Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y la Corte Penal Internacional en La Haya, organizaciones sociales acudieron para mostrar el drama que padecen aquellos que trabajan por sus comunidades y la impunidad que rodea los crímenes que se cometen contra ellos.
No fue una semana fácil para el Estado colombiano en el escenario internacional. Su comparecencia ayer en Ginebra, Suiza, para enfrentarse al Examen Periódico Universal, una revisión de la gestión en derechos humanos a la que debe comparecer cada cinco años, permitió que decenas de países expresaran su preocupación por la situación de riesgo que viven los líderes, lideresas y autoridades étnicas en el país por cuenta de sus labores de defensa de las comunidades, así como por los altos niveles de impunidad que rodea la aplicación de justicia ante los crímenes cometidos en su contra.
Adicionalmente, las organizaciones no gubernamentales European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), presentaron una comunicación a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que describe lo que ambas instituciones llaman “la represión contra los defensores de los derechos humanos de Colombia” y solicitaron investigar a varias personas, entre ellas al senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.
Y es que el panorama de vulnerabilidad de líderes, lideresas y autoridades étnicas tiende a agravarse en el país. No pasa una semana sin que se reporte un homicidio, una amenaza, un desplazamiento, en su contra, sin que las autoridades reaccionen de manera eficaz para contrarrestar esta tragedia, que se ha profundizado desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de Bogotá.
Bajas notas en EPU
Las cifras evidencian un preocupante incremento de los asesinatos en los últimos cinco años. De acuerdo con Somos Defensores, organización que hace un detallado seguimiento del tema, en 2013 registra 78 homicidios; en 2014, 55; en 2015, 63; en 2016, 80; y en 2017, 106 casos. En total, se perpetraron 382 asesinatos en diversas regiones del país. (Leer más en: Por ser la ‘piedra en el zapato’ de alguien, 106 líderes sociales fueron asesinados en 2017)
“Los homicidios se concentran en departamentos donde hay grupos paramilitares, presencia masiva de las Fuerzas Armadas, procesos de organización social, cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico, actividades extractivas legales e ilegales”, detalló el informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos colombianas para el Examen Periódico Universal (EPU), que incluye información de 2013 a 2017.
El documento consigna que entre las causas lideradas por líderes, lideresas y autoridades étnicas “se destacan campañas a favor del proceso de paz, defensa del territorio ante la implementación de proyectos extractivos, denuncia y oposición política, promoción de zonas de reserva campesina, procesos de restitución de tierras, y defensa de derechos de poblaciones LGBT, mujeres, afrocolombianos e indígenas”.
Una de las críticas más fuertes de las organizaciones no gubernamentales se hizo contra la Fiscalía General de la Nación, que, según ellas, “carece de una estrategia de investigación que reconozca la existencia de paramilitares, la sistematicidad en los ataques, la condición de defensor(a) como móvil de las agresiones, la periodicidad y antecedentes de los ataques y la permanencia de actividades ilegales de inteligencia en su contra”.
Tras valorar una detallada información relacionada con diez puntos sustanciales sobre derechos humanos en el país, entre los que se destacan el proceso de paz, el paramilitarismo, derechos civiles y políticos, e impunidad, y reconocer que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos importantes para superar los obstáculos, este conjunto de organizaciones no gubernamentales concluyó que “Colombia no ha cumplido cabalmente las recomendaciones de 2008 y 2013”, años en los cuales compareció al Examen Periódico Universal.
Asimismo, aseveraron que “continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al DIH que permanecen en la impunidad” y establecieron que “el Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH (Consejo de Derechos Humanos) ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo”, lo que a su juicio “dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de contribuir a la construcción de la paz en Colombia”.
Los pueblos indígenas también llevaron su propio informe a Ginebra a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Comunidad de Juristas Akubadaura. En su resumen, aludieron que en las sesiones del EPU en 2008 y 2013, Colombia recibió 17 recomendaciones, referidas a “la protección física de líderes y comunidades, mejoramiento de su calidad de vida, participación y consulta en la definición de políticas que les afectan, protección de derecho de propiedad de la tierra, otros derechos territoriales y prevención del despojo, medidas para reducir la pobreza y enfrentar la exclusión social de los pueblos indígenas”.
En estas tareas, el Estado colombiano también salió mal librado. A juicio de la ONIC y de Akubadaura, “los avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones son mínimos, e incluso se han incrementado riesgos para la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Las comunidades indígenas, asentadas en diversas regiones del país, son el blanco de grupos armados ilegales de diferentes características que pretenden ejercer en sus territorios ancestrales un férreo control social y explotar sus riquezas naturales, sin mayor control estatal. Además, el Estado, a través de algunas agencias, según lo han denunciado de manera reiterada las autoridades nativas, pretende imponer sus reglas en temas como desarrollo minero-energético, desconociendo la estructura de gobierno propio.
Las cifras expuestas por la ONIC y Akubadaura muestran otro ángulo del drama nacional: “En el transcurso del 2014 a 2016 en marco del Proceso de Negociación de paz entre el Gobierno Nacional y FARC –EP fueron asesinados 58 indígenas, y ocurrieron 11.644 violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH contra los Pueblos indígenas. Entre tanto, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta 31 de octubre de 2017, tuvo lugar el desplazamiento forzado masivo de 3.800 indígenas, el confinamiento de 827, las amenazas a 122 indígenas y el homicidio de 38 entre líderes, lideresas y comuneros”. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
Este oscuro panorama expuesto en Ginebra generó la reacción de 95 representantes de los 193 países miembros de Naciones Unidas, quienes coincidieron en llamar la atención del Estado colombiano para que sea más eficiente en la atención de los riesgos y vulnerabilidades que corren los líderes, lideresas y autoridades étnicas en el país, una situación que no deja de ser paradójica, pues en el concierto internacional se le reconocen los logros alcanzados tras el acuerdo de paz logrado con las Farc.
A la Corte Penal Internacional
A las bajas notas en el Examen Periódico Universal del Estado colombiano se sumó una comunicación remitida a la Oficina del Fiscal de la CPI en La Haya, Holanda, que describe la grave situación de represión que sufren los defensores de derechos humanos en el país. El documento, que se asemeja a una denuncia penal, fue preparado durante año y medio por las organizaciones no gubernamentales European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
De acuerdo con estas dos instituciones, los exámenes preliminares que la Oficina de la Fiscalía de la CPI ha estado llevando a cabo en Colombia han salvado muchas vidas. “La Fiscalía tiene la posibilidad de salvar más vidas y fortalecer el proceso de paz si examina los ataques sistemáticos contra defensores de los derechos humanos por parte de paramilitares y actores estatales”, se lee en la comunicación y, por tal razón, “solicitamos al fiscal Fatou Bensouda que abra una investigación sobre los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los defensores de los derechos humanos en Colombia”.
El abogado Luis Guillermo Pérez, miembro del CCAJAR, le explicó a VerdadAbierta.com que la decisión de acudir a la CPI se basa en cuatro razones fundamentales: “porque el asesinato, la persecución y las amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales no son prevenidos en Colombia; tampoco son penados y los determinadores de dichos crímenes no son sancionados; no se reconoce que son crímenes de lesa humanidad ni su sistematicidad; ni se busca quiénes son los determinadores y beneficiarios de dichos asesinatos”.
Pérez aseguró, además, que en “Colombia no hay voluntad política para investigar y juzgar a los responsables de esos crímenes”, y puso como ejemplo lo ocurrido durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010), en los que, dijo, “la persecución fue sistemática y evidente contra los defensores de derechos humanos; hizo parte de su estigmatización y animadversión permanente hacia los defensores de derechos humanos que se extendió a la persecución del DAS de la que fuimos víctimas muchas personas y organizaciones de la comunidad de derechos humanos”.
La falta de voluntad política, según el abogado del CCAJAR, se observa, por ejemplo, en la ineficacia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para juzgar a Uribe Vélez, quien tiene acumulados decenas de procesos sin que evidencien avances significativos en materia penal.
La solicitud presentada ante la fiscal Bensouda tiene, en concreto una petición, de acuerdo con lo planteado a este portal por Pérez: “que se abra una investigación contra el señor Álvaro Uribe Vélez en relación con los ataques contra los defensores mientras fue presidente de la República y los ataques que, posteriormente, ha hecho como Senador, que son parte de la misma lógica de persecución que ha mantenido a lo largo de los años, que tampoco ha sido investigados ni sancionados”.
Dado que la CPI no juzga a Estados sino a personas, el abogado Pérez aclaró que la petición hecha a la fiscal Bensouda incluye otros nombres, además de Uribe Vélez, pero que por ahora son objeto de reserva y no se puede hacer públicos. “En concreto podemos mencionar al señor Uribe Vélez porque ya lo hemos dicho públicamente y pedido en el pasado en otras comunicaciones que pasamos a la CPI, en relación con los crímenes de los falsos positivos”.
De la petición tampoco han quedado exentos los crímenes perpetrados bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018), pues a juicio del integrante del CCAJAR, “tampoco se investigan con rigor ni se identifican los contextos en los que se producen esos asesinatos”, y de paso cuestionó la versión que tiene el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre las razones por los que serían asesinados los líderes sociales en el país: “según él, los estaban matando por líos de faldas o límites de linderos. Ahí muestra los límites de esa falta de voluntad política”. (Leer más en: Ligerezas verbales del Ministro de Defensa exponen a líderes sociales)
No obstante, el nombre de Santos no es mencionado en la comunicación a la CPI, entre otras razones porque, de acuerdo con Pérez, el actual mandatario de “sí ha reconocido la legitimidad del trabajo de las organizaciones y personas dedicadas a la defensora de derechos humanos, y lo que constatamos es una omisión en distintos órganos del Estado, pero también una responsabilidad de ciertas autoridades militares y de policía que se han hecho cómplices de estos asesinatos”.
En ese sentido, resaltaron en su documento los crímenes perpetrados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, cuestionados ante la CPI porque sus ataques son “sistemáticos” y recurren, según el integrante del CCAJAR a “la utilización de armas letales en el control del orden público y, sistemáticamente, acude a utilizar ese tipo que han produciendo heridas muy graves y muertes de líderes, de estudiantes a sindicalistas”.
Una vez presentada la comunicación en La Haya, lo que sigue es una evaluación por parte de la Fiscalía de la CPI de la documentación presentada; solicitar respuestas al Estado colombiano frente a los hechos que se denuncian; evaluar si ha habido administración de justicia en Colombia frente a esas responsabilidades que se denuncian; establecer si se trata de crímenes de lesa humanidad; y, finalmente, valorar si abre una investigación penal o no.
Si bien el gobierno nacional ha salido a defender en el escenario europeo sus actuaciones a favor de la protección de los líderes, lideresas y autoridades étnicas, lo cierto es que la progresiva violencia contra estos voceros de sus comunidades es una realidad inocultable que revela serias deficiencias de diversas entidades del Estado en su manejo y eficacia. La administración Santos está en su ocaso y el próximo 7 de agosto una nueva administración tendrá que asumir la tarea de evitar un desangre mayor. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
