El Awá es uno de los pueblos originarios más golpeado por la violencia armada en Colombia. Defender su territorio ancestral, su autonomía y su cultura, lo ha puesto en la mira de quienes pretenden dominarlo. Con esta historia, VerdadAbierta.com se suma a la campaña #EsConmigo, que busca resaltar iniciativas de liderazgo colectivo con el fin de mitigar la violencia que padecen.
“Nos han asesinados líderes y comuneros por ser neutros. Las amenazas vienen contra los líderes que defendemos el territorio y la vida de nuestros compañeros indígenas. Por eso es el celo de amenazarnos y asesinarnos”, cuenta, con tristeza y resignación, Alberto Marín Bolaños, suplente gobernador del resguardo de Inda Zabaleta, ubicado en el costero municipio de Tumaco.
Para este líder, la lucha de los 32 resguardos de su etnia, asentada a lo largo del departamento de Nariño, no se puede entender sin conocer la historia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). ¿La razón? La titulación colectiva de sus territorios.
“Su creación se empezó a pensar en 1980 por las necesidades que hubo, como la invasión de nuestras tierras por parte de empresarios, por tantos atropellos y confinamientos. Eran grandes empresas que venían a invadir estas tierras para sembrar palma”, recuerda Marín.
Y prosigue: “en vista de eso, la organización se creó con el apoyo de unos abogados, como el doctor Miguel Vásquez Luna y el padre Alfonso, que empezaron a visibilizar nuestros territorios para que el gobierno nacional nos aprobara la titulación. La organización se creó en 1990 y vinieron comisiones de verificación a los territorios que se dieron cuenta que sí había comunidades indígenas atropelladas por palmicultores”.
Así se empezaron a crear los resguardos en la costa y en la parte alta de Nariño, como Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. Tras largos años de espera y luego de superar varios trámites burocráticos, en abril de 2003, el Ministerio del Interior expidió la resolución en la que reconoció la existencia del resguardo de Inda Zabaleta y las 6.534 hectáreas que conforman su territorio ancestral.
Sin embargo, la comunidad alega que parte de sus tierras quedaron en poder de empresas palmicultoras y están reclamando la ampliación de su resguardo, para que les titulen 1.300 hectáreas faltantes. En ese proceso judicial están siendo acompañados por el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo.
A la par de la lucha por recuperar las tierras que heredaron de sus mayores, en Inda Zabaleta han tenido que sortear la presión de diferentes grupos armados, que marchan por sus veredas llevando muerte y tratando de explotar economías ilícitas, en medio del olvido estatal.
Por esa razón, a pesar del temor que imponen los fusiles, tanto comuneros, como autoridades ancestrales y la Guardia Indígena, han tenido que sumar esfuerzos para defender su resguardo. “Para nosotros, la lucha representa el respeto que le damos a la Madre Tierra, a través de la defensa del territorio. Es el resultado de que podamos vivir y subsistir en nuestros territorios, con nuestras familias, con todas nuestras tradiciones, con nuestra cultura y con nuestra autonomía”, explica Edison Moreano, exgobernador de Inda Zabaleta.
Y a pesar de los costos que traen esas reivindicaciones, como ser el segundo pueblo indígena con más integrantes asesinados, tras los Nasa, en el norte de Cauca, como lo han denunciado en múltiples ocasiones la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), apelan al colectivo para hacerles frente. (Leer más en: El pueblo Awá llora la muerte de su líder, Rodrigo Salazar)
“Nos sentimos limitados por las disputas y conflictos armados que se dan en nuestros territorios, pero nuestra lucha se basa en los principios de unidad y autonomía, para ejercer nuestro control territorial con la Guardia Indígena y todas las personas de nuestros territorios. La unidad nos reivindica a hacer nuestras mingas”, cuenta Moreano.
¿Y por qué están dispuestos a dar sus vidas por el territorio? La respuesta, en voz de Marín, es contundente: “Porque es nuestra casa grande y es la vida; en él están nuestras tradiciones, la caza, la pesca, la fauna. Está todo. Para nosotros es padre y madre: allí sembramos y hacemos todas nuestras prácticas culturales. Un indígena sin territorio no es indígena. Por eso desde las bases empezamos a visibilizar la importancia del contexto territorial y luchamos por nuestras tierras, por nuestras vidas y resistimos este flagelo de la guerra”.
Flagelos persistentes
El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, que permitió la dejación de armas de la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, en Nariño y, particularmente en Tumaco, más se demoró en concretarse el proceso desmovilización, que en surgir grupos disidentes, que parecen perpetuar el ciclo de violencia.
“A los líderes sociales nos están exterminando, por un lado, por oponernos a los grupos armados y defender el territorio; y por el otro, por las disputas entre grupos armados y porque algunos ven mal a los civiles de un territorio ocupado por otros. Por eso vienen los asesinatos sistemáticos de indígenas, por defender políticamente nuestros territorios”, explica Moreano.
La situación de violencia se ha ido agravando con el paso de los años por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales que, a diferencia del pasado, como han advertido diferentes investigadores del conflicto armado, carecen de jefes con formación política y no miden los costos de asesinar líderes sociales y autoridades indígenas.
Esa apreciación es compartida por el suplente gobernador de Inda Zabaleta: “Desde los diálogos de paz, en el territorio se ha dado un contexto complejo porque anteriormente se podía hablar con los viejos comandantes de la zona y ahora no. En vista de eso, se han formado más grupos independientes con diferentes siglas y están atropellando a los líderes indígenas dentro del resguardo”. (Leer más en: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc y A Tumaco lo agobian las disidencias de las Farc)
Y los están “atropellando” porque pretenden escudarse en los territorios ancestrales y valerse de los cultivos de coca, que son la única fuente de sustento que tienen las comunidades de la región, sin distinción de etnia o grupo social. De acuerdo con la última medición de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Tumaco es el segundo municipio de Colombia con más cultivos de coca e Inda Zabaleta encabeza el listado de los 161 resguardos indígenas con más sembradíos, con 1.343 hectáreas en 2019.
“Lamentablemente, Tumaco ha sido una de las zonas más vulnerables porque no hay inversión social desde el gobierno nacional. En Zabaleta carecemos de vías, de salud, de educación, de todos los componentes que la población necesita. Para sostener el sustento de las familias la única salida es sembrar coca, pero eso no quiere decir que nosotros estamos aferrados a ella, sino que acá no ha habido inversiones sociales ni la posibilidad de crear una empresa transformadora de productos agrícolas. Como líderes estamos tratando de trabajar con la legalidad”, indica Marín.
Para solventar esa situación, el Acuerdo de Paz creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero líderes de la región afirman que ha venido fracasando por incumplimientos del gobierno nacional. (Leer más en: ¿Por qué los Awá no se le midieron al PNIS?)
Por el contrario, lamentan que la única respuesta del Ejecutivo para solventar los problemas de inseguridad y de narcotráfico, es aumentar el número de efectivos de la Fuerza Pública. “En nuestros territorios hemos sido desamparados totalmente por el gobierno nacional: en vez de darnos una solución de fortalecimiento a nuestro territorio, a nuestras autoridades y a nuestra Guardia Indígena, nos manda es a militarizar. Es la primera respuesta que da el gobierno”, cuestiona Moreano.
“Como comunidad y territorios indígenas -enfatiza-, hemos rechazado siempre estas acciones porque no son la solución para proteger; por el contrario, son una medida que nos coloca en alto riesgo porque los actores armados quedan a nuestro alrededor y pueden surgir masacres, desplazamientos, confinamientos y muertes de quienes no tenemos que ver con el conflicto”.
Por esa razón, insiste Marín, “desde nuestros territorios el mensaje que enviamos al gobierno nacional y a todos los actores armados, legales o ilegales, es que respeten nuestra cultura, nuestra gobernabilidad y que entiendan que no hacemos parte de su guerra. Que nos dejen vivir en paz, queremos seguir trabajando en nuestro territorio y dejar de ser confinados; queremos aportarle a la paz y al buen vivir de nuestros mayores y jóvenes”.
