La finca que hace 16 años fue escenario de las fallidas conversaciones de paz está en medio de una disputa jurídica: su dueño asegura que la compró de buena fe, pero la Fiscalía alega que pertenece a la guerrilla.
En San Vicente del Caguán saben dónde queda Villa Nohora. A solo dos kilómetros del casco urbano, con 197 hectáreas de extensión y vista panorámica del pueblo, esta finca fue el sitio elegido por el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc para iniciar las conversaciones de paz en 1999. Un año después, desde allí también se organizó un concurrido evento de lanzamiento del Movimiento Bolivariano, considerado el brazo político de la guerrilla.
La trágica historia de quienes fueron sus propietarios también es conocida en el pueblo, pues lejos de ser cercana a los subversivos, la familia Amaya Murcia fue su víctima. El 12 de febrero de 1995, guerrilleros de la columna Teófilo Forero secuestraron a su dueño, Arnulfo Amaya, y doce días después encontraron su cadáver en el vecino municipio de Cartagena del Chairá con un letrero en el que lo acusaban de paramilitar.
María Cecilia Murcia, esposa de Arnulfo, fue secuestrada en marzo de 1998 por Hernando Buitrago Martha, un guerrillero conocido en la zona como ‘Kabir’. Duró tres meses en cautiverio hasta que pagó más de 100 millones de pesos por su liberación.
Según cuenta María Cecilia, a pesar de los problemas con las Farc , la familia accedió a prestarles la finca al Gobierno y a la guerrilla para que se adelantaran los diálogos de paz del Caguán, pues no tenían otra opción.
La familia siguió viviendo en la finca luego de que se rompieran las conversaciones, hasta que el 9 de febrero de 2005, dispararon siete veces contra Arnulfo, el hijo menor, que tenía 24 años. En San Vicente del Caguán circulaba un pasquín donde la guerrilla reconocía haberlo asesinado por formar parte de lared de cooperantes que funcionó durante del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. María Cecilia puso la denuncia, pero la guerrilla la forzó a retractarse.
En 2007, Hernán Darío Velázquez, conocido con el alias de ‘El Paisa’, quien hoy dirige la columna Teófilo Forero, la amenazó con matarla sino se iba del pueblo y fue así como una madrugada tuvo que huir escondida en el baúl de un carro. Ese año, los guerrilleros también robaron más de 400 reses de la finca de los Amaya.
Acosada por las deudas, en 2008 María Cecilia decidió venderle la finca Villa Nohora a Rómulo Hernández, un finquero ya conocido en San Vicente. Se pactó un pago total de 200 millones de pesos que se pagarían en cuatro cuotas anuales de 50 millones. “Yo revisé el folio de matrícula y todo estaba en orden, entonces decidí comprarla”, dijo Hernández ante un magistrado de Justicia y Paz.
Durante cinco años, el nuevo dueño adecuó la finca, llevó su propio ganado y construyó nuevos establos. A mediados de 2013, un juez decretó el embargo de la finca y Rómulo tuvo que salir. “Llegaron y me dijeron que eso era de las Farc. Unos guerrilleros que ni siquiera conozco le dijeron a la Fiscalía que eso era de ellos”, le contó el propietario a VerdadAbierta.com
La disputa por el predio está en manos de un magistrado de la sala de Justicia y Paz de Bogotá, quien próximamente tendrá que decidir si esta finca es de propiedad de los campesinos o si el predio pertenece a la guerrilla y debe pasar al Fondo de reparación a las víctimas.
“Yo le pido a la Fiscalía que me crea, que lo único que he dicho es la verdad. No he tenido negocios con la guerrilla y quiero defender mi patrimonio porque yo he sufrido mucha violencia con esa gente”, dijo María Cecilia quien participa en la defensa de Rómulo Hernández.
¿Una finca de las Farc?
La Fiscalía asegura que una vez se rompieron los diálogos del Caguán en 2002, la guerrilla dio inicio a un plan de consolidación territorial enfocado en la adquisición de grandes extensiones de tierras. Para tener el control de los terrenos entre San Vicente del Caguán y La Macarena en el Meta, se creó el Frente 62 conocido como “Combatientes del Yarí”, que por orden del ‘Mono Jojoy’, compró o tomó posesión de más de 60 haciendas en la zona.
El ente investigador llegó a esa conclusión luego de escuchar el testimonio de varios desmovilizados, algunos postulados a la ley de Justicia y Paz, y de revisar los documentos encontrados en el computador del ‘Mono Jojoy’. De acuerdo con la Fiscalía, los predios permanecían a nombre de los antiguos propietarios para no despertar sospechas.
Eso fue lo que sucedió con Villa Nohora. Según los desmovilizados, en 2002 María Cecilia negoció sus tierras con el ‘Mono Jojoy’ por 300 millones de pesos, pero aparecía como titular de la finca. “Ese predio fue negociado por orden de Marulanda. (…) Hasta donde yo sé, sucedió como en la mayoría de los bienes, ella siguió figurando como propietaria”, dijo en versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz alias ‘Kabir’, el guerrillero que secuestró a María Cecilia Murcia.
La señora Murcia niega haber hecho negocios con la guerrilla, argumenta que en 2007 cuando se desplazó incluyó su finca en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), una herramienta para proteger las tierras de personas desplazadas por la violencia.
De acuerdo con la Fiscalía, en la venta realizada en 2008 a Rómulo Hernández no existió buena fe de las partes, porque el predio se encuentra en zona de influencia de las Farc y nadie compra allí sin su autorización.
La defensa de Rómulo y María Cecilia asegura que este argumento estigmatiza a todos los campesinos de San Vicente del Caguán, pues si bien viven en zona guerrillera, eso no implica que todos los negocios que se hagan en el municipio estén mediados por las Farc y sean ilícitos.
Los bienes que están en manos del Gobierno
El 20 de mayo de 2013 no solo se decretó el embargo de Villa Nohora, sino de 64 inmuebles más, que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía eran de las Farc. 60 de ellos son terrenos baldíos, es decir, que pertenecen a la nación. En tres de las fincas hay opositores que aseguran, así como Rómulo Hernández, que son los propietarios oficiales y que las Farc no son los dueños de las fincas.
Algunos de estos predios ya están en manos del Fondo de Reparación, la dependencia de la Unidad de Víctimas encargada de administrar los bienes recuperados de los grupos armados ilegales. Entre 2014 y 2015 ingresaron ocho predios rurales y 25 urbanos denunciados por guerrilleros que están postulados a la Ley de Justicia y Paz. A diferencia de los bienes entregados por grupos paramilitares, hasta el momento ninguna persona alega haber sido despojada por la guerrilla de sus tierras.
Las ocho haciendas ubicadas en Caquetá, y una en Cundinamarca, tienen un valor aproximado de 9.500 millones de pesos. Sin embargo, los funcionarios del Fondo no han podido llegar hasta la zona para administrarlos: “Son más 9 mil hectáreas en poder del fondo, pero no tenemos garantías de administración por la situación de orden público”, aseguró Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo. A diferencia de estos ocho predios, Villa Nohora está cerca al casco urbano y es el único al que las autoridades tienen fácil acceso.