Director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Apartadó Territorial Urabá, será investigado penal y disciplinariamente por orden de un juez de tierras de Quibdó, quien lo acusa de no querer presentar demanda de restitución del consejo comunitario La Larga Tumaradó. La entidad se defiende argumentado que la complejidad del caso, sumado al orden público, dificulta su avance.
El consejo comunitario La Larga Tumaradó es uno de los casos priorizados por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar procesos de restitución colectiva a comunidades negras. Foto: archivo Semana.
El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional Chocó y a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que investiguen a Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Urabá, por las presuntas demoras injustificadas de esta entidad en el trámite de solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó, uno de los casos de más complejos que estudia actualmente esta entidad.
La decisión quedó consignada en Auto Interlocutorio 053, fechado el pasado 16 de junio, en donde se señala que la Territorial Apartadó incumplió sin justificación las ordenes proferidas por este mismo despacho en Auto 153 del 15 de diciembre de 2016 en el que, básicamente, le pedía presentar antes del 1 de junio del presente año la demanda de restitución colectiva del consejo comunitario La Larga Tumaradó, un territorio conformado por 48 comunidades negras que cuenta con una extensión de 107 mil hectáreas, que inician en el municipio chocoano de Riosucio y se interna en los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente de Turbo, Urabá antioqueño.
Según las consideraciones del Juez Primero, la Unidad no presentó el caso ante los juzgados de tierras en el tiempo estipulado esgrimiendo para ello justificaciones que pecaron de “burdas e incoherentes”, lo que no solo constituiría un intento de defraudar laactividad judicial, sino que además, bajo su parecer, contribuye a prolongar y recrudecer “las acciones violentas contra la comunidad”.
“La negación a la presentación de la demanda y al cumplimiento de otra serie de órdenes ha generado confianza en los actores ilegales, quienes cada vez más parecieran entender la violencia como una forma de manipulación para que los procesos de restitución no se inicien con la celeridad propia de la legislación transicional”, según se lee en el Auto 053.
Este es el más reciente episodio de una historia que ajusta poco más de dos décadas y en el que confluyen complejos y múltiples conflictos que van desde disputas territoriales entre chocoanos y antioqueños, pasando por decisiones contradictorias emitidas por diferentes entidades estatales, un fuerte conflicto social entre campesinos, capataces y terratenientes hasta una delicada situación de orden público protagonizado por grupos armados herederos del paramilitarismo.
Para comprender lo que allí sucede y las implicaciones que acarrea esta decisión es necesario remontarse en el tiempo hasta la última década del siglo XX.
Un repaso a la historia
Al momento de crearse el consejo comunitario La Larga Tumaradó, mediante Resolución 2805 de 2000, expedida por el desaparecido Incora, ya existían por lo menos 250 adjudicación de baldíos otorgados por el mismo Incora. Foto: archivo Semana.
Finalizando la década de los 90, los ejércitos paramilitares al servicio de Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’; y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, irrumpieron con furia en el territorio de la Larga Tumaradó con la intención de cortar corredores de movilidad de la guerrilla de las Farc en el Bajo Atrato chocoano. Los intensos combates y las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte los actores armados terminaron generando un éxodo masivo de comunidades negras y familias campesinas.
Dicha situación fue aprovechada por un conjunto de empresarios que adquirieron grandes extensiones de tierra en La Larga Tumaradó, presuntamente recurriendo a prácticas fraudulentas. Hoy, la ganadería extensiva, principalmente de búfalos, así como cientos de hectáreas dedicadas a la palma africana hacen parte del paisaje del consejo comunitario. Nombres como Elí Gómez, Jaime Uribe, Fabio Moreno, Adriano Palacios, alias ‘El Negro Pino’, capturado en marzo de 2014 acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, y Francisco Castaño Hurtado, el opositor más visible a la medida cautelar, figuran como los principales poseedores de tierra allí y lo más férreos contradictores del proceso de restitución.
Buena parte de la población desplazada se asentó en los municipios del Urabá antioqueño y cordobés, así como en ciudades de la costa Atlántica. Muchos de ellos, alegando lentitud de la justicia para devolverles las tierras despojadas, decidieron regresar a los predios que consideran como propios bajo su cuenta y riesgo. Así, finalizando el 2013, inició lo que los reclamantes denominaron “retornos sin acompañamiento estatal”, pero que los actuales poseedores de tierras de la región llamaron “invasiones ilegales de tierras”.
Comenzaron entonces las diligencias de desalojo ordenadas por los inspectores de Policía de Mutatá y Turbo, Urabá antioqueño; y Riosucio, Chocó. Muchos de estos procedimientos terminaron convertidos en verdaderas batallas campales entre los reclamantes y los agentes del Esmad. Mientras esto ocurría, la Unidad de Restitución de Tierras, mediante Resolución RZE-0052 del 10 de septiembre de 2014, iniciaba los trámites para inscribir el consejo comunitario La Larga Tumaradó en el registro de tierras despojadas y abandonadas.
Pero sería precisamente el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó quien sentaría el primer precedente jurídico en este caso, al proferir el Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre de 2014, donde impuso medidas cautelares tendientes a proteger a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, una de las 48 que integra el territorio colectivo de La Larga Tumaradó.
Según sus consideraciones, no se trataba de campesinos invasores sino de comunidades negras víctimas de la violencia y, por tanto, las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia) debían abstenerse de ordenar y realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en su contra, hasta tanto el proceso étnico en la jurisdicción de tierras se resolviera. Pero, desde entonces, este complejo tema sigue sin resolverse.
Orden público: “florero de Llorente”
Además del lío de segundo ocupantes que presenta el consejo comunitario La Larga Tumaradó se suma que parte de su territorio, en este caso los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, hacen parte de la disputa limítrofe que tiene enfrentados a chocoanos y antioqueños. Foto: archivo Semana.
Por cuenta de las difíciles condiciones de orden público existentes en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, elJuez Primero decidió, el 15 de diciembre de 2016, prorrogar nuevamente las medidas cautelares mediante las cuales se protegió a las comunidades negras y campesinas del consejo comunitario La Larga Tumaradó. En la misma resolución le ordenó a la URT, Territorial Antioquia, presentar, de una vez y por todas, demanda de restitución colectiva ante los jueces de tierras antes del 1 de junio de este año, hecho que anhelan sus pobladores ancestrales casi desde el mismo momento en que la guerra los expulsó de su territorio.
Sin embargo, a pocos días de cumplirse este plazo, Elkin Rocha, director de la URT, Territorial Apartadó, envió una solicitud al Juez Primero para que prorrogara nuevamente las medidas cautelares y permitiera ampliar el plazo de presentación de la demanda dado que, promediando mayo, se conoció un panfleto en el que se amenazaba de muerte a reclamantes de tierras y organizaciones defensoras de derechos humanos de Riosucio, Chocó. Además, el clima estaba enrarecido por las acciones criminales contra la Fuerza Pública adelantadas por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), lo que afectó el acompañamiento a la URT en terreno.
Estas difíciles condiciones de orden público impidieron a funcionarios de esta entidad adelantar los procedimientos necesarios para un caso de restitución colectiva de comunidades negras, como lo demanda el Decreto Ley 4635 de 2011.
Dichos procedimientos hacen alusión a la realización de la asamblea de cierre de la caracterización con integrantes de cada una de las comunidades que conforman el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó –Cocolatu-, junta de gobierno autónomo responsable del manejo del territorio colectivo, para socializar con ellos los resultados de un informe de “caracterización de afectaciones étnico-territoriales” y avalar las pretensiones de la demanda, que, en términos generales, constituye la fotografía del territorio colectivo en términos de despojo desde 1991 hasta 2017.
Al respecto, un documento elaborado en 2015 por el Cinep para la URT consignó, entre otros hallazgos, la existencia al interior del consejo comunitario de por lo menos 413 predios individuales, que suman 34 mil hectáreas, registrados y presuntamente traslapados con el territorio colectivo. A esto se suma la existencia de adjudicaciones individuales en un periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 20 de septiembre de 2000, fecha en que el desaparecido Incora inició el trámite de titulación colectiva del territorio a las comunidades negras.
Este es una de las tantas complejidades que encierra este caso: allí, no solo los afros reclaman la restitución de su territorio; por lo menos unas 400 familias campesinas, principalmente aquellas ubicadas en los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente de Turbo (que hacen parte de Larga Tumaradó), también reclaman ante la URT predios que levantaron, ocuparon y aprovecharon mucho antes de que el Congreso de la República le diera luz verde a la Ley 70 de 1993.
Este tipo de situaciones deben socializarse con los integrantes del Consejo Comunitario, aspecto que ha tenido dificultades. En carta enviada al Juez Primero el pasado 14 de junio, el representante legal de Cocolatu informó que “el día 24 de mayo de 2017, recibí una llamada de Elkin Rocha, aplazando las dos reuniones convenidas el día 22 de mayo de 2017, aduciendo diferencias internas de dos dependencias de la Unidad de Restitución de Tierras (Dirección de Asuntos Étnicos y Dirección Territorial Urabá)”.
En la misma misiva, el representante legal de Cocolatu cuestionó los argumentos esgrimidos por el director de la URT, Territorial Apartadó, para solicitar la prórroga de las medidas cautelares y ampliación del plazo para presentar la demanda tras señalar que “no son nuevos los factores de riesgo que se presentan al interior del territorio colectivo para víctimas, testigos y funcionarios que intervienen en procedimientos de reparación (…) no entendemos porque la URT aduce razones de seguridad para el aplazamiento de lo que resta para el cierre de la etapa administrativa del caso La Larga Tumaradó pero realiza acciones en terreno en el territorio contiguo del consejo comunitario Pedeguita Mancilla”.
Así, tras evaluar cada uno de estos pormenores, el Juez Primero consideró que las justificaciones esgrimidas por la URT, Territorial Apartadó para solicitar la prórroga de las medidas cautelares eran “un intento burdo de continuar burlando las órdenes que le corresponde cumplir como medidas de protección al Consejo comunitario de la Larga Tumaradó, pues de las pruebas por ella aportada no se deriva la realidad que pretende mostrar, incluso en su propia exposición se corroboran incoherencias argumentativas”, tal como consignó en Auto 053.
Explicaciones
De acuerdo con Ricardo Sabogal, director de la URT, este es quizás uno de los casos más complejos que maneja este entidad. Dicha complejidad va desde la existencia de títulos individuales en territorio colectivo hasta delicados problemas deorden público. Foto: archivo Semana.Lo que más cuestionan los pobladores del consejo comunitario es que los jueces de tierras estén resolviendo solicitudes de restitución de predios individuales ubicados al interior del territorio colectivo. En efecto, según la URT, Territorial Urabá, en sus despachos reposan 407 solicitudes para restituir tierras presuntamente despojadas en los corregimientos Macondo (180); Blanquiceth (143); y Nuevo Oriente (84), los cuales hacen parte de La Larga Tumaradó.
Al ser consultado sobre el particular, Ricardo Sabogal, director nacional de la URT, aclaró que estas solicitudes vienen siendo tramitadas en tanto se trata de propiedades privadas que no están al interior del consejo comunitario. “Porque una cosa es la zona de La Larga (Tumaradó), donde hay un consejo comunitario y propiedades privadas y otra cosa, muy diferente, es la afectación del consejo comunitario. La gente tiende a confundir ambas cosas”, señaló Sabogal.
Sobre el particular, la Resolución 2805 de 2000 del Incora, mediante el cual se crea el consejo comunitario La Larga Tumaradó, señala que este lo integran 38 comunidades. Lo curioso es siete de ellas se encuentran en el corregimiento Macondo de Turbo: Guacamayas, Eugenia Arriba, Eugenia Abajo, Eugenia Medio, Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro y Bella Rosa y ha sido allí donde se han llevado a cabo las restituciones individuales.
En ese orden de ideas, el funcionario desmintió que existan diferencias conceptuales entre la Dirección de Asuntos Étnicos y la Territorial Urabá frente al caso del consejo comunitario La Larga Tumaradó, proceso que, según Sabogal, va por buen camino: “el caso es muy complejo. Hay un título colectivo de comunidades negras, pero adentro del consejo hay campesinos que, hemos podidos establecer, estaban antes de la creación del consejo. Estamos hablando de un incierto jurídico. La Unidad está analizando todas estas circunstancias para decidir si presentamos el caso ante los jueces”.
El director nacional de la URT también aclaró que la entidad avanza actualmente en la elaboración del documento de caracterización que al final, será el que determine si el caso aplica para presentar ante jueces. “Trabajamos en eso. Lo que hizo el Cinep no es más que un insumo. A ellos se les contrató para que apoyaran una caracterización pero de ahí a que ese sea el informe que le tengamos que entregar al juez hay mucho trecho. Esa información tenemos que analizarla, comprobarla, valorarla. Si vemos que algunas partes de ese informe nos sirven, pues las acogeremos”.
Sabogal no solo destacó el profesionalismo de Elkin Rocha como director de la URT, Territorial Urabá, sino que defendió su gestión tras manifestar que “el tema del orden público no es excusa. Se trata de una zona muy compleja. Cuando yo voy a la región pues voy con mis escoltas y eso es una cosa. Pero si la Policía nos dice que es riesgoso para las autoridades y para mis funcionarios, pues simplemente no voy a exponer la vida de ellos. Y ahí puede haber órdenes de quien sea: la Unidad no saldrá a territorios donde la vida esté en peligro”.
