Los hermanos Castaño Gil despojaron al dueño de este predio a comienzos de los años ochenta y, una década después, bajo coordinación de Sor Teresa Gómez, a los campesinos que las recibierno en donación bajo una falsa “reforma agraria”.
Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, confesó en Justicia y Paz que Vicente Castaño le ordenó despojar a los parceleros de la hacienda Las Tangas, en Valencia, Córdoba. Aquel se quedó con 800 hectáreas y y las otras más de mil serían para Castaño. Foto Cortesía Unidad de Restitución.
Al juez que les restituyó las tierras a 22 familias despojadas por los hermanos Castaño en el municipio de Valencia, Córdoba, le llamó la atención una situación: durante el juicio, la mayoría de las víctimas guardó silencio sobre lo que les había sucedido. “Unos pocos reclamantesmanifestaron en sus declaraciones no haber presenciado o haberse enterado de violencia letal contra sus vecinos”, se lee en la sentencia.
El temor persiste después de una década de desplazamientos. Las Tangas es el nombre de una finca asociado al terror. Esta antigua hacienda fue la base paramilitar de los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño desde donde planearon varias masacres perpetradas en zonas rurales del Urabá antioqueño y cordobés. Entre 1988 y 1990 los Castaño cometieron 20 masacres que dejaron 200 muertos, entre campesinos y sindicalistas.
La Unidad de Restitución de Tierras, el organismo creado por la Ley de Víctimas de 2011 para documentar los casos de despojo y presentarlos ante jueces, busca recuperar las 2.116 hectáreas de esta antigua hacienda para entregárselas a campesinos que fueron desplazados por el clan Castaño. La primera sentencia fue fallada el 29 de agosto de este año en favor de 22 familias y el pasado 8 de octubre esta dependencia concluyó una nueva demanda con la que pretende ante los estrados judiciales que le sean devueltas a otras tres familias que buscan recuperar sus parcelas.
En su decisión, el juez ordenó devolverles las fincas y anular todas las transacciones por las que los Castaño les arrebataron los predios a los campesinos con escrituras realizadas en su mayoría en la Notaría Segunda de Montería entre octubre de 1999 y abril de 2004. También le pidió a las fuerzas militares garantizar la seguridad para el retorno de las familias, y a las autoridades investigar la desaparición en 1995 de uno de los campesinos reclamantes de Las Tangas.
El primer fallo cobija a familias que fueron desplazadas por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, cómplice de Vicente Castaño, más tarde jefe paramilitar de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, y desde el 2009 un preso más del sistema de justicia de Estados Unidos, donde purga una condena de 31 años de carcel por narcotráfico.
Desde su lugar de reclusiòn, alias ‘Don Berna’ le confesó a una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en agosto de 2012 que él había utilizado como fachada la empresa Sociedad Seguridad al Día E.U., con sede en Medellín, para concentrar las tierras de Las Tangas.
En la nueva demanda que busca recuperar otros tres predios, la Unidad de Restitución documentó que las tierras les fueron despojadas a los campesinos por Gildardo Enrique Ospina Muñetón, alias ‘San Tropel’, acusado de participar en la masacre de Pueblo Bello, ocurrida el 14 de enero de 1990. El juez tiene un plazo de cuatro meses para revisar el caso y comenzar con el juicio de restitución.
En Córdoba, la Unidad decidió ponerle lupa a Montería y Valencia porque son los municipios con la mayor cantidad de tierras despojadas según las denuncias de las víctimas. Solo en Valencia los campesinos han presentado 544 solicitudes de restitución que involucran 480 predios y que suman 10 mil hectáreas, según cifras oficiales actualizadas al 31 de mayo de 2013.
El primer despojo
Los Castaño no se hicieron a la hacienda Las Tangas de forma legal. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que en los años ochenta Fidel Castaño llegó a Valencia y comenzó a buscar tierras para formar un ejército ilegal que iba a ser financiado por varios ganaderos de la región con el pretexto de defenderse de las extorsiones y secuestros de la guerrilla. La finca en la que buscaba entrenar los primeros paramilitares que se hacían llamar ‘Los Mochacabezas’, ‘Los Magníficos’, incluso ‘Los Tangueros’ en relación al nombre de la finca y más adelante Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estaba en el corregimiento de Villanueva, en la vereda La Libertad, a tres kilómetros del pueblo y a orillas del río Sinú.
Era 1983 los dueños de la hacienda no tuvieron problema en venderla. Acordaron el 4 de abril de ese año en la Notaría 15 de Medellín que la propiedad costaba 300 millones de pesos. Fidel Castaño les entregó 150 millones de pesos y se comprometió a pagar la otra mitad, fraccionándola en tres letras. Cuando la familia comenzó a reclamar el 50 por ciento del dinero pendiente, recibieron amenazas. El 14 de octubre de ese año cuatro hombres llegaron hasta su residencia y secuestraron a uno de sus hijos. La Fiscalía documentó que con ese secuestro, Castaño buscaba recuperar el primer pago que había hecho por Las Tangas.
En su relato ante el organismo investigador, la familia dijo que le pidieron 200 millones por la liberación de su hijo y, un año después, el joven fue entregado en Magangué, Bolívar. Durante ese tiempo, la familia pagó falsas recompensas a personas que se hicieron pasar como los supuestos secuestradores. El 13 de diciembre de 1983, dos meses después del secuestro del hijo, fue asesinado el padre en el corregimiento de Los Garzones, Córdoba, después de enfrentarse con quienes habían secuestrado al joven. Por miedo, la viuda y su hijo se desplazaron a otra región.
En caso de que esta familia quisiera lograr la restitución de Las Tangas no podrían hacerlo por medio de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, pues ésta solo contempla los casos de abandono y despojo de tierras ocurridos de 1991 en adelante. Los ahora reclamantes son las víctimas del segundo despojo cometido por los hermanos Castaño, que entregaron estas tierras usurpadas a familias que luego expulsaron también con violencia (Lea: Cómo Fidel Castaño despojó la finca Las Tangas).
El segundo despojo
En los años noventa, los hermanos Castaño eran conocidos por ser los dueños de los grupos paramilitares que sembraban el terror en Córdoba y la región del Urabá. En esa misma década, decidieron hacer una especie de “reforma agraria”, es decir, redistribuir tierras entre campesinos pobres, para lo cual destinaron 18 mil hectáreas que estaban a su nombre para las familias de colonos que habían llegado a la región y no tenían cómo comprar un pedazo de tierra. Entre esas miles de hectáreas estaba la antigua Hacienda Santa Paula, en Montería, y Las Tangas.
Parcelaron gran parte de estas tierras en extensiones de entre 5 y 20 hectáreas y se las entregaron bajo una supuesta figura de donación a los campesinos por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor). Sor Teresa Gómez, quien se casó con Manuel Gil, hermano medio de los Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, escolta de Vicente Castaño Gil, era la representante legal de esta fundación. Gómez fue capturada el 8 de octubre de 2013 en Jamundí, Valle del Cauca (Lea: Sor Teresa y la ambición por la tierra).
Pese que a los campesinos les dijeron que las tierras les habían sido donadas, la Fundación les advirtió que no podían venderlas ni vivir allí y menos sustituir los pastos. Sin embargo, muchos de ellos corrieron el riesgo y levantaron una casa y cosecharon maíz, yuca, ajonjolí y papaya para el sustento diario. Después de hacer productivas las tierras, los Castaño los obligaron a entregar las parcelas a finales de los años noventa. “Si no vende usted, vende la viuda”, amenazaron con esta frase a varios de los campesinos. A algunos les dieron dinero a cambio de la tierra, pero las familias le explicar al juez que esa suma no correspondía al valor real de las tierras.
La Unidad de Restitución documentó que entre 1998 y 1999 los campesinos fueron obligados a escriturarles las tierras a Benigno Antonio Arrieta, Auberto Hernández, Osear Manuel García, Cristóbal Antonio Alarcón, Magola Gallego, los hermanos Jorge Humberto, Jesús Ignacio, Mauricio y ManuelAntonio Roldán Pérez, y a la Sociedad Seguridad al Día EU.
La Unidad documentó que alias ‘Don Berna’ y otros paramilitares, en concierto con Vicente Castaño, le encargaron a alias ‘Monoleche’ y a Sor Teresa forzar a los parceleros de Las Tangas a desprenderse física y jurídicamente de las parcelas. Para 2004, las 22 parcelas arrebatas a los campesinos estaban a nombre dela Sociedad Seguridad Al Día E.U.
Según el Registro Único Empresarial (RUE), la sociedad tiene sede en Medellín, tenía como objeto prestar servicios de seguridad y celaduría, está en proceso de liquidación y desde 2008 no ha renovado la matrícula. Desde una cárcel en Estados Unidos, en agosto de 2012, alias ‘Don Berna’ le dijo a una fiscal de Justicia y Paz que creó empresas que servían como testaferros para adquirir la mayoría de las parcelas de Las Tangas.
“Con respecto a la Sociedad Seguridad al Día E.U, a partir de 1998 empezó a comprar las parcelas que adquiría a través de Seguridad al Día… Un muchacho de Medellín era el que representaba porque era una empresa unipersonal. Esta persona es ajena al accionado o las decisiones que yo tomaba. Esta empresa se creó para colocar estas tierra y otras a futuro y para tener una legalización, pagar impuesto, catastro o registro”, dijo el ex jefe paramilitar.
En una visita de campo que realizó la Unidad de Restitución en agosto de 2013, encontró que Las Tangas estaban ocupadas con ganado y que solo en una parcela había vivienda y cultivos. Cuando le preguntaron a la persona que habitaba la casa por qué estaba en la zona, el hombre respondió que Rogelio Zapata, el administrador de Las Tangas, le había entregado ese predio a cambio del otro que le había ‘donado’ Funpazcor. El juez determinó que este hombre también es víctima.
Más tierras arrebatadas
En lo que va de 2013 jueces especializado de tierras en Montería han restituido a 116 familias de la antigua Hacienda Santa Paula, integrada por los predios Cedro Cocido, Los Chavarríes, Arquía y Micono, y que suma 1.900 hectáreas. Las más recientes fueron la de Cedro Cocido, que favoreció a 59 familias, y la de Las Tangas, que restituyó las primeras 146 hectáreas de las 2.100 que integran la antigua hacienda a 22 familias.
La nueva sentencia que presentó la Unidad busca restituir a otras tres familias desplazadas de Las Tangas que fueron despojadas por Gildardo Enrique Ospina Muñetón alias ‘San Tropel’, acusado por la Fiscalía de participar en la masacre conocida como de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990, en la que secuestraron a 43 personas de este corregimiento de Turbo y después de interrogarlas y torturarlas, las asesinaron y arrojaron sus cuerpos en fosas que cavaron dentro de la hacienda.
La Unidad de Restitución de Tierras, territorial Córdoba, ha presentado 57 solicitudes de demanda para lograr la restitución total de Las Tangas. Asimismo, está documentando casos de otras haciendas despojadas por los hermanos Castaño, entre ellas la Jaragüay, de 1.736 hectáreas, y Roma, de 340 hectáreas, de donde también fueron desplazados campesinos. Estas dos haciendas están asociadas al despojo de 136 predios, “que en la actualidad reposan bajo el dominio exparamilitares, terceros relacionados con las autodefensas o en algunos casos de empresas fachadas creadas por los despojadores”, indicó la Unidad.
Después de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, Valencia está entre los municipios con más reclamantes de tierras y desplazados en el período 1997-2010. El antiguo Registro Único de Población Desplaza, Rupd, indica que de este pueblo salieron expulsadas con violencia 19 mil personas. En el caso específico de Las Tangas, en el corregimiento de Villanueva, alias ‘Don Berna’ aseguró que ellos eran la ‘autoridad’: “Villanueva era para las autodefensas su retaguardia social y estratégica. Lo que es San Vicente del Caguán (Caquetá) para las Farc, eso era Villanueva (Valencia, Córdoba) para nosotros… Éramos el Estado en la zona”.
Los campesinos esperan que en la zona haya suficientes garantías para retornar. La Unidad de Restitución de Córdoba señaló que las primeras 116 familias beneficiadas con las sentencias relacionadas con la hacienda Santa Paula retornaron para desarrollar un proyecto productivo. Por ahora, trabajan de día en las fincas perotodavía no viven en los predios de forma definitiva. Este mismo proceso retorno, ahora, esperan continúe con los parceleros de Cedro Cocido y Las Tangas.
