Después del retorno de varios campesinos a las veredas a El Salado, se han generado nuevos conflictos por solicitudes y juicios de restitución de tierras. Por una parte, jueces de restitución han dictado sentencias en las que se ordena el desalojo de víctimas para devolverle predios a otras víctimas desplazadas; de otro, las demandas han afectado de la voluntad de inversión en la zona.
La región de los Montes de María está compuesta por 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar. Foto: archivo Semana.
En dos ocasiones, la muerte rondó a la familia de Aidé Torres Fierro. El 18 de agosto de 1991 fue asesinado su compañero, Antonio María Meza Torres, a pocos metros de su parcela en un terreno que se conocía como El Gobierno, porque eran predios fiscales que eran ocupados por campesinos como ellos, que esperaban que algún día se las titularan. Nueve años después, el 18 de febrero de 2000, su hijo mayor, Óscar, fue baleado por paramilitares durante la masacre de El Salado.
Tras estos crímenes, esta matrona y sus cuatro hijos sobrevivientes dejaron atrás esta vereda de El Carmen de Bolívar, y se desplazaron a Soledad, Atlántico, huyéndole a la violencia que se había ensañado con su familia y en general con la población de los Montes de María.
Otros vecinos también salieron desplazados y dejaron abandonadas esas tierras. Unos se fueron para El Carmen de Bolívar. Otros simplemente las olvidaron. Incluso, algunos vendieron las mejoras, ya que nunca lograron que el Estado se las titulara.
Por algunos años este predio permaneció desocupado, pero en la medida en que algunos campesinos – también víctimas de la violencia- retornaron y empezaron a cultivarlos asumiendo que seguían siendo baldíos. Entonces lo rebautizaron Villa Amalia.
Quince años después del desplazamiento de Aidé y de su familia, el 16 de junio de 2015, el Tribunal Superior de Restitución de Tierras de Cartagena ordenó que se le devolviera su predio y que el extinto Instituto de Reforma Agraria (Incoder) le titulara las 38,8 hectáreas que había abandonado.
La Ley de Víctimas y de Restitución (Ley 1448 de 2011) faculta a los jueces y magistrados de esta jurisdicción especial facilitar la titulación de predios baldíos a los campesinos víctimas que probaran que explotaban esas tierras, en el momento que abandonaron sus fincas o fueron despojados.
Pero esta historia tiene otra cara. Casi dos años después de que se diera la sentencia, las autoridades no han podido restituir porque no han podido reubicar a las seis familias campesinas afectadas por la sentencia, también víctimas, que se opusieron a su restitución y que se niegan a dejarlas hasta que la Agencia Nacional de Tierras no defina los predios que les dará en compensación.
En la sentencia, los magistrados ordenaron a la Fuerza Pública hacer un operativo y garantizar la restitución material del predio de Aidé. Esto implicaba que la Policía debía desalojar y correr el riesgo de revictimizar a estas familias campesinas que habían ocupado el predio después que se iniciara el retorno en 2002.
La otra cara de Villa Amalia
A finales de los 90 las Auc le disputaron a sangre y fuego esta región a las Farc. Foto: archivo Semana.
Como Aidé, Ubaldo y Fran Cohen, Manuel, Augusto y Alfredo Cárdenas, y Pedro Alejandrino Ortega, sufrieron la guerra en esta vereda. Varios familiares cercanos fueron asesinados en la masacre de febrero de 2000. También se desplazaron, pero a los pocos años regresaron a la región.
El único problema que enfrentaron a su retorno era que no tenían tierras propias. Como hicieron otros, tomaron las que habían abandonado otros desplazados y empezaron a cultivarlas de manera colectiva. No solo lograron domesticar esas parcelas, que creyeron baldías, sino que formaron una comunidad.
Cuando Aidé decidió apelar a la Ley de Restitución de Tierras, estos labriegos si bien reconocieron que ella había estado en el terreno, se declararon opositores del proceso, teniendo en cuenta que entraron a esos predios sin violencia y reclamaban que el Estado se las titulara.
“Cuando nos metimos”, cuenta Edwin Navarro, presidente de la Asociación de Campesinos de Villa Amalia, “creíamos que esa tierra era baldía, pero que había sido ocupada por otros un tiempo atrás antes del desplazamiento. Lo hicimos porque algunos decían que no iban a volver”. Esa fue una de las principales razones por las que más de 30 familias decidieron ingresar a esos terrenos.
Para estos campesinos, el proceso de restitución ha sido particularmente duro con ellos, ya que al ser catalogados como opositores no han contado con asesoría jurídica y todos los gastos de su defensa han corrido por su cuenta. Y si se trata de campesinos víctimas, que están intentando reconstruir sus vidas y su economía, esto se convierte en un mal presagio.
Otro de los problemas que se presentaron a lo largo del proceso es que ninguno desistió de reclamar sus derechos, entonces los jueces debieron decidir entre el reclamante y los opositores.
Enesta etapa de los procesos, como explica la Unidad de Restitución de Tierras, se priorizó la voluntad de quien solicita la restitución, que ha manifestado querer regresar a su terruño. Aunque hay varias opciones: la devolución y retorno al predio, o la reubicación si no quiere hacerlo, o una indemnización.
Si Aidé hubiera desistido de su intención de retornar, muy seguramente el Tribunal la hubiera compensado económicamente o le hubiera entregado otro predio, con las mismas condiciones al de Villa Amalia. Y las tierras se las hubieran dejado a los segundos ocupantes.
No obstante, para evitar la revictimización de estas personas, el Tribunal de Restitución de Tierras ordenó al Ministerio de Agricultura y al Incoder reubicarlos y adjudicarles predios “ubicados en un lugar cercano al fundo donde se encuentra actualmente el proyecto productivo”, dice la sentencia. Adicionalmente, ordenó que los incluyeran en programas de subsidio familiar de vivienda rural y de subsidio integral de tierras.
A pesar de estas gabelas, y después de dos años de dictada la sentencia, no se ha podido hacer efectiva porque los labriegos no quieren dejar atrás lo que han construido y porque el proceso ha caído en un limbo. “No queremos comenzar de cero”, comenta uno de ellos, quien pidió reserva de su nombre.
Buena parte del atasco en el que se encuentra la restitución de esta propiedad es el temor de las autoridades de causar un nuevo daño a personas que, al igual que Aidé, también sufrieron por la violencia, pero que rehicieron sus vidas en medio del conflicto. Y en especial porque según informó la Unidad de Restitución, “si bien es cierto que la medida concreta fue ordenada al Incoder en liquidación- hoy Agencia de Tierras- también lo es que no se tiene razón de su avance en ello”.
Por ahora, nadie ha podido encontrar una solución a este nuevo problema. “Le hemos pedido a Restitución de Tierras que resuelvan lo más rápido posible, pero allá (en la Unidad de Restitución) dicen que el caso no tiene abogado y hasta que no asignen a uno el proceso no avanza”, dice Edwin Navarro, presidente de la Asociación de Villa Amalia.
Este conflicto muestra los nuevos escenarios que se están desencadenando sobre el problema de la tierra en los Montes de María. “Esto está pasando en varias veredas y corregimientos”, explica Irina Junieles, exdefensora del Pueblo en Bolívar, para quien, además de la dificultad para restituir, no solo se remite en devolverle la tierra a quienes fueron despojados, sino también en resolver qué soluciones se plantean para los campesinos necesitados de tierras, que ocupan parcelas de otros y después enfrentan desalojos.
Aunque los jueces especializados de tierras tienen la posibilidad de compensar a los campesinos que demuestren la buena fe, algunas personas sostienen que ellos y los magistrados han sido conservadores a la hora de otorgar reubicaciones en otros predios, a pesar de que la Ley de víctimas y restitución les da esa potestad.
A esto hay que sumarle las dificultades que ha tenido el Estado para otorgar nuevos predios, ya que la mayoría de los que posee el Fondo de Tierras provienen de extinción de dominio a narcotraficantes, lo que de por si ya es problemático.
Esto deja en evidencia el déficit de tierras que hay en la región. Según una investigación del economista Daniel Menco, titulada “Tenencia y usos de la tierra en los Montes de María”, esta región es una de las más inequitativas en cuanto a la propiedad de la tierra, pero que el problema de la falta de tierra para los campesinos se resolvería recuperando los baldíos que han sido usurpados en la región.
Menco sostiene que el 33% de quienes tienen propiedades con extensiones superiores a 20 hectáreas, poseen el 82 % de este recurso. Además, que solo en Bolívar, en donde está ubicado El Salado, el 59 % más pobres, tiene el 16 % de la tierra rural, en cambio el 41 % más ricos, tienen el 84 % de la tierra.
En los Montes de María hay, según la Mesa campesina Departamental 3.210 familias, distribuidas en 66 comités municipales que necesitan tierras para trabajar. “Si se buscara la posibilidad de repartirles tierras a estas familias”, explica Menco “usando como medida de referencia la UAF, se necesitarían, entre 64.200 (si la UAF es de 10 hectáreas) y 452.610 hectáreas (si la UAF es 37 o 47 hectáreas)”.
Callejones sin salida
Foto: archivo Semana.
Villa Amalia fue un predio de más de 300 hectáreas que fue adquirido a mediados del siglo XX por un fondo de tabacaleros, que a su vez se lo entregó al Incora en 1968, entidad que lo traspasó al Fondo Nacional Agrario para que lo titulara a un grupo de campesinos de la región.
Sin embargo, su historia es la suma de errores institucionales, ya que el Incora nunca tituló a los primeros ocupantes ni a los segundos. Los campesinos, sin títulos, salieron desplazados en el 2000; tres años después el Incora fue liquidado y el Incoder, entidad que lo reemplazó, tampoco recibió la propiedad, por lo que quedó en poder del Ministerio de Agricultura.
Entonces, después de que los primeros ocupantes salieron despavoridos, otros campesinos que se quedaron a pesar del rigor de la guerra, se arriesgaron y se metieron a esas tierras que consideraban baldías. Allí resistieron las duras y las maduras, domesticaron de nuevo esas tierras y las pusieron a producir.
Con el tiempo, creyendo que aún eran baldías, conformaron la Asociación de Campesinos Agropecuarios de Villa Amalia, en 2011, aspirando a que el Estado les adjudicara esos predios.
Sin embargo, a raíz de las ventas masivas de tierras en la región en 2008, el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada restringuió la compra-venta de predios en los Montes de María, para proteger las tierras de los campesinos desplazados y despojados por acumuladores.
Aunque es notorio que, además de los oportunistas y acaparadores que se aprovecharon de las tragedias de cientos de campesinos, en otros casos también entraron labriegos necesitados de tierras para producir, como aseguran que fue lo que ocurrió en Villa Amalia.
Sobre esas parcelas se crearon expectativas de titulación para los campesinos sin tierra que habían regresado e ingresado a esos predios baldíos. Pero a partir de que se sancionó la Ley de Víctimas y de Restitución, se abrió un nuevo escenario ya que la institucionalidad tuvo que esperar a que se resolvieran demandas como las de Aidé, en la que campesinos que habían sido poseedores de baldíos estaban pidiendo la devolución y la titulación de los mismos amparados en la nueva jurisdicción.
La institucionalidad también tenía el reto y la obligación de atender a esos campesinos que habían decidido regresar, y que de alguna manera están urgidos de obtener tierras, en especial los pocos baldíos que hay en la región. Fue precisamente a raíz de la primera sentencia de restitución que la titulación quedó definitivamente congelada.
En este sentido, al margen de los pleitos de restitución, bajo la batuta de la institucionalidad, en alianza con actores privados y de los mismos labriegos, en regiones como El Salado se han hecho inversiones en infraestructura como sistemas de cosecha de agua, cultivos, carreteras y colegios, precisamente para lograr reconstruir el tejido social de la región.
También ha habido contradicciones porque a esos segundos ocupantes se les generó una expectativa que les iban a titular. Pero al llegar las solicitudes de restitución, todo el proceso no solo quedó congelado, también varios proyectos que estaban siendo ejecutados por entidades públicas y privadas quedaron en suspenso, esto ante la imposibilidad de invertir en terrenos en los que no se tuviera claridad sobre su propiedad o estuvieran incursos en procesos judiciales como los de restitución.
A raíz de esta sentencia, se ha conocido que están en proceso cuatro nuevas solicitudes en las que se exige la devolución de 100 hectáreas, que dejarían en la calle a por lo menos otras 12 familias, también víctimas de la violencia.
“Nos sentimos como si viviéramos en una casa alquilada de la que nos van a sacar, pero que no sabemos cuándo”, cuenta Edwin Navarro, quien representa a los campesinos.
Ante esta incertidumbre muchos de ellos han dejado de invertir en sus parcelas por miedo a que les quiten todo. Otros, que invirtieron parte de los dineros de la reparación administrativa en mejorar sus casas o adecuar potreros y sembradíos, creen que lo van a perder en caso de que prosperen las demandas en su contra.
También ven con preocupación que todo lo que han logrado, con la ayuda del Estado y del sector privado, como las escuelas, el mejoramiento de las viviendas, las vías, los jagüeyes y los tanques de cosecha de agua, quede en manos de otros.
