Dos recientes informes alertan sobre los riesgos que rondan la implementación del Acuerdo Final alcanzado con la guerrilla de las Farc. Las complejidades de las regiones, la difusa frontera entre actores armados y crimen organizado, más el incremento de los cultivos de coca, dejan entrever que el aterrizaje de la paz territorial estará lleno de turbulencias.
La implementación del acuerdo de paz enfrenta una serie de enormes desafíos, los cuales cambian o se agudizan dependiendo de las dinámicas de cada región del país. Foto: archivo Semana.
En los últimos años uno de los grandes debates que ha ocupado la agenda del país, a la par del proceso de paz, es el del paramilitarismo. El gobierno nacional niega su existencia y argumenta que en la actualidad existen grupos criminales que están detrás de la captura de rentas ilícitas, pero organizaciones sociales, y las mismas Farc, señalan lo contrario y responsabilizan a estos grupos armados ilegales de los constantes asesinatos de líderes sociales en las regiones. Esa discusión se trasladó a la Mesa de Negociaciones de La Habana y se pactaron mecanismos para su desmonte efectivo.
En medio de esa deliberación, y cuando ya han transcurrido siete meses de implementación del Acuerdo de Paz que firmaron el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido como ‘Timochenko’, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, en el que hace una detallada radiografía de lo que está ocurriendo en las regiones más afectadas por el accionar de grupos armados y redes delictivas.
Su diagnóstico parte de la base de que, tras la firma del Acuerdo, “el país entró en una fase de transición caracterizada por la continuidad del crimen organizado, de algunos grupos guerrilleros y de otro tipo de expresiones armadas, agentes y redes criminales que se han hecho más visibles o que están en proceso de formación”.
Por esa razón, plantea que es inconveniente analizar la coyuntura actual y el devenir de la implementación del Acuerdo Final bajo la retórica del fin del conflicto armado, sino que se debe tener en cuenta las diferentes realidades de las regiones del país, para poner la mirada en las continuidades del conflicto y su nexo con el crimen organizado: “Esto demanda un monitoreo de sus dinámicas, de las trayectorias de los grupos armados que persisten, así como de las nuevas expresiones armadas y sus tipos de violencias, al igual que de aquellas menos visibles, pero con capacidad de afectar a la población”.
De ese coctel entre grupos armados, crimen organizado, control territorial, economías ilegales y dinámicas locales, surgen los mayores saboteadores de la concreción del Acuerdo Final. Sus principales protagonistas, descontando a la guerrilla del Eln, que se encuentra en una incipiente negociación de paz, son los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delictivos Organizados (GDO).
Anteriormente dichos grupos eran conocidos como Bacrim (Bandas Criminales Emergentes), pero el Ministerio de Defensa emitió una Directiva para enfrentarlos y creó esa nueva categorización, dependiendo de sus áreas de influencia, su organización de mando, su capacidad militar, entre otras características.
La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes
Dentro de los GAO están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), denominadas por las autoridades como Clan del Golfo; Los Pelusos, antigua disidencia del Epl con presencia en el Catatumbo; y Los Puntilleros, que operan en los Llanos Orientales. (Haga clic en los siguientes enlaces para ver la ubicación de cada GAO: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Puntilleros y Los Pelusos)
Por el contrario, otros grupos con menor capacidad pero que también ejercen control territorial y violencia, como Los Rastrojos, La Cordillera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca, El Clan Isaza, La Constru, La Empresa y la Banda Local, fueron agrupados como GDO. Producto de esa categorización, los primeros pueden ser confrontados con todas las fuerzas legales del Estado.
Más allá de la caracterización de cada una de esas estructuras, que se presentan como potenciales saboteadores de la transición hacia el fin del conflicto, la FIP sugiere que se deben plantear estrategias integrales para cambiar las condiciones de las regiones en donde tienen asiento para lograr su efectiva desaparición.
“Las ofensivas esporádicas, con operaciones que entran y salen de la zona, no llegan a afectar las condiciones que permiten la reproducción de las actividades criminales y el control que tienen los grupos al margen de la ley sobre el territorio. Se suma que el crimen organizado y las economías ilegales en las que está inmerso, han creado instituciones criminales al vaivén del conflicto armado, que ejercen autoridad y coerción, y también tributación que no pasa por el Estado colombiano”, señala el informe.
Para Eduardo Álvarez, director del Área Dinámicas del Conflicto de la FIP y uno de los autores del documento, los logros de las Fuerzas Armadas y de la Policía enfrentando a estos grupos ilegales son innegables, pero cuestiona si el Estado tiene realmente una estrategia que garantice el control territorial y la seguridad de las poblaciones: “¿Por qué si hay más de 30 mil capturados en los últimos diez años seguimos con estos grupos? No es una responsabilidad exclusiva de esos estamentos; si no que, con todo el diseño institucional para la paz, se trata de construir Estado o de reemplazar las instituciones ilegales en esas zonas”.
En ese contexto, la investigación de la FIP, que contó con trabajo de campo en diversas regiones convulsionadas del país, señala que, tras la salida de las Farc del ajedrez del conflicto armado, existe un fenómeno “más localizado, más fragmentado organizacional y territorialmente y con mayores dificultades de ser desmontado por el largo legado que trae a cuestas y por la persistencia de las vulnerabilidades territoriales, según la región que se mire. Se golpean las estructuras, pero en los territorios quedan activas una serie de condiciones asociadas a mercados ilegales y a deficiencias del Estado que propician la reproducción del crimen organizado bajo distintas formas”.
A ese panorama se suman las disidencias de las Farc y el aumento de cultivos de coca en los últimos años.
Presencia de disidencias y cultivos de coca. Fuente: FIP.
De GAO y GDO
El informe de la FIP también es una radiografía de los nuevos grupos ilegales que operan en diferentes regiones del país. Entre las principales características, encuentra que no se sabe con ciencia cierta cuántos grupos son orgánicos y cuántos son producto de subcontratación, pues grupos como las Agc se han ido fragmentando y adaptado a las acciones del Estado. Esa figura de subcontratación de bandas locales, también tiene un sentido inverso, pues organizaciones de delincuencia común se presentan como filiales de grupos consolidados para infundir más temor.
En cuanto a su presencia, el informe establece tres tipos: limitadas a espacio urbanos y semiurbanos, como los ‘gaitanistas’ en ciudades capitales del Caribe y centros poblados del Pacífico; presencia definida por el control de rutas del narcotráfico, como la del corredor Meta-Vichada-Venezuela, controlado por Los Puntilleros para el Bloque Libertadores del Vichada, que hace presencia con pocos integrantes, en caseríos y veredas; y presencia estable y sostenida, como la de las Agc en Urabá, que “incluye campamentos en zonas rurales y otros puntos en cascos urbanos, capacidad de sostener acciones militares por largos períodos –como lo ha venido haciendo contra el ELN entre el Alto Baudó y Litoral de San Juan (centro y sur de Chocó)–, y control de clústers de minería ilegal”.
Al respecto, la FIP plantea que “esta combinación de factores pone sobre la mesa una discusión necesaria y es aquella que siente las bases para dejar de pensar en las amenazas –en este caso, la de los saboteadores armados– de manera compartimentada. Es decir, bajo una lógica o lenguaje de conflicto armado propio del contexto pre-proceso de paz, sino bajo criterios de un contexto cambiante, en el que las fronteras entre conflicto armado y crimen organizado son cada vez más difusas y en escenarios cada vez más localizados y altamente volátiles”.
Asimismo, también alerta sobre la fragmentación de estos grupos, pues “estaríamos ante un escenario de múltiples expresiones criminales, sin cabezas visibles, pero con varios mandos que tienen poca o baja capacidad de cohesión. De ser así, es necesario repensar las estrategias de lucha contra el crimen organizado en sus diferentes escalas sin subestimar su capacidad de reproducirse, sostenida o temporalmente, y su capacidad de afectación que no está determinada únicamente por su potencial de violencia armada”.
A propósito de su presencia, la investigación cuestiona las dificultades para ubicarlos, puesto que se carece de registros de su accionar en corregimientos y veredas, razón por la cual en muchas ocasiones se les asigna actividad en todo un municipio. Otra dificultad que reseña es la de asignarle presencia a un grupo por medio de los indicadores de violencia: “Que no recurran a la violencia extrema indica que no tienen un competidoro que han establecido pactos y alianzas con otros grupos. Se suma que los objetivos que persiguen son tan puntuales como acaparar ciertos segmentos de rentas por medio de redes de subcontratación, que no necesitan controlar el territorio ni desplegar violencia indiscriminada o a gran escala”.
Por otro lado, Álvarez también cuestiona la clasificación que se ha hecho de algunos grupos: “Encontramos una gran contradicción al revisar los criterios para definir una GAO. No se entiende cómo se pone en la misma bolsa al Clan del Golfo y a Los Puntilleros de Vichada, que son 60 tipos que están preocupados por el control de puntos estratégicos para mantener a flote una ruta del narcotráfico histórica en esa zona del país; o por qué los Rastrojos son GDO, siendo que en nuestras entrevistas con miembros de la Fuerza Pública, operadores judiciales, comunidades y agencias internacionales, nos dicen que así su accionar sea concentrado en Puerto Santander y la metropolitana de Cúcuta, está generando índices de violencia muchos más fuertes; o por qué el Epl es considerado un GAO y no uno guerrillero, porque así tenga una presencia limitada en el Catatumbo, tiene una ascendencia histórica, territorial y social igual que el Eln”.
Al respecto, el informe plantea que “busca abrir un debate sobre la utilidad de clasificaciones rígidas y binarias que separan al conflicto armado del crimen organizado, cuando los diferentes contextos de violencia que actualmente persisten en el país llaman a una lectura más dinámica, flexible y acorde a sus complejidades”.
Sobre los GDO en particular, el informe consolida la existencia de 24, que son Los Caqueteños, Los Botalones, Los Rastrojos, Los Costeños, La Cordillera, La Constru, Los Pachenca, La Empresa y el Clan Isaza; cinco oficinas de Cobro (Boliqueso, Avestruz, El Seco, Fresa y Lobo y Dimax) y diez organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Las Chatas, La Sierra, La Unión, Picacho, Los Triana, Robledo, San Pablo, Trianón, Terraza y Caicedo). Y hace un detallado análisis de algunas de ellas.
Haga clic en los círculos para desplegar la reseña de cada grupo. Fuente: FIP.
Sobre su origen, identifica que provienen grupos de seguridad privada anteriores a las Auc; de ejércitos privados al servicio de narcotraficantes; de estructuras surgidas de la desmovilización las Auc; y de estructuras producto del debilitamiento o la disidencia de GAO. Y en cuanto a su dimensión territorial, señala que están en territorios limitados, principalmente urbanos y semiurbanos, sin superar los 150 integrantes, aunque su alcance puede llegar a ser transnacional: “De ahí que no funcionen como redes autónomas, sino que están necesariamente vinculadas a otras que son de carácter local, regional, nacional e internacional. Es decir, pueden hacer trabajos puntuales con redes de sicarios, así como con redes de narcotráfico o crimen trasnacional”.
Finalmente, señala que a estas estructuras las autoridades les prestan menos atención que a las GAO, pero el trabajo de campo de sus investigadores “evidencia que no son grupos de poca monta así su radio de acción sea limitado y su capacidad armada no se compare con las AGC o el EPL. Estos grupos pueden generar graves situaciones de impacto humanitario, que la prensa no registra o lo hace muy poco”.
Regiones más afectadas
La radiografía de la FIP también incluye a las regiones más afectadas por el accionar de las Agc, el Epl, los bloques Meta y Libertadores del Vichada de Los Puntilleros y algunos GDO. A propósito, refiere que tienen una presencia diferenciada en el país, según sus núcleos de acción, los cuales son de coexistencia, disputa y dominio. Y advierte: “estos se definen en función de la interacción con otros grupos armados y la importancia estratégica del territorio”, y a esos escenarios se suman “las disidencias y milicias de las FARC, las redes de intermediarios del narcotráfico, pequeñas estructuras que controlan la minería ilegal, y el ELN y sus diferentes expresiones y alianzas subregionales”.
Los núcleos de dominio son las regiones en donde los GAO tienen “control territorial y poblacional, pueden ejercer o impartir justicia, tienen relaciones con la institucionalidad local y con rangos bajos de la fuerza pública, así como control sobre la totalidad o segmentos de economías criminales”. Algunos de ellos son el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño para las Agc, en donde tienen su bastión político y militar.
En cuanto a los núcleos en disputa, que como su nombre lo indica, son regiones en donde no existe dominio por parte de un grupo sobre otro, se dan enfrentamientos a sangre y fuego por el control de “una zona de alto valor estratégico o por segmentos de economías criminales como la minería, el tráfico de drogas ilícitas y el microtráfico, así como por otras en las que se han ido involucrando paulatinamente te como la tala ilegal de madera y la trata y el tráfico de personas”. El ejemplo más significativo es la región Pacífico, en donde las Agc y el Eln se disputan el control de los ríos Baudó y San Juan en Chocó; las disputas interurbanas en Buenaventura por el control del microtráfico y la extorsión entre La Empresa y La Banda Local; y los enfrentamientos entre disidentes de las Farc y bandas de Tumaco.
El último escenario identificado es el de los núcleos de coexistencia, en donde los grupos tienen alianzas y pactos para evitar la confrontación, dividirse el territorio y administrar segmentos de las economías crimen organizado. Ejemplo de ello son Meta con la subcontratación de las Agc de una parte de Los Puntilleros; el Catatumbo con las relaciones entre el Eln y el Epl con otras organizaciones criminales como Los Rastrojos y algunas estructuras subcontratadas por las Agc; y Putumayo en donde coexistieron La Constru y las Farc.
En el departamento de Cauca existe una situación atípica, pues, aunque las autoridades no han identificado presencia de GAO y GDO, existen “diferentes grupos o expresiones armadas en formación que estarían tomando ventaja del desmonte de los sistemas de protección de las Farc”, los cuales son potenciales saboteadores de la implementación del Acuerdo Final, en especial de su capítulo de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Por todo lo anterior, el informe de la FIP dedica un espacio importante para llamar la atención sobre la importancia de la dimensión local, “pues es ahí donde se dan las interacciones concretas del conflicto, de la transición e implementación del Acuerdo de Paz”.
La coca abona el conflicto
En los últimos años han aumentado los cultivos de hoja de coca y las dinámicas del narcotráfico han cambiado en las regiones tras la salida de las Farc. Foto: archivo Semana.
Al cruzar los datos que arroja el informe de la FIP con los contenidos en el más reciente informe de monitoreo sobre los cultivos de hoja de coca para uso ilícito emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el problema tiende a agravarse. (Ver informe SIMCI 2016)
De acuerdo con esta agencia internacional, los cultivos de hoja de coca tuvieron un incremento considerable, al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil en 2016, arrojando un incremento del 52 por ciento, circunstancia que inquieta a diversos sectores sociales. Las áreas más afectadas son Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, justamente donde la FIP sitúa buena parte de la presencia armada irregular y de los intereses en las economías ilegales.
Para UNODC, la concentración de las distintas unidades de las Farc en las zonas veredales, camino a la dejación de armas y la reincorporación a la vida legal, generó en algunas regiones “una tendencia hacia la reacomodación de las fuerzas y poderes, que incluye no solamente grandes esfuerzos por parte del Estado para ocupar legalmente esos espacios, sino la aparición de estrategias por parte de otros grupos armados ilegales para copar los espacios cedidos por las Farc”.
Un aspecto que resalta este informe es la gran paradoja que vive el país tras los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc: “Las negociaciones han generado una clara sensación de bienestar y seguridad en muchas regiones de Colombia, pero en otras, se vive en un ambiente de incertidumbre y cambio de las reglas de juego”.
Esas nuevas “reglas de juego” se notan, según UNODC, en aquellas regiones más afectadas por los cultivos de hoja de coca donde hay cambios en la estructura del control territorial: “Zonas que típicamente funcionaban con un modelo de muchos vendedores con un solo comprador, transitan hacia un modelo de muchos vendedores a muchos compradores en el cual el precio se ajusta cada vez más a las condiciones del mercado y genera nuevos incentivos para la actividad ilegal”.
Uno de los cambios que preocupa a la agencia de Naciones Unidas es la dinámica de las estructuras de poder, que estaría pasando de “una basada en el control del territorio a una basada en el control sobre las cadenas ilegales”. ¿Y eso cómo se expresa?
De acuerdo con UNODC, “en los territorios más afectados por cultivos de coca, el control de las cadenas ilegales se refleja en una relación cada vez mayor de los cultivadores, no solo con el cultivo de coca sino con etapas de transformación y comercialización; esto promueve la integración de todos los eslabones de la cadena creando mayor dependencia económica y social, y dificultando las acciones del Estado para corregir esta situación. Esto genera alertas por la consolidación de incentivos asociados al precio, pero también asociados a la coerción por parte de grupos armados ilegales, para mantenerse en la actividad ilegal”.
Tal como lo expuso la FIP, la región Pacífico es también para UNODC una de las más convulsionadas y vulnerables a los graves problemas de ilegalidad, siendo Tumaco, en Nariño, el caso más delicado: este municipio es el de mayor área sembrada de cultivos de hoja de coca del país, llegando en 2016 a 23.148 hectáreas, pero también el de cruentas disputas por el control local y regional por parte de diversos grupos armados irregulares, en las que estarían participando organizaciones extranjeras que, a juicio de la agencia de Naciones Unidas, estarían “dinamizando los mercados localesde hoja de coca y pasta de cocaína”. Sus acciones se extienden al departamento de Cauca.
Tanto la FIP como UNODC coinciden en destacar el Catatumbo, en Norte de Santander, como otra de las regiones más convulsionadas en la relación entre cultivos de hoja de coca y presencia de organizaciones armadas ilegales que tienen un gran interés en la producción y comercialización de la droga aprovechando la porosidad de la frontera con el vecino país de Venezuela.
Uno de los incrementos más preocupantes registrados por este nuevo monitoreo se presenta en los parques nacionales. De acuerdo con el informe, once de ellos registran incrementos en el área sembrada, siendo uno de los más afectados el Nudo de Paramillo, entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. (Ver:La triste paradoja de los cultivos ilícitos en Antioquia)
Oro bajo la coca
El monitoreo de Naciones Unidas destacó también las actividades mineras, en particular la explotación de oro, en territorios donde confluyen sembradíos de hoja de coca. Para UNODC, “esta desafortunada coincidencia supone un gran riesgo y amenaza para la población, dado el carácter ilícito de estas actividades, convirtiéndose en un atractivo para los actores armados ilegales que buscan no solo el control territorial sino nuevas fuentes de ingreso”.
Lo más preocupante es que, de nuevo, la región Pacífico es la más afectada por esa confluencia de actividades ilegales y aparece Tumaco como uno de los municipios más golpeados por una y otra actividad. Se le suman, Puerto Asís y Orito, en Putumayo; y Timbiquí y López, en Cauca. Además, extensas áreas de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca también registran este tipo de superposiciones.
Dadas las particularidades del territorio, UNODC considera que se requieren programas de desarrollo “con enfoque territorial como mecanismo de superación de los factores que facilitan y promueven el establecimiento de cultivos ilícitos”, lo que podría abrir espacios para “el abordaje de programas de desarrollo rural que tendrán, entre otros impactos positivos, la reducción del efecto globo asociado a la migración de los cultivos ilícitos a otros municipios que comparten las condiciones de vulnerabilidad”.
Esa propuesta coincide plenamente con el informe de la FIP, que insiste en llamar la atención sobre la dimensión local de los fenómenos criminales y en preguntarle a Estado cómo les hará frente a todos estos saboteadores que, sin duda, ponen en riesgo lo firmado con las Farc y su aterrizaje en las distintas regiones del país, sobre todo en las más golpeadas por la confrontación armada.
