Tras el asesinato del líder José Turizo de la vereda El Tigre, en Tiquisio, y de otros tres campesinos más en 2012, esta comunidad del Sur de Bolívar, clama por acción de las autoridades pues no resisten más la presión violenta de bacrim y guerrillas.
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| Tiquisio está ubicado en el sur de Bolívar. Este pueblo, en la región del Magdalena Medio, está en riesgo de constante de desplazamiento, asesinatos y reclutamiento, según lo han advertido dos informes del Ministerio Público. Foto archivo Semana | |
Nadie sabe por qué mataron a José Segundo Turizo Arrieto, de 31 años. Ni los vecinos de la vereda El Tigre -en el sur de Bolívar- donde vivía desde hace veinte años ni las autoridades locales. Un grupo de hombres armados llegó hasta su parcela a las cinco de la tarde del 11 de julio de 2013 y delante la comunidad le propinaron varios disparos. La noticia llegó hasta Barrancabermeja, Santander, y se conoció por los medios de comunicación nacional el 15 de julio.
“No entendemos por qué mataron a José si él no había recibido amenazas ni tenía problemas. Nadie quiere hablar porque tenemos miedo; no queremos salir desplazados de nuestras tierras”, dijo un habitante de quien se reserva la identidad por razones de seguridad.
VerdadAbierta.com confirmó que Turizo no estaba registrado como reclamante de tierras en la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley 1448 o de Víctimas que atiende las solicitudes de las personas que abandonaron o que les despojaron sus tierras por la violencia para presentar los casos ante un juez. No había pedido apoyo de la Unidad de Protección, la entidad creada por la misma Ley que brinda medidas de seguridad a los reclamantes de tierras.Tampoco había solicitado titulación de tierras ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Sin embargo, según información de varias organizaciones sociales e institucionales, Turizo era un líder comunitario que defendía los derechos de por lo menos 14 familias campesinasde la finca Villa Doris, en la vereda El Tigre, en Tiquisio. La finca, de 197 hectáreas, ha estado en disputa durante los últimos años: por un lado, las 14 familias aseguran que han vivido allí durante veinte años explotando la tierra de forma pacífica arrendando pastos para ganado y cultivando pancoger; y por otro, un señor alega ser el real propietario de la finca.
Según varios documentos y testimonios, la finca Villa Doris fue titulada en los años 60 por el antiguo Instituto para la Reforma Agraria, Incora. Durante los siguientes años la tierra fue vendida y comprada por diferentes personas. El último comprador, según los comentarios de los pobladores, realizaba actividades ilícitas en estas tierras y tras varias amenazas abandonó la Villa Doris en 1985 en compañía de su administrador. En 1989, catorce familias llegaron al predio, lo parcelaron y comenzaron a explotarlo.
Veintitrés años después, en 2007, el antiguo administrador apareció reclamando las tierras y en 2009 les presentó a los campesinos a un señor que aseguraba ser el nuevo dueño y quien les propuso asociarse para desarrollar un cultivo de caucho. Los campesinos se negaron y comenzó un pleito que fue denunciado ante la Alcaldía. El administrador los calificó de invasores y de haber sido puestos allí por la guerrilla; los campesinos lo denunciaron por injuria y calumnia, y solicitaron la protección de la Policía.
De las 20 familias que en la actualidad explotan el predio, ocho han sufrido desplazamientos entre 1998 y 2005, entre ellas la familia de José Segundo Turizo. Sin embargo, su caso sigue siendo un misterio porque los habitantes no relacionan el asesinato con la tensión que ha habido sobre la Villa Doris. Turizo tampoco había recibido amenazas pero piden a las autoridades que investiguen. “Pedimos atención porque en Tiquisio la situación está difícil. La inseguridad es muy alta”, dijo otro habitante de quien se reserva la identidad por razones de seguridad.
La ‘guerra invisible’
En Tiquisio hay una guerra que ha sido invisible a la opinión pública. El asesinato de José Segundo Turizo no ha sido el único en poco tiempo. Según reportes del Ministerio Público, en 2012 varios campesinos que habían sido víctimas del desplazamiento fueron asesinados en este municipio en circunstancias similares. El 11 de marzo, Simón Alirio García, un agricultor de 38 años y padre de ocho niños, fue asesinado en su casa y en presencia de su familia por varios hombres que portaban armas largas. El 12 de marzo y el 15 de abril fueron asesinados Éver Osorio y Diego Villarreal. Algunas de las familias abandonaron el pueblo por miedo.
Durante el mismo 2012 ocurrieron otros hechos que atemorizaron a la población. El 5 de enero circularon panfletos atribuidos a la banda criminal Los Urabeños en las que el grupo armado ilegal señalaba estar molesto por la muerte de su jefe, Juan de Dios Úsuga David alias ‘Giovanny’, un ex guerillero del Epl que terminó sumándose a las filas de las Auc de los hermanos Castaño en la región del Urabá, no se desmovilizó y formó esta banda criminal. Ese 5 de enero impidieron la movilidad de los pobladores y el funcionamiento del comercio. El18 de abril convocaron a una reunión cerca al colegio, amenazando con que se iban a quedar en el municipio.
Los hechos anteriores llevaron a que en agosto de 2012 la Defensoría advirtiera que en Tiquisio persiste un riesgo alto de ocurran asesinatos, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados, extorsiones, ocupación de bienes, violencia sexual, reclutamiento, restricciones a la movilidad y desplazamiento. Esa situación ya había sido premeditada un año antes por el mismo organismo.
Según varios reportes de la Defensoría, la violencia recrudeció en 2009 tras una alianza entre la banda criminal Los Urabeños, que también se hace llamar Auc Gaitanistas y Águilas Negras, y el Frente 37 de las Farc. Ambos grupos se aliaron para procesar y comercializar droga, y para sacar del negocio al Eln. En esta lucha por el territorio, las comunidades más afectadas han sido los municipios de Tiquisio, Arenal y Norosí.
La parte alta de estos pueblos, por su cercanía a la Serranía de San Lucas, ha sido disputada por estos grupos armados por la movilidad que ofrecen los corredores naturales hacia la Costa Atlántica, el Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y Oriente colombiano. Además de ser un punto estratégico para la movilidad, los grupos realizan extorsiones, retenes ilegales y secuestros aprovechando que estos pueblos han sobrevivido de la economía extractiva del oro, la explotación ganadera y la producción maderera.
Según el mismo informe, Los Urabeños hicieron sus primeras amenazas en Tiquisio en 2008 con un panfleto firmado por alias ‘Camilo’. Las autoridades han identificado por lo menos dos ‘escuelas de entrenamiento’ de este grupo armado ilegal en el municipio, una en la ruta Guaranda-municipio Achí, y otra en la vía del Tagual que conduce a Tiquisio.
“El interés de los grupos armados ilegales en la zona también tiene que ver con el control de posiciones estratégicas que son vitales para el transporte de estupefacientes y armas por corredores que comunican desde Arenal, Norosí, Puerto Tiquisio, Coco Tiquisio, Puerto Venecia, Montecristo, Guaranda (Sucre) y Nechí (Antioquia) hasta puertos localizados en la Costa Atlántica con conexión a otros países”, indica un documento de las autoridades, que señala que estas rutas facilitan el comercio de la cocaína hacia mercados en Panamá, México y Guatemala.
Además de los asesinatos y las amenazas, Tiquisio presenta un alto riesgo de reclutamiento según los informes de la entidad dell Ministerio Público. Los niños están dejando de ir a las escuelas porque los grupos armados les están ofreciendo $800 mil pesos para ir a ‘trabajar’ en los cultivos y laboratorios de coca. La comunidad en general está cercada porque por un lado el Eln, y por el otro, las Farc y Los Urabeños, los extorsionan y los amenazan con que ellos son los que mandan en la zona. Hay toques de queda, retenes en las vías, secuestros y extorsiones a pequeños mineros.
En el sur de Bolívar, el gobierno ha puesto lupa a otros dos casos relacionados con tierras en el sur de Bolívar, el de Las Pavas, en el municipio de San Martín de Loba; y El Garzal, en Simití. Por ahora el caso de Villa Doris ha estado fuera del radar de las autoridades.
Tiquisio ha sido durante la última década uno de los municipiosmás expulsores de Bolívar, después de El Carmen de Bolívar, San Pablo, María La Baja y Montecristo, con 11.820 personas desplazadas entre 1997 y agosto de 2010, según el antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd.
Ante la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas están reclamando 49 mil hectáreas de tierras que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas durante el conflicto. La Unidad de Protección ha brindado medidas de seguridad a 53 personas, entre líderes de restitución y reclamantes de tierras en el departamento de Bolívar.
