Mientras los reflectores del país en materia de paz se centran en la mesa de diálogos con la guerrilla del Eln, en la capital del departamento de Chocó avanzó silenciosamente un proceso para que cientos de jóvenes dejen las armas y se reintegren a la vida legal. Esos pasos permitieron instalar el pasado viernes el Espacio de Conversación Sociojurídica con tres grupos armados ilegales.
En diciembre del año pasado, integrantes de tres organizaciones armadas ilegales contactaron al gobierno nacional para expresarle su deseo de construir paz y ponerle fin a las acciones violentas en los barrios de Quibdó en los que tienen influencia.
Esa iniciativa derivó en el inicio de conversaciones entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz, las comunidades locales, sectores empresariales, autoridades civiles, la Iglesia Católica, la comunidad internacional y delegados de esas bandas armadas. El propósito era abrirle las puertas a por lo menos 700 jóvenes que están en la ilegalidad y trabajen en la búsqueda de oportunidades laborales y educativas dentro de la legalidad.
Este proceso es otra apuesta de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, con la que busca dialogar simultáneamente con los grupos armados y delincuenciales del país, para cerrar el repetitivo ciclo de violencia que padecen los colombianos. De acuerdo con su fundamentación, está compuesto por dos ramas: la primera, de negociación política con la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc; la segunda, de búsqueda de soluciones sociojurídicas para lograr el desarme y el sometimiento a la justicia de grupos delincuenciales o que carecen de estatus político.
La búsqueda de la paz urbana de Quibdó pasa por la segunda rama y a ella se sumaron tres organizaciones, autodenominadas ‘Fuerzas Armadas RPS’, ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de México’ –conocida también como ‘Los Mexicanos’– y ‘Los Locos Yam’.
Son agrupaciones que se caracterizan por la juventud de sus integrantes y porque la mayoría de ellos son hijos del desplazamiento forzado que causó la violencia en décadas pasadas en las regiones chocoanas del Medio San Juan, Bajo San Juan y el Atrato. También tienen en común que crecieron en barrios de invasión, fueron marginados y estigmatizados. Sus integrantes admiten que tomaron el camino de las armas ante el abandono estatal y la falta de oportunidades.
Ese proceso de conversaciones con estas bandas ha tenido resultados en la capital chocoana, entre ellos la reducción de homicidios en un 54 por ciento con relación al año anterior; la vinculación de embajadas europeas; la creación de programas estatales para llevarle oferta institucional a la juventud de Quibdó; y la recuperación ambiental de algunas quebradas.
El proceso de Quibdó se suma al de Buenaventura y Medellín, donde el gobierno nacional adelanta conversaciones con los voceros y representantes de diversos grupos armados ilegales que operan en esas áreas urbanas. Hasta el momento, se avanza en esos diálogos, pero sin un marco jurídico que los respalde. Se espera que sea tramitada prontamente en el Congreso de la República.
Inicio formal
El auditorio José Domingo Correa de Comfachoco fue el escenario en el que los quibdoseños se dieron cita para conocer la hoja de ruta con la que esperan que aterrice la paz urbana, para ponerle fin a una parte de la violencia que los agobia. También fue un espacio en el que convergieron diferentes generaciones y expresiones culturales para armonizar y expresar los anhelos de paz: un grupo de cantadoras del barrio Palenque inició la sesión que se extendió por poco más de dos horas, y le siguieron un coro infantil del barrio Uribe Vélez, la agrupación de rap femenino La Mamba Rap y la puesta en escena de la agrupación de baile urbano Black Boys.
Acto seguido, fue presentada la nutrida delegación que representará al gobierno nacional en los espacios de conversación sociojurídica. Se trata Luis Evelis Andrade Casama, exsenador indígena; Juan Diego Restrepo, periodista e investigador académico del conflicto armado, quien dirige este portal web; Eduardo Rosero, abogado y empresario de la región; Elsa Delgado, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó; Dilon Maertínez Mena, coordinador del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad de Chocó; Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes; Pedro Baracutao Ospina, firmante de paz excombatiente de las Farc y representante a la Cámara por Comunes; y la concejala Luz Marina Ríos.
De esta delegación también hacen parte David Racero, representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la coalición de gobierno; y Diego Cancino, concejal de Bogotá, quienes no pudieron asistir a la instalación.
Luego se presentaron delegados de la Misión de Verificación de la ONU, de la Mapp-OEA y de las embajadas de Suiza y Noruega, que apoyan este proceso de paz urbano desde la comunidad internacional.
En la instalación también hablaron mediante videoconferencia y desde diferentes sitios de reclusión voceros de los tres grupos delincuenciales; otros lo hicieron por medio de un video pregrabado. Transmitieron mensajes en los que se comprometieron a luchar por construir un mejor Quibdó y en los que expusieron las causas que los llevaron a delinquir.
Desde la cárcel de Itagüí, miembros de ‘Los Mexicanos’ señalaron que “de haber tenido un acompañamiento claro y decidido de parte de las instituciones del Estado, no hubiésemos pasado de ser víctimas a victimarios; que es lo que hoy en día nos tiene aquí sentados conscientes del daño que hemos causado a la sociedad, pero también sabemos que estamos en camino de que a esta tormenta le llegue la tan anhelada calma”.
Y agregaron: “Con la Paz Total vemos con beneplácito una posibilidad real de reincorporarnos a la sociedad civil dejando las armas que nos han mantenido en pie de lucha durante tantos años y cambiándolas por plumas que nos van a permitir escribir una nueva historia para nuestras vidas, nuestras familias y la comunidad de Quibdó”.
En su video pregrabado, integrantes de los ‘RPS’ y los ‘Locos Yam’ recordaron que llegaron desplazados a Quibdó buscando nuevos comienzos, pero se chocaron con la realidad de que no los había, en cambio fueron presas del reclutamiento forzado.
“Cuando llegamos al pueblo, hubo ciertos grupos que nos llevaron a tomar una decisión muy inmensa: si no nos unimos a coger las armas, probablemente seríamos atacados y disminuidos. Hoy en día queremos darnos la posibilidad de vivir en tranquilidad con nuestras familias”, indicó un joven desde el anonimato, porque exponer su identidad le puede costar la vida.
Expectativas de una apuesta colectiva
Mario Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina, hizo un llamado para que todos los participantes estén a la altura del reto que enfrentan para lograr una paz urbana: “Aquí no puede estar excluido nadie. Si en el caminar se ven vacíos, los debemos ir llenando a través del diálogo y del esfuerzo del perdón y la reconciliación. No teniendo siempre un espejo retrovisor que nos haga alimentar la violencia y nos empuje al desquite y a la muerte”.
Y concluyó: “Si superamos todo eso, con seguridad nuestro departamento de Chocó y nuestra amada ciudad de Quibdó, saldrán adelante. Pero tenemos que poner de nuestra parte. No vamos a lograr nada, sino, a partir del momento en que todos nosotros, como ciudadanos del departamento de Chocó, vamos a dar la cara y le vamos a demostrar a Colombia y al mundo que aquí sí se puede, No los defraudemos, no nos defraudaremos a nosotros mismos”.
El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, recalcó que ese naciente proceso surge gracias a las madres, abuelas, hermanas, compañeras sentimentales e hijas de los muchachos que están en armas. Y les agradeció porque “con ellas y al lado de las comunidades, ellos están dando este gran paso. Sin ese mundo emocional y de los afectos, difícilmente nos encontraríamos aquí; sin honrar esa historia que ellos han vivido de sus abuelos o sus padres, difícilmente estaríamos aquí”.
Y puso acento en la violencia que determinó el rumbo que tomaron gran parte de ‘Los Mexicanos’, ‘Los RPS’ y ¿Los Locos Yam’: “Ellos nos están reflejando los dolores desconocidos de la Operación Septiembre Nrego; de la Operación Géneris, que ocurrió en el bajo Atrato; de las confrontaciones que ocurrieron en el Bajo y Medio Atrato, en el San Juan hace 27 años”.
“Muchos de ellos nacieron en Quibdó –continuó–, en aquel espacio de la tierra que pudieron llenar de madera para sobrevivir, para enfrentar el desplazamiento que nunca fue atendido con dignidad y respeto. Y se hicieron allá a la vida en esos barrios, en la sobrevivencia”.
A continuación, puso la lupa en el trato que recibieron por su condición de desplazados: “Llegaron a una ciudad que les excluyó, que les estigmatizó; que en su momento les señaló como la peste: ‘Llegó la peste a Quibdó’. Y esos dolores siguieron sin curarse y por eso hoy el himno de Quibdó, las reperas, nuestros boys, nos están mostrando el palpitar del corazón. Y el corazón que palpita profundo por la vida y la libertad”.
El Alto Comisionado planteó que este proceso es una apuesta de paz urbana y ambiental, para la que es vital garantizar la vida de esos jóvenes y no estigmatizarlos más. “Si a ellos les acogemos, les miramos comprensiva y compasivamente, podemos construir la paz. Si lo que prima en nosotros es la estigmatización, la mentalidad de un deseo al que se le puede quitar la vida, esto fracasó. El respeto de la vida de ellos es fundamental si queremos sacar esto adelante, porque nadie va a seguir conversando, si los empiezan a matar”.
Sobre la apuesta ambiental, Rueda refirió que muchos de esos jóvenes quieren limpiar afluentes de agua y reforestar bosques, pero también que algunos sueñan con regresar a los lugares donde vivieron sus antepasados: “Y resulta que la tierra de sus abuelos sigue despojada por proyectos agroindustriales, que no han sido enfrentados para que haya justicia social: la devolución de la tierra despojada, para disfrutar del río y coexistir con los animales”.
Por otro lado, durante su intervención, el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, respaldó esta iniciativa de paz urbana, pero hizo un llamado para que se tengan en cuenta otras situaciones que agobian al departamento, como la crisis humanitaria producida por la guerra entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que son denominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’.
También puso de presente la grave situación de las minas antipersonal: “Tenemos 25 municipios con sospecha de minas. ¿Cómo podemos hacer una mesa para desminar? Solamente podemos decir que hay dos de 30 municipios libres de minas”. El mandatario regional también planteó su preocupación porque los asesinatos están repuntando y pidió que sean atendidas las alertas tempranas que expide la Defensoría del Pueblo para mitigar riesgos, las cuales deberían tener mayor atención, pues teme que por la época electoral arrecie la violencia.
Por eso, pidió que se tenga en cuenta a los otros actores armados. En el caso de Quibdó también tienen presencia ‘Los Zetas’, grupo delincuencial que estaría asociado a la guerrilla del Eln, y los ‘Gaitanistas’.
Ese triángulo puede ser uno de los principales obstáculos del proceso de las tres bandas que se sumaron a la Paz Total, pues el Eln y las Agc están en una guerra abierta en el sur del departamento, y ‘Los Zetas’ podrían adoptar un rol más agresivo en Quibdó y afectar el camino hacia la paz que quieren transitar cientos de jóvenes.
Justamente, el día de ayer ‘Los Z’ expidieron un comunicado en el que señalan que respetan los procesos de paz en Chocó, pero cuestionaron a ‘Los Mexicanos’, porque supuestamente están atacando a sus integrantes en los barrios que controlan (‘Los Z’), mientras dialogan con el gobierno nacional. En ese documento hacen un llamado a las autoridades y concluyen que si esa situación se sigue presentando, “tendremos que vivir lo que nadie quiere vivir”.
