Alias ‘El Tigre’ desplazó y despojó a una familia como retaliación porque ayudó a siete investigadores del CTI que buscaban exhumar un cadáver en Cesar. Los agentes fueron desaparecidos.
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| Alias ‘El Tigre’ fue uno de los jefes del frente Juan Andrés Álvarez de las Auc. Foto El Heraldo. |
El 9 de marzo del 2000 es una fecha que no quiere recordar la familia Gil*. Ese día llegaron a su finca, situada entre los límites de los municipios de Codazzi y La Paz, dos camionetas con siete miembros del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- con la misión de exhumar el cadáver de Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas asesinado por los paramilitares en la zona rural de Codazzi, en el norte del Cesar.
Codazzi fue uno de los municipios, junto con los del centro minero del Cesar –La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná-, donde hacía presencia el frente Juan Andrés Alvarez, al mando de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, y secundado por Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, dos temibles paramilitares que despojaron a muchas familias de sus tierras y asesinaron a más de un centenar de campesinos para tener el control de la región.
Uno de los hijos del dueño de la finca Palma Real, que aún hoy siente miedo y prefiere mantener su nombre en reserva, contó a Verdadabierta.com que el grupo del CTI, conformado por un odontólogo forense, cinco técnicos y un coordinador, que habían salido de Valledupar y Codazzi, llegaron a la finca de su padre y le pidieron indicaciones para llegar al lugar exacto donde estaba el cadáver del vendedor de helados. Sólo sabían que era zona rural entre Minguillo y Verdecia.
“Mi papá y mi mamá, que eran los únicos que estaban en la finca, los recibieron y les preguntaron si habían almorzado. Ellos dijeron que no, pero que primero iban a hacer la diligencia y después buscarían donde almorzar. Por eso, mi padre les dice, yo los llevo, pero me traen otra vez y les preparo un sancocho de gallina”, cuenta este hombre que hoy sobrepasa los 60 años y que espera recuperar lo que un día fue de su familia. El campesino los llevó al sitio señalado y lo devolvieron a la finca.
“Él fue el último que habló con los agentes del CTI, nunca llegaron a comerse el sancocho que mi papá junto con mi mamá le habían preparado, porque como a las 4:00 de la tarde pasó por la vía principal, muy cerca de nuestra finca, uno de los carros en los que habían llegado los miembros del CTI, el cual iba manejando ‘El Tigre’, más atrás iba el otro carro con otros hombres y de último un tractor donde llevaban los cuerpos de los agentes tapadas con una carpa”.
A partir de ese momento comenzó el calvario de sufamilia. A los pocos días los agentes que realizaron la exhumación fueron desaparecidos y sus padres tuvieron que salir escoltados de la finca porque ‘El Tigre’ los había sentenciado a muerte porque los acusaba de haber “llevado la ley a la zona”.
La familia Gil salió despavorida para un pueblo en la Alta Guajira y de ahí a Venezuela porque se enteraron que los estaban buscando para matarlos. Sin embargo, una hermana de los seis hijos de esta pareja de campesinos que no se había ido a Venezuela, sino a Bogotá, regresó enferma, junto con su esposo e hijos, a su finca Palma Real.
Unos meses después, el 25 de enero del 2002, la mujer fue sacada de la parcela y apareció muerta en “la carretera que conduce de Codazzi al caserío Verdecia, frente a la finca San Alejo”, explica el sobreviviente.
Según denuncia del 21 de enero del año 2004, el mismo señor Gil, padre, contó ante la Fiscalía en Valledupar que su hija estaba lavando cuando llegaron los paramilitares. “Le preguntaron dónde estaba yo, y ella le dijo que no sabía, y le dijeron, si no sabe, entonces nos la llevamos a usted. Amarraron al marido y encerraron a mis nietos en la casa. Uno de los paramilitares que tenía la cara tapada dijo que soltaran al marido de mi hija y más tarde me enteré que dos de los cara tapadas se llamaban Alfonso Torres, alias ‘El Pocho’, y Máximo Chico, ‘El Compadre’. Después nos enteramos que el que mató a mi hija se llama Alex, hijo de una mujer que comerciaba por la zona de Verdecia”, agrega.
Pero la tragedia de esta familia no terminó allí. El 15 de septiembre de 2002, el mismo grupo paramilitar llegó a la finca Palma Real y se llevaron 150 vacas, 10 toros cebú, 220 ovejas, seis mulas, 32 yeguas, seis caballos y tres burros, y todos los elementos que utilizaban en la actividad ganadera y agrícola. Desvalijaron la finca y le ordenaron a la familia Gil que debían arrendársela a una persona por $300 mil mensuales, dinero que recibía directamente Alfonso Torres, alias ‘El Pocho’, encargado de cobrar las extorsiones de las Auc en esa zona.
Después de la muerte de una de sus hijas y del hurto de todo su ganado y animales de la finca, Jader Luis Morales Benítez, alias J.J., quien había sido delegado por ‘Tolemaida’ para controlar la zona de Verdecia, los obligó a vender la finca al mismo al que se la habían arrendado supuestamente. “en el 2004 me dieron 15 millones y se la vendí al que me ordeno J.J.”, tal como lo demuestra una escritura pública en la que solo aparecen registradas 50 hectáreas y no 75 como reposa en la escritura oficial de los Gil, quienes le compraron esas tierras el 30 de abril de 1982 a Zenaida Polo.
El padre de esta familia, finalmente por su edad y por no encontrarse en el país, delegó a su hijo mayor para recuperar su tierra. En esa tarea, le ha enviado cartas a todas las instituciones entre ellos al presidente Juan Manuel Santos, a quien le escribió en febrero de 2011 que “J.J. nos obligó a vender al que ellos quisieran, al precio que ellos colocaron por debajo del avalúo catastral y además de la venta le dieron la mitad, el comprador descontó para llevárselo a los paramilitares”, dice en su denuncia al Presidente.
“Mi vida ha sido una tragedia”
La vida del hijo del señor Gil, dueño de la finca Palma Real, que hoy actúa como el representante de la familia en la restitución de sus tierras, no ha sido nada fácil. Luego de que sus padres y varios de sus hermanos tuvieran que exiliarse en Venezuela, decidió regresar al caserío de Minguillo, muy cerca de Verdecia, donde tenía su casa junto a su esposa, quien era la enfermera de la zona. Allí vivía con sus hijos.
El 28 de septiembre del 2000, unos meses después de la desaparición de los miembros del CTI, llegaron a buscarla los paramilitares para que les curara un herido de ellos. “Se la llevaron y no la regresaron. Al día siguiente la encontramos muerta y a un corralero de la finca La Paulina, a orillas de la carretera”.
Aunque los dos hechos puede que no guarden relación, si se suma al rosario de la tragedia de esta familia, que también sufrió la muerte de otro de sus miembros en la zona urbana de Codazzi. “A mi sobrino lo mataron antes que a mi hermana y lo mataron los paramilitares”.
Para este hombre, que nunca deja su carpeta con todos los documentos donde constan que su familia es víctima de desplazamiento forzado, homicidio, afectación de bienes, hurto de ganado y venta forzada de su finca a un testaferro de los jefes de las Auc, lo único que espera es que le entreguen lo que les pertenece y “nos paguen los animales. Nosotros no tenemos nada, mi mamá se murió, mi papá no puede venir a Colombia y yo apenas sobrevivo con lo que trabaja mi mujer, cuando en esa finca Palma Real lo teníamos todo”.
“Los cadáveres nunca los van a encontrar”
13 años de la desaparición de los agentes, las siete familias no han podido esclarecer porque sus cuerpos aún no han sido hallados, a pesar de que diferentes paramilitares en sus versiones han reconocido su participación, como lo hizo Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, quien dijo que él recibió los sacos con los supuestos restos de los investigadores en Sabana Alta, Cesar, y los tiró a un río y que los cuerpos habrían sido entregados por alias ‘El Guajiro’, quien fue desaparecido por órdenes de sus propios jefes.
Incluso, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ también aceptó, en su versión libre, haber participado en estos crímenes por orden de Carlos Castaño. De igual forma, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’ también reconoció su intervención en los hechos y dio señas para ubicar las fosas donde estarían enterrados, pero después de más de 100 excavaciones, no los han encontrado.
La versión de ‘El Samario’ coincide con la del hijo de la familia Gil que habló con verdadabierta.com, pues según su relato “a estos muchachos dicen que les sacaron los despojos y los arrojaron al río Cesar”. Asegura que días después de la desaparición de la comisión del CTI, los paramilitares permanecían haciendo guardia por toda la orilla del río Cesar.
Sin embargo, un día un muchacho pescador arrojó su atarraya y sacó una cabeza, pero salió tan asustado que dejó todo ahí tirado y cuando avisó a las autoridades y regresaron ya no había nada. “Es que los paramilitares no dejaban que nadie se acercara a la orilla del río, por eso es que los datos que da ‘El Tigre’ no dan resultados.
El ex jefe del ‘Bloque Norte’ de las autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue condenado a 25 años de prisión por el Juzgado Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, por la desaparición y el homicidio de siete miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El testimonio de Esquivel Cuadrado, ‘El Tigre’, durante versiones a Justicia y Paz confesó que los funcionarios judiciales fueron asesinados, luego desmembrados y sus restos desaparecidos por orden de alias Jorge 40.
La ubicación de los cuerpos de Edilberto Linares Corres, Danilo Javier Carrera Aguancha, Carlos Arturo Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle siguen siendo un misterio para las autoridades y una tortura para sus familiares que aún esperan por la verdad, pues al mes de su desaparición solo encontraron una de sus camionetas, enterrada debajo de rastrojos y un año después hallaron el otro carro, el cual estaba incinerado y enterrado en la finca La Holanda, de donde se los llevaron.
