Tras más de 20 años desde uno de los despojos más sistemáticos que haya sufrido el país producto del conflicto armado, poco se sabe de las manos que poseen las tierras, en una región en donde la economía de cultivos forestales circula con normalidad. En entrevista con VerdadAbierta.com, la magistrada Nadiezhda Henríquez explica la reciente decisión de la JEP de prohibir las operaciones de empresas que hacen presencia en la región.
A pesar de las decenas de sentencias de restitución proferidas por la justicia, pocas víctimas han podido volver a la zona conocida como Tulapas, en el Urabá antioqueño, para aprovechar las tierras que les fueron despojadas.
Aún la justicia busca determinar cuántas hectáreas fueron afectadas por el patrón criminal de despojo de tierras por paramilitares y la compra masiva por parte de empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño.
Las decisiones judiciales han determinado que se trató de un plan sistemático. Una vez las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazaron a las familias de la zona durante la segunda mitad de la década de los noventa, se fraguó una cacería de campesinos desplazados por parte de comisionistas y Sor Teresa, que fueron forzados a firmar los contratos de compraventa por precios irrisorios. Incluso, algunos predios fueron comprados aunque se trataran de baldíos de la Nación o estuvieran en proceso de adjudicación por parte de la autoridad de tierras de la época. Así fue como las fincas fueron adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 1998 y en donde hoy se erigen complejos caucheros, madereros y ganaderos.
Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en las 58 veredas de los tres municipios que comprende la región de Tulapas (San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo), a la fecha se han proferido 49 sentencias, a partir de las cuales se ha ordenado restituir 1.596 hectáreas en esa región. De estas, la URT ha entregado 1.500 y tiene pendiente dos predios por entregar. “Además, la Dirección Territorial Apartadó ha presentado 132 demandas a la justicia especializada y avanza en el estudio de 93 casos” que están en etapa administrativa, explica la URT.
Durante muchos años el proceso de restitución de tierras se vio obstaculizado por la persistencia de actores armados en la región, pero según explica la URT desde este año la entidad ha ingresado a la región de la mano de organizaciones sociales y organismos de seguimiento al Acuerdo de Paz para realizar varias entregas materiales de predios. En este proceso, la URT conoció que desde años atrás varias víctimas habían retornado por su cuenta y sin garantías.
La más reciente entrega de tierras tuvo lugar a mediados de este año, cuando las familias de Abelardo Mendoza, Francisco Tordecilla y Judith Márquez recibieron de parte de la URT los predios que les fueron arrebatados por paramilitares y el FGC en Tulapas. Además de la tierra, la institución los acompañó para implementar un proyecto productivo agropecuario que garantice la sostenibilidad económica a través de capacitaciones y el giro de recursos por más de $150 millones de pesos, para el buen uso y aprovechamiento de la tierra.
A pesar de estas acciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que la presencia de los grupos armados sigue impidiendo la restitución efectiva y el goce y disfrute de las comunidades campesinas. Es así como, después de tantos años, continúa la impunidad. ”Ha sido favorable para quienes están explotando, posiblemente de manera ilegítima, algunas de estas fincas”, señaló en entrevista con este portal Nadiezhda Natazha Henríquez, magistrada relatora del Caso 04 de la JEP, el cual investiga la situación territorial de la región de Urabá.
Por eso el tribunal de justicia transicional se ha ocupado en investigar este capítulo de despojo. A la fecha, seis civiles han sido aceptados en el Caso 04 , todos exdirectivos o miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Molina Velarde, Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Marco Fidel Furnieles Salgado. (Leer más en Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras)
Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, también buscó cupo en este tribunal, pero a mediados del 2023 la JEP rechazó su solicitud al concluir que sus testimonios revelaron poca intención de hacer nuevos aportes de verdad. (Leer más en Sor Teresa Gómez y la ambición por la tierra)
“Parece increíble, pero así es: no sabemos qué hay allá”, reflexiona la magistrada Henríquez al referirse a Tulapas. Para llenar los vacíos de información, el 1 de octubre, la magistratura profirió medidas cautelares contra el aprovechamiento forestal en la región, para evitar que se corte principalmente teca, ya que esto debe ser usado para la reparación de las víctimas por parte del Fondo de Reparación para las Víctimas en el marco de las sentencias de Justicia y Paz.
Una de estas empresas es la Reforestadora Integral de Antioquia S.A. (RIA), una compañía industrial y comercial del Estado del orden departamental que en septiembre de 2006 firmó un contrato de usufructo con el FGC por una duración de 25 años. (Leer más en Lejos de todas partes, cerca del infierno)
Además de frenar las acciones forestales de empresas como RIA, la magistratura dispuso crear una comisión interinstitucional para que se pueda caracterizar la tierra e inspeccionar la región de Tulapas, la cual permanece bajo el poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y al fin conocer quién tiene qué en esta región.
Conocer en manos de quién está la tierra
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la reciente decisión de cautelar los predios despojados de Tulapas que quedaron en manos de empresas privadas?
Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): Tenemos un plan (de) los alcances de la caracterización. Se le ha dado unos términos a las instituciones, el primero es una reunión para aclarar los alcances de las medidas, qué es lo que se espera desde el despacho que se haga o qué no se haga, y tener más claridad sobre las temporalidades exactas y los recursos necesarios de estas instituciones y las posibilidades institucionales para avanzar en esta caracterización y un seguimiento frecuente para el cumplimiento. Son órdenes muy específicas muy concretas en el que de una manera colaborativa interinstitucional se espera lograr lo que aisladamente las instituciones no han podido avanzar.
Los tiempos necesariamente son cortos y la primera parte de esa decisión está mediada por la adecuada caracterización de qué predios estamos hablando, de qué zonas estamos hablando, de cuántas hectáreas en concreto, en qué lugares y con qué características estamos hablando.
VA: ¿Qué espera la JEP? – Ver video
Es que pareciera curioso, pero es la base de todo y ha sido el límite fundamental de las instituciones: de no saber en concreto y materialmente de qué estamos hablando y eso por supuesto que tiene un componente del conflicto actual en la región, de la presencia actual de actores en la guerra, actores con los cuales hay unos acercamientos, limitados pero hay unos acercamientos
Parte de la construcción de paz está en ‘aclaremos qué es lo que está pasando aquí’ y es el objetivo fundamental de estas medidas cautelares.
VA: ¿Cuáles han sido los hallazgos de la JEP en el caso de Tulapas? – Ver video
NNH: Nosotros hicimos unas medidas cautelares a la a documentación de todo lo que estaba teniendo se en liquidación del Fondo Ganadero, no solamente lo que está en el proceso judicial de la ordinaria, sino en toda la documentación para conservar, para ubicar, para identificar para caracterizar el archivo y para encontrar documentos que podrían estar en riesgo de pérdida o deterioro.
Eso nos permitió llegar a nuevos documentos que no estaban en el expediente. Esto es lo que nos llamó la atención: se citaba o se nombraban o los mismos comparecientes hablaban de documentos que luego no encontrábamos en los expedientes.
Y nuevamente: es muy importante para nosotros la identificación de cómo el plan criminal se da desde los momentos del desplazamiento forzado hasta el actual usufructo de la tierra.
VA: ¿Sobre esto último, se profirieron las últimas medidas cautelares? – Ver video
NNH: Es así como llegamos a las medidas cautelares. En este momento hay que proteger la tierra, hay que proteger los recursos naturales que están en la tierra. en este momento. Hay que buscar las condiciones para que la tierra vaya a sus legítimos propietarios en una maraña muy compleja de titulación, de protección, de levantamiento de escrituras, de registros en tres municipios diferentes en el que esta situación de ‘cuál es la realidad material de la tierra’ ha sido, primero una gran deuda de todas las instituciones.
Desde muchos años, la Agencia Nacional de Tierras ha intentado caracterizar cuáles son los predios baldíos, cuáles son las posesiones, cuáles son los predios del Fondo Ganadero que se compró en ese momento; de esos predios, cuáles eran baldíos, cuáles tenían títulos, cuáles fueron los englobes y la realidad material de estos predios y ha sido imposible para ellos llegar a las mediciones y caracterización de qué es lo que hay allá.
Y lo que vemos es que sale y sale teca de Turbo, sale teca de San Pedro, sale teca de Necoclí y no hay un doliente; no hay un responsable frente a ello de tierras que, desde decisiones judiciales, no solamente frente a condenas penales, sino decisiones judiciales de restitución de tierras y una actividad institucional respecto a la recuperación de baldíos y la regularización de la propiedad rural en estos tres municipios, en este inmenso territorio en el que no se sabe qué hay ni de quién es.
VA: ¿Cuáles han sido esos obstáculos para saber cómo y quién tiene la tierra de la región?
NNH: El orden público es clave. En eso fue para mí muy significativo una frase de ‘Otoniel’, Dairo Úsuga, cuando se entrevistó como testigo, antes de su extradición, en la que tranquilamente dice ‘quién se presente con una sentencia judicial, le devolvemos la tierra, el que no, no’. Es decir, condicionando las posibilidades de los campesinos de retornar al territorio de que se mejoren las condiciones y se devuelva a la civilidad y a sus legítimos dueños en esta situación de testaferros que se da en este momento en esa región tan compleja de no poder tener claridad de qué es lo que hay, de quién es, por el control que se tiene de las AGC sobre esas tierras.
La JEP investiga despojo de Tulapas
VA: ¿Por qué la Sala de Reconocimiento empezó a investigar el caso de despojo de tierras en la región de Tulapas?
Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): De cara a la búsqueda de escenarios de paz territorial, investigamos los diferentes actores involucrados. En nuestro caso, por competencia, investigamos tanto a Farc como fuerza pública y los terceros civiles que han solicitado voluntariamente presentarse a la JEP.
Entonces, desde el principio hemos identificado quiénes son los solicitantes en la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato, que son las regiones geográficas de competencia del Caso 4. Son 10 municipios en los que se da una disputa territorial principalmente alrededor de la carretera Panamericana, la carretera al mar y sobre el río Atrato, hasta su desembocadura.
Es donde vemos unas lógicas de la guerra y una participación de frentes de unidades militares de la fuerza pública y por supuesto también hay un grupo de terceros civiles, empresarios en este caso, que solicitaron ser admitidos a la JEP y sobre los cuales se empezó a trabajar desde 2019 en el llamamiento a versión voluntaria.
Inicialmente se vincularon nueve personas solicitantes voluntarios, en un primer análisis de su participación. Esto es muy importante porque en los procesos judiciales de la justicia ordinaria hay más personas vinculadas, pero solamente podemos asumir competencia sobre los que han solicitado voluntariamente ser admitidos.
Y luego de ello, quiénes son los que han tenido una participación determinante en los crímenes. Entonces, no solamente en los despojos o la apropiación de tierra o el cambio del uso del suelo, sino en los crímenes graves a los cuales está asociado ese despojo, vinculados a los desplazamientos forzados que hayan tenido que ver con el plan criminal, el concierto criminal, para poder llegar al punto de apropiación de la tierra.
VA: ¿Cuáles han sido los desafíos para investigar lo que pasó en Tulapas? – Ver video
NNH: El tema financiero. Todo lo que tiene que ver con esa información del Fondo Ganadero en liquidación: quién es el liquidador, quién tiene la información, quién tiene la competencia de darla, qué tipo de información solicitamos, cuál es la relevante para el caso.
Realmente esta experiencia sobre el análisis de las finanzas, de los documentos contables, de la información institucional de las empresas es una información, primero, difícil de conseguir, difícil de encontrar y, luego, frente a su análisis, requiere unos niveles de conocimiento de la dinámica de cómo funciona el sistema financiero para entender allí cómo conectar los crímenes de desplazamiento, los actores de la guerra armados con estas sutilezas que tiene que ver con los negocios privados, los negocios comerciales y empresariales que van vinculando y que van definiendo más claramente la responsabilidad en particular de los miembros del Fondo Ganadero de Córdoba.
VA: ¿Cuáles han sido las deudas que dejó la justicia ordinaria y Justicia y Paz para el esclarecimiento de la verdad de estos hechos?
NNH: En la justicia ordinaria hay mucha información. Hay ya decisiones judiciales y hay sentencias iniciales con respecto a varios de los miembros del Fondo Ganadero, de la junta directiva.
Hay vinculaciones penales y sentencias también sobre notarios, registradores y otros civiles que participaron en el plan criminal. La información es muy voluminosa.
En un primer momento, la JEP estaba investigando estos hechos y se buscaba el trabajo armónico con la Fiscalía, con la investigación de la justicia ordinaria. Sin embargo, hubo unas decisiones que planteaban la suspensión de los procesos judiciales en la justicia ordinaria, los procesos penales, mientras que la JEP tomaba su decisión y eso dejó durante bastante tiempo los procesos inactivos.
En este momento tenemos unos acercamientos y unos acuerdos muy importantes con la Fiscalía para continuar conjuntamente las investigaciones de forma que podamos trabajar armónica y colaborativamente en la obtención de la verdad y por supuesto de justicia, tanto de quienes nosotros caracterizamos como máximos responsables, que se presentan voluntariamente a la Jurisdicción, y aquellos no máximos responsables que siguen de competencia bajo la cuerda procesal de la justicia ordinaria.
VA: Han pasado más de 20 años desde los hechos de despojo en Tulapas. ¿Cree que el Estado ha sido lento en impartir justicia para las víctimas?
NNH: Hay un contexto difícil frente a graves violaciones de derechos humanos, para perseguir crímenes como el desplazamiento, para perseguir el despojo de tierras en este país. Hay una lógica de encubrimiento, de amenaza muy compleja, en la que a un crimen se suma otro crimen. Hay que mirar los sistemáticos incendios a oficinas del Incora y del Incoder en diferentes partes del país en el que la información también ha sido eliminada y es un contexto de guerra que es complejo y convivente con estos crímenes y con el mantenimiento de la impunidad de estos crímenes.
Es un escenario en el que la justicia ordinaria no tiene las herramientas para investigar estas graves, masivas, sistemáticas violaciones orquestadas por aparatos complejos criminales.
El que existan tribunales especializados y sobre todo con base en acuerdos de paz, con las dificultades y con los errores y con las críticas que pueda tener cada uno de los procesos de paz, como el de Justicia y Paz, como el nuestro mismo; han permitido abordar este tipo de criminalidad de una forma diferente a como la ha podido hacer la justicia ordinaria y de esta manera tener unos avances en la verdad y por supuesto los esclarecimientos y niveles de Justicia mayores, en los que se requiere entonces una articulación más clara con la justicia ordinaria.
Yo pienso que en este caso ha habido avances significativos que no ha habido en otros casos de despojo y apropiación ilegal de tierras en muchas regiones del país. Es también parte de por qué estos comparecientes se presentan voluntariamente y porque otros no.
Explotación de empresas
VA: ¿La agroindustria ha imposibilitado la caracterización de este territorio?
NNH: Ahí más bien hay que hacer una pregunta porque el territorio es totalmente desconocido y no sabemos bien a qué nos referimos con la agroindustria, porque hay muchas empresas, pequeñas y grandes empresas, que están haciendo uso y goce del territorio.
¿Cuál territorio? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Qué tipo de negocios jurídicos hay allí si los predios que fueron comprados por el Fondo Ganadero fueron revertidos y los folios de matrícula están a nombre de sus originales propietarios antes de que ocurrieran todos estos fenómenos de compras y de despojo materiales y despojo jurídico?
No hay claridad de quién tiene qué, así que no podemos decir en este momento si hay un uso ilegítimo o no. No sabemos si pueden estar los más de 100 predios comprados por el Fondo Ganadero a través de Sor Teresa Gómez. No podemos decir en este momento en qué condiciones de explotación están.
VA: ¿El hecho de que existan estos cultivos de teca y otros árboles maderables ha obstaculizado el trabajo de caracterización de la tierra?
NNH: ¿Qué posibilidades tienen las instituciones de entrar al territorio para saber qué hay? Parte de las medidas cautelares es poder entrar entre varias instituciones y poder ir, progresivamente, caracterizando ese terreno.
Nosotros no lo vemos como una dificultad, sin embargo, es un escenario desconocido y se tiene que tomar las medidas de protección tanto por fuerza pública, por Policía, por Ejército.
Esta pregunta que parte de una afirmación y es ‘no se puede’, es ‘qué es lo que no se puede, si no lo hemos hecho’.
VA: Después de la cruenta manera en que las víctimas fueron despojadas de esas tierras, ¿Quiénes son actualmente los propietarios y quienes los están usufructuando?
NNH: Tenemos una cantidad de predios, tenemos una cantidad de títulos, tenemos una cantidad de territorio baldío, tenemos una cantidad de predios restituidos con sentencia judicial, tenemos una cantidad de predios que están en etapa administrativa sobre los cuales no se sabe dónde están y qué tamaño tienen ni qué está pasando en ellos.
VA: Y sobre algunas empresas de la región, ¿qué se ha logrado identificar? – Ver video
NNH: Hemos identificado que hay un contrato de usufructo entre la Reforestadora de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba, que es el que conecta directamente lo ocurrido en el marco de las actividades del Fondo Ganadero de Córdoba con el actual usufructo sobre predios y que vincula específicamente a la Reforestadora de Antioquia. Es la explotación de la teca y de los diferentes recursos maderables que se suspendió hasta tanto se aclare qué está pasando en los predios.
VA: Magistrada, ¿se sabe por qué antes no se hizo nada frente a esos contratos de usufructo que este portal había denunciado desde 2012 y que involucraban a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), a la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá y a la Compañía Productora de Caucho de San Pedro S.A (Procaucho)?
NNH: Se hace con las formalidades correspondientes sobre unos terrenos sobre los que no está claro cuál es su situación jurídica. En una gran extensión de tierra, mucha con predios que no están conectados entre sí, sino que son predios aislados, pero relacionados con un fenómeno criminal, una dinámica del conflicto, una presencia de actores que no se investiga de una manera unificada, sino que se investiga uno a uno, hecho a hecho, fica por finca, demanda por demanda de cada una de las víctimas.
Esto dificulta mirar de una manera integral y como región lo ocurrido allí.
Responsables, dentro y fuera de la JEP
VA: ¿En la revisión de los informes entregados por la Fiscalía y las organizaciones de víctimas se han identificado personas que no han sido llamadas por la justicia?
NNH: Con respecto a Tulapas, los escenarios de justicia, en este momento están bastante avanzados. La justicia ordinaria y Justicia y Paz han sido bastante amplias en esta caracterización. ¿Qué falta? Falta entender qué es lo que está pasando con la tierra, a partir de las medidas cautelares, (y) los procesos administrativos que se están propiciando a través de ellas.
Hay unos permisos; ¿estos permisos sobre qué predios están? ¿Cuál es la calidad jurídica de esos predios? (Necesitamos) poder diferenciar entre los predios que deben ser entregados materialmente a sus legítimos dueños junto con la riqueza que hay en ellos. Entonces estos deben ser revertidos y a quien le pertenece es a las víctimas, a quienes se les debe entregar materialmente la tierra.
VA: ¿Cuántas personas ha vinculado la JEP a la investigación por el caso de Tulapas? – Ver video
NNH: Son seis personas vinculadas formalmente al caso, todos miembros del Fondo Ganadero de Córdoba que nos han dado unos aportes a la verdad desde su posición de directivos, es decir, con una gran capacidad de decisión: directivos del Fondo Ganadero y sus gerentes. Estas personas están contribuyendo a la verdad desde su participación en estos escenarios de poder en ese momento en el Fondo Ganadero de Córdoba. Esto para nosotros es determinante, es diciente de lo ocurrido, pero también de las responsabilidades sobre las cuales ellos están aportando verdad.
En ese sentido, en calidad de testigo, tuvimos otras personas también presentándose a la JEP y aportando información, como han sido personas procesadas o vinculadas por los procesos de Justicia y Paz como Sor Teresa Gómez, como ‘El Alemán’, como ‘HH’, como el mismo ‘Otoniel’ que (fue), en su momento, parte de las AUC y luego de las AGC, pero también su papel relevante puesto que fue miembro del EPL antes de ello, entonces tiene muy claro todo el escenario de guerra de esa región del país.
Y por supuesto las otras personas que desde sus versiones voluntarias en Justicia y Paz y los testimonios brindados a la Jurisdicción en pequeños puntos sobre los cuales teníamos dudas, a partir de sus versiones voluntarias, hemos logrado una información bastante relevante que se contrasta con la información tanto judicial, como la de las versiones voluntarias y las que se presentan en los informes por las víctimas.
Es decir, hay un nivel de contrastación de información muy sólido respecto a qué pasó alrededor de las tierras de Tulapas.
VA: ¿Qué pasó con Sor Teresa? ¿por qué no fue aceptada?
NNH: La JEP tiene, y esto se mezcla con la reciente decisión sobre Salvatore Mancuso, su competencia natural sobre los firmantes del Acuerdo de Paz, las extintas Farc-EP, miembros de la fuerza pública y los funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se presentan voluntariamente a la jurisdicción.
¿Qué pasa con aquellas personas que han sido juzgadas, procesadas por la justicia especial de Justicia y Paz? se mantienen en la cuerda procesal de su juez natural: Justicia y Paz.
Lo que se ha entendido con Sor Teresa desde el principio porque se llamó como en calidad de testigo, a pesar de tener una solicitud formal de ser vinculada a la JEP, lo mismo que Mancuso cuando se recibió su aporte a la verdad, era también esclarecer muchas de las situaciones, pero dar elementos a la sala de definición de situaciones jurídicas para que valore los compromisos de Sor Teresa con la verdad, para que valore la calidad del aporte de esta persona en términos del lleno de los requisitos para que sea admitida o no a la jurisdicción en calidad de civil.
Esto muy de cara a cuáles son las decisiones de la Sección de Apelaciones de cómo se estaba moviendo el escenario jurídico alrededor de cuál es el futuro de los terceros civiles de los antiguos miembros de las AUC en la JEP y esa decisión fue muy reciente y mientras estábamos en unos debates jurídicos que no estaban resueltos. Entonces al llamar a Sor Teresa como testigo avanzamos en la verdad, pero también en las posibilidades que se pueda dar, desde las competencias de la Sala de Definición, para que admita o no a Sor Teresa y la decisión que se tomó fue de no admitirla.
Luego sale la sentencia de la Sección de Apelaciones en las que habla de personas material y funcionalmente vinculadas a la fuerza pública, situación que se avanza específicamente con Salvatore Mancuso y con la decisión de la Corte Constitucional que recientemente conocemos.
Entonces con Sor Teresa la decisión fue más temprana y fue en lógica de su juez natural y su calidad de miembro de las AUC.
VA: ¿Sor Teresa podría volver a presentarse bajo esta figura de bisagra o la Corte Constitucional cerró esa puerta?
NNH: La figura de bisagra sigue en debate. A pesar de la decisión sobre Mancuso, la Sección de Apelación y la JEP sigue insistiendo en manejar una figura de bisagra. Para mí es una decisión contundente la de la Corte Constitucional. A ver qué sucede. Todos estamos expectantes de si es efectivamente la última decisión
VA: ¿Con Benito Osorio por qué ocurre lo contrario?
NNH: Benito Osorio es empresario gerente y su condición de civil es más clara. Sor Teresa, su condición de miembro de las AUC estaba definida desde hace mucho.
El punto de diferenciación entre uno y otro es si pertenecía al grupo armado ilegal o no. Y haber sido colaborador del grupo armado ilegal desde su posición de gerente, de su posición de tercero civil es una situación que lo diferencia de Sor Teresa.
Ahí sigue habiendo dudas porque creo que no ha habido una adecuada representación judicial de Sor Teresa ni en Justicia y Paz en la ordinaria. Analizando los expedientes, ha habido debilidades digamos en su defensa y en su participación en estos procesos judiciales.
Entonces la decisión de la Sala de definiciones es que está probado que fue un miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia en calidad de armada y es una decisión del órgano de justicia competente para tomar esta decisión. Nuestro papel como Jurisdicción es el aporte a la verdad de estas personas, no definir su calidad jurídica.
VA: ¿La JEP ha compulsado copias a la justicia ordinaria para investigar responsables que no están en el radar?
NNH: Estamos en un momento de medidas cautelares, un momento importante de la investigación en la cual vamos a tomar unas decisiones sobre la determinación de las responsabilidades respecto a este caso. Estamos en un momento de trabajo muy riguroso con quienes se han presentado a la Jurisdicción, de quienes son los competentes para nosotros, a quienes pudimos llamar. Hay una decisión pendiente respecto a la determinación de hechos y conductas frente a los que son competentes y quienes fueron nombrados por ellos.
Nuestra decisión alcanza a quienes se presentan voluntariamente. Respecto a quienes no se han presentado voluntariamente es competencia de la justicia ordinaria y como dije en un primer momento estamos llegando a un trabajo colaborativo entre la justicia ordinaria y la JEP.
Criticas a la justicia transicional
VA: ¿Considera acertada la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre que ha existido un fraccionamiento de la verdad especialmente frente al fenómeno paramilitar?
NNH: Hay una justicia ordinaria que habla de quiénes son competentes en estos crímenes, respecto a los terceros civiles. Hay una Justicia y Paz que no asumió, sino que compulsó una gran cantidad de copias que tienen unos avances limitados hasta este momento en la justicia ordinaria. Hay unas decisiones respecto a los partícipes desde las AUC. Hay unas investigaciones en JEP respecto a las extintas Farc, respecto a funcionarios públicos y terceros que se presentan voluntariamente, hay una competencia sobre la fuerza pública.
Hay diferentes tribunales, diferentes jueces, diferentes formas de conocimiento que abordan, además de conductas específicas y hechos específicos, lo que puede entenderse como varios planes criminales que involucran diferentes actores, que involucran diferentes conductas y que esto no se está investigando de esta manera en general en ningún tribunal.
VA: ¿Entonces tendría lógica la propuesta de crear un tribunal de cierre que agrupe a todos los actores involucrados en el conflicto incluidos terceros civiles?
NNH: Lo que está proponiendo el presidente es lógico.
VA: Además de la persistencia del conflicto y de no poder identificar quién tiene la tierra y dónde está, ¿hay algún otro factor para que este despojo persista? – Ver video
NNH: Sabemos que hay contratos de usufructo. Sabemos lo que dice Otoniel en su testimonio. Sabemos que está saliendo teca de este territorio, sabemos que hay unos predios que están en sentencia y que están en demanda y que están en fase administrativa en restitución. Sabemos que hay unos baldíos que están bajo estudio de la Agencia Nacional de Tierras.
¿Qué más sabemos? No sabemos más. Eso es lo que queremos aclarar con la medida cautelar. Es, primero, limitar que siga habiendo una explotación de los recursos naturales que ahí estén, sea de quien sea, poder caracterizar y entender qué es lo que hay, de quién es lo que hay, en qué características y en qué condiciones y quienes estén allí.
VA: ¿Qué pueden esperar las víctimas de despojo en la región de cara al control que las AGC tienen en el Urabá?
NNH: Estamos haciendo un seguimiento, un balance permanente, un monitoreo frecuente de cómo está la situación de orden público, la presencia de actores, cómo se están moviendo los actores, cuáles son los acercamientos del Estado con respecto a esos actores, cuáles son los mensajes que se pueden intercambiar con estos actores para poder avanzar en esta caracterización.
Estamos muy optimistas en tener un escenario político favorable para la realización de estas actividades.
