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En 2010, en medio de la conmemoración del segundo bicentenario de la independencia de Colombia, en esa región del Caribe un grupo de líderes sociales decidieron organizarse para denunciar los atropellos que padecen por parte de grupos armados y defender los derechos humanos de las comunidades asentadas en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. En 2015 adquirió su personería jurídica.

“Nos echamos al hombro el tema de política de paz y de derechos humanos, creando los consejos municipales de paz, los comités municipales de derechos humanos, impulsando plataformas de derechos humanos en el sur de Córdoba. Al día de hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad el Consejo Departamental de Paz, como Secretaría Técnica; la Mesa de Garantías para Líderes y Defensores Departamental; y coordinamos la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba”, explica Andrés Chica, director de Cordoberxia.

A pesar de haber sufrido múltiples amenazas y atentados, no ha claudicado en su labor ni le da temor en ser citado en informes y notas periodísticas. “¿Por qué? A estas alturas del partido ya no hay forma de esconderse y soy muy público”, dice con tono de desaliento y con la convicción de luchar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas, indígenas, afordescendientes y LGBTI que hacen parte de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.

Desde el 5 de mayo de 2018, Chica y otros integrantes de Cordoberxia cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por esa razón, hacen parte del Programa Integral de Seguridad y Protección, creado por el Decreto 660 de 2018, que está bajo la tutela del Ministerio del Interior.

“Esas medidas nos la dieron por las amenazas. Se logró demostrar ante la CIDH que somos víctimas de asesinatos selectivos, persecución y en el caso mío, que me hicieron un montaje judicial para meterme preso y he sido víctima de tres atentados. El resto del equipo también ha sufrido ataques y hay compañeros por fuera del país. Tenemos gente desaparecida y estamos tratando de encontrarla con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos 37 líderes asesinados en Córdoba entre 2016 y abril de 2021”, lamenta el director de la Fundación.

Además de las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diferentes grupos armados, los habitantes de Córdoba han padecido otro gran flagelo: la corrupción de su clase dirigente.

“Para nadie es un secreto que en Córdoba se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y por eso se dieron con tanta fuerza el fenómeno del paramilitarismo y de la parapolítica. Enfrentarse a eso es complejo y además está la corrupción política. Los tres últimos gobernadores han sido inhabilitados por la Procuraduría y los cinco anteriores condenados por parapolítica. En un departamento con 18 gobernadores, y que el 50 por ciento haya sido sancionado por este tipo de delitos, denota lo complicado que es defender derechos humanos”, resume Chica.

A pesar de los costos traducidos en zozobra y muerte, los líderes sociales de esa región caribeña no bajan los brazos. Uno de sus referentes es Cristina Bautista Taquinás, gobernadora del resguardo indígena de Tacueyó, que fue masacrada con cuatro miembros de la Guardia Indígena, por oponerse a las disidencias de las Farc en Cauca. “A mí me gusta mucho la frase de la gobernadora Liliana. Ella decía: ‘Si hablamos, nos matan; y si no hablamos, también nos matan’. Acá aplicamos lo mismo. Si nos quedamos callados, nos van a matar la corrupción y los grupos armados, entonces que nos maten hablando”, cuenta el director de Cordoberxia.

Y prosigue: “Eso ya lo tenemos muy interiorizado en la organización: echar hacia atrás no es una opción, hay que seguir avanzando hasta donde nos llegue el agua”.

La implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc también es una de las banderas de esta red de 136 organizaciones sociales. Su aplicación les ha generado tristezas y alegrías parciales.

En materia de orden público, ahora padecen la violencia de tres grupos armados, todos originarios de hombres que dejaron las armas y las retomaron tras firmar tratados de paz. En sus veredas desfilan hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, un reducto de las Auc; el Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocido como ‘Los Caparrapos’, disidencia de los ‘gaitanistas’; y el Nuevo Frente 18, disidente de las Farc. (Leer más en: ¿De dónde vienen las balas contra los líderes sociales?)

El pasado 10 de febrero Cordobexia presentó un informe en el que valora la implementación del Acuerdo de Paz, concretamente sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Considera que, más de cuatro años después de la aplicación de esas políticas de posconflicto, su ritmo va “a medias”.

Sobre el PDET indica que “existen avances representados en pequeñas obras comunitarias, la inclusión de proyectos relacionados en los planes de desarrollo municipal y la aprobación de otros con recursos de regalías para infraestructura vial y soluciones alternativas de energía. No obstante, las organizaciones sociales y las comunidades no tienen un mecanismo que les garantice participar de la toma de decisiones sobre su territorio”.

Y en cuanto al PNIS, lamenta los retrasos en el pago de subsidios y ejecución de proyectos productivos de familias que decidieron erradicar sus matas de coca para vincularse a una economía agrícola formal. Además, registra que, hasta el pasado mes de julio, nueve personas que se vincularon a ese programa de sustitución voluntaria fueron asesinadas en el sur de Córdoba.

Nota de la redacción: Este artículo hace parte de la campaña #EsConmigo, desarrollada por el Programa Somos Defensores, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y la agencia de publicidad Sancho. En VerdadaAbierta.com nos sumamos a ella porque consideramos que visibilizar la labor de los líderes sociales puede ser un mecanismo de protección contra la violencia que padecen y destacamos la importancia de su labor para construir un país más justo.

• Consulte la entrega sobre el pueblo Awá: “Un indígena sin territorio no es indígena”.

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Respuesta coordinada y ordenada del Estado para combatir los cultivos ilícitos; consolidar la seguridad, la legitimidad institucional a la vez que reducir la pobreza y la desigualdad en territorios afectados por la violencia. Así definió el presidente Duque Márquez las llamadas Zonas Futuro. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que a dichas zonas arribarán militares estadounidenses para asesorar a sus pares militares colombianos en la lucha contra el narcotráfico.

Territorios estratégicos que han sido fuertemente afectados por la presencia de economías ilícitas, la violencia, el crimen organizado o el narcotráfico; donde la presencia institucional es precaria y donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es bastante alto; existe un amplio déficit en el goce de derechos y en la legitimidad institucional y, por tanto, demandan una intervención con seguridad y justicia pero también una respuesta coordinada y ordenada por parte de las entidades del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Fue así como el presidente de la República, Iván Duque Márquez, definió las llamadas “Zonas Futuro” aquella tarde del 8 de agosto de 2019 cuando, en evento público realizado en el municipio de Tumaco, puerto sobre el Pacífico nariñense, que contó con la presencia de autoridades locales y regionales, presentó públicamente esta estrategia de intervención mediante la cual se busca sustituir economías ilícitas por lícitas, desarticular grupos armados ilegales, combatir el narcotráfico y disminuir los índices de pobreza, desigualdad e inequidad en dichos territorios.

Se trata de una iniciativa que nació tras la promulgación de la Ley 1941, fechada el 18 de diciembre de 2018, que facultó al Consejo de Seguridad Nacional a declarar “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII).

Tras definir las ZEII a intervenir, en este caso el Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo, en Norte de Santander; el departamento de Arauca y el Parque Nacional Natural de Chibiriquete y parques nacionales aledaños, el gobierno nacional le asignó a esta estrategia una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz mediante Decreto 1438 del 9 de agosto de 2019 y reglamentó su funcionamiento a través del Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019.

De acuerdo con los diagnósticos del gobierno nacional, la priorización de estas regiones obedeció a que allí se concentra el 56 por ciento del total de hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el país, según mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Asimismo, se comete el 45 por ciento de los asesinatos de líderes sociales; y la deforestación de los parques nacionales ubicados en estos territorios (cuatro en total: Paramillo, Sanquianga, La Macarena y Chibiriquete) supera el 40 por ciento.

De ahí que, tal como lo sostuvo el presidente Duque Márquez aquella tarde en Tumaco, la estrategia permitirá intervenir directamente unas 32 mil hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, afectar fuertemente las economías ilegales, proteger la vida de los ciudadanos y los parques nacionales naturales. Y agregó además que con esta intervención se acelerará la implementación del Acuerdo de Paz gracias a la confluencia de municipios donde se ejecutarán Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las Zonas Futuro.

“El mensaje es claro: vamos a trabajar por ustedes y con ustedes; en este esfuerzo, todos sumamos lo mejor de nuestras energías. Está lo mejor de la Fuerza Pública; está lo mejor del brazo social del Estado; está lo mejor de la coordinación y está también la deseada armonía en el trabajo diario con los gobernadores y alcaldes”, les dijo Duque a los tumaqueños esa tarde del 8 de agosto del año pasado.

Lo que no dijo el mandatario de los colombianos esa tarde es que dicha estrategia de intervención contaría con la asesoría de militares extranjeros, en este caso, de los Estados Unidos, hecho que ha despertado fuertes rechazos y pronunciamientos por parte de plataformas de derechos humanos en todo el país.

De acuerdo con las explicaciones entregadas por el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, el arribo de 54 militares estadounidenses adscritos a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (Sfab) del Comando Sur de EE.UU., que comenzaron a llegar al país desde el pasado 1 de junio, se rige por un acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Estados para para reforzar la lucha contra el narcotráfico, particularmente en las Zonas Futuro.

El pasado 4 de junio, ante la plenaria virtual del Senado de la República, el jefe de la Cartera de Defensa, ratificó que “con esta asesoría sobre procedimientos y tácticas, se busca mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico en zonas que fueron priorizadas por el gobierno nacional. El personal de la Sfab de EE.UU., no participará en ningún tipo de operación militar, ni estará en terreno”.

Las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo no logran calmar los ánimos de sectores políticos que advierten una violación a la soberanía nacional y de la Constitución Política por cuenta de la llegada de militares extranjeros sin la aprobación del Congreso de la República.

Por su parte, organizaciones campesinas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos que desarrollan sus labores en los municipios que conforman las Zonas Futuro advierten que esta es una estrategia netamente militar, que privilegia la asesoría militar extranjera en detrimento del diálogo con las comunidades, lo que podría incrementar las violaciones a los derechos humanos.

Bota militar: la preocupación

“Sobre ese tema de las Zonas Futuro pues, qué le digo, poco sabemos. Sabemos que el gobierno nacional quiere adelantar erradicación forzada aquí en el territorio y ahora disque va a traer militares extranjeros. Y eso nos preocupa mucho porque, por lo menos aquí en el Pacífico, hay unas condiciones sociales especiales que hay que tener en cuenta. Eso puede ser delicado pues podrían incrementarse las violaciones a los derechos humanos”, respondió un líder de comunidades negras del municipio de Tumaco cuando este portal le pidió su opinión sobre las denominadas Zonas Futuro.

Su respuesta, corta y reticente, deja entrever la preocupación e incertidumbre de las comunidades del Pacífico Nariñense, que constituye una de las llamadas Zonas Futuro, frente al tipo de intervención que se desarrollará allí.

Inquietud similar refieren líderes sociales del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, quienes advierten además que esta estrategia de intervención del gobierno nacional va en contravía de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano, a través del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y la extinta guerrilla de las Farc.

“¿Por qué decimos eso? Porque para que lleguen las ayudas sociales no necesitamos la intervención militar. Las ‘Zonas Futuro’ son responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional y la política social del Estado no tiene por qué estar en manos de militares, para eso están otras entidades del Estado”, señaló Arnobi Zapata, reconocido defensor de derechos humanos del Sur de Córdoba, miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y del capítulo Córdoba de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

La “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño la integran 227 veredas de los municipios antioqueños de Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza, así como otras 125 veredas de los municipios cordobeses de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

Esta vasta región es escenario de una férrea confrontación armada que protagonizan las disidencias de las Farc (Frente 18-Cacique Coyará y Frente 36); la guerrilla del Eln; las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’ y una disidencia de este grupo armado conocida como ‘Los Caparrapos’ (también nombrados como ‘Caparros’).

Según mediciones del Simci, la presencia de cultivos de hoja de coca en estos municipios alcanza una cifra cercana a las 18 mil hectáreas, las cuales serán intervenidas por las Fuerzas Militares en el marco de la implementación de las Zonas Futuro. “Eso nos preocupa porque podrían incrementarse las violaciones a los derechos humanos, como ya lo estamos viendo en las jornadas de erradicación forzada que se están llevando a cabo, por ejemplo, acá en el Sur de Córdoba”, sostuvo Zapata.

En efecto, denuncias de organizaciones campesinas de municipios como Tierralta consignan hechos como el registrado el pasado 12 de febrero, cuando tropas de la Policía Antinarcóticos ingresaron a las veredas Riosucio, La Soledad, San Juan Medio, Alto San Juan, William y San Cipriano para adelantar erradicaciones forzadas y terminaron enfrentados en una batalla campal contra los campesinos cocaleros. Paradójicamente, las veredas en cuestión hacen parte de la “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca.

Hechos similares fueron denunciados en marzo y abril pasados por organizaciones campesinas de los municipios antioqueños de Toledo, Ituango, Valdivia y Tarazá, estos tres últimos, integrantes de la “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las denuncias, tropas del Ejército Nacional adelantaron jornadas de erradicación en veredas de estos municipios en medio del Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional desde la media noche del pasado 24 de marzo para frenar el avance de la covid-19 y en veredas que previamente suscribieron acuerdos individuales para sustituir en el marco del Plan Nacional de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“El Ejército cuando ingresa a estos territorios cocaleros suele creer que los campesinos son guerrilleros o paramilitares o que están involucrados en el conflicto armado. Entonces, no los trata como ciudadanos sino como enemigos y esa ‘ideología’ de las fuerzas militares pues hará que se incrementen las violaciones a los derechos humanos”, resaltó Zapata, quien recordó la muerte de un campesino en Anorí, Antioquia, el pasado 21 de mayo, cuando tropas del Ejército ingresaron a la vereda Tenche Bajo para adelantar jornadas de erradicación forzada.

“El Ejército ha ingresado en los territorios atropellando a los campesinos, como fue lo que ocurrió en Anorí, donde un soldado consideró que un campesino que estaba en una casa era un comandante de la guerrilla y le disparó así sin más. Eso es lo que puede pasar cuando dicen que la Fuerza Pública será la responsable de la inversión social en un territorio y a eso súmele que habrá militares gringos haciendo quién sabe qué. Los riesgos de violaciones a los derechos humanos son grandes”, agregó el líder social.

La misma preocupación embarga a Pedro Arenas, investigador de la organización Viso Mutop y quien desde hace varias décadas acompaña y asesora comunidades campesinas en Meta, Guaviare y del sur del país en general. A su juicio, las Zonas Futuro son escenarios donde se privilegiará la intervención militar en nombre de la lucha contra el narcotráfico, lo que significa, en otras palabras, una lucha frontal contra el campesinado cocalero.

“En efecto, allí hay un escenario que puede llevar a un incremento de las violaciones de derechos humanos justo donde las comunidades históricamente han reclamado, primero, que no necesitan más tropas, sino que respeten sus derechos fundamentales y que les lleven inversión social”.

Zonas Futuro: ¿política antidrogas vía erradicación?

A juicio de Arenas, “para el gobierno nacional la política antidrogas es la militarización de los territorios vía programas gubernamentales como ‘Zonas Futuro’, que no es otra cosa que una nueva fase de la política de consolidación territorial. Ese es el discurso oficial, esa es la estrategia prioritaria, dejando de lado los discursos de construcción de paz asociados al Acuerdo de Paz”.

La preocupación de Arenas, de otros investigadores sociales y de organizaciones campesinas es que la erradicación forzada se está convirtiendo en un campo de batalla donde se están incrementando las violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con denuncias recopiladas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), en lo que va corrido del año tres campesinos cocaleros han terminado muertos por heridas de armas de fuego y un número indeterminado de labriegos han resultado herido de consideración luego de registrarse fuertes enfrentamientos con la Fuerza Pública en el marco de operaciones de erradicación forzada. Dos de los hechos ocurrieron en municipios de Zonas Futuro: Anorí (Antioquia) y Sardinata (Catatumbo, Norte de Santander).

El hecho más reciente se registró el pasado 4 de junio, cuando tropas de la Policía Antinarcóticos, acompañados de soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incursionaron en la vereda Tercer Milenio, municipio de Vista Hermosa, en Meta, para adelantar erradicaciones forzadas y terminaron enfrascados en una batalla campal con los campesinos cocaleros que dejó seis labriegos heridos, varios de ellos de consideración.

Si bien a través de comunicado público, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega señaló que las tropas fueron constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho, lo que demandó el uso de medidas disuasivas contra los campesinos que “adelantan esta acción hacia las tropas bajo la presión ejercida por alias ‘Gentil Duarte”, lo que advierten desde Coccam y otras organizaciones campesinas es que los labriegos cocaleros de esta vereda habían manifestado reiteradamente su intención de sustituir voluntariamente, sin que hubieran recibido a la fecha respuesta positiva.

Cabe recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (que opera en Meta), junto con las Fuerzas de Tarea Conjuntas Vulcano (Catatumbo) y Hércules (Pacífico Nariñense), serán las que recibirán asistencia y cooperación por parte de los 54 militares estadounidenses adscritos a la Sfab del Comando Sur de EE.UU.

Por su parte, un informe recientemente publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza el comportamiento de las jornadas de erradicación forzada en 2020, advierte que desde marzo a la fecha, se registraron 15 hechos en 13 municipios donde las comunidades se enfrentaron a la Fuerza Pública para oponerse a las acciones de erradicación.

El informe revela, además, que en el 82 por ciento de los municipios que hacen parte del Pnis se registraron operaciones de erradicación forzada y que nueve de los 13 municipios donde se presentaron incidentes hacían parte de este programa.

Si bien el informe detalla que entre enero y abril de este año fueron erradicas a la fuerza unas 17 mil hectáreas, lo que representa una disminución en 6.500 hectáreas con respecto al mismo periodo del año pasado, también deja claro que durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional para frenar la propagación de la covid-19, se incrementaron estos procesos, incluso en municipios que conforman las Zonas Futuro.

“Durante la pandemia, la Fuerza Pública sí erradicó en más municipios e intensificó su accionar en zonas donde había sido difícil avanzar. Entre marzo y abril la Fuerza Pública realizó erradicaciones forzadas en 106 municipios, mientras que en los primeros tres meses del año lo había hecho en 87”, precisa la FIP en su informe.

En la lista elaborada por este centro de pensamiento, “se destacan los casos de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo). También se encuentran municipios con un elevado número de hectáreas en los que hasta ahora la Fuerza Pública había tenido muchas dificultades para avanzar, como es el caso de Olaya Herrera y Roberto Payán (Pacífico Nariñense); Puerto Libertador (Sur de Córdoba), y Tibú (Catatumbo, Norte de Santander”.

¿Conejo al Acuerdo de Paz?

Para Arenas, las llamadas Zonas Futuro constituyen el mejor ejemplo de que el actual gobierno nacional quiere desconocer la implementación del Acuerdo de Paz y más aún, hace oídos sordos a las propuestas surgidas del seno de las comunidades para enfrentar el flagelo de los cultivos ilícitos.

“En el Catatumbo, por ejemplo, organizaciones campesinas señalan que toda esa construcción conjunta que se dio durante la primera fase de diseño de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues ya no se nota porque el gobierno nacional construyó una hoja de ruta única, con consultorías internacionales, bastante costosas y sin participación comunitaria”, señaló Arenas.

Opinión similar expresó Omar de Jesús Restrepo, conocido en el pasado como ‘Olmedo Ruiz’, representante a la Cámara por Antioquia por parte del Partido Farc, quien advirtió que el actual gobierno nacional está creando una nueva institucionalidad paralela al Acuerdo de Paz para “hacerle conejo” a su implementación.

En ese sentido, agregó, “las Zonas Futuro, creadas por medio de la Ley de Orden Público, constituyen todo un esfuerzo desde la parte represiva y militar, en contravía de la implementación de los PDET y del Punto IV del acuerdo, relativo a la implementación del PNIS y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.

Restrepo aseveró que el gobierno nacional suspendió la implementación del PNIS para adelantar una agresiva campaña de erradicación forzada que han terminado en atropellos, trifulcas, muertos y heridos: “Los campesinos está reclamando no solo la implementación de los Acuerdos de Paz. Están reclamando acuerdos firmados con anterioridad con el Estado para acceder a créditos, a tierras, a semillas y asistencia técnica para sustituir sus cultivos ilícitos y ante tanto incumplimiento los campesinos retoman los cultivos y el gobierno responde con más erradicación”.

Para este integrante del Partido Farc, “las Zonas Futuro desconocen un aspecto importante consignado en el Acuerdo de Paz y es la participación democrática de las comunidades en lo que tiene que ver con el diseño e implementación de políticas para los territorios, como los PDET. Lo que están haciendo a través de las Zonas Futuro es concentrar las decisiones en las élites para saltarle el diálogo con las autoridades locales, regionales y las comunidades y la concertación con ellas para la implementación de los planes y proyectos”.

Por último, para el representante a la Cámara, la llegada de militares estadounidenses a territorio colombiano para asesorar la lucha contra el narcotráfico en las Zonas Futuro, constituye una violación a la soberanía colombiana y a la Constitución Colombiana: “Esto lo llamamos nosotros ilegalidad. Y tanto que este gobierno pregona la legalidad, pero de puertas para afuera porque en la casa, este gobierno sí quiere mandar de acuerdo con sus propios intereses. Aquí, en el fondo, lo que está cocinando es una agresión militar contra Venezuela”.

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Detrás de los últimos incendios presentados a mediados de febrero en la Sierra de la Macarena, en Meta, y la deforestación acelerada de la selva amazónica, están los intereses económicos y de propiedad de la tierra. Los labriegos no son escuchados por el gobierno nacional y por tercera vez lo cita a una mesa de concertación.

El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos” tras resolver una acción de tutela interpuesta por niños, niñas y jóvenes de la Amazonía acompañados por la organización Dejusticia, con el fin de exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada y sus efectos en el calentamiento global.

Justo un año después, el presidente de la República, Iván Duque (2018-2022), lanzó la campaña Artemisa contra la deforestación, planteando objetivos como “recuperar nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques, y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”.

Pero poco ha servido esa iniciativa gubernamental. La deforestación en la Amazonía se agudizó por el alto impacto de incendios y la continuidad de la tala ilegal de árboles. La última situación alarmante se presentó el pasado 21 de febrero cuando alrededor de 400 hectáreas de bosque se quemaron en la Sierra La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, incendios que duraron por lo menos una semana.

A la par, el gobierno nacional realizó la tercera operación Artemisa, capturando a 26 campesinos como los únicos responsables de los incendios. La situación desató una crisis humanitaria en la Sierra de La Macarena, pues son miles los campesinos que viven dentro del Tinigua desde hace décadas, quienes llegaron a la región por causas del desplazamiento forzado o por necesidad económica.

En ese territorio se han dado procesos de colonización desde hace décadas, lo que ha llevado a que el Estado cree figuras de protección y conservación de la selva; el problema es que lo hizo después de que las familias llegaran a esta zona y sin ningún tipo de concertación y desoyendo sus propuestas de conservación.

En La Macarena convergen biomas estratégicos: el amazónico, orinocense y andino, lo que le da un alto valor ecológico, diversidad de ecosistemas y especies endémicas. Por eso, en 1989, fue creada la figura de Área de manejo especial de la Macarena (AMEM), para la protección de casi 4 millones de hectáreas que conforman cuatro parques naturales nacionales: Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz.

Deforestación acelerada

Desde que salió la extinta guerrilla de las Farc de Meta, en su camino a la vida legal tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Estado colombiano, varias organizaciones y líderes sociales venían alertando sobre problemas de deforestación, quema indiscriminada de selva y el inicio de la explotación de hidrocarburos. Aún así, a la fecha se siguen perdiendo bosques nativos en la Amazonía. (Leer más en: La selva, víctima inesperada del posconflicto en La Macarena)

El último informe de alerta temprana de deforestación, realizado por el Ideam en el tercer trimestre de 2019, reporta que en Caquetá hay un rango de deforestación de 1.263 hectáreas a 1.561 hectáreas; en Meta, entre 981 y 1.181 hectáreas deforestadas; y en Guaviare, entre 282 y 453 hectáreas.

“La deforestación en La Macarena se da por un factor que es la especulación de la tierra, por personas que poseen grandes capitales. Hay terratenientes que viven en otras ciudades y que por una cantidad de dinero pueden hacerse a una finca”, afirma Óscar Hernández, miembro del equipo técnico de la agenda ambiental de Guaviare, Caquetá y Meta de Ecoamem (agencia de viajes y operador de ecoturismo comunitario).

A su juicio, “la deforestación no sólo requiere capital, sino mano de obra que la están consiguiendo con los campesinos pobres, los cuales antes sembraban coca, sustituyeron los cultivos de coca, pero hoy en día no se les ha cumplido y no tienen trabajo, entonces están tumbando selva por un salario muy mínimo”.

Ese salario consiste en pagar entre 30 y 50 mil pesos diarios por tala y quema de bosques, algunos logran hacer el trabajo de hasta tres hectáreas por ese precio. Los mismos campesinos insisten en que ellos no son los grandes destructores de la selva; por el contrario, la protegen y para sembrar sus cultivos talan máximo 2 hectáreas por año.

El campesino se convierte en mano de obra local y “la justifica diciendo que es la única fuente de trabajo y que Don Pepito está pagando a tanto y le piden trabajo. Es una cuestión de necesidad, no de convicción, el campesino no odia la selva y si puede la conserva”, cuenta Hernández.

Y agrega: “Esta es una zona muy ganadera, en esa área hay más de 250 mil cabezas de ganado, es una vocación de la región, pero la gente tiene ganado porque es la única actividad lícita rentable que hay en el territorio. La agricultura no es rentable porque hay territorios muy alejados, sin infraestructura y cultivar verduras y frutas no es una opción para la gente, el ganado es el único producto que sale caminando de la región, es uno de los dichos de la gente”.

Aún así, el campesino tampoco es el gran ganadero en la Amazonía. Debido a sus condiciones económicas, puede tener hasta 50 cabezas de ganado, pero los grandes inversionistas superan las mil. “Las ganadería en esa región tiene una situación muy particular y es que la ganadería dentro de los parques, al ser una ganadería informal, es una forma de evadir impuestos, incluso vale más el inventario ganadero que la misma tierra”, agrega el integrante de Ecoamem.

En cuanto a los incendios, aún no se ha aclarado de dónde provienen, y los campesinos denuncian que el último, en la Sierra de la Macarena, fue hecho en un lugar muy alejado de donde ellos viven, o el de Caño Cristales, también en febrero, se dio a unos pocos metros de una base militar. “Todo eso se dio en el marco del proceso de movilización de los campesinos, entonces uno no sabe qué pensar”, agrega Hernández.

Frente a este contexto, los cabildos indígenas están preocupados porque se siguen imponiendo normas y leyes en la Amazonía sin que ellos sean consultados. Luz Mery Panche, indígena del pueblo Nasa y delegada de Asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán para acompañar a los campesinos en esta crisis, le explicó a este portal la situación.

“Sabemos que el gobierno ha venido proponiendo el plan de 10 años para frenar la deforestación. De las 44 millones de hectáreas que tiene la Amazonía en Colombia, los 56 pueblos indígenas que habitamos el territorios somos dueños de 27 millones de hectáreas y no hemos sido convocados para la construcción de estos planes, ni siquiera para la actualización de planes de ordenamiento territorial”.

Campesinos detenidos

La Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denunció por redes sociales que desde el 18 de febrero se dio “un inusual incremento de tropas del Ejército en las carreteras que comunican San Vicente del Caguán con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí, Puerto Losada, entre otras”.

El 20 de febrero, a las 6 y 20 de la mañana se presentaron combates entre grupos armados y Fuerza Pública dentro del caserío de la vereda El Rubí, dejando dos militares muertos y varios más heridos. Luego de los enfrentamientos, la Fiscalía y el Ejército detuvieron a 26 campesinos argumentando invasión a áreas de especial importancia ecológica en parques Tinigua y Picachos.

Dos días después, la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G) reunió a 300 campesinos en la vereda El Tapir para verificar los hechos de violencia ocurridos en El Rubí. Mientras se realizaba la reunión, helicópteros del Ejército sobrevolaron y atacaron con gases lacrimógenos y disparos al caserío.

Para el 25 de febrero, ya eran 3.500 campesinos reunidos en El Tapir y denunciaban sobrevuelos de aviones bombarderos. Al día siguiente crearon una comisión humanitaria y exigieron la instalación de una mesa, convocada para el 2 de marzo en San Juan de Losada con la presencia de representantes de entidades gubernamentales, para superar la crisis.

“Lo que hemos venido conociendo es la sentencia 4360 que dio origen inicialmente a todo el tema de la represión por parte de la Fuerza Pública y Fiscalía, que llamó en un momento Burbuja Ambiental y luego se convirtió en el Plan Artemisa que es con el cual se pretende llegar a las medidas policivas para frenar la deforestación. No conocemos otras”, afirma la indígena Luz Mery Panche.

Dentro de los 26 capturados, doce eran mujeres y ocho hombres, además de seis menores de edad. Tres tenían orden de captura y el resto los dejaron en libertad, pero el proceso en su contra sigue abierto.

“Les hicieron firmar un documento donde se comprometen a no regresar a sus parcelas que estaban al interior de parques. Eso nos parece bastante absurdo, es una violación del derecho, fue un operativo de un momento a otro, negándoles todos los derechos y finalmente asustando a la gente con la cárcel para que firmaran ese documento, que para nosotros no tienen ninguna validez”, asegura Panche.

Si bien se difundió que el principal culpable de los incendios forestales fueron disidencias de las Farc, las comunidades de las zonas afectadas aseguran que no es del todo cierto, porque dentro de la Amazonía hay intereses económicos sobre la tierra y sus recursos naturales. La palma africana es uno de los monocultivos que quieren introducir en la selva amazónica.

“El tema del conflicto armado en estos territorios no ha terminado, sabemos que hay presencia de varios grupos armados legales e ilegales, pero lo que sí es cierto, es que la operación Artemisa está llegando a quemar las casas de los campesinos, sacándolos, decomisándoles sus propiedades. Ha habido denuncias que ponen con nombre propio, pero nadie ha seguido investigaciones, nadie ha hecho nada”, afirma la líder indígena.

Agrega que a los gobiernos no les interesa la conservación ambiental: “Si le interesara, no permitiría la entrada de petroleras, minería o represas a la Amazonía. Hay nueve proyectos de hidroeléctricas, 40 títulos mineros, 44 bloques petroleros que estos sí va a generar un daño ambiental grandísimo, lo que hay detrás de todo esto es que el gobierno quiere sacar a los campesinos, expropiar los territorios para entregárselo a las multinacionales que ya están aquí”.

Falta implementar Acuerdo de Paz

La Amazonía quedó como una subregión priorizada en el Acuerdo de Paz, enfocándose en la atención inmediata de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (16 municipios de Caquetá y 1 del Huila); Macarena-Guaviare (4 municipios del Guaviare y 8 del Meta); y Putumayo (9 municipios).

En estos municipios, donde se vivió la crudeza del conflicto armado y donde los campesinos cultivaban hoja de coca para uso ilícito, la mayoría de quienes se dedicaban a esta actividad ilegal se acogió al Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pero hoy muchas organizaciones temen a que vuelvan a sembrar por los incumplimientos del gobierno nacional.

“Las comunidades que sembraban coca están en situación de pobreza muy complicadas y eso puede llegar a resiembra y a avanzar en temas de deforestación para intentar ganarse la vida por ahí”, afirma Hernández.

Al respecto, Panche asevera que “el PNIS es un proceso bastante complicado aquí: la mayor parte de familias que firmaron esos acuerdos para la sustitución de la coca, no han recibido los pagos que el gobierno prometió, lo de asistencia técnica para proyectos productivos no ha llegado. Ha sido una situación muy lamentable y en este momento ha generado consecuencias tan graves como la desnutrición de los niños, ha generado la deserción escolar, incluso tenemos entre Guaviare, Caquetá y Putumayo, escuelas que se han cerrado porque hay niños que tuvieron que migrar con sus padres para otros lados o porque no tienen la capacidad adquisitiva para pagar los estudios en esta región”.

Por otro lado, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también incluidos en el Acuerdo de Paz, tampoco se han concretado; además, advierte la vocera indígena, no se articularon con el PNIS: “Llegamos hasta la elaboración del PDET que solo terminó en una lista de iniciativas, no se hizo la planeación estratégica que se debía hacer. Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) quedaron en iniciativas y se supone que tienen que ser priorizadas por las comunidades”.

Y para el caso de los pueblos étnicos, la situación es más compleja, porque “una de las excusas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es que todavía no se ha construido el protocolo de mecanismo especial de consulta previa, por tal razón no se ha hecho ninguna inversión en territorios étnicos, en comunidades afro y de pueblos indígenas”, agrega la delegada del pueblo Nasa.

Gobierno no escucha a campesinos

En 2016, Parques Nacionales Naturales (PNN) abandonó la Mesa Nacional de Concertación con organizaciones y campesinos, instalada en el 2014. En mayo de 2019 tampoco asistieron a la convocatoria acordada en Vista Hermosa, Meta. El 29 y 30 de enero de este año no se instaló la mesa de concertación acordada en Villavicencio el 18 de diciembre de 2019.

“La relación con PNN es malísima históricamente con los campesinos, porque precisamente la entidad cumple una labor policiaca, y eso ha traído graves consecuencias en la región. Aquí nunca han entrado a terreno, no es esa lógica ideal, donde hay una unidad de parques, que los recorre, que es un cuerpo masivo de gente cuidando el parque. Por ejemplo, el parque Sierra de La Macarena que tiene 500 mil hectáreas, tiene menos de cinco funcionarios, divididos en varias zonas”, asegura Hernández.

El 2 marzo pasado, el gobierno nacional tampoco cumplió la cita acordada para la mesa de concertación en el municipio de San Juan de Losada. Los campesinos continuaban llegando y ya sumaban 5 mil. Para esa mesa tenían la propuesta de una agenda ambiental de trece puntos para mejorar la calidad de vida y superar la crisis.

Prepararon una nueva reunión para el 9 de marzo, esta vez citando a la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales, que atendieron al llamado, para que fueran mediadores e insistentes con las instituciones estatales para llegar a acuerdos. Esperaron todo el día en San Juan de Losada y pasadas las 8 de la noche, llegó el Gobernador de Meta y se comprometió a gestionar una instancia de alto nivel para resolver los conflictos socioambientales en áreas de parques.

“Sin embargo, de manera unilateral, las estructuras del gobierno tomaron la decisión en un consejo de seguridad que se hizo hace algunos días, de que la reunión se tenía que hacer en La Macarena. Hicieron la invitación a juntas de acción comunal de Concordia y otros municipios del Meta, pero no invitaron a las organizaciones sociales de territorio, que son las regiones afectadas”, afirma Panche.

A La Macarena tampoco llegaron las instituciones. La Guardia Campesina salió a la vía Los Pozos y estará ahí hasta el 16 de marzo, que es el tercer llamado que hacen las comunidades para concertar con el gobierno nacional y que por fin se pueda instalar la mesa. Los campesinos concentrados en San Juan de Losada y que ya suman siete mil, según cifra de Anzorc, publicaron un comunicado cuestionado la actitud de diversas entidades estatales.

“A través de este comunicado, responsabilizamos al Gobierno de Iván Duque, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por las consecuencias que pueda traer para el territorio y sus habitantes este nuevo desplante contra las comunidades que han mantenido su voluntad para solucionar mediante el diálogo esta grave situación. Nosotros hemos cumplido, hemos dado muestras de buena voluntad y hemos presentado propuestas serias que el gobierno ha despreciado con arrogancia”, reza el documento.

Panche cree que es necesario que campesinos y comunidades étnicas se junten para tener más claridad de la problemática y entre todos puedan encontrar soluciones: “Ni campesinos, ni indígenas, ni afros vamos a dejar que nos quiten las tierras o que nos saquen de la Amazonía, porque no sabemos a dónde ir, porque este es el último lugar al que hemos llegado y aquí nos tendremos que pensar una propuesta de gobernabilidad en la Amazonía, conservándola, porque de aquí depende la vida de la humanidad”.

Propuesta de agenda ambiental

1. Gobernanza ambiental para la paz.
2. Campesinos con parques.
3. Planes participativos de manejo ambiental.
4. Auditoría de control.
5. Tratamiento especial sobre las actividades productivas existentes.
6. Fortalecimiento de mecanismos y estructuras para la gobernanza local.
7. Sustitución de cultivos de uso ilícito.
8. Diagnóstico y caracterización participativa.
9. Zonificación ambiental participativa.
10. Formalización de la infraestructura existente.
11. Regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra.
12. Pago e incentivos para la preservación y restauración en áreas de especial interés.
13. Alternativas productivas para el buen vivir.

* Foto de apertura: PNN Cordillera de los Picachos, por Verónica Luna.

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Ante la crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó por cuenta de la dura confrontación armada entre grupos armados ilegales y los reclamos de las comunidades afro e indígenas para que el Estado intervenga de manera integral, varios funcionarios reaccionaron y enviaron un mensaje unificado en torno a cómo está interviniendo el gobierno nacional en esta región del país y destacaron, entre sus estrategias, los avances de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La difusión de ese mensaje se intensificó en los primeros días de este año tras conocerse las graves denuncias de la comunidad del municipio de Bojayá sobre la presencia de un contingente de hombres armados, al parecer de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’ en varias de sus zonas rurales, afectando la vida cotidiana de sus pobladores y generando extremo riesgo.

Esa alerta no es nueva; es el eco de una crítica situación que padecen desde hace varios años las comunidades afro, indígenas y campesinas de las regiones del Medio y Bajo Atrato, en el centro y norte del departamento chocoano; así como aquellas que viven a las orillas del río San Juan, en el sur; y otro tanto más en el occidente, en límites con la vecina república de Panamá.

En el escenario de guerra regional que padecen los chocoanos se enfrentan dos ejércitos irregulares: de un lado la guerrilla del Eln; y del otro, las Agc. Ambos pugnan por dominar territorios estratégicos para obtener rentas ilícitas derivadas del tráfico de clorhidrato de cocaína, la extracción de oro y la explotación maderera.

Diversas fuentes consultadas han denunciado, además, que sectores de las Fuerzas Armadas acantonadas en este departamento, el tercer actor armado en esa contienda, actúa a favor de ‘los gaitanistas’. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)

El líder más representativo de Bojayá, Leyner Palacios, sobre quien pesan graves amenazas de muerte, también se lo hizo saber al presidente de la República mediante una carta entregada ayer durante una reunión en la Casa de Nariño: “Se requiere hacer una investigación exhaustiva a las diferentes expresiones de la Fuerza Pública para identificar los patrones de connivencia con el paramilitarismo y que se actúe en consecuencia con la ley. Solicitamos que esta tarea sea adelantada por la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.

La situación irregular está siendo valorada por altos mandos militares. Un día antes de ese encuentro, el Comando de la Séptima División del Ejército ya había ordenado “la realización de pruebas de confianza y confiabilidad institucional de las tropas desplegadas en esa región del país”.

Las afectaciones a la población civil, que incluyen homicidios selectivos, secuestros, desapariciones, desplazamientos masivos, reclutamientos forzados, confinamientos y siembra de minas antipersonal, entre otros, son reportadas de manera insistente por entidades como la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones sociales y voceros de la Iglesia Católica. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

Ante esos impactos y el reclamo de las comunidades, funcionarios como el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, han respondido que la actual administración, liderada por el presidente Iván Duque (2018-2022), hace presencia en diversas regiones de Chocó de tiempo atrás y que una de las maneras es impulsando los PDET.

El mensaje de Ceballos es reforzado por Emilio José Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, quien tiene bajo su responsabilidad liderar la ejecución de los PDET en los municipios priorizados. En sus intervenciones públicas reitera que desde que el presidente Duque asumió las riendas del país, el 7 de agosto de 2018, se han destinado más de dos billones de pesos para financiar los distintos proyectos en todo el país.

Los PDET hacen parte de la Reforma Rural Integral consignada en el Punto 1 del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc. En el documento, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, se estableció que el objetivo de este instrumento de intervención territorial es “lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”.

Las propuestas jalonadas por los PDET deben estar asociadas a alguno de los ocho pilares que los componen, a saber: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; reactivación económica y producción agropecuaria; educación rural; vivienda, agua potable y saneamiento; derecho a la alimentación; reconciliación, convivencia y paz; infraestructura y adecuación de tierras; y salud rural.

Para lograr un impacto rápido se priorizaron 170 municipios en 16 regiones del país aplicando cuatro criterios: los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; el grado de afectación derivado del conflicto; la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

Bajo esos criterios, de los 30 municipios que tiene Chocó, se seleccionaron 12: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí y Unguía. Y se le sumaron Murindó y Vigía del Fuerte, que hacen parte del departamento de Antioquia, pero que están en la ribera del río Atrato y se integran a la dinámica chocoana.

Y justo esa escogencia es la que algunos conocedores del departamento cuestionan porque consideran que fue arbitraria y no responde de manera integral a las necesidades históricas de unas poblaciones golpeadas con dureza por la guerra, la pobreza y la exclusión.

Varias de las personas consultadas para este reportaje se abstuvieron de dar sus nombres y el de las organizaciones y comunidades que representan por razones de seguridad y ante la crítica situación de orden público que se vive en este departamento.

Selección arbitraria

Si bien el Acuerdo de Paz contempló cuatro criterios específicos, lo cierto es que pocos saben en Chocó cómo se seleccionaron esos doce municipios para desarrollarse en ellos los PDET. A juicio de un experto en desarrollo, quien accedió a hablar a cambio de su anonimato, en esa priorización “se cometieron errores garrafales, tan estructurales, que dañarían la posibilidad de que sean algo eficiente y efectivo”.

Con base en su conocimiento del departamento, se pregunta este experto por qué se dejó de lado un municipio como Juradó, en el Pacífico chocoano, donde hubo grandes afectaciones ocasionadas por las Farc a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil, de donde se llegó a desplazar del 70 por ciento de sus pobladores, y que hoy está agobiada por el narcotráfico.

También cuestiona por qué no fueron contemplados en el PDET municipios como Bagadó y Alto Baudó, donde surgieron en el pasado grupos guerrilleros afines al Eln: “Lo que yo veo es que los municipios PDET en Chocó están localizados para controlar corredores, no para atender víctimas”.

Y es que buena parte de las poblaciones que ahora son beneficiadas con proyectos que se derivan de los PDET están en zonas sobre las cuales tanto ‘elenos’ como ‘gaitanistas’ se disputan a sangre y fuego porque son estratégicas para sus intereses económicos, circunstancia que se radicalizó con la salida de la región de varios frentes de las Farc que decidieron acogerse al Acuerdo de Paz.

Pero la exclusión que más inquieta al experto consultado es la del municipio de Quibdó, capital de Chocó, que abriga a unos 115 mil habitantes, cientos de ellos llegados allí en condición de desplazados forzados de distintos lugares del departamento.

“Quibdó es un municipio que recepciona las víctimas de los 29 municipios restantes del Chocó. Y si se parte de la premisa de que se va a reconstruir el tejido social y que la relación campo-ciudad no se ha perdido, ni se va a perder culturalmente, ¿cómo resarcen el tejido social si atienden al que expulsa a la víctima, pero no al que la recibe?”, se pregunta.

A su juicio, se deben atender tanto el que expulsa como el que recibe, pues es la única forma de recomponer el tejido social, mantener la relación campo-ciudad en términos productivos y de servicios, y de recuperar la confianza de la gente para que retorne a sus lugares de origen.

“Pero, ¿qué pasa? Que este tipo de programas se formulan desde un escritorio en Bogotá, con unos lineamientos que sólo son para cumplir indicadores y estándares desde afuera, pero no surgen de la base, de lo que la gente quiere y necesita”, apunta, y resalta que “hacer pequeñas obras en los municipios no es garantía para que la gente vuelva, la garantía la da el hecho de que se pueda recomponer el tejido social y si Quibdó no está incluido va a ser muy difícil que el PDET sea eficiente y efectivo”.

Proyectos, en cifras

La formulación de los PDET se desarrolló de acuerdo con una metodología que adoptó la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y que consistió en convocar a las comunidades a participar en varias jornadas de trabajo. Para el caso de Chocó, esta tarea comenzó en diciembre de 2017 y concluyó el 19 de septiembre de 2018, cuando se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que contempla inversiones por 1,7 billones de pesos en los próximos diez años.

Según detalla ese documento, en su discusión y formulación participaron 1.275 personas de los 14 municipios y dadas las características de las comunidades, en las que priman indígenas y afros, se realizaron 33 asambleas étnicas y analizaron decenas de iniciativas. (Ver documento)

De acuerdo con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, tras concluir este proceso de trabajo de cerca de nueve meses, se suscribieron 14 pactos étnicos y 14 pactos municipales, priorizando 2.027 iniciativas, de las cuales 1.954 tienen impacto municipal y 73 subregional.

De contar con los recursos que se necesitan para implementar todas las iniciativas, quienes formularon el PART se trazaron la meta de hacer de Chocó, en una década, “un territorio, reconocido como un espacio de vida basado en las prácticas y saberes ancestrales y por la recuperación y potenciación de los sistemas productivos y de conectividad, además, con la infraestructura necesaria y adecuada”.

Lo anterior, se lee en el documento, “será producto de una apuesta de desarrollo social, político y económico competitivo, en armonía con el patrimonio natural y cultural, en donde se garantice la autonomía, soberanía y gobernanza territoriales, con enfoque diferencial étnico, de género y generacional. En la subregión PDET Chocó se habrán restaurado sus ecosistemas y su tejido social, constituyéndose para el país en un espacio emblemático de reconciliación. reparación, convivencia y paz territorial, en donde se garantiza el buen vivir y el goce efectivo de los derechos”.

Hasta el momento, según cifras de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, se han destinado 57.699 millones de pesos para financiar 167 proyectos, lo que equivale a un 3,3 por ciento de las inversiones estimadas en el PART hasta el 2028.

Si no se aceleran los procesos y se destinan dineros suficientes, es muy probable que al final del plazo no se invierta ni el 50 por ciento de lo estimado en las iniciativas propuestas por las comunidades. A ello se suma una advertencia de ART: esos recursos dependen de “la disponibilidad presupuestal, del marco fiscal del sector público nacional y territorial y la oferta del sector privado”.

Ante una consulta de este portal sobre el tema, la ART destacó que desde esta agencia “se viene realizando la gestión con los diferentes entes a nivel nacional, territorial y del sector público y privado con el fin de identificar los recursos para la implementación de los proyectos PDET. Esta gestión, progresivamente apalancará las inversiones requeridas, teniendo en cuenta que la implementación tiene un horizonte de largo plazo (10 años)”.

“Impidieron una E”

Otro de los cuestionamientos de quienes participaron en la formulación y estructuración de los PDET en Chocó apuntan a la camisa de fuerza que les impusieron con los ocho pilares que conforman este programa. “Metodológicamente el ejercicio lo trazaron en Bogotá y lo sacaron a la fuerza. Esos ocho pilares no son malos, pero tampoco son la panacea”, apunta el experto consultado.

Desde su experiencia, que comparten otros conocedores de este departamento, entre ellos algunos líderes indígenas y afros, “la perspectiva étnica no se ve en esos pilares; ni la cosmovisión, ni el enfoque de etnodesarrollo como tal. Esos pilares vienen en una perspectiva más productivista, más desarrollista, más de crecimiento económico, más no de desarrollo humano”.

Una queja más es que no hubo la posibilidad de crear pilares nuevos, con enfoque étnico, las iniciativas se debían inscribir en los ocho establecidos previamente para todo el país. En ese sentido, algunos participantes en la formulación de los PDET consideran, junto con el experto, que esas barreras no le dejaban espacio a lo primordial, estratégico y prioritario para Chocó.

De hecho, también les impidieron que se resignificara la sigla. Algunos voceros de las comunidades sugirieron que se llamada PDETE (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico), pero dicen que quienes dirigían las actividades de formulación de iniciativas no dejaron poner esa E al final porque no estaba en las normas que regulaban este programa.

“Montan una metodología desde lo nacional y contratan un operador desde lo nacional que, a su vez, contrata un operador en lo regional y les saca a tiempo lo que ellos quieren y punto. La construcción no es desde abajo, con los tiempos, con los ritmos, con las visiones, con los contenidos, con los enfoques de las comunidades; no, es como ellos digan, de arriba hacia abajo”, se lamenta el experto consultado, quien agrega que en la asignación de recursos también faltó la voz de las comunidades: “Eso también lo hicieron operadores nacionales”.

Choque de modelos

Otro de los funcionarios de la Presidencia de la República que hizo referencia al programa de desarrollo con enfoque territorial fue Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Al referirse a los graves problemas que estaba padeciendo Bojayá por cuenta de la confrontación armada, escribió en su cuenta personal de Twitter que se requería “acelerar PDET y fortalecer la llegada del Estado con institucionalidad y servicios sociales a esas mismas comunidades”.

Pero hay quienes opinan que los PDET, tal como fueron concebidos, no son un instrumento que garantice la seguridad y la convivencia pacífica en el territorio chocoano. A juicio del experto consultado, ese programa “no es suficiente para atacar los problemas estructurales de Chocó, que está sumido en unas trampas de pobreza de las que no va a salir a través de los PDET”.

El problema de fondo planteado por este conocedor del departamento es que en Bogotá no se ha entendido que el modelo económico tiene que funcionar de manera diferente en Chocó, donde se tienen materias primas y para transformarlas se requiere generar energía: “Hay condiciones para generar energía eólica, maremotriz, hidráulica, solar, pero las políticas nacionales no lo permiten eso y tampoco hay recursos para eso”.

Agrega que a pesar de que este departamento tiene salidas a dos océanos, no hay recursos para para construir puertos: “Somos geoestratégicos, pero no hay recursos para carreteras; somos una despensa de la que el resto del país saca y saca, y no le importa quiénes vivamos aquí. Insisto, los PDET son insuficientes porque no son estratégicos, su alcance es mínimo, basado en microproyectos”.

Las comunidades afro e indígenas son conscientes de que habitan una región valorada no sólo por su biodiversidad, única en el mundo, sino por su posición estratégica que ha sido utilizada por criminales desde décadas atrás para fortalecer sus economías ilícitas y por intereses económicos ligados al extractivismo y a la agroindustria. “Somos un corredor desde que nacimos, desde que aparecimos en el mapa, y por eso se lo pelean todos”, asegura la fuente consultada.

En esa disputa, afros, indígenas y campesinos están en el medio y no les queda más opción que desplazarse de sus territorios para proteger sus vidas o confinarse en áreas muy pequeñas. De acuerdo con cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y septiembre del año pasado, por lo menos 18.504 personas fueron afectadas por ese flagelo.

“La estrategia es que abandonen la tierra. No puede olvidarse que los negros tienen 3.2 millones de hectáreas tituladas y los indígenas otras 1,9 millones de hectáreas. Quieren que dejen sola la región más diversa del mundo; quieren romper con nuestra esencia al pretender que pensemos de otra manera, cuando nuestros ancestros permitieron que existan estas ecorregiones”.

En su carta al presidente Duque, el líder Palacios insistió en ese tema tras advertir que los intereses sobre tierras chocoanas están más allá del narcotráfico y se asocian “a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura”.

A su juicio, “la solución a esta inestabilidad humanitaria, social y económica requiere partir de la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región”.

¿Diálogo regional?

“¿Qué es lo que quiere la gente en estas tierras? Que los grupos armados pasen por ellas, pero que no nos maten, que no se lleven a nuestros hijos, que no nos contaminen”, explica con vehemencia este experto. “Nosotros tenemos otra visión del mundo, no nos interesa lo que ellos hacen, queremos vivir de lo que hemos vivido siempre: de pescar, de recoger frutos, de sembrar plátanos, de mirar el panorama, de bailar, de cantar, de reír. Pero como el territorio es valioso, vienen desde afuera y descomponen todo”.

Y para concretar ese deseo de la gente, ¿qué se requiere? El experto lanza una propuesta: “Lo estratégico para nosotros es que nos dejen hablar con esos señores (grupos armados) y decirles que se corran para otro lado, que nos dejen estar tranquilos, que no se metan al pueblo, que no se me lleven a los niños. Y te aseguro que no habría esa incertidumbre en Chocó. Pero la ley no lo permite, nadie lo puede hacer. Necesitamos una solución política”.

En ese sentido se expresó el líder de Bojayá en su mensaje al mandatario nacional: “El otro componente para restablecer la seguridad y normalidad en la región es retomar la resolución del conflicto armado mediante la vía negociada”. Y para lograrlo planteó tres alternativas: retomar el diálogo con la guerrilla del Eln “en condiciones que sean viables y con gestos bilaterales que creen la confianza necesaria en toda negociación”; generar “condiciones normativas para que se retome el acogimiento colectivo a la justicia por parte de las Agc”; y tal y como se pactó en el Acuerdo de Paz, “poner en marcha acciones concretas de desmantelamiento de esas estructuras que, como ya se ha dicho, actúan en connivencia con miembros de la Fuerza Pública”.

Palacios reiteró en su carta que la situación de inseguridad e inestabilidad de Chocó y, en general de la región del Pacífico, que comprende además regiones de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sólo se puede resolver de fondo si se avanza en la consolidación del Acuerdo de Paz, un proceso en el que, según este líder, las comunidades están dispuestas a participar según lo definido en el Capítulo Étnico, pero que en tierras chocoanas está lejos de hacerse realidad, pese a que desde Bogotá digan lo contrario. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)

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Los recursos definidos en el Plan Marco de Implementación (PMI) y proyectados a 15 años para poner en marcha los acuerdos de paz son insuficientes. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que el Congreso de la República aprobó recientemente al gobierno Duque, presenta un grave problema de distribución de los recursos estatales para atender un déficit presupuestal que va en aumento.

La aprobación del PND en el Legislativo plantearía una desfinanciación de por lo menos un 40 por ciento anual para el cumplimiento de los acuerdos de paz, de acuerdo con diversos expertos y congresistas consultados por El Turbión.

Para el economista Diego Carrero, magíster en Estudios Políticos e investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia, hay una desfinanciación estructural de la paz: “Diferentes estudios señalaban que se requerían por lo menos unos $350 billones para la implementación del acuerdo de paz, documentos que elaboró ANIF, Fedesarrollo, el Banco de América […] Entonces, solamente para el punto 1 son más recursos que todo lo que tenemos para la implementación del acuerdo”.

Además, agrega que estos recursos son insuficientes en relación a lo que hoy se dispone para la implementación: “Los recursos que están relacionados con el Presupuesto General de la Nación […] Terminan siendo el cambio de nombre de programas que ya venían y también están los recursos del Sistema General de Regalías que ya presentan una brecha de los 2 primeros años de la implementación del acuerdo de más de $600.000 millones”.

El senador Wilson Arias Castillo, del partido Polo Democrático y quien presentó ponencia negativa al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, expresó que: “Hay un problema de financiación muy grave. Contra lo que dice el Acto Legislativo 01 de 2016, no se establecen recursos diferenciados adicionales como lo ha dispuesto claramente la normativa. Hay que ver el incumplimiento de la Constitución y de la voluntad de paz expresada en estos Acuerdos”.

A través del Acto Legislativo 01, “se establecen los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera” y se definió que lo dispuesto en lo pactado entrara al bloque de constitucionalidad.

Pero además, el senador Arias comenta que existe otro problema relacionado con los temas de autonomía que afectan a la justicia transicional en el PND: “Hay una especie de propósito de separar, no a la estructura orgánica, pero sí separar materialmente una unidad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] como un órgano autónomo, además, asignándole funciones administrativas a un órgano judicial, lo cual no debería. Y proponer una especie de [función] administrativa, técnica y presupuestal que no le sirve a la JEP. Una especie de desmembramiento calculado de la JEP”.

Pulso constitucional

Actualmente, cursan tres demandas ante la Corte Constitucional contra el PND que giran en torno a la inconstitucionalidad por “no haber incluido el Plan Marco de Implementación frente al Acuerdo de Paz y otra serie de [asuntos] que desde nuestro punto de vista son inconstitucionales”, explicó la senadora Victoria Sandino del partido Farc. (Descargar denuncia)

La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, aseguró al diario El Heraldo que la norma se ajusta a la Constitución y que de los $37,1 billones proyectados para la implementación, $20 billones irán dirigidos a los 170 municipios de los PDET y se contempla atender la reincorporación de los 13 mil excombatientes de las Farc, así como los temas de restitución de tierras.

Cumplir lo pactado

El Acuerdo Final firmado en noviembre de 2016 entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sentó las bases para dar inicio a un proceso de construcción de paz de mediano y largo plazo. Para ello, las partes definieron un Plan Marco de Implementación (PMI) que concretó los compromisos de política pública necesarios para lograrlo y fue aprobado en 2016 por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Asimismo, el gobierno nacional generó en 2016 un capítulo de paz dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el documento que define la política fiscal y el manejo de presupuesto estatal para los próximos 10 años, y aseguró la financiación de la implementación de los acuerdos de paz a través del documento Conpes 3932. Con esto, permitía que el PMI tuviera una financiación por $129,5 billones para el cumplimiento del acuerdo durante 15 años, que van desde 2017 hasta 2031.

De esta manera, para los próximos 15 años se debería utilizar el 10,28% del PIB, representando una inversión del 0,8% anual para la paz, mientras para seguridad y defensa se destinan anualmente 3,03% del PIB y para la deuda pública cerca de los 5,0 % del PIB. Para 2019 son $1,63 billones los recursos asignados a los puntos de Reforma Rural Integral, Fin del Conflicto y Víctimas del Conflicto definidos en el acuerdo.

Recursos de los planes de desarrollo nacionales y regionales

Libardo Sarmiento Anzola, filósofo, magíster en Teoría Económica de la Universidad Nacional de Colombia e investigador independiente, asegura que “el plan de desarrollo responde a una concepción que se introdujo en el siglo XX, en la época de Carlos Lleras Restrepo, de modernizar la institucionalidad y agregar que los gobiernos tuvieran un plan y las directrices generales de lo que van a hacer”.

Así, cada vez que un gobierno presenta su PND al Congreso define en ese documento los recursos de inversión con los que cuenta el Estado, lo cual, más o menos, corresponde al 25% del Presupuesto General de la Nación. Para el caso, allí se deberían inscribir los programas de paz, pero en el plan de Duque estos no aparecen claramente definidos por ningún lado.

Agrega Sarmiento Anzola que los acuerdos de desarrollo rural se encuentran desarticulados de los que debería ser una reforma agraria rural integral: “Si uno mira lo que fue el acuerdo […] y lo relaciona con lo que ha sido la política de este gobierno, claramente es un desconocimiento de ese capítulo de desarrollo rural, bien sea por la asignación de recursos en este plan de desarrollo o porque reducen los recursos en relación con los presupuestos de años anteriores”.

Asimismo, agrega que: “Hoy en día, en el campo colombiano está el 22 % de la población. De los 50 millones de habitantes, estamos hablando casi de 11 millones de colombianos de [población] rural y sobre la cual se sigue ejerciendo violencia, con acumulación agraria por despojo. Entonces, es una mentira el tema de la paz”.

El 4 de julio, al final de un encuentro de tres días realizado en la Hacienda Hato Grande en Sopó, Cundinamarca, que estuvo encabezado por el presidente, Iván Duque Márquez, y contó con la participación de ministros, viceministros, directores de entidades descentralizadas y asesores, se conoció la revisión estratégica y la planeación del Gobierno Nacional para definir las metas y compromisos del actual Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. Según la Presidencia, “el Gobierno avanza seguro en la generación de las condiciones adecuadas para los 3.000 excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)”.

Alrededor de la sustitución, la Presidencia agrega que mantendrá como prioritario el acompañamiento a las familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): “A la fecha hay casi 100.000 personas vinculadas. Los campesinos, por su parte, ya han arrancado de raíz cerca de 35.000 hectáreas de hoja de coca, que se suman a las 63.000 hectáreas ya erradicadas. Será prioritario acompañar a esas familias que, en la legalidad, saldrán adelante y le aportarán al país sus productos”.

En la comunicación también se menciona la formulación de 14 de los 16 planes de acción de los PDET para reducir la desigualdad social en 170 municipios donde habitan 6,6 millones de colombianos: “Se han entregado, a la fecha, 400 obras PDET de infraestructura comunitaria, que benefician a 76.000 familias de zonas rurales”.

La paz en el Pacífico colombiano

El PND está dividido en nueve pactos regionales. Uno de ellos es el “Pacto Región Pacífico” que incluye los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. En el documento, el gobierno nacional prioriza sus esfuerzos en promover lo que llama “la diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible”, a través de grandes obras de infraestructura.

Para analizar estas iniciativas y firmar dicho Pacto, el 22 y 23 de junio se reunió en Buenaventura la Cumbre de Gobernadores de la Región Pacífico, que contó con la presencia de los mandatarios de estos departamentos. Luego de este acto, los gobernadores de Nariño y Cauca, Camilo Romero y Óscar Campo, aseguraron ante la Federación Nacional de Departamentos que los macroproyectos de infraestructura son vitales, pero no deben ser lo único que el Gobierno Nacional garantice para la región, pues también es necesario que se comprometan con el cumplimiento de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la implementación del proceso de paz.

Según expresó el gobernador Romero al diario El Espectador, “a la cordillera de Nariño no solo no llegó la paz sino que se incrementó el conflicto”. También expresó que a las zonas que dejaron las antiguas FARC no llegó la Fuerza Pública ni se dio otra presencia del Estado, sino que fueron copadas por otros grupos armados.

Panorama de los programas de paz

El PND recientemente convertido en ley por el Congreso de la República contiene 16 pactos. El número 11 de estos corresponde al “Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, pero al revisar los montos definidos para su cumplimiento el mismo ocupa apenas el puesto 14 entre las prioridades del gobierno nacional con un presupuesto de $10,43 billones, que equivalen al 1% del PIB.

En dicho Pacto, el gobierno Duque identifica tres condiciones necesarias para llevar a cabo la llamada ‘estabilización’, que es el marco al cual somete la implementación de los acuerdos, de acuerdo con las particularidades de cada territorio y de la priorización de los factores de riesgo: primero, garantizar entornos seguros; segundo, desarrollar una sustitución de cultivos efectiva; y, tercero, generar procesos permanentes y sostenibles de desarme, desmovilización, reintegración y reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz es de $37,1 billones. Dichos recursos están priorizados para las víctimas, especialmente en los 170 municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Para el economista Carrero, estos recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se encuentren en una encrucijada definida por el clientelismo regional, una institucionalidad ligada a los agronegocios y una tecnocracia que limita los recursos que puedan llegar a los territorios. Por esto, explica, la totalidad de los municipios PDET son de categorías 5 y 6, es decir, tienen poca población y pocos ingresos, y tienen una gran dependencia de los recursos del Sistema General de Participaciones.

“No estamos hablando de recursos nuevos y estamos contando dos veces recursos que, definitivamente, no van a poder ser utilizados porque ya tenían una destinación específica, en contravía de lo que señala el Acto Legislativo 01 de 2016 que plantea en el Artículo 3 que los recursos para la paz deben ser recursos nuevos”, plantea.

Al respecto, el senador Arias expresa que hay varias preocupaciones: “Le prometimos a la sociedad colombiana que íbamos a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Revitalizar el esfuerzo social y económico sobre los campesinos […] en un país donde un 1% de los dueños de las unidades de explotación más grandes controlan el 81% de la tierra. Esto es una cifra impresionante. No hay un ápice de cambio de voluntad en la materia”.

El gobernador Romero le criticó al presidente Duque, en el marco de uno de sus talleres Construyendo País realizado el 18 de mayo en Pasto, su falta de voluntad para implementar los programas dispuestos en el acuerdo de paz y los anuncios de retomar la erradicación forzosa y las aspersiones aéreas con agroquímicos en el departamento:

¿Sabe cuántas hectáreas teníamos en 2005? ¡13.875!. Después de 3’700.000 litros de glifosato nuestro territorio pasa de 13.875 hectáreas [de coca] a 17.285 […] ¡Ojo! 10 años fumigando, 10 años con glifosato y en 10 años aumentaron los cultivos de uso ilícito en Nariño. ¿Cuál es la propuesta, entonces, para 45.000 hectáreas? ¿Otra vez 3’700.000 litros de glifosato? Si la vicepresidenta, aquí presente, dijo que 500 litros de agua diarios pueden hacer daño a la salud, ¿cómo no van a hacer daño 3’700.000 litros de glifosato a un territorio verde y biodiverso?

A la luz de las garantías de la implementación de la paz, la ciudadanía es clave en términos de verificación de los acuerdos y monitoreo. En este sentido, Libardo Sarmiento Anzola asegura que “también de apoyo real, de mantener los 7.000 excombatientes de las FARC que están en estos centros [los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación]. Garantizarles su estabilización, organización, participación política va a ser muy importante. Si no hay el compromiso para hacer la paz sostenible, sin un acompañamiento de una base social, será bastante difícil”.

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La comunidad de esta pequeña vereda cree en la implementación de la paz, pero pide una presencia más activa del Estado en su territorio. Sus expectativas no se comparan con la ejecución de las obras del denominado posconflicto.

El cerramiento de una escuela en una vereda del municipio de Policarpa, es la primera obra para mostrar de la segunda fase del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que hace parte de lo que se conoce como la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las Farc.

Las Canoas es una pequeña vereda del norte de Policarpa, municipio nariñense que hace parte de la región del Alto Patía. Es un territorio lejano del casco municipal que enfrenta grandes dificultades, como la falta de saneamiento básico, siendo una zona marcada por la guerra. Allí viven al menos 400 hombres, mujeres y niños que sueñan con que la paz territorial definida en los acuerdos de La Habana les permita vivir dignamente.

Una parte de estos niños y niñas se educa en el Centro Educativo Las Canoas, escuela construida en una de las pendientes de la cordillera de Los Andes. María Deyanira Ortega, quien desde hace diez años es docente en la institución, asegura que el mal estado de las vías veredales y los altos costos del transporte han hecho que los padres de familia lo piensen dos veces antes de enviar a sus hijos a clase. En la institución educativa se forman 25 estudiantes, aunque antes el promedio de alumnos giraba en 70.

De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la reconstrucción de la escuela ha sido la primera obra entregada a la comunidad en la segunda fase del PDET de la región de Alto Patía y Norte del Cauca. La comunidad fue la encargada de levantar el cerramiento del colegio, con el apoyo técnico de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y financiación de la ART.

Construyendo confianzas

La desconfianza de la población en el Estado se ha convertido en uno de los retos de la accidentada fase de implementación de los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre de 2016 con las antiguas Farc.

Esto, unido a los retrasos en la implementación, ha hecho especialmente difícil la puesta en marcha de las medidas que comprometen al Estado a reparar a estos territorios. Hoy día las comunidades no ven mayores avances en los PDET creados con el Decreto 893 de 2017, que contemplan inversiones en los territorios más afectados por la guerra.

De nada ha valido haber hecho parte de la fase participativa de los PDET que cerró la ART a finales de 2018 y en la que se recogieron las propuestas para dignificar el Alto Patía nariñense, tal como se hizo en otras 15 regiones del país.

A pesar de todo, lo que ocurre en la vereda Las Canoas parece ser la excepción a la regla. La comunidad no sólo pudo sacar adelante la iniciativa que resultaba muy importante para sus niños y niñas, sino que, además, recibió capacitación como dispone la Ley. Hoy están a la espera de los demás proyectos y procesos planeados.

Con relación a las obras, la profesora Deyanira Ortega señala que “se necesitaba que estuviera cerrad para que en el centro educativo haya más seguridad. Había muchos animales, entonces, era necesario hacer este cierre para estar más segura la planta física”.

La obra fue muy bien recibida por la comunidad. Así lo asegura Marco Antonio Valdez, un joven cultivador de café que también estudió hasta quinto de primaria en este centro educativo y es actualmente el presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Canoas:

Tanto la comunidad como yo [estamos] muy contentos. Cuando yo era estudiante venían los políticos a prometernos lo que miramos ahorita. [Nos decían] que nos ayudarían, que esto lo vamos a cerrar así y así, pero, vea, ya tengo 36 años y nunca se hizo eso. Esto era un sueño que yo mismo lo pude ejecutar y toda la comunidad está muy agradecida por eso.

Buscando dar cumplimiento a los objetivos de la primera y la segunda fase del PDET, la ART ha entregado recursos a sus aliados, la FNC y 450 millones de pesos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para llevar a cabo obras del programa de Pequeñas Iniciativas Comunitarias (PIC), que son contratadas con las comunidades para que ellas mismas las ejecuten y a la par obtengan ingresos que aporten al desarrollo local.

La participación de la FNC está definida por un convenio firmado en 2015 entre el Comité Departamental de Cafeteros de Nariño y la antigua Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), cuyas funciones ahora están a cargo de la ART. (Descargar: Informe obras PDET Policarpa)

Al respecto, Marco Antonio Valdez destaca que “nos tuvieron en cuenta y esos recursos, $66.200.000) que nos dieron los invertimos bien. Se trabajó bien y quedó muy motivada la comunidad porque el trabajo que se hizo fue muy bien hecho”.

Sobre el proceso de contratación y el manejo de los recursos, agrega que: “La ART le gira a la Federación de Cafeteros y la Federación viene al municipio a mirar las comunidades para ver las obras, a ver qué se va hacer y a contratar a las asociaciones y a las Juntas de Acción Comunal”.

Necesidades pendientes

Sin embargo, una obra de baja cuantía como esta, cuyo presupuesto era de 66 millones de pesos, no resuelve todos los problemas de una vereda distante de la cabecera municipal como Las Canoas. La comunidad también propone, en el marco del PDET, que se construya el acueducto y un escenario deportivo y cultural, pues en este territorio no hay un lugar adecuado para que la gente se reúna. Además, esperan que la alcaldía de Policarpa les cumpla con el apoyo para las obras mencionadas y con la construcción de un muro de contención para el centro educativo, puesto que el actual está a punto de caerse, poniendo en grave riesgo a los niños.

La profesora Deyanira Ortega recuerda que hace tres años el muro se empezó a derrumbar y hasta el momento no se ha logrado que la alcaldía intervenga: “En este momento estamos viéndonos con Personería […] Estamos en un gran peligro, por los niños. Afortunadamente, no les ha pasado nada. Aquí es una parte muy lluviosa, hay mucha agua y cada que viene el invierno […] Estamos en una zona de riesgo y peligrosa. Necesitamos que, de alguna forma, nos den solución”.

¿Se cumplirán las expectativas de la comunidad?

Para este año, el presupuesto para los PDET es de $151.723’360.883, que salen de los recursos de los municipios, la cooperación internacional, el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.

Sin embargo, las demoras que la ART ha presentado para poner en marcha el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que avalaron las comunidades, las administraciones locales y otros actores clave de la cordillera nariñense, ha generado incertidumbre porque aún no se sabe cuáles son los proyectos priorizados, cómo se estructurarán y qué alcances tendrán.

Esto, además, se agrava porque ha sido poca la información que la ART ha compartido con las comunidades desde enero de 2019, cuando inició su proceso de planeación estratégica. Hasta el momento, sólo se sabe que desde el pasado 25 de mayo, contrató a la firma externa Unión Temporal Renovación, conformada recientemente por la Universidad Sergio Arboleda y el Centro Educativo Nacional Cenasel, que se encargará de la estructuración de los proyectos que se pondrían en marcha durante los próximos diez años en todos los PDET del país.

De acuerdo con Alejandra Jojoa, gestora territorial de dicha entidad, esto se debe a que “nos dimos cuenta de que no hay proyectos aún estructurados”, asunto fundamental para financiar cada una de las 3.400 iniciativas consignadas, por ejemplo, en el PATR de Alto Patía y Norte del Cauca.

Mientras corre el tiempo, a la profesora Deyanira le preocupa que el proceso de la ART termine yendo en contravía de lo expresado por los habitantes de Las Canoas: “A aquí hay un acuerdo entre los de la comunidad. Que no vengan a ordenar [ni a decir] ‘esto se va hacer’, sino a ver las necesidades de la comunidad”.

Mientras tanto, en esa vereda siguen pendientes de que sus expectativas sean satisfechas con la implementación de los PDET porque, como dice Marco Valdez, “de la ART nos dijeron que sí venían más obras sociales, pero que tocaba esperar un poquitico”.

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Retrasos y recortes de recursos para el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de los municipios seleccionados de ese departamento, causan desaliento en las comunidades que participaron en su construcción. No reciben respuestas concretas y sus líderes no son convocados a reuniones de alto nivel en las que se hacen balances sobre su implementación.

Hace nueve meses que los habitantes de los 24 municipios priorizados con el Acuerdo de Paz en Antioquia construyeron el Plan de Acción para la Transformación de los territorios (PATR), que a su vez hace parte del PDET, cuya ejecución está proyectada para realizarse en los próximos diez años. Por esa razón y ante los evidentes retrasos, muchos dudan de que se cumplan las promesas del Acuerdo de Paz que buscan resarcir los daños que sufrieron por la guerra.

Es el caso de las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC), planteadas como una estrategia para generar confianza entre Estado y comunidades que históricamente han vivido en medio del conflicto armado y han padecido el abandono. Estas obras sólo se han hecho en seis municipios (Anorí, Ituango, Briceño, Remedios, Cáceres y Valdivia) de los trece priorizados en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.

Tarazá también hace parte de ese grupo donde debieron hacerse obras este año, pero aún no han iniciado y en octubre se liquida el contrato con la Unión Temporal Urabá en Desarrollo quien fue la encargada de ejecutarlas en estos municipios con el presupuesto de $14.958 millones. 

Las obras en Valdivia fueron las últimas en empezar por la contingencia con Hidroituango. “Están retrasadas y tal vez no terminen este año, aunque creímos que nunca iban a llegar”, dice Benjamín Mesa, líder comunitario de ese municipio. Leer más en: ¿En manos de quién están los dineros de la paz en Antioquia?

En Anorí continúan las inconsistencias con la calidad y los sobrecostos de las obras, tanto, que algunos líderes están preparando un derecho de petición para la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de manejar los recursos destinados, porque no han quedado satisfechos con las respuestas de los ingenieros ante las dudas que han surgido.

Además fue suspendida la Convocatoria Pública Número 7 para elegir al contratista que ejecutará las obras en los seis municipios restantes de estas subregiones (Amalfi, Caucasia, El Bagre, Nechí, Segovia y Zaragoza), que estaba abierta desde marzo de este año y debió empezar en mayo. Con todo esto, los tiempos estipulados por la ART se van a alargando y queda una incertidumbre en las comunidades de cómo se irán a realizar el grueso de los PDET que deben empezar el otro año.

Después de generar once adendas o añadidos a la convocatoria, que modificaron el numeral 5 que se refiere al cronograma para el proceso de selección, fue suspendida temporalmente hasta nuevo aviso en la página del Fondo Colombia en Paz, que es el lugar donde llegan los dineros para la implementación del Acuerdo de Paz. En ninguno de los casos se explicó la razón de la suspensión dada el 16 de agosto. También se suspendió la Convocatoria Pública Número 14, que se refiere a la interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos de las PIC.

Escaso apoyo institucional a los PDET

El 30 de julio de este año se reunieron en Medellín el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila; y alcaldes locales de los municipios priorizados, para hacer balance de cómo va marchando la implementación del Acuerdo, pero no hubo presencia de líderes que han estado construyendo los PDET desde los territorios y son los que saben de los avance y dificultades.

Archila dijo en entrevista a los medios de comunicación locales que “aquí hay unos PDET con unos alcaldes muy místicos, muy comprometidos con el proceso”. Y en los territorios son los líderes y las comunidades mismas las que han estado atentos para que se cumpla lo pactado en La Habana, incluso sin la total disposición de algunos alcaldes, como es el caso de Anorí e Ituango, o los que están encarcelados como el de Cáceres o El Bagre.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha cuestionado varias iniciativas del proceso de paz y le reclama al gobierno nacional mejor comunicación: “Insisto al gobierno nacional que es urgente hacer una revisión de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para definir acciones en el corto plazo que apunten a la resolución de esta problemática. Y creo que de manera centralista e inconsulta con los departamentos se implementó el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y el PDET”.

Por otro lado, los recursos destinados por el gobierno del presidente Iván Duque para la ART en 2019 son de $114.067 millones y para el 2020 serán de $102.248 millones, según el Presupuesto General de la Nación, disminuyendo el 10 por ciento de inversión. Para los seis municipios que faltan en ejecutar las PIC del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, hay destinados $8.200 millones y serán 62 las obras que se realizarán.

En el artículo 143 del Plan Nacional de Desarrollo se habla de una hoja de ruta “para la implementación de la política de estabilización como una herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, con los planes y programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de recursos y consolidar la acción coordinada del Gobierno nacional, las autoridades locales y la cooperación internacional, entre otros, en los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET”.  

Aunque allí no se explica cómo se pondrán en marcha los PDET, no hay un cronograma de ejecución ni acuerdos de inversión, información necesaria para las comunidades que tienen grandes expectativas en la materialización de las propuestas que dejaron plasmadas en los PATR.

Aún así, a mediados de agosto, la ART reanudó las reuniones con los grupos motores de cada municipio priorizado, conformado por líderes voceros, encargados de llevar las propuestas de sus comunidades. Estos encuentros se han dado en Caucasia, Nechí, Briceño, Tarazá y Anorí, explicando los avances de los PDET.

Continúan las quejas por inconsistencias

En algunos municipios las comunidades no han quedado satisfechas con los procesos de construcción de los PDET ni con la realización de algunas obras y menos con la interacción con la institucionalidad. El caso más particular es el del municipio de Anorí, que desde que iniciaron las obras han venido denunciando problemáticas en el manejo de recursos y en la participación comunitaria.

En Anorí se hizo reunión con la ART. “Nos dieron los avances con los PDET, pero siguen las inconsistencias. Por ejemplo, la cancha en La Primavera que cada vez es peor, ya quitaron las arquerías, no está funcionando. La caseta de Solano la diseñaron mal y tuvieron que tumbar una estructura. La caseta de Santa Gertrudis está parada; la cancha de La Concha hace como cinco meses la demolieron y así demolida se quedó porque no la siguieron. Notamos una alza en los precios de los materiales de las casetas, estamos viendo que hay un sobre costo de los materiales”, asegura José David Hernández, líder y veedor de este proceso.

En Tarazá, los campesinos y cultivadores de hoja de coca tienen planeada una asamblea el próximo 27 de septiembre para analizar las dificultades que se han presentado con el PNIS y el PDET y por los incumplimientos a los acuerdos que pactaron el primero de mayo en este municipio con encargados de la ART y la alcaldesa. (Leer más en: Campesinos de Tarazá, sin garantías en sus territorios)

Por otro lado muchos líderes han dejado de participar activamente en la construcción del PDET y  en el PNIS por amenazas y falta de garantías para proteger sus vidas, pues todos estos territorios siguen siendo objetivo militar de grupos armados que se disputan su control y el fortalecimiento de las economías ilegales.

Algunas organizaciones sociales y ONG encargadas de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz han publicado informes sobre los avances y dificultades en los territorios, y señalan que ha disminuido el ritmo de la implementación y aumentado la inseguridad en estos municipios. (Leer más en: La violencia se mantiene en los municipios PDET de Antioquia)

“Preocupa que líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios. Estos líderes son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho”, dice el Instituto Krock en su más reciente informe, publicado el pasado mes de abril.

Aún falta resolver el tema de la tierra, pues en el momento ninguno de los trece municipios priorizados en Antioquia ha logrado el acceso y formalización, tampoco se ha logrado una verdadera conexión entre PDET y PNIS; además, la veeduría ciudadana no ha sido promovida con claridad para que todos tengan certeza de cómo se están distribuyendo los dineros destinados a la paz.

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Durante años, esa comunidad indígena ha luchado para reivindicar sus derechos y conseguir condiciones de vida dignas. Aunque participaron en la consolidación de los PDET con entusiasmo, hoy ven su ejecución distante.

Dentro de la amplia diversidad étnica que compone al departamento de Cesar se cuenta también una representación de la etnia Yukpa, que en otrora habitó en la zona plana de la Serranía de Perijá, lo que hoy se conoce como los municipios de La Paz, San Diego, Los Tupes, Casacará, Los Brasiles, Codazzi, Becerril, La Jagua y Curumaní.

En la actualidad, alrededor de 13 mil indígenas yukpas, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, sostienen el legado de esta etnia en seis resguardos: Sokorpa, Menkue, La Laguna, El Rosario, Caño Padilla e Iroka, que se encuentran en la parte alta de la misma serranía, dentro de los territorios correspondientes a La Paz, San Diego y Becerril.

“Hoy se encuentran habitando en la parte alta de la Serranía de Perijá por todas las consecuencias que lo llevó la colonización, la Iglesia Católica, el conflicto armado y nos encontramos en unas extensiones de tierras muy pequeñas”, explicó Guillermo Cabrales, secretario general de las autoridades del pueblo yukpa de la Serranía de Perijá.

En medio de las dificultades que atraviesan, agudizadas por la falta de territorio, esta comunidad, en cabeza de sus cabildos gobernadores y líderes, trabaja por seguir adelante y conseguir que el Estado colombiano, del que se sienten ignorados, les dé finalmente unas condiciones dignas de vida como es su derecho.

En El Rosario

Para tener una radiografía de lo que viven los indígenas yukpas de la serranía de Perijá no hay que ir demasiado lejos. A una hora y media en motocicleta, desde el municipio de La Paz, se encuentra el asentamiento El Consejo, que conforma el resguardo de El Rosario, junto con las comunidades de Cuatro Caminos, Yucatán, La Esmeralda y Las Palmas.

Allí habitan en la actualidad cinco familias, debido a la poca extensión del lugar, que se dedican al cultivo de diferentes productos como plátano, maíz, cacao, aguacate, yuca o malanga, que comercializan en la misma zona con los compradores que suben hasta esa parte, o los venden en Codazzi. Todo lo anterior enfrentando una vía bastante complicada que alarga los trayectos al exigir experiencia y pericia de los conductores.

Las casas, de tablas y zinc, dan muestra de la precariedad que deben enfrentar estas comunidades, las cuales pueden ser aún mayores. “En otros resguardos, por lo menos en el asentamiento de Cuatro Caminos no tienen viviendas, tienen ranchos, a veces de plástico y cuando llueve se les mojan”, explica Ana Elvira Suárez, de 30 años y quien lleva toda su vida en El Consejo.

Es precisamente ella, junto con Jesús Esneider Quintero y Niver Martínez, otros miembros de esta etnia, quien muestra cómo viven en este asentamiento en el que tienen un puesto de salud, también de tablas, que evidencia el deterioro que le ha generado el paso de los años desde su entrega en el 2015. El lugar, sostiene la mujer, lo atiende una promotora de salud que hace recorridos por todos los resguardos por lo cual no permanece únicamente allí.

Cerca del espacio destinado para la atención en salud cuentan con un salón que les sirve para el desarrollo de reuniones mensuales en las que el pueblo yukpa evalúa la situación qué están pasando y toman decisiones encaminadas a la búsqueda de su bienestar. Al lado, mientras tanto, se construye un comedor tradicional también para esta población y a pocos minutos, también en motocicleta, se encuentran dos de las escuelas a las que pueden acudir los niños y adolescentes.

Una de ellas es conocida como el Centro Educativo La Bodega, donde se imparten clases tanto a ‘blancos’, como distinguen a quienes no pertenecen a su etnia, como a yukpas. Sin embargo, ahí tienen la limitante de sólo poder estudiar hasta el grado noveno, lo que de hecho hicieron Quintero y Martínez. Después de alcanzar ese nivel educativo y debido a las dificultades para llegar a otra institución en la que pudieran completar sus estudios, ya fuera en La Paz o San Diego, se vieron abocados a dedicarse al campo.

“Cuando eso (tiempo en el que estudiaban) nos tocaba bajar de a pie, que uno se echa como dos horas, y era bajar y subir, y dan hasta noveno, no terminan ahí”, explica Niver, de 21 años, quien dice que ahora se dedica a trabajar en la parcela donde habita sembrando café, plátano, maíz, frijol, entre otros. De allí devengan su sustento, “no es que dé mucho, pero algo da”, asegura Jesús Esneider, quien tiene 19 años.

A esta realidad se suman otras condiciones que para la comunidad “hoy son totalmente inaceptable”. Por ejemplo, señala Guillermo Cabrales, la producción alimentaria es poca debido a que gran parte de la comunidad no cuenta con tierras suficientes para sembrar.

“Si no tienes territorios, pues la gente no come y por ende se enferma, y más nuestros niños y son muchos los casos de desnutrición que hemos mencionado y que hemos venido denunciando ante diferentes instituciones como el ICBF que no tiene la responsabilidad y la culpa de lo que está pasando”, enfatiza.

Igualmente hace referencia al tema de las viviendas, generalmente de zinc, y a la falta de acueducto, lo que los obliga a tomar el agua del río para preparar los alimentos y lo que provoca que en muchas ocasiones esto cause muchas enfermedades.

El PDET como vía

Al ser parte de las comunidades asentadas en tres de los ocho municipios del departamento de Cesar priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el marco del Decreto 893 del 28 de mayo del 2017 y que hacen parte de las estrategias diseñadas para la ejecución del primer punto del Acuerdo de Paz que busca la Reforma Rural Integral, los yukpas también tuvieron su participación en la consolidación de estos programas.

Ellos presentaron en total 73 iniciativas propias étnicas, categoría que incluye únicamente a población indígena, enfocadas a los ocho pilares que componen los PDET: Educación rural y primera infancia, Reconciliación, convivencia y paz, Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, Reactivación económica y producción agropecuaria, Salud rural, infraestructura y adecuación de tierras, Vivienda, agua potable y saneamiento y Derecho a la alimentación.

“Las autoridades del pueblo Yukpa decidieron trabajar esto viendo una herramienta más y una posibilidad de poder superar todo el estado de cosas inconstitucionales en las que ha estado el pueblo Yukpa sumergido desde hace tiempo”, asegura Guillermo Cabrales.

En este sentido, expresa el Secretario General de Autoridades del pueblo Yukpa de la Serranía de Perijá, entregaron una matriz PDET consignaron todas las iniciativas en cuanto a temas territoriales, de salud, educación, proyectos productivos.

“Todo lo que encierra la integralidad para la supervivencia de un pueblo indígena y en este caso las autoridades decidieron plasmarlas en una matriz, la entregamos en Valledupar a la gerente del PDET con una constancia jurídica de que todo este tema de la implementación del PDET en la Serranía de Perijá para el pueblo Yukpa o de su interés tendría que ser concertado”, agrega.

Sin embargo, para ellos todo este trabajo ha quedado detenido porque hasta el momento no han visto ningún desarrollo al respecto de lo que se concertó.

“Dejamos todas las informaciones frente a los programas que iba a llevar el PDET a las comunidades, a los pueblos indígenas. Lastimosamente, aunque se hizo toda la formulación del documento, hasta el sol de hoy no se ha visto nada”, manifiesta Jaime Luis Olivella, cabildo gobernador del resguardo El Rosario. Según Olivella, líderes y comunidad se sienten engañados en vista de que los recursos no han llegado.

Por su parte, Cabrales apunta a que por este motivo han escrito a la Consejería de Estabilización y Normalización, a cargo de Emilio Archila, y les han respondido que no se ha podido avanzar porque hay unos recursos limitados. “Se limitan solamente a decir que van a hacer una reunión de alto nivel con el pueblo Yukpa para explicarnos qué es un PDET, pues nosotros desde el primer momento, desde el 2017, sabemos qué es un PDET, por eso lo construimos”, reitera.

Lo que están haciendo

Entre tanto, hay otro trabajo que autoridades y comunidad han venido propiciando de la mano de otras entidades del estado que, esperan, no sea incluido más adelante como ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Así pues, explica Cabrales, por medio de la Sentencia T-713 del 7 de diciembre de 2017, que se profirió tras una acción de tutela interpuesta por las autoridades yukpas contra el Ministerio del Interior y su Dirección de Consulta Previa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), hay dispuestas una serie de acciones con diferentes instituciones.

La tutela se instauró “con el propósito de obtener el amparo del derecho fundamental a la consulta previa, con ocasión de la implementación de la zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) en el municipio de La Paz, departamento del Cesar, en territorio ancestral Yukpa, y la posible constitución de zonas de reserva campesina (ZRC) en la serranía de Perijá, que afectan sus territorios ancestrales”. Todo esto cuando se estimó la instalación de los que hoy es el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Simón Trinidad, ubicado en Tierra Grata entre los municipios de La Paz y Manaure Balcón del Cesar.

A raíz de esto, con la Agencia Nacional de Tierras tienen estipulada la compra de predios para ampliación y protección de la delimitación de territorios ancestrales en el marco del Decreto 333. Con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, refiere Cabrales, llegaron a un acuerdo el 24 de mayo de este año para construir una infraestructura ‘Sacúdete’, que posiblemente será en el resguardo Sokorpa.

La misma fue un compromiso entre gobernadores del pueblo Yukpa y el Alto Comisionado para la Paz. “No es pretender que esto vaya a pasar como una obra PDET cuando no es así”, aclara, al tiempo que hace referencia a que la ampliación de los territorios del pueblo yukpa tampoco es una iniciativa PDET, sino que hace parte de un trabajo propio que se ha venido haciendo en el marco del cumplimiento de la sentencia de la orden cuarta que compete a la ANT.

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