En Nariño, la sustitución de cultivos de hoja de coca para uso ilícito afronta grandes retos en medio del abandono estatal y el conflicto.
Luego del corto periodo de calma que el proceso de paz trajo a Tumaco, en el Pacífico nariñense, Clara*, una líder afrodescendiente de este municipio, anhela que se pueda “ver a los niños correr y jugar sin que nada les pase. Salir a la calle sin miedo”.
Al igual que ella, Eduardo* dice que sus comunidades quieren que termine la violencia que la ‘guerra contra las drogas’ ha traído a sus territorios y afirma que ese pequeño “respiro” que tuvieron, de apenas 4 o 5 meses, los llevó a ser optimistas. Él también se ilusionó con una vida como la que llevaba antes de que llegara la coca. “Quisiera ser libre, como hace 25 o 30 años, tiempo en el que uno podía caminar o ir en lancha, y pescar sin mirar para atrás”, dice.
Para las comunidades campesinas, indígenas del pueblo Awá y afrodescendientes, la coca se convirtió en un cáncer durante las últimas tres décadas debido a la llamada ‘guerra contra las drogas’, la militarización de diversas zonas de la geografía colombiana con el Plan Colombia y las aspersiones con el herbicida glifosato. Todo ello fue empujando a los cocaleros desde Putumayo hacia las selvas del piedemonte y la costa Pacífico nariñense.
El conflicto que generan diversos grupos irregulares que se benefician de la producción del clorhidrato de cocaína afecta las condiciones sociales de los habitantes, quienes ven con la inclusión de sus territorios en la primera etapa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) una oportunidad de mejora de las condiciones de vida, tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.
El incremento de los cultivos de coca en Nariño es, a todas luces, preocupante. Según el “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), esta zona del país ocupa el primer lugar en extensión sembrada con hoja de coca, con 45.735 hectáreas, de las cuales 19.516 ha (42,6 por ciento) están ubicadas en Tumaco; seguida de Putumayo, con 26.589; y Norte de Santander, con 28.244 hectáreas. Entre los tres departamentos, según la organización internacional, se concentra el 60 por ciento del área total sembrada en Colombia con esta planta.
El reto de dejar atrás la coca
El PNIS es un capítulo especial dentro del primer punto del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, hoy en proceso de reincorporación a la vida legal. El programa busca que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes eliminen los cultivos ilícitos de hoja de coca, marihuana y amapola de forma voluntaria a cambio de que se les garanticen mejores condiciones de vida a través de proyectos productivos, créditos, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, subsidios, mercadeo y comercialización, asistencia técnica, infraestructura vial, sistemas de riego, conectividad, adecuación de tierras, salud, educación, vivienda y servicios públicos para superar la pobreza que obliga a miles de colombianos a depender de estos productos y sus peligrosas economías.
De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en datos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) destinó para el PNIS importantes recursos de la cooperación internacional y del presupuesto de la Nación: “Tomando las 54.000 familias vinculadas al Programa, con una asignación por familia de $36 millones, el PNIS asciende a $1,9 billones en dos años, sin tener en cuenta los costos de transacción y de gestión operativa (y sin restarle los pagos que ya fueron hechos en 2017), la cifra asignada por el Gobierno para 2018 es de $1,4 billones”.
Los dineros se asignaron a 54 mil familias que se comprometieron a implementar los planes de sustitución voluntaria definidos en el Acuerdo de Paz. Estos debían ser concertados por las autoridades nacionales, departamentales y municipales con las poblaciones afectadas, es decir, cultivadores, no cultivadores y recolectores, para definir qué actividades eran las más idóneas para reemplazar los cultivos de uso ilícito en sus territorios, según sus particularidades económicas, culturales y sociales, y con un énfasis en las necesidades y participación de las mujeres.
A pesar de los notables matices, la política de gobierno frente a este tema, tanto en la administración Santos como en la de su sucesor, Iván Duque (2018-2022), deja muchos sinsabores entre las comunidades cultivadoras de la hoja la coca en Tumaco, especialmente por la manera en que han continuado las operaciones de erradicación forzosa y el Ejecutivo ha informado sobre la multiplicación de las mismas.
Las comunidades temen que puedan repetirse hechos como la masacre de El Tandil, ocurrida el 5 de octubre de 2017, en la que siete personas fueron asesinadas luego de que la Policía “sin mediar palabra, abre fuego de forma indiscriminada contra la población” que se oponía a que se arrancaran por la fuerza sus plantas de coca en el corregimiento de Llorente, según denunció en su momento la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (Coccam).
Por esos hechos, la Fiscalía imputó cargos al capitán Javier Enrique Soto García, comandante del Núcleo Delta de la Policía Nacional, y al mayor Luis Fernando González Ramírez, comandante del Pelotón Dinamarca del Ejército Nacional, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
A pesar de esto, y de la lenta implementación del PNIS, un gran número de familias cultivadoras de coca ha apostado por la sustitución voluntaria en medio de un ambiente de miedo. Según información del PNIS, después de depurados los datos de las personas que se han inscrito en Tumaco, se busca que el programa beneficie a 17.000 familias con recursos proyectados en 640 mil millones, y Naciones Unidas ha reconocido que, en este municipio nariñense, entre 2017 y mayo de 2018, los cultivos se redujeron en un 16 por ciento.
Esta baja en la producción de hoja de coca es considerable, teniendo en cuenta que el PNIS es rechazado por las mafias mexicanas que compran la cocaína y la pasta base de coca colombiana, y la presión que ejercen las disidencias de las Farc, en especial el Frente Óliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, contra los cultivadores que decidieron apostarle a la sustitución.
Los resultados de la reducción de cultivos y la apuesta por otras formas de subsistencia que hicieron las familias que se comprometieron con el PNIS contrasta con los de la ‘guerra contra las drogas’. Según Eugenio Estupiñán Guevara, gerente del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la zona Pacífico y Frontera Nariñense de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), “en el Pacífico de frontera nariñense, el programa más largo que ha existido es el de la aspersión aérea: duró 14 años. No existe un programa que haya durado tanto en nuestro territorio”, y agregó que esa situación envió “un mensaje totalmente equivocado” y planteó que la solución para enfrentar la resiembra es generar mejores condiciones económicas y sociales para estas comunidades.
Por su parte, Daniel Ramírez, coordinador departamental del PNIS en Tumaco, aseguró que en algunos casos se ha avanzado bastante: “En los consejos comunitarios de Tumaco, Alto Mira y Frontera, territorios icónicos en términos de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia por cuenta de cultivos ilícitos, por cuenta de la presencia de actores armados, por cuenta de la violación de derechos humanos, y allá está avanzando el programa de manera muy importante: casi 4.900 familias están en este momento en el programa”.
Dificultades con los recursos
Aunque en Nariño el pacto de voluntades para entrar en el programa de sustitución fue firmado por cerca de 23.500 familias, prácticamente todas de colonos y afrodescendientes pues los indígenas del pueblo Awá se rehusaron a entrar al PNIS y han pedido un programa diferencial, por lo menos 16.000 familias han expresado su preocupación por los atrasos en los pagos mensuales que deberían estar recibiendo y porque no se han definido los proyectos productivos.
Adicionalmente, no es claro para estas comunidades cómo se articulará el PNIS con las iniciativas que promuevan los ministerios de Agricultura, Salud y Defensa, de cara a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que se presentará al Congreso en esta legislatura, pues de esta ley dependerá que puedan mantenerse financiados los procesos de sustitución en sus territorios.
Vuelve el veneno
El gobierno nacional pareciera tener otra cosa en mente, toda vez que Emilio José Archila, alto consejero para el Posconflicto, señaló el 9 de noviembre del año pasado, durante la presentación de la nueva hoja de ruta para el PNIS en Tumaco, que “el gobierno del presidente Duque está comprometido con reducir los cultivos ilícitos. Así, en el marco de la legalidad, creemos que todas las plantas ilegales deben ser erradicadas […] El PNIS dejará de operar como un programa aislado y cesará en hacer promesas que no está en capacidad de cumplir.
El presidente Duque promueve la erradicación forzada y el retorno a la aspersión aérea de glifosato para la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, a pesar de las advertencias de reconocidos centros de investigación académica, organizaciones ambientalistas y hasta autoridades sanitarias de varios países sobre los efectos de dicho herbicida sobre la salud humana y los ecosistemas sobre los que se arroja.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha indicado que se están ajustando los requisitos que pide la Corte Constitucional para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato dentro de un ambicioso plan que incluiría uso de drones para arrojar el veneno y militarización de los territorios.
Asimismo, el pasado 18 de diciembre aseguró en un discurso en la base militar de Tolemaida que también se podrían usar otros compuestos químicos ante un fallo del Consejo de Estado que reconocía que dicho químico, introducido al país para la ‘guerra contra las drogas’ en 1978, afecta las siembras legales: “Otro herbicida que podría servir es el Tordón 101 […] pero el glifosato tiene una ventaja, que es que la molécula ya es libre y, entonces, lo puede producir cualquier persona en el mundo y eso hace que sea más barato.
¿Sin plata para la sustitución?
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha criticado este giro en la política del gobierno nacional y ha planteado que volver al enfoque de la ‘guerra contra las drogas’ no ofrece solución alguna al problema de la coca que existe en municipios como Tumaco y ha pedido que se rindan cuentas sobre los dineros que el PNIS debió ejecutar en el departamento.
“Si queremos solucionar el problema de manera estructural, esto no les va a funcionar porque van a envenenar, fumigar y atacar a nuestro territorio y población, y las familias se desplazarán a otra parte para volver a sembrar […] El gobierno nacional debió invertir 1.8 billones de pesos para que las 50.000 familias acabaran con los cultivos de uso ilícito, pero los recursos comprometidos no llegan a los 50 mil millones de pesos”, explicó Romero.
Mientras tanto, Tumaco ha ido volviendo al abandono militarizado de la guerra y las fumigaciones, y hoy enfrenta situaciones más difíciles. Para Roberto*, líder afro de Tumaco, lo más difícil es que “antes la violencia no la hacían los de nuestras comunidades. Hoy […] los niños que vimos crecer son los que nos apuntan y nos matan, todo por una mata que lo único que ha servido es para matarnos”.
Es claro que el PNIS, con sus inversiones para superar la pobreza de las comunidades, podría resolver esta violencia, puesto que, como asegura Daniel Ramírez, “lo más importante para acabar con los cultivos de uso ilícito es ofrecerles alternativas económicas a las familias que derivan su sustento de esta actividad”. Sin embargo, hoy reina la incertidumbre sobre si el gobierno continuará o no con el programa, o bajo qué condiciones lo haría.
A pesar de esto, para las comunidades relacionadas con la hoja de coca la responsabilidad por el comercio de cocaína, un fármaco que usan millones de personas en el mundo con fines recreativos, no debe recaer en Colombia ni mucho menos en ellas, que son las que llevan la peor parte de la ‘guerra contra las drogas’.
Mientras en el norte global un gramo de este alcaloide siga comprándose por precios de entre 80 y 100 euros, como ocurre en Suecia, el negocio de mafias y autoridades corruptas seguirá sosteniéndose y obligando a quienes viven de la tierra a irse por la ruta de los cultivos ilícitos, pues, como dice Alberto*, anciano y líder Awá, “si allá no la compran, acá no la sembramos, ¡sencillo! ¡Y sin necesidad de guerras, ni minas ni nada!”.
* Nombre cambiado por razones de seguridad
Foto de apertura: Bram Ebus
