La reciente investigación del CNMH cuenta cómo las tierras apetecidas, una mezcla de casi todos los grupos armados, la agitación social reprendida con mano militar y un suelo rico en carbón se mezclan en el conflicto del departamento.
Tras realizar más de cien entrevistas, el CNMH publica una completa investigación sobre tierras y conflicto armado en el departamento de Cesar.
Cesar puede ser un departamento que le muestre a Colombia hasta dónde llegaron las implicaciones de los empresarios y de los políticos en el conflicto armado, además, por supuesto, de las responsabilidades de los grupos paramilitares y las guerrillas del Eln y las Farc.
Así lo muestra la reciente investigación ‘La maldita tierra’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), realizada por los periodistas César Molinares y Nathan Jaccard, exeditor y exreportero de VerdadAbierta.com, respectivamente.
Molinares explicó que la tierra está en el centro del conflicto en Cesar. La historia se remonta a los años sesenta y setenta, cuando las bonanzas de algodón y marihuana imperaban en el departamento. Una combinación de falta de pesticidas y de cambios climáticos agresivos llevó a que la producción cayera en picada debido al daño de miles de hectáreas.
“Decenas de miles de campesinos y campesinas se quedaron con las manos vacías, sin trabajo y sin tierra. Los pequeños propietarios fueron los primeros en rematar sus fincas, mientras que los terratenientes, acorralados por los bancos, prefirieron abandonar sus propiedades o entregarlas en dación en pago”, señaló la investigación.
A eso se sumó una lentitud estatal por titular las tierras y ante ese panorama, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de Sincelejo promovió las “recuperaciones” de tierras en Colombia. Por otra parte, en una especie de contrarreforma, muchos aprovecharon para comprar predios a menor precio. A todo, la respuesta del gobierno fue militarizar y enfrentarse con los ocupantes.
“El conflicto en Cesar debe explicarse desde la incapacidad del Estado por resolver problemas sociales, su insistencia en intervenir por la vía militar y desde las intenciones de las élites políticas por robarse el botín de la corrupción”, precisó Molinares.
El investigador agregó que en un principio pensaron centrarse sólo en la historia del paramilitarismo en el departamento, mezclado con algunas acciones de empresarios, pero que la incidencia de la guerrilla ha sido tal que le dedicaron un capítulo.
En ese sentido, la investigación muestra que la responsabilidad de las guerrillas, especialmente del Eln, fue tanto por su accionar militar con énfasis en el secuestro como por su interferencia política, especialmente en los ochenta para que se opusieran al ingreso de las mineras. Además, porque con la caída económica, aumentó la agitación social y la guerrilla se expandió.
Las facciones del Eln que estuvieron en Cesar fueron el Frente 6 de Diciembre y el José Manuel Martínez, que transitaban por las serranías del Perijá, la zona minera y en otros municipios de Valledupar y La Guajira.
“Parte de la estrategia de los elenos consistió en comprometer a la sociedad civil en su lucha armada, por eso se involucraron de lleno en las luchas por la tierra y la de los sindicalistas”, indicó la investigación.
Además, este grupo armado aprovechó el ambiente de agitación para obligar al gobierno a titular tierras y mejorar las condiciones laborales; a través de organizaciones sociales. Pero no todos estuvieron de acuerdo.
Algunos dirigentes de la ANUC se atrevieron a negarse a la infiltración del Eln en cabildos y organizaciones populares, pero la respuesta fue el asesinato.
La participación política de la guerrilla no sólo fue en organizaciones ya existentes sino también en el movimiento político que surgió para movilizar a los trabajadores y campesinos. En A Luchar “confluyeron sindicalistas, maestros, campesinos y dirigentes de izquierda, con fuertes vínculos con el Eln”.
Para entonces, ya estaban en Cesar las Farc con del Frente 19. Ellos llegaron en 1982 al municipio de Pueblo Bello, cerca a Valledupar, donde tres años después, la guerrilla lanzó la plataforma política de la Unión Patriótica en medio de las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur y en un intento por entrar a la democracia.
“La UP incursionó en el Cesar tras sellar una alianza política con un movimiento local, Causa Común, conformado por un grupo de jóvenes dirigentes que venían de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Nuevo Liberalismo, pero que se consideraban progresistas o de izquierdas”, detalla el informe.
La fuerza de las organizaciones sociales, especialmente de A Luchar, se hizo sentir con el Paro de del Noroccidente de 1987, que se tomó las calles de la capital de Cesar. Pero según los investigadores esta fue un arma de doble filo: “para la ANUC el paro selló la ruptura del movimiento campesino en todo Cesar, porque las Fuerzas Militares y la dirigencia política dieron por hecho que estaba vinculada con la guerrilla”.
El informe detalló que Cesar pasó de ser un departamento pujante a ser “uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia”, en menos de 10 años.
Con el respaldo de las élites
‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte de las Auc extaditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Foto: archivo Semana.Los investigadores recopilaron que el paramilitarismollegó a esta región del país a mediados de los noventa y explicaron que los hombres clave para ello fueron el arrocero Rodrigo Tovar, que luego se convertiría en el jefe paramilitar alias ‘Jorge 40’; Jorge Gnecco, el “cerebro de la familia” inmiscuida en política que ya había puesto gobernador y senador; y Hugues Manuel Rodríguez, dueño de unas de las tierras más grandes de Cesar donde producía leche y quien jugó un rol clave como financiador.
“Mancuso, mano derecha de los Castaño contó en una versión de Justicia y Paz, que él y otros enviados de las Accu se reunieron entonces en el club Valledupar con decenas de comerciantes, políticos y ganaderos, decididos a acabar con la guerrilla”, relata el informe.
Una vez pisaron el departamento, la primera estrategia de los paramilitares para debilitar a la guerrilla fue secuestrar a sus familiares y de paso canjearlos por los empresarios de las mineras que tenían en su poder, que no eran pocos.
De esta manera se recrudeció el conflicto y las cifras del secuestro se dispararon. Entre 1990 y 1997, secuestraron a 507 personas. El Eln fue el responsable en casi la mitad de todos los casos en ese lapso.
“¿Por qué llegaron los paramilitares? Sin justificar, pero fue porque la guerrilla, sobre todo el Eln, arrecia los secuestros extorsivos. La guerrilla es brutal contra los empresarios ganaderos, hasta el punto de que los remata después de la quiebra de la que venían”, explicó Molinares.
Además, varios entrevistados les aseguraron los investigadores que las autodefensas “llegaron a la zona minera para proteger intereses económicos de comerciantes, ganaderos y de las compañías carboneras”, según el documento.
Esta “protección” fue más allá y desembocó en el asesinato de líderes sindicales. La primera víctima fue Elías Gutiérrez, empleado de la multinacional Prodeco, por intermediar en el secuestro de los empleados Mark Bossard y Óscar Barros cometido por el Eln en 1996. Al menos esa fue la justificación que rindió José Gélvez, alias ‘El Canoso’, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Santa Marta con el Bloque Resistencia Tayrona y quien se infiltró en la empresa Prodeco.
Esta minera fue comprada por la suiza Glencore en 1995. Para entonces, ya la multinacional Drummond llevaba casi una década en el predio de 10.000 hectáreas del municipio de El Paso, explotando carbón a cielo abierto.
Pero sólo hasta el 2000 se dio el boom minero con la reforma del entonces presidente Andrés Pastrana. Un estudio del International Institute of Social Studies, citado por el CNMH, sostuvo que el Estado pasó de “ser empresario a supervisor ausente. Se reforzó la propiedad exclusiva de los recursos del subsuelo y el derecho a expropiar”.
Esto desencadenó en que entre 1997 y 2003, Cesar pasó de tener 11.000 millones de pesos en regalías a 38.000 millones. Todo mientras se recrudecía la guerra por la tierra.
“A la par del boom de la gran minería, se produjo una presión ascendente sobre la tierra y una especulación con los títulos mineros, lo que alimentó el desplazamiento, el despojo y, claro, la guerra”, señaló el estudio.
Esto desencadenó una falsedad de títulos y hasta presiones de paramilitares para obligar a campesinos a vender sus tierras. Estos predios los compraron terceros y luego se los ofrecieron por un valor cinco veces mayor a las mineras.
“Los terceros tienen que hablar un poco sobre cuál ha sido su papel en conflicto y cómo ha sido su relación con el Estado para pedir soluciones a la violencia y la respuesta gubernamental siempre ha sido militar. La responsabilidad también ha sido del Estado porque de eso es que está compuesto las élites políticas locales”, concluyó Molinares.
