El ex senador, condenado por parapolítica, es acusado en la Corte de recibir el apoyo de los paramilitares para presionar a los votantes de Córdoba y Sucre en las elecciones al Congreso.
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| Miguel de la Espriella reveló los nexos de los paramilitares con congresistas, diputados, gobernadores y alcaldes. FOTO: Archivo Semana |
La Corte Suprema de Justicia reanudó el juicio al ex senador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, quien al recibió apoyo de los paramilitares en diferentes poblaciones de Córdoba y Sucre para forzar a la población de esos departamentos para que votaran por él en las elecciones parlamentarias.
La acusación contra de la Espriella es por el delito de costreñimiento al elector. El político ya había sido condenado a 3 años y siete meses el 29 de febrero de 2008 por sus nexos con paramilitares. La Procuraduría también lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos en diciembre de 2010.
En los procesos anteriores ya ha sido probada la relación del ex senador cordobés, con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esta vez las pruebas presentadas al alto tribunal apuntan a que esos vínculos le habrían servido al político para ser senador entre el 2002 y 2007, y a las Autodefensas para recibir apoyo en el Congreso.
De la Espriella fue una ficha clave para que la justicia abriera un capítulo importante de la parapolítica, ya que en noviembre de 2006 reveló la existencia del conocido Pacto de Ralito.
Según de la Espriella, en 2001 los paras organizaron una reunión en Ralito (Córdoba) en la que políticos de ese departamento y de otras regiones de la Costa Atlántica firmaron un documento en el que se comprometieron a defender las tesis políticas de las AUC. “Estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados”, afirmó en sus revelaciones el ex senador.
En septiembre del 2012 el ex senador también reveló el presunto papel que desempeñó durante la primera campaña presidencial del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. El político confesó durante un juicio que se adelantaba contra Mancuso, que él había colaborado con las AUC desde el 2001 para buscar contacto con el futuro presidente de Colombia.
De la Espriella fue condenado por la Corte Suprema de Justicia tras conocerse su participación en el Pacto de Ralito, en el que Mancuso ideó una estrategia electoral para ayudar a elegir en el Congreso políticos afines a las Auc.
El pacto de Ralito
El pacto de Ralito fue suscrito por cuatro ex jefes paras, dos ex gobernadores, cinco ex alcaldes, seisex congresistas y siete líderes regionales, entre los que se encontraba De la Espriella. Todos ellos, excepto los jefes paras, fueron llamados a indagatoria desde el 20 de marzo por la Fiscalía General, órgano competente para investigar a quienes ya perdieron su fuero de congresistas.
El 28 de marzo de 2007 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los cinco parlamentarios firmantes del acuerdo de Ralito entre los que se encuentran, William Montes, Reginaldo Montes, Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella y José de los Santos Negrete.
La ex congresista Eleodora Pineda admitió haber asistido a la reunión, pero insistió en la versión de su ex colega en cuanto a que el encuentro fue para impulsar el inicio de los diálogos de paz. Pineda, quien sorprendentemente sacó como candidata a la Cámara 82.082 votos en Tierralta (Córdoba), asegura que tal éxito se debe a que en este municipio ella alcanzó una silla en el Concejo municipal un año antes, gracias a los 748 votantes que apoyaron su candidatura. ¿Cómo se explica que en dos años sus votantes hayan aumentado en 2.170%
Al entonces senador de la Espriella, reelegido en los comicios del 2002, le pasó algo similar, pues su concentración electoral estuvo en Valencia, Tierralta, San Antero y Pueblo Nuevo, también en el departamento de Córdoba, una basta zona donde se movía ampliamente el Bloque Catatumbo comandado por Salvatore Mancuso.
En su momento, la analista Claudia López, quien conoce de cerca el mapa político de Colombia, sostuvo que el acuerdo firmado en esa reunión buscaba consolidar el apoyo en torno a un solo proyecto nacional para salvarse de cualquier castigo trascendental si prosperaba el proceso de paz. “Los ‘paras’ necesitaban un status de negociación y evitar presiones para la extradición, por eso tomarse el Congreso era lo más importante. Se reunieron para armar una estrategia política nacional porque ya la regional no funcionaba mucho y lo hicieron en ese lugar porque allí tenían más influencia”, dice López, quien agrega que esos mismos acuerdos se hicieron en Antioquia, los Santanderes, Meta y Casanare.
Con el acuerdo de Ralito, el país entendió por qué durante las crisis del proceso de desmovilización los paramilitares reclamaban el cumplimiento de los compromisos de Santa Fe de Ralito. Mientras el país pensaba que la alusión era exclusivamente a la mesa de negociación instalada por el gobierno en ese corregimiento de Córdoba, más de un congresista debió entender con claridad el mensaje: había que sacar adelante propuestas como una ley con penas blandas para los miembros de las autodefensas que dejaran las armas para cumplir con la promesa de ayudarlos. Con razón desde el inicio mismo de las desmovilizaciones se habló sobre cartas marcadas por parte de las autodefensas.
