Mientras la Unidad de Tierras presentó 1.147 demandas para intentar recuperar un millón 200 mil hectáreas robadas por paras y guerrilla, el Incoder intenta clarificar quién tiene otras 800 mil.
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| En Meta, Antioquia, Cesar, Casanare y Bolívar se concentran más de la mitad de tierras reclamas por víctimas, como 1 millón 200 mil hectáreas. Foto Daniel Reina, Revista Semana |
Dos años después de entrar en vigencia la Ley de Víctimas, por lo menos 31 mil familias han solicitado ante la Unidad de Restitución de Tierras -el organismo creado para atender los casos de despojo- la restitución de 2 millones 200 mil hectáreas que campesinos, indígenas y afros tuvieron que abandonar o vendieron forzadamente desde 1990 por el conflicto armado.
Según datos de la Unidad, a principios de enero de 2013 los departamentos con más reclamantes son Antioquia, Bolívar, Cesar y Tolima.
Aunque en extensión de tierra las regiones donde más se concentra el despojo son Meta, Antioquia, Cesar, Casanare y Bolívar, cada uno, con más de 100 mil hectáreas por restituir.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad, explicó que la entidad definió 59 micro-regiones donde está concentrado el mayor número de víctimas y hay garantías para comenzar los procesos. La Unidad se encarga de recopilar las pruebas de cada caso para presentar las demandas de solicitud de restitución ante jueces agrarios. A enero de 2013, la Unidad adelantaba los trámites de 4 mil 700 solicitudes por 196 mil hectáreas, de las cuales 1.147 están en proceso de decisión judicial.
Hasta el año pasado, los jueces agrarios habían proferido tres sentencias que le devolvieron tierras a familias en los municipios de María La Baja, en Bolívar; Ataco, en Tolima; Tibú, Norte de Santander; y dos medidas cautelares para evitar posibles desplazamientos o compras masivas de tierras en Nariño y Chocó donde hay víctimas de comunidades indígenas y afro.
Otros procesos
Al tiempo que la Unidad de Tierras se encarga de documentar los casos de despojo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- adelanta otros procesos agrarios asociados con víctimas. Entre ellos, la aclaración y verificación de las tierras baldías, es decir, tierras de la Nación que pueden ser entregadas a campesinos pero que durante el conflicto terminaron a manos de actores armados, empresas o particulares. También la revisión de titulaciones que eran sujetas de reforma agraria y que terminaron en manos de personas que cumplían con los requisitos.
En 2011, durante un debate de control político que hizo el Congreso a la gestión sobre estos procesos, el Ministerio de Agricultura se comprometió a dar prioridad a tres casos: Las Pavas, una hacienda de 1.338 hectáreas ubicada en el sur de Bolívar que era disputada por 123 familias campesinas y la empresa Aportes San Isidro S.A.; La Bellacruz, otra hacienda de 6 mil hectáreas ubicada en el sur del Cesar reclamada por 123 familias campesinas y explotada por la empresa La Dolce Vista; y El Garzal, un corregimiento en el sur de Bolívar donde 160 familias reclaman los títulos de las parcelas que cultivan desde hace treinta años con pancoger.
Durante 2012 el Incoder, que está a cargo de los casos, resolvió el caso de Las Pavas concluyendo que 10 de los 11 predios que integraban la antigua hacienda eran terrenos baldíos y podían ser tituladas a los legítimos reclamantes. Bellacruz y El Garzal quedaron pendientes.
Jhenifer Mojica, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, contó que el Instituto de Tierras espera tomar una decisión en marzo de 2013 sobre el caso de Bellacruz. El Incoder lo catalogó como “una recuperación de predios baldíos indebidamente ocupados” a partir de una resolución del antiguo Incora que en 1994 determinó que en la antigua hacienda habían 1.500 hectáreas de tierras de la Nación. Estos predios son reclamados por las familias que fueron desplazadas en 1998 por un grupo de paramilitares a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’. (Lea: Las tensiones por La Bellacruz)
Según Mojica, el Incoder visitó el predio para hacer la verificación pero la Dolce Vista -la empresa que explota la tierra- pidió un segundo concepto del Instituto Geográfico del Agustín Codazzi, Igac. El instituto de tierras informó que estudiará el informe Igac antes de tomar una decisión. “Lo que estamos determinando en La Bellacruz es dónde están los baldíos”, dijo Mojica.
Varios campesinos de Asocol, la organización que representa a las 123 familias reclamantes de los baldíos de La Bellacruz, comentaron que esperan la decisión de Incoder después de 16 años de estar solicitando la adjudicación de parcelas. La preocupación, dicen los campesinos a quien se les reserva la identidad por seguridad, es que durante los últimos años en el sur del Cesar ha habido un rearme y presencia de bandas criminales.
Según los habitantes, las amenazas en la zona comenzaron con alias ‘Antonio’ quien armó un grupo que luego fue combatido por el Ejército. Ahora lo es alias ‘Panelo’, desmovilizado de las Auc en Pelaya“quien armado junto con otros veinte hombres. Se la pasan extorsionando por La Gloria, Pelaya y Tamalameque”, dijo un campesino de la zona.
Asocol, por medio de la ong Coordinación Belga por Colombia, pidió al Parlamento Europeo acompañamiento en el proceso de reclamación de tierras en el sur del Cesar. “Fuimos un grupo de líderes a exponer la situación. Nos dijeron que estarían al tanto del proceso”, dijo un campesino.
Sobre el caso de El Garzal, en el sur de Bolívar, el Incoder respondió que trabajan en dos procesos al tiempo. Uno, de deslinde y clarificación de la propiedad “porque 60% del territorio es cenagoso y por ser una zona que reconforta al río Magdalena, éstas tierras no pueden adjudicase. Se está clarificando si hay o no propiedad privada pero esta es una reserva forestal”, dijo Mojica.
El segundo proceso está asociado con la solicitud de 130 familias campesinas que llevan 30 años cultivando pancoger en el sur de Bolívar e iban a ser adjudicadas por el Incoder en 2005 hasta que el instituto de tierras, por petición de un tercero, fueron revocados. “Las tierras baldías pueden ser adjudicadas. Llevamos muchos años cultivándolas”, dijo un líder de la zona. (Lea: De aquí no nos vamos)
Los campesinos de El Garzal contaron que en 2011 el Ministro de Agricultura se comprometió a darles una solución y que ese año las tierras fueron visitadas por funcionarios del Incoder.
“En esa misión se comprobó que particulares se estaban apoderando de los humedales y que los campesinos, que sí respetábamos las ciénagas y estábamos cultivando predios que no afectan al medio ambiente, no éramos invasores. Somos coloniales que estamos en la tierra por tradición”, comentó el líder de quien se reserva el nombre por razones de seguridad.
Según los campesinos, la comunidad está preocupada por la presencia de bandas criminales en la zona. “Es una situación complicada. Hay gente armada y hay temor por las represalias que pueda haber contra la comunidad. Estamos esperando la decisión del Incoder y que la situación se resuelva de la mejor manera”, dijo un campesino.
Para el Incoder la situación más alarmante está en el proceso que adelantó en Las Catas, una hacienda ubicada en Ayapel en la región del San Jorge, Córdoba, donde campesinos despojados con violencia en los años 90 fueron titulados después de años de solicitarle al gobierno la adjudicación. Según Mojica, después de un seguimiento a los procesos de restitución en la región encontraron que quienes en la actualidad explotan los predios no son los parceleros originarios. (Lea: Los nuevos propietarios de Las Catas)
“Hay tres personas que no cumplen con los requisitos de reforma agraria y que están explotando el predio”, dijo Mojica, quien explicó que tuvieron que detener los procesos de titulación y de proyectos productivos mientras se determina qué fue lo que sucedió y tomar medidas al respecto.
Lo que viene
Según el informe rendido por el Ministerio de Agricultura al Congreso en 2012, el Incoder debe solucionar otros casos prioritarios como las parcelaciones de Bejuco Prieto y Las Margaritas, en Chibolo, Magdalena; caso Edwin Posso en Turbo, Urabá antioqueño; parcela El Espejo en Pailitas, Cesar; predio El Carpintero en Cabuyaro, Meta; predio Las Virginias en Paratebueno, Cundinamarca; comunidad arroyo canoas en Cartagena, y parcela Bella Rosa, vereda Salitral y Consumo en Zambrano, en Bolívar.
“En todos se terminó el diagnóstico y están en proceso de resolución. En Chibolo se realizó el proceso de revocatoria a unas titulaciones irregulares para devolvérselas a los campesinosoriginarios que fueron desplazados. En los demás casos se están adelantando diferentes procesos agrarios, entre ellos de extinción de domino, para tomar una decisión final”, dijo Mojica.
El Incoder aseguró que después de poner al día 1.800 procesos con más de 800 mil hectáreas, en 2013 le pondrá la lupa a Meta, a la zona ribereña del río Magdalena, al Urabá antioqueño y cordobés y a Caquetá. “Tendremos que determinar si hay títulos, si hay baldíos, si son zonas que pueden ser adjudicadas y si hay propiedad privada mal explotada”, explicó Mojica.
Los casos prioritarios para este año serán el de los predios La Niña, en el Urabá; La Ciénaga, en Ayapel, Córdoba; la ciénaga de La Zapatoza, en Cesar; la laguna de Tota en Boyacá; otras parcelaciones en Chibolo, Magdalena; los predios Pinoquia y La Venturosa, en Vichada; El Porvenir, en Meta; y varios casos de tierras despojadas por la guerrilla en Caquetá.
“Por los procesos que se han venido adelantando vendrán seguramente acciones penales y disciplinarias contra funcionarios en Magdalena, Vichada, Caquetá, Antioquia y Meta”, dijo Mojica, explicando que allí se concentran casos de titulaciones irregulares.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, indicó que de los casos prioritarios como el de Chibolo, Magdalena, va avanzando con la presentación de 35 demandas ante los jueces especializados en restitución. “Actualmente se está haciendo una intervención correspondiente a 2’ millones900 mil hectáreas en la zona”, dijo Sabogal.
