Durante 2024, el Cinep documentó un aumento de casos de victimización contra líderes políticos y sociales, que incluyeron amenazas, torturas y asesinatos, según revela su más reciente informe publicado en la Revista Noche y Niebla.

“La violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades, desafortunadamente, no da señales de detenerse”, aseguró una investigadora de la organización.

Los tipos de victimizaciones que más aumentaron en 2024, en comparación con 2023, son los que, según la organización, “generan mayor temor y zozobra”. Entre ellos se encuentran las amenazas, la tortura y las violaciones a la libertad personal, como las desapariciones, los raptos, los secuestros y el reclutamiento forzado.

Estos crímenes no se presentan de forma aislada. Los motivos de la violencia varían según las particularidades de cada territorio. En algunas zonas, esta se relaciona con la expansión de economías y rentas ilegales; en otras, la violencia letal se dirige contra voceros de organizaciones sociales que buscan defender y visibilizar sus demandas. Estos hechos ocurren en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, lo que ha profundizado la crisis en varios territorios, según indica el documento.

Entre sus principales hallazgos, el centro de investigación advierte que en 2024, se registraron 813 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos de violencia sociopolítica y acciones de carácter bélico. De ese total, 452 personas fueron asesinadas por causas asociadas directamente a la violencia política y social.

Violencia político-social

En este escenario, la violencia contra líderes  resulta especialmente alarmante, ya que, según el Cinep, esta sigue siendo una labor de alto riesgo en el país. Este panorama no sólo evidencia la desprotección de las víctimas, sino que también refleja el grave deterioro de la seguridad en varias regiones.

En un entorno donde prevalece la impunidad, los actores armados —a menudo vinculados a bandas delincuenciales locales— tienen menos reparos para cometer homicidios contra líderes sociales, dice el informe.

Según el centro de pensamiento, los departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Cauca, con 43 asesinatos; Antioquia, con 23; y Putumayo, con 21. Aunque estos tres departamentos comparten características similares —como la fuerte presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales—, cada uno presenta dinámicas y trayectorias propias.

El Banco de Datos del Cinep identificó a los grupos sucesores del paramilitarismo como los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2024, seguidos por miembros de la Policía, empresas extractivas y el Ejército.

Respecto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el centro de investigación señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como los principales  presuntos responsables.

Las amenazas sobresalen como el principal mecanismo dentro de los repertorios de violencia usados en el conflicto, mientras que los homicidios constituyen la segunda práctica más común.

Violencia extrema y disputas territoriales

Otro fenómeno que identificaron  los investigadores es la intensificación de la crueldad extrema contra los cuerpos, evidenciada en prácticas como los desmembramientos y la exhibición pública de las víctimas. Este tipo de violencia ha sido especialmente registrado en departamentos como La Guajira y Magdalena, aunque también se han documentado casos en Risaralda.

“Este tipo de hechos también representan una amenaza colectiva para las comunidades, ya que hasta hace poco estas prácticas eran asociadas con otras zonas del país, como Buenaventura, donde operaban las llamadas ‘casas de pique’. Ahora, sin embargo, parecen estar replicándose en otras regiones como las mencionadas. Sólo en el Magdalena se registraron 29 víctimas”, resaltaron desde el Cinep.

Este fenómeno, añadieron, obedece a la dinámica de fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, así como a las disputas entre ellos por el control de distintas zonas del país. En la Sierra Nevada, por ejemplo, se registra un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que a veces se hace llamar “Ejército Gaitanista” y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El centro de investigación cerró su informe con un urgente llamado a las autoridades para detener a esta barbarie, donde la población civil sigue siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no tener fin.

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Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag

“La falta de respeto del DIH se agudiza cuando aumentan las confrontaciones y hay mayor control por parte de los actores armados, como ocurrió en 2024 en Colombia” advirtió este jueves Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia al presentar el informe Retos Humanitarios 2025.

Como señaló esta organización humanitaria, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, el país ha experimentado un progresivo deterioro de la seguridad, alcanzando un punto crítico en 2024.

Esto responde a una serie de factores, entre los que se destacan las dinámicas asociadas con la fragmentación y reconfiguración de grupos armados ilegales, las cuales están relacionadas con el aumento de las afectaciones que sufrieron las comunidades el año pasado.

Entre sus principales hallazgos, el nuevo informe del CICR destaca la documentación de 382 casos de presuntas violaciones al DIH. Alrededor del 44 por ciento, están relacionadas con vulneraciones a la población civil no combatiente. Un 33 por ciento adicional se refiere al incumplimiento por parte de los grupos armados ilegales de las medidas necesarias para proteger a la población y sus bienes en medio del conflicto. Y el 23 por ciento restante está relacionado con situaciones que han vulnerado los derechos básicos de las comunidades.

Alarmante aumento de explosivos

La situación en cuanto a la afectación por artefactos explosivos es más que preocupante. El CICR registró que 719 personas fallecieron o resultaron heridas debido a explosiones causadas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonaciones controladas. Esta cifra representa un incremento del 89 por ciento, en comparación con el año anterior.

La región Pacífico es la más afectada por el uso de este material de guerra. Según el informe del CICR, concentró el 65 por ciento de los fallecidos y heridos, distribuidos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En su mayoría, las víctimas fueron civiles.

Atrapados y expulsados

El confinamiento también es otra situación alarmante para el CICR. En comparación con el año anterior, en 2024 se registró un aumento del 102 por ciento en los casos de confinamiento y la población afectada creció un 89 por ciento. Lo anterior significa que 88.874 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos, siendo Chocó el más afectado, con un total de 36.288 casos registrados.

En relación con el desplazamiento masivo, se registraron 41.228 casos de personas afectadas por esta forma de violencia. No obstante, en comparación con el año anterior, la organización señala que hubo una disminución en los casos reportados.

El incremento en las disputas entre actores armados por el control territorial conllevó a un aumento en la estigmatización de la población civil que fue señalada, en múltiples ocasiones, de favorecer a la contraparte en el conflicto, debido a su permanencia en el territorio y a su intento por sobrevivir en medio del fuego cruzado.

Fragmentación y reconfiguración

Este recrudecimiento de la confrontación se enmarca en un contexto caracterizado tanto por la incertidumbre en el comportamiento de los actores armados ilegales, como por las dinámicas cambiantes y la inestabilidad en los procesos de fragmentación de estos grupos.

Como señaló José Antonio Delgado, jefe de operaciones de la delegación del CICR en Colombia, “algunos grupos han partido aguas con sectores que eran de su grupo anteriormente, y eso está generando tensiones entre los miembros de estos grupos que se han separado, lo que, a su vez, está creando una nueva dinámica que podría estar relacionada con alianzas temporales o coordinaciones puntuales”.

La organización humanitaria, con más de 50 años de presencia en el país, concluyó haciendo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten y acaten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como principio rector de cualquier confrontación armada entre actores estatales y no estatales. “El respeto al DIH no es una opción ni un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse sin excepciones”, enfatizó Patrick Hamilton.

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La no repetición de la violencia es otra promesa incumplida del Acuerdo de Paz. Tras la dejación de armas de las Farc, en San Vicente de Caguán tres grupos que surgieron de la extinta guerrilla se disputan sus territorios. En medio de la zozobra, las comunidades rurales resisten gracias a sus procesos organizativos y liderazgos locales.

“Los sueños del colono”, así se llama el café que siembra Estefanía Chica junto a su familia en la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas en Caquetá. El café lo recoge, lo seca, lo tuesta y lo empaca con el nombre que hace alusión a los años de lucha y resistencia campesina para que esos sueños de colono se cumplan en medio del resurgimiento del conflicto armado en el territorio.

En los últimos siete años, Estefanía ha participado en la actualización de las normas comunitarias que rigen lo que se debe y no se debe hacer en la zona que históricamente ha sido clave para repeler la violencia contra la población civil, porque les ha permitido plantearles a quienes retomaron las armas, cuáles son las reglas que los propios campesinos y campesinas concertaron para sus territorios.

“Pienso que el Manual de Convivencia es la carta de negociación que tuvimos nosotros con los grupos armados. Parte de ese éxito que se tuvo es que la comunidad lo tenía muy apropiado, lo reconocen como propio y ellos defendieron sus propias ideas”, plantea Estefanía, asesora técnica de la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop) en temas ambientales.

Estas normas comunitarias apuntan a la convivencia pacífica entre vecinos y a la protección del medioambiente, pasando de una visión de explotación de la naturaleza a una relación simbiótica entre el bosque y la vida campesina. Están pensadas en clave de propuestas para solucionar los conflictos socioambientales y buscar unas mejores formas de vida.

Hoy, cuando diferentes grupos armados nacidos después del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se disputan el control del territorio, imponiendo sus propias reglas, esa herramienta cobra mayor importancia.

El pasado 15 de septiembre, la facción del denominado Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las extintas Farc, bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’, anunció que retomaría varios territorios de los departamentos de Meta y Caquetá en su puja por el poder con la facción del EMC bajo alias ‘Calarcá’.

“Implica una dura confrontación por la cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada por los ya mencionados traidores (‘los fraccionalistas -sic- de los Calarcá’)”, reza un panfleto en el que se advirtió a las poblaciones caqueteñas de El Pato-Balsillas, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

“Quien apoye a estos divisionistas se tomará como una traición y afrenta a la lucha del pueblo por la toma del poder”, dice el documento.

Ese anuncio es la materialización de las alertas que la Defensoría del Pueblo venía realizando desde mediados de este año, advirtiendo de la retoma del poder de dos estructuras armadas que se dividieron y que hacían parte del Estado Mayor Central: el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, con el Frente Carolina Ramírez a cargo de ‘Mordisco’ y el Bloque Jorge Suárez Briceño de ‘Calarcá’.

La Alerta Temprana 023-24 del 10 de septiembre indicó que Caquetá es donde se está dando la mayor confrontación armada de esas dos estructuras del EMC. Y encendió las alarmas porque hay una doble imposición de regulaciones a la vida cotidiana de la población civil, “que antes resultaba unánime en el dominio del Estado Mayor Central, pero que, ante su actual fraccionamiento, parece indicar a las comunidades que ‘deben elegir el bando que van a apoyar’, ya sea a favor del Frente Carolina Ramírez o del Frente Jorge Suárez Briceño”.

En medio de ese desolador panorama, las comunidades rurales resisten gracias a sus procesos organizativos y liderazgos comunitarios.

Al respecto, Abimael Cortés, líder de la inspección Troncales, cuenta que “lo que nosotros queremos hacer es el manejo de cada una de las comunidades, pero llega un actor (armado) a la región y las cosas cambian. Dentro del territorio y la organización hay acuerdos internos de conservar; nosotros les explicamos cuál es nuestro propósito y nuestro compromiso con el medioambiente. Se ha venido hablando y hasta el momento se ha venido respetando”.

De otra parte, Eliana Hernández, lideresa de San Vicente del Caguán, describe los riesgos y las amenazas que implica la presencia de actores armados en el territorio. Ella hace especial énfasis en la ruptura de los lazos comunitarios.

“Tenemos riesgos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, funcionarios públicos en el territorio y también ha generado una ruptura frente a los procesos organizativos. Creo que hay un descontento frente al ejercicio y San Vicente es históricamente fuerte en el proceso organizativo comunal y campesino, pero hoy vemos una ruptura en ese proceso organizativo de base”, señala Eliana.

Hacia el futuro

Con el conflicto en auge, las comunidades afectadas reclaman por las garantías de no repetición enmarcadas en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

“En algunos territorios la represión es mayor, en otros no ha sido tan fuerte. Hay restricciones y limitaciones de muchos procesos”, dice Abimael, de Troncales. “Sí hay un proceso de paz, pero realmente no ha funcionado mucho. ¿Cuál es el proceso de paz que el Estado le ha dado al campesino? Realmente hay actores armados, no estamos seguros de cuántos hay. ¿Dos o tres? Ellos son personas que pasan, pero presencia sí la hay”.

En medio de estos avatares y de un panorama poco alentador, la población campesina tiene la esperanza de trabajar desde sus organizaciones sociales en pro de la consolidación del Acuerdo de Paz. Aún siguen confiando en que el Estado ponga en marcha de manera integral los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. (Leer más en: Paz fragmentada: promesas incumplidas en San Vicente del Caguán)

Pero el mayor deseo es un impulso al fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental de las comunidades y la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina, como alternativas que vinculan al campesino con su territorio desde la conservación del bosque, la vida y la naturaleza en general. (Leer más en: Más tierra que Estado)

“En el marco de la Paz Total -política del actual gobierno nacional que busca dialogar con todos los actores armados ilegales del país-, el mensaje que queremos dar desde los territorios es que realmente se cumpla. La proyección que tenemos las comunidades es conservar el medioambiente, implementar proyectos productivos con responsabilidad como el turismo, la regeneración, la reforestación”, expresa Abimael.

La principal preocupación del campesinado es la posesión de los títulos de propiedad de las tierras que han habitado por décadas. “Por medio de las Zonas Reserva Campesina, podemos tener el título del predio, que es algo muy importante que necesitamos”, dice

Sus procesos territoriales han demostrado que la oferta institucional o ha quedado corta o no se ha enfocado en las realidades estructurales que se mueven en la región. Si bien, las afectaciones al ambiente no son un daño menor, los procesos de gobernanza ambiental y territorial de las comunidades han aportado más al cuidado de la Amazonía de lo que hasta el momento se le ha reconocido.

De esa manera, las normatividades ambientales, los acuerdos comunitarios, los ejercicios propios de ordenamiento territorial y ambiental, con el manejo de cuencas y cañeros para rotación de cultivos, sumado a la implementación de herramientas institucionales como ejercicios de zonificación ambiental participativa desarrolladas en la región de El Bajo Pato y Guacamayas, con el impulso de las Zonas de Reserva Campesina.

Los procesos comunitarios y quienes los lideran se encuentran en una puja entre la convicción de sostener las bondades del Acuerdo de Paz y el interés de los actores armados por retomar territorios que históricamente ocuparon las antiguas Farc, imponiendo control y sus lógicas. Son quienes resisten en los territorios ante las promesas incumplidas en noviembre de 2016, manteniendo vivos eso ‘sueños de colono’.

Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan, ni comprometen la visión del Fondo.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

La disputa cruenta por el control territorial entre disidencias de la extinta guerrilla de las Farc está obligando a decenas de excombatientes en proceso de reincorporación y a sus familias a desplazarse desde Miravalle, en Caquetá, empañando el comienzo de negociaciones de paz entre el grupo Segunda Marquetalia y el gobierno Petro, y sumándose a la larga lista de incumplimientos del cese al fuego del Estado Mayor Central (Emc) en el mismo tipo de negociación que lleva discutiendo hace más de un año.

Más de 70 exmiembros de las Farc comprometidos con el Acuerdo de Paz habían construido su proyecto de vida en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Pero la ruptura, el año pasado, de un acuerdo para evitar confrontaciones entre estructuras de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, y el Estado Mayor Central (Emc), en cabeza de alias ‘Iván Mordisco’ –aunque en la región se dice que quien realmente manda allá es alias ‘Calarcá’– ha dejado a la comunidad del espacio en el fuego cruzado.

Tras su llegada a El Pato-Balsillas, el Estado Mayor Central fijó su actuar criminal contra los reincorporados y las comunidades campesinas, acusándolos de ser colaboradoras de la Segunda Marquetalia, por habitar el territorio mientras estaba bajo control de ese grupo.

El 23 de junio, el grupo comandado por ‘Iván Márquez’ difundió por redes sociales una denuncia pública en la que acusaba al Emc de escalar las operaciones en contra de la población civil de la zona, sembrar minas antipersonal y pedir ‘vacunas’ para permitir la tala forestal. Lo más grave es que advertía que el ETCR de Miravalle había recibido un ultimátum por parte de la estructura comandada por ‘Calarcá’ para desplazarse del lugar.

“En reuniones forzadas citadas en el caserío de Puerto Amor, han impuesto un plazo de cuarenta días para que los habitantes del ETCR Miravalle desocupen sus hogares, es importante hacer resaltar que son civiles desarmados. Esta medida es injusta y arbitraria, dejando a numerosas familias en una situación de incertidumbre y desamparo”, se lee en el comunicado del grupo subversivo.

En otro comunicado, el Frente Iván Díaz del Emc expuso su percepción del espacio de reincorporación como un escudo humano para los intereses de su contrincante en la guerra, y confirma la petición a los firmantes de no permanecer en ese territorio.

“Es el caso lamentable del ETCR de Miravalle, claro, no por todos sino por algunos residentes de ese Espacio, que ha sido asaltado en su buena fe por grupos armados contrarrevolucionarios como la “Segunda Marquetalia”, que instrumentaliza a los excombatientes para ejecutar sus fechorías. Acuden a ustedes, por cuenta de que sus necesidades con el Acuerdo de Paz no han sido solucionadas y el pan para sus hijos no da espera, entonces se rinden a los pies de esos delincuentes y sin calcular los efectos han hecho de Miravalle un foco de inseguridad”, se lee en el comunicado del Emc.

“No me sorprende este tipo de accionar del Estado Mayor en la zona. Lo distinto es que la Segunda Marquetalia se pronunció”, señala Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE). Para el experto, ese pronunciamiento es un reflejo de la cercanía que sienten las estructuras de ‘Iván Márquez’ con la región.

“Apoyados en el incumplimiento de temas tan importantes como la sustitución de cultivos de uso ilícito y otros temas del Acuerdo de Paz, fue que estos actores y otros, empezaron a tomar mayor fuerza en el territorio”, explica Federico Montes, miembro de la dirección del Partido Comunes.

Tras dos años de calma después de la desmovilización de las Farc, además de los marquetalianos y el Emc, en el departamento empezaron a aparecer varios grupos como Comandos de Frontera y la estructura Carolina Ramírez, que se declaraban la guerra o se prometían lealtades. “A partir de allí se empieza a generar todo un fenómeno de ofrecimientos a la población firmante, a las comunidades en el territorio, porque las lógicas que caracterizan a estas estructuras no son las mismas lógicas que caracterizaron a la antigua guerrilla de las Farc-Ep”, resalta Montes.

Y agrega que la mayoría de los firmantes de la región están trabajando en lo pactado en el Acuerdo de Paz, “pero también hay un pequeño grupo de población firmante que cayó en las tentaciones, en los cantos de sirena de los ofrecimientos de algunos actores armados y que terminaron nuevamente vinculándose a estas estructuras”. Según precisa, cerca del 95 por ciento de los firmantes a nivel nacional siguen firmes con la paz.

Cuando empezó la disputa por la zona de cordillera caqueteña, varios líderes sociales de la región alertaron sobre el riesgo de desplazamiento por las confrontaciones en la región y la arremetida del Emc contra las comunidades de la Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas; los alrededores del ETCR de Miravalle; las inspecciones de Guacamayas, Troncales, Balsillas, Puerto Amor, Guayabal (San Vicente del Caguán); y Santana Ramos (Puerto Rico). (Leer más en: Comunidades de zona de cordillera de Caquetá, en riesgo de desplazamiento por llegada de ‘Iván Mordisco’)

“A nosotros hace más o menos dos años se nos manifestó, por diferentes medios, que no era posible ser militante del Partido Comunes, hacer presencia en esos territorios y hablar del Acuerdo de Paz, siendo este de control de la Segunda Marquetalia. Inicialmente hubo un desplazamiento dirigido por la Segunda Marquetalia. Ahora lo que se da es que la Segunda Marquetalia perdió el control territorial”, explica Montes.

Reportes de inteligencia militar a los que accedió la emisora La W han señalado que el Emc se encuentra fracturado y operando de manera independiente en diferentes partes del país. Incluso se ha llegado a asegurar que existe una crisis por la comandancia, que públicamente ha estado a cargo de ‘Iván Mordisco’, pero que ha reñido con los intereses de ‘Calarcá’, explican las fuentes militares.

Los expertos concuerdan con la situación de fragmentación del Emc y la disputa interna de legitimidad. “El Emc hoy es difícil de distinguir”, señala Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “Lo que yo siento que se está dando es una disputa dentro del Emc por poner nuevas reglas, por saber quién está en la paz, por saber quién predomina determinados frentes y estructuras”, dice.

Remando contra la corriente

Antes de la situación que hoy atraviesa la población firmante del Acuerdo de Paz de Miravalle, por accionar de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, también se han visto obligados a desplazarse los integrantes de los ETCR de Yarí (La Macarena, Meta), en diciembre de 2021; Mariana Páez (La Macarena, Meta), en marzo de 2023; y Georgina Ortiz (Vista Hermosa, Meta), en julio de 2023.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), otros territorios, como es el caso del ETCR de Charras (San José del Guaviare, Guaviare) y Carrizal (Remedios, Antioquia), están en riesgo de desplazamiento. En este último, la disputa se libra entre el Emc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Entender el accionar de estos grupos como los buenos y los malos, no es tan fácil para los expertos. Johnson resalta que, aunque hoy la Segunda Marquetalia pregone el cuidado de la población civil, por muchos años cuando tuvo el control de la zona, ese grupo usó varias estrategias para mantener el control territorial, “que no todos son directamente violentos”, explica. “El Emc está llegando a sacar a su contrincante y su aproximación es mucho más violenta”, concluye.

Inicialmente, la Segunda Marquetalia, comandada por ‘Iván Márquez’, hacía presencia en la región montañosa de Caquetá, en donde se encuentra el ETCR; sin embargo, en abril del año pasado, irrumpieron en la región tropas del Emc-Farc, comandadas por alias ‘Calarcá’ y se desató el calvario para los habitantes de la zona. Para Jhohnson una posible explicación a esa disputa pudo darse por posibles intentos de la Segunda Marquetalia de crear un corredor entre la región de El Pato con el departamento de Putumayo que implicaba chocar fácilmente con el Estado Mayor Central.

Ambos grupos se habían repartido la región evitando confrontaciones. “La división territorial era tan establecida que literalmente se definía por una tienda sobre la vía en la vereda Minas Blancas (San Vicente del Caguán)”, precisa Johnson.

Los excombatientes, ad portas del desarraigo, habían conformado el club deportivo de rafting “Remando por la Paz”, un proyecto ecoturístico que surcaba el río Pato con destreza y que acogió a más de 3.000 visitantes en la región. Esta apuesta, entre varios logros, representó a Colombia en las competencias internacionales de rafting en Australia en 2019 e Italia en 2023.

“Todos estos esfuerzos e ilusiones ahora se ven amenazados por el regreso de la confrontación a nuestra región”, señalaron en un comunicado integrantes del ETCR el 27 de junio. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”. Como lo advierten, la posibilidad de continuar en la zona fue inviable.

Según explica Montes, la decisión que se siguió para atender el desplazamiento fue activar un ‘Puesto de Mando Unificado por la Vida’. Con la participación de varios sectores del Estado, el espacio inició el 28 de junio para trazar la ruta con la cual se reubicará a los firmantes con las garantías necesarias. “Como es población firmante, hay que garantizar dos cosas: sacarlos del territorio para cuidar la vida e integridad, y llevarlos en condiciones dignas: acceso a tierra, vivienda, productividad, sostenibilidad, servicios públicos, salud, educación”, cuenta el vocero del Partido Comunes.

Johnson, el investigador de CORE resalta que sin la población de reincorporados, eventualmente se presentarán confrontaciones más sostenidas entre ambas disidencias en la zona, hecho que agravará la situación de riesgo para las poblaciones campesinas de la zona, “especialmente en esa parte del país en donde el Emc puede sentir que la comunidad sí está más vinculada con la Segunda Marquetalia que en otras partes del país”, resalta.

Diálogos de paz

El 24 de junio se instaló formalmente en Caracas la mesa de diálogo de paz entre la Segunda Marquetalia y la delegación de paz del gobierno de Colombia, la cual, después de meses de acercamientos, tendrá su primer ciclo el 29 de junio, en cabeza de ‘Walter Mendoza’ por parte del grupo rearmado, y el jefe negociador de gobierno, Armando Novoa, para definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones para el desescalamiento del conflicto.

La instalación de la mesa se dio un día después del asesinato de Hermes Guerrero, miembro de la Segunda Marquetalia en Nariño, que perdió la vida en confrontaciones con la Fuerza Pública. “Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia”, expresó el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, durante la instalación de la mesa.

Sorprendió la aparición de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, en la mesa, después de las equivocadas declaraciones del gobierno que anunciaban su deceso en 2022, tras un ataque en su campamento en Apure, Venezuela. El jefe de esa disidencia, con una prótesis en su brazo derecho y dificultades de movilidad y lectura, mostró una cara del grupo desgastado: confirmó que alias ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y Olivio Iván Merchán habían muerto en combate en los últimos tres años y medio.

La decisión de negociar con ese grupo es un giro inesperado con la Paz Total. Según la ley que reglamenta la política de paz del gobierno Petro, sólo se iba a negociar con actores armados que tuvieran un carácter político, y con las otras estructuras que no lo tuvieran se buscaría el sometimiento. Para varios expertos, esa característica no estaba bien definida en la Segunda Marquetalia y se esperaba que el camino fuera el de someterse en los mismos términos que deberían hacerlo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y los grupos criminales ‘Los Chotas’, ‘Los Espartanos’ o ‘Los Pachelly’.

Sin embargo, desde febrero de 2023, el Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de otorgar estatus político a la estructura comandada por ‘Ivan Márquez’. “Este gobierno le dio reconocimiento político a quien quería. Hoy se ha sentado en la paz urbana con grupos de Quibdó, Barranquilla, Medellín o Buenaventura. Al final, la última palabra la tiene la Corte Constitucional y ahí sí creo que hay enormes obstáculos. Vamos a ver cuál es la estratégia del gobierno”, señaló Mantilla. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

“Más allá del discurso, tiene que haber una línea política clara. En su momento, las antiguas Farc, no solamente teníamos un programa político revolucionario, sino que ese programa lo fortalecíamos a través de los plenos, conferencias y asambleas. En el caso de estas estructuras, no hemos podido evidenciar con claridad cuál es el móvil político y más aún el móvil ideológico porque no sabemos cuáles son sus planteamientos”, critica Montes del Partido Comunes.

En medio del entusiasmo de algunos sectores porque un grupo armado ilegal se sentó a negociar, surge una incertidumbre: si los otros procesos de negociación con otros actores no han llevado a desescalar el conflicto en algunas regiones del país, ¿por qué la situación será diferente?. “Lo que han hecho todos en la Paz Total es pactar con el Estado una disminución de la violencia, pero han continuado sus guerras locales, tanto el Eln, el Emc y la Segunda Marquetalia”, señala Mantilla.

Esto mismo cuestiona Montes en el piedemonte caqueteño. “En una lectura equivocada de la voluntad de paz que tiene este gobierno, estas estructuras han aprovechado los procesos de diálogo, los ceses al fuego que se han dado en el marco de estas mesas, para tratar de hacer una reconfiguración de su presencia en los territorios y eso es lo que ha llevado a que hace más de un año se vengan presentando combates y otras situaciones en la región de El Pato, El Guayabero y casi que todo el sur de país”, expresa.

Desde el 13 de marzo de 2023, el Emc mantiene una mesa de negociación con el gobierno. “En el pasado se han tratado estos temas de verificación en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, pero no ha sido efectivo”, señala Johnson. Estas reiteradas acciones contra la población civil podrían minar el apoyo político de esa mesa, lo que podría reducir el margen de maniobra de negociación. “El gobierno debería sentir que no puede ser generoso con el Emc con esta dinámica de violencia sostenida en el tiempo”, explica. Sin embargo, resalta que los escándalos de desplazamiento anteriores, aunque fueron ampliamente rechazados, no significó el fin de la mesa de negociación del Emc.

“¿Por qué, si se sabe que esto ha venido pasando, no se toca más fuerte en la mesa?”, se pregunta el investigador de CORE.

Mantilla considera que para el gobierno la conversación con la Segunda Marquetalia es fundamental al ser “el mango bajito” de la Paz Total y cree que ahora se está orquestando una desmovilización expedita con la estructura de ‘Iván Márquez’. “Al final, ¿qué es lo que le puede dar la Segunda Marquetalia al gobierno? Pues lo que no le va a dar el Eln y por su puesto lo que no le va a dar el Emc”. Y eso es, explica, su desmovilización.

Según este investigador, “si hay un acuerdo de paz que pueda salir bien, es el de la Segunda Marquetalia”, y esto puede ser clave para que el gobierno avance en la negociación con otros grupos armados como los Comandos de Frontera y otros con los que las disidencias de ‘Iván Márquez’ tiene vínculos.

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Mientras niños y jóvenes reclutados por las disidencias de las Farc regresan muertos a sus comunidades, las acciones del Estado se quedan cortas ante un crimen de guerra que permanece en la sombra. A líderes y lideresas del departamento les preocupa el incremento de los casos en lo que va del año, pero denunciar los puede poner en riesgo.

Los reclutados, jóvenes entre los 12 y los 15 años, no permanecen mucho tiempo en el departamento. “Algunos se quedan temporalmente en la zona, en las estructuras de la zona, pero la generalidad es que el muchacho no se vuelve a ver”, explica una fuente experta que pidió la reserva de su identidad. Los corredores de movilidad —muchos de los cuales son trochas y caminos veredales— entre el suroccidente y sur del país les facilita a los grupos armados enviar a los menores a diferentes regiones. 

En algunos casos, las familias sólo vuelven a verlos cuando retornan en ‘cuatro tablas’. Este portal conoció que algunos menores reclutados por grupos armados en el departamento de Huila regresaron muertos a sus casas, pero no hay denuncia pública de esas muertes. Las comunidades mantienen esta grave situación en silencio. 

Varias fuentes consultadas por este portal coincidieron en advertir que las familias y los líderes y lideresas no han optado por visibilizar varios de los casos temiendo represalias de los armados. 

El reclutamiento forzado se ha fortalecido en el territorio nacional tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiana y la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016. Buena parte de mandos medios de los Llanos Orientales se alejaron del proceso de paz desde mediados de ese año y tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente a principios de 2017, varios desmovilizados decidieron retomar las armas. Es así como proliferaron nuevos grupos armados ilegales, que nutren sus filas con menores de edad, sobre todo en áreas rurales.

Actualmente, el grupo predominante en el departamento de Huila es el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc a través de diversas estructuras: el Frente Ismael Ruiz (en límites con Cauca); Iván Díaz y Rodrigo Cadete (en límites con Caquetá); y Darío Gutiérrez (hacia el norte y en límites con Tolima). 

Además, la Segunda Marquetalia, otra agrupación de grupos disidentes de las Farc, ha ganado terreno en el departamento desde abril de este año. Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó sobre el accionar de este grupo, así como de la guerrilla del Eln, en los municipios de Baraya, Neiva y Tello, en el sur huilense.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), una plataforma de siete organizaciones que trabaja por los derechos de niños y jóvenes en el país, ha monitoreado en Huila a otros actores que buscan la expansión territorial. Esa organización advierte sobre la presencia de grupos posdesmovilización paramilitar que han incursionado en el negocio del microtráfico y del tráfico interno, en municipios como Gigante y en otros que cuentan con hidroeléctricas y minería extractiva.

En 2020 también se conoció sobre la presencia de hombres al parecer afines al Cártel de Sinaloa, grupo narcotraficante de México, en Gigante. En ese municipio, junto con Betania, COALICO también pudo identificar que algunas organizaciones delincuenciales vinculan a los menores de edad sin sacarlos de sus hogares, escuelas o entorno social, pero controlando cada una de las esferas sociales del menor, pues en muchos casos les ofrecen una posibilidad económica y los niños terminan atrapados en esas redes.

Aumentan los casos

“Aunque son poquitos, si no lo ponemos en alerta, puede crecer”, lamenta un líder del departamento que pidió la reserva de su identidad por razones de seguridad. Según explica, en su comunidad tiene conocimiento de casos de reclutamiento de menores de edad desde 2021 y este año se ha agravado el fenómeno, particularmente en los meses de mayo y junio. 

Según las cifras de COALICO, que parten de un gran subregistro debido a las dificultades que tienen las familias para denunciar, entre enero de 2016 y junio de 2023, ocurrieron 13 eventos que victimizaron a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Huila. En lo corrido de este año se han presentado tres casos.

“Quizás Huila no tiene unos números importantes de confrontaciones, de impactos directos, pero no quiere decir que en esa zona no esté pasando. Nosotros siempre hemos señalado que cuando en una zona no tenemos registros no es porque no existan las violaciones, sino porque no hay la capacidad de visibilizar las violaciones”, explica Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO.

“Los papás no presentan ninguna denuncia formal. En algunas comunidades étnicas existe una incredulidad total hacia el Estado, prefieren acudir a la autoridad tradicional, que en realidad son los únicos que los apoyan”, explica la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.

Líderes y lideresas del departamento coinciden en que no se están llevando a los niños, niñas y jóvenes por la fuerza. Explican que, en varias ocasiones, vinculan a los jóvenes con mandados y por esos oficios van recibiendo dinero y responsabilidades. Sin embargo, “todos acaban con uniforme, arma larga y en filas, sea por un tipo de vinculación o la otra, acaban allí”, asegura la fuente experta. (Leer más en: “El reclutamiento de menores, en sí, es forzado”)

“Evidenciamos, sobre todo en estas zonas del país, una comprensión relacionada que el niño se va porque quiere: ‘Él se va porque le gusta, porque le gustan las armas, porque allá tiene un familiar’”, alerta Castellanos. “No hay una lógica todavía en relación a que es un delito, que ha habido una serie de situaciones estructurales que no han garantizado sus derechos y que la única opción que ven en ese escenario es estar en el grupo armado”, agrega. 

Las normas que regulan la guerra, entre ellas el Derecho Internacional Humanitario, establecen que el reclutamiento de menores es un crímen de guerra.

“Nos llamaba mucho la atención que en el Huila había mucha necesidad de avanzar en protección de consumo de sustancias psicoactivas con menores de edad, porque parecía ser uno de los ganchos directos para que los niños y las niñas pudieran hacer parte de los grupos”, cuenta Castellanos, una situación que preocupa a las comunidades que entrevistó este portal.

En algunos casos, los líderes de la región y las familias de los reclutados han podido preguntarle a los menores por qué se adhirieron al grupo armado y la respuesta no ha podido ser menos esperanzadora: por rebeldía o desobediencia. Otros dicen que “allá (dentro del grupo armado) sí tienen un fin político. ¿Y cuál es su fin político? No saben”, cuentan los líderes. “Debe estar faltando una formación política hacia el sentir campesino o el indígena”, lamentan en la región.

En el municipio de Íquira han prendido las alarmas frente a este flagelo. En octubre del año pasado, el alcalde Yadnolver Correa Tamayo (2020-2023) emitió una alerta por casos de reclutamiento en las regiones que limitan con el departamento de Cauca. 

“Los jóvenes al no tener otras opciones de vida, ven una forma de salir adelante en un fusil o en alguna ilusión o una promesa. Los ilusionan, les hacen promesas y se van, pienso que son niños de 15 o 16 años”, indicó Correa a varios medios de prensa. 

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación sobre las deficiencias institucionales en las zonas rurales del departamento. En la Alerta Temprana 036 de 2018 se detalla que la concentración en las cabeceras municipales de la oferta estatal y de servicios públicos, la deficiente red vial y otros factores sociales generaban un ambiente de marginalidad generalizado para la población. 

“Un déficit de infraestructura para el acceso a la educación, viéndose obligados los estudiantes a recibir clases en escuelas con una infraestructura en mal estado o insuficiente, sin contar con una cobertura adecuada de transporte escolar, constituyéndose una vulnerabilidad latente en materia de deserción escolar y riesgo de reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescente”, explica esa entidad.

Sin embargo, el cumplimiento de estas recomendaciones ha dejado mucho que desear para esta agencia del Ministerio Público. “La gestión institucional del Estado colombiano al riesgo advertido había tenido un cumplimiento medio”, reitera en la Alerta Temprana 010 que sacó en marzo de este año sobre la situación de los municipios de Baraya, Neiva, Tello.

Las alertas de la Defensoría llaman a la acción a varias instituciones estatales del orden local y departamental. VerdadAbierta.com buscó hablar con Williams Enet Cerquera, Personero de Iquira, dado que la comunicación con la Alcaldía fue imposible, para conocer qué acciones se han adelantado en el municipio para atender este flagelo, pero nunca se obtuvo respuesta. Este portal se comunicó con Diego Tello, asesor Paz en Gobernación del Huila, pero no dio respuesta a las preguntas de este equipo periodístico.

Riesgos alertados

En la Alerta Temprana 029 de 2020 de la Defensoría del Pueblo se advierte que los municipios de Íquira y Páez (Cauca) son “un corredor estratégico entre los departamentos del Cauca, Huila y Tolima en lo que concierne a la movilidad de productos, tránsito de integrantes de grupos armados y operaciones militares al igual que el reclutamiento uso y utilización de niños, niñas y jóvenes en el territorio”. 

Esta agencia del Ministerio Público advierte que estos hechos tienen posible correlación con la ocurrencia de desplazamientos individuales o masivos y amenazas selectivas, especialmente contra líderes, lideresas y autoridades tradicionales.

“Según información conocida por la Defensoría del Pueblo, durante 2019 al menos (quince) 15 menores de edad fueron observados portando uniformes y armas de fuego en resguardos paralelos a los sitios del reclutamiento, situación que ilustra la capacidad de cooptación y engrosamiento del precitado grupo armado ilegal y que sugiere un alto nivel de exposición de esta población”, se lee y reconoce que es una fenómeno con enorme subregistro.

Lejos de esta realidad, a inicios del año pasado, el comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edwin Becerra, negó en entrevista con La Nación que en el departamento estuviera reclutando menores, a pesar de que la Gobernación de Huila hubiera alertado en diciembre de 2020 que nuevamente niños, niñas y jóvenes estaban siendo reclutados por grupos armados, particularmente en los municipios de La Plata (limites con Cauca) y Aipe (límites con Tolima).

Testimonios recogidos en el Huila dejan entrever que en 2023 se habría incrementado el fenómeno criminal. Esta dinámica territorial también explica cómo se comparten las afectaciones del conflicto más allá de los límites departamentales y obedece a contexto regionales. La situación de frontera en Huila es de las zonas que más preocupa a los expertos. 

“Esta situación fronteriza con la que colinda el departamento hace que efectivamente haya unos riesgos inminentes”, explica Castellanos y agrega que “hemos evidenciado un incremento en los riesgos de reclutamiento particularmente en Tolima y Huila, con una dinámica muy fuerte sí de aumento en los territorios de Cauca y Caquetá”. Es el caso de Páez, Cauca, en donde las autoridades indígenas no denuncian públicamente las decenas de casos de reclutamiento que se han presentado en sus comunidades.

La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la situación de los municipios de La Plata y Nátaga (límites con Cauca). Según denunció la institución en la Alerta Temprana 025 de 2022, en el resguardo Llano Buco, de Nátaga, se presentaron  tres casos de reclutamiento, pero a raíz el dominio que existe en la zona por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente, no se han presentado denuncias al respecto.

En La Plata, entre 2021 y 2022 se capturaron varios integrantes de ese grupo armado y junto a estos, varios menores de edad. “En el mes de abril de 2021 fue capturado presunto cabecilla de la Columna Móvil Dagoberto Ramos junto a otras personas donde se encontraban dos adolescentes de 14 y 15 años de edad”, ejemplariza la Defensoría en su alerta.

“En Huila también hay una conexión muy importante con poder bajar al Caquetá a raspar o a cuidar cultivos. Entonces los chicos se van tres meses y vuelven. Luego vuelven y los llaman y así”, agrega Castellanos. A los expertos también les preocupa la situación del norte del departamento, pues también han advirtiendo sobre este flagelo, particularmente en los municipios de Tello y Baraya.

Juventud en riesgo

Actualmente, muchos menores de edad continúan siendo disuadidos por los actores armados para enlistarse en las filas o colaborar con los ilegales. Algunos los reclutan para ser ‘estafetas’ que llevan razones; a otros, para ocultar o transportar armas; y algunos más son cautivados por los uniformes y armas u objetos materiales como celulares y motos. Adicional a eso, recientemente las redes sociales están jugando un papel protagónico en este fenómeno, plantea la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.

Según analiza, en el campo digital, los jóvenes se están encontrando con “modelos vendidos, ajenos a su contexto o cosmovisión, los cuales obviamente los deslumbran: que la rumba, que los carros, que la música”, explica esta fuente consultada. 

En otros casos, el influjo es más directo: “Los menores que se han ido a integrar esos grupos tienen redes sociales abiertas en las cuales se muestran armados, uniformados, en posiciones de poder. Entonces cuando los jóvenes indagan por eso, les dicen que allá les pagan, que les dan una mejor vida, que es una opción”.

“Cuando los menores se logran comunicar con sus padres les dicen que no se preocupen, que ellos van a regresar en un año, pero por supuesto no es así. Esa idea sí se las están vendiendo (los grupos armados ilegales): les dicen que son periodos de un año y que si al cabo de un año no les gusta, se pueden regresar”, cuenta el experto.

En muchos casos los menores no desisten de las filas y evitan el contacto con sus hogares para cuidar de sus familias. “Están los temores de las familias que se quedan en sus territorios porque obviamente saben dónde viven, saben dónde están y muchos de ellos tienen hermanitos más pequeños”.

Algunos menores han escapado de las filas y buscado refugio en sus hogares, pero poco pueden hacer. Quien deserta es declarado objetivo militar. Deben irse de su territorio, junto con su familia o regresar a las filas si no quieren poner en riesgo a su familia. “Generalmente terminan regresando —a las filas— por retaliaciones contra su familia”, sostiene la fuente experta.

La situación no sólo preocupa por los menores, sino por el resto de jóvenes de zonas rurales que apenas han cumplido la mayoría de edad. “‘Venga, chino: yo le pago tanto y lléveme esta camioneta al municipio de La Plata o a Neiva’. Regularmente es una camioneta cargada con marihuana. Les ofrecen 200 mil, 250 mil pesos, aceptan y ellos son los que acaban presos”, señala la fuente experta. 

Según ha conocido este especialista, algunos líderes indígenas del departamento han sido presionados por los grupos armados para requerir a los jóvenes judicializados, para que pongan su pena, no en la justicia ordinaria, sino bajo la tutela de las autoridades indígenas. Esta situación preocupa a las comunidades pues de aceptar es factible que los grupos armados vuelvan a reclutar a los jóvenes judicializados y abusen de su autonomía al derecho propio y a la Jurisdicción Especial Indígena. 

Además del reclutamiento y uso de menores, COALICO cuenta otros seis tipos de victimizaciones contra niños, niñas y jóvenes en todo el país: ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento Forzado y Refugio; Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual; violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal; y violaciones e infracciones contra la libertad personal.

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Tras hacerse pública la propuesta, muchas preguntas quedan en el aire: ¿El sistema judicial ordinario está preparado para asumir ese reto? ¿Podrá la Fiscalía lograr en seis meses imputaciones de cargos precisas? ¿Las medidas restaurativas son eficaces? Análisis.

El miércoles 15 de febrero en la noche, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, junto a los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, presentó al país el borrador del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que no poseen un estatus político. Con estos lineamientos, se otorgarían beneficios penales y se comprometería a los miembros de estructuras delincuenciales a cumplir con un componente restaurativo a las víctimas.

El documento, de 54 artículos, se enmarca en la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno nacional, la cual se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento. (Leer más en Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)

El borrador del proyecto de ley, que actualmente está siendo analizado por el Consejo Nacional de Política Criminal, atiende este segundo componente de la ley de Paz Total. Su contenido ha generado varios debates que dejan al descubierto algunas contradicciones en el gobierno nacional.

De acuerdo con el diagnóstico del conflicto armado realizado el año pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia hay seis conflictos armados no internacionales: el Gobierno de Colombia contra el Eln; el Gobierno de Colombia contra las Agc; el Gobierno de Colombia contra las estructuras de las antiguas Farc no acogidas al proceso de paz (las de ‘Iván Mordisco’); las Agc contra Eln; Segunda Marquetalia contra las estructuras de las antiguas Farc; y esas estructuras contra el Comando de Frontera.

Con ese contexto bajo el brazo, en los últimos cuatro meses, el actual gobierno nacional ha sostenido diálogos exploratorios con distintos grupos armados organizados con el fin de determinar su voluntad de acogerse a la política de Paz Total. La dificultad radica en definir si aquellos grupos con los que está conversando poseen “estatus político”.

Para definir ese “status”, el borrador de proyecto de ley propone que sea la Instancia de Alto Nivel —conformada por el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa y el Director Nacional de Inteligencia— la encargada de caracterizar y clasificar las estructuras armadas ilegales.

A finales del año pasado, al menos 25 organizaciones criminales habrían manifestado su intención de buscar cupo en la Paz Total, que van desde estructuras de centenares de miembros hasta miles de hombres armados en todo el territorio nacional. “Tenemos un balance preliminar, según información de la Fuerza Pública, que nos dice que el ‘Clan del Golfo’ cuenta con unos cuatro mil miembros y que las Autodefensas de la Sierra Nevada serían cerca de 200 personas”, explica Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Para facilitar la interlocución con grupos armados organizados al margen de la ley, el gobierno nacional solicitó la suspensión de órdenes de captura de algunos de sus jefes y otorgar la calidad de Gestores de Paz a algunos voceros clave de las estructuras armadas, garantizando con ello la suspensión de la medida de aseguramiento que pagan en cárcel para avanzar en los diálogos de paz. 

Sin embargo, todo ello se alteró con el estallido de un escándalo en el que se advertía que, al parecer, varios narcotraficantes querían colarse en el proceso comprando su cupo por millonarias sumas de dinero. Y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se opone a suspender las órdenes de captura hasta tanto no haya mayor claridad de los lineamientos de la Paz Total.

Estatus, bajo miradas críticas

¿Qué se conoce de la clasificación de los grupos con los que el Estado va a negociar y a cuales les ofrecerá unos términos para someterse a la justicia? Aunque la clasificación la dará la Instancia de Alto Nivel, el gobierno nacional ha enviado mensajes contradictorios sobre sus intenciones. Esa situación se agudiza por cuenta de por lo menos ocho demandas contra la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022) que se tramitan actualmente en la Corte Constitucional.

En uno de los procesos de acción de inconstitucionalidad, presentado por el ciudadano Jorge Enrique Pava Quiceno, la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, presentó un extenso concepto en defensa de la constitucionalidad de la norma. 

En ese documento, el Ejecutivo precisa qué grupos podrían alcanzar el estatus político y, en ese sentido, esboza que la guerrilla del Eln, por ejemplo, cumpliría con ese requisito, al igual que las estructuras armadas asociadas a las antiguas Farc que se declararon en disidencia y no firmaron el Acuerdo de Paz suscrito con el Estado colombiano, entre ellas el llamado ‘Estado Mayor Central de las Farc’, estructura que saltó a los titulares de la prensa a mediados de enero de este año por incursionar en un escuela en Yarumal, Antioquia, y regalar útiles escolares a sus estudiantes.  

Por otro lado, según el concepto de Presidencia, los desertores del Acuerdo de Paz deben asumir el sometimiento a la justicia porque “ya perdieron” el estatus político al haber firmado el Acuerdo y retomado las armas. Sería el caso de la llamada ‘Segunda Marquetalia’ que, bajo ese análisis,  estaría obligada a someterse en los mismos términos que deberían hacerlo las Agc, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ‘Los Chotas’, ‘Los Espartanos’ y ‘Los Pachelly’, entre otras organizaciones criminales de alto impacto. 

Pese a esa diferenciación, Alfonso Prada, ministro del Interior, reconoció que el gobierno nacional estudia la posibilidad de otorgar estatus político a la Segunda Marquetalia. “Se están estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía de reconocimiento político a dichas disidencias”, dijo el pasado jueves en un foro realizado en la Universidad Externado de Colombia.

Estas distinciones de carácter político son cuestionadas por Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE). “El gobierno depende de que el grupo armado acepte esta ley”, afirmó y por eso considera que para alcanzar el éxito de la Paz Total, el gobierno nacional debería, bajo unos términos u otros, negociar para convencer al grupo criminal para que acepte esta ley de sometimiento.

“Si son ‘narcos’ o no, es una discusión trasnochada, simplista y confusa”, complementa Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río: “En la guerra se han construido una serie de ficciones que divide ‘lo político’ y ‘lo económico’ como sí lo político fuera ‘lo bueno’ y lo económico, ‘lo malo’”. (…) En la situación actual, parece que traficar coca es más crítico y penalizable que masacrar, despojar, desplazar o asesinar”.

Bajo esa línea, Johnson considera que la distinción entre grupo político y grupo criminal no funciona, “no es una dicotomía, es una zona llena de grises”. Y agrega: “Yo creo que el asunto es ¿tienen una ideología política que mire hacia el futuro y permita negociar o no?”.

Un asunto complejo, pues varios analistas han puesto en tela de juicio la ideología de los grupos armados que aseguran guiar sus acciones por un fin político. “Es muy difícil trazar divisiones entre las acciones políticas y criminales”, reprocha Preciado, de la FIP. “Hoy por hoy tenemos expresiones políticas que se han degradado a actividades más criminales y actividades criminales que se han organizado bajo esquemas y discursos políticos, como el caso de los grupos de La Sierra que antes eran ‘Los Pachenca’”.

En otro caso puntual, desde la FIP consideran que grupos como las Agc poseen un estatus político e ideológico artificial porque tienen un “discurso de autodefensas que con el tiempo se ha ido mezclando con una copia de la operatividad más clásica de una guerrilla”, mientras su faceta más fuerte es la relacionada con economías ilícitas. 

Eso mismo piensa Ciro: “Las Agc son actores más parecidos a las corporaciones armadas en México que se enquistan en procesos de extracción económica, pero también de expansión de modelos de poder y de desarrollo, afines, por ejemplo, al statu quo”.

El investigador de la FIP considera que sería un error aplicar la negociación política a las Agc, “porque luego entonces el estatus político podría aplicarse casi que a cualquier grupo de crimen organizado al margen de la ley en armas en el país”. En ese sentido Preciado y Ciro coinciden en que es clave identificar el origen de esa organización, su composición, su operatividad, objetivos y la multiplicidad de actores que la conforman. 

Más allá del estatus político, el gobierno precisó que no cualquier grupo podría obtener beneficios jurídicos. El borrador de proyecto de ley contempla cinco condiciones para ser reconocidas como estructura criminal de “alto impacto”: “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas”; “Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red”; “Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo”; “Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen”; y que “cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

Reparos de lado y lado

Actualmente, el borrador del proyecto de ley está en revisión en el Consejo Superior de Política Criminal. Se espera que proponga ajustes y una vez discutidos se presente ante el Congreso de la República para su respectivo trámite legislativo. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene lo propuesto por el gobierno nacional?

“Me parece que la línea general del proyecto está ajustada a la situación”, considera Camilo Goznález Posso, presidente el presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Y continúa: “Hay que mirar asuntos más de procedimiento, algunos detalles en relación al papel de la Fiscalía, como lo ha dicho el propio fiscal General”.

No obstante, el borrador no cayó nada bien entre miembros de grupos armados ilegales que están tras las rejas y a la espera de ser extraditados. De ello ha llamado la atención el abogado Alex Morales, miembro de la Corporación Sinergia, organización que desde Medellín ha tenido la oportunidad de hablar con miembros de varias estructuras criminales.

Morales aseveró que el proyecto de ley no se construyó dialogando con organizaciones que tienen acceso a estos grupos criminales y le preocupa que no se haga una sola mención a la regulación de extradición y la repatriación de presos.

Por su parte, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, enumeró en rueda de prensa realizada hace varios días nueve observaciones que tiene del proyecto de ley, entre las que se destacan los tiempos que tendría el ente investigador para actuar en el proceso penal, los topes de extinción de dominio, librar a la Fiscalía de roles de verificación de obligaciones o la protección de las víctimas.  

Pasos procesales

El sometimiento de grupos criminales tendría tres etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y cumplimiento. En la primera etapa, las estructuras armadas ilegales deberán expresar su intención de sujetarse a la ley. En ese momento, se podrían fijar zonas de ubicación temporal, si es del caso, y suspender la ejecución de órdenes de captura. 

En la etapa de procesamiento, los fiscales delegados imputarían “de manera colectiva ante los jueces de la República a los integrantes de los estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, según el contenido de las actas individuales y el acta colectiva de sujeción y de garantías de no repetición, y sus anexos. Los jueces verificarán la legalidad de lo convenido e impondrán el tratamiento penal correspondiente”. 

Y en la etapa de cumplimiento, el gobierno nacional, a través de diversas instancias, “hará seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones de contribución y condiciones del tratamiento penal”. Por su parte, “los jueces de ejecución de penas declararán el cumplimiento de la pena sustitutiva y de todas las obligaciones y condiciones de contribución”.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UEI) —creada dentro de la Fiscalía General de la Nación, fruto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc—, dispondría de los recursos necesarios para que esa sección pueda funcionar y conformar grupos de trabajo e investigación y trabajar de manera autónoma. 

Sobre este punto, el fiscal Barbosa expresó en sus reparos al borrador de proyecto de ley por cuanto, planteó, que es toda la institución la que debería investigar a las bandas criminales de alto impacto y “no una unidad especial dentro de la Fiscalía”.

Esa preocupación la comparte Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch. A través de su cuenta de Twitter, advirtió que “la UEI cuenta con apenas 24 fiscales y 16 analistas. Y la UEI ya tiene asignada la tarea de liderar investigaciones por masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes”. Un proyecto de ley que busca incluir 25 fiscales más se debate en el Congreso, pero los recursos siguen siendo limitados.

A esas limitaciones se suman las voces de varias organizaciones sociales, que han cuestionado los supuestos logros de la UEI para desmantelar las estructuras criminales mediante la investigación y el juzgamiento de sus principales responsables, así como de su autonomía dentro de la Fiscalía. (Leer más en Cuatro cambios claves para proteger a personas defensoras de derechos humanos)

¿Sin herramientas?

El borrador del proyecto de ley plantea que durante un periodo de dos años, quien desee someterse a este beneficio podrá suscribir un acta individual de sujeción y garantías de no repetición que cobijará los delitos cometidos hasta el momento en que firma el acuerdo. Dicho plazo podría extenderse un año más si desde la Presidencia de la República así lo deciden.

Manifestando su intención de reparar a las víctimas y no recaer en su perfil criminal, los grupos delincuenciales se deben comprometer a desmantelar el grupo criminal; entregar armas, secuestrados, menores reclutados e información de redes de apoyo, beneficiarios y colaboradores. Además, tendrían que realizar un inventario de bienes y activos vinculados a las actividades ilegales de la estructura.

“En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas”, se lee en el borrador de proyecto de ley.

Al respecto, Alberto Sánchez Galeano, investigador sobre temas de seguridad y defensa, se pregunta: “¿Cuáles son las herramientas que puede tener el Estado hoy para saber que esas estructuras criminales tienen 200 apartamentos y estén reconociendo solo tres?”

Sánchez cuestiona la falta de acciones de búsqueda activa del Estado para encontrar los bienes que grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las extintas Farc no entregaron. “Eso es una diferencia en este caso. En el Acuerdo con las Farc se esperaba que de buena fe la guerrilla entregara todo. Con los grupos criminales hay un margen para pensar que no lo van a entregar todo y hay que identificarlo”, advirtió y expresó su preocupación sobre la capacidad estatal no está instalada y la información de base no completada para tal fin.

“Tenemos encima Justicia y Paz, Acuerdo con las Farc y yo no he visto la primera macroinvestigación sobre esto. En donde la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) diga ‘este grupo mintió, lo que nos dijeron que tenían era esto y hemos descubierto que en realidad son dueños de más’”, agregó.

Más limitaciones

La Fiscalía tendría un plazo de seis meses para elaborar el escrito de imputación colectiva y al llegar a la aceptación de la imputación de cargos, los miembros de los grupos criminales tendrían que identificar los bienes inventariados para que entren a un proceso de extinción de dominio bajo la responsabilidad de la UEI.

Asimismo, deberán entregar información que contribuya a impedir actividades de organizaciones criminales, identificar autores de delitos, caracterizar hechos victimizantes contra población vulnerable, señalar la ubicación de bienes y precisar fuentes de financiamiento.

Sánchez cuestionó la capacidad del Estado para cumplir con  esas tareas, en dos hechos puntuales: recursos y capacidad administrativa. “Ni territorialmente ni temáticamente ni organizacionalmente, considero que en este momento la Fiscalía, la Rama Judicial y la Defensoría estén en la capacidad de absorber toda las responsabilidades y roles que le están poniendo sobre los hombros, salvo si los tiempos se alargan un poco”, señaló este experto.

Por su parte, Preciado, de la FIP, no solo criticó el corto plazo de imputación colectiva, sino que llamó la atención sobre la necesidad de establecer plazos prudentes para los procesos y evitar que ocurra lo que pasó con Justicia y Paz: “El colapso vía la cantidad de procesos”.  

El mismo fiscal Barbosa advirtió que en solo seis meses la Fiscalía no podrá hacer corroboración y contrastación probatoria. “¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado para la Paz, nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen”, explicó. 

Y aclaró el funcionario que los bienes que la justicia ha logrado incautar a estas bandas criminales y que están en los inventarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con anterioridad a que eventualmente se sancione la ley, no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales: “26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”.

Para efectos de la pena a cumplir, el borrador del proyecto de ley diferencia dos grupos, según la gravedad de sus acciones y su grado de participación: por un lado, los que tengan mayor responsabilidad tendrían que cumplir una pena carcelaria de seis a ocho años, más cuatro años de participación en acciones restaurativas fuera del penal y, del otro lado, no irán presos quienes estuvieron involucrados en delitos menores como el uso de prendas de las Fuerzas Armadas, empleo de equipos transmisores con fines ilícitos, el porte de armas de fuego o el concierto para delinquir.

El fiscal Barbosa no está de acuerdo plenamente con este punto: “No es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esas circunstancias”.

El borrador en discusión precisa que los que no vayan a la cárcel de todas maneras tendrían que participar por cuatro años en los programas de justicia restaurativa, así como de otros compromisos y aclara que “la renuncia condicionada a la persecución penal será exclusivamente por estos delitos y a ella no podrán acceder los jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto”.

Sánchez considera que es favorable que se le dé un trato diferencial a los miembros de las bandas criminales que cometieron delitos menos graves, pero le preocupa que se pudiera volver  una puerta trasera para que los menores reclutados —que sirven en acciones de vigilancia, control o tráfico— se desvinculen de las estructuras delincuenciales y no se reconozca la magnitud del crimen de lesa humanidad que se cometió.

Además, el hecho  de que los delincuentes se sometan a cumplir una pena carcelaria, está en duda. Algunos analistas coincidieron en que los más antiguos miembros de estas estructuras pueden tomar esta oportunidad como una vía para salir de sus problemas legales, en especial los que ya están purgando una pena en la cárcel. Sin embargo, los más jóvenes es probable que den un paso al costado.

Por eso a Ciro le preocupa lo que puede venir después: si las cabezas de las organizaciones se entregan, se puedan generar confrontaciones internas por mercados que siguen dando muchos réditos.

Riesgo ante autoexcluidos

De acuerdo con el borrador en discusión, las imputaciones se harían de manera colectiva y entre varios requisitos, la Fiscalía debería incluir patrones macrocriminales que lleven a agrupar los diferentes delitos y formas de victimización, y llegue a conclusiones sobre los niveles de mando y control de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Ciro piensa, al respecto, que en relación a los patrones el Estado colombiano debe dar respuesta frente a casos como el de la Segunda Marquetalia: “Debe dar cuenta de los responsables de los entrampamientos que motivaron la decisión de desistir del proceso de paz, cómo va a ser la reintegración en el proceso y qué es necesario ajustar del proceso de implementación de los acuerdos que han llevado a un incumplimiento generalizado”.

Adicionalmente, en el borrador de proyecto de ley se compromete a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz —en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), varios ministerios y otras entidades que el gobierno central— a ofrecer programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria efectiva de los vinculados.

Esta ley podría ser una salida conveniente para aquellos miembros de estas estructuras armadas que ya purgan una condena intramural, para que al momento de cumplir ocho años desde su encierro puedan salir de la cárcel y cumplir con el resto de compromisos restaurativos. Serían “puestos en libertad provisional condicionada, un año después del momento de la firma del acta individual de sujeción y garantías de no repetición”.

Durante el desarrollo de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, algunos narcotraficantes compraron su cupo en las filas de las Auc para obtener rebajas de pena, es el caso de Miguel Ángel Mejía Múnera y Víctor Manuel Mejía Múnera, alias ‘Los Mellizos’; Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra; y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’. (Leer más en ‘El Mellizo’ Mejía Múnera, a un paso de salir de Justicia y Paz y Exclusión de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra de Justicia y Paz, en manos de la Corte Suprema)

Para que no vuelvan a haber colados en las listas que entregarán estos grupos criminales, se propone que, si se llega a identificar estas trampas —tras verificación de la Dirección de Inteligencia Policial (DNI) e Inteligencia Militar, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, a los voceros-representantes de las estructuras delincuenciales, como quienes pretenden hacerse pasar por integrantes, no se les aplicaría la ley de sujeción.

“No está claro de antemano que el gobierno ni el DNI, tengan una caracterización muy precisa de los 53 grupos con los que van a negociar”, dice Sánchez, a quien le preocupa que sean los miembros de los grupos delincuenciales los que den el primer listado de quiénes conforman la estructura, pues podría caerse en una jugada de los criminales presos que aseguren que muchos de los miembros del grupo delincuencial ya están tras las rejas y un grueso de los miembros no figure nunca en los registros.

“Eso puede dar pie a que muchos de los que están en la cárcel o que ya han pasado por la cárcel y el Estado los conoce, decidan darse el nombre de la estructura”, advierte Sánchez, lo que generaría nuevos riesgos, pues aquellos miembros que el Estado no tenga identificados podrían optar  por seguir en las calles, conformar otro grupo y quedarse con las zonas de operación. Por eso, alerta este experto que no hay criterio expresado en el borrador del proyecto de ley para sancionar a los autoexcluidos. De ser así, la Paz Total podría ser engañada.

Participación de víctimas

“La participación de las víctimas en el proceso se hará de manera colectiva, designando para su representación legal voceros, los cuales ejercerán la representación efectiva de sus derechos”, se lee en el borrador del proyecto de ley. 

La tarea de identificar a las miles de víctimas de las organizaciones criminales de alto impacto recaería en la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que tendrán la responsabilidad de convocarlas, identificarlas y contactarlas.

Sería el juez, mediante sentencia, quien integraría las medidas de justicia restaurativa y las de reparación colectiva que correspondan, incluyendo los aportes de verdad. También aclara que habrá “sentencias complementarias” si después de proferida la sentencia colectiva se conociera algún hecho atribuible a los integrantes de las estructuras criminales.

Pero, ¿en qué momento serían escuchadas las víctimas? Según el borrador del proyecto de ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recogerían las demandas de verdad y reconocimiento de responsabilidad que esperan acepten las estructuras criminales para que el juez las tenga en cuenta antes de la elaboración de la sentencia colectiva.

Además, durante la etapa de procesamiento, la Fiscalía o el Ministerio Público solicitaría abrir incidente de restauración de los daños colectivos y tras haber pasado el proceso de imputación de cargos, la Defensoría del Pueblo, en representación de las víctimas, presentaría “la caracterización de las consecuencias dañosas de los patrones criminales, y las propuestas de las víctimas sobre actos y proyectos de restauración colectiva”.

A Pappier, de Human Rights Watch le preocupa que en el articulado “no se establezca ninguna consecuencia para los miembros de estructuras criminales que no reconozcan delitos que solo son conocidos más adelante en ‘sentencias complementarias”‘.

Por otro lado, desde que inicien las conversaciones, las estructuras armadas criminales podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica de las víctimas y territorios afectados. 

Sin embargo, Sánchez duda que todos los delitos que hayan cometido las bandas criminales puedan ser objeto de justicia restaurativa: “Muchas de las bandas criminales en zonas urbanas están fijadas a minar la capacidad del patrimonio económico de los ciudadanos. Ahí estamos en una discusión mucho más material que simbólica”.

Además, este experto observa que el rol de las víctimas termina siendo marginal. Estarían en el proceso para “legalizar el reconocimiento de unos delitos, pero que no están tan activamente metidas en el proyecto de ley para pelear por una reparación material”. 

En este punto coincide la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que ha llamado la atención de los tiempos que se plantean para que las víctimas de estas estructuras delincuenciales se acerquen al proceso penal y restaurativo.

“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, resaltó por su parte Francisco Barbosa e instó a que se incluya una ruta de atención, reconocimiento o reparación.

Para Preciado, investigador de la FIP, “el peligro está en no tener víctimas de segunda categoría, es decir, no tener víctimas que importen más que otras si las comparamos con las posibles víctimas de procesos de negociación política como las que serían las que surjan del proceso con el Eln y su reconocimiento”, y llama la atención sobre la claridad en la responsabilidad financiera con la que se busca reparar a las víctimas.

En el contenido de la sentencia colectiva, se consignarán “las obligaciones de contribución a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad de los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y el compromiso de no volver a delinquir”. El gobierno nacional, a través de la instancia de verificación, haría seguimiento al cumplimiento de las condiciones de contribución, y los jueces de ejecución de penas declararán el cumplimiento de la pena sustitutiva. 

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz armarían un programa que impulse el reconocimiento de responsabilidad, la dignificación y la transformación de las relaciones entre las víctimas, los responsables y las comunidades en los territorios de operación de las estructuras.

Dichas acciones no empezarían a ponerse en marcha cuando los condenados cumplan su pena. En la cárcel accederían a un modelo de penas con componente restaurativo, reparación y contribución a la verdad en pabellones especiales. Para ello, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñaría programas y actividades especiales de restauración y reinserción que contribuyan a la desvinculación del condenado de las estructuras delictivas, “la restauración de los daños colectivos de las víctimas, la contribución a la verdad sobre la actuación criminal de la estructura y la recomposición del tejido comunitario”.

El investigador de la FIP considera que ya es momento de preguntarse qué tanto se ha usado la justicia restaurativa para reparar el tejido social, qué ha funcionado y qué no. Para el proyecto de ley que propone el gobierno nacional, considera, debe ser pieza fundamental la participación de las víctimas: “de manera que no solo se hable de por qué es necesaria la justicia restaurativa, sino para lograr entender que sería justicia para las víctimas de estos grupos en su imaginario”, concluye.

A Ciro le preocupa que se siga desconociendo las dinámicas de los mercados de la cocaína y la marihuana y lleve al gobierno nacional  a usar la ley de manera equívoca para la excarcelación y la impunidad. “La Paz Total sin el tránsito a la regulación legal estricta de las drogas en el país, va a simplemente desestructurar los equilibrios que se han logrado entre actores violentos y crear nuevas violencias”, advierte esta analista.

La discusión alrededor del borrador de proyecto de ley es amplia y habrá mucho más que debatir cuando se pronuncie el Consejo Nacional de Política Criminal y el documento pase al Congreso de la República.

Nota del Editor: De manera insistente se solicitó una entrevista con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pero no fue posible obtenerla por razones que no fueron explicadas por sus asesores de prensa.

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El gobernador Aníbal Gaviria Correa no se guardó nada al hablar sobre seguridad en el departamento de Antioquia. Sus apreciaciones son críticas en relación con asuntos como el control territorial por parte del Estado, las medidas contra las economías ilegales y con algunas de las estrategias del presidente Gustavo Petro enmarcadas en la política de Paz Total. Su punto de vista es claro: pide acciones integrales en las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional.

El funcionario habló con VerdadAbierta.com con esa franqueza ligada a la experiencia de ser dos veces Gobernador de Antioquia (2004-2007 y 2020-2023) y Alcalde de Medellín (2012-2015), una de las regiones más golpeadas por estructuras criminales de diversa índole y agobiada por prácticas económicas ilegales generadoras de violencias múltiples.

Es por ello que posibilidades como el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales del que se ha venido hablando desde la Casa de Nariño no le son indiferentes, por el contrario, ve en esa estrategia una posibilidad de quitarle jóvenes a las empresas criminales. Pero, para su aplicación eficaz, le pide al gobierno nacional ser creativo, agresivo e innovador.

Desde su despacho del piso 12 del Centro Administrativo de La Alpujarra, en pleno corazón de Medellín, Gaviria atendió a este portal y envió varios mensajes con la idea que sus propuestas y reflexiones sean escuchadas y atendidas por aquellos que tienen bajo su responsabilidad el control del orden público y las alternativas de paz.

Crítica situación

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es el diagnóstico de la Gobernación de Antioquia en materia de seguridad en el departamento?

Aníbal Gaviria (AG): La situación de seguridad, de orden público, y yo lo llevaría a un tema más estructural, de control territorial del Estado en Antioquia y en Colombia es una situación muy compleja. Y no es del último año, de los últimos dos años. Uno de los principales, sino el principal pilar de un Estado, de una democracia, es el control territorial, y nosotros tenemos vacíos importantes en el control territorial en el Estado colombiano.

En muchos casos, ese control territorial lo recupera el Estado en forma coyuntural, cuando se da la presencia del Ejército, pero cuando sale, ese control territorial vuelve a perderse. Entonces, hay un primer control que pasa de unas manos a otras, temporalmente, que podríamos llamar parcial. Pero, hay lugares en los cuales el control estatal es débil. Hay que reconocer ese como uno de los más importantes retos estructurales del Estado en Colombia.

VA: ¿Cuáles son esos territorios en Antioquia donde hay vacíos de control territorial por parte del Estado colombiano?

AG: Por ejemplo, zonas del Atrato antioqueño, zonas del Bajo Cauca antioqueño, zonas del Nordeste, zonas del Norte, en áreas del Nudo de Paramillo.

Aquí quiero ser franco con Antioquia y con el país, porque estos temas no puede tratarse en forma tibia ni ocultarse: hay zonas de Urabá donde el control del Estado es débil, y eso quedó demostrado con el llamado ‘Paro Armado’ hace casi seis meses, cuando espacios muy  importantes en Antioquia, pero también en Córdoba, Sucre, Bolívar y Santander, fueron, de alguna manera, paralizados por acción del grupo delincuencial del Clan del Golfo [autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia] y por la intimidación que produjo.

VA: ¿A qué le atribuye esa presencia débil del Estado en esas zonas del departamento de Antioquia, y también en otros departamentos del país?

AG: Porque a través de los años ha existido presencia de diferentes grupos al margen de la ley. Miremos el caso de Urabá.  Allí tuvimos presencia de las Farc, y después compartida un poco con el Epl, muy fuerte, entre los años ochenta y noventa. Posteriormente, y como respuesta a ello, se produjo una presencia muy intensa de grupos paramilitares. Y hoy tenemos la presencia de un grupo dedicado al narcotráfico y a las rentas ilícitas como es el Clan del Golfo.

Mire una cosa increíble. En algunos casos, como lo digo yo coloquialmente, cambian de camiseta: son mismas violencias que cambian de camiseta y, en algunos casos, miembros de esas organizaciones se pasan de una a otra: fueron miembros de la guerrilla, pasaron a los paramilitares, y ahora son miembros del Clan del Golfo.

VA: Históricamente, el Estado ha tenido problemas para hacer presencia integral en diversas regiones del departamento, y en ese contexto, ¿cuál ha sido el papel de la Gobernación en las últimas tres décadas en participar de esa presencia estatal en las regiones? ¿También ha sido débil? ¿No tiene las herramientas suficientes, no hay recursos?

AG: Tenemos una presencia bien importante en áreas de salud, de educación, de obras públicas, de vivienda y en este tema está VIVA (Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia), que es una empresa referente en Colombia. En 20 años, estaremos cerca a una cifra entre 250 mil y 300 mil soluciones de vivienda, beneficiando a por lo menos un millón de habitantes de Antioquia.

Esa presencia integral de la Gobernación, yo le confieso, y no es porque tenga puesta la camiseta de la Gobernación, que siempre la tengo puesta, nunca me la he quitado, es una presencia bastante importante en las regiones en todos los demás aspectos. Para mencionarle otro ejemplo: Teleantioquia. Es nuestra presencia en todo el territorio antioqueño.

Con la Secretaría de Educación también hacemos presencia. Tenemos 4.500 escuelas distribuidas en todo el departamento, rurales y urbanas. Muchas de ellas, monodocentes, de esas son unas 2.500. En las áreas más lejanas, en corregimientos y veredas.

De otro lado, la electrificación rural de Antioquia es total, hemos llegado a un 99,5% de cobertura. En vías secundarías, en este gobierno vamos a llegar con carretera pavimentada a 121 de las 125 cabeceras municipales de Antioquia.

Yo creo que en frentes sociales, de obras públicas, de educación, con todas las falencias, estamos llegando a las regiones, pero tenemos que ser mucho más fuertes y más efectivos en el control territorial, en el control del orden público, y en brindarle la seguridad a todos los ciudadanos y a todos los territorios.

Planteamientos para un diálogo

VA: ¿Y cuáles son sus sugerencias en ese tema? ¿Cuáles serían esas estrategias que se plantean desde la Gobernación de Antioquia para logra mayor seguridad? ¿Ha hablado con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y con altos mandos militares y de Policía de estos temas?

AG: Parte de la pregunta me permite englobar parte de la respuesta. Aún cuando gobernadores y alcaldes tenemos una función de orden público, y somos jefes del orden público, eso realmente no es así. Las decisiones fundamentales del orden público y seguridad son nacionales. Yo no puedo decir que voy a tener más policías en un municipio o en otro. Yo no puedo decir que voy a tener ejército en tal parte o en otra, o en mover un ejército de un lado a otro.

Yo lo que puedo hacer es apoyar. Entonces compro motocicletas para darles movilidad, compro radios para darles comunicación. Contribuyo en la construcción de estaciones de Policía para que tengan más dignidad, más seguridad, y más capacidad de prestar un servicio adecuado.

Y con relación a los diálogos que he tenido con las autoridades nacionales, no solo con este gobierno sino con el anterior gobierno, lo he repetido y los seguiré repitiendo, tanto públicamente como en la conversación con quienes en el gobierno nacional tienen esa decisión: Soy amigo de una estrategia de sometimiento y de una política de acogimiento de las estructuras delincuenciales y de las estructuras del crimen organizado.

Esto no lo estoy diciendo en los últimos dos meses con la llegada del nuevo gobierno. Llevo más de cinco o seis meses diciéndolo públicamente. Y, en otras formas, lo he dicho con anterioridad.

Yo creo que es necesario buscar una forma para que cientos de jóvenes, en algunos casos miles, sobre todo en las estructuras más grandes, puedan tener la oportunidad de dejar ese camino que por algún motivo han tomado, el camino oscuro de la delincuencia. Por eso creo que hay que ser creativos, y en el buen sentido de la palabra, agresivos e innovadores, en esa política y estrategia de sometimiento.

Pero debe ser una política y una estrategia muy acotada. Es decir, eso tiene que tener un plazo relativamente corto. Me parece que sería un gran error en esa intención que el gobierno nacional ha dicho que tiene en esa dirección, en la que yo coincido, un tema sin límites de tiempo y/o alargado excesivamente. Eso tiene que tener un plazo.

VA: Un plazo y unas condiciones…

AG: Claro unas condiciones que lleven a la desmovilización, a la entrega de esos jóvenes, pero, además, a la desarticulación de esas estructuras. Esas condiciones deben estar, pero debo insistir en el plazo. Este tipo de conversaciones, de estrategias, se van alargando, se van eternizando.

VA: ¿Y cuál es el plazo razonable para el Gobernador de Antioquia?

AG: Yo diría que un plazo razonable es un año desde el inicio del gobierno. Eso quiere decir agosto del próximo año. Cuando uno tiene voluntad de lado y lado las cosas se dan.  Uno no necesita meses y meses, y años. Para lo que sí se necesitan meses y años es para tomarle el pelo a la paz, para tomarle el pelo a los colombianos, para engañarlos, pero para tomar una decisión de sí o no, a una propuesta y a una puerta que se abre muy suficiente, excesivamente suficientes, son doce meses.

Si estuviera en mis manos, el plazo debería ser de seis meses. Repito, esto es cuestión de ser agresivos, innovadores, de abrir una puerta que sea atractiva y el que no entró que reciba toda la fuerza del Estado.

También creo que hay que fortalecer la capacidad del Estado para avanzar en ese control territorial deficiente al que me he referido. Hay que fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública porque tenemos que desear que la mayor cantidad de actores armados se acojan a esas puertas que se abren. Pero es muy posible que no todos los hagan, y no solo eso, que persistan factores de violencia.

VA: ¿Usted ha tenido la oportunidad de plantearle esas ideas al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda?

AG: No, al Alto Comisionado no.

VA: ¿Por qué no?

AG: No he tenido la posibilidad, no he tenido el espacio. Pero no tan ampliamente como lo he hecho en esta entrevista, lo conversé con el presidente Gustavo Petro. Y espero, porque quedé en eso, de conversar prontamente con el Ministro de Defensa y si se abre la posibilidad con el Comisionado, también lo haré.

VA: Se ha conocido el borrador del proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales y uno de los detalles que más llama la atención es que les dejarían el 10 por ciento de sus bienes, así se hayan adquirido con dineros de sus actividades ilícitas. ¿Qué piensa al respecto?

Es uno de los temas más complicados que he oído y he discutido en varios círculos. Creo que hay que buscar mecanismos para que la desmovilización y desarticulación de esas estructuras sea efectiva, pero ese asunto me parece muy complicado.

Uno no puede decirles a unos criminales que se sometan manteniendo los mismos castigos. Atractivos tienen que ofrecerse, pero el atractivo de legalizar en esa forma bienes que han sido adquiridos mediante el delito, mediante el crimen, es muy complejo.

Yo, hoy, no sería capaz de dar ese paso. Y le confieso que la única manera de que me convenzan es a través de una argumentación histórica que demuestre que, en otros momentos, en otros países, en otros conflictos, se ha hecho y que me muestren la trazabilidad que ha tenido. De resto, es un sapo muy difícil de tragar.

VA: El presidente Gustavo Petro ha anunciado la realización de lo que llama “diálogos regionales vinculantes” como una de las estrategias de su propuesta de Paz Total. ¿A usted le gusta esa idea?

AG: Le confieso que todavía no he podido entender el tema. Hay un capítulo de los diálogos regionales que tiene ver con la construcción de propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional, es decir, una construcción participativa. Eso lo entiendo plenamente y vamos a contribuir. Es lo que nosotros siempre hemos hecho, hace parte de nuestro ADN.

Mi hermano Guillermo (asesinado por la extinta guerrilla de las Farc en 2002), y todos nosotros, como herencia e inspiración de él, hemos sido tremendamente participativos. El Plan de Desarrollo nuestro lo construimos a partir de recorridos por todo el departamento.

Pero en el tema de cómo los diálogos regionales van a ser un componente de la estrategia de paz, le confieso que no lo entiendo. Espero que sea algo que funcione, pero no lo entiendo, y lo digo con toda franqueza.

VA: ¿No se lo han explicado desde el gobierno nacional?

AG: No me lo han explicado a mí, pero creo que no se lo han explicado a otros. No es que me lo tengan que explicar a mí como gobernador, sino a los demás gobernadores, a los alcaldes y a muchos otros actores, para que coadyuvemos en esa dirección, pero, honradamente, ese componente no lo entiendo y lo digo con toda franqueza.

Sobre negocios ilícitos

VA: Parte de la conflictividad del departamento está relacionada con economías ilegales. ¿Cuál es el análisis que se tiene en la Gobernación de Antioquia al respecto?

Reitero, aún con toda la buena intención con los acuerdos que se realicen con los grupos criminales y los efectivos que sean, ojo, hablo con franqueza: las rentas ilegales no se van a acabar. Ahí están y ahí estarán. Si hay algunos que las dejen, es posible que otros quieran tomarlas. Por eso el Estado tiene que fortalecerse.

¿Cuáles son las estrategias para atacar esas rentas ilegales? Indudablemente, las economías ilegales, y parece esto de Perogrullo, son economías porque son rentables. Nadie estaría en ese negocio si no fuera rentable. Hablo de minería ilegal, de la cadena de muerte de las drogas ilícitas. Hay que atacarlas para que dejen de ser rentables, hay que volver costoso del delito, que pierda rentabilidad y con ello se le quita la posibilidad de pagar a todas las estructuras y cadenas del delito.

Y hay que pensar en la justicia. El gran incentivo para el delito es la impunidad. Entonces, si seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad, vamos a seguir manteniendo los actuales delincuentes e invitando a otros a que entren al delito porque ven que el delito es impune.

Se requiere un ataque frontal a la impunidad y eso quiere decir un fortalecimiento a la Fiscalía y a toda la estructura de la justicia para que se dedique a la persecución efectiva de esos grupos criminales.

VA: ¿La estrategia de quemar retroexcavadoras, como ha venido sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño, que dio origen a un paro regional hace un par de semanas, es la indicada para atacar la minería ilegal?

AG: Esas paladragas, esa maquinaria amarilla metida en medio de la selva, tumbando la selva, destruyendo la selva, destruyendo los ríos, en medio de una actividad criminal pagada por grupos criminales, claro que hay que destruirlas. Pero no solo eso. Con eso solo no se soluciona el problema.

VA: ¿Y cómo se explica la presencia de esas retroexcavadoras en medio de la selva? ¿Usted sabe cómo llegan hasta esos lugares remotos y selváticos? ¿Acaso hay mucha corrupción alrededor de ese tema?

AG: Hay mucha corrupción. Usted hace un sobrevuelo en el Atrato, unos 50 kilómetros al sur de Vigía del Fuerte, selva por todo lado, y de pronto encuentra 20 o 30 máquinas en medio de la manigua. Para llevarlas hasta allá tiene que haber mucha corrupción, y por muchos lados.

Ese es el poder corruptor de estas organizaciones criminales. Ese poder corruptor viene de esa inmensa rentabilidad de esas actividades criminales. Es uno de los aspectos que tiene que atacarse. Por digo que no solo es quemar esas máquinas. Se requieren otra cantidad de cosas, entre ellas, atacar esos fenómenos de corrupción.

Indudablemente, esa corrupción pasa por varios niveles: tiene que haber corrupción en la Fuerza Pública; a lo mejor en instituciones encargadas de atender y controlar los temas ambientales; en parte de administraciones municipales. Pero, ojo, no solo es corrupción.

Es también un fenómeno ligado a la intimidación. Es que cuando a usted le dicen, ‘señor, si usted deja pasar esta máquina tenga un millón de pesos, pero si no la deja pasar entonces aténgase a las consecuencias’. Ahí es donde tiene que estar el control del Estado. Porque esos funcionarios están a merced de esas organizaciones criminales.

VA: Parte de las soluciones al tema de la minería ilegal es la formalización de pequeños mineros. En ese sentido, Antioquia que es autoridad minera, ¿cómo ha avanzado en esa estrategia?

AG: Nosotros en Antioquia somos líderes en formalización minera en Colombia. Es uno de los temas que trabajamos con más ahínco porque estamos atendiendo a las personas más vulnerables de la cadena, a quien verdaderamente está afectado por todos los lados, que es el pequeño minero ancestral, de socavón y batea. Creemos que ese sigue siendo uno de los componentes de la solución.

De los 22.732 mineros de pequeña escala formalizados en Colombia, 9.741 pertenecen a nuestro departamento, es decir, el 42,8% del total. Y esos 9.741 mineros formalizados en Antioquia, 6.441 han firmado sus contratos de formalización en nuestro periodo de gobierno, sobre todo en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Occidente.

VA: El otro motor de la violencia es el narcotráfico en un departamento que tiene toda la cadena de esta actividad ilícita. ¿Qué reflexiones le suscita esta actividad, también generadora de violencia?

Siempre he dicho, y ahora lo reitero y lo reivindico, el problema es la cadena de destrucción y muerte de las drogas ilícitas. Es una cadena que tiene varios eslabones, uno de ellos es el narcotráfico, pero no es único. Hay narcofinanciación, y ahí sí que entran los países en desarrollo, porque muchos de esos recursos se quedan allá; hay narcoconsumo, y ahí sí que entran los países desarrollados; hay narcocultivos, pero también hay narcoprecursos y narcoinsumos.

Pero cuando el mundo entero habla de narcotráfico, nos señalan a nosotros como el único eslabón, pero hay cuando menos cinco grandes eslabones, por ello yo insisto en que tiene que haber una corresponsabilidad porque si no existieran los altos niveles de consumo, que existen en los países desarrollados, el tema de la producción y del precio serían distintos, por eso es un tema que debe tratarse globalmente.

Ahora en Colombia tenemos que hacer una estrategia muy agresiva de erradicación total de los cultivos de hoja de coca en Antioquia. Es una meta que se podría conseguir de manera conjunta, con apoyo internacional, de los gobiernos nacional, departamental y municipales, y las empresas.

Yo estoy seguro que si a los campesinos se les plantea una alternativa digna se cambian de ese cultivo. Una alternativa digna que tenga mercado, porque lo que tiene la coca es mercado, por eso tenemos que garantizarle mercado a la producción campesina que reemplace la hoja de coca con otros cultivos. Y Es muchísimo más rentable para la sociedad. Si todo lo enfocáramos a generar un marco rentable para esos campesinos, económicamente da con toda seguridad.

VA: ¿Su administración tiene un balance de cómo le fue a Antioquia con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y en el que se pusieron todas las esperanzas en este tema?

AG: Es un balance negativo, así de claro. Es un proyecto que salió de los acuerdos de La Habana y que impulsó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y que después en el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo la misma aceptación. Aquí nos tocó vivirlo: decían que sí, pero hacían que no. Entonces así es muy berraco, porque era un programa del gobierno nacional que, por supuesto requería todo el apoyo y estábamos dispuesto a darlo desde el gobierno departamental.

Pero si desde el gobierno nacional no tenía todo el apoyo, franco y decidido, el programa se fue viniendo abajo y a tener incumplimientos con los campesinos, y de los campesinos, así como desconfianza, entonces eso fue llevándolo a una situación crítica.

Hay que retomarlo, modificarlo, porque tenía, me parece a mí, errores en su diseño, pero con modificaciones lógicas y pertinentes es un programa que puede ser retomado como componente del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

VA: ¿Y qué sugerencias le puede hacer al gobierno nacional para que retome el PNIS?

GA: El programa estaba fundamentado en recursos y menos fundamentado en mercado, ese sería el componente que yo le cambiaría. Prefiero enfocarme en el tema de mercadeo y menos en el de la producción. Usted produce si tiene mercado.

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“No son autodefensas. Lo que tenemos en varias zonas del país […] son unas organizaciones criminales emergentes muy pequeñas, que están manejando cultivos ilícitos que existían en las zonas donde se desmovilizaron las autodefensas”, aclaró el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en una entrevista televisiva emitida el 30 de marzo de 2006, al referirse a los grupos armados ilegales que estaban surgiendo en reemplazo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos pactados a mediados de 2003 con el Estado colombiano.

Esa aclaración no era menor. De acuerdo con cifras de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, creada para adelantar labores de coordinación interinstitucional e información con el fin de articular procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales, para ese año se contabilizaban 22 estructuras armadas en diversas regiones del país, conformadas por 4 mil hombres.

Se trataba de grupos que aspiraban a copar los territorios que, en apariencia, habían abandonado los integrantes de los distintos bloques y frentes de las Auc que para reinsertarse a la vida legal tras dejar sus armas y comprometerse a contar la verdad, reparar a sus víctimas y a no repetir los hechos violentos.

Entre esos grupos, calificados de “muy pequeños”, comenzó a destacarse uno que, inicialmente, se autodenominó ‘Bloque Héroes de Castaño’, y fue creado a mediados de 2006 en el norte del Urabá antioqueño por orden de Vicente Castaño, uno de los fundadores de las Auc y verdadero cerebro detrás de la expansión paramilitar de finales de los años 90.

Castaño delegó la responsabilidad del mando en Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un trajinado exparamilitar con experiencia en el manejo de finanzas provenientes del narcotráfico, quien se desmovilizó con el Bloque Centauros en septiembre de 2005 en zona rural del departamento de Casanare.

Este nuevo grupo se conformó en sus inicios con excombatientes de las Auc que no se acogieron al proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida legal pactado con el Estado colombiano o que renegaron de ese acuerdo y retomaron las armas, así como con exguerrilleros que decidieron cambiar de bando, y luego se fueron integrando policías y militares retirados.

A la sombra de alias ‘Don Mario’ estaban dos hombres que habían comenzado su recorrido en la guerra dos décadas antes en el Urabá antioqueño en las filas subversivas del Epl: los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga David. Conocidos con los alias de ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ respectivamente, ambos aportaban experiencia en la lucha armada.

Esta incipiente estructura criminal daría un salto cualitativo el 15 de octubre de 2008, en plena vigencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática impulsada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Ese día promovieron el primer paro armado de que se tenga conocimiento en varios municipios del eje bananero en el Urabá antioqueño con motivo de su “presentación en sociedad” bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), a las que luego el gobierno nacional las nombraría luego como ‘Los Urabeños’ y después como ‘Clan del Golfo’ para no estigmatizar a los habitantes de esa región.

A través de un comunicado explicaron que las razones de ese rearme se fundamentaban “en los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control las autodefensas durante muchos años”.

Asimismo, precisaron por qué adoptaron ese nombre: “[…] le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país”. Y precisaron su objetivo: “Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos”.

De esa manera comenzaba a construir una cruenta historia que avanzaba de manera paulatina hacia diversas regiones del país con la pretensión de posicionarse como la más grande organización criminal del país y batiéndose a sangre y fuego con quienes se opusieran a sus objetivos. Para el momento de su anunció, y de acuerdo con reportes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, las Agc tenían presencia en 18 municipios de cuatro departamentos -Antioquia, Córdoba, Chocó y Atlántico-.

Pero detrás de esa supuesta fundamentación ideológica se ocultaba un objetivo económico: el control del negocio del narcotráfico y de otras actividades ilegales, entre ellas la explotación minera en enclaves auríferos, razón por la cual los jefes de las Agc fortalecieron alianzas con grupos armados ilegales, bandas criminales locales y regionales, así como con la antigua guerrilla de las Farc, lo que les permitió expandirse y crecer en hombres, armas y control territorial. (Leer más en: Acuerdo entre Farc y ‘Gaitanistas’ está en crisis: ‘Rubén El Manteco’)

“El propósito fue dominar toda la cadena del negocio, sin intermediarios, y fungiendo, además, como agentes de seguridad para otros narcotraficantes aliados que estuvieran dispuestos a pagar por ello”, dice una investigación de la Fundación Ideas para la Paz sobre los ‘Gaitanistas’.

Su principal jefe, alias ‘Don Mario’, se convirtió en una obsesión para las autoridades y tras intensos operativos fue capturado en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Ante su detención, ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ asumieron la comandancia de los ‘Gaitanistas’, con la tarea de expandir y consolidar la organización.

De acuerdo con análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que se sustentan en información recolectada por más de una década, y de opiniones de especialistas en el conflicto armado y el crimen organizado en Colombia, esta organización criminal opera en red bajo tres dinámicas por lo menos: tienen presencia territorial como estructura; subcontratan o tercerizan “servicios” con otros grupos armados ilegales que tienen presencia regional o local; y trabajan en alianza con carteles transnacionales del narcotráfico.

En esa caracterización coincide Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos: “Esta no es una organización vertical y estructurada, tipo Ejército o guerrilla. Es una constelación de grupos que se enlazan por intereses: muchas bandas locales, estructuras más organizadas y un núcleo que se mantiene muy cohesionado alrededor de mandos medios. Como están en una alianza en función de muchos negocios, que van más allá del narcotráfico, es un portafolio mafioso”.

Paros armados, su estrategia

Con base en esas dinámicas de operación, que les ha permitido crecer, expandirse y consolidarse, han realizado por lo menos cinco paros armados, incluido el de la semana pasada, en sus 14 años de vida ‘gaitanista’: el primero fue en octubre de 2008, cuando anunciaron su creación.

El segundo ocurrió a comienzos de enero de 2012, tras la muerte en una acción policial de alias ‘Giovanni’, uno de sus jefes más representativos, afectando 16 municipios de seis departamentos.

Tras esa muerte, los ‘Gaitanistas’ quedaron bajo el mando de ‘Otoniel’ y de otro hombre curtido en la guerra, Francisco José Morelo Peñate, alias ‘El Negro Sarley’. Y justo el tercer paro, ocurrido en abril de 2013, lo padecieron varias poblaciones de Urabá y Bajo Cauca, en Antioquia, tras la muerte de ‘El Negro Sarley’, durante combates con la Fuerza Pública en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá.

El cuarto paro armado se realizó en abril de 2016 y tuvo como excusa conmemorar la muerte de alias ‘El Negro Sarley’. En esa acción criminal, que afectó a 36 municipios en ocho departamentos del país, evidenciaron su poder y presencia territorial. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)

Valga destacar que tres de los paros armados promovidos por los ‘Gaitanistas’, así como su expansión y consolidación territorial, se realizaron bajo la vigencia de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, impulsada por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Y el quinto paro armado ocurrió entre el jueves y el domingo de la semana pasada, en reacción de los ‘Gaitanistas’ a la decisión del gobierno nacional de extraditar a Estados Unidos a alias ‘Otoniel’, considerado por las autoridades el jefe máximo de esa organización criminal y capturado en octubre de 2021 en zona rural de Necoclí, en el Urabá antioqueño. (Leer más en: Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras y La apuesta de ‘Otoniel’ por la JEP no lo salvó de su extradición)

Organizaciones sociales y entidades estatales coincidieron en resaltar que, en esta ocasión, se afectaron por lo menos 11 departamentos y 178 municipios. Homicidios, confinamientos de comunidades urbanas y rurales, quema de vehículos, cierres del comercio y hasta cortes de agua y gas, hicieron parte del repertorio de violencia aplicado por las Agc.

Ante esas afectaciones, John Córdoba, poblador del Urabá antioqueño, asevera que “esos acontecimientos del paro armado no son nuevos, seguramente en otras regiones del país sí. Aquí, cada que hay una baja o una captura de alguno de los miembros del Clan del Golfo, la ciudadanía sabe que el paso siguiente es el paro armado y eso generalmente dura tres o cuatro días”.

Hablando desde uno de los municipios más importantes de esta región agroindustrial, este poblador dice que la última acción de los ‘Gaitanistas’ no generó “mucha zozobra porque, de alguna manera, hemos aprendido a convivir con el conflicto armado”.

Pero en otras zonas como Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, las afectaciones sí se sintieron, y así lo cuenta el campesino Enemesio Ramírez, habitante de la vereda Ojito Seco de ese municipio y productor de aguacate. Cuando comenzó el paro el jueves pasado tenía más de 2 mil aguacates para la venta, pero no pudo salir al mercado porque supuestos integrantes de las Agc pasaban en motocicletas y le disparaban al que saliera. “Me voy para pérdidas y esto es desesperante y triste”, se lamenta.

No obstante, hay situaciones que vienen de tiempo atrás. Uno de los casos más representativos es lo que ocurre en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos criminales vulneradores de derechos humanos, dice que la presencia los ‘Gaitanistas’ se remonta a diciembre de 2020.

“Tienen incidencia política, ejercen control territorial, tienen control social y conviven en territorios muy cercanos a nuestra ciudad capital […] lo que demuestra es una fortaleza, sobre todo en estos cuatro años de gobierno de Iván Duque. Es indudable el fortalecimiento de esta estructura paramilitar en todo el país”, afirma Cañizares.

De hecho, este defensor de derechos humanos asegura que los planes de expansión de los ‘Gaitanistas’ hacia esa región del país no han variado, pese a la captura y extradición de alias ‘Otoniel’: “Hemos encontrado que responden a una estructura nacional y los planes que tenían de expansión se siguen desarrollando, como ocurre en Cúcuta. Antes de la entrega de ‘Otoniel’ pretendían incursionar en el Catatumbo y expandirse en el área metropolitana. Esto último se está dando al pie de la letra”.

Esa apreciación coincide con análisis del SAT de la Defensoría del Pueblo consignados en su más reciente informe de riesgo electoral, fechado el pasado 17 de febrero. En ese documento, esta agencia del Ministerio Público plantea que, pese a las capturas y muertes de varios de sus jefes, las Agc “busca profundizar el control territorial en las zonas de presencia histórica (bajo Cauca, sur de Córdoba y Chocó)”, así como “expandirse mediante alianzas locales con otros grupos o enfrentándolos con acciones de baja intensidad”.

Por tales razones, Cañizares cuestiona la postura del actual gobierno nacional, que es la de “minimizar al máximo la presencia y el control que ejercen en múltiples regiones del país el paramilitarismo que representan las Agc, es un sofisma. Nosotros lo vivimos aquí”. Es justo lo que decía hace 16 años.

Por su parte, Posso, de Indepaz, también rebate la afirmación del presidente Duque sobre “el fin de los ‘Gaitanistas’” y reitera que el pasado paro armado fue “una demostración de fuerza, no son hechos aislados ni los últimos gritos antes de la desaparición […] Es un problema muy grave, que después de 17 años de haberse llegado a acuerdos de desmovilización con los paramilitares, estos herederos tengan tal capacidad”.

“Son 17 años —agrega— en los que se ha anunciado la desaparición del paramilitarismo o del narcoparamilitarismo en Colombia, y resulta que lo que tenemos es que, a pesar de los golpes a máximos dirigentes, se reproducen estos grupos. El asunto es mucho más complicado que lo que el gobierno dice y tampoco son cosas aisladas sin mayor importancia. Esa simplificación es un reconocimiento de incapacidad, más que otra cosa”.

Riesgo electoral

En el informe de riesgo electoral, el SAT de la Defensoría del Pueblo estableció que los “grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir en el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial”.

En esa perspectiva, las situaciones de riesgo en el escenario electoral en algunas zonas del país, según el SAT, “obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto”, además de generar “amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”.

Para la Defensoría, la activación de las acciones de los grupos armados ilegales de cara a las elecciones se da bajo dos circunstancias relacionadas con las condiciones en las que se encuentran en las regiones: “Si un grupo armado ilegal ya cuenta con control hegemónico del territorio, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o dinero para apoyar candidaturas”, aspecto que se refleja en los departamentos de Antioquia y Córdoba, así  como en la  región delos Montes de María, entre otros; “pero si es una zona en disputa se activan repertorios de violencia para coartar o cooptar poblaciones”, como parece que sucede en Nariño, Cauca, Arauca y Chocó.

Con respecto a los ‘Gaitanistas’, el SAT determinó que son fuente de amenaza en 253 municipios del país, convirtiéndose en la organización armada ilegal con mayor presencia territorial, seguida por las disidencias de las antiguas Farc (230 municipios) y la guerrilla del Eln (189 municipios).

Esos 253 municipios que están en riesgo las Agc están concentrados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. De ellos, 32 poblaciones se identifican en riesgo extremo, 111 en riesgo alto, 75 en riesgo medio y 35 en riesgo bajo.

Cabe destacar que, pese a esa alerta del SAT, tres de esos departamentos resultaron afectados con el paro armado impuesto por las Agc -Antioquia, Bolívar y Chocó-, de acuerdo con datos difundidos por el equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con respecto a los departamentos de la región Caribe, el SAT advirtió que la influencia de los ‘Gaitanistas’ en el proceso electoral “podría devenir del grado de control que ostenten en algunas zonas de la región, de las estrategias de incidencia social y eventuales de alianzas con poderes locales y regionales que impidan cualquier transformación sustancial en el territorio, ni pongan en riesgo las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales controladas por el grupo”.

Sobre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde este grupo armado ilegal está más consolidado, la agencia del Ministerio Público aseguró en su informe que sus operaciones “se dirigen a la conservación del control alcanzado”, apelando a “la regulación de la vida cotidiana de las comunidades, la arrogación de funciones del Estado al tramitar conflictos de carácter interpersonal y comunitario, la suplantación de los mecanismos de justicia regulando las relaciones sociales en estos entornos y el desarrollo de una estrategia de cooptación de los procesos organizativos […] lo que podría significar riesgos para los procesos de participación política y de elección popular”.

Con respecto a las medidas de seguridad y protección en este periodo electoral, el SAT cuestionó el papel de la Policía y las Fuerzas Militares, por cuanto se reducen a candidatos y militantes de los partidos y “no desde una perspectiva más amplia de garantías al derecho a la participación que incluya activamente a los electores”.

“La Política Pública sobre elecciones -se lee en el informe de riesgo- está pensada para la garantía a la participación, pero tiene mayor peso en acciones del Gobierno y focalización en la seguridad de los candidatos sin otorgar igual énfasis al otro 50% de la ecuación, que es la garantía de la participación de los votantes y de la población civil en el marco de las elecciones”.

Dudas sobre seguridad

“La acción de la Fuerza Pública ha sido de notarios”, dice Posso, de la organización Indepaz, al reaccionar sobre el papel de los organismos de seguridad estatales en el control del paro armado impuesto por las Agc. A su juicio, “se está cosechando años de omisiones y de todo tipo de hilos de complicidad”.

Esa queja fue constante en aquellos municipios donde los ‘Gaitanistas’ ejercieron control e impidieron que, por cuatro días, las comunidades urbanas y rurales pudieran movilizarse libremente y llevar una vida normal. “Ese paro era previsible y las autoridades no hicieron nada para contenerlo”, dice un activista en derechos humanos desde el Bajo Cauca antioqueño, una de las más afectadas por las acciones criminales de este grupo armado ilegal.

Por su parte, Cañizares, desde Cúcuta, también plantea dudas sobre la operatividad de las autoridades policiales y militares en contra dese grupo armado ilegal en esa región del país: “Nosotros hemos llamado la atención acerca de la actitud o poca voluntad de atacar las estructuras de las Autodefensa Gaitanistas. No hay una voluntad definida para combatirlos y erradicarlos. Nos llama mucho la atención esa actitud de dejar hacer y permitir que esa organización, en el caso nuestro, avance de manera silenciosa en los principales centros urbanos del departamento”.

Al respecto, el líder campesino Arnobis Zapata, que lidera procesos sociales en el sur del departamento de Córdoba, reitera lo dicho por Cañizares: “Las Agc cuentan con la falta de voluntad política del gobierno nacional de atacarlos. Es el paramilitarismo en su máxima expresión: la Fuerza Pública y la institucionalidad se apartan para que hagan su paro”.

Otra perspectiva ofrece el presidente Iván Duque. Desde la base antinarcóticos del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, dijo que le estaba cumpliendo al país en materia de seguridad y, en especial, contra esta organización criminal, y anunció medidas para fortalecer las acciones contra ella.

“Desde la captura de Otoniel, hemos emprendido un trabajo que refuerza lo que era la campaña militar y policial Agamenón, para convertirla en la campaña militar y policial Cóndor. Esta nueva campaña, que se lanzó desde finales del año pasado, es hoy la que nos permite ejercer presencia territorial contra todas las estructuras”, declaró Duque un día después de terminado el paro armado.

En su declaración a la prensa, rodeado de policías y soldados, anunció que esa campaña se reforzaría con un Bloque de Búsqueda, compuesto por más de 1.400 uniformados que tendría como objetivo la captura de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’; Wilmer Antonio Quiroz, alias ‘Siopas’; y José Gonzalo Sánchez, alías ‘Gonzalito’, quienes son considerados por el mandatario como “tres reductos del ‘Clan del Golfo’ que han pretendido tomar control de la organización”.

Tanto ‘Chiquito Malo’ como ‘Gonzalito’ integraron estructuras paramilitares asociadas a las Auc: el primero de ellos se desmovilizó con el Bloque Bananero en noviembre de 2004 y el segundo con el Bloque Catatumbo en diciembre de ese mismo año. Por su parte, alias ‘Siopas’ es un exguerrillero que abandonó en 2008 las filas de las antiguas Farc que operaban en la costa Pacífica para integrar las Agc.

La campaña Agamenón fue activada en febrero de 2015 por orden del entonces presidente Santos y de acuerdo con su informe al Congreso, estuvo integrada por cerca de 10 mil miembros de la Fuerza Pública con el objetivo de desmantelar a los ‘Gaitanistas’.

En junio de 2017 fue lanzada la campaña Agamenón II. En un balance realizado desde la base antinarcóticos en Necoclí, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseveró que, por cuenta de esa operación militar y policial, las Agc habían sido reducidas a poco menos de dos mil hombres, tras la captura de 1.360 integrantes.

“No se entiende cómo puede llamársele a una organización que pierde más de la mitad de sus miembros como próspera o en expansión, por el contrario, lo que están es pagando escondederos para que nuestra Fuerza Pública no termine por desmantelar esa organización”, destacó Villegas en esa ocasión.

Un mes antes de la declaración del Ministro de Defensa, la Policía Nacional reportó. a través de un informe. la captura de 1.001 integrantes de los ‘Gaitanistas’ y celebró los resultados de Agamenón, afirmando que era “la operación que ya desmanteló la mitad del ‘Clan del Golfo’”.

Cinco años después, esas cifras contrastan con la que expuso el presidente Duque, quien, en tono también triunfalista, aseveró que, bajo su mandato, le han “asestado golpes históricos contra el ‘Clan del Golfo’. Quiero solamente indicar que, en nuestro gobierno, hemos capturado más de 2.800 miembros del ‘Clan del Golfo’ y se han adelantado más de 1.196 operaciones”.

Al respecto, el investigador Eduardo Álvarez Vanegas, un estudioso del conflicto armado colombiano, considera que el gobierno nacional no tiene la real dimensión de lo que, actualmente, son las Agc y plantea varias preguntas con respecto a la creación del Bloque de Búsqueda, entre ellas, “¿por qué esta vez esa estrategia sí sería exitosa y cuáles serían los componentes para debilitarla y ponerlas ad portas de su desmantelamiento y sometimiento?”.

Este investigador también se pregunta por las acciones que se tendrán en cuenta para proteger a las comunidades donde los ‘Gaitanistas’ tienen mayor presencia, pero con “liderazgos menos disciplinados, menos poder de control y comportamientos más violentos con la gente”. Y agrega: “¿Cuál será la apuesta de seguridad y estabilización en zonas donde tienen influencia para reducir la violencia y transformar las condiciones que han permitido su reproducción?”.

A juicio de Álvarez Vanegas, lo que revela la decisión anunciada por el presidente Duque, a quien sólo le quedan tres meses de gobierno, “es una muestra más de improvisación de cortoplacismo y miopía, como lo fueron las Zonas Futuro”, un proyecto que ofrecía una transformación integral “con legalidad, emprendimiento y equidad” de regiones afectadas por el conflicto armado y que no logró trascender más allá de la presentación en unas cuantas diapositivas. (Leer más en: Zonas Futuro: ¿territorios donde podrían incrementarse las violaciones de derechos humanos?)

Para este investigador, es clave entender que las Agc no son una estructura monolítica, como lo era por ejemplo la antigua guerrilla de las Farc, sino de una organización horizontal, que opera en red y que tiene la capacidad militar y económica para tercerizar algunas de sus actividades, entre ellas el sicariato, con bandas locales.

Además, apunta Álvarez, las Agc recogen trayectorias y aprendizajes que se remontan a los años ochenta con los ejércitos de autodefensas, a los que se sumaron exguerrilleros, militares y policías retirados, y alianzas con sectores sociales, financieros y con organizaciones criminales transnacionales.

En relación con los carteles internacionales del narcotráfico, este investigador plantea un escenario de riesgo, puesto que ante lo que el llama “la decapitación” de los jefes  de las Agc y el ascenso de nuevos comandantes, más jóvenes y con menos experiencia en la guerra y  en lo político, así como en el negocio de las drogas, podría darse una mayor presencia de emisarios extranjeros en las regiones, lo que podría convertirse en un factor de violencia contra las comunidades, especialmente rurales.

Es por todo ello que Álvarez Vanegas cuestiona la política de seguridad enfocada solamente en capturar o eliminar a los jefes de las Agc sin tener en cuenta otros aspectos: “Podrán tener éxitos operacionales, contener la expansión orgánica, pero su adaptación a circunstancias adversas los ha llevado a expandirse en red, contratando servicios incluso de la delincuencia común organizada. Es por ello que un bloque de búsqueda para la magnitud del fenómeno puede resultar fallido”.

Con respecto a las salidas a esta compleja situación, este investigador sugiere que el próximo gobierno debe sostener “una conversación franca con el Consejo Nacional de Seguridad sobre cómo ven a las Agc para superar la narrativa del presidente Duque sobre los reductos. Hay que hacer una lectura juiciosa del presente y del futuro de esta organización y de otras que tienen el poder de desestabilizar las regiones”.

Y agrega: “Hay que pensar en políticas de desmantelamiento y de sometimiento, no sólo con las Agc, pero teniendo en cuenta quiénes son orgánicos, funcionales, subcontratistas, ocasionales, y aquellos que desde distintos sectores de la sociedad y del Estado se han beneficiado. Esa política de sometimiento debe incluir la decisión de Estado de querer descubrir, mostrar y hacer excavación de quiénes están detrás de esas organizaciones”.

Por último, Álvarez Vanegas sugiere que esa política de sometimiento debe ofrecer tres aspectos: ofrecer incentivos a quienes quieran dejar la criminalidad; brindar garantías de seguridad para aquellos que acepten este proceso y aporten a la verdad histórica y jurídica; y procurar el desmonte de la organización más allá de lo militar.

La discusión sobre estas salidas está abierta y mientras se definen alternativas, es necesario alertar sobre el proceso electoral de cara a la cita a las urnas el próximo 29 de mayo y más allá de eso estar atentos a lo que dijo el presidente Duque sobre si las Agc está derrotadas o no.

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Los pueblos indígenas en Colombia han sido golpeados con fuerza por el conflicto armado y padecido un amplio repertorio de violencia, que incluye homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, torturas, atentados, abusos sexuales, reclutamiento forzado de menores de edad y pérdida de tierras.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) realizado en 2018 por el DANE, 1 ‘905.617 de personas se reconocen como indígenas; de ellas, 522.659 hacen parte del registro de la Unidad de Víctimas por hechos ocurridos antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Tal repertorio de crímenes lo que ha buscado es eliminar a los pueblos indígenas y someterlos a prácticas de discriminación, exclusión social y explotación económica, de acuerdo con el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Allí se explica, por ejemplo, que la muerte violenta de personas adultas interrumpe lo que los indígenas consideran como su camino como guardianes de la sabiduría tradicional y la desaparición forzada intensifica el dolor y el sufrimiento al imposibilitar el desarrollo de los rituales de duelo, individuales y colectivos, como parte de sus prácticas ancestrales. (Leer más en: El crimen que rompió la armonía en el norte de Cauca)

Por su parte, la siembra de minas antipersonal y el desplazamiento forzado, al obligarlos a huir de sus territorios, amenazan sus usos y costumbres, y las posibilidades de supervivencia, pues implican un cambio de hábitos de alimentación, de lenguaje y de oficios a los que se dedican.

La guerra alteró las tradiciones indígenas. Y así lo advirtió Hilduara Barliza, directora de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior e integrante de la comunidad Wayuu, durante un conversatorio convocado por la Comisión de Esclarecimiento de Verdad en 2019 para hablar sobre el desplazamiento forzado.

“Nosotras las mujeres indígenas somos de un gran arraigo a nuestro territorio y por eso sufrimos doblemente cuando estamos hablando de un tema de desplazamiento. Nada peor para un indígena que lo obliguen a salir de su territorio. Nosotros tenemos un arraigo super efectivo hacia la madre tierra que es la que nos da el ser. De allí surge toda la cosmovisión que nos sostiene en este pensamiento indigenista”, dijo Barliza en esa ocasión.

Por su parte, el CNMH menciona al respecto que la guerra en el país ha alterado la propiedad y el uso de la tierra, pues los territorios indígenas han sido “sido usados, controlados, usurpados y expropiados para distintos fines” y ha limitado las actividades productivas y sociales que se desarrollaban en ellos.

“Para los pueblos y las comunidades indígenas y afrocolombianas el territorio es la base de su existencia como sujetos colectivos. En él se expresan las relaciones productivas, espirituales, simbólicas y culturales que constituyen sus maneras particulares de acceder, conocer, ser y existir en el mundo”, explica esa entidad estatal en su informe.

Prioridad en el Acuerdo de Paz

Los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz y al progreso socioeconómico del país, pero también han sido objeto de injusticias históricas, por lo que se deben hacer efectivas las garantías para el ejercicio de sus derechos.

Así quedó estipulado en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En ese apartado se detalla que para lograr su implementación es necesario que esas comunidades conserven sus instituciones, culturas, tradiciones y el control de sus territorios, lo que implica la incorporación de una perspectiva étnica y cultural, y su participación en mecanismos judiciales y extrajudiciales. (Leer más en: La exigua implementación del Capítulo Étnico)

En ese sentido, la JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuenta con una Comisión Étnica que tiene como finalidad promover un enfoque racial y una coordinación con las diferentes justicias étnicas, en este caso con la Jurisdicción Especial Indígena.

Esa Comisión adoptó en 2019 un protocolo de coordinación, articulación y diálogo intercultural entre ambas jurisdicciones que busca garantizar el respeto a la justicia propia, la participación de las autoridades, la investigación integral y la justicia, el aporte de pruebas por parte de las víctimas, la progresividad de los derechos, la reparación y protección de los pueblos, la implementación de acciones diferenciales, los análisis de contexto y la caracterización diferencial de los impactos del conflicto por parte del GRAI en el marco de los casos priorizados*.

Jose Miller Hormiga, magistrado de la JEP, dijo en ese año que las dos jurisdicciones son necesarias cuando de alcanzar la paz se trata y que los indígenas apoyan la justicia transicional porque “consideran que es el único camino para construir un país más equitativo, más justo y con una democracia más amplia”.

“Una de las razones de que estemos participando en esta justicia es también contar nuestras verdades, mostrar nuestras realidades, qué es lo que hemos pretendido los pueblos indígenas, es el respeto a nuestros procedimientos, es legitimar nuestras autoridades espirituales”, dijo, por su parte, Lejandrina Pastor Gil, quien pertenece al pueblo Wiwa y se desempeña como consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Pasos lentos

Una de las acciones más recientes de la JEP con víctimas indígenas fue la realización de una audiencia territorial en el resguardo San Lorenzo, del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, luego de que solicitaran proteger posibles lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)

Tras la diligencia, se encontró que en la Unidad de Víctimas no están registradas las desapariciones forzadas que se han denunciado desde el resguardo y que las entidades territoriales en la zona no tenían el suficiente conocimiento sobre las funciones relacionadas con la inhumación, custodia y conservación de cuerpos no identificados e identificados que no han sido reclamados.

En consecuencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó al Ministerio de Interior capacitar a las autoridades territoriales en los temas mencionados.

Durante la visita a San Lorenzo, José Jairo Tapasco, gobernador del resguardo, agradeció a la JEP por su presencia. Sin embargo, otros líderes indígenas le dijeron a VerdadAbierta.com que, si bien la JEP ha hecho acercamientos y reuniones con las comunidades, no se han logrado mayores avances. (Leer más en: Las ‘fracturas’ del resguardo San Lorenzo)

Pero tampoco hay claridad sobre la autonomía con la que cuentan los pueblos indígenas para administrar sus territorios. Javier Cortés Guanga, líder en el departamento de Nariño del pueblo Awá, asegura que la legislación ordinaria no le da “ese reconocimiento que se merece la justicia indígena”.

“¿Cuánto se lleva hablando con la JEP? Uno ya no necesita estar cada rato de reunión en reunión o de taller en taller, uno necesita realmente es respuestas que vayan dándole salida a todas estas situaciones que se han presentado en el territorio (…) Aquí tienen que tomar decisiones mucho más organizativas y políticas”, asegura Cortés.

Se pregunta, por otra parte, cuándo serán sancionados los responsables de los hechos victimizantes y afirma que es necesario que toda la población indígena tenga participación activa en los procesos de la justicia transicional.

“Tiene que hacerse la reparación colectiva como resguardo”, plantea Cortés, “que se escuche a los resguardos indígenas, a las víctimas, a las madres, a la comunidad. Esto no es de sentarse a escuchar a un solo dirigente, sino realmente a quien sufrió las secuelas o los resultados de un conflicto que se vivió y se sigue viviendo todavía en Colombia”.

Pero, incluso, para realizar encuentros existen limitaciones, como la pandemia de Covid-19, que ha impedido convocar y congregar a muchas personas en un mismo lugar. Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Tierralta, del departamento de Córdoba, explica que, aunque él ha logrado entender y adaptarse a los dispositivos tecnológicos, para otros indígenas no ha sido una tarea fácil.

Por su parte, Plácido Bailarín, secretario ejecutivo de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) afirma que en ese departamento la expectativa es que haya una aproximación a la Mesa Indígena, pues, de momento, no hay visitas constantes o una articulación de trabajo.

“Nosotros, cuando recién nació la JEP, estuvimos muy a la expectativa. Incluso llegamos a reunirnos y también dimos nuestro aporte en el sentido de cómo se podían coordinar y trabajar en los territorios cuando se instalaran oficialmente (…) Es una institución bastante interesante, todavía hay tiempo para hacer trabajos”, expresa con una visión optimista.

Retos al presentar informes

En enero de 2020, la JEP emitió un auto en el que acreditó, en el marco del Caso 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur de Valle del Cauca, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), del cual hacen parte 31 cabildos y resguardos pertenecientes a los pueblos originarios Nasa y Misak.

Esto sucedió luego de que la ACIN enviara su solicitud de acreditación argumentando que varias comunidades indígenas fueron agredidas por grupos armados, como la extinta guerrilla de las Farc y grupos paramilitares, que acusaban a los pobladores de apoyar a quien consideraban el enemigo y causaban enfrentamientos en los que la población civil estaba en medio, afectando viviendas y colegios.

En relación al Caso 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño, para noviembre de 2019 se dio la acreditación como sujeto colectivo al ‘Katsa Su’, gran territorio Awá, y a 32 cabildos indígenas asociados y representados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, que en 2018 había presentado un documento a la JEP exponiendo las afectaciones de las que la comunidad fue víctima. (Leer más en: Indígenas de Nariño, a la espera de la JEP)

En ese orden de ideas, las acreditaciones normalmente están seguidas de informes, pero estos “requieren de una capacidad adelantada académicamente y las comunidades indígenas carecen de eso”, dice Triana, a quien los indígenas recurren para pedirle que les ayude a gestionar nuevas visitas de la JEP.

Pese a que esa instancia de justicia transicional dispuso desde su creación de una cartilla informativa que contiene los requisitos para presentar informes y ya ha hecho jornadas de capacitación a víctimas individuales y colectivas, las medidas parecen no ser suficientes todavía para los indígenas, quienes hasta ahora han presentado 12 documentos de ese tipo.

El número es bajo teniendo en cuenta que se han entregado, en total, 366 informes: 179 de organizaciones de derechos humanos, 131 de entidades estatales, 28 de otras organizaciones, 14 de organizaciones afrocolombianas y 2 de organizaciones internacionales.

Para fortuna de las comunidades indígenas, el pasado 12 de julio se anunció una ampliación del plazo para enviar informes a la JEP, lo que significa que la nueva fecha límite es el 22 de marzo del próximo año. “Ya nos queda un espacio de poder socializar un poco con la jurisdicción”, asegura Triana con un recibimiento positivo a la noticia.

Eso no fue todo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le ordenó a la Secretaría Ejecutiva y a la Subdirección de Cooperación Internacional de la JEP facilitar procesos de pedagogía y acompañamiento a las organizaciones para que puedan presentar informes desde cualquier lugar donde se encuentren ubicados.

No obstante, aunque esa medida tuviese éxito, a los ya mencionados obstáculos se suma la continua violencia contra los líderes indígenas, un hecho que dificulta dar pasos para alcanzar la paz. Desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 9 de junio de 2020 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz contabilizó 242 homicidios de indígenas. Este año, hasta el 17 de julio, la cifra es de 31.

La organización Human Rights Watch advirtió en febrero pasado que algunos han sido asesinados por oponerse a la presencia de grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios ancestrales. Un caso, entre muchos, es el de Demetrio Barrera Díaz, un indígena de 32 años que fue asesinado en 2019 luego de ser amenazado, según sus allegados, por las disidencias de las Farc tras oponerse al reclutamiento de menores de edad.

En el norte de Cauca, los Nasa padecen una de las situaciones más graves, pues el oponerse a la presencia de grupos armados en sus resguardos y hacer control territorial, destruyendo material de guerra y cargamentos de drogas incautados, tiene contra las cuerdas a la Guardia Indígena y sus gobernadores, quienes han pagado con sangre su ejercicio de autoridad.

Entre el 19 de abril de 2017 y el 20 de abril de 2020, fueron asesinados Gerson Acosta Salazar, Edwin Dagua Ipia, Cristina Bautista Taquinás y Sandra Liliana Peña Chocué, mientras ejercían su rol de autoridad étnica. (Leer más en: La dolorosa e incesante cuenta de cobro a los Nasa)

“Hay un fracaso en los acuerdos de paz porque las comunidades depositamos el voto de confianza en un trabajo que adelantó, no de manera directa las comunidades con las Farc y el Estado, sino el Estado con las Farc. De una u otra manera, nosotros somos el territorio porque somos los que habitamos el territorio. El gobierno no cumplió, las Farc quién sabe cuál era el objetivo de ellos al final de todo”, expresa Cortés.

Y señala este líder del pueblo Awá que, actualmente, los territorios indígenas siguen siendo minados y las personas desplazadas: “Todo esto ha sido un fracaso y una burla para las comunidades. Hemos tenido que poner los muertos en los territorios ¿De qué paz realmente estamos hablando?”.

* VerdadAbierta.com le preguntó a la JEP sobre las acciones que se han adelantado desde la Comisión Étnica y sobre la acreditación de víctimas indígenas, sin embargo, hasta la fecha de cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

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El 1 de febrero de 2017, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, desde la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Pondores, ubicada en La Guajira, le anunció al mundo que ese día se realzaría “la última marcha de las Farc”, pues allí se concentrarían los últimos insurgentes que dejarían sus armas para transitar a la legalidad. En ese momento, muchos colombianos soñaban con que se cerrara de una vez y para siempre uno de los capítulos más dolorosos de la historia, y que el nombre de las Farc no volviera estar asociado con violencia, sino con construcción de paz.

Sin embargo, cuatro años y seis meses después, existe una treintena de grupos armados ilegales que delinquen en buena parte del territorio nacional usando distintivos, nombres y discursos asociados a la otrora guerrilla. Se trata de organizaciones criminales creadas por excombatientes que no se vincularon con el Acuerdo de Paz (disidentes) o lo abandonaron tras el inicio de su implementación (rearmados), luego de que fuera firmado el 24 de noviembre de 2016.

Aunque la conformación de grupos de disidencias y rearmados es normal tras la firma de acuerdos de paz, y ha sucedido en otros países, en Colombia han crecido de manera paulatina en medio de desinformación, miradas simplistas, políticas erradas y mentiras por parte de funcionarios estatales y líderes de opinión. Para arrojar luces sobre esa compleja situación y tener herramientas que permitan comprender sus lógicas, CORE realizó la investigación Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución.

De entrada, el informe, que se sustenta en trabajo de campo en varios departamentos afectados por el accionar de esos nuevos grupos armados y en revisión de abundante documentación, descarta una posibilidad que desde distintos sectores han puesto a rodar, causándole gran temor a los colombianos: que las disidencias están en proceso de refundar a las extintas Farc y retornarán los niveles de violencia de antaño.

CORE plantea tres argumentos en contra. La falta de tiempo, pues a las antiguas Farc les tomó 30 años alcanzar el poder militar, económico, político y territorial que ostentaron; que las disidencias se encuentran en un proceso de consolidación; y que, en la actualidad, no cuentan con las condiciones para lograr un carácter nacional como las extintas Farc, porque carecen de legitimidad y la base social que logró la antigua guerrilla tramita sus reivindicaciones a través de sus propios procesos organizativos.

No obstante, tampoco las minimiza y hace hincapié en que cada grupo posee particularidades que los diferencia, alejándolos de ser un cuerpo homogéneo. Por ejemplo, plantea que tienen diversas razones para seguir en armas, más allá de intereses económicos o políticos: “Rechazan el liderazgo de la extinta guerrilla; creen que el Acuerdo no resuelve los problemas de Colombia y hasta lo han calificado de traición; consideran que negociar es anti-fariano; quieren seguir haciendo parte de las economías ilegales; y/o tenían desacuerdos con líderes guerrilleros particulares”.

¿Cómo son?

Actualmente, las disidencias de las Farc son estructuras de alcance subregional y local, lideradas en algunos casos por experimentados exjefes de las Farc; asimismo, otras son estructuras más locales que no responden a grupos más grandes ni a líneas de mando.

Por lo general se nutren de nuevos reclutas, “quienes ya no tienen la misma formación política ni militar e incluso casos de amalgamamiento entre disidencias y grupos criminales preexistentes, como el Comando de Fronteras en Putumayo, que está compuesto por exintegrantes del frente 48 y La Constru (grupo dedicado al crimen trasnacional). Igualmente, a pesar de que ondeen las banderas y reivindicaciones de las antiguas FARC-EP, no tienen una estructura militar como la que alcanzó esa guerrilla”.

Paralelamente, se han ido consolidando dos grandes disidencias: la de ‘Gentil Duarte’, quien en junio de 2016 se alejó de las negociaciones de paz y declaró que no dejaría las armas, conformando los primeros grupos disidentes en los Llanos Orientales; y la de ‘Iván Márquez’, quien fue el jefe del equipo negociador de las Farc en Cuba y se reamó en agosto de 2019, junto con otros exjefes de las Farc, creando la denominada Segunda Marquetalia.

CORE identificó que ambos grupos “han venido compitiendo indirectamente por tener injerencia o satélites en diferentes regiones, aprovechando redes preexistentes y el acumulado político, militar, social y económico que dejaron sus principales líderes cuando estuvieron en las FARC-EP”. En medio de esa necesidad de expansión territorial, ambos grupos realizan acuerdos con disidencias locales, pero es no implica que “haya una relación de subordinación, ni de coordinación permanente”.

La investigación ahonda en ese punto y pone como ejemplo la relación de ‘Gentil Duarte’ con diferentes disidencias: “El (Frente) Décimo, el 33, la Columna Móvil Jaime Martínez y la Columna Móvil Dagoberto Ramos ahora se coordinan con ‘Duarte’. Sin embargo, estas alianzas no se traducen en la configuración de una estructura única y amplia, que ‘Duarte’ comande como jefe único. De hecho, la evidencia muestra que hay mucha autonomía e independencia; ‘Duarte’ parece tener un mando claro solamente en su relación con alias ‘Jhonier’, comandante del Comando Coordinador del Occidente (CCO), sin tener control completo y directo sobre las unidades del CCO. En este sentido, Duarte ha ido articulando grupos que ya existían en lo local de una forma de abajo hacia arriba”.

En contraparte, ‘Iván Márquez’ le ha apostado a una estrategia inversa. “La Segunda Marquetalia ha revivido unidades en diferentes partes del país –la Columna Móvil Teófilo Forero en Caquetá y Huila y el Bloque Martin Caballero en el Caribe– intentando aprovechar el acumulado que les dejó décadas de pertenencia a las FARC-EP; también ha creado otras, como el comando Danilo García en Catatumbo; y negocia para incorporar otras existentes, como el frente 18 en Antioquia y los Comandos de Frontera en Putumayo. En teoría, tiene un papel de mando vertical con todas, aunque no se sabe qué tan real es ese mando”, identifica CORE.

Por otro lado, señala que existen estructuras eminentemente locales, “aún en formación, que no buscan el paraguas de las más grandes y apuestan por proyectos independientes que eventualmente las llevan a coordinar y forjar alianzas con estructuras criminales preexistentes”.

CORE identificó tres tipos de liderazgos en esas estructuras armadas. Uno estampado por antiguos miembros de las Farc que desempeñaron roles en instancias importantes como el Secretariado General y comandancias en diferentes niveles. Dichos grupos se caracterizan por tener formación política, experiencia de guerra, extensas redes de contactos y capacidad de diálogo con comunidades.

‘Gentil Duarte’ y ‘El Paisa’ representan esa situación, pues el primero fue coordinador de la zona del bajo Ariari, a cargo de los frentes 7, 22, 27, 43, 42 y Camilo Torres, y hacía parte del Estado Mayor del Bloque Oriental; y el segundo fue comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, reconocida como la ‘unidad de élite’ de las Farc, y estuvo durante más de 30 alzado en armas.

El segundo es ejercido por exintegrantes de las Farc que no alcanzaron a tener roles importantes de mando: “No tienen una alta formación ni vocación política, se muestran más predatorios hacia la población y no miden los costos políticos de este tipo de comportamientos. No es clara su intención de construir una base social política y son más susceptibles a ser influenciados y cooptados por narcos locales y emisarios de carteles internacionales –agentes de los que antes se encargaban comisiones financieras de la antigua guerrilla–”.

Alias ‘Guacho’, abatido jefe del Frente Oliver Sinisterra, y su sucesor, alias ‘Gringo’, representan esta situación, ya que fueron cabecillas de comisión y se centraron en labores financieras en las antiguas Farc.

Finalmente, el último liderazgo lo ejercen personas con poco reconocimiento por parte de las autoridades y de la opinión pública. “Por un lado, están los exmilicianos, quienes por su naturaleza clandestina son poco conocidos para el país, pero sí para comunidades locales y sus antiguos compañeros que continúan en el proceso de paz o lideran grupos disidentes”, indica el informe. Como ejemplo se encuentra ‘Jhon Mechas’, jefe de la disidencia del Frente 33, en el Catatumbo, quien fue el encargado de las milicias y no se vinculó al Acuerdo de Paz

Composición y relacionamiento

La necesidad de crecer en números para aumentar sus espacios de injerencia, ha llevado a las disidencias a reclutar a personas sin trayectoria la guerra, con “escasa o nula formación política”. También se han nutrido por medio subcontratación de redes de crimen organizado y de milicianos que quedaron por fuera de la dejación de armas.

Sobre estos últimos, el informe apela a cifras de inteligencia militar que, en 2015, estableció que las Farc contaban 7.686 integrantes en sus milicias, que se encontraban en la clandestinidad. Tres años después, cuando ya había concluido la dejación de armas, tan sólo habían sido acreditados 3.300, con lo cual, más de la mitad quedó por fuera del proceso de paz.

En parte, esa situación ocurrió “porque las FARC-EP no querían reconocerlos o porque terminaron colando gente en los listados que después fue excluida. Alias ‘Andrés’ o ‘El Mocho’, comandante del Carlos Patiño, sería un miembro de la Columna Móvil Jacobo Arenas no reconocido por las FARC-EP y por eso siguió en el conflicto”.

Y agrega: “Hubo milicias que no tuvieron formación y operaron más como aparatos delincuenciales y ruedas sueltas que no vieron ningún incentivo en acercarse a las zonas veredales donde se llevó a cabo el desarme, tal como ocurría con algunos milicianos de la Columna Móvil Teófilo Forero, quienes ahora están vinculados con la Unidad Óscar Mondragón en Algeciras, Huila. Lo mismo sucedió con la mayoría de los milicianos de la Columna Móvil Daniel Aldana en Tumaco, quienes lideran y componen las disidencias en ese y otros municipios”.

Hoy en día, esas personas se han convertido en un activo valioso para quienes “requieren reactivar estrategias de vigilancia e inteligencia en zonas urbanas, al punto que algunos hoy en día han pasado a liderar estructuras disidentes”.

Las diferentes trayectorias de guerra y niveles de formación de las disidencias, tanto a nivel de integrantes como de jefes, han llevado a que su relacionamiento con la población civil sea variado.

“Las interacciones entre grupos armados y poblaciones varían y esto no ha sido la excepción con las estructuras disidentes, que han mostrado desde comportamientos sumamente predatorios hasta actitudes de respeto y de no intromisión, que también han cambiado en el tiempo”, indica la investigación.

De ese modo, “en unos casos han retomado los legados de las antiguas FARC-EP y han respetado o se han mantenido neutrales frente a procesos de base o comunidades con instituciones internas fuertes. En otros casos estos grupos no las observan porque carecen de liderazgos con formación política, no tienen disciplina interna, están guiados por la obtención de rentas ilícitas, las acusan de estar vinculadas con sus enemigos y/o sus financiadores no observan ninguna ventaja en respetar poblaciones”.

Un ejemplo de la anterior situación lo ilustra el Frente Carlos Patiño, que, en Argelia y en El Tambo, municipios ubicados en el sur de Cauca, ha asesinado a varios miembros de la Cumbre Nacional Agraria y amenazado a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, acusándolos de trabajar para narcotraficantes.

La investigación alerta que también “inciden en la forma en que actúan con la población los nuevos liderazgos sin formación política, quienes no calculan los costos de tener una actitud predatoria. La dependencia directa de narcos locales y emisarios de carteles internacionales también ha hecho que estos grupos den prelación a la dinamización de rentas ilegales sin necesariamente construir bases mínimas de respeto frente a procesos o liderazgos locales”.

Impacto en el proceso de paz

CORE establece que las disidencias son una de las principales amenazas para la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz. Los riesgos recaen sobre las garantías de seguridad para líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.

“Estos grupos han atentado contra programas como el de sustitución de cultivos de uso ilícito o el de desminado, y son un riesgo para el trabajo en campo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). También siguen siendo una de las principales amenazas del proceso de reincorporación, al punto de infiltrar antiguos ETCR para hacer vigilancia e inteligencia”.

Asimismo, la investigación aclara que el relacionamiento de las disidencias con el Acuerdo de Paz, al igual que su accionar y trayectoria, no es uniforme, pues han reacción de diferentes maneras: “Una ha sido tratando de mostrar las contradicciones, falencias y demoras de la implementación como una manera de reivindicar y validar los motivos por los que entraron en disidencias o reincidieron. Lo han hecho a través de panfletos, comunicados, redes sociales y hasta libros, lo cual también es una forma de atribuirse una identidad y mostrar la competencia que hay entre estos grupos por revivir a las FARC-EP y sus mitos fundacionales”.

Otras se han opuesto a la Reforma Rural Integral. CORE documentó que en el sur de Meta, Guaviare y Caquetá no se ha podido avanzar con el barrido predial por amenazas de disidencias. Por otro lado, el Bloque Jorge Briceño ha expulsado a guardabosques de Parques Nacionales Naturales, quienes están a cargo de implementar el catastro multipropósito.

Y sus acciones también se han enfilado contra excombatientes en vía de reincorporación. “El conocimiento que tienen de quienes se apegaron al proceso, incluyendo su núcleo familiar y redes sociales más extensas, los ha convertido en un factor de riesgo aún más grave que otros grupos armados ilegales”, advierte la investigación.

Pero sus acciones van más allá de la persecución violenta, y algunas disidencias intentan reclutar a quienes siguen firmes con el proceso de paz, “especialmente los que tienen suficiente conocimiento y experiencia para el control territorial o actividades económicas”. Por ejemplo, cita el informe, la Segunda Marquetalia ha intentado convencer a excombatientes de que se le unan con el argumento de que los están matando y que “así empezó el genocidio de la Unión Patriótica”. Y, a la par, es “responsable de desplazamientos de los excombatientes, como ocurrió con el Frente 18 en Ituango, en Antioquia, y el 40 en Uribe, Meta”.

También han sido un obstáculo para la participación política de los miembros del partido que político que fue fundado tras la dejación de armas, el cual pasó de llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), a Comunes. “Las disidencias han atacado y amenazado a diferentes comisiones del Partido Comunes, como en Arauca y Catatumbo, y han amenazado a líderes y miembros del Partido. Al nivel más macro, la injerencia de estos grupos limitó la capacidad de los Comunes de participar efectivamente en las elecciones regionales del 2019”.

Esas son las principales caras que han exhibido las disidencias de las Farc en sus primeros cinco años de existencia. Algunas intentan seguir los antiguos principios de la otrora guerrilla más antigua del continente, mientras que otras “están en camino de convertirse en grupos especializados en prestar servicios para segmentos más poderosos del crimen organizado nacional y transnacional, que son los que justamente lo están financiando hoy en día, como los Comandos de la Frontera en Putumayo, y FOS (Frente Oliver Sinisterra) en Nariño”.

El informe concluye haciendo un llamado para tener un debate público abierto y franco sobre el alcance de las disidencias, con el que se pueda contener su accionar, sin caer en “la falsa dicotomía de que estos grupos o son algo residual o son la refundación de las antiguas FARC-EP”. Adicionalmente, plantea que es prioritario implementar una nueva estrategia de estabilización territorial, bajo un liderazgo civil y unificado, que reduzca la violencia y recupere la confianza de la ciudadanía hacía la Fuerza Pública. Y alerta: “Cualquier estrategia de este tipo debe tener sentido de oportunidad y no puede esperar a que el conflicto se reactive, que es lo que ya ha venido sucediendo en varias subregiones”.

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