El ex paramilitar cuestionó decisión de la Fiscalía que precluyó investigación a favor empresarios bananeros ligados a la Chiquita Brands por posible colaboración con las Auc. Su abogado, al parecer presionado para que no apelara, renunció.
 |
|
| Bananeros de Urabá alegan que pagos a Convivir fueron legales. |
“Aquí hay un concierto y el único condenado soy yo”, afirmó de manera vehemente el ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza al hacer referencia a la decisión de un fiscal especializado de Medellín que decidió abstenerse de imponerles medida y aseguramiento y precluyó la investigación a favor de un grupo de empresarios bananeros, quienes habían sido denunciados porque supuestamente realizaron aportes económicos a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Mientras a Hasbún Mendoza el ente acusador le dictó medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en la misma resolución, fechada el 6 de marzo de 2012, le precluyó la investigación a directivos y ex directivos de las firmas comercializadoras de banano Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A. y Banacol, y se abstuvo de dictarles medida de aseguramiento.
La decisión favoreció a los empresarios Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Gloria Andrea Cuervo Torres, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, José Luis Valverde Ramírez, Álvaro Acevedo González, Farid Alberto Giacoman Hasbún, Wenninger Dorn Robert, John Paul Olivo, Charles Dennis Keisser, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero y Jorge Alberto Cadavid Marín.
El ex paramilitar alega que esa imputación parte de una confesión suya en la que a la pregunta de un fiscal sobre las fuentes de financiación de la estructura bajo su mando respondió que con aportes de bananeros, ganaderos y comerciantes, así como con un impuesto que le cobraba la organización al narcotráfico por el uso de sus territorios.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Hasbún confirmó que apelará esa decisión, pues considera que la Fiscalía no tiene ni una sola prueba en su contra por el delito de narcotráfico. “Yo nunca exporté ni tuve que ver con un gramo de cocaína para Estados Unidos ni ninguna parte del mundo”, dijo Hasbún.
Además, cuestionó la manera en que se decidió su situación jurídica y la de los empresarios: “Me atribuyen concierto para delinquir con fines de narcotráfico y yo nunca me concerté con nadie para esas actividades; el proceso empieza en la Fiscalía 5 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, me entrevista una vez y nunca más me vuelven a llamar; le pasan el proceso a otro fiscal hace más de cuatro años y sólo vengo a conocer el fallo; y no se tomaron la molestia de venir a Justicia y Paz a ver qué declaraciones he dado en el tema de Chiquita y los bananeros”.
Hasbún aseveró que durante su comparecencia ante Justicia y Paz ha aportado listas de aportantes a las Auc en el Urabá antioqueño: “hemos entregamos listados de 270 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes que le aportaron voluntariamente a las autodefensas. Hoy dicen que fue a través de las Convivir y que ellos no tenían conocimiento, eso es mentiras”.
Al respecto, el ex paramilitar le pidió a todos en Urabá que “pongamos la cara y contémosle la verdad de lo que era el país en el año 1996 y cuál era la participación o la acción del Estado, y que la única alternativa era acudir a las autodefensas”.
Hasbún, por su calidad de empresario bananero y conocedor del negocio, fue el encargado de diseñar el pago de tres centavos de dólar por caja cobradas a las empresas comercializadoras de banano en el Urabá antioqueño para financiar a las Auc a través de la fachada de cooperativas de vigilancia y seguridad.
Pero sus problemas van más allá. Por la calidad de la información que ha entregado a fiscales de Justicia y Paz no consigue fácilmente abogados que lo representen. El último de ellos, que justamente le llevaba el proceso en el que estaban los empresarios bananeros, renunció el pasado viernes.
“Contraté un abogado exclusivamente para ese proceso, pero renunció porque supuestamente lo amenazaron, aunque él no me quiere decir eso. Me dijo: ‘yo le entrego el proceso y usted mire a ver qué hace, pero yo no lo acompaño en eso’”, indicó Hasbún e informó que él mismo presentará la apelación, bajo el concepto de defensa material, una figura contemplada enlas normas jurídicas.
Los temores rodean a quien asume la defensa de este ex paramilitar desde que el 5 de mayo de 2011 asesinaron en el municipio de Bello a Edquir José López Londoño, uno de sus abogados. “Después de esa muerte ningún abogado ha querido trabajar conmigo por miedo. Los que me acompañan en Justicia y Paz son de la Defensoría del Pueblo”.
Por todo ello, solicitó mayor seguridad para él y para su familia, pues es consciente que la apelación que adelantará y sus confesiones ante Justicia y Paz le podrían traer problemas. Además, requirió mayor control en la alimentación en el servicio de alimentación en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, donde está recluido, pues teme que lo envenenen.
Fuentes judiciales cercanas al proceso y que pidieron la reserva del nombre, indicaron que la única opción que le dejaron a Hasbún es que él mismo presente la apelación. “Al abogado que renunció le habían recomendado que no tomara negocios de Hasbún porque “andaba muy caliente” en el Urabá. Ni siquiera le cobró”. Además, salieron en defensa del ex paramilitar y aseguraron que el tipo de acusación que le hiceron “es una jugada para acallarlo y buscando su extradición”.
En respuesta a estos cuestionamientos, la empresa Chiquita Brands International, dio a conocer a través de un corto comunicado su posición al respecto: “Chiquita se enteró en dias pasados de que, un fiscal colombiano concluyó una investigación que durò más de cuatro años, al encontrar claras evidencias de que Chiquita se vio forzada a ceder a la extorsión por parte de las Auc. Dicha decisión coincide con el resultado de las distintas investigaciones que se han adelantado ante diversas onstanciasa y con lo que la compañía ha dicho desde un principio: fue victima de la extorsiòn de los grupos armados ilegales”.
La decisión discutida
Un fiscal especializado de Medellín decidió abstenerse de imponerles medida y aseguramiento y precluir la investigación a favor de un grupo de empresarios bananeros de las firmas Chiquita Brands International, Banadex y Banacol, tras establecer que los pagos por 4,695 millones de pesos, realizados a cooperativas de vigilancia y seguridad privadas del Urabá antioqueño, se hicieron dentro de un contexto de buena fe yconfianza, generado por el respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país.
Además, el ente acusador determinó que tras revisar los estados contables de la Convivir Papagayo, que luego pasó a llamarse Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, no se estableció que los aportes realizados por las empresas bananeras tuvieran como destino las arcas de las Auc y mucho menos que esos dineros financiaran crímenes de lesa humanidad.
Así mismo, indicó que las pruebas aportadas legalmente al proceso no configuraban el delito de concierto para delinquir, puesto que no se encontraron evidencias de que se haya presentado un acuerdo de voluntades entre los sindicados con integrantes de las Auc que operaron en la zona de Urabá.
Por último, la Fiscalía argumentó que los pagos fueron extorsivos, circunstancia que fue considerada como una causal de exclusión de responsabilidad, pues los empresarios, según esta argumentación, actuaron bajo coacción. Al respecto, explicó que las firmas bananeras enfrentaban un riesgo si no pagaban las sumas exigidas por las Auc, por lo que, con los aportes realizados, protegieron los bienes de las empresas y sus empleados, pues a su juicio las autoridades de la época no podían garantizar la protección de empresarios y trabajadores, debido a su escasa presencia y falta de recursos.
Así empezó el caso
Este proceso comenzó el 16 de abril de 2007, cuando el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra presentó denuncia penal contra varios miembros de la junta directiva de la firma estadounidense Chiquita Brands International, y contra el representante legal y miembros de la junta directiva de la empresa filial en Colombia C.I. Banadex S.A., por el delito de concierto para delinquir, genocidio, terrorismo, entrenamiento para actividades ilícitas y amenazas. En su escrito de denuncia, los hizo responsables de la financiación de crímenes de lesa humanidad, suministro, transporte y dotación de armas y municiones a las Auc.
Borda Parra sustentó su denuncia en la aceptación voluntaria hecha en abril de 2003 por los directivos de la multinacional Chiquita Brands International a las autoridades de haber realizado pagos entre 1997 y 2004 por 1,7 millones de dólares a las Auc, transgrediendo normas de ese país que prohíben adelantar transacciones con organizaciones armadas clasificadas como terroristas.
Las Auc, lideradas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, habían entrado a la lista de organizaciones terroristas el 10 de septiembre de 2001 y el 31 de octubre de ese mismo año fueron consideradas como “organización terrorista global”, lo que impedía a cualquier empresa estadounidense hacer algún tipo de acuerdo económico.
Luego de adelantar las respectivas investigaciones, las autoridades de ese país llegaron a un acuerdo con la Chiquita Brands International por el cual esta se declaró culpable y pagó una multa de 25 millones de dólares. La justicia la obligó además a poner en práctica y mantener un programa eficaz de cumplimiento y ética, y aceptar una supervisión corporativa por cinco años.
Tras recibir la denuncia y valorar los argumentos, la Fiscalía General de la Nación decidió vincular a los empresarios bananeros ya citados mediante resoluciones proferidas entre agosto y septiembre de 2008, con el fin de determinar si eran o no responsables de los delitos denunciados.
Lo que el ente acusador buscó determinar con esa vinculación era si los directivos de las empresas Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A., al igual que los representantes de la empresa Banacol, se concertaron con los comandantes de las Auc para realizar pagos a través de las denominadas Convivir, llamadas luego Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Privada.
Tanto en este proceso penal como en otros seguidos contra ex jefes paramilitares se logró establecer que a comienzos de 1997 se realizó en Medellín una reunión entre Carlos Castaño Gil, para aquella época el vocero de las Auc, y empresarios bananeros para concertar mecanismos de seguridad y “normalización o pacificación laboral”, en la región, tal como los llamó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia condenatoria contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, proferida el 16 de diciembre de 2011, y que hizo referencia al tema.
Una de las reuniones aludidas fue celebrada por Charles Kaiser, director general de Banadex S.A., y uno de sus directivos, Reinaldo Escobar de la Hoz, con Carlos Castaño Gil en su lujosa casa conocida como Montecassino en el barrio El Poblado de la capital antioqueña. Allí dijo, según testimonios, que así como la multinacional les había pagado a las guerrillas, ahora tenían que pagarles a los paramilitares para evitarse problemas mayores.
Se acordó entonces aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de la Convivir Papagayo. Según cálculos de la Chiquita Brands International, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares. A esa decisión se sumó Banacol y su presidente de la época, Edgar Gutiérrez Castro, no sólo autorizó hacer las retenciones de tres centavos de dólar a las fincas propias sino a aquellas de los socios vinculados a esa comercializadora.
Todo ello hace suponer que, como lo dijo uno de los empresarios escuchados en indagatoria, la suma pagada a la cooperativa de seguridad y vigilancia privada entre 1997 y 2007 podría ascender a los 7,000 millones de pesos. No obstante, cálculos de fiscales que han seguido el tema han estimado en 33,292 millones de pesos los pagos totales entre 1997 y 2008 a las Auc.
Unaspecto relevante de la decisión proferida por el ente acusador es que descartó los testimonios de los ex jefes paramilitares Fredy Rendón Herrera, Salvatore Mancuso y Ever Veloza, aduciendo que ellos no tuvieron ninguna injerencia o participación en la conformación de las Convivir en Urabá, particularmente de la llamada Papagayo, a través de la cual se canalizaron los aportes de las empresas bananeras, ni conocieron finalmente el destino de esos pagos.
Sobre el papel cumplido por Hasbún, la Fiscalía determinó que las pruebas recaudadas no permiten establecer que los empresarios bananeros y él, en su condición de jefe paramilitar, hubiesen celebrado acuerdos de financiación para favorecer a las Auc.
Lo que si quedó demostrado para el ente acusador es que Hasbún promovió las Convivir en su calidad de empresario bananero reconocido en la zona, razón por la cual, según lo ha confesado él mismo, pudo asistir a reuniones en la Gobernación de Antioquia y en la Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, para recibir asesorías sobre el tema.
Tales consideraciones llevaron a la Fiscalía 33 Especializada de Medellín a concluir que no existen indicios que determinen que los empresarios bananeros hicieron acuerdos con comandantes de las Auc de la región de Urabá para financiar sus actividades contrainsurgentes, por lo que se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento por delito de concierto para delinquir.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los términos de la investigación se habían vencido, lo que imposibilita a la Fiscalía a practicar nuevas pruebas, so pena de violar el debido proceso y el derecho de defensa, y no encontrando en las que había recaudado indicio alguno que demostrara la culpabilidad de los empresarios bananeros, se ordenó la preclusión de la investigación a favor de los mismos.
Las fuentes judiciales consultadas cuestionaron parte de la argumentación de la Fiscalía, pues a su juicio los términos no estaban vencidos, entre otras razones porque se trata de crímenes de lesa humanidad los queestán en juego en este proceso. “Y eso no prescribe”, reiteraron y sugieron que un camino para evitar la impunidad era continuar con la investigación. Asimismo, no entienden cómo descartaron testimonios calificados de jefes paramilitares que ha reconocido el pago de los tres centavos de dólar a las Auc por parte de los bananeros.
Esta decisión se conoce tres meses después de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profiera sentencia condenatoria contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ y en la cual se exhortó a la Fiscalía General de la Nación “para que investigue y persiga los bienes de las filiales o sucursales en Colombia de la empresa multinacional Chiquita Brands, con fines de reparación a las víctimas de los Bloques paramilitares que actuaron en la región del Urabá, antioqueño y chocoano”.
Esto significa que el debate jurídico sobre los pagos de los empresarios bananeros a la Convivir Papagayo y, posteriormente, a los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, entre los años 1997 y 2007 aún no se ha cerrado completamente y será en nuevos escenarios judiciales donde se retome el tema para determinar finalmente si con esos aportes se favorecieron las Auc y si éstos terminaron financiando o no masacres, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y torturas, entre otros delitos.
