructura petrolera y las víctimas de minas antipersonal, que son muchos más que hace una década. Y el panorama sigue siendo nublado en cuanto a la realidad de la desaparición forzada, la violencia sexual y las amenazas por la falta de información.

Una pieza clave en este cambio del conflicto y en la contención de la “amenaza insurgente” fue la reestructuración de la Fuerza Pública y su “fortalecimiento operativo, de inteligencia, doctrinal y tecnológico profundizado desde los años de la Seguridad Democrática”.

El Estado recuperó la superioridad armada y “derrotó estratégicamente y en su capacidad bélica a las guerrillas”. Además, con los ataques conjuntos entre entidades de la Fuerza Pública replegaron a las guerrillas a sus zonas de retaguardia. Sin embargo, para la FIP un elemento preocupante es el reacomodamiento y reactivación del Eln y las Farc, que están especialmente en fronteras y en los límites con el océano Pacífico; como Catatumbo, Arauca y Nariño.

Sobre los paramilitares, la FIP considera que si bien hubo una “desmovilización parcial”, siguieron los poderes regionales y locales “producto de la recomposición de élites que supuso el paramilitarismo”. Esto, sumado a las bandas criminales que emergieron entre 2006 y 2007, es catalogado como un riesgo por este centro de pensamiento hasta el punto de catalogar al crimen organizado como un “potencial saboteador de un escenario postacuerdo”.

Una de las razones para ello es que las bandas están completamente atomizadas pues, si bien “conservan rasgos comunes con los paramilitares”, como el narcotráfico y sus zonas de operaciones; “ya no enarbolan una campaña contrainsurgente, no están organizados por frentes y bloques, y sus comandantes son ‘empresarios criminales’”.

La relación entre el Estado y los ciudadanos se tiene que reconstruir. Pero eso no es tarea fácil. De por medio están en juego la relación entre el centro y las regiones, el desequilibrio institucional, la participación ciudadana y otros temas que hasta ahora han marcado una fractura con la que es “será muy difícil construir la paz”, comodice la FIP.

Gobernanza: ojo con lo local
En Colombia, la gente no confía en las instituciones y la legitimidad de las autoridades escasea como consecuencia de que “en vastas regiones del territorio colombiano el Estado ha sido incapaz de proveer los bienes públicos esenciales para el desarrollo y de garantizar el imperio de la ley”, como indica el informe de la Fundación.

Además, ese vacío lo llenaron otros actores, que van desde las élites locales con su “parroquialismo y clientelización” hasta los grupos armados ilegales que “establecieron mecanismos de control territorial, extracción de rentas, provisión de justicia y seguridad y regulación de actividades económicas, principalmente ilegales”.

Es por esto que la FIP afirma que si se quiere superar el conflicto es imprescindible fortalecer las instituciones locales y nacionales, y superar los siguientes desafíos:

1) La descentralización construida en los 90, pues es insuficiente para la paz basada en el desarrollo regional por no contribuir “a la distribución efectiva de responsabilidades y a la promoción de la autonomía territorial” y porque aún no acaba con la brecha entre grandes y pequeños municipios.

2) El intento de recentralización, que impidió el avance de autonomía regional. A cambio, el Estado llegó con subsidios y los municipios no han puesto a prueba su liderazgo.

3) La apuesta por la capacidad local, “implica acompañamiento permanente, delegación paulatina de competencias y funciones, entrega de recursos, seguimiento en la autonomía, respeto al criterio territorial, evaluación, estándares, exigencia, y en general, oportunidades para el desarrollo y el ejercicio de competencias para el liderazgo adaptativo y transformador”.

4) La participación ciudadana puesto que puede ayudar a la reactivación de la confianza hacia el Estado. Claro que hay que tener cuidado en garantizar la calidad antes de la participación y centrarla en individuos más que en organizaciones, para no repetir la cooptación y corrupción que ya existen.

5) En contraparte a la participación que baja el déficit de legitimidad, el Estado debe cumplir lo que promete para no generar vacíos y frustraciones “que no se llenan con programas sociales”.

Seguridad y justicia: ajustes necesarios

“La Policía Nacional deberá salir del Ministerio de Defensa para ser reubicada en un ámbito institucional que le permita desarrollar plenamente su naturaleza civil y sus funciones de preservación de la seguridad ciudadana”, propone la FIP. El centro de pensamiento considera que la seguridad tiene que cambiar su foco militar-policial y concentrarse más en la prevención del crimen. Así podría ser el primer eslabón de la justicia.

Además, debe ir de la mano con las autoridades civiles las cuales deben encargarse no sólo de las políticas públicas sino también de “la gobernanza de la seguridad y la justicia” y de situaciones como el espacio público, la integración social, los habitantes de calle o los jóvenes en riesgo, entre otros, para prevenir el delito e impactar la calidad de vida. La justicia también debe comprometerse en este círculo.

En cuanto a la seguridad rural, la Fundación sugiere como medida de corto plazo “una combinación de acciones civiles y militares, integradas para reducir la violencia, reestablecer la seguridad” y que poco a poco llenen el vacío que pueden dejar las guerrillas desmovilizadas. Mientras que a largo plazo, se debe pensar en el diseño institucional para atender todas las necesidades de seguridad y justicia desde lo local.

Sobre el crimen organizado, advierte que más que dar golpes contundentes a los grandes jefes de los grupos armados ilegales, es necesario “la primacía policial junto con una acción más estratégica de la justicia” y que las investigaciones sean integrales e incluyan el conjunto de los delitos que cometen.

Además, se debe pensar cómo eliminar las “condiciones regionales, institucionales y organizacionales, que hacen que estos grupos se reproduzcan”.

“Para la FIP es importante que el Estado decida si la meta en la etapa de estabilización debe ser la desarticulación de las economías criminales, o si el objetivo –posible y deseable– en lo inmediato, es la reducción de sus impactos negativos, priorizando la reducción de la violencia y el crimen”, aclara el documento.

Cultura: el chip interno
Más de 50 años de conflicto no sólo se relacionan con problemas políticos o económicos sino también con las relaciones personales. “Una paz sostenible no es pensable sin un cambio de imaginarios, de relatos, de reglas de juego y de narrativas”, dice el estudio.

Sugiere estos pasos para cambiar la cultura:

1) Cambiar la cultura de incumplimiento de normas por una cultura de la legalidad, que sea un respaldo del Estado Social de Derecho. “Es la manera más eficaz de combatir el extendido problema de la corrupción”.

2) También se trata de ver con otros ojos las regiones afectadas directamente por el conflicto y dejar de estigmatizar a sus pobladores. “Resulta impactante admitir que la guerra en Colombia, además de sus tráficos efectos directos, ha marcado la identidad de un enorme grupo de ciudadanos, el cual ha interiorizado la vergüenza, la ira y el resentimiento con el territorio y la nación que los señala”, detalla la Fundación.

3) Seleccionar con pinzas los relatos para narrar la historia del conflicto, pensando en que sean de reconciliación y no de venganza.

En el postconflicto será clave el diálogo para transformarse y reinventarse y habla de tres enfoques específicos:

1) Diálogo entre improbables, donde se reconocen como válidos y legítimos otras posturas y otros actores a los que nunca imaginamos acercarnos.

2) Diálogo multiactor: Varios actores tienen posiciones diferentes sobre un mismo punto pero la idea es llegar a consensos.

3) Diálogo con enfoque apreciativo: enfatiza los sueños y los propósitos que hay en común, por encima de los problemas y las necesidades.

Si bien hasta ahora algunos empresarios se han metido la mano al dril para el postconflicto, la FIP considera “deseable incrementar el número de iniciativas empresariales para la paz” y sugiere además revisar los puntos en los que se han trabajo pues es “posible que estas no le estén apuntando a la nuez de la construcción de paz, es decir, a las transformaciones y cierre de brechas territoriales que rompan con los ciclos de violencia”. Para ello, propone las siguientes dimensiones de intervención, que más que poner plata implican cambiar las realidades de donde se vive el conflicto:

1) Fortalecimiento de capacidades locales: que las empresas incidan donde operan y así contribuyan a robustecer las instituciones del Estado y las civiles para “sustituir la institucionalidad perversa asociada a la guerra”.

2) Transparencia y anticorrupción: que sancionen las actividades corruptas dentro de sus empresas y en su relación con otros.

3) Ampliación de la ciudadanía: que aporten al diálogo político favoreciendo la creación y el fortalecimiento de espacios de participación.

4) Emprendimientos para la paz: crear condiciones dignas y sostenibles para integrar a quienes han sido marginados.

5) Gestión responsable en Derechos Humanos: que las empresas se aseguren de no generar “impactos en el goce de derechos de sus grupos de interés” y si lo hace, responda y remedie oportunamente.  

6) Reconciliación y nuevas narrativas: que apoye iniciativas de verdad, de no repetición, ejercicios de memoria histórica y entender que la reconciliación le toca a todos los colombianos.