Las operaciones militares, reforzadas con por lo menos 5 mil efectivos, y los combates entre la guerrilla del Eln y el grupo armado ilegal Epl, han generado un desplazamiento masivo de campesinos hacia Hacarí, Norte de Santander. La situación es crítica para las comunidades.
Desde que se anunció la llegada de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 a la zona del Catatumbo, vinieron las reacciones en la comunidad de la región, generadas por el temor del ingreso de un actor armado altamente entrenado y capacitado que podría, según líderes sociales, produce más tensión entre las comunidades que están en medio de combates entre ilegales y Fuerza Pública.
Esa unidad militar, activada el pasado 28 de octubre en Ocaña por el presidente de la República, Iván Duque, está conformada por cuatro batallones: tres de despliegue rápido y uno de acción directa y reconocimiento. Esta fuerza, compuesta por 5 mil hombres, es considerada como de élite entre el Ejército Nacional.
Según el mandatario, el objetivo de la Fudra Nº 3 es ponerle al flagelo de la violencia que agobia a los catatumberos, “y no se vuelvan a sentir los violentos con el derecho de intimidar a los ciudadanos”. Para lograrlo, desplegarán este contingente de soldados en diversas áreas, donde tendrán la misión de combatir las estructuras armadas, financieras y logísticas de los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.
De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, esta zona fronteriza con Venezuela es considerada como crítica, pero aseguró que las condiciones de seguridad van a mejorar ostensiblemente con “más helicópteros, más aviones, más plataformas, más inteligencia y más capacidades militares”.
Las medidas de choque adoptada por el gobierno nacional y los altos mandos militares fueron tomadas diez días después de que un conjunto de organizaciones sociales, regionales y nacionales, lideradas por el Cinep, lanzaran una alerta sobre la grave crisis humanitaria que padecen las comunidades del Catatumbo debido a la existencia de distintos grupos armados, economías criminales y una profunda debilidad institucional. (Leer más en: Lanzan alerta por crisis humanitaria en el Catatumbo)
Más inquietudes
Para Rafael Navarro Carrasco Defensor Regional del Pueblo, preocupa mucho la entrada de la Fudra Nº 3 al Catatumbo, por lo que pidió a los integrantes del Comité de Justicia Transicional y a los alcaldes municipales que conforman esta gran región del nororiente del país, tomar medidas de protección, activando planes de contingencia, prevención y protección.
Y es que los temores no son infundados. Los enfrentamientos ya son pan de cada día y sus consecuencias se han sentido en San Pablo, corregimiento de Teorama. Allí se presentó un ametrallamiento el pasado 31 de octubre que causó pánico entre la comunidad, pues varias viviendas fueron impactadas por proyectiles de alto calibre. El inspector de Policía del caserío, José de Dios Quintero, describió la situación “como peligrosa” y denunció que las balas eran provenientes de aviones de la fuerza pública.
La denuncia fue negada por el Ejército. A través de un comunicado explicó que todo se hizo dentro de los protocolos para “neutralizar un ataque del Eln”. Sin embargo, el 9 de noviembre la comunidad denunció una situación similar con disparos y explosiones alrededor del pueblo.
La llegada de la Fudra Nº 3 a la zona del Catatumbo se está haciendo más evidente ahora en otro punto de la región. VerdadAbierta.com llegó hasta el municipio de Hacarí, que ha sido en las últimas semanas, epicentro del conflicto entre grupos armados ilegales que se trenzan desde principios de año en una guerra por controlar el territorio y las economías ilegales.
Desde el pasado 1 de noviembre se recrudecieron los combates entre la guerrilla del Eln y hombres del Epl en la zona de Mesitas. Los enfrentamientos dejaron un muerto, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue de Hacarí, y tres heridos, que fueron trasladados e internados en el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña.
La confrontación ha generado un desplazamiento masivo de comunidades campesinas Hacarí. De acuerdo con registros de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el pasado 4 de noviembre se desplazaron 214 familias de las veredas Mesitas, La Estación, Palo Cruzal, La Esperanza, Juntas, Limoncillo, Agua Blanca y Castrillón.
En el polideportivo del centro poblado de Hacarí permanecen unas novecientas personas, entre ellos 250 niños, niñas y adolescentes, según OCHA, que decidieron abandonar las parcelas huyendo de los combates entre ‘elenos’ y ‘pelusos’.
Luego que las comunidades quedaran en medio del fuego cruzado, tan pronto amainó la balacera no tuvieron otra opción diferente a la de abandonar el territorio para partir en busca de protección. El desplazamiento se dio de diferentes maneras: hubo familias que buscaron refugio en otras veredas, pero la gran mayoría decidió irse para el casco urbano de Hacarí, donde se activaron medidas humanitarias para recibirlos.
Muchas de las personas desplazadas se ubicaron en casas de allegados y conocidos, pero la mayoría no tuvo otra alternativa diferente a ubicarse en el polideportivo y en las viejas instalaciones donde funcionó un colegio.
Luis Emir Ortiz Ascanio, delegado de Mesitas, dijo que por ahora han recibido alimentos y alojamiento en las instalaciones de la antigua sede educativa. En aspectos de salud, una brigada del Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, atendió a la mayoría de las personas; sin embargo, para los que requirieron de medicamentos, “sólo les dejaron la fórmula”, se quejó el líder comunal.
Por el momento piensan seguir en Hacarí ante el miedo a regresar a sus parcelas, ya que temen que se presenten nuevos enfrentamientos. “Allá quedaron los animales a la mano de Dios pues nos da miedo ir a echarles de comer”, se lamentó Ortiz.
Por su parte, Deiby Jaimes, delegado de la vereda Castrellón, salió de allí, junto con 150 personas más, por una trocha caminando todo un día. “Esperamos más ayuda, hasta ahora se está haciendo presente la gobernación (de Norte de Santander) con mercados”.
Quienes han sufrido más ese conflicto son los niños que han quedado desescolarizados. Carlos Hernando Quintero, director del Centro Educativo Rural de Mesitas aseguró que han enfrentado bastantes dificultades desde el mes de marzo pasado debido a las alteraciones del orden público, por lo que en reiteradas ocasiones han tenido que suspender las actividades académicas por seguridad de estudiantes y docentes.
Actualmente hay 404 niños de esa zona del Catatumbo sin clases. “Las afectaciones han sido graves pues los docentes quedaron retenidos en fuego cruzado hasta que pudieron salir ilesos”, detalló Quintero. Por el desplazamiento, hay once sedes sin clase y en el casco urbano permanecen 21 profesores apoyando actividades lúdicas.
De acuerdo con registro de OCHA, “se tiene ocho sedes educativas de las veredas directamente afectadas y otras 17 que son de las demás cercanas que no pueden ofrecer el servicio educativo, debido a la situación presentada”.
La intención, declaró Edgar Pallares, secretario de Gobierno de Norte de Santander, es tratar de resolver la situación humanitaria y de seguridad. Ante el requerimiento de las comunidades, se llevaron colchonetas, mercados y kits de aseo para los niños. “La idea es también adelantar un plan de inversión social”, afirmó el funcionario.
Entre tanto, la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 adelanta operaciones militares en áreas rurales de los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorama, donde se desplegaron las tropas “con el propósito de normalizar la región en aspectos de seguridad, para que las familias regresen a sus parcelas”, precisó el general Mauricio Moreno comandante de la Segunda División del Ejército.
Esas tareas de la Fudra Nº 3 también tienen como misión, según los altos mandos militares, reducir los fenómenos que se están presentando ante los choques armados entre el Eln y el Epl. Por su parte, el general Juan Libreros, comandante de la Región 5 de la Policía, anunció el incremento de pie de fuerza en el municipio de Hacarí para trabajar articuladamente con el Ejército. (Leer más en: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)
Voceras de las organizaciones que en alertar sobre la crisis humanitaria que sacude al Catatumbo reiteraron que “la militarización no es la única salida que el Estado debe presentar a la comunidad del Catatumbo. Lo que siempre hemos exigido es que el Estado resuelva los problemas estructurales, de fondo, que tenemos, lo cual podría dar salida al conflicto”.
Artículo escrito en colaboración con el periodista Giovanni Mejía Cantor
