Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Como responsables de cientos de secuestros, los comparecientes del Bloque Occidente fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 24 y 25 de noviembre en Cali a reconocer su responsabilidad por ordenar privar de la libertad y no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron a las víctimas durante el cautiverio. Los comparecientes debían aceptar su responsabilidad de mando en los casos ocurridos en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Chocó.

Aunque había una orden generalizada de buen trato, en la práctica, las decisiones quedaron a disposición de los comandantes regionales, quienes, por acción u omisión, tienen responsabilidad en lo padecido por las víctimas y sus familiares. “Teníamos la obligación de exigir que hubiera un buen trato, como se establecía, sabiendo las limitaciones que una persona secuestrada va a tener”, expresó durante la audiencia Édgar López Gómez, conocido como ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’, quien desde 1993 fue el segundo al mando del Bloque Occidente.

Pero fallaron: las largas caminatas, la vulneración de la intimidad, las torturas, la violencia sexual y el asesinato de cautivos demostraron la peor cara de un crimen no amnistiable y por el cual tendrán que pagar sanciones alternativas. “Estamos dispuestos a enmendar ese daño que hicimos. No queremos que nos sigan mirando con los ojos del pasado. No somos los mismos hombres de guerra”, señaló Gustavo Arbeláez Cardona, conocido dentro de las filas como ‘Santiago Naya’ o ‘Santiago Cepeda’, miembro del Estado Mayor de Frente Urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’. Arbeláez estuvo cerca de 9 años preso y obtuvo su libertad con el Acuerdo de Paz.

Desde que el tribunal de justicia transicional imputó a los miembros del último Secretariado de las Farc y reconocieron su responsabilidad en junio de 2022, este tribunal ha venido bajando dentro de la cadena de mando de la estructura guerrillera, en parte por las demandas de las víctimas por conocer detalles de la responsabilidad dentro de los plagios que sufrieron. (Leer más en: La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Desde entonces, los máximos representantes de tres de las siete estructuras que conformaban las extintas Farc han sido imputados por la JEP dentro del Caso 01, en hechos que se relacionan con los tres patrones macrocriminales determinados por la magistratura: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaban. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)

Los comparecientes del Bloque Occidente son los segundos en reconocer su responsabilidad en esta práctica, los primeros fueron los del Comando Conjunto Central —que operaba en Quindío, Tolima y norte de Huila—, quienes el pasado mes de abril se encontraron públicamente con las víctimas y asumieron su responsabilidad en los casos del centro del país. (Leer más en A pesar de riesgos de seguridad, se realizó la primera audiencia territorial de reconocimiento sobre secuestro)

Además de Édgar López y Gustavo Arbeláez, del Bloque Occidental, se determinó como máximos responsables a Jesucristo Jiménez Cuellar, alias ‘Juvenal Rodríguez’; Héctor Julio Villarraga, alias ‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’; Carlos Mario Cardona León, alias ‘William’ o ‘El Paisa’; Diego Ardila Merchán, alias ‘Leonel Páez’, y Oswaldo Miguel Mendoza, alias ‘Pacho Quinto’.

Juan Carlos Ramírez, conocido como ‘Miguel Pascuas’ o ‘Sargento Pascuas’, también fue imputado por estas conductas, pero a raíz del deterioro en su salud por alzheimer, no participó de la diligencia y fue remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

“La investigación desarrollada por la Sala indica que 227 de las 4.056 víctimas acreditadas en el Caso 01 señalan como presunto responsable de su secuestro al Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental”, señaló la JEP en un comunicado.

Entre 1993 a 2011, las Farc se desplegaron en la región para generar las condiciones políticas y militares necesarias que le permitieran tomarse a Cali y las vías hacia Pasto, Popayán y Pereira; además de buscar controlar los puertos de Tumaco y Buenaventura.

La estructura estuvo bajo el mando de Luis Édgar Devia Silva, conocido en la guerra como ‘Raúl Reyes’, durante 1993 a 1999; de Guillermo León Sáenz o ‘Alfonso Cano’, entre 1999 a 2011; y de Pablo Catatumbo, quien lo comandó hasta la dejación de armas del grupo guerrillero en 2016. Este bloque fue conformado por varias unidades, dentro de las cuales destacan los Frentes 6, 8, 29, 30 y 60; las columnas del Bloque Móvil Arturo Ruiz; y la Columna Móvil Jacobo Arena.

Dos de los casos más representativos de esta región son el plagio de los trabajadores de la represa de Anchicayá en 1999 y el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. La ausencia de las familias de los diputados, así como el único de los sobrevivientes, hizo ruido en el evento.

“Las FARC han dicho y siguen diciendo verdades a medias y no cumplieron con lo único que se obligaron: la verdad plena, detallada y exhaustiva; y cuando en plena audiencia les preguntamos para conocer la verdad, la propia JEP a través de la propia magistratura del Caso 01 nos calló y nos impidió ejercer nuestro derecho a la verdad plena”, señaló el exdiputado Sigifredo López a través de un comunicado público de siete puntos en el que reprocha los avances de la JEP y lamenta el recrudecimiento del conflicto en el país como un obstáculo para seguir en esta apuesta.

A la audiencia pública asistieron cerca de 40 víctimas y ocho de ellas le pidieron a las comparecientes respuestas e hicieron peticiones a la JEP. “La Farc no investigaban absolutamente nada de las informaciones que les entregaban los milicianos, simplemente procedían”, expresó durante su intervención Eneifi Cecilia Martínez, víctima de secuestro y violencia sexual.

En su investigación, la magistratura ha encontrado que particularmente en el suroccidente del país había “redes de milicianos que estaban empoderados, armados, que cometían crímenes con el auspicio de la organización o ante la indiferencia de la organización para beneficio propio pero también sin control”, precisó la magistrada relatora del caso.

“El secuestro no debía de haberse dado en la Farc-Ep por el dolor tan grande que sufre el secuestrado al encadenarlo, al amarrarlo, al privarlo de su libertad, al aislarlo de su familia, de sus amigos, de su comunidad”, expresó Jesucristo Jiménez Cuéllar o ‘Juvenal Rodríguez’, comandante de la Columna Miller Perdomo. “No tuve la capacidad para orientar mejor a las unidades para que no se cometieran los malos tratos a los secuestrados y no se cometieran tantos errores que se cometieron con la gente que secuestramos”, agregó.

En otros casos, la magistratura tuvo que recordarle a los comparecientes que no sólo fueron errores. “¡Crímenes!”, le recordó contundentemente la magistrada Catalina Díaz a Diego Ardila Merchán o ‘Leonel Páez’, que en su intervención se refirió a algunos hechos del secuestro como ‘errores’, expresión que podían malinterpretar su compromiso de responsabilidad.

“Para sanarme yo, para sanar mi cuerpo y mi alma me tocó perdonarlos”, expresó Eneifi. “Yo sí los perdono por todo el enorme daño que me hicieron y aquí estoy hoy representando a todas esas mujeres que hemos sufrido estos crímenes tan atroces. (…) Años después he logrado remendarme, convirtiendo mi dolor en fuerza. Hoy mi voz es un grito de esperanza”, concluyó la víctima.

Financiar a la organización

Los secuestros con fines financieros empezaron en la década de los setenta, poco después de la constitución de las Farc. Según la magistratura, por este patrón los primeros dos casos sobre los que se tiene registro tuvieron lugar en 1965 y 1974. Sin embargo, sólo fue hasta 1997 que el grupo guerrillero avaló la política de secuestro y extorsión, lo que después se conoció como el ‘Impuesto a la Paz’ o Ley 002, expedida en marzo del 2000.

“La pregunta que más recibimos es ‘¿por qué a mí’”, señala la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso. La respuesta que ha llegado a encontrar la JEP está relacionada con la orden general de los altos mandos de conseguir grandes sumas de dinero para financiar la guerra. Por diferentes vías, llegaron información de terceros que les decían a los guerrilleros a quién secuestrar, así como las conocidas ‘pescas milagrosas’, que fortuitamente afectaron a las familias que transitaban por las vías del país.

En su mayoría, las víctimas del patrón de financiamiento fueron transportadores, comerciantes y empresarios, y según los estatutos guerrilleros los plagios debían ser contra aquellos que tuvieran un patrimonio superior al millón de dólares, pero en la práctica este flagelo lo padecieron víctimas que no tenían cómo pagar las exigencias del grupo guerrillero, viéndose obligadas a perderlo todo o endeudarse por recuperar a sus seres queridos o, en algunos casos, el cuerpo sin vida. Algunas de las víctimas, aún siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

Henry Sánchez Zúñiga contó el primer día de audiencia sobre la ausencia de su padre, Silvio Alberto Sánchez Murgueitio. Sánchez habla, de paso, por otros ganaderos y hacendados de la región, también secuestrados o desaparecidos. Antes del accionar de las Farc, estas familias vivían en comunidad, pero con la llegada de los hechos violentos a la región todo esto se perdió.

“A mi padre lo encontré casi a los cuatro años de su secuestro enterrado en unas montañas”, señaló la víctima. La familia tenía una finca en El Tambo, Cauca, y según relató Henry, un día de 1991, un escuadrón militar acampó cerca de la casa de la finca familiar y por eso los comandantes de las Farc fijaron como objetivo a la familia. Las primeras acciones violentas vendrían en febrero de 1992, cuando hombres de las Farc se llevaron al mayordomo de la finca, cercano a la familia, y lo asesinaron.

Por estos hechos, la finca quedó en crisis y fue saqueada. En marzo de ese año, su padre regresó, pero días después no se tuvo noticias de él. Por el llamado de una vecina la familia supo que algo había pasado. Cuando sus hijos llegaron, la casa estaba deshecha y no había rastro de su padre. En una pared encontraron el mensaje: ‘Por sapo Farc-EP’.

A pesar de perder sus sustento en la finca y quedar endeudados por los créditos para las labores ganaderas que habían sacado, los hijos de Silvio dejaron sus trabajos para continuar con la investigación del paradero de su padre. Henry se adentró en la región, su hermana se propuso hablar con la guerrilla y su otro hermano intentó salvar la finca. Las pesquisas de Henry lo llevaron a hablar con el guerrillero conocido como ‘Pecho de Rata’ y confrontarlo por el secuestro de su papá.

Según reconstruyó la familia, mientras lo tenían retenido, su padre reconoció a algunos guerrilleros y, según cuentan, por eso lo asesinaron con un tiro de gracia en la cien. Con el tiempo, la familia  logró encontrar el lugar en el que estaba el cuerpo de Silvio.

“Me da mucha tristeza, mucha pena con el señor Henry, la tragedia que él cuenta, de toda su familia, el tiempo que le tocó emplear para buscar la verdad”; expresó Édgar López Gómez o ‘Pacho Chino’. “Esos territorios que usted menciona yo los conozco. Conozco los nombres de los guerrilleros que mencionó, todos los conozco. Sí eran guerrilleros de las Farc”, agregó.

Además se refirió a los casos de otras víctimas, empresarios y hacendados de la región, que Henry relacionó en su intervención. “Me queda mucho en la mente las personas que usted menciona, que fueron secuestradas antes y que no han podido llegar aquí. Yo creo que como ellos deben haber muchos otros que por miedo, por omisión, por todos los problemas que han habido en los compromisos de la JEP y en nosotros mismos, no han podido comparecer aquí”, concluyó.

Violencia sexual durante el cautiverio

“Una de las características del 30 Frente es que eran secuestros económicos, pero eran cortos: ‘usted paga o no vuelve a ver a su familiar’”, resalta Luz Mélida Ocampo en representación de las víctimas de secuestro extorsivo de su región. Según cuenta, después de varios casos, este era el conocimiento general que tenían las comunidades de zona rural de Valle del Cauca sobre el actuar de las extintas Farc.

Ocampo y su familia fueron secuestrados el 6 de abril de 2002, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, en lo que se conoció como ‘pescas milagrosas’. Ese día, mientras la familia transitaba por la carretera que va de Cali a Buenaventura, hombres armados del Frente 30 de las Farc los pararon en un retén instalado sobre la carretera. En un intento de huida de la familia, los guerrilleros abrieron fuego contra el vehículo.

Como su esposo y su hija de 12 años fueron heridos durante el plagio, los armados se llevaron a Luz Mélida, quien para entonces tenía 42 años. Con su familia, Olga manejaba una empresa de transporte que prestaba servicios por el Valle. Contó que la guerrilla se ensañó contra la familia por algunos bienes que con esfuerzo habían construido a través de los años y las ganancias de su empresa familiar.

Durante su cautiverio fue torturada, sometida a tratos crueles e inhumanos y violentada sexualmente. “Ahí comienza la historia más horrible para una mujer: estar desnuda, llegar un hombre, manosearte, tirarte al piso y violarte. Y luego llega otro y también hace lo mismo. Ustedes daban cultura, pero no sé qué cultura les daban”. Dejarla sin comida, encadenada a un árbol o obligarla a recorrer largas caminatas fueron algunos de los tratos crueles e inhumanos que padeció.

Por su liberación pidieron un millón de dólares. “Yo me desmayé porque ¿de dónde íbamos a sacar un millón de dólares?”. Cuando la guerrilla vio lista el canje del dinero por su liberación, esa noche volvieron a accederla sexualmente. Incluso, el día de su liberación intentaron volverla a violentar, “me tocó comenzar a gritar, les dije ‘ustedes  prometieron que no iban a volver a hacer eso’”. Tras su liberación, la familia continuó siendo víctima del conflicto, despojo de predios y afectada en su empresa familiar; cargando, además, las cicatrices de la violencia sexual en cautiverio.

“Hay miles de mujeres con historias como la mía. Las Farc niega que estos actos de violencia sexual ocurrieron bajo su conocimiento, alegan que estas conductas iban en contra de sus estatutos y eran castigados con fusilamiento, pero la realidad que estamos viviendo demuestra todo lo contrario. Mi caso, al igual que el de muchas otras víctimas, refleja que no sólo hubo conocimiento de estas prácticas, sino también que hubo una complicidad y una permisividad”, expresó la víctima durante la audiencia.

“Eso a usted no debió haberle ocurrido. A usted ni a nadie”, señaló Gustavo Arbeláez. “(Yo) hacía parte de estructuras que en el desarrollo de la guerra se crearon y que quedaron sueltas y que no tuvimos el talento suficiente de ajustarlas o de tomar la decisión de que dejaran de hacer”, agregó. “De corazón acepto la responsabilidad que como organización tuvimos en este hecho”, concluyó.

La voz de los desaparecidos

Olga Yaneth Gonzalez Mosquera alzó su voz para contar el secuestro y desaparición de su padre, Gilberto González Hernández, de 62 años. El 28 de mayo de 2012 en Rosas, Cauca, fue plagiado y desde entonces la familia ha atravesado un calvario para determinar su paradero.

En su momento, hombres que se identificaron como miembros del Frente 8 de las Farc le pidieron 20 millones de pesos por la liberación de su familiar, pero luego se enteraron que Gilberto había sido asesinado a los pocos días del secuestro. Por la liberación de su cuerpo les pidieron la misma cantidad de dinero para ser liberado.

Dentro de una investigación en la justicia ordinaria que duró cuatro años, la familia González Mosquera logró llevar a algunos de los responsables del secuestro de su familiar a la cárcel con una condena de 560 meses por extorsión agravada y desaparición forzosa, pero luego, con el Acuerdo de Paz recibieron el beneficio de libertad, para iniciar su proceso de reincorporación, entre ellos, Raúl Javier López Garzón, Jorge Eliecer Gómez Chanchí y Eduardo Santos Pipicano.

Durante el proceso, un campesino vecino de la región que presenció cómo los hombres armados llegaron a Gilberto, aceptó, por petición de la familia, comparecer como testigo principal contra los guerrilleros dentro del proceso. “Coincidencialmente, a los 10 días de que ellos salen libres aparece el testigo presencial muerto con ocho disparos en su cuerpo”, asegura Olga Yaneth.

“Ellos salen libres acogidos ante la Justicia Especial para la Paz, pero salen sin aportar ningún detalle de qué pasó con mi papá. Nosotros seguimos nuevamente siendo amenazados, siendo intimidados”, agregó.

La familia pidió el reconocimiento de los comparecientes sobre su responsabilidad en este caso y pido que la JEP actúe y evalúe el cumplimiento del régimen de condicionalidad con el cual se le otorgó a estos exguerrilleros el beneficio de la excarcelación. Además aprovechó el espacio para llamar la atención sobre la importancia de la búsqueda humanitaria, que como ella padecen decenas de víctimas de la región acreditadas en el caso.

Édgar López Gómez, en representación de la extinta guerrilla, le aseguró a la familia que están recopilando información para dar con el paradero del cuerpo de Gilberto. “No debemos guardarnos expectativas porque no podemos confirmar si sean ciertas o solamente nos van a aproximar, pero hay una información que es importante”. Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre precisó que la situación de los tres exguerrilleros fue remitida a la Sala de Amnistía e Indulto para revisar la posible pérdida por incumplimientos.

Sigifredo y el perdón que le debe la sociedad

A nivel nacional, gran parte de los secuestros con fines de canje estaban fijados miembros de la Policía y el Ejército, muchos en acciones armadas, otros cuando no estaban en funciones. Durante el proceso de paz con el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), las Farc liberaron a miembros de la fuerza pública que no tenían mandos y se quedaron con las cabezas. Es el caso de Guillermo Javier Solorzano, comandante de la Policía, liberado el 16 de febrero de 2011, tras 1.336 días de cautiverio. Después de todo lo que sufrió, los malos tratos y torturas que le provocaron los guerrilleros, le afectaron su buen nombre y acabaron con su carrera en la Policía. (Leer más en: Uniformados rasos secuestrados, víctimas de las Farc y del Estado)

El ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’ posterior al año 2001, determinó que para presionar al Estado Colombiano también se debía privar de la libertad a civiles que tuvieran notoriedad política y a sus familiares. Dentro de esta dirección se encuentra el caso de los diputados del Valle.

La justicia colombiana había proferido diferentes sentencias en contra de miembros rasos de la guerrilla, sin embargo, esta es la primera vez que altos mandos asumen responsabilidad por los daños sufridos por el secuestro de los diputados Asamblea Departamental del Valle, plagiados para presionar al gobierno en miras de un canje por guerrilleros.

El 11 de abril de 2002, disfrazados de militares del Ejército y bajo una falsa amenaza de bomba, milicianos de las Farc se los llevaron de la sede donde sesionaban, ubicada en pleno centro de Cali. Según ha determinado la JEP, dos hombres que habían hecho parte del M-19 colaboraron con las Farc aportándoles información. Estos conocían personas dentro de la Asamblea que les dio detalles a la guerrilla del funcionamiento desde dentro. Pablo Catatumbo ya había reconocido en la audiencia pública que Milton Sierra, conocido como ‘JJ’; Obdulio Peña o ‘Franco Benavides’; y ‘Alfonso Cano’ planearon esta acción.

Una vez en poder de las Farc, Oswaldo Miguel Mendoza o ‘Pacho Quinto’, joven comandante del Bloque Móvil Arturo Ruiz, se le asignó la tarea de conducir a los disputados por la selva para que quedara en manos del Frente 60. Esa extensa travesía, desde los Farallones de Cali hasta el río Naya, sería el inicio de las largas caminatas a las que fueron sometidos y que las víctimas nombraron como ‘las marchas de la muerte’. Sin víveres, sin equipos, sin medicamentos y sin descanso.

“Todos esos recorridos fue sufrimiento, fue frustración (…), no sólo lo de las marchas forzadas, sino también perder sus pertenencias. No lo menciono por el objeto, sino por el significado que tenían”, expresó Mendoza. “Hoy que en mí ha parado el ruido de la guerra me puedo dar cuenta cuánto era el significado que tenían esas prendas de los diputados”, agregó el compareciente y “pienso mucho en todo el sufrimiento que provocamos, pienso que fue una política equivocada. Eso no debía pasar”.

Después de cinco años de secuestro, 11 de los diputados fueron asesinados por las Farc: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendi, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado en 2009, pero fue encarcelado en mayo de 2012 por falsas acusaciones de haber colaborado con la guerrilla en el plagio de sus compañeros.

Inicialmente, las Farc argumentaron que los diputados murieron en un combate en un grupo armado sin identificar, pero años después se supo la verdad: una guerrillera de 15 años que hacía vigilia vio a hombres armados acercarse. En el momento, pensaron que se trataba de tropas del Ejército que habían llegado a rescatar a los diputados, pero en realidad se trataba de hombres del Frente 29 de la misma guerrilla. En la confusión, los carceleros de los diputados los masacraron en tres minutos.

Héctor Julio Villarraga, ‘Gilberto Arroyave’ era el comandante del Frente 60 y estaba a cargo de los hombres que masacraron a los diputados. Explicó que esa decisión se dio en el marco de una directriz nacional de las extintas Farc. Según recuerda, desde finales del 2006 se había impartido la instrucción de que no se podría permitir el rescate de los secuestrados, a raíz de unos hechos ocurrido en Cundinamarca donde, tras la llegada del Ejército y la huida de los guerrilleros, habían sido liberados unos cautivos. “A raíz de eso el comandante ‘Alfonso Cano’ me escribe y me da instrucciones que esa situación no puede repetirse, que eso no se puede permitir, que había que tomar medidas y establecer un plan de emergencia en esa circunstancia”, relató el compareciente.

“Nosotros nos reunimos con quienes me apoyaban en el ejercicio de mando y determinamos que en caso de caer en una circunstancia, ya sea en desplazamiento o en un campamento, teníamos que optar por el fusilamiento de los secuestrados”, agregó Villarraga.

“Usted está aquí por cumplir una orden inhumana”, le aclaró la magistrada Lemaitre. “En el Derecho Internacional, el que la orden sea inhumana no excusa a quien la cumple”, agregó.

Sigifredo se salvó porque estaba castigado, amarrado del cuello a un árbol, a 10 minutos del campamento, pero durante años recayó contra él estigmas de haber colaborado en el secuestro de sus compañeros. Incluso, estuvo preso por un video y unos testigos que malintencionadamente lo incriminaron. Gustavo Arbeláez Cardona, uno de los comparecientes presentes en la audiencia, para entonces estaba en la cárcel y desde su detención aclaró que la persona del video no era el exdiputado, sino un miembro de la organización guerrillera.

“Quisiera reivindicar públicamente el nombre del exdiputado Sigifredo López, quien no solamente tuvo que vivir los horrores del cautiverio, sino que luego fue victimizado y revictimizado por un accionar completamente errático de la justicia colombiana”, expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, tan pronto se instaló la diligencia.

La magistrada Lemaitre retomó esta postura y resaltó que su despacho ha encontrado que aún persiste la estigmatización por parte de la sociedad del suroccidente contra él y su familia. “No hay nada, en años de investigación de la justicia ordinaria, en una cantidad de expedientes, en lo que dicen hoy los comparecientes que lleve a pensar de ninguna forma que Sigifredo fue algo distinto a una víctima”, señaló y agregó que “la sociedad debe acogerlo con compasión”, agregó.

Huérfanos por control territorial

Bajo el patrón de control territorial, la extinta guerrilla llegó a privar a niños y jóvenes de crecer con sus padres, arrebatándoles el derecho a crecer en un ambiente sano y frustrando su proyecto de vida. Así lo relató Angie y Margarita Barón, dos de cuatro hermanos a las que les secuestraron a su madre en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. “Nunca necesitamos el

amor de un padre que nunca tuvimos, pues ella nos brindó el amor más tierno y caluroso que lo hizo sentir a uno como un hogar. (…) Con lo poco que teníamos económicamente éramos una familia muy feliz”, expresó su hija Angie.

En enero de 1986, hombres de las Farc irrumpieron en el hogar de esta familia campesina y se llevaron a Isabel Varón Gutiérrez, madre soltera y cabeza de hogar de cuatro menores de edad, que sostenía su hogar con mucho esfuerzo. “A ella la llamaba ‘La Gitana’, por su belleza, por ser una persona muy bondadosa con las personas que no tenían un plato de comida”, recuerda Angie. La víctima fue asesinada en un intento de fuga y la enterraron en el cementerio de Santa Lucía como un cuerpo no identificado junto a las víctimas de una masacre. A sus hijas les negaron la posibilidad de recuperar el cuerpo de su madre.

Después de 37 años de estar buscando los restos de su madre, se hicieron presentes en la audiencia para compartir su dolor. “Las acciones del Bloque Occidental nos dejaron solos en este mundo sin un hogar, sin un apoyo para crecer y salir adelante. No se imaginan los horrores que se viven sin saber que íbamos a hacer para tener una comida en el día, con quién íbamos a vivir. A esos cuatro niños de 14, 12, 10 y 2 nos tocó dejar de lado la infancia y salir adelante solos, aguantando humillaciones, malos tratos, hambre, frío”, expresó Angie.

A su hermana mayor, Patricia, le tocó tomar el rol de nuestra madre. “A mi hermana Margarita, quien estaba aquí a mi lado, y a mí, nos tocó irnos a casa de familias a realizar labores de casa, sin pago alguno, sólo por un plato de comida y un techo para vivir. Eso nos hizo vivir muchos malos tratos, humillaciones, durante muchos años de nuestras vidas”, agregó.

Su dolor se ha prolongado al no tener certeza de dónde está el cuerpo de su madre. “Lo más triste de todo es que son víctimas que ni siquiera tienen culpa de lo que pasó, que ni siquiera se sabe qué fue lo que ocurrió, por qué hicieron eso”, complementó Margarita, hija de la víctima.

La familia, además de pedir respuestas a los exguerrilleros, hicieron un llamado por las acciones humanitarias. “También queremos pedir al gobierno nacional que se firme un acuerdo humanitario con los grupos armados que tienen control de la zona del Cauca, del Valle y de Nariño para que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan entrar en el territorio y buscar a nuestros familiares y desaparecidos”, concluyó.

La resolución de conclusiones evaluará el reconocimiento rendido por los siete exguerrilleros imputados durante la audiencia pública, teniendo en cuenta los criterios de satisfacción de aporte a la verdad y reconocimiento establecidos por la JEP. Además, revisará las propuestas de sanciones que han presentado o van a formular los comparecientes y será el Tribunal para la Paz el que impondrá las sanciones a través de la sentencia.

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Los hechos no están en disputa. Las extintas Farc reconocen haber obligado a sus secuestrados a realizar trabajos forzosos durante el cautiverio, a menudo como una forma de castigo. Pero la pregunta de si eso constituye esclavitud está al centro de una pugna jurídica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En mayo, la JEP ratificó la recaracterización de esa práctica como crimen de lesa humanidad dentro del macrocaso 01 sobre el secuestro. Pero en un recurso interpuesto por la defensa de los jefes máximos de la otrora guerrilla, a comienzos de junio, se argumenta que obligar a sus rehenes a realizar trabajos no alcanza a constituirse como crimen de lesa humanidad.

Para la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representan a varias víctimas de este caso, la petición de revisión no tiene lugar ya que durante las etapas pasadas el Secretariado aceptó el crimen, pues asumió que parte del relacionamiento que tenían en muchas zonas del país era de única autoridad y eran ellos quienes supervisaban e imponían sanciones, incluyendo privaciones de la libertad y obligando a personas en su poder a realizar trabajos forzados. (Leer más en: Pese a imputación de esclavitud, víctimas están insatisfechas por falta de reconocimiento del Secretariado)

Es una discusión semántica, ya que no tiene efectos sobre las penas a los exjefes. “No tiene ninguna implicación, hace parte del repertorio de delitos que ya estaban, pero eso no influye en las sanciones”, asegura una abogada del Ministerio Público que lleva casos en la JEP, que pidió anonimato para hablar del caso.

Mientras los comparecientes no quieren quedar en la historia como esclavizantes, en contravía de sus ideales revolucionarios, para las víctimas es un reconocimiento de que sí fueron tratadas como objetos de explotación y utilizadas como obra de mano en contra de su voluntad.

En este caso, que es uno de los más adelantados por la JEP, se determinó como máximos responsables a los siete antiguos jefes máximos de la guerrilla que están compareciendo ante ese tribunal: Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda. (Leer más en: La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad determinó que, en algunos casos, la práctica de obligar a los secuestrados en poder de la extinta guerrilla a realizar trabajos forzosos fue empleada como un castigo, dado que a aquellas víctimas se les impusieron sanciones basadas en maltratos, amenazas de muerte y realización de trabajos en contra de su voluntad.

Los exguerrilleros serán juzgados en el macrocaso bajo lo dispuesto en el Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional, los cuales establecen los criterios a nivel mundial de los crímenes considerados de lesa humanidad. Para esto, se deben cumplir tres condiciones: que el acto sea dirigido a la población civil; que la conducta haya sido aplicada de forma generalizada o sistemática; y que haya sido cometido en cumplimiento de una política de una organización.

Específicamente sobre el delito de esclavitud, el autor tiene que haber ejercido valor de propiedad, e impuesto alguna privación de la libertad. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)

La JEP determinó que la noción de propiedad tiene que ser pensada desde la modernidad, desde la esclavitud como “todas las formas por las cuales se controla a una persona de tal manera que se le somete, bajo condiciones en las que resulta cosificado y reducido a un objeto de explotación”.

Está el caso de Edinson Márquez, secuestrado en Cesar a modo de ‘castigo’, ya que junto a su esposa no dejó que la guerrilla de las Farc reclutara a sus hijos. En consecuencia, su casa fue quemada y él estuvo secuestrado por seis meses. Durante su cautiverio, lo obligaron a limpiar los campamentos y cargar leña, generando en su cuerpo problemas de columna, según cuenta su esposa, en el podcast Derechos con Voz, de la Comisión Colombiana de Juristas.

La defensa de los miembros del extinto Secretariado no discute que hayan actuado de esa forma, sólo que creen que no se debe considerar esclavitud.

En el recurso interpuesto, hacen referencia a la idea de “cosificación” implícito en la esclavitud, diciendo que a pesar de que reconocen los trabajos forzados, nunca tuvieron la intención criminal de tratar a las personas como su propiedad ni con fines transaccionales. “Los hechos correspondieron a las dinámicas territoriales, acordadas con las comunidades, donde los trabajos se impusieron como castigos”, afirma el Secretariado en el documento de reposición.

En contraparte, desde la Fundación Defensa de Inocentes, quienes representan a víctimas del Caso 01, aseguran que no tiene coherencia hablar de que eran castigos impuestos por la sociedad, ya que los secuestrados se encontraban en cautiverio sometidos a trabajos forzados en contra de su voluntad y de esta forma la guerrilla sí ejercía poder sobre ellos.

La defensa también se refirió a la responsabilidad de mando y al reconocimiento de los hechos: los miembros del Secretariado ya reconocieron que existieron casos de trabajos forzados, pero existe una falta de argumentación de la jurisdicción para establecer que los líderes principales tenían o debieron tener conocimiento sobre la “esclavitud”.

Frente a esto, la Procuraduría General de la Nación es clara en las observaciones que hizo a la Sala en abril de 2021, diciendo que “los comparecientes no eran solo unos ‘autores de escritorio’ que planeaban la política y no sancionaban a sus subordinados, ni se trató de ‘responsabilidad de la organización’ como han afirmado en las versiones rendidas ante la JEP, mucho menos de una responsabilidad colectiva. Los comparecientes tuvieron participación directa en las actuaciones de los bloques y frentes que comandaban y ese hecho debe ser reconocido”.

Otro de los puntos que cuestionan los exdirigentes de las antiguas Farc es que, para ellos, no es claro que la práctica haya sido generalizada. Argumentan que la Corte Penal Internacional señala que, para definirlo bajo esa denominación, el ataque tiene que implicar un alto número de víctimas o que sea a gran escala. Según ellos, en el Auto 279 sólo hay 10 casos, divididos en cuatro grupos, en los que se habla de trabajos forzados y no son específicos”.

Entonces reclaman que no ha habido una investigación o “esfuerzo metodológico” para realmente determinar la magnitud del hecho y a su vez si fuera algo generalizado tampoco se ha demostrado.

Camilo Sanclemente, representante de las víctimas y presidente de la Fundación Defensa de Inocentes, señaló que “faltan muchas víctimas por escuchar y eso fue algo que inclusive nosotros llamamos la atención. Cuando imputaron al secretariado por el delito de tortura, secuestro y trabajos forzados, solamente invitaron al 0.6% de las víctimas y nosotros lo manifestamos ante la jurisdicción, no todas las personas que sufrieron de esclavitud han sido acreditadas para el caso”.

Por lo tanto, para él, hablar de esas cifras no es coherente y es cruzar una línea muy delgada. Pues si bien no se alcanzaron a documentar todos los posibles casos, sí es suficiente para comprobar que fue algo sistemático.

Asimismo, la defensa de los comparecientes vuelve a traer a la discusión el trabajo forzado bajo la premisa del Estatuto de Roma. Arguementa que pueden hacerlo contra su voluntad o ponerlos en situación de servidumbre, y esto no significa que ya por eso sea esclavitud; que bien sí puede ser un indicio, mas no el crimen.

Ana María Rodríguez, directora de la CCJ, asegura que en instancias pasadas, solicitaron la tipificación de la esclavitud, no sólo por trabajos forzados sino también por el trato que se daba a las personas. “En términos generales y por el volumen de casos, hubo una instrumentalización: a las personas se les trataba como mercancía, como una ficha de intercambio y esto hace que la conducta vaya más allá de simplemente trabajo forzados y constituya, en nuestro concepto, también esclavitud.”

Por último, el antiguo Secretariado hizo un llamado ante una violación de los principios básicos del ordenamiento jurídico, basado en el principio de congruencia. Es decir, en el proceso penal cuando existe una imputación o señalamiento por parte de la autoridad, la estructura se debe mantener así por parte del juez que decide, y no se puede agregar nuevos delitos.

En la JEP, fue la Sala de Reconocimiento quien imputó mediante una Resolución de Conclusiones ciertos hechos y delitos. Posteriormente, argumentan, el Tribunal de Paz debía valorar los hechos imputados y no hacer adiciones.

Representantes de los exFarc aseguran que lo que hizo la Sección del Tribunal para la Paz fue corregir los errores a la Sala de Reconocimiento, agregando nuevos elementos.

Camilo Fagua, abogado defensor de los comparecientes, aclaró que con el recurso, pidiendo la revisión de la imputación, buscan que se evalúen los hechos ocurridos, lo cual no implica que su compromiso con el proceso haya cambiado. Afirma que la intención del Secretariado no es optar por la vía adversarial, donde tendrían que ir a un juicio, muy parecido al de la justicia ordinaria.

Sanclemente, representante de las víctimas, dice que lo único que hace el recurso es revictimizar a quienes estuvieron privados de su libertad y fueron obligados a realizar trabajos forzados durante su cautiverio. Así mismo, no conciben que los comparecientes intenten excusarse señalando que estos castigos fueron impuestos por la sociedad.

Rodríguez, de la CCJ, afirma que si bien no todos los hechos fueron aceptados, la existencia de trabajos forzados ya fue admitida por la Sala como información concluyente y ahí estaba inmerso el delito de esclavitud. “Sí hay indicios suficientes que constituyen elementos de valor probatorio y hay elementos de información suficiente que demuestran que estas conductas se cometieron y no de manera aislada, sino de manera sistemática y de manera reiterada. Eso es lo que en su momento sustentó la Sala y que el magistrado corrobora en su auto de correspondencia”.

Por este motivo, representantes de víctimas presentaron ante la JEP, en un documento privado, los argumentos reafirmando que sí se cometió el crimen de esclavitud.

Múltiples peticiones del antiguo Secretariado

Adicional a que pidieran la revisión del crimen de esclavitud, los exjefes máximos de las Farc también hicieron otras 19 peticiones, por su inconformidad con el proceder de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre esas, la nulidad del Auto 03 de 2024, por la situación del magistrado Camilo Andrés Suárez, contra quien, en el momento de emitir el auto, existía una solicitud de recusación sobre su imparcialidad, por haber sido juez penal militar entre 1992 y 2016.

La directora de la CCJ explica que la recusación que presentaron los abogados del Secretariado no podrá tumbar el auto de correspondencia porque ya fue negado por el propio magistrado y por la Sala de Apelaciones.

Igualmente, una de las peticiones que más resalta es que la JEP emita una única resolución de conclusiones y una única sanción por cada compareciente, en vez de una resolución por cada macrocaso, como se viene haciendo.

La defensa del Secretariado dice que con sólo una resolución se puede realizar un análisis más específico del grado de responsabilidad de cada compareciente, teniendo en cuenta las acciones realizadas y la responsabilidad dependiendo también de su posición jerárquica.

“Esto aseguraría que cada compareciente sea sancionado con base en su participación determinante en todos los macrocasos, con una única sanción que refleje adecuadamente su nivel de responsabilidad en comparación con el máximo responsable”, alega Fagua, vocero de la defensa.

La JEP ha dicho que no encuentra irregularidades en la emisión de una resolución parcial de conclusiones, en tanto los imputados pueden nuevamente ser seleccionados por hechos y conductas correspondientes a otros casos.

También piden declarar como hechos amnistiables las retenciones cortas a policías y militares, ya que en el Derecho Internacional Humanitario no se prohíben las privaciones de la libertad en contextos de conflicto y en el acuerdo se estableció que todo lo que no revista crímenes de guerra y de lesa humanidad, sería amnistiable.

¿Recursos retrasan sentencias?

El órgano de justicia transicional había anunciado que este año emitiría la primera sentencia en contra de los otrora máximos dirigentes guerrilleros, pero fuentes de la JEP han sido citados en diferentes medios señalando que por culpa de los recursos judiciales presentados por la defensa de los comparecientes es probable que no se cumpla esta meta.

El último Secretariado de las extintas Farc exculpa su responsabilidad frente al previsible retraso del Tribunal para la Paz en la expedición de la primera sentencia contra el macrocaso de secuestro.

“Vamos a elevar un documento ante la honorable magistratura para conocer formalmente si lo expresado en ese medio periodístico corresponde a la opinión formal del despacho”, expresó Camilo Fagua, abogado de la defensa de los firmantes.

Para el Secretariado, la presentación de recursos hace parte de su derecho a la defensa y aseguran que siempre han estado encaminados a lograr la rápida emisión de sentencias que resuelvan su situación jurídica. Alegan igualmente que la JEP es la que no ha cumplido con los tiempos de ley para resolver las oposiciones que se han planteado.

Además, afirman que desde 2022 la Sección del Tribunal ha buscado complicar el trámite para resolver su situación jurídica y emitir la sentencia para que ellos puedan cumplir las sanciones que buscan reparar a las víctimas.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reafirmó esta semana que obligar a sus rehenes a realizar trabajos forzados, como parte de una práctica generalizada y sistemática de las extintas Farc, equivale al crimen de esclavitud.

La decisión anunciada el 29 de abril por el Tribunal para la Paz determina que quienes integraron el último Secretariado de la extinta guerrilla son responsables de este crimen de lesa humanidad, relacionado con los secuestros que cometió.

Dentro del Caso 01 de la JEP, denominado ‘toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes’, la imposición de trabajos forzados, así como casos de “venta” de la víctima, ya estaban dentro de los hechos y conductas de los que tienen responsabilidad individual los exjefes máximos de las antiguas Farc, junto con otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el secuestro. 

Por eso, que se haya ratificado, mediante el Auto 003 de 2024, la imputación por esclavitud “representa un paso significativo para la búsqueda de justicia que han reclamado las víctimas, sus familias y la sociedad, además de contribuir a la construcción del camino para la reparación y la restauración” aseguró el presidente de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, Camilo Suárez Aldana en rueda de prensa sobre la decisión. 

Esta providencia está dirigida a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en la guerra como ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Losada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’, quienes comparecen ante la JEP y deben responder por sus crímenes y por los que que cometieron sus subordinados.

Un vocero del equipo de defensa de las extintas Farc dijo que esperarán  a que se les notifique el auto formalmente para pronunciarse al respecto. 

El auto original que imputó al Secretariado por su responsabilidad en 21.396 secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc no utilizó la calificación jurídica de “esclavitud”. Por esa razón, sus integrantes aceptaron los crímenes, en su Respuesta y observaciones al Auto 019.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se categorizara como esclavitud los trabajos forzados impuestos  a las víctimas en el marco del cautivero, así como casos de “venta” de la víctima. La Sala de Reconocimiento accedió a la solicitud de la Procuraduría en el Auto 244 de 2021, y unos meses después, en febrero de 2022, la defensa de los comparecientes presentó sus observaciones en las que rechazó el uso del término jurídico ‘esclavitud’. 

A pesar de esto, en junio de 2022 se realizó la audiencia pública de reconocimiento por la imputación en el caso de secuestros en donde los exjefes guerrilleros aceptaron su responsabilidad ante las víctimas y el país por dar las órdenes que resultaron en privaciones graves de la libertad, toma de rehenes, asesinatos y desapariciones forzadas. (Leer más en: La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Cumplida esa etapa, mediante la resolución de conclusiones, la Sala de Reconocimiento explicó que no se pide a los comparecientes “el reconocimiento de un tipo penal específico, solo de los hechos, conductas, y de su naturaleza de no amnistiables”. Por eso, el Tribunal de Justicia Transicional considera que los comparecientes ya reconocieron su responsabilidad en los crímenes por los que fueron acusados, sin importar si aceptan el término “esclavitud” o no. 

“Lo que es objeto de imputación son hechos, son patrones de conducta, son cuestiones fácticas sobre las cuales se da aceptación de responsabilidad, no sobre delitos específicos y particulares. Quien califica cómo se llama eso técnicamente, jurídicamente, de cara al derecho nacional e internacional es el Tribunal para la Paz”, explicó el magistrado Suárez.

Sin embargo, lo cierto es que los exjefes de las extintas Farc no han aceptado el uso del término “esclavitud”. Beatriz del Pilar Cuevas Criales, abogada defensora de los comparecientes, señaló el 6 de julio de 2023 en la Audiencia Observaciones de apoderados de comparecientes a Resolución de Conclusiones del Caso 01, que la JEP está empleando de manera inadecuada el concepto de esclavitud. Cuevas adujo que la existencia de trabajo forzado no configura necesariamente la esclavitud, pues según la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, un solo indicio como los trabajos forzados no puede dar lugar a que se considere este crimen de lesa humanidad.

Para Daniel Vargas, director jurídico de la Corporación Mil Víctimas, y representante de aproximadamente 100 víctimas en el Caso 01, no ha habido un reconocimiento del cimen de esclavitud por parte del Secretariado.

“Me parece importante [la ratificación del crimen de esclavitud]. Me preocupa que la decisión dice que el Secretariado las Farc reconoció la esclavitud y eso nunca pasó”, dice Vargas. “No son menores los casos y siempre hemos insistido en que las Farc los reconocieran, pero el problema es que no lo hicieron. No entiendo de dónde sacan que sí”, añadió. 

Además, manifestó su insatisfacción con el auto proferido por el Tribunal de Paz. Como representante de víctimas, el abogado esperaba que sus magistrados revisaran con profundidad el trabajo hecho por la Sala de Reconocimiento y, así, señalaran las arbitrariedades que se cometieron. Para Vargas hubo una vulneración al debido proceso de las víctimas, pues hubo momentos en los que se prohibió su participación activa. El tribunal no reconoció estas fallas y, por eso, la decisión es insuficiente para las víctimas. 

En la rueda de prensa del 29 de abril, el magistrado Suárez se pronunció sobre la posibilidad de que los excomandantes vayan a juicio adversarial si no aceptan esta decisión. Explicó que la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz se basa en dos presupuestos: aporte de verdad y aceptación de responsabilidad. “Insistimos: para el Tribunal ya se aceptó responsabilidad por estos crímenes. Pero si no aceptan esta responsabilidad [bajo  la nueva calificación jurídica] existe la figura del rompimiento de la unidad procesal y por respecto a estas conductas irían al escenario adversarial”, finalizó.

Después de esta ratificación, el Tribunal para la Paz ordenará una audiencia de verificación en la que participarán las víctimas acreditadas del Caso 01, los comparecientes y el Ministerio Público. Se verificará que se cumple la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz y se determinará la duración de la sanción trabajos y obras con contenido restaurativo. Después de esto, el Tribunal procederá a emitir sentencia y revisará el cumplimiento de las sanciones.

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Víctimas y comparecientes se encontraron para alzar sus reclamos de verdad y reconocer responsabilidad en casos de secuestro cometidos en Tolima y Huila, respectivamente. La diligencia se desarrolló a pesar de las graves denuncias de seguridad que advertían los firmantes del Acuerdo de Paz. Avanza el caso en la JEP, pero quedan deudas de verdad.

La investigación del Caso 01, sobre la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sigue bajando. Después de imputar a los siete miembros del último Secretariado de las Farc por haber dado las órdenes de privar de la libertad a civiles y miembros de la Fuerza Pública y no controlar a sus subordinados por 21.396 secuestros, el tribunal de justicia transicional siguió bajando en la cadena de responsabilidades. (Leer más en La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Fue así como este viernes, tras la imputación realizada por la JEP a través del Auto 01 de 2023 a los comparecientes del Comando Conjunto Central, 10 miembros de esa extinta estructura guerrillera fueron citados a reconocer su responsabilidad públicamente en el macrocaso, satisfacer los reclamos de verdad de las víctimas y ahondar en las responsabilidades individuales por los secuestros ocurridos en Tolima, el norte de Huila y una parte de Quindío.

Según la JEP, en esta región se evidenció dos de los tres patrones criminales identificados en el Caso 01: secuestros con fines económicos y secuestro a civiles para el control territorial. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)

Aquellos partícipes determinantes llamados por la JEP fueron Luis Eduardo Rayo, conocido en la guerra como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, alias ‘Giovani’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, alias ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, alias ‘Erick’ o ‘El Chivo’; Álvaro Henner López, alias ‘Jhon Jairo Paz’ o ‘JJ’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.

Para la magistratura, la confrontación y los detalles que se amplían en las audiencias de reconocimiento territoriales son fundamentales. “Cuando el reconocimiento lo hace alguien del Secretariado, el reconocimiento que puede hacer es ‘yo di la orden’, pero no puede hablar con el nivel de detalle que ustedes (los mandos medios) lo pueden hacer”, dijo en la  pasada diligencia la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien tiene a su cargo el Caso 01.

Dentro del Comando Conjunto Central quienes tenían la responsabilidad de impartir las órdenes sobre el secuestro eran los coordinadores y en ese cargo lo ocuparon cuatro guerrilleros: ‘Adán Izquierdo’, ‘Abel’, ‘Jerónimo Galeano’ y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlón’, siendo este último el único con vida.

Para cumplir con las cuotas económicas que le demandaban sus superiores, la estructura organizó la extorsión de la mano del secuestro. Según el auto de imputación de los 10 responsables, esa estructura “especializó comisiones de guerrilleros en el cobro de estos dineros por sectores de la economía, principalmente en las zonas planas del Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio”.

Estas comisiones, inicialmente “cafetera” y “petrolera”, se convirtieron en 1998 en la comisión financiera ‘Manuelita Sáenz’, mediante la cual buscaba que por medio de un sistema de nóminas de extorsiones se financiara a la extinta guerrilla. “No pretendo que se olvide, pero sí les pido que nos perdonen”, expresó Victor Hugo Silva, conocido como ‘Erick’ o ‘El Chivo’, quien fungió como jefe de esa comisión de finanzas. “Para eso firmamos un acuerdo, porque entendimos en un momento crucial que la guerra se estaba deshumanizando, que nos estábamos convirtiendo en unos monstruos”.

Por otro lado, por control territorial, los secuestros se contaron por centenares en la región, reconoció el compareciente Wilson Ramírez Guzmán. “Quiero decirles que en ese control territorial capturamos mucha gente desconocida. Y hoy que ya tengo familia puedo entender el daño que se hacía (…), estoy seguro que nosotros no pensábamos en la mamá, en el papá, en la familia que lo amaba y lo cuidaba. Eso no lo entendíamos”, expresó.

Ahora los miembros de Farc temen ser víctimas de ese mismo flagelo por los grupos residuales que se expanden en el país. “Fui desplazado hace dos meses y sigo siendo amenazado por el Estado Mayor, donde en las últimas amenazas se me dice que me tienen es que capturar vivo para que suministre información que ni yo sabré de qué”, contó en la audiencia Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, exjefe del Frente 21.

Enoc Capera Trujillo, alias ‘Giovani’, exmiembro del Frente 21, alertó que al momento de la diligencia actores armados tenían retenida desde hace tres días a una firmante del Acuerdo de Paz en el corregimiento de Gaitania, del municipio de Planadas, Tolima, y quien además es compareciente en este caso. “Ella es madre de tres hijos”, alcanzó a advertir el exguerrillero.

Dos días antes de la diligencia, la Corte Constitucional ordenó a varias instituciones del Estado a implementar medidas de seguridad para garantizar los derechos fundamentales de los comparecientes a la diligencia. “La reconfiguración armada lleva nuevamente a perder la fe sobre lo que hoy nosotros estamos ejerciendo y por eso estamos (…) mandando un mensaje a los violentos que están equivocados en persistir en continuar generando dolor y por eso estamos amenazados”, expresó en su intervención el compareciente Victor Silva.

Ante las graves denuncias, ayer la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, dio un plazo de 24 horas para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le informe sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la seguridad integral y comparecencia de los firmantes del Acuerdo de paz ante el tribunal de justicia transicional en el Caso 01.

“La SAR reconoce la importancia de avanzar en el esclarecimiento de las amenazas y persecuciones por parte del Estado Mayor Central (EMC) contra los comparecientes de la JEP, por lo que le ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que, en un plazo de cinco días, presente un informe detallado que dé cuenta del estado de las investigaciones judiciales sobre estas denuncias”, señaló en un comunicado la JEP.

En la audiencia estuvieron presentes 29 víctimas y 11 de ellas tuvieron la oportunidad de participar y confrontar a sus victimarios por los secuestros económicos y de control territorial. Este portal recogió las historias y peticiones de las víctimas y los reconocimientos de los comparecientes en cada patrón.

Control económico

A nivel nacional las extintas Farc ordenaron privar de la libertad a ciertas personas para financiar las operaciones del grupo guerrillero. “Los comandantes de los frentes tenían unas cuotas que se les ponían desde sus superiores y debían cumplir las a partir de secuestros económicos. De esa cuota, una parte se iba para el Secretariado y la otra era para el mantenimiento de la unidad militar”, precisó la magistrada Lemaitre.

Aunque se tiene registro de que patrón de secuestro empezó a operar desde la década de los 90, en documentos internos de las extintas Farc se estableció el secuestro como método de financiamiento formalmente en la Ley 02 —contra personas que tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares— y Ley 03 —contra personas sobre las que se tuviera sospechas de haber participado en actos de corrupción—, proferidos por esa guerrilla en los 2000 en la zona de distensión del Caguán. (Leer más en El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

Sin embargo, según estableció la JEP, los secuestros fueron fortuitos, la información de inteligencia para escoger a las víctimas era mala y no sólo se afectó a personas con capacidad económica, sino a familias trabajadoras. Además, en algunos casos, el asesinato y la desaparición forzada ocurrieron, no como una directriz de los altos mandos de las Farc, pero si como una consecuencia del secuestro.

“Cometimos secuestros a menores de edad, a personas adultas mayores, hay personas que murieron en cautiverio. Son cosas muy dolorosas para las personas que esperaban a sus familiares”, reconoció Jhon Jairo Oliveros, alias ‘Armando Delgado’, exjefe del Frente 21 e integrante de la Comisión Financiera ‘Manuelita Saénz’. Señaló que la organización guerrillera dañó el buen nombre de algunos tolimenses y huilenses e incluso los dejaron en la ruina, pues muchos se endeudaron para pagar las extorsiones o el precio que les pedían por la libertad de un familiar cautivo.

Con las extorsiones el sector empresarial se vio especialmente afectado. “Nosotros en cierto modo, atrasamos el desarrollo de las regiones porque con el empresario o el comerciante o el ganadero que lo sometemos a la extorsión o al secuestro. se acaba el desarrollo de una región porque el que fuera a invertir en esa región ya le daba miedo”, concluyó Oliveros.

Venderlo todo

El 7 de septiembre de 2005 en Chaparral, Tolima, el Frente 21 de las extintas Farc secuestró a Omar Benítez Zamora, quien representaba a la empresa Jobz S.A.S., dedicada al sector de juegos de azar y apuestas. “Sepultaron mi vida como persona y como empresario”, lamentó en la audiencia Benítez.

Durante el plagio, el comandante Jhon Jairo Oliveros le pidió una exorbitante suma de dinero. Después de meses de negociación, acordaron una cifra que su familia debía entregar en el momento de su liberación.“Llamo a mi familia y les digo: ‘vendan activos, empeñen, saquen préstamos a como dé lugar”, cuenta Benítez y así lo hizo su familia. Cuando lo liberaron le pusieron la condición de mes a mes volver a entregarle al grupo guerrillero una enorme cantidad de dinero y por eso tuvo que desplazarse de Chaparral.

Durante la audiencia, el empresario pidió que le dijeran quién había dado su perfil y el de su familia para ser secuestrados, pero los excombatientes no señalaron a nadie en particular, sino a la “población de Chaparral”.

Secuelas del secuestro

En la década de los 90, Ramiro Charri fue gerente del Fondo Ganadero. El 30 de octubre de 2001 fue secuestrado en Palermo, Huila, junto a su esposa, Maria Fernanda Durán. Durante el cautiverio la mujer sufrió una grave lesión en la pierna derecha que le causó secuelas irreparables de por vida. Durán fue liberada el 17 de febrero de 2002 y su esposo, hasta el 30 de abril de ese año.

“¿Cómo duré yo con mi esposa con tres fracturas en la pierna, 17 días pidiendo auxilio y no fueron capaces (de liberarla)?”, reprochó Charri. Después de mucho insistir, un enfermero de las Farc que anduvo cuatro horas para llegar hasta el lugar en que los tenían en cautiverio le puso una inyección a la mujer herida. “Le dije ‘y por qué no me deja usted las inyecciones para el dolor”‘, contó Charri y agregó: “Jamás había puesto una inyección y me volví hasta el enfermero de las guerrilleras porque tenía que ponerle en muchas ocasiones la vacuna anticonceptiva”. La dejaron ir antes, cuenta su esposo, porque sus quejidos no dejaban dormir a la tropa.

“Quiero valorar mucho hoy la gallardía de mi madre quién está hoy acá al frente de ellos, que cada día que da un paso en su vida tiene un lastre de la discapacidad que le dejó el secuestro”, agregó Ramiro Charri Durán, hijo de la pareja. Padre e hijo le preguntaron a los comparecientes quiénes fueron los terceros civiles que participaron en los secuestros que sufrió la familia.

El compareciente Victor Hugo Silva asumió la responsabilidad del secuestro de la pareja, pero aseguró no saber quién dio la información para secuestrarlos. Explicó que mientras estuvo en la Comisión Financiera ‘Manuelita Sáenz’ llegó a secuestrar a alrededor de 30 personas y que en algunos casos el trabajo de inteligencia sobre las víctimas lo hacía él mismo y en otros le suministraban la información.

Para este caso, los detalles de rutina de la pareja de esposos se la dió alias ‘Jerónimo Galeano’ del Frente Joselo Lozada, abatido en 2011. Para clarificar varios datos de este caso, Silva se comprometió a participar de un encuentro voluntario y privado en el que se confrontarán las dudas de la familia Charri Durán. “Doña Maria Fernanda: le pido perdón. Perdón por todo el sufrimiento que le ocasionamos”, concluyó el compareciente.

La familia resaltó que nuevamente están teniendo que pagar extorsiones por la expansión de los grupos residuales de las Farc en la zona.

¿Un capataz vengativo?

Héctor Cajicá fue secuestrado el 17 de abril de 2003 en Prado, Tolima, por miembros del Frente 25 de las Farc. “El error mío fue trabajar y sacar adelante a mi familia, ¿y por eso me castigan?”, señaló. Cajicá tenía unos almacenes de ropa y por eso fue fichado por la guerrilla como alguien acaudalado.

“No era fácil tender un plástico en el piso y dormir. Ver pasar el agua por debajo y decirle a un compañero: ‘venga, hágase de espaldas y calentémonos los dos’”. Junto a siete personas con las que estuvo secuestrado durante dos años, Cajicá creó lazos de familia. Sólo fue liberado hasta el 7 de diciembre de 2005.

Para pagar la cantidad de dinero que le pedían tuvo que vender su casa, mientras los impuestos no dieron tregua. “Hoy en día no tengo vida crediticia de ninguna clase. Yo no tengo carro, casa, nada de eso. Porque uno ya con más de 50 años no es fácil que le den un empleo y nunca trabajé como empleado”.

Durante la audiencia, la víctima confrontó a Nelson Antonio Jiménez, alias ‘Gonzálo’. Le reprochó que durante el proceso que se ha llevado dentro del macrocaso de secuestro había mentido al no reconocer que estuvo implicado en su rapto. “A mí me dan una orientación, yo cumplo las órdenes y me voy con una unidad al municipio de Prado, exactamente al lago, con seis unidades. Ahí estuve yo, lo acepto, es mi responsabilidad”, reconoció Jiménez en su intervención.

Lo que no aceptó fue que en el momento del secuestro estuviera un cuidandero de la finca de Cajicá que este había despedido y a quién la víctima señalada de haberlo vendido a la guerrilla.

Sin salir de la crisis económica

Estando con su esposa e hijos, Mairo Montoya, entonces docente de cátedra de la Universidad del Tolima, fue secuestrado en el municipio de Venadillo, Tolima, el 7 de febrero de 2009, por miembros de la Columna Móvil Jacobo Prías Álape. “Se presentó como comandante un señor que se llamaba Edinson Guzmán, alias ‘El Caballazo’. Pedían 200 millones de pesos”, cuenta.

La familia negoció y los guerrilleros dijeron que se iba a llevar a alguien como prenda de garantía mientras conseguían el dinero. Las opciones eran su hijo de 17 años, su hijo de 13 o su esposa; por eso Montoya se ofreció. Después de su cautiverio tuvo que continuar ‘tributando’ mensualmente y durante un año a la guerrilla. “La última cuota yo no tenía con qué pagarla, entonces me llamaron a amenazarme: ‘¿es que usted no aprecia a su familia?’”, recuerda.

A causa del secuestro, Montoya tuvo que desplazarse y abandonar su finca. Además, dejó su sueño de sustentar a su familia con los trabajos del campo. “Con ese hecho victimizante nos someten a la humillación de pedir un trabajo (…). Ustedes me cambiaron la vida, aunque diría que me la jodieron, porque desde que fui secuestrado hasta el día de hoy sigo con la crisis, no he podido recuperarme financieramente”, lamentó.

Control social y territorial

Como lo determinó la JEP en el Auto 19 de 2021, con la finalidad de controlar un territorio y su población, las Farc secuestraron a cientos de civiles. Para el caso de Tolima y Huila el grupo guerrillero realizaban un estricto control del territorio por la protección del comandante Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, quien se ocultaba en la zona.

Así, al considerar a una persona como amenaza o al suponer que alguien tenía vínculos con sus enemigos, el grupo guerrillero secuestraba a miembros de la sociedad civil para interrogarlos o castigarlos. Muchas de las personas estigmatizadas terminaron desterradas y mancilladas en su buen nombre.

Según la investigación de la JEP, esta conducta se materializó especialmente en el suroccidente de Tolima, en la zona conocida como el Cañón de Las Hermosas, históricamente controlado por las extintas Farc. Así padecieron este flagelo los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Ríoblanco.

“¿Cómo se sentirían en su interior allí, detenidas, sin saber de su familia?, con la zozobra de que, por lo que las teníamos no era por dinero, sino porque las estábamos señalando de ser enemigas”, reconoció el compareciente Gustavo Bocanegra Ortegón.

Por esa práctica se derivaron asesinatos y desplazamientos. “No controlamos la información que nos llevaba cualquier civil a un campamento o a alguno de nosotros para decir que el vecino era informante del Ejército, y nos dejamos creer y cometimos cantidades de delitos”, señaló Bocanegra. Eso mismo recalcó el compareciente Wilson Ramirez: “En el control territorial fueron muchas las personas que fueron asesinadas y creo hoy (…) muchas fueron inocentes”.

“Una mariposa que no ve las alas”

Alba Yidia Olaya, oriunda de Planadas, Tolima, después de prestar servicio militar, se vinculó como auxiliar contable de la institución, esperando integrarse como soldado en el futuro. Fue secuestrada en Planadas el 21 de julio de 2000, acusada de ser informante de las Fuerzas Militares. Ese día, dos hombres armados la sacaron de un establecimiento comercial en el pueblo y se la llevaron. “Me ingresaron a una cajuela, me vendaron los ojos”, contó. En las primeras horas de sus secuestro fue víctima de abusos por ser mujer.

Después de días de cautiverio, recibió la visita del párroco de Planadas y le contó que la comunidad estaba reuniendo firmas para que la liberaran. Así retornó a la libertad, pero pagando un alto precio: le prohibieron volver a Planadas y tener algún vínculo con las Fuerzas Militares. “Me rompieron todos mis sueños”, dijo, pero contó que con los años logró reponerse, con la ayuda de su familia: “Soy una mariposa que no ve las alas” y agregó: “A todas las mujeres de este país que, por alguna circunstancia, no se callen, dense la oportunidad, pero a través del amor, no del odio”.

Raúl Agudelo Medina, conocido en la guerra como ‘Olivo Saldaña’, quien desertó con dinero de la guerrilla, posteriormente fue captura por las autoridades y quien decidió acogerse inicialmente al proceso de Justicia y Paz, le respondió a la víctima, sin la presencia de los otros comparecientes, pues nunca le perdonaron su traición y el haber colaborado con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en la falsa desmovilización de la supuesta estructura guerrillera “Cacica La Gaitana”.

El hecho se remonta al 6 de marzo del 2006, cuando con bombos y platillos fueron presentados por el gobierno en La Tebaida, Tolima, 62 guerrilleros y se exhibieron 26 fusiles, otras armas y una avioneta que supuestamente pertenecían a la “Cacica La Gaitana” de las Farc. La columna era desconocida hasta entonces y años después la Justicia enjuició a varios policías, comandantes, al comisionado de paz del momento y al mismo ‘Olivo Saldaña’ como gestor de Paz por tratarse de una falsa desmovilización que le costó miles de millones al Estado. (Leer más en: Suspenden beneficios a desmovilizados de Cacica La Gaitana)

Agudelo Medina fue uno de los guerrilleros que se llevó a Alba Yidia Olaya del establecimiento comercial por orden del comandante ‘Jerónimo Galeano’, quien a su vez había sido informado por un miliciano del pueblo que la víctima era supuestamente informante.

En la audiencia Agudelo reveló el nombre del miliciano que dio esa información y resaltó que él quería decir con claridad quiénes son los informantes de las Farc. “Yo no vengo a decir que no conozco o que no sé. Yo sí sé. Por eso estoy solo, porque quiero contar la verdad de las cosas y porque me quiero reconciliar con el país y las mismas víctimas”, expresó el compareciente.

Además aclaró que, aunque él no fue el responsable del hecho de violencia sexual que sufrió la víctima, se siente moralmente responsable por lo que vivió. “Le quiero pedir públicamente que me perdone, pero que me perdonen todas las mujeres que me están mirando porque me da vergüenza saber que en una organización como las Farc llegó a darse un hecho de esa naturaleza”, concluyó.

“De corazón, yo estoy tranquila y (…) lo perdono: duerma tranquilo”, finalizó la víctima.

Desaparición por control territorial

Jhonn Charli Ortiz Molina, de 23 años, fue secuestrado el 2 de julio de 2003 en el corregimiento de San Juan de la China, a 38 kilómetros de Ibagué, y posteriormente asesinado. Se cree que los autores fueron miembros del Frente 21 de las Farc.

Su madre, Blanca Lilia Molina y su hermano, Rommel Alexánder Ortiz, expresaron que en su momento las autoridades no se preocuparon por encontrarlo. Hasta la fecha, el cuerpo de Charli Ortiz permanece desaparecido, por esa razón pidieron que la JEP ordene medidas cautelares sobre el Cementerio San Bonifacio, pues tienen indicios de que sus restos podrían estar allí.

El compareciente Álvaro Henner López, ‘Jhon Jairo Paz’ o ‘JJ’, miembro del Frente Tulio Varón, reconoció que para esos años las Farc eran el único grupo que controlaba la región en donde desapareció la víctima y explicó en la audiencia que es posible que por el hecho de que el jóven Charlie portara unas placas del Ejército, relacionadas con el servicio militar que había prestado, haya sido señalado por una unidad de las Farc, retenido y posteriormente asesinado.

Hermana buscadora

Al igual que Charlie, el cuerpo de Leonella Delgado permanece desaparecido. El 5 de abril de 2005 Delgado desapareció en el corregimiento de Las Hermosas en Chaparral, Tolima, dejando a varios hijos huérfanos. “Mi hermana Leonella es citada mediante una carta por el comandante ‘Pelusa’, quien le dice que por favor se presente en la vereda San Jorge”, expresó Hersilda Delgado Alape. Allí el Frente 21 de las Farc la asesinó y no quisieron entregarle el cuerpo a sus familiares.

Meses después desplazaron a la familia. Los cambios de tener que vivir en una ciudad y el peso de perder a su hija Leonella, enfermaron a sus padres y años después murieron.

Por eso, su hermana, Hersilda, le pidió a Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, que les entregue datos específicos sobre el lugar en donde se enterró el cuerpo de Leonella y reconociera que información equivocada causó el asesinato de la víctima. En su intervención, Rayo se comprometió a ayudar en la búsqueda.

Esperan tierras

Ana Aurelia Gómez y José Delio Fernández, ambos pertenecientes al resguardo indígena en la vereda El Triunfo, del municipio Ortega, Tolima, fueron secuestrados en agosto de 1998 por miembros del Frente 21. Arias era líder de su comunidad y para el momento de su plagio, a los 63 años, era presidente de la Junta de Acción Comunal. Durante el secuestro la pareja se vio obligada a realizar trabajos forzados.

Tras su liberación tuvieron que desplazarse y perdieron su hogar y sus tierras. “Por estar dos hermanos en el Ejército, uno que otro de la misma comunidad daban informaciones a las Farc diciendo que mi papá era informante para el Ejército”, cuenta Ana Deisy Áreas, hija de la pareja. Además, Fernández fue acusado de hurtar ganado y eso afectó el buen nombre de la familia.

Édgar Ramírez Medina, compareciente, reconoció que para el grupo guerrillero era un “delito” pertenecer a la Fuerza Pública. “Se creía que el que era de esas regiones, más vale se fuera a la guerrilla y no para el Ejército. Se creía que irse al Ejército era ponerse del lado del enemigo”, expresó Ramírez.

Al finalizar, la familia Fernández Gómez pidió justicia para recuperar sus tierras y apoyo de la JEP para conseguir ese anhelo. Además, aceptaron perdonar a sus victimarios: “ustedes hicieron cosas que no debieron hacer, pero fueron obligados por una parte. La otra parte, nosotros los perdonamos de todo corazón”, concluyó Ana Deisy.

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El pasado 28 de octubre, justo hace una semana, cuando el país se alistaba para elegir en las urnas 20.137 cargos locales y regionales, se conoció que Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz, padres de ‘Lucho’ Díaz, como es conocido el prestigio futbolista internacional, habían sido secuestrados en Barrancas, La Guajira.

Pasadas las seis de la tarde de ese día, la madre del deportista fue abandonada por sus captores en una vía, pero del señor Díaz no se volvió a tener noticias hasta el pasado jueves. Por medio de un corto comunicado, Otty Patiño, jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa de negociaciones con la guerrilla del Eln, señaló que “una unidad perteneciente” a ese grupo alzado en armas era la responsable del secuestro y que Díaz padre estaba en su poder.

Dicho anuncio causó una ola de indignación y despertó interrogantes sobre la voluntad de paz del Eln, pues desde el 3 de agosto de este año, ese grupo armado ilegal acordó un cese al fuego bilateral por seis meses, en el que se comprometió, además, a “no realizar acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular las contenidas en el Protocolo II de 1997, adicional a los Convenios de Ginebra”. El numeral C del Protocolo II, en su cuarto artículo, prohíbe expresamente la toma de rehenes.

Diferentes investigadores y analistas del conflicto armado coinciden en que este tipo hechos de alto impacto son cometidos por el Eln en momentos puntuales para presionar las mesas de negociación por las que ha pasado, como ocurrió en los gobiernos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) e Iván Duque (2018-2022), que recibió el proceso que había adelantado su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Entre los antecedentes están la masacre de Machuca, al volar un tramo de oleoducto el 18 de octubre de 1998, que le arrebató la vida a 84 personas; el secuestro del avión de Avianca el 12 de abril 1999, que cubría la ruta entre Bucaramanga y Bogotá; y el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander el 17 de enero de 2019, en donde perdieron la vida 22 cadetes de la Policía Nacional por la explosión de un carro-bomba.

Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses (Core), plantea que es difícil establecer si un crimen de la envergadura e impacto como el del secuestro de los padres de Luis Díaz obedece a desarticulación en las filas del Eln y de interpretar de manera diferente los planteamientos del DIH frente al secuestro, pero indica que acciones como esa son recurrentes.

“En algún momento hacen un atentado duro, que presione mucho al gobierno. Es una forma de aumentar el costo político y ver hasta qué punto pueden debilitar al gobierno en la mesa para aprovechar una oportunidad”, indica.

Para Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa, el secuestro de los Díaz es una “decisión de manual” del Eln en puntos específicos de distintos procesos de negociación, con la cual busca meterle presión a la mesa y condicionar la continuidad del proceso de paz en turno.

Y llama la atención sobre un punto: la disparidad que hay entre las partes que están negociando.

“Desde el comienzo ha sido evidente que el gobierno nacional necesita más el proceso de paz que el Eln. Este secuestro es originado porque el Eln sabe que sin su proceso no hay Paz Total, y sin Paz Total, el gobierno no tiene mucho que mostrar. Las negociaciones con el Estado Mayor Central (disidencia de las Farc liderada por alias ‘Iván Mordisco’) están enredadas y los temas con la Segunda Marquetalia (grupo de rearmados bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’) tienen ambigüedades en materia jurídica por el Acuerdo de Paz de 2016. Lo relacionando con los demás grupos (Paz Total Urbana) está enredado porque no hay marco jurídico”, detalla.

Esa situación, plantea Sánchez, le permite actuar al Eln sabiendo que sus incumplimientos no tendrán mayores consecuencias: “Hoy la política de Paz Total depende de lo que se está haciendo con el Eln. Y está presionado porque sabe que el gobierno no se levantará de la mesa. Acudirán al mecanismo de verificación y mostrarán que esa instancia sí funciona”.

El investigador Jorge Mantilla señala que el gobierno de Gustavo Petro está en un callejón sin salida porque la Paz Total depende del Eln y ese grupo guerrillero se adueñó del proceso de paz: “Casi año y medio después, lo que hay para mostrar en materia de Paz Total no es sustancial y un eventual levantamiento de la mesa por parte del gobierno lo dejaría con el proceso del Estado Mayor Central que ha sido muy complicado y apenas está iniciando”.

Por lo tanto, considera que, a pesar de la gravedad del incumplimiento del cese al fuego y del perfil de las víctimas, no habrá consecuencias, más allá de las políticas y del desprestigio. “Creo que el Eln liberará al papá de ‘Lucho’ Díaz, como lo ha hecho en otros de miembros de la Fuerza Pública en Arauca y Norte de Santander, que nos deja en un sinsentido porque se hace un cese al fuego y lo viola secuestrando, para después entregar al secuestrado, como muestra de que sí está dispuesto de dejar de secuestrar. Es una situación muy compleja para el gobierno”, complementa.

Necesidad de reconducción

Sánchez plantea que la actual situación obedece a que el gobierno nacional hizo concesiones de manera precipitada en la mesa de diálogos. “Una negociación es una gestión de expectativas de las dos partes. Cuando una de las partes cede muy rápido, las concesiones que la otra parte ve razonables van subiendo”, plantea.

Y prosigue: “Las Farc y Santos se tomaron tres años para acordar un cese al fuego, el gobierno de Petro lo hizo al revés: pactó el cese y luego fue a tratar de llegar a unos acuerdos parciales. ¿Qué pasa? Estratégicamente, el cese al fuego es uno de los objetivos más grandes de cualquier actor armado, y el gobierno entregó muy rápido la principal carta de negociación que tenía”.

A pesar de haberse decretado de manera temprana el cese al fuego, Mantilla plantea que se podría regular dependiendo de las violaciones que cometan las distintas facciones del Eln. “Se Puede excluir al Frente de Guerra Norte del cese al fuego, si se comprueba que es la estructura que tiene al papá de Díaz. Es decir, que las estructuras que violan el cese al fuego quedan excluidas de él y se retomarían operaciones ofensivas con ellas. Es una situación muy compleja, pero es un escenario intermedio entre romper o no el proceso de paz”, indica.

También plantea un par de opciones más. La primera es detener los alivios humanitarios que se venían conversando en materia de presos políticos con el Eln, los cuales giraban alrededor de mejorar condiciones de reclusión y la liberación de algunos. Y como segunda medida, congelar el proceso de paz y cualquier tipo de conversación, hasta que se produzca la liberación del papá de Luis Díaz y de otros secuestrados.

Para Johnson es clave que el gobierno nacional empiece a tomar el control del proceso de paz. “Tiene que presionar al Eln en la mesa y asegurar que la mesa no pierda apoyo, que, políticamente, es una tarea muy difícil. Pero si va a seguir negociando con el Eln, a pesar de este hecho, el gobierno tiene que ser más duro y revertir la dinámica. Tiene que definir una estrategia y ajustarse según la nueva realidad política del Eln y de la mesa”.

Este investigador considera que a pesar de la indignación que despertó esta violación al cese al fuego, el secuestro de los Díaz se tratará en el Mecanismo de Verificación que acordaron ambas partes y finalmente no terminará afectando al cese al fuego. No obstante, estima que “afectará el apoyo político a la mesa y eso puede afectar el cómo el gobierno decide negociar y cómo ellos (el Eln) reacciona al hecho. Queda por verse si cambia la dinámica en la mesa”. Y concluye que desde ahora el gobierno nacional debe “ser más exigente en la mesa”.

Aunque el Eln anunció que liberará al padre del futbolista, ya han pasado tres días y aún permanece en cautiverio. El jefe de ese grupo armado ilegal, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, hacia el mediodía de este sábado reconoció que ese crimen fue “un error” y que están gestionando su liberación.

Sin embargo, durante los días previos el inconformismo y los rumores frente al proceso de paz aumentaron. La actual coyuntura es vista por diversos sectores como el momento para que el gobierno nacional de un timonazo y reconduzca las negociaciones, a pesar de que, al parecer, es el grupo guerrillero quien está manejando los términos de las negociaciones.

“El gobierno está a tiempo de replantear un poco y en la medida en que empiece a condicionar este tipo cosas, podrá ganar cierto margen, pero tiene que querer hacerlo. Si va a decir que no hay recuperaciones y la liberación del papá de ‘Lucho’ Díaz finaliza siendo reconocida como un gesto de buena voluntad, apague y vámonos”.

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Durante tres días, se vivió un hecho sin precedentes en el país: víctimas del secuestro tuvieron la oportunidad de hablar cara a cara con siete de los últimos miembros del Secretariado de las Farc para expresar su dolor y exigir justicia. Los exguerrilleros reconocieron su responsabilidad, pero quedaron muchas preguntas sin resolver.

El sonido penitente de las cadenas se escuchó con fuerza. César Augusto Lasso tomó los eslabones de metal entre sus manos para recordar que la extinta guerrilla de las Farc afectó a la humanidad privando de la libertad a militares, políticos, comerciantes, extranjeros y toda clase de civiles. Una práctica que no permitió a los cautivos y sus familias vivir plenamente, ni morir completamente.

“En muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar. Porque las cadenas de la humillación amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del Ejército nos causaron la mayor de las humillaciones”, dijo Lasso, conmocionado, a los magistrados y a quienes representaban a sus captores durante la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidades de los miembros del último Secretariado de las Farc en el macrocaso de secuestros que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las cadenas que llevó este sargento (r) de la Policía Nacional no buscaban retener una sola palabra, sino recordarle al país que después de tantos años las víctimas arrastran con ellas —como esas cadenas— ansias de verdad y reparación.

A la diligencia judicial asistieron Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’. Ellos conformaron el último Secretariado de las Farc, máxima instancia deliberativa de la extinta guerrilla.

Los otrora máximos jefes de las Farc acudieron a esa cita judicial para reconocer públicamente los hechos y conductas que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les atribuyó a través del Auto 19 de 2021.

En ese documento se les responsabiliza de dar las órdenes que resultaron en privaciones graves de la libertad, toma de rehenes, asesinatos y desapariciones forzadas. Además, fueron “imputados por responsabilidad de mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud”.

La magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió las audiencias, relató que “a partir de los ochenta, las Farc-EP adoptan, de manera expresa, la decisión de financiar sus operaciones a través de secuestros que denominaron retenciones. Así, de manera organizada y generalizada implementó una política de privar de la libertad a civiles para cobrar dinero por su libertad a las familias y en ocasiones a las empresas en las que trabajaban”.

A finales de febrero de 2012, como antesala de las conversaciones que dieron origen al Acuerdo de Paz, las Farc anunciaron que dejarían de secuestrar. Sin embargo, fue demasiado tarde. En la memoria permanece el dolor de los casos de secuestro, que dejó miles de víctimas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció, a partir del cruce de siete bases de datos de distintas organizaciones, que entre 1998 y 2002 fueron cometidos la mayoría de los secuestros, coincidiendo con la creación de la llamada Zona de Distensión, un espacio de 42 mil kilómetros cuadrados entre los municipios de Meta y Caquetá para adelantar conversaciones de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El territorio más afectado, en términos per cápita, fueron los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, área de operación del extinto Bloque Oriental. En términos numéricos absolutos, Antioquia es el departamento que más casos registra. También se determinó que el tiempo máximo que estuvo una persona en cautiverio llegó a ser de 14 años.

Actualmente, hay 21.396 víctimas identificadas con nombre y cédula, de las cuales el 95 por ciento eran mayores de edad y el 5 por ciento eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. De estas, 3.209 víctimas están acreditadas para participar en este caso ante la JEP.

Tras la degeneración del conflicto armado quedan cientos de preguntas sobre casos que el país se niega a olvidar por el dolor que guardan los recuerdos. Una de ellas es la historia del cabo de la Policía Nacional, José Norberto Pérez Ruiz, secuestrado en marzo de 2000 en Santa Cecilia, Risaralda. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años con cáncer terminal, murió esperando que la guerrilla liberara a su papá. Según médicos que atendieron al menor, el uniformado era el único donante de médula que, eventualmente, lo hubiera podido salvar.

“Queremos que este gobierno que llega ayude al diálogo porque no hay nada por fuera del lenguaje, está la palabra, y yo que sí la tuve escasa y le di clase a los árboles porque estaba solo y sin un salón de clases para poder interactuar y recuperar la palabra”, sostuvo Óscar Tulio Lizcano, docente de filosofía y víctima de secuestro en Riosucio, Caldas, quien durante sus ocho años de cautiverio le hablaba a la vegetación de la selva para no enloquecer.

Decenas de voces de víctimas como Lasso y Lizcano sacudieron el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, durante los tres días que duró la audiencia. El país fue testigo de los patrones con los que el grupo alzado en armas practicó el secuestro, entre estos, el canje de plagiados políticos y de la Fuerza Pública por guerrilleros presos, privaciones de la libertad con fines económicos para financiar su aparato militar, y plagios para asegurar el control social y territorial.

“Ustedes tenían una responsabilidad en el mando dentro de la organización, que se traduce en esa responsabilidad de conocer lo que aquellos que estaban bajo su mando hacían en ejecución de sus órdenes, en el marco de las estrategias diseñadas y ejecutadas por las Farc”, les recordó a los exguerrilleros Aura Saavedra, hija de Osser Saavedra, secuestrado el 8 de marzo de 2005 en La Uribe, Meta, y de quién aún no se conoce su paradero.

Fines de canje

Testimonios analizados por la Procuraduría General de la Nación, el secuestro con fines de canje humanitario fue una práctica sistemática en todos los departamentos del país, que   convirtió, especialmente, a dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública en objetivo militar de las antiguas Farc. Cada una de las víctimas de esta modalidad vivió circunstancias diferentes de cautiverio como tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio.

“Con los prisioneros queríamos lograr un objetivo político que era el canje de guerrilleros presos por los prisioneros que teníamos nosotros. Nuestro comandante, Manuel Marulanda, fue obsesionado en eso hasta el final y estuvimos a punto de lograrlo”, reconoció Floresmiro Burbano, antiguo comandante del Frente 48 del Bloque Sur de las Farc-EP, en una anterior audiencia ante la JEP.

Uno de los casos emblemáticos de este hecho victimizante es el del coronel Reimundo Malagón, quien estuvo secuestrado por 10 años y es el único militar —entre los liberados de la Operación Jaque— que continúa activo en el Ejército Nacional. En agosto de 1998, luego de combatir por horas en La Uribe, Meta, se le agotó la munición y fue privado de su libertad junto a seis de sus compañeros.

En las audiencias ante la JEP, Malagón rememoró que la extinta guerrilla de las Farc lo aisló, lo amarró con cuerdas de nylon y alambres de púas, lo ató en árboles distantes entre sí y lo sometió a otros tratos inhumanos, tales como las “cadenas de la infamia”. El uniformado agradeció al tribunal de justicia transicional por poder contar lo que le sucedió, frente a todo el país, sin sentirse revictimizado.

“Estamos como representación de más de 403.000 víctimas de las fuerzas militares, cifras grandísimas. Más de 2.200 secuestros hubo por parte de las Farc, solamente de soldados y policías”, lamentó. Además, condenó la perfidia por el uso de prendas militares para fines propios de la organización de las Farc y finalizó: “No siento rencor en mi corazón porque sería vivir con ese karma toda la vida”.

Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante jefe de las antiguas Farc, reconoció que el secuestro no es válido en la lucha política porque va en contravía de las ideas revolucionarias y que, en medio de la guerra, se enceguecieron a tal punto de no visualizar el daño que ocasionaron: “Yo me hago responsable aquí por haber apoyado esa política, por haber aprobado la política del canje y por haber estado de acuerdo con el secuestro como forma de financiación”.

La magistrada Lemaitre explicó que el antecedente de este patrón es el cautiverio de policías y militares que se hizo notorio a finales de los años ochenta con la rápida expansión de las Farc. En 1997, el Estado Mayor de esta guerrilla ordenó no liberar a oficiales y suboficiales para forzar que, el entonces gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), aprobara una ley para realizar los intercambios, pero no se logró.

Ante esa negativa, el entonces comandante en jefe, Manuel Marulanda, y el comandante del Bloque Oriental, Víctor Julio Suárez Rojas, conocido con los alias de ‘Jorge Briceño’ y ‘Mono Jojoy’, ordenaron en 2001 privar de la libertad a representantes de sectores políticos para forzar el intercambio humanitario.

Tal es el caso de Sigifredo López, exdiputado de Valle del Cauca, único sobreviviente de los 12 diputados que fueron retenidos con engaños en el recinto de la Asamblea Departamental en Cali el 11 de abril de 2002, y asesinados en cautiverio por las Farc en junio de 2007. “He venido aquí como víctima a hablar del perdón. Salí después de siete años de secuestro a hablar de paz y reconciliación. He sido defensor de la JEP, pero el Acuerdo tiene muchas deficiencias”, señaló, por la poca o nula reparación a las víctimas.

Asimismo, resaltó el valor del antiguo Secretariado de las Farc por estar en la audiencia, ofrecer perdón y aceptar responsabilidades, pero les pidió que esclarezcan ¿quiénes planearon el secuestro de los diputados?, ¿quiénes fueron cómplices dentro y fuera de la Asamblea? Y, ¿quiénes dispararon? El exdiputado lamentó que, 15 años después de los asesinatos, esas preguntas no han sido respondidas y varios cadáveres no han aparecido.

Ante estos reclamos, el exjefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’ reconoció la responsabilidad de los secuestros y el doloroso desenlace, así como el daño que le ocasionaron a los familiares de los otros diputados. “Quienes planearon eso fueron ‘Alfonso Cano’, ‘JJ’ y ‘Franco Benavides’ que era el comandante del bloque móvil”, señaló. Respecto a las otras preguntas, se comprometió a que las resolverán en las audiencias del próximo mes de julio, en la que participarán los exguerrilleros de esa operación que están con vida.

Finalmente, aclaró que López nunca perteneció a las Farc, señalamiento que hizo un desmovilizado en su contra y por el cual fue detenido por orden de la Fiscalía en junio de 2012 como cómplice de secuestro, aunque finalmente no fue acusado y quedó exonerado de cargos.

‘Joaquin Gómez’ reconoció que el secuestro afectó tanto al cautivo como a su familia y agregó que “el secuestrado pierde su intimidad, su privacidad, se le truncan sus proyectos de vida, su futuro, sus sueños y constantemente está bajo un choque emocional y psicológico porque no sabe en qué momento va a perder la vida, ni por qué. Y fuera de ello, afecta a la familia, es decir, el secuestro deja unas huellas indelebles que pueden alcanzar varias generaciones”.

Uno de los casos que dejó profundas huellas es el de Olmes Johan Duque, Policía víctima de violencia sexual en 2005 en San Marino, Chocó, durante su cautiverio. “Los días que estuve secuestrado sufrí golpes, sufrí violación, simplemente porque en un momento de combate contra el Ejército cayó una pareja sentimental de un guerrillero”, lamentó. Además, señaló que aún tiene secuelas psicológicas y psiquiátricas que lo obligan a tomar, diariamente, medicamentos para estar tranquilo y lograr dormir.

“Yo me siento todavía secuestrado porque llora una madre, lloran los hijos, lloran las personas que me quieren y lloro yo. (…) tengo compañeros —de la Policía— que me juzgan y se burlan por los hechos que viví y día a día me hacen recordar esos hechos, donde en vez de ayudarme, antes me hacen recordar”, confesó. El uniformado aclaró que ninguno de los siete miembros del Secretariado de las Farc estuvo en los hechos, pero sí Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’, alias ‘Fredy’ y Martín Leonel Pérez, conocido como ‘Richard’.

Pastor Alape admitió que generaron dolor en las personas que fueron reducidas a malos tratos y aceptó responsabilidad por la omisión en el control de la línea de mando que hubiese podido evitar crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, se comprometió con la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas como el sargento Luis Hernando Peña; quien, según el exguerrillero, fue ejecutado y sus restos posiblemente están en los Llanos del Yarí, una extensa sabana en el departamento del Meta.

Respecto a ese caso, alias ‘El médico’ indicó que tienen un equipo de más de 100 personas que colaboran con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para hallar a todos los militares desaparecidos. “Hemos entregado más de 600 casos, hay 146 casos de personas que todavía están desaparecidas en la lista que nosotros tenemos por parte de la JEP y de la UBPD”, señaló.

Fines financieros

En 56 tomos que la Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP quedó evidenciada la directriz de “privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares a través del pago por la libertad de estas personas”, refirió la magistrada Julieta Lemaitre.

De manera expresa se evidencia en documentos recopilados en operaciones militares contra la guerrilla, que desde los años noventa había órdenes tácitas desde los altos mandos de la organización alzada den armas para ejecutar este método de financiamiento. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

Los frentes guerrilleros secuestraron niños, personas enfermas, adultos mayores y personas sin capacidad de pago bajo la exigencia de conseguir dinero. “Una vacuna previene una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad con la cual se vacunaba? El secuestro. Entonces eran cuotas que se pagaban para no enfermarse de secuestro”, precisó la magistrada, acción que golpeó más fuertemente a ganaderos, comerciantes y transportadores.

Un caso icónico es el de los abuelos de 68 años de edad, Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo, quienes fueron secuestrados el 19 de abril de 2000 en La Calera, Cundinamarca. A pesar de su avanzada edad, hombres armados que se encargaban de vender secuestrados para el grupo guerrillero los hicieron caminar durante horas por trochas y zonas boscosas hasta llegar al municipio de San Juanito, Meta. Años después su familia supo que los habían asesinado y solo a finales del año pasado lograron hallar el cuerpo de su madre y creen estar cerca de encontrar el de su padre.

“Oyendo sus comentarios de esta mañana, me han hecho cambiar dos veces el texto que tenía. Sus formas en que dicen sentir el error que cometieron en estos secuestros realmente no los siento de corazón o de arrepentimiento. Realmente no me siento en la posición de decirles ‘sí, los perdono’”, expresó Héctor Angulo, uno de los hijos de los abuelos secuestrados.

El tribunal de justicia transicional resaltó el empleo de modalidades crueles, unas más frecuentes en unos frentes que otros, como, por ejemplo, intercambiar un familiar secuestrado que tuviera problemas de salud, por otro más joven y vigoroso o vender el rescate del cadáver.

Unas de estas degeneraciones las sufrió Héctor Horacio Mahecha. Su familia era contratista de una empresa desde Chaparral, Tolima, y desde 1995 empezaron a ser extorsionados. “Yo subía a las montañas del Tolima para llevar estos recursos para el aporte a la guerra”, recordó Mahecha.

En el 2004 se llevaron a su padre. “Se supone que estábamos pagando el impuesto, ¿por qué se lo llevaron?”, les preguntó a los exguerrilleros. Durante seis meses estuvo cautivo hasta que, como pudo, pidiendo préstamos y vendiendo bienes, consiguió el millonario rescate de su padre, porque para él la familia era lo más importante. Sin embargo, cuando llevó la última cuota, liberaron a su papá, pero lo retuvieron a él, el 17 de noviembre de 2004. “En honor a la verdad, nunca recibí malos tratos”, aclaró. Tiempo después, fue su papá quien reunió el dinero suficiente para su liberación.

Cinco años después las Farc volvieron a extorsionarlos, pero como la familia Mahecha se negó, les detonaron bombas en su vivienda y negocio. El mensaje fue contundente: pagan o explotan.

Otro de los hallazgos que encontró la JEP fue que se institucionalizaron montos específicos que debían recaudar los frentes guerrilleros en las diferentes partes del país dirigidos a “diferentes enemigos de clase o enemigos políticos”. El trabajo operativo quedaba bajo la responsabilidad del comandante y el responsable financiero del frente.

Estos comandantes financieros llegaron a vincularse con grupos criminales o terceros y algunos milicianos urbanos, de las regiones para identificar y captar a las víctimas. En algunos casos con intereses específicos por los que por sacar del paso a un enemigo se le presentaba a las Farc como un posible financiador, sin que este tuviera la capacidad económica para responder. El colaborador que había capturado o dado información recibía un porcentaje de la extorsión que cobraba la guerrilla.

En la audiencia, Edward Oswaldo Díaz se preguntó si detrás del secuestro de su padre, Oswaldo Díaz, el 15 de octubre de 2001, había informantes malintencionados que buscaban sacarlo del paso como entonces concejal de Palmira, Valle del Cauca.

“Mi papá no era un hombre adinerado y era un buen hombre y era el mejor papá del mundo, entonces, en realidad, ¿por qué lo secuestraron? ¿Qué políticos de la ciudad o del departamento del Valle del Cauca estuvieron involucrados?”, les preguntó a los exmiembros del Secretariado casi 21 años después del plagio y la desaparición de su padre.

“En otros sitios los comandantes financieros no eran muy profesionales. Encontramos que secuestraban por el directorio telefónico”, contó la magistrada Lemaitre. También hubo casos en que quedaba a la suerte del momento y al lugar la dinámica de reclutamiento, a lo que la prensa llamó las “pescas milagrosas”.

Es frecuente que hasta el día de hoy las víctimas de este flagelo se pregunten “¿por qué a mí?”. Para varios casos, la respuesta es infame: según ha determinado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, era poco frecuente que se secuestrara a personas que tuvieron grandes capitales, porque en las regiones de control de las guerrillas no existían millonarios o logísticamente no lo podían determinar quién lo era. También las órdenes de los superiores llegaban a establecer que para una suma específica de dinero debían secuestrar a un número determinado de personas.

Se suponía que sobre el cautiverio había una orden general de no asesinar al secuestrado. Sin embargo, en otros casos se establecieron pedidos específicos de ejecución. “Autorización en caso de no pago o en intento de fuga si no se podía recuperar a la persona. La persona que estaba secuestrada valía un dinero, si el dinero se estaba escapando la primera orden es recuperar, solo si no es imposible recuperarlo tenía autorización de matarlo”, explicó la magistrada.

En el año 2000, dentro de la zona de distensión en San Vicente del Caguán, las Farc divulgaron las denominadas Leyes 002 y 003. La primera, “sobre la tributación”, pretendía corregir las graves faltas que el país le reprochaba a la guerrilla por el secuestro, estableciendo el denominado “impuesto para la paz” a personas cuyo patrimonio fuera superior al millón de dólares estadounidenses, lo que en la práctica nunca se siguió. La segunda fue sobre “corrupción administrativa”: si había reportes de que un funcionario público hubiera incurrido en actos de corrupción sería secuestrado.

“Hemos tenido víctimas que han llegado a contarnos que aún siguen pagando deudas que adquirieron para pagar el secuestro. Otras, haber tenido que vender todos sus bienes, quedándose sin proyecto de vida, sin tener como sostener a sus familias y lo que nos duele, sin tener cómo garantizar la educación a sus hijos”, lamentó la magistrada Lemaitre.

Varias víctimas son el reflejo de la ruina, el desgaste emocional y la fragilidad psicológica. Jonathan Mulford ha hecho su vida con entereza, pero no puede evitar llorar cuando habla de su plagio. El Frente 37 de la Farc lo secuestró junto a sus tres hermanos, un primo y su madre, cuando él tenía solo 11 años en el municipio del Plato, Magdalena. Tras pagar el rescate —mil millones de pesos—, volvieron a la libertad.

“Pastor, Pablo, Milton, Rodrigo, Rodrigo Londoña, Jaime Alberto, Julián Gallo: tienen un reto para transformar y cambiar a todos los colombianos ese sentimiento de odio generalizado que generaron en todos nosotros, esa semilla de terror, de temor y de pánico; tienen ese reto de transformarla en paz, amor y perdón”, comprometió Mulford.

Ese mismo ánimo propositivo lo siguieron otras víctimas. “Sé que al señor Rodrigo Granda le decían el ‘canciller de las Farc’. Qué chévere que ahora no fuera el ‘canciller de las Farc’, sino el ‘canciller de las víctimas’”, le expresó Héctor Mahecha a quien en la guerra fue conocido como ‘Ricardo Téllez’.

Fines de control social y territorial

Según pudo determinar el tribunal de justicia transicional, en el proceso de expansión territorial de los años ochenta y noventa de esta guerrilla, se adoptó una política de control de los territorios y de los corredores de movilidad, expulsando a autoridades civiles y líderes que no fueran afines a sus ideales político y sociales de las comunidades.

Esto ocasionó que los altos mandos de las Farc le dieran el poder a todo tipo de comandantes, y ellos a sus subalternos, de controlar a como dé lugar los territorios. Para eso impartieron órdenes a milicianos de vigilar las regiones para asegurar ese control. Luego les suministraron armas para el mismo fin. “La paranoia: que cualquier persona de la zona era un enemigo”, precisó la magistrada.

“Charlas guerrilleras, retenes en las carreteras, registros en los municipios, sanciones de incumplimiento de normas sociales o verificaciones de identidad fueron parte de prácticas que se incorporaron en el diario vivir de muchas personas que habitan o circulan por zonas en donde el Estado carecía de presencia”, señaló el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta.

Eso derivó en que los comandantes de los frentes privaran de la libertad a los civiles que transitaban por las zonas bajo su dominio, plagios que en muchos casos terminaron en el asesinato y desaparición de las víctimas.

“Para los comandantes de los frentes y para los milicianos no había razones para preservarles la vida a estas personas que no eran de la zona, sobre las cuales se tenía la sospecha que podrían ser un enemigo, un colaborador, un infiltrado. Así ejercieron su autoridad y su dominio”, dijo la magistrada Lemaitre.

La togada también resaltó que ese control territorial incluyó trabajos forzados o abuso sexual de las personas secuestradas y una falsa atmósfera de camaradería que se imaginaba la guerrilla con las comunidades que colaboraban informando los movimientos de la región, pues siendo actores armados, la verdadera relación con las comunidades era de subordinación.

Dentro de los trabajos forzados se obligaba a prestar servicios a las estructuras guerrilleras como curaciones, preparación de alimentos, construcción de carreteras, prácticas agrícolas o transportando a sus unidades, entre otra; además de afectar las prácticas culturales de los pueblos indígenas y su relación con el territorio, señala el ministerio público.

“Existen varios casos en los que menores de edad, personas de la tercera edad, personas con discapacidad o miembros de comunidades religiosas fueron privados de su libertad con el fin de controlar los territorios, a pesar de la vulnerabilidad en las que se encontraban”, señaló el Procurador delegado en esa audiencia.

“Muchas veces no lo leíamos como secuestro”, reconoció Pastor Alape, pero ahora aceptó que el hecho de confinar a personas en sus veredas o llevar a alguien a desarrollar algún trabajo contra su voluntad, eran privaciones de la libertad.

El Procurador señaló que cerca del 50 por ciento de los casos de este patrón se produjeron en las vías del país y tras la invasión de los hogares de las víctimas, “violando su intimidad, eliminando su espacio seguro y causando daños que incluso perduran hasta hoy”.

Para los exguerrilleros, este fue uno de los patrones que más los tomó por sorpresa: “El secuestro tiene el mismo dolor, pero este tiene un mayor dolor porque afectamos a la gente más humilde del pueblo colombiano”, dijo Londoño.

Cuando sospechaban que un civil fuera un infiltrado del paramilitarismo o del Estado, lo retenían para ser interrogado o asesinarlo. Muchas veces estas decisiones quedaron bajo la discreción del comandante encargado, quien tenía la orden general del Secretariado de no tener en sus territorios infiltrados.

Sin entrar a dar mayores detalles, la magistratura señaló que uno de los patrones en los que más víctimas había acreditadas era precisamente este. Alexander Vladimir Bayona Camacho es el padre de Alex Bayona Camacho, uno de los dos jóvenes universitarios secuestrados el 18 de marzo del 2000 en Palmira, Valle del Cauca.

Ambos eran estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional. La explicación del porqué su plagio y desaparición es vaga. ‘Pablo Catatumbo’ lo resumió en una frase: “En muchas áreas donde había confrontación, ocurría eso: persona que era desconocida se desaparecía”.

Los exjefes guerrilleros resaltaron que la expansión paramilitar en varios de los territorios que controlaban abonó a la despiadada y delirante decisión de controlar a toda costa el territorio.

Es el caso de Valle del Cauca, en donde los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con apoyo de sectores económicos, políticos, sociales y de Fuerza Pública impulsaron la creación del Bloque Calima que atacó a la guerrilla asentada en los departamentos del Valle, Cauca, Quindío y Huila. (Leer más en: Bloque Calima, un ‘depredador’ paramilitar marcado por el narcotráfico y La antesala de la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca)

“Deme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo”, le pidió Vladimir Bayona a ‘Pablo Catatumbo’ al borde del llanto: “A pesar del daño que me hicieron, no los odio, pero no los puedo perdonar hasta tanto no vea a mi hijo y saber a dónde le puedo ir a rezar un padre nuestro o un ave maría”.

Según el procurador Jairo Acosta, se logró evidenciar que el grupo guerrillero no verificaba rigurosamente la información que le suministraban terceros sobre la supuesta amenaza que representaban las personas que iban a plagiar por ser extraños de la región.

Una de las preguntas que tiene Héctor Darío Muriel es qué amenaza representaba él y sus amigos. El 8 de diciembre de 2001, mientras se encontraban con tres compañeros pescando en el río Arroyo Hondo, entre Antioquia y Caldas, fueron secuestrados por el Frente 47 de las Farc al mando de alias ‘Karina’ y ‘Caliche’.

Después de un tiempo, logró escapar junto a sus compañeros de cautiverio. Mientras la guerrilla los perseguía, mató a uno. Al otro le disparó en un pie. Muriel, como pudo, se lo echó encima para escapar juntos, pero unos metros más adelante el murmullo de la llegada de los guerrilleros advertía su fin. Por eso, el compañero de Muriel le dijo que lo dejara y que escapara. Así lo hizo y logró salvarse, pero siempre cargo la culpa de haber abandonado a su amigo.

“Yo le digo, don Héctor, no es usted el criminal, fuimos nosotros. Y si usted no se escapa, hoy sería su esposa la que estaría sufriendo este dolor y nosotros dirigiéndonos a su esposa”, le respondió ‘Pastor Alape’.

Hacia la reparación

Como lo recordó la magistratura, los reconocimientos de los comparecientes del antiguo Secretariado de las Farc serán evaluados bajo dimensiones fácticas, en donde reconozcan su responsabilidad individual y la configuración de la política criminal; jurídicas, el reconocimiento de la gravedad de las conductas imputadas y que no son amnistiables; y restaurativas, que darán cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.

Muchos de los reconocimientos de los comparecientes se centraron en la “omisión” de controlar las acciones de las tropas bajo su mando y se comprometieron a seguir trabajando por la búsqueda de los desaparecidos y el conseguir información de cada caso.

“Nosotros venimos a reconocer que nos desviamos de nuestras visiones, de nuestros compromisos, de lo que caracterizó el proyecto político y en ese relacionamiento con la población civil que era el centro de nuestra lucha, cometimos estos crímenes”, reconoció Pastor Alape.

Londoño lo complementó: “Fueron hechos que se desarrollaron dentro de una política establecida, pero aquí, las versiones, la práctica, los resultados demuestran que jamás controlamos cómo se aplicaba esa política, si se enmarca dentro de los principios y los criterios que teníamos establecidos”.

La sensación que dejaron las intervenciones de los exguerrilleros es variada. Algunas víctimas ven lejana la posibilidad de perdonar. Otras, dejan abierta la puerta si obtienen verdad y encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

Una de las que quiso perdonar a cambio de verdad fue Diva Cristina Díaz, hija de Juan Antonio Díaz Calderón, secuestrado por el Frente 13 de la Farc y a quien mantuvieron en la llamada zona de distensión.

En lo que varios concordaron es que faltaron muchos detalles por ser aclarados. La respuesta de la magistrada Lemaitre y de los antiguos miembros del Secretariado es que esperan que en varios casos se puedan conocer más detalles en las audiencias territoriales con los mandos medios que se acogieron al proceso y siguen con vida.

“Quiero enviar un mensaje a los compañeros de los ETCR que nos están escuchando —dijo ‘Pablo Catatumbo’—: no hay que tenerlo miedo a la verdad, es un compromiso que asumimos, que ayuda a aliviar el dolor de las víctimas y que todos tenemos que contribuir, con lo que sabemos que ocurrió, a la verdad. Colombia, las víctimas, el proceso de paz requieren verdad completa”, en especial sobre las víctimas que permanecen desaparecidas.

Violencia sexual y de género, persiste la deuda

Las audiencias voluntarias de los exintegrantes del Secretariado ante la JEP y el Auto 019 con el que la Sala de Reconocimiento los acusó de ser responsables de los hechos documentados en el Caso 01, despertaron incertidumbres y cuestionamientos por parte de algunas víctimas, abogados defensores y organizaciones de derechos humanos. ¿La razón? La falta de implementación de un enfoque de género que diera cuenta de patrones de sistematicidad de violencia sexual y agresiones contra personas LGBT en cautiverio, a la que se sumó la negación de ese tipo crímenes por parte de los exjefes de las Farc.

La Sala de Reconocimiento determinó que ante la poca información que recolectó sobre agresiones sexuales, esa violencia fue “aislada”, y a lo largo de las 322 páginas de su auto de acusación no hizo ni una mención de víctimas LGBT. Por esa razón, había la expectativa de que esa situación fuera enmendada y que los miembros del antiguo Secretariado reconocieran que esos hechos sí ocurrieron o que la magistratura los pusiera de presente. (Leer más en: Violencia sexual durante el secuestro, ¿un crimen invisible en la JEP?)

El único caso de violencia sexual tratado durante los tres días de audiencia fue el del policía Olmes Johan Duque, porque hizo parte de los casos relacionados con secuestro de uniformados con fines de canjes con guerrilleros presos.

Daniel Vargas, coordinador del Equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a víctimas del Caso 01, considera que la audiencia de reconocimiento de responsabilidad fue un paso muy importante para que el país comprenda la dimensión del secuestro y es la materialización del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, lamentó que, nuevamente, los hechos de violencia sexual y de género quedaran de lado. “Esperábamos que el Secretariado de las Farc hiciera alusión, pero sólo se trató el caso del policía Olmes. Es un tratamiento residual porque la magnitud de los casos es enorme y las violaciones que cometieron las Farc están siendo invisibilizadas. Hizo mucha falta y es necesario que hagan un reconocimiento más amplio, específico e integrado, de los casos de violencia sexual que ocurrieron”, señaló.

Y agregó: “Hay un déficit porque queda en el aire que ellos no sabían absolutamente nada de eso. No creo que su nivel de comandancia en la organización no les permitiera saber y por alguna razón no están queriendo hacer un aporte real a la verdad”.

Para María Susana Peralta Ramón, abogada lesbiana y feminista, coordinadora del Área de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, la JEP le está incumpliendo sus promesas a las víctimas de violencia sexual, de violencia reproductiva y de otros crímenes motivados en la sexualidad. ¿La razón? Porque en el Acuerdo de Paz hay un mandato explícito de vincular el enfoque de género en todo lo que se haga en el proceso de justicia transicional y no lo está acatando.

“El enfoque de género no es poner la bandera gay en Twitter en el mes del Orgullo ni escoger cierta cantidad de mujeres en algunos de cargos, el enfoque de género involucra una transformación de las instituciones tradicionales y lo que está pasando en el Caso 01 es el mejor ejemplo de que no está ocurriendo”, indicó.

“Ahí está la muestra -prosigue- de que, si uno pregunta sin enfoque de género, no practica pruebas con enfoque de género y no busca a la busca a las víctimas de violencias basada en género, pues no va encontrar verdad en estos hechos, porque además los comparecientes tampoco están aportando verdad”.

Por esa razón, recordó que Colombia Diversa, junto con Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Women´s Link y la Corporación Humanas, desde la Alianza Cinco Claves, han pedido desde hace cuatro años que la JEP abra un macrocaso nacional sobre violencia sexual.

“Hablar de este tema es complejo y se necesita una nueva metodología, crítica, formas creativas de ver y hacer el derecho, alguna forma estratégica de persuadir a los comparecientes de aportar verdad. Pero por ahora nadie lo está haciendo: ni los comparecientes ni la JEP. Y las víctimas siguen esperando”, planteó.

Vargas, de la CCJ, alertó que dejar pasar los casos de violencia sexual y de género en el proceso de los integrantes del Secretariado, para ser tratados en las instancias de mandos medios y de guerrilleros rasos, puede causar que no respondan por ellos.

“Hay una dificultad cuando se investiga de arriba hacia abajo y es que cuando vas a indagar, los de abajo puede que saquen información que vincule a los de arriba. Y si el Secretariado jurídicamente resolviera su situación en ese punto, tendríamos problemas para volverlos a llamar”, explicó.

De ese modo, señaló que su equipo de litigio procurará en los próximos 15 días, que tienen de plazo para hacer observaciones, pedirle a la JEP que siga requiriendo a los otrora jefes máximos de las Farc por esos temas: “Ellos asumieron demasiados compromisos en la audiencia porque no tenían herramientas para responderle a la gente. Entonces esto tiene que verificarse más adelante”.

Por otro lado, Peralta resaltó que en Colombia Diversa han documentado que las personas LGBT sufrían tipos de violencia específica por cuestionen de su identidad sexual. “Sabemos que hubo personas LGBT víctimas de secuestro con implicaciones específicas; hemos encontrado que el patrón más probable es que la violencia en tu contra, si eres LGBT, se intensifique y empeore.”

Y planteó la siguiente situación como ejemplo: “Si a todo el mundo lo están haciendo caminar diez kilómetros, a ti te harán caminar eso diez kilómetros, pero descalzo. ‘¡Eso le pasa por marica!’, le van a decir en todo el camino. Ese es el tipo de cosas que hemos descubierto que ocurrieron en el conflicto armado y que no se están tratando en la JEP”.

También lamentó que la metodología de ese tribunal se base en recoger información de procesos de la justicia ordinaria, espacio en el que hay un gran subregistro porque las víctimas de violencia sexual no suelen denunciar para evitar se estigmatizadas; situación que también ocurre con personas LGBTI, que suelen ser revictimizadas.

“No pueden esperar que llegue información de procesos ordinarios previos o que las personas LGBT lleguen con una cantidad de información tecnificada y organizada lista para que las magistradas de la JEP la implementen. No. Ese trabajo hay hacerlo desde cero”, afirmó.

También cuestionó que la oferta de apoyo que ha realizado Colombia Diversa ha sido desestimada y que no se le ha permitido participar en la representación de víctimas. Lo refiere porque desde septiembre del año pasado están a la espera de que una víctima sea acreditada como tal y hasta ahora no ha recibido respuesta alguna.

“¿Cómo es posible que si este macrocaso no tiene ninguna información de personas LGBT y Colombia Diversa le dice déjeme participar representado a una víctima gay, el despacho no diga nada? Me parece que no les importan y prefieren que no estén las personas LGBT”.

Y agregó: “Eso es grave porque primero, están incumpliendo su mandato legal y constitucional; y segundo, porque así no vamos a poder construir la paz. Si dejamos a las mujeres y la personas LGBT por fuera de la justicia, no nos vamos a poder reconciliar porque el género y la sexualidad fueron importantes canales sobre los que se gestó el conflicto armado y tenemos que resolverlos”.

Para el devenir de los casos de secuestros que está procesando la JEP, Vargas indica que desde la CCJ harán énfasis en las audiencias territoriales, con mandos medios y la base guerrillera que está compareciendo ante ese tribunal transicional, sin dejar de lado la responsabilidad máxima de los integrantes del Secretariado.

“La apuesta sigue siendo la misma. El aceptar hechos simplemente por comandancia deja un sinsabor: aceptan por aceptar, pero realmente no hay respuesta particular. Hay situaciones que ellos conocieron y toleraron, quizás no dieron la orden, pero permitieron que la guerra se desarrollara así”, reiteró.

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