La orden de captura a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe, por ordenar el asesinato de un alcalde, pone en entredicho la actuación del anterior Fiscal General en el mismo caso.
Eudaldo León Díaz Salgado tuvo el coraje de pararse frente al presidente Álvaro Uribe y decirle, “Presidente, a mí me van a matar”. Ocurrió en marzo de 2003, en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre. Díaz era el alcalde de un pequeño pueblo sabanero llamado El Roble, cargo del que había sido destituido meses atrás. Era militante del Polo Democrático y uno de los pocos políticos sucreños que hasta ese momento seguían con vida, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares. Poco después, en5 de abril de ese año, desapareció. A los cinco días apareció su cuerpo sin vida en una de las salidas de Sincelejo. Antes de que todo esto ocurriera, Eudaldo Díaz les había advertido a sus familiares que si algo le pasaba, el responsable era Salvador Arana, a quien el Alcalde había denunciado como el más corrupto dentro de la administración del departamento.
Esta semana la Fiscalía parece haberle dado la razón a la víctima. Llamó a indagatoria y le dictó medida de aseguramiento al ex gobernador y ex diplomático Arana por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. La Fiscalía lo acusa de ser el “determinador” del crimen. Versiones de varios testigos lo incriminan. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo diera muerte al Alcalde”, dice un reporte de la Fiscalía. Los mismos testigos vieron en varias oportunidades a Arana reunido con el citado jefe paramilitar, conocido en Sucre como ‘Cadena’.
La Fiscalía también tiene en su poder un testimonio de alguien que escuchó directamente cuando se estaba planeando la muerte del Alcalde y que la orden la había dado el señor Arana. Ese testigo, al parecer, era Diógenes Mesa Villacob, mesero del restaurante La Becerra, quien les contó a los investigadores que escuchó cuando ‘El Cocha’, jefe de sicarios de los paramilitares, les dijo a sus hombres: “¿Ustedes que hacen aquí que no están cuidando al Alcalde? Ya Arana dio la orden de matarlo y todo está pago”. Mesa Villacob fue asesinado poco después de hablar con la Fiscalía.
Estos testimonios fueron la base para que en noviembre pasado Arana fuera vinculado formalmente a la investigación, pero la orden de captura apenas se expidió la semana pasada, justo cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía copias de otro expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y de desviar fondos de la Gobernación para los mismos.
Dicho expediente es el mismo que tiene presos a los congresistas Álvaro García Romero y Eric Morris. Se trata de las denuncias hechas por Jairo Castillo Peralta, quien fuera chofer de Arana, en cuya condición presenció reuniones entre los políticos y los paramilitares, donde se planearon decenas de crímenes, entre los cuales se encuentra el de la fiscal Yolanda Paternina, quien valientemente intentó develar toda la estructura mafiosa y criminal de Sucre.
Lo que causa curiosidad es que las pruebas que entregó el testigo fueron descalificadas hace tres años por el fiscal Luis Camilo Osorio, quien de su puño y letra firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana.
El documento referenciado como única instancia 5526, argumenta que la denuncia no tiene peso dada la personalidad del testigo, pues “las referencias que se tienen en la actuación acerca de la personalidad de Jairo Antonio Castillo Peralta, desdicen de su idoneidad moral como testigo y plantean serias dudas acerca de la veracidad de sus afirmaciones”. En un segundo capítulo, Osorio dice que sospecha de la sinceridad del denunciante, ya que “en el departamento de Sucre existe un duro enfrentamiento entre dos grupos políticos: el que lidera Julio César Guerra Tulena, del cual forma parte el candidato derrotado a la Gobernación de ese departamento Fernando Vargas Hernández, y el grupo que orienta el también senador Álvaro García Romero, al cual pertenece el actual gobernador Salvador Arana”. Más adelante, el Fiscal General concluye que como un hermano de Castillo tiene vínculos con los enemigos políticos de Arana, eso explica sus motivos para denunciarlo.
Pero la perla del concepto del ex fiscal Osorio es un párrafo donde dice que los cargos imputados por el testigo “se aprecian inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (se trata de unmédico cirujano, con amplia experiencia en el sector público y sin antecedentes penales ni disciplinarios) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan”.
Tres años después, por fin la justicia considera que son los actos y no la alcurnia de Arana los que deben ser investigados. Las mismas pruebas y los testimonios que Osorio despreció vuelven a ser revisados por un fiscal delegado ante la Corte que deberá establecer si además del homicidio de Eudaldo Díaz, el hombre que dirigió los destinos de Sucre entre 2001 y 2003 y que representó a Colombia ante Chile en los dos años posteriores, cometió otros crímenes.
Publicado en SEMANA, Fecha: 11/18/2006 – Edición 1281
