El pueblo Nasa que se repuso al terremoto y posterior avalancha del río Páez se reubicó en un rincón del departamento de Huila y estableció un proceso organizativo desde cero. Tras un corto respiro con la desmovilización de las Farc, hoy el reclutamiento de menores y la presencia de actores armados en su territorio son los principales riesgos que amenazan a los líderes de la comunidad.
“No esperábamos el llamado de la Madre Tierra”, cuenta David Antonio Cuete. Eran las 3:47 de la tarde del 6 de junio de 1994 cuando un sismo de magnitud 6.8 sacudió el suroccidente del país.
Las siete veredas de Tierradentro, una región conformada por los municipios de Inzá y Páez en el departamento de Cauca, fueron destruidas ese día. “La Madre Tierra lo devoró todo”, se acuerda Cuete, rector de la institución educativa Kue Dsi’j (‘Camino de la juventud’, en lengua nasa yuwe), quien para entonces tenía 24 años.
En la avalancha del río Páez, perdió a dos hijos, de cinco y tres años, que estaban jugando afuera cuando se deslizaron estribaciones de la cordillera Central, y a otro, de un año, que estaba dentro de la casa. “Cuando yo salí, no les encontré. Busqué por todos lados… no les encontré. Volví a entrar en la casa a ver si salvaba al niño pequeño, pero fue imposible”, recuerda reteniendo el llanto.
Simón Evelio, autoridad indígena y profesor de lengua materna en la institución educativa, hoy también recuerda la tragedia. Estaba en un salón del internado en donde estudiaba, al pie del Nevado del Huila, cuando la tierra empezó a moverse. “Cuando salimos, parecía que la avalancha venía encima de nosotros”, recuerda. Junto a su clase, logró resguardarse subiendo una montaña. “Así amanecimos, algunos rezando, otros orando; algunos familiares cargando los muertos”, se acuerda. Pasaron ocho días hasta que finalmente pudo reunirse con su padre y un hermano. Su madre y sus otros dos hermanos nunca fueron hallados entre los escombros.
Los que sobrevivieron, entre las réplicas del temblor, subieron a los filos de peñas y montañas porque venía lo peor: la avalancha. El río Páez arrastró la tierra y el deshielo del volcán nevado del Huila que se habían desprendido por el movimiento telúrico, y en un furioso torrente arrasó con todo a su paso. Las víctimas estuvieron esperando entre los escombros y el lodo durante tres días hasta que llegaron los medios de comunicación, y luego el auxilio del Estado.
En cada hogar de esta comunidad hay desaparecidos, y las cicatrices de la tragedia vuelven a abrirse con el recuerdo de aquel día. Según datos del Servicio Geológico Colombiano, los posteriores deslizamientos de las montañas de la cuenca alta del río Páez dejaron más de 1.100 personas muertas y alrededor de 1.600 familias desplazadas en los departamentos de Cauca y Huila. Además, el movimiento telúrico dejó 7.925 familias damnificadas.
Las voces de Cuete y Evelio son el testimonio de miles de sobrevivientes del pueblo Nasa que perdieron todo hace 30 años. Las víctimas tuvieron que abandonar el ‘territorio de origen’, como las comunidades indígenas llaman al lugar donde ocurrió la avalancha, y reconstruir su comunidad en el municipio huilense de Íquira.
Tras la tragedia, algunos líderes conformaron un equipo para encontrar nuevas tierras donde vivir. “Primero buscamos territorio en Cauca, pero la tierra era muy costosa y grandes fincas no se conseguían porque muchas ya eran territorios de comunidades indígenas”, explica Cuete.
Finalmente, se reubicaron en tierras fértiles de Huila en noviembre de 1994. A través de la Corporación Nasa Kiwe —creada por el gobierno para para ejecutar programas a favor de las comunidades damnificadas por la tragedia del 94— compraron varios lotes de vocación cafeteras que le pertenecían a hacendados de Íquira. Cerca de 1.200 hectáreas se adquirieron en ese nuevo territorio, a las orillas del río Negro y llamaron al resguardo Nasa Páez-Huila. “Les marcaba bien a los sabios espirituales porque había buenos nacimientos de agua”, explica Evelio.
Sin embargo, algunos sobrevivientes retornaron a Tierradentro y por algunos años el resguardo quiso ser una ampliación de la zona de origen estando en otro departamento. Los primeros tres años, se nombraba a un gobernador para las comunidades que quedaron en Tierradentro y aquellas que se acababan de asentar en el Huila, pero con el paso del tiempo se complicó esta aspiración por un asunto de jurisdicción.
“En ese lapso de tiempo, como nosotros decíamos que éramos ampliación de la zona de origen en el Cauca, nosotros al querer hacer alguna manifestación pública en el departamento de Huila, la gente nos decía ‘¿ustedes qué hacen aquí?, si ustedes son del Cauca’. Por eso nos dimos cuenta que nos convenía más independizarnos y formar otro resguardo”, cuenta el exgobernador Víctor Capaz.
A partir de aquel momento, “fue un trabajo de autoconstrucción”, rememora Cuete quien lideró la comunidad como gobernador para el año 1996. Las comunidades Nasa fortalecieron el proceso organizativo, con la ayuda de muchos sabios ancestrales que venían de Tierradentro y algunas oenegés. “Fue un cambio de unidad para la misma comunidad. Así empezamos la reconstrucción”, añade el rector.
Actualmente, la población es de 1.601 personas, esta expansión no fue prevista por el gobierno nacional en el momento de la reconstrucción. Como consecuencia, se construyeron viviendas con una vida útil transitoria, y ahora muchas de las comunidades viven en casas precarias. Además, la infraestructura de acueducto y alcantarillado está envejecida y en mal estado.
La amenaza de la guerra
La zona de Huila en la que se reubicó la comunidad indígena colinda con el municipio de Páez, Cauca, y está ubicado a unas horas de Planadas, Tolima, lo que convierte el territorio en un corredor de movilidad importante para los grupos armados. Tras la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las comunidades esperaban que hubiera paz en su territorio. Después de unos años de calma, el conflicto ha vuelto.
Hoy en día, el departamento de Cauca es uno de los más afectados por las confrontaciones entre grupos armados, dejando centenares de víctimas del pueblo Nasa. En lo que va del 2024, VerdadAbierta.com verificó en ese departamento 13 asesinatos de líderes sociales, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas. (Leer más en Cauca arde en medio de incertidumbre de la Paz Total)
Todo esto impacta también a Huila, donde el grupo predominante es el Estado Mayor Central (Emc). En límites con Cauca, donde se asientan los sobrevivientes de la avalancha del 1994, el grupo armado opera a través de la subestructura Frente Ismael Ruiz, según informes de la Defensoría del Pueblo. Así mismo, en los últimos años se han registrado varias amenazas contra las comunidades indígenas de Íquira a través de panfletos de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc.
“La comunidad enfrenta señalamientos, amenazas, desplazamientos y jóvenes reclutados”, cuenta José Gugu Muelas, gobernador del resguardo Nasa Páez-Huila. Además, la población vive con zozobra porque constantemente queda en medio de los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.
Con el objetivo de defender el territorio, a través de la figura de la Guardia Indígena, la comunidad cuida el territorio de los actores y acciones que perturban la armonía. “Los cuidadores del territorio están preparados para enfrentar cualquier eventualidad, pero no manejan armas o elementos que puedan hacerle daño a otras personas”, explica el actual gobernador del resguardo.
Sin embargo, los grupos armados no lo ven así. “La guerrilla cree que la Guardia Indígena también está armada, que los cuidanderos son una amenaza”, cuenta la autoridad. La presencia de actores armados está prohibida en territorios indígenas, por eso, cuando entran al resguardo, la Guardía ha tenido que hablar con ellos y sacarlos, esto ha puesto en riesgo a los cuidanderos. “A la guerrilla no le conviene ese ejercicio de control territorial”.
“Cuando la Guardia hacía control territorial del microtráfico que llega del Cauca, vivían bajo mucho riesgo. Un cuidandero del territorio fue asesinado en 2019 por eso”, recuerda una autoridad de la comunidad que pidió que, por seguridad, no se revelara su identidad. Evoca también un incidente de febrero de 2022, cuando el resguardo fue víctima de un ataque con artefactos explosivos. “Dejó daños en las viviendas y un comunero herido”, finaliza. Este hecho lo denunció la Organización Indígenas Nacional del Cauca (Onic).
Estos grupos se disputan el territorio y violentan a la comunidad indígena, tanto por el control de la minería ilegal como por la siembra de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana. Del lado de Cauca, en los municipios de Corinto, Toribío, Caloto y Jambaló, por años fue usual encontrar cultivos de coca y marihuana. Luego se expandieron hacia el municipio de Páez y empezaron a mover los cultivos ilegales a través del resguardo Nasa Páez-Huila. En el proceso se vieron vinculados muchos jóvenes de esta comunidad indígena, que posteriormente terminaron presos con la incautación de cargamentos por parte de la Fuerza Pública.
Desde 2018, estas actividades están prohibidas por mandatos comunitarios que estableció el cabildo del resguardo Nasa Páez-Huila. “Nos paramos muy firmes aquí en nuestro territorio de no permitir nada de cultivos ilícitos; ni transporte ni mucho menos consumo”, cuenta Víctor Capaz, exgobernador del resguardo, quien estableció los mandatos durante su periodo. Ese año, la Guardia Indígena decomisó un cargamento de marihuana y desde entonces se puso en la mira de los armados a la comunidad de Nasa Paez-Huila.
Reclutamiento
El otro gran flagelo que afronta la comunidad es ver a sus niños y jóvenes irse para la guerra y volver muertos o no volver a saber qué pasó con ellos. “Miramos que varios jóvenes de hoy piensan que es fácil vincularse a esos grupos”, cuenta el rector de la institución, David Cuete, preocupado por la desarmonía que esta situación le ha traído a su pueblo.
A lo largo del año 2024, las autoridades indígenas han rescatado a 11 menores que fueron reclutados por los grupos armados, pero estos no son todos los casos. Debido a la clandestinidad de los enlistamientos, no es posible llevar registro de todos los casos, reconocen las autoridades del resguardo. (Leer más en Silenciosamente aumenta el reclutamiento de menores en Huila)
“A los jóvenes los atraen con engaños. Les ofrecen recursos económicos y les muestran un arma, pero cuando llegan a las filas se dan cuenta de que la situación es otra,” explica el gobernador Gugu Muelas. Después, si logran salir de las filas, se vuelven objetivo militar.
Para prevenir estas situaciones, las autoridades indígenas han entablado diálogos con los dirigentes de los grupos armados para llegar a acuerdos que garanticen el derecho de las niñas y los niños a no ser reclutados ni perseguidos.
Además, las autoridades indígenas de esa comunidad están especialmente preocupadas por el elevado riesgo de deserción escolar, como señala Cuete, rector de la institución educativa: “La tasa de deserción escolar es del 8 por ciento, y cerca del 1 por ciento de esta se debe a situaciones relacionadas con el conflicto armado”.
Desde el resguardo se han implementado estrategias para enseñar a los menores que el camino de la guerra no es ideal. Muela cuenta que, mediante capacitaciones académicas, acompañamiento psicológico y encuentros deportivos y culturales, intentan convencer a los jóvenes de que escojan el camino de la educación para que algún día sean ellos quienes protejan el territorio.
“Para que no se recrudezcan los riesgos hacia los jóvenes, solicitamos más apoyo de parte del gobierno y las entidades que trabajan por la protección de la población”, dice Gugu y agrega: “no queremos sólo hacer promesas que no se puedan cumplir, sino poder brindarles a las comunidades lo que necesitan”.
