Hace dos décadas, 21 familias fueron desplazadas por paramilitares de una hacienda que el Incora prometió titulárselas. El Instituto no terminó el trámite y desde hace seis años reclaman ante la Unidad de Restitución de Tierras, sin que haya respuesta alguna.
Los campesinos llevan varios días comunicándose por teléfono para la reunión. “Recordar no es fácil”, repiten en la sala de una casa mientras se turnan el relato. Todos eran una comunidad hace 20 años y por efectos del desplazamiento forzado están dispersos en diferentes municipios de Cesar. Su lucha común es El Topacio, una hacienda en el municipio de Becerril, a hora y media de Valledupar, que tiene por nombre el de una piedra preciosa, lo mismo que significa para ellos la tierra prometida.
Su temor es tal, que al igual que las víctimas de la parcelación El Caimán, en San Diego, piden la reserva de sus nombres. No quieren que los amenacen ni los maten, como suelen ver y escuchar en las noticias. “Mi mamá sufre mucho, me dice que no siga con esta lucha. Pero es que nosotros trabajamos esa tierra, es lo que les quedará a nuestros hijos”, dice una de las mujeres mientras organiza algunos documentos de la parcelación. (Leer más en: La larga espera de los reclamantes de El Caimán)
El Topacio es una finca de 545 hectáreas que, según documentó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tiene un pasado violento. Allí, el 11 de mayo de 1992, el Frente José Manuel Martínez Quiroz del Eln torturó y asesinó a tres escoltas del ganadero Alcides Lacouture Mendoza. Los campesinos cuentan que llegaron a estas tierras en 1995, cuando la finca estaba abandonada. “Teníamos gallinas, pavos, patos, chivos, cerdos, yuca, maíz y ganado”, cuenta otro de los campesinos.
La comunidad ya había organizado comités de trabajo y la Alcaldía les asignó a la profesora Denis Marta Centeno de la Cruz, para dictar clases en un colegio que construyeron con esfuerzo. Pero la tranquilidad fue un asunto de apenas un año. En diciembre de 1996 un grupo paramilitar asesinó a Yesid Camelo, inspector de policía de Casacará, corregimiento del vecino municipio de Agustín Codazzi.
Ese crimen hizo parte del comienzo de la violencia paramilitar en la región, pues las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) habían ingresado al departamento en abril de ese año, precisamente, por los corregimientos de Casacará y Llerasca. (Lea sentencia con contexto)
Los campesinos habían registrado el 26 de noviembre de 1996 la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Topacio en la Cámara de Comercio de Valledupar. Con lo que venía ocurriendo, ya sentían miedo que los incluyeran en la lista de muerte.
“Los paramilitares mataron a varios presidentes y miembros de la junta de otras veredas cercanas”, apunta otro de los labriegos. Su desplazamiento fue anunciado cuando los paramilitares desplazaron a los habitantes de las parcelaciones Taroa y Nebraska, sus vecinos, y el 2 de mayo de 1997 llegaron a El Topacio preguntando por Narciso Muegues, el presidente de la junta recién nombrado.
“Uno de los campesinos les responde que ahí no hay Junta. Entonces pasan por Taroa y de ahí a la vereda El Triunfo y matan a Silvio Macea, el presidente de allá. Eso hizo que ese año, en 1997, nos desplazarámos. El único que se quedó fue Luis Emilio Pérez, quien iba y venía a darle una vuelta a las parcelas. Un día los paramilitares le dijeron que si lo volvían a ver por ahí lo mataban”, relata una de las mujeres.
Con la preocupación de perder las cosechas, los labriegos se atrevieron a entrar a la parcelación, pero se encontraron con que les habían quemado los ranchos, les sellaron el pozo de agua que habían cavado, además de cortarles los frutales y las divisiones de los potreros. No había condiciones para volver.
Retorno fallido
Los paramilitares que hacían presencia en Becerril fueron la célula de lo que en 1999 fue conocido como el Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hernándo de Jesús Fontalvo, alias ‘El Pájaro’, fue capturado en junio de 1997 y reemplazado por Sixto José Fuentes, alias ‘El Negro Peter’, quien delinquió en este municipio hasta el año 2001. Le siguieron Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Amiguito’, hasta 2002; y, por último, Alcides Mattos Tabares, alias “El Samario”, hasta 2005, un año antes de la desmovilización.
Para los campesinos ingresar a la parcelación era inviable, pese a la ilusión que les generó la medición que hizo el Incora de las tierras (ver croquis). Los paramilitares instalaron ‘retenes’ en la zona, controlando el tránsito de los pobladores, y perpetraron varias masacres en el municipio. En el corregimiento de los Estados Unidos fueron documentadas dos: una el 16 de noviembre de 1998 en la que fueron asesinadas 11 personas y otra el 18 de enero de 2000, cuando asesinaron a otras siete más.
Según explican los labriegos de la zona, El Topacio colinda por el norte con la finca Nueva Dicha, de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’, condenado por patrocinar el paramilitarismo en el departamento, prófugo de la justicia e involucrado en otros casos de despojo a parceleros en El Toco, en San Diego; Platanal, en Agustín Codazzi; El Prado, en la Jagua de Ibirico, y Santa Fe, en el mismo Becerril. (Lea: Hugues Rodríguez, ¿el eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?)
Otro de los vecinos de El Topacio, por el oriente, es Álvaro Lacoutier, dueño de la finca San Rafael. Su nombre podría pasar desapercibido de no ser porque fue a él a quien denunciaron en la Inspección de Policía de Becerril. Los parceleros recuerdan que después de 11 años de desplazamiento, el 31 de agosto de 2008, ocho campesinos decidieron volver a las tierras para recomenzar sus vidas. “Al segundo día llegó Álvaro Lacouture y nos sacó en unos carros. El hombre decía: ‘Falta una, Astrid Oñate, la que es la jefe de la guerrilla’”, recuerda uno de los campesinos.
Por miedo, la comunidad sólo interpuso la denuncia un año después, el 3 de noviembre de 2009. En el documento registrado ante las autoridades quedó la narración de los campesinos, quienes contaron que en medio de un aguacero Lacoutore los sacó de El Topacio, con apoyo de la Policía, por la vía a La Loma y los dejó en Becerril.
“El señor Álvaro intrató [sic] a la señora Astrid Oñate tilándola de guerrillera, le mostró los genitales. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras, ya que perdimos todos nuestros enseres y deseamos trabajar honestamente. Las casas fueron quemadas, los cultivos se perdieron y varios semovientes”, relataron los afectados. (Ver denuncia)
Los parceleros creen que su denuncia nunca prosperó por el poder económico y político de la familia Lacouture en Cesar. Sólo hasta 2012 cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), los campesinos se reencontraron y presentaron sus solicitudes ante la URT de Valledupar. “Incluso le mandamos una carta al presidente Juan Manuel Santos. Al poco tiempo, la Unidad nos citó a una reunión en Becerril donde contamos todo lo sucedido”, apunta una mujer.
Dos años después de la esa reunión la URT emitió la Resolución 0695 de mayo de 2014 mediante la cual decidió acumular las 21 solicitudes de El Topacio para estudiarlas. “En diciembre de ese año nos tomaron los datos, los números de las parcelas y mandaron de Bogotá a un funcionario del Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), que fue preso porque un hijo del Lacouture le echó la Policía. Cuando ya averiguaron que era de restitución, entonces lo soltaron y midieron durante tres días”, detallan los campesinos.
La comunidad tuvo que esperar dos años más para que la URT les diera una respuesta. En mayo de 2016, la institución les entregó copia de la Resolución 3687 del 28 de octubre de 2016, que decidió incluir a las 21 familias reclamantes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
Los campesinos cuestionan por qué la decisión del registro tardó cuatro años en la etapa administrativa. “Esta vez en las oficinas de Valledupar nos dijeron que entre tres y seis meses teníamos una respuesta. Pasó 2017 y ya vamos en 2018. Cuando vamos a la Unidad a preguntar, los abogados dicen que están ocupados. Sólo sabemos que el proceso ya entró a juicio, que llegó hasta el Tribunal de Cartagena, pero que de allá lo devolvieron al juzgado por unos emplazamientos”, dice una parcelera.
Los labriegos han intentado ver el estado de sus fincas, pero no hay forma de entrar. Según explican, la hacienda está cerrada con candado y desde el año 2004 está siendo explotada en ganadería por María Clara Fernández, familiar de los Lacouture, quien se presentó como opositora al proceso de restitución.
“No tenemos idea de cuándo habrá sentencia. Todos tenemos esa ilusión. Soñamos con conformar una asociación y hacer un proyecto productivo de ganadería. Somos capaces de comenzar con 20 novillas preñadas y un toro”, asegura otro de lo reclamantes.
Mientras el caso de El Topacio surte la etapa judicial, los campesinos continúan en condición de desplazamiento a la espera de que la sentencia les dé la razón y les devuelva esa “piedra preciosa” que les arrebató el conflicto armado.
