“Los que se llevaron eran amigos míos. Yo recuerdo a uno que era muy ‘sexapiloso’, muy animado, pero se mantenía muy sucio”, cuenta Omaira Montoya, la ‘Guerrera’, una mujer que libró muchas batallas en las calles de Medellín por más de 40 años y que presenció hace poco menos de una década cómo varios de sus compañeros de andanzas fueron llevados por desconocidos a supuestos lugares de trabajo fuera de la capital antioqueña. Y nunca regresaron.

“Ese muchacho ‘sexapiloso’ me dijo: ‘Guerrera’, ‘Guerrera’, estoy más contento. Mañana me voy. Aquí vinieron unos muchachos bien vestidos, me dieron la liga y me dijeron que mañana me iban a llevar a trabajar”, desgrana con nostalgia Omaira, al recordar a uno de los jóvenes indigentes que, al parecer, fue víctima de uniformados del Ejército, en su afán de mostrar resultados operacionales contra la guerrilla.

Ella estuvo a punto de aceptar esa invitación: “Ese muchacho insistió en que me fuera con ellos. ‘Usted es como nosotros de fuerte’, me decía. Y yo le respondí que al otro día hablábamos. Me acosté temprano pensando en que me iría, trabajaba, me ponía gordita y descansaba unos días”.

“Al otro día me levanté y le dije que estaba lista. Y le pregunté: ‘¿cuántos más van a ir?’ Me respondió: ‘ya vienen, ya vienen’. Y salieron rápido, por encima de mí, cuatro. Estaban limpios, bien vestiditos. Y el muchacho ‘sexapiloso’ estaba parado ahí, al pie del camión, diciendo, ‘¡vamos!, ¡vamos!’”, relata Omaira, en una conversación con este portal.

“Al rato empezaron a salir más y más. Todos hombres. Entonces yo dije: ‘no, yo no voy a ir, estoy muy delgada, no tengo fuerzas, no, yo no voy a ir. Y el camión arrancó”, recuerda esta mujer. “Y me puse a llorar sin saber por qué”.

El vehículo se había parqueado en las afueras de Centro Día N. 1, un lugar en el centro de la capital antioqueña que acoge durante el día a personas en situación de calle y con recursos de la Alcaldía de Medellín se les brinda alimentación, espacios de aseo, atención en salud básica y momentos de lúdica. Era un sitio estratégico, y los militares lo sabían.

“A mí me tocó vivir todo eso”, evoca Lorena Durango Muñoz, quien también estuvo en aquella despedida. Ella vio partir a once jóvenes indigentes, varios de ellos amigos suyos. Había mucho ánimo en los muchachos.

¿Y cómo se dieron cuenta de la supuesta invitación? Lorena asegura que en las calles de la capital antioqueña corrió el rumor de que había trabajo en fincas, “pero no decían dónde, que estaban recogiendo gente para trabajar y les prometían rehabilitación. Sólo buscaban hombres. Los habitantes de calle son muy vulnerables, y cuando les ofrecen plata ahí están. Se trata de subsistir”.

“Algunos se fueron con la idea de buscar cambios positivos”, agrega la mujer, quien vivió 29 años en las calles antes de lograr su recuperación. “Me decían que con lo que ganaran se irían a un centro de rehabilitación, que se pondrían bien, que cambiarían su estilo de vida”.

“Pero todos esos sueños quedaron truncados”, se lamenta Lorena. Los jóvenes nunca regresaron. Inicialmente, pensaron que les estaba yendo bien, que se habían recuperado realmente, que volvieron a las casas de sus familias y dejaron atrás todos aquellos consumos nocivos.

Omaira y Lorena concuerdan en destacar que entre la población de personas en situación de indigencia es normal que algunas desaparezcan por semanas, meses y hasta años, y luego vuelvan a las calles y guaridas donde pasaban sus días y sus noches. Pero en el caso de los muchachos que se fueron en ese camión fue distinto. Ellos no volvieron a la ciudad.

Ambas mujeres hablaron el jueves pasado durante una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante poco menos de un centenar de personas, incluidos varios militares que están siendo procesados por esos crímenes en este escenario de justicia transicional.

Ni Omaira ni Lorena sabían de ese fenómeno criminal que se conoce como “falsos positivos”, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas del Ejército contra personas ajenas a la guerra para hacerlas pasar por guerrilleros y obtener beneficios personales e incrementar los resultados operacionales, para satisfacción de sus superiores.

“Yo apenas me estoy enterando de lo que son los falsos positivos”, reconoce Omaira, quien estuvo en aquella audiencia en representación de los habitantes de calle de Medellín y en su condición de lideresa de Ave Fénix, un grupo de personas reeducadas que salieron de la indigencia y ahora se enfocan en sensibilizar, abrazar, escuchar y motivar a quienes están sumidos en ese tipo de vida.

Esta lideresa valora lo que hace la JEP: “Aquí hay una esperanza, una luz, para saber dónde están esos muchachos, y sus familias les den sepultura”. Por su parte, Lorena valora el reconocimiento que han hecho los militares: “es un gesto de valentía. Si ellos no lo hubieran dicho, no se habría sabido la verdad”.

Estrategia sistemática

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la JEP, en desarrollo del macrocaso 003, que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, indican que los militares inmersos en casos de ‘falsos positivos’ no solo asesinaron a campesinos para presentarlos como “guerrilleros dados de baja”; también diseñaron la estrategia de engañar a personas vulnerables de las ciudades y tras falsas ofertas de trabajo las trasladaban a diversas regiones y las mataban para mejorar sus estadísticas operacionales.

De esa estrategia habló el sargento viceprimero (r) Fidel Ochoa, uno de los uniformados que está siendo procesado por la JEP, en la audiencia pública convocada en Medellín por la JEP para escuchar la aceptación de responsabilidades de los victimarios y las pretensiones de verdad y reparación de las víctimas.

De acuerdo con Ochoa, la estrategia de buscar personas vulnerables en Medellín para trasladarlas bajo engaño a Dabeiba, en el occidente antioqueño, se concertó con el entonces mayor David Guzmán Ramírez, comandante del Batallón Contraguerrilla N. 79, y sus hombres de confianza.

“Fue el mismo comandante del batallón el que nos suministró los recursos económicos para trasladarnos a Medellín”, declaró Ochoa. El objetivo de ese viaje era reclutar personas bajo engaño a futuras víctimas y llevarlas a las zonas de operación de ese batallón para luego asesinarlas y presentarlas como “bajas en combate”.

Uno de los militares comparecientes ante la JEP narró que, en alianza con paramilitares, se cometieron varios asesinatos de personas llevadas desde Medellín. Así lo expuso el sargento (r) Jaime Coral Trujillo ante las víctimas y magistrados de la JEP en la audiencia celebrada en la capital antioqueña.

Por orden de Coral, soldados bajo su mando recolectaron plata para enviar a varios compañeros a Medellín con el fin de reclutar víctimas. En su intervención detalló cómo en dos casos sus hombres llevaron cinco personas llevadas desde la capital antioqueña, las cuales fueron asesinadas y luego expuestas en una escena para hacerlos parecer como guerrilleros muertos en combate. Los cuerpos eran enterrados como NN en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

La estrategia de engañar personas vulnerables en Medellín descrita por los uniformados que comparecen ante la JEP coincide con la descrita por el entonces teniente Edgar Iván Flórez Maestre en una diligencia de queja presentada el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuraduría General de la Nación.

El oficial detalló que para aquel año había bastante presión por sus superiores para presentar resultados. De hecho, la queja disciplinaria apuntaba al entonces teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, oficial adscrito a la Brigada XIV del Ejército con sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Flórez Maestre resaltó en su declaración las palabras de Ramírez Cedeño para presionar a sus subalternos: “Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

Para cumplir con esas cuotas, los militares comenzaron a buscar opciones y a través de uno de los uniformados diseñaron la estrategia de reclutar en la capital antioqueña vendedores ambulantes y jóvenes sin familia: “les compraba ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajar a Puerto Berrío”.

De acuerdo con el relato de Flórez Maestre, a las víctimas las bajaban en retenes del Ejército instalados en las afueras de esta población de la región del Magdalena Medio antioqueño y las asesinaban fingiendo combates o enfrentamientos.

La sistematicidad de estos crímenes quedó en evidencia en 2021 cuando la JEP, a través de múltiples fuentes, estableció que entre los años 2002 y 2008 se habrían perpetrado por lo menos 6.402 muertes ilegítimas para ser presentadas como bajas en combate en diversas regiones del país. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)

Muchos de esos casos han sido registrados como desaparecidos, pero con el trabajo de la JEP, basado en los testimonios de los comparecientes, se logró establecer que en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, habría por lo menos medio centenar de cuerpos de víctimas de “falsos positivos”, varios de los cuales serían de personas en condición de indigencia llevadas bajo engaño desde Medellín. Las autoridades trabajan en su identificación plena.

¿Cómo reparar?

Una de las preocupaciones de las familias de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos es cómo será la reparación por los daños ocasionados. Justamente en esta audiencia pública, se expusieron algunas alternativas.

La vocería de las víctimas estuvo representada por Catalina Ortiz, hermana de un jóven asesinado por el Ejército. Recopilando las demandas y necesidades de todas ellas, y reclamando la participación de gobiernos locales y regionales, así como de la comunidad internacional, Ortiz resaltó que la principal demanda de las familias es la recuperación de los cuerpos de los jóvenes asesinados y enterrados como NN por las tropas.

Asimismo, exigió que se dignificara el nombre de las victimas y se reiterara que eran personas inocentes y no guerrilleros asesinados en unos combates que nunca existieron.

También reclamó acciones para recobrar la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y que en la formación de los funcionarios y agentes de la Fuerza Pública se incluyan mecanismos claros para que en el ejercicio de sus tareas protejan a la población civil.

Por último, pidió que se diseñaran medidas para reparar vías terciarias y centros educativos en zonas rurales de Dabeiba para fortalecer los proyectos agrícolas y avícolas.

En respuesta a esas peticiones, los militares procesados por la JEP y presentes en la audiencia se comprometieron a participar en procesos restaurativos para satisfacer a las familias de las víctimas.

A manera de conclusión, la magistrada Nadiezhda Hernández, quien presidió la audiencia pública, cerró la audiencia diciendo que “lo mas restaurativo es recuperar la condición humana, la palabra, la voz, esa posibilidad de contribuir y ser parte. Es un trabajo con los comparecientes y con las víctimas. En este país tenemos que salir restaurados todos”.

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Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de ‘Otoniel’, es de esos sobrevivientes que lograron esquivar las balas en cuanta confrontación participó. Por esa razón, sus recuerdos de más de tres décadas de guerra son importantes para construir memoria, pero ¿cuánto de ello servirá para hacer justicia en favor de las víctimas, sobre todo ahora que está en una cárcel estadounidense?

VerdadAbierta.com revisó con detalle el documento mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le remitió el pasado 25 de abril a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el listado de 62 personas y empresas que fueron nombradas por alias ‘Otoniel’ y que habrían tenido algún tipo de relaciones con los grupos armados ilegales a los cuales estuvo vinculado este exparamilitar y narcotraficante durante su vida criminal.

De la revisión de ese documento se desprenden algunas conclusiones preliminares, entre ellas que alias ‘Otoniel’ estaba aportando información a los magistrados de la JEP sobre las posibles alianzas criminales de sectores políticos y económicos con aquellos grupos armados ilegales en los cuales militó, más allá de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Gran parte de su versión de la guerra coincidía con las aportadas por varios exparamilitares ante fiscales y magistrados de los tribunales de Justicia y Paz, creados por la Ley 975 de 2005 para juzgar a los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos suscritos a medios de 2003 con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Lo que venía haciendo alias ‘Otoniel’ era profundizar en aquellas relaciones de las estructuras paramilitares en las que estuvo en armas con sectores económicos y políticos, entregando nombres y explicando, desde su experiencia, cómo se articularon unos y otros para fortalecer esos aparatos armados ilegales en departamentos como Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Meta.

Sus aportes a la JEP tendrán que ser corroboradas por las autoridades competentes que recibieron la compulsa de copias y demostrar que esas alianzas pregonadas sí constituyen un delito y los responsables deben ser sancionados penalmente. Aunque es importante precisar que algunas de las personas referidas ya han sido condenadas por esos pactos ilícitos.

Ante la justicia transicional

Este exparamilitar se vinculó a la guerra a finales de 1988. Pasó por las guerrillas del Epl y las Farc en el Urabá antioqueño; luego se incorporó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y continuó en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) hasta el 3 de septiembre de 2005, cuando se desmovilizó en zona rural del municipio de Yopal con el Bloque Centauros, junto a 1.134 hombres y mujeres, bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Si bien contaba con los beneficios judiciales que le daba la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, entre ellos un máximo de ocho años de cárcel si se comprometía a contar su verdad sobre su paso por la guerra y a reparar a las víctimas, decidió marginarse de ese proceso, regresar a la clandestinidad, incorporarse a los ‘gaitanistas’, que estaban siendo lideradas por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y fortalecer las redes del narcotráfico. (Leer más en: Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas)

Ante el incumplimiento de sus compromisos como desmovilizado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó de la lista de postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz mediante decisión fechada el 19 de noviembre de 2015.

¿Pero cómo fue que llegó a comparecer a la JEP? Alias ‘Otoniel’ fue capturado el 23 de octubre de 2021 en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, tras una intensa búsqueda de más de cinco años por parte de las autoridades. Una vez detenido, se inició el proceso de extradición hacia Estados Unidos a solicitud del gobierno de ese país, para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas.

De manera paralela a esos trámites, organizaciones de víctimas solicitaron que alias ‘Otoniel’ fuera escuchado bajo juramento para que contara su versión sobre la guerra, que se negó a dar en Justicia y Paz, y detallara las alianzas de las estructuras paramilitares y sectores legales del país.

Además, en un escrito fechado el 22 de febrero de este año, su abogado, Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, le solicitó a la Sala de Revisión de la JEP la aplicación de la garantía de no extradición para que hablara sobre “hechos produjeron graves violaciones a los derechos humanos a víctimas de civiles del conflicto armado y se perpetraron asesinatos de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario en las regiones de Casanare y Meta”.

Si bien fue llamado por la JEP para que aportara información sobre lo que sabe de esos crímenes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a la solicitud de extradición el pasado 6 de abril, precisando que “el requerido puede ser visto y escuchado las veces que sean indispensables, para la complacencia de los derechos de las víctimas […] en virtud del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.

Dos días después, el presidente de la República Iván Duque, firmó el decreto que facultaba a las autoridades para que alias ‘Otoniel’ sea extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 28 de abril, el Consejo de Estado frenó la adopción de esa decisión hasta tanto no se resolviera una acción de tutela presentada por organizaciones de víctimas, que alegaron que con la extradición del capo del narcotráfico se vulneraban sus derechos fundamentales “a sancionar, investigar, recurso judicial efectivo, la imposición de penas, verdad, justicia y reparación (sic)”.

No obstante, esa medida cautelar fue levantada ayer y de inmediato el gobierno nacional procedió a entregarlo a las autoridades de Estados Unidos en un rápido procedimiento que se realizó en la base militar de Catam, en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, desde donde fue trasladado en un avión de la DEA a suelo norteamericano.

Atrás quedaron decenas de expedientes judiciales abiertos por los delitos cometidos durante su pertenencia a grupos armados ilegales durante más de 30 años. Por ahora, han quedado congelados, a la espera de un improbable retorno al país luego de pagar su condena en Estados Unidos.

Antes de ser extraditado, alias ‘Otoniel’ compareció este año tres veces a la JEP -23 de marzo y 19 y 20 de abril-, para rendir testimonio sobre lo que pudiera saber de la comisión de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento de Casanare, entre los años 2005 y 2008, por militares adscritos a la Brigada XVI del Ejército.

En esas citas judiciales hizo referencia a alianzas de militares y policías de ese departamento con organizaciones paramilitares, así como de funcionarios, políticos, empresarios y contratistas. Su testimonio fue más allá de los ‘gaitanistas’ e incluyó alusiones a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Por eso llama la atención la inexactitud del documento de compulsa de copias remitido por la JEP a Fiscalía, Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia, porque solo hizo énfasis en esa organización criminal: “De las anteriores diligencias, según el dicho del testimoniante, podría inferirse la participación de personas e instituciones en conductas delictivas relacionadas con la organización ilegal, denominada Autodefensas Gaitanistas o ‘Clan del Golfo’”.

Casanare, bajo control

A través de un filtro aplicado a los 62 nombres aportados por alias ‘Otoniel’ se evidencia el nivel de articulación que lograron estructuras paramilitares con la administración del departamento de Casanare a través de la Gobernación y distintas alcaldías para esquilmar los recursos públicos. (Leer más en: Fiscalía y Procuraduría piden condenar a firmantes del ‘Pacto de Casanare’)

Al respecto, en una de sus intervenciones, citada por la JEP en su compulsa de copias, alias ‘Otoniel’ afirmó que parte de las finanzas del Bloque Centauros provenían del cobro del 5 por ciento a los contratos que se suscribieran con administraciones de los municipios bajo su control, por ello buena parte de los nombres que entregó en este escenario transicional es de exgobernantes regionales, exsecretarios de despacho y contratistas, en su mayoría de obras de infraestructura. (Leer más en: La ‘Dian’ del Bloque Centauros)

Pero lo que ahora parece novedoso para la opinión pública nacional e internacional, la verdad es que no lo es tanto. Explicaciones al respecto fueron desarrolladas de manera más detallada y contrastada en la sentencia condenatoria proferida el 25 de julio de 2016 por la Sala de Justicia de Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia Molina, contra Manuel Pirabán y una docena de sus hombres bajo su mando, quienes integraron el Bloque Centauros.

El fallo cita los testimonios de varios exparamilitares, quienes detallaron que ese bloque paramilitar “encontró en la contratación pública una fuente de ingresos para solventar sus necesidades”. Tal como lo dijo alias ‘Otoniel’, les cobraban a los contratistas el 5 por ciento del valor de sus contratos, pero “se eximían de cobro los contratos por escuelas y puestos de salud”.

En una de las declaraciones fiscales de Justicia y Paz, Pirabán aseguró que “todos los contratistas de la región tenían que aportar el porcentaje para la organización […] persona que no pagara a la organización no podía trabajar”.

Las finanzas de ese grupo armado, asociado a las Auc, fueron administradas por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, el creador de las Agc a mediados de 2006 en el Urabá antioqueño. Este exparamilitar fue capturado en abril de 2009 y extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, donde se declaró culpable de delitos asociados al tráfico de drogas. (Leer más en: ‘Don Mario’ contó cómo se tomó el piedemonte llanero)

Pero el Bloque Centauros no era el único que cobraba estos tributos en Casanare. Anterior a su llegada, en 1997, ya operaban las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), una estructura armada ilegal de larga tradición en este departamento que fue comandada en sus inicios por Héctor José Buitrago Rodríguez, alias ‘El Patrón’ y luego por su hijo, Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como ‘Martín Llanos’. Ambos grupos se disputaron a muerte el control territorial en ese departamento a comienzos de los años dos mil. (Leer más en: ‘Martín Llanos’, el ‘expara’ capturado del Casanare)

Bajo acuerdos con los candidatos a cargos de elección popular, especialmente a la Gobernación y a alcaldías, las ACC obtuvieron el manejo del 50 por ciento del presupuesto y el 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las administraciones bajo su control. (Leer más en: Parapolítica, mentiras y videos en Casanare)

De hecho, el listado que construyó la JEP a partir de las declaraciones de alias ‘Otoniel’ incluyó a seis exgobernadores —William Hernán Pérez Espinel (1/01/2001-31/12/2003); Miguel Ángel Pérez Suárez (1/01/2004-26/12/2004); Helí Cala López (1/04/2005-21/09/2006); Oscar Raúl Iván Flórez Chávez (1/01/2008-31/12/2011); Nelson Ricardo Mariño Velandia (1/01/2012-5/12/2012); y Marco Tulio Ruiz (24/07/2013-31/12/2015) —.

Dos de los exmandatarios, Pérez Espinel y Suárez Pérez, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus alianzas con las ACC y no con el Bloque Centauros de las Auc ni con las Agc, por lo que llama la atención que alias ‘Otoniel’ haya aludido a ellos en su comparecencia a la JEP.

Pérez Espinel solicitó su sometimiento a este tribunal de justicia transicional el 7 de junio de 2018 en calidad de “Agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública”, dados sus nexos con las ACC, motivo por el cual fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 180 meses de prisión en decisión proferida el 28 de septiembre de 2009. Se desconoce si la JEP lo aceptó o no.

A la par de los exmandatarios, el ahora extraditado exjefe paramilitar y narcotraficante también aportó los nombres de personas que trabajaron en la Gobernación de Casanare en calidad de secretarios de despacho en periodos en los cuales estaban bajo el control de las ACC.

Sobresalen en ese apartado del listado Orlando Vesga Niño, quien se desempeñó como Secretario de Salud Departamental entre los años 2001 y 2002, y fue condenado a 66 meses de prisión por celebración indebida de contratos; Jorge Camilo Abril Tarache, quien fungió como Secretario de Agricultura Departamental entre los años 2004 y 2005, luego fue Alcalde de Paz de Ariporo (2008-2011) y Representante a la Cámara (2014-2018); y Narda Consuelo Perilla, secretaria de Hacienda Departamental en el periodo 2001-2005.

Estos funcionarios ocuparon sus cargos en momentos en que las ACC ejercían un férreo dominio de las finanzas departamentales, razón por la cual tendrían conocimiento de cómo se disponían los recursos para ese grupo paramilitar.

Bajo el control de ese grupo paramilitar también estaban los contratistas que ejecutaban proyectos para la Gobernación y algunas alcaldías. Es por ello que alias ‘Otoniel’ entregó varios nombres. En este caso las autoridades deberán establecer cuál fue su participación en la financiación de estructuras paramilitares de Casanare, sean estas las ACC o el Bloque Centauros de las Auc.

Al respecto, se destaca en ese listado, como contratista, la Universidad de Cartagena. No obstante, una revisión de su caso permite concluir que también es un caso juzgado, según consta en una decisión tomada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio de 2014.

De acuerdo con ese fallo, ese centro de estudios superiores suscribió dos contratos interadministrativos con la Gobernación de Casanare bajo la administración de William Hernán Pérez Espinel, fechados el 29 de noviembre y el 27 de diciembre de 2002, con el propósito de “ejecutar las labores de interventoría técnica, administrativa y financiera en varios proyectos del plan de desarrollo del Departamento” y de “prestar los servicios de administración delegada e interventoría en la ejecución del plan de desarrollo […] adquiriendo como obligaciones específicas el manejo de los recursos y la ejecución de obras públicas de distinta índole”.

La ejecución de ambos convenios generó millonarios sobrecostos que llevaron a las autoridades a abrir investigaciones penales acabando con la condena del entonces rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, a 15 años de prisión, en decisión proferida por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de marzo de 2011, como responsable de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la versión dada por alias ‘Otoniel’, los dineros de esos sobrecostos, calculados en 3,400 millones de pesos, habrían llegado a las arcas del Bloque Centauros de las Auc y no en los fondos de las Agc, como lo plantea la JEP.

Políticos señalados

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En las diligencias de testimonio rendidas ante la JEP, este exjefe paramilitar y narcotraficante hizo referencia a Miguel Ángel Pinto Hernández, actual Senador de la República, y a los excongresistas Milton Rodríguez Sarmiento, Carlos Cárdenas Ortiz y Jorge Camilo Abril Tarache.

Asimismo, habló del actual candidato a la Presidencia de la República, Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia; y de Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y de Justicia en el periodo 2003-2006, y embajador de Colombia en Italia en 2006.

Con respecto a Pinto Hernández, la versión de alias ‘Otoniel’ parece imprecisa por cuanto en uno de los fragmentos de su testimonio alude que los políticos eran apoyados por los paramilitares “para que salieron elegidos y apoyaran las regiones donde operaba el Bloque Centauros”, entre ellos este congresista.

Pero resulta que Pinto Hernández, actual Senador de la República (2018-2022), es del departamento de Santander, del que fue Representante a la Cámara en el periodo 2014-2018. Al contrastar información es preciso señalar que en esa región no operó el Bloque Centauros, por lo que parece evidenciarse una confusión de alias ‘Otoniel’. Su área de dominio fueron vastas regiones de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta.

En su defensa, el congresista rechazó ese señalamiento y a través de un comunicado alegó que podría tratarse de un caso de homonimia y le pidió a la JEP que rectificara la compulsa de copias.

De Milton Arlex Rodríguez Sarmiento, quien fue elegido a la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006 y fungió como Senador de la República entre 2006 y 2018, sostuvo el exparamilitar que habló con él personalmente dos veces, sin que precisara fechas, pero siempre como integrante del Bloque Centauros.

“Estábamos consolidando esas zonas de Cundinamarca, el bajaba para el apoyo con la gente de ahí para que la organización fuera bien aceptada en esa región”, declaró alias ‘Otoniel’, lo que hace suponer que esas conversaciones podrían haberse dado en los primeros años de la década del dos mil.

Con respecto a los casanareños Carlos Cárdenas Ortiz, quien ocupó una curul del Senado de la República entre 2006 y 2010, la JEP no referenció en la compulsa de copias comentarios de alias ‘Otoniel’, así como tampoco sobre Jorge Camilo Abril Tarache, Representante a la Cámara entre 2014 y 2018, y quien fue alcalde del municipio de Paz de Ariporo entre 2008 y 2011, y Secretario de Agricultura Departamental entre los años 2004 y 2005, durante la gobernación de Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por sus nexos con las ACC.

Y sobre el candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez, el exparamilitar fue más detallado en su testimonio ante la JEP y el único con supuestos nexos con los ‘gaitanistas’. Aseguró que era amigo de Henry de Jesús López Londoño, conocido con los alias de ‘Mi Sangre’, ‘Carlos Mario’ y ‘Salvador’, un desmovilizado de las Auc con amplio recorrido en las calles de la capital antioqueña desde las épocas del Cartel de Medellín. (Leer más en: “Policía Nacional armó el Frente Capital”: alias ‘Mi Sangre’)

Según ‘Otoniel’, Pérez Gutiérrez viajaba con frecuencia al Urabá antioqueño en los años 2009 y 2010 a encontrarse con ‘Mi Sangre’, y se quedaba dos o tres días, al parecer, en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, bajo control de los ‘gaitanistas’: “Cuando eso estaba ese conflicto en Medellín con las oficinas, la gente de Urabá con las oficinas de Medellín, él iba allá a visitar a ‘Salvador’ y colaborarle en cosas de información y apoyo, pero no apoyo militar y financiero sino a coordinar en Medellín”.

Enterado del asunto, Pérez Gutiérrez negó a través de varias entrevistas a medios de comunicación cualquier vínculo con organizaciones paramilitares, aunque precisó que “que es muy posible que, luego de salir de la Alcaldía de Medellín, tuviera alguna reunión con alias ‘Mi Sangre’. Recuerdo que ellos se movían legalmente por toda parte, seguramente me pedían reuniones como dirigente antioqueño para el fomento de empleo”.

Minutos después de conocerse la noticia de la inminente extradición de alias ‘Otoniel’, la Corte Suprema de Justicia a través de sus redes sociales anunció la apertura de una indagación preliminar contra Pinto Hernández, Rodríguez Sarmiento, Cárdenas Ortiz y Camilo Abril Tarache para determinar si lo dicho por el ahora extraditado narcotraficante es cierto o no.

Con la entrega de este exparamilitar a las autoridades estadounidenses queda en vilo la posibilidad de recibir un nuevo testimonio sobre esas presuntas alianzas, por lo menos no en el corto plazo.

Finalmente, con respecto a Pretelt de la Vega, la JEP escribió en su comunicación de compulsa de copias que alias ‘Otoniel’ había dicho que “era muy allegado a Vicente Castaño”, uno de los artífices de la creación de las Auc.

No es la primera vez que esa relación es referida por exparamilitares. Hace diez años Salvatore Mancuso había referido algo similar durante una audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de octubre de 2012. En esa ocasión, aseveró que, en el año 2006, en calidad de ministro, le dijo a Castaño que “por favor volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, era para la reelección de Uribe y para que los diferentes políticos amigos, buscaban que con las bases sociales que instruyéramos las poblaciones para que nuevamente se diera este proceso de apoyo a la elección del entonces ya presidente Uribe”. (Leer más en: Lafaurie y Pretelt, señalados de nuevo por Mancuso)

Pretelt de la Vega fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2015 a seis años de prisión por el delito de concusión, tras demostrarse que ofreció dádivas a varios congresistas en 2004 para que se creara la figura de la reelección, lo que sin duda benefició al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Poca información sobre ‘Falsos positivos’

Alias ‘Otoniel’ fue citado a la JEP para que hablara de lo que supiera sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Casanare entre los años 2005 y 2008, y atribuidas a soldados de la Brigada XVI del Ejército. No obstante, fue de lo que menos habló, pero sí detalló las relaciones de oficiales con el Bloque Centauros y las Agc.

Con respecto al Bloque Centauros, este exparamilitar hizo referencias “de oídas” sobre el general (r) Mario Montoya, quien ha sido cuestionado por promover resultados operacionales en las tropas durante sus cargos como comandante de brigada, de división y del Ejército. “Se escuchó mucho hablar de Mario Montoya, personalmente nunca, pero se oía que trabajaba con las Autodefensas” dijo alias ‘Otoniel’. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Montoya)

De acuerdo con su versión, la interlocución con este oficial del Ejército, procesado por la JEP en el caso de ejecuciones extrajudiciales, se habría dado a través del jefe paramilitar Miguel Arroyave, máximo jefe del Bloque Centauros, y de su segundo al mando, Manuel Pirabán, y tendrían como finalidad lograr el respaldo de sectores del Ejército al Bloque Centauros en la guerra que libró con las ACC por el control del Casanare a comienzos de la década de los años dos mil. (Leer más en: Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave)

De hecho, alias ‘Otoniel’ dijo ante la JEP que para lograr avanzar en esa confrontación le habrían solicitado a Montoya el traslado a Casanare de Leonardo Barrero, un oficial de alto rango que llegó a Comandante de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, cuando fue retirado por orden de la Presidencia de la República por sugerir que se debía “formar una mafia” contra las investigaciones que se adelantaban por el tema de los ‘falsos positivos’.

Según el exparamilitar, con Barrero podrían gestionar mayores apoyos en su guerra con las ACC. “Cuando el traslado del general Barrero para Casanare hubo comunicación con Montoya, el viejo Arroyave dio una plata a Montoya por el traslado y fuera de eso al Frente Casanare les tocó darle un apartamento blindado aquí en Bogotá”.

Como otro de sus señalamientos, esa alusión al general (r) Montoya ya la había realizado otro desmovilizado de las Auc. En febrero de 2010, alias ‘Don Mario’, quien fue mano derecha de Vicente Castaño y fungió como jefe de finanzas del Bloque Centauros, declaró ante fiscales de Justicia y Paz que por apoyarlos en la guerra contra las ACC, al oficial le habían entregado 1.500 millones de pesos y un apartamento de 400 millones en Bogotá. (Leer más en: ‘Don Mario’ salpica al general Mario Montoya)

A ese supuesto respaldo, según ‘Otoniel’, también sumaron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un antiguo organismo de inteligencia que algunos de sus directores pusieron al servicio de organizaciones criminales. Y el Bloque Centauros se aprovechó de ello, utilizando sus camionetas para transportar algunos de sus jefes, entre ellos a él mismo, y recibiendo información de sus enemigos.

Esas alianzas fueron posibles gracias al apoyo que les dio Jorge Noguera, director nacional del DAS entre los años 2002 y 2004, y quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc y el homicidio del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, ocurrido en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004. (Leer más en: Los crímenes de Jorge Noguera)

De acuerdo con alias ‘Otoniel’, el Bloque Centauros le habría pagado a Noguera entre 300 y 500 millones de pesos para que nombrara como subdirector en la seccional del DAS en Casanare a Orlando Rivas Tovar, al parecer un hombre afín al Bloque Centauros, y quien fue condenado a 40 años de prisión por su participación en la ejecución extrajudicial de tres personas en hechos ocurridos el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias, entre los municipios de Hato Corozal y Nunchía, en Casanare, en la que participaron soldados de la Brigada XVI de Ejército.

“Él [Rivas] era primero un agente del DAS, subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Eso lo cuadraron aquí en Bogotá. El que ayudó eso fue Noguera y dieron una plata para que lo colocaran ahí […] El dato total no tengo conocimiento, pero me dijeron que fueron más de 300 millones de pesos, entre 300 y 500 millones de pesos. Que la dieron al frente de la Fiscalía tuve conocimiento […] eso fue en el 2003 o 2004 fue eso”.

Con respecto a las relaciones de las Agc con sectores de la Fuerza Pública, alias ‘Otoniel’ admitió que en las regiones del Urabá antioqueño y cordobés, donde se hizo fuerte este grupo armado ilegal desde 2006, aún hay agentes de la Fuerza Pública que les colaboran.

“Pues allá en esa zona de Urabá, sí. Fuerza Pública si hay gente que colabora todavía […] todos esos pueblitos, comandos de Policía, allá está en nómina casi todo el mundo todavía. En esa región en Córdoba en casi todas las partes la Fuerza Pública se paga igual […] En Urabá en municipios como San Pedro se paga la ley, Necoclí se paga, en esos municipios todos de Urabá la coordinación de la ley todavía existe […] En Córdoba también, bastante, en los municipios de Tierralta, allá para Montelibano se paga a la Fuerza Pública”.

En reacción a la extradición, César Santoyo, director del colectivo de abogados Orlando Fals Borda, que representa a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado, lamentó la decisión del gobierno nacional de extraditar a alias ‘Otoniel’ sin que hubiese sido escuchado sobre sus crímenes.

“Nosotros hemos expresado, en primer lugar, la necesidad impostergable y es que a este tipo de delincuentes se les pueda escuchar en audiencias tanto reservadas como con participación de las víctimas para poder esclarecer los crimines cometidos en su momento”, planteó Santoyo.

“En segundo lugar -agregó- nos parece que mediante este mecanismo de impunidad que se ha gestado a través del mecanismo directo de la extradición se entierra en el corto plazo la oportunidad de que las familias puedan tener un acceso libre y activo a ese esclarecimiento y, por lo tanto, se multiplica la posibilidad de una impunidad flagrante, evidente y total, respecto de cadenas de mando y mandos superiores a cargo de la orientación y la orden que se ha impartido a la base tanto de posiblemente agentes de Estado como también de las connivencias que han podido tener con grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”.

Y por último, Santoyo reiteró que lo ocurrido con alias ‘Otoniel’ es “una afrenta a las víctimas e imposibilita el acceso a la verdad, restringe la oportunidad de que se cuestionen estos relatos, se establezcan mecanismos de profundización, de análisis, de contextualización de lo que ha pasado en distintos momentos del conflicto. Eso lastima y constriñe de múltiples formas la posibilidad de la verdad”.

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Tres grupos armados ilegales concentran la mayor amenaza para las próximas elecciones a realizarse en los meses de marzo y mayo próximos. Se trata de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), la guerrilla del Eln y las disidencias de las antiguas Farc. Estas organizaciones criminales, más otras de menor impacto, están afectando 521 municipios de los 1.103 que tiene el país.

A la presencia de esos grupos se suman dos aspectos fundamentales que, según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), rodean el escenario de riesgo que gravita sobre la actual campaña electoral: en el primero de ellos se resalta “la desinstitucionalización del sistema de partidos a nivel regional y local, en contextos de conflicto, narcotráfico y situaciones de fraude electoral, que ha influido considerablemente en la posibilidad de que se permee sin mayores restricciones el sistema político”.

El segundo aspecto está referido al “aumento de los costos de las campañas electorales financiados por contratistas privados que después se presume exigen el retorno de su inversión a los candidatos, con una ausencia substancial de mecanismos de control a estas campañas”. Al respecto, se indicó en el informe de riesgo que, si bien no hay estudios recientes sobre el tema, “la delgada línea entre dineros lícitos e ilícitos hace que en la presente elección siga siendo un motivo de preocupación”.

Al tabular la información sobre los riesgos territoriales, el SAT los clasifica en cuatro categorías: extremo, alto, medio y bajo. De los 521 municipios en riesgo, por lo menos 79 afrontan riesgo extremo, siendo el departamento de Cauca con mayor cantidad de poblaciones alertadas, con 16 en total; seguido de Nariño, con 14; Chocó, con 9; Norte de Santander, con 8; y Antioquia, con 7 poblaciones.

Tal como se ha venido evidenciando en diversas regiones del país, la disputa electoral, que tendrá el próximo 13 de marzo su primera cita en las urnas para elegir Senadores y Representantes a la Cámara, así como las ciudadanas y ciudadanos que ocuparán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y los candidatos presidenciales en las consultas internas, está mostrando algunas características que también alteran la cita democrática.

Resalta, en ese sentido, la persistencia de la violencia política contra líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como a defensoras y defensores de derechos humanos, sus organizaciones sociales y los excombatientes de las antiguas Farc en proceso de reincorporación a la vida legal.

De acuerdo con la organización Indepaz, entre el 1 de enero y el 17 de febrero de este año fueron asesinados 24 líderes y lideresas sociales, así como tres excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, llegando así a 320 exmiembros de las antiguas Farc muertos de manera violenta desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016.

El SAT también destaca el reacomodo de varios grupos armados ilegales y la disputa por las economías legales e ilegales en varias regiones del país, especialmente agravado por la salida de cientos de guerrilleras y guerrilleros de los distintos bloques y frentes de las antiguas Farc que se comprometieron con el Acuerdo de Paz y que están en la vida legal.

Asimismo, se refiere, como factor de riesgo, a la “altísima polarización política generada por los cambios nacionales y territoriales con ocasión del Acuerdo de Paz”, lo que ha derivado en estigmatización y violencia contra sectores que no solo defendieron lo pactado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, sino su implementación integral, incluidos los excombatientes en proceso de reinserción.

Y advierte tres situaciones con respecto al sistema político electoral: el desconocimiento de las poblaciones y la insuficiente pedagogía al respecto; las barreras de acceso a puestos de votación y el déficit de cedulación en áreas rurales dispersas, incluidas las áreas no municipalizadas; y la necesidad urgente de realizar ajustes institucionales a ese sistema, que garantice la ampliación no sólo de la participación, sino de la representación política.

También es motivo de preocupación para el SAT el proceso de elección de 16 personas para ocupar curul en la Cámara de Representantes como parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, pactadas con las antiguas Farc y que están destinadas a las víctimas del conflicto armado. Si bien su adopción se bloqueó en el Congreso de la República en 2017, la Corte Constitucional las revivió en mayo pasado tras un intenso debate jurídico y, en agosto, la Presidencia de la República expidió el respectivo Acto Legislativo.

En síntesis, el SAT advierte que “las violaciones masivas a los derechos humanos y las infracciones al DIH que se materializan en los territorios, son un indicador de la posibilidad de riesgo de que los ciudadanos se vean restringidos en su posibilidad de elegir y ser elegidos”.

“A su vez -agrega esta dependencia- impactan los derechos políticos y de participación ante la posibilidad de amenazas, homicidios selectivos, ataques indiscriminados a candidatos o sedes políticas, constreñimientos al sufragante (que pueden ser promovidos por los grupos armados), restricciones a candidatos, electores o integrantes de movimientos políticos entre otros”.

Este informe de riesgo se emitió de manera paralela al pronunciamiento público difundido por representantes de la comunidad internacional que operan en Colombia. A través de un breve mensaje, instaron a “todos los grupos armados en Colombia a declarar un cese al fuego y de hostilidades y a respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil. En este contexto, manifestamos la importancia de que Colombia pueda conducir sus elecciones de forma libre e inclusiva, en un ambiente sin violencia”.

Votos bajo fuego

Para el SAT, el mayor factor de amenaza que pone en riesgo el proceso electoral es la “agudización de la violencia generalizada” en el país y sustenta esa afirmación en el incremento de homicidios y masacres, las cuales, a su juicio, ocasionan una percepción negativa sobre las dinámicas de seguridad: “A pesar de los esfuerzos institucionales en la materia, el deterioro de la seguridad […] fue evidente y genera un marco de zozobra en el que las elecciones son un ejercicio que demandará de las entidades del Estado, todo el compromiso y diligencia para su realización”.

Además, advierte de “una exacerbación del conflicto armado en zonas focalizadas”, en algunas de las cuales se han incrementado “las acciones violentas y su consecuente afectación a la población civil, o un sostenimiento de dicho escenario de riesgo y afectación; lo anterior asociado a una alta volatilidad del conflicto y de los actores que se encuentran en contienda”.

Y aclara el SAT que no es una violencia desconocida por las autoridades locales, regionales y nacionales, puesto que entre 2019 y 2021 emitió 139 alertas tempranas, de inminencia y estructurales, para 487 municipios en 32 departamentos del país.

Como expresión de esa agudización y exacerbación, el SAT reporta en este nuevo informe de riesgo, el cuarto emitido este año, la ocurrencia de 190 conductas vulneratorias entre el 1 de enero de 2021 y el 10 de febrero de 2022 que afectan, de alguna manera, los derechos de los ciudadanos en el proceso electoral. Lo que viene ocurriendo es motivo de preocupación por cuanto 51 de esos hechos se han registrado en los primeros 40 días de este año, y de continuar esa tendencia podrían superar en corto tiempo los 139 ocurridos en 2021.

Hechos recientes demuestran esa crítica situación y ejemplo de ello es el departamento de Arauca, donde grupos armados ilegales libran una cruenta confrontación en la que han perdido por lo menos 70 personas asesinadas en 47 días y se han desplazado decenas de familias para proteger sus vidas. (Leer más en: Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)

También la guerra actual sacude los departamentos de Chocó y Norte de Santander, donde las acciones criminales afectan a la población civil, que siempre queda en medio del fuego y sin una eficaz e integral protección del Estado. (Leer más en: En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

Es por ello que el SAT no duda en sumar a los factores de riesgo electoral “la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias conexas, con una fuerte influencia del narcotráfico”.

Los análisis y la recopilación de información le permiten a la Defensoría establecer que en lo que va corrido de este año, y a medida que se ha intensificado la campaña electoral, la violencia se ha venido focalizando e incrementando en “zonas de presencia, acción y disputa de grupos armados ilegales”, afectando en mayor medida departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

“El escenario de riesgo -explica el SAT- está determinado por el control social y territorial de grupos armados ilegales que tienen como propósito principal el desarrollo de economías ilegales como: tráfico ilegal (de narcotráficos y tráfico de armas), venta local de sustancias ilegales (microtráfico), extorsión, préstamos a tasas de usura (pagadiarios o gota a gota), abigeato, contrabando (gasolina, minerales y madera) y, en temas de género, prostitución forzada, turismo sexual y trata de personas”.

Pero tras ese propósito económico se impone un orden social que, sin duda, pretende regular la vida cotidiana de las comunidades donde los grupos armados ilegales tienen presencia y hegemonía armada. La situación se agrava, plantea el SAT, en aquellas regiones donde la presencia institucional es deficiente o inexistente.

Ese vacío estatal abre el espacio para que los grupos criminales administren “justicia” bajo sus propias reglas, impongan normas sociales, controlen el acceso a bienes y servicios y regulen la movilidad de los pobladores, aspectos que “comportan violaciones a los derechos de la población civil”.

El SAT también referencia como factor de riesgo electoral las constantes disputas entre grupos armados ilegales por el dominio de corredores estratégicos de movilidad, que se incrementaron con la salida de las antiguas Farc de territorios históricos para reincorporarse a la vida legal. Esas confrontaciones “agudizan los riesgos de las comunidades, particularmente para ejercer el derecho al voto y para el desarrollo de las campañas electorales”.

En medio del fuego cruzado han quedado líderes, lideresas, autoridades étnicas, defensoras y defensores de derechos humanos, y sus organizaciones de base. Muestra de ello fue el ataque dinamitero perpetrado por disidencias de las Farc a una sede social en Saravena, Arauca, hace unas semanas.

“Los grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir en el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial”, afirma el SAT en el nuevo informe de riesgo. En ese sentido, el SAT identifica dos modos de acción de los grupos armados ilegales en la contienda política.

“Si un grupo armado ilegal ya cuenta con control hegemónico del territorio, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o dinero para apoyar candidaturas (Antioquia, Córdoba, Montes de María entre otras), pero si es una zona en disputa se activan repertorios de violencia para coartar o cooptar poblaciones (Nariño, Cauca, Arauca, Chocó, entre otras)”.

Es por ello que esta agencia del Ministerio Público plantea que las situaciones de riesgo en el actual proceso electoral en algunas zonas del país “obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto. De igual forma se generan amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”.

Intereses armados

Con respecto a las estructuras armadas ilegales, el SAT detalla en su informe de riesgo las características de los tres principales grupos que están alterando el orden público, afectando la campaña electoral y, por tanto, socavando la posibilidad de unas justas democráticas en paz.

Con respecto a las Agc, llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, asevera que pretende consolidar el control territorial en el bajo Cauca antioqueño, sur cordobés y Chocó, zonas donde ha tenido una presencia desde su conformación, a mediados de 2006, justo cuando finalizó el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como parte de los acuerdos con el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Una de las acciones más contundentes contra las Agc fue la detención en octubre del año pasado de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, su máximo jefe y a quien buscaron por cielo y tierra durante cinco años. Pese a ello, dice el SAT, “este grupo está en proceso de recomposición de fuerzas y busca fortalecer sus bases sociales y expandirse mediante alianzas locales con otros grupos o enfrentándolos con acciones de baja intensidad”.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, las Agc se identifican como fuente de amenaza en 253 municipios del país; de ellos, 32 se identifican en riesgo extremo, 111 en riesgo alto, 75 en riesgo medio y 35 en riesgo bajo.

El SAT advierte sobre “la posibilidad de realización de movilización de población civil de manera forzada por parte de las AGC, para el apoyo a determinados candidatos e igualmente la imposición de medidas restrictivas a la movilidad y/o proselitismo político, así como la generación de panfletos e intimidaciones a la población civil”.

Sobre las disidencias de las antiguas Farc, que se marginaron del Acuerdo de Paz, el informe de riesgo asevera que tiene presencia en 230 municipios, aunque es importante diferenciar los dos grupos fundacionales: de un lado está el Comando Coordinador de Occidente, que responde al mando de alias ‘Gentil Duarte’; y del otro está el Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, que comanda ‘Iván Márquez’.

Ambas estructuras “han venido en proceso de consolidación, expansión y recuperación de las antiguas zonas de injerencia de este grupo armado”, plantea el SAT. No obstante, se identifican características distintas en sus maneras de operar militarmente. Las comandadas por ‘Gentil Duarte’ tienen mayor presencia armada en los territorios bajo su dominio y chocan con frecuencia con las Agc y la guerrilla del Eln, así como la ‘Segunda Marquetalia’.

Con respecto al Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, los análisis defensoriales plantean que, si bien es un grupo de menor tamaño y presencia territorial, se ha venido expandiendo, aunque “determinadas ocasiones, parece limitarse a la emisión de amenazas panfletarias con capacidad de generar intimidación y otras vulneraciones a los derechos de la población”.

La ‘Segunda Marquetalia’ sostiene confrontaciones armadas con las estructuras de ‘Gentil Duarte’ y de acuerdo con registros del SAT “se presumen aliadas en algunos territorios al ELN”.

Justo sobre los mecanismos de violencia de ambas disidencias, el informe de riesgo plantea que “cuentan con repertorios violentos que denotan una importante agresividad en las zonas en donde intenta construir bases y generar control”. Y agrega que “despliegan repertorios de violencia de forma mucho más explícita contra la población civil y las autoridades, buscando con ello mostrar capacidad bélica, de expansión y control de territorios, así como combatir la persecución del Estado”.

En cuanto a la guerrilla del Eln, el informe de la Defensoría destaca la configuración más horizontal en la toma de decisiones, un rasgo histórico de este grupo alzado en armas, por lo que sus mandos regionales tienen una mayor capacidad de injerencia en las ejecuciones de los planes y acciones.

Su presencia sigue siendo notoria en aquellas zonas donde ha tenido una presencia histórica y se viene fortaleciendo militarmente ante la amenaza que generan las facciones disidentes de las antiguas Farc por cuanto “quiere conservar el control hegemónico obtenido y en los que no tiene la aparente amenaza, busca profundizar dicha hegemonía”.

El SAT viene advirtiendo desde el 2017 a través de los informes de riesgo el proceso de expansión del Eln, trazando una línea territorial que va desde las costas chocoanas sobre el océano Pacífico hasta la vecina República Bolivariana de Venezuela. No obstante, esa proyección se ha visto truncada por la contención que le hacen las disidencias de las Farc, las Agc y, en menor medida, el Epl. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)

Las acciones armadas perpetradas por el Eln en los últimos años pretenden mostrar una gran capacidad de fuego con miras a posicionarse como un actor político con el cual es necesario sentarse a la mesa para buscar una salida negociada a la confrontación con el Estado de más de 50 años. Hasta el momento, ese objetivo no se ha cumplido, pese a múltiples esfuerzos de gobiernos pasados. Su presencia, según el SAT, se registra en 189 municipios del país.

De acuerdo con lo consignado en el informe de riesgo, la presencia de grupos armados ilegales en casi el 50% de los municipios del país generan “escepticismo e incertidumbre entre diversos sectores políticos y sociales sobre la existencia de garantías efectivas para la participación y realización de las próximas elecciones”.

Y agrega que “en razón a la falta de mecanismos efectivos para la regulación de las alianzas políticas que, en el caso de las elecciones regionales son la nota predominante, además de los costos sin control de las campañas políticas”, son “factores que podrían ser aprovechados por los grupos armados ilegales en los próximos comicios”.

Circunscripciones de paz

El informe de riesgo del SAT de la Defensoría le dedicó especial atención a los factores de riesgo y vulnerabilidades que rodean las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), que le darán representación a las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes a través de 16 curules, elegidas en 167 municipios de 19 departamentos del país.

Será la primera vez que, en territorios golpeados por la guerra de más de 50 años, sus pobladores asistan a las urnas para elegir congresistas para el periodo 2022-2026 bajo ese nuevo concepto con el fin de tener mayor representatividad y voz en el escenario legislativo. De acuerdo con la Registraduría, las 16 curules de las CTEP se las están disputando 401 candidatas y candidatos, de diversos orígenes y tendencias políticas.

Por ser un proceso especial, esta agencia del Ministerio Público le da especial relevancia y expone varios factores de riesgo que padecen candidatos, militantes de movimientos sociales y simpatizantes que podrían pueden obstaculizar el propósito de este proceso electoral atípico en los 167 municipios seleccionados para tal fin.

El SAT reitera que en el 97.6% del total de municipios pertenecientes a las CTEP “se identificó algún tipo de riesgo”, y en el en el 82% de las poblaciones existe un riesgo alto o extremo, generado, entre otras razones por la presencia de las disidencias de las Farc (104 municipios); Agc (86 municipios); y Eln (69 municipios).

La situación ha sido tan compleja que para los 167 municipios donde se realizarán elecciones a las CTEP, el SAT ha emitido desde diciembre de 2017, por lo menos 117 alertas tempranas, lo que refleja el alto nivel de conflicto aún padecen estas poblaciones, golpeadas históricamente por la guerra y que parecen vivir en una rueda sin fin.

Pero no sólo la presencia de grupos armados ilegales afecta este proceso electoral. La Defensoría destaca otras vulnerabilidades, como las dificultades pedagógicas, logísticas y técnicas para la realización de las campañas políticas, y la potencial politización o cooptación de esas curules por parte de partidos políticos tradicionales, lo que se “convierte en un desafío importante para el país garantizar la participación efectiva de las víctimas”.

Adicional a ello, el SAT resalta las posibles dificultades de participación en este proceso electoral que podrían tener víctimas de la guerra, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos en las poblaciones donde se realizará este novedoso proceso electoral.

Por tales circunstancias, la agencia del Ministerio Público precisa que este informe de riesgo “está orientado a impulsar, por parte del Estado, la adopción de todas las medidas a su alcance para asegurar el desarrollo de las elecciones […] con las garantías de derechos posibles y así prevenir la ocurrencia de violaciones a los DD HH e infracciones al DIH”.

“Bajo ninguna circunstancia -agrega- la emisión de la presente Alerta se debe entender como concepto para suspender el desarrollo de las elecciones en mención (acción que, por demás, no se corresponde con el deber preventivo que le asiste a esta Entidad); antes bien, se espera que, con ella, las instituciones del Estado adecúen su gestión para evitar hechos de violencia, salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas que participarán o acompañarán dicho proceso y asegurar el ejercicio de la participación con plenas garantías”.

Movilización social

En el informe de riesgo, el SAT hizo varias alusiones a la movilización social que presenció el país desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020 y cuyas expresiones se también se vivieron con fuerza en septiembre de ese mismo año y entre abril y junio de 2021. Sus efectos, más allá de los daños materiales, revelaron “una creciente polarización, estigmatización y reducción de legitimidad de las instituciones del Estado, crisis de representación y baja filiación política a partidos e incremento de movimientos significativos de ciudadanos”.

La Defensoría considera que, en el actual contexto político, especialmente para las próximas elecciones del 13 de marzo, se convierten en un reto lo que calificó de “coletazos del paro nacional” por cuanto “en algunas regiones, hay un impulso a los cambios de legisladores y/o representantes del poder popular”, lo que generaría “un impulso mayor de participación política” y “un potencial incremento de caudal electoral”.

Esos “coletazos” han creado, según el SAT, dos situaciones: de un lado, hay un esfuerzo grande de los partidos políticos, especialmente los tradicionales, “por conservar sus aliados territoriales y profundizar en conectar con nuevos electores”; y de otro, se observan “ejercicios de estigmatización contra sectores emergentes”, entre los que destaca “partidos integrados por miembros de comunidades étnicas, personas racializadas, así como campesinas, campesinos y el partido Comunes (creado por exmiembros de las antiguas Farc) y demás colectividades políticas conformadas por excombatientes”.

Con respecto a la estigmatización, el SAT eleva ese comportamiento a riesgo potencial en este proceso electoral por cuanto constituye una vulnerabilidad para candidaturas y colectividades políticas, así como para las comunidades y el electorado en su conjunto.

Se trata de un factor que incrementa la desventaja y exposición de diversos grupos sociales como mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, excombatientes de las antiguas Farc, comunidades campesinas y étnicas, movimientos alternativos y personas defensoras de derechos humanos.

Buena parte de las acciones colectivas pasan por los actuales mecanismos de comunicación digital, que tienen en las aplicaciones de mensajería instantánea la mejor herramienta para propagar campañas de desprestigio basadas en estigmatización, polarización y discursos de odio contra candidatos y movimientos políticos de unas u otras tendencias.

Esta situación, afirma el SAT, “pone una seria debilidad a la participación en la campaña (tanto de candidatos, militantes y votantes) en condiciones de igualdad y equidad y genera un ambiente tenso para la participación de las mismas”.

Por ello, esta agencia del Ministerio Público califica la estigmatización como “un importante motivador de la violencia que ejercen los grupos ilegales en zonas de disputa armada o control hegemónico”, y, en ese sentido, considera que “las medidas preventivas que ejecute el Estado de cara al proceso electoral de 2022 deberían necesariamente atacar las formas de estigmatización existentes en los territorios focalizados en la presente Alerta”.

Recogiendo ese panorama nacional, la Defensoría del Pueblo concluye que “a pesar del claro escenario de recrudecimiento de la violencia generalizada, la crisis social y económica, así como la focalización, incremento y sostenimiento de la confrontación armada [se ha] podido evidenciar como hay un clima de impulso a la participación ciudadana en las presentes elecciones”.

Y resalta de todo ello la participación del movimiento social y de defensoras y defensores de derechos humanos que “tanto en lo local como en lo nacional, está volcado a acompañar y ser parte de las elecciones como mecanismo democrático auténtico para la generación de las transformaciones sociales exigidas en el estallido social y paro nacional”, especialmente en aquellos municipios donde se elegirán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Aquí puede descargar la Alerta Temprana AT N° 004-2022 Riesgo Electoral

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Una ola de invierno y de violencia azota a Ituango. Vías destruidas, escasez de alimentos y albergues hacinados hacen parte del panorama que se vive a raíz de la doble tragedia en este municipio del norte de Antioquia. Mientras algunos pobladores están afectados por las lluvias, otros tuvieron que abandonar sus parcelas luego de recibir amenazas por parte de un grupo armado ilegal.

La dinámica del conflicto armado ha cambiado desde la firma del Acuerdo de Paz. Líderes sociales locales indican que después de ese pacto, rubricado en noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones, se evidencia mayor violencia por cuenta de la presencia y disputas entre disidencias de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los llamados ‘Caparrapos’ y, posiblemente, el Eln.

De este nuevo desplazamiento masivo se ha responsabilizado a las disidencias del Frente 18 de las extintas Farc; no obstante, entre la comunidad hay muchas dudas, no solo sobre el origen de la amenaza que generó el éxodo, sino también sobre las razones que podría tener para causar el desplazamiento de por lo menos 4.099 personas y 1.600 familias de 31 veredas.

Exigencias urgentes

El gran dilema de los desplazados es escoger entre huir para proteger su vida o permanecer para asegurar su futuro. Así lo describe Miguel Zabala, presidente de la vereda El Cedral: “Se quedaron como dos o tres personas, los que tienen animalitos, por no dejarlos solos, porque de eso viven. Es la única forma de sobrevivir y no quedarse sin nada. Si se van, los animales se pierden y mueren de hambre”.

Pero la realidad es que en las veredas afectadas se les permitió quedar a algunos adultos mayores, personas en condición de discapacidad y cuidadores. Los demás se vieron obligados a emprender camino hacia la cabecera urbana de Ituango y hacia el vecino municipio de Peque, con muchas dificultades.

Quienes contaron con suerte se transportaron en buses escalera puestos a disposición por parte de los mismos pobladores. Pero otros tuvieron que recorrer trayectos extenuantes, caminando hasta 6 horas desde las veredas más alejadas del casco urbano, como El Olivar, El Berraco, El Herrero y El Mandarino, en el corregimiento de La Granja.

Para Nubia Ciro, socióloga y lideresa social, “no ha habido un despliegue de la institucionalidad para asegurar que el desplazamiento se pueda hacer con condiciones dignas, o sea, acompañando los enfermos por lo menos de una misión médica, transporte efectivo, digno para la gente”.

Marcela*, otra lideresa, denuncia que el Ejército Nacional impidió el paso de buses a la vereda de Santa Lucía y, posteriormente, el alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, justificó el hecho diciendo que se había imposibilitado ofrecer el servicio de transporte por falta de presupuesto y porque los conductores tenían miedo.

A esto se suma que las vías de acceso a Ituango están obstruidas por derrumbes ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días. El gobierno nacional y organizaciones sociales han logrado organizar vuelos en helicóptero para transportar ayudas, pero eso no es lo único que las personas desplazadas necesitan. Esperan saber qué soluciones a largo plazo les ofrecerán para regresar a sus veredas y permanecer allí con la seguridad de que no serán desarraigados nuevamente.

“Di instrucciones de reforzar con tropas en Ituango y sus veredas aledañas. Vamos a garantizar el retorno de la población a sus lugares de origen. La Fuerza Aérea continuará trasladando ayuda humanitaria a la zona y habrá Consejo de Seguridad en el lugar”, declaró el pasado 27 de julio, casi que orgulloso de su labor, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.

Un día después, el ministro del Interior, Daniel Palacios, habló con los líderes de Ituango. Aunque no se conocen los detalles del encuentro, se presume que el motivo era reafirmar la información ya dada por Molano. El hecho está generando indignación en las comunidades, que expresan con insistencia que más que un acompañamiento temporal del Ejército en las carreteras, se necesitan soluciones duraderas.

A todo eso se suma la presión que se estaría ejerciendo desde la institucionalidad para que los líderes campesinos firmen un documento donde admitan que el desplazamiento fue causado por una confrontación armada y no por amenazas, según cuenta Ciro.

Una fuente que pidió la reserva del nombre cuenta, además, que al parecer la Policía Nacional está aprovechando que las veredas están despobladas para adelantar labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca: “Nos dimos cuenta de eso luego del accidente ayer de un helicóptero porque era de personal para erradicación”.

Las autoridades informaron que a eso del medio día de ayer un helicóptero UH-60L Black Hawk, de matrícula PNC 0609, perdió estabilidad y debió aterrizar de emergencia en la vereda Santa Lucía. A bordo iban cuatro tripulantes y 15 uniformados pertenecientes a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural adscritos al comando de Policía de Caucasia quienes, según un comunicado oficial, harían parte del dispositivo de seguridad de Ituango.

El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, se ha acercado más que otros funcionarios al sentir que hay en el municipio: “Al dialogar directamente con los desplazados pude evidenciar las distintas dificultades y sus preocupaciones. Con nuestros funcionarios tendremos presencia permanente para escucharlos y atender sus peticiones, junto a otras entidades, y así encontrar soluciones a esta emergencia”.

No obstante, habrá que esperar algunos días para evaluar si verdaderamente se pondrán en práctica acciones acordes con el discurso de Camargo, pues en febrero de este mismo año 508 campesinos también fueron desplazados y, según contó el líder campesino Mario*, el gobierno nacional se comprometió a brindarles protección y nunca lo cumplió.

Los hechos se acumulan unos a otros, sin que existan soluciones efectivas. En junio del año pasado, 93 firmantes del Acuerdo de Paz que iniciaron su proceso de reincorporación a la vida civil en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del corregimiento de Santa Lucía, se vieron obligados a abandonar la región porque no tenían garantías de seguridad. (Leer más en: “Campesinos de Santa Lucía, en Ituango, también son colombianos”)

Es por ello que los ituangüinos vienen pidiendo con insistencia una implementación efectiva del Acuerdo de Paz; en particular, lo referido al desarrollo del Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones. La iniciativa está a cargo del Ministerio del Interior, pero lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia en este municipio del norte antioqueño es que solo quedó plasmada en el papel. Mientras, los habitantes siguen temiendo por sus vidas.

Las condiciones indispensables para que los campesinos regresen y mantengan una vida digna son múltiples. En un intento por hacerse escuchar, los presidentes de  las veredas desplazadas expresaron, a través de un comunicado, sus solicitudes. Entre ellas está el fácil acceso a las ayudas humanitarias y a medios de transporte durante el retorno, así como la protección de zonas donde hay minería ilegal y la creación de planes que prevengan nuevos hechos de desplazamiento.

De la misma manera, exigen que se analicen de forma constante las violencias latentes en Ituango, se brinden apoyos económicos para promover la reactivación de las actividades agrícolas y se implementen programas de salud, educación y mejora de infraestructura a lo largo de todo el municipio. (Descargar Comunicado)

Reconfiguración de la guerra

“El desplazamiento se hace a través de una llamada a las juntas de acción comunal, incluso un rumor, una razón de una vereda a la otra. Muchas veces ni siquiera se especifica el actor armado. Vos no vas a encontrar ni un mensaje, ni un panfleto, absolutamente nada frente a las amenazas. Pero este miedo se ha capitalizado tanto, que prima el valor de la vida sobre eso y la gente sale inmediatamente”, explica Ciro a VerdadAbierta.com.

Por su parte, Marcela asegura que en todas las veredas no hubo una forma concreta de dar a conocer la amenaza y que si bien se piensa que llegó de las disidencias de las Farc, es posible que los grupos armados ilegales que hacen presencia en algunas de las zonas desplazadas sean diferentes.

“No se entiende muy bien este desplazamiento”, dice esta lideresa y agrega con algo de expectativa y preocupación que “no en todos los lugares desde donde está saliendo la gente hay presencia del mismo actor o ni siquiera hay actores. Es un asunto complicado de entender. Es posible que sea una forma distinta de guerra que nosotros no conocemos”.

Entre las comunidades desarraigadas existen varias explicaciones sobre por qué se dio este nuevo desplazamiento y la mayoría de ellas apuntan a disputas territoriales. Se escuchan rumores de que el objetivo es hacer que la Fuerza Pública entre a las zonas deshabitadas y confronte al grupo armado ilegal considerado como enemigo para, de esa forma, ganar ventaja en el dominio territorial.

También se dice que las disidencias sólo permitirían el regreso de los campesinos hasta que el Ejército Nacional combatiera a los ‘Gaitanistas’, con quienes, según denuncias conocidas por este portal y replicadas por lideresas locales, estaría desarrollando actividades en conjunto.

Ciro cuenta que “se han recibido denuncias por parte de la comunidad de nuevamente la connivencia entre miembros del Ejército y miembros de las Agc, que se ha visto reflejada en la omisión de acciones contra el grupo ilegal (…) Algunos campesinos incluso expresaron claramente que el Ejército estaba atacando conjuntamente con las Agc a las disidencias del Frente 18”.

Aunque son conjeturas, lo cierto es que las comunidades de zonas que aún no han sido desplazadas, es decir, de los corregimientos de Santa Rita y de El Aro, temen ser las siguientes víctimas. Según Marcela, la misma situación se vive en la vereda Palo Blanco, una zona que fue de las primeras en las que se asentaron estructuras paramilitares después de firmado el Acuerdo de Paz y donde al parecer aún ejercen control sin contención alguna.

Allí se han iniciado trabajos de exploración minera y de compra de tierras. Los campesinos aseguran que no les están cobrando ‘vacunas’. Desde la perspectiva de Mario, los paramilitares no piden dinero u otras pertenencias porque buscan ganar confianza y apoyo.

“A mí eso me cuestiona. ¿Entonces, de qué están viviendo o qué es lo que están cuidando?”, se pregunta Marcela, intuyendo que los paramilitares sí están involucrados en actividades mineras y por ello no recurren a las extorsiones.

Ciro afirma que desde finales de 2016 los paramilitares hicieron reuniones con varias juntas de acción comunal para informar que querían captar rentas de los cultivos de los campesinos, pero que su principal finalidad era garantizar la entrada de multinacionales mineras a Ituango, para lo que necesitarían sacar a las disidencias del Frente 18.

En efecto, en un mapa construido por el Movimiento Ríos Vivos, se evidencia que hay solicitudes de títulos mineros en casi todo Ituango y que las zonas estratégicas mineras están en el corregimiento de La Granja y en la cabecera municipal. Además, que hay tres títulos mineros vigentes en el municipio: entre las veredas El Socorro y Conguital; entre las veredas Maniceros, La Maria y el Tejar; y entre en la vereda Las Aguitas y el municipio de Briceño, Antioquia.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo en su Informe especial Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo, publicado en 2018, indica que en el nordeste de Ituango no solo hay facilidad para llevar a cabo explotaciones ilegales de oro sino también para consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico. Ambos factores llevan a disputas territoriales que dejan, inevitablemente, a la población civil en medio de la guerra.

Lo más alarmante de este desplazamiento masivo es que con anterioridad se advirtieron los riesgos que corrían los ituangüinos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) estableció en uno de sus informes que no hay suficiente presencia de la institucionalidad civil para prevenir los peligros expuestos en Alerta Temprana 004-2020, emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo el 24 de enero de 2020.

En esa Alerta se explica que, en Ituango, la dinámica de expansión, confrontación interna e intenciones de control por parte de grupos armados ilegales podría conformar un escenario de violencia mucho más intenso que antes y afectar a la población civil, tal y como se vive ahora.

Para entonces se advirtió que los grupos armados ilegales que hacían presencia en diversas zonas rurales del municipio se fortalecieron militarmente por su cercanía a actividades económicas ilegales transnacionales. Las Agc lograron conformar un corredor que les permitía movilizarse desde el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque, en Antioquia. Mientras el Frente 18 aseguró un corredor para trasladarse entre Briceño e Ituango.

Aunque desde la Defensoría no se tiene un mapa en el que se muestren las ubicaciones de los grupos armados para 2020 y 2021, los que hay desde 2016 hasta 2019 evidencia que las zonas ocupadas por ellos cambian drásticamente año a año, lo que sin duda tiene a las comunidades rurales en medio de una disputa que las autoridades civiles, miliares y de policía no logran contener con eficacia.

*Nombres cambiado por razones de seguridad

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Si algo tiene la caracterización sociopolítica que prepararon funcionarios del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP) de la Fiscalía General de la Nación son errores en diversos aspectos de contexto sobre el Bloque Metro, la estructura paramilitar que, desde hace varios años, enreda judicialmente al líder del partido Centro Democrático.  (Leer más en: Creación del Bloque Metro: discusión de fondo en expediente contra Álvaro Uribe)

Contradicciones en fechas de sucesos relevantes en la historia del paramilitarismo en Antioquia; imprecisiones en la manera cómo establecieron algunas relaciones con hechos relevantes en el devenir de ese grupo armado ilegal; y omisiones de datos esenciales para comprender la participación de empresarios en la financiación de esa organización criminal y la impunidad que los rodeó, hace parte del informe que le entregaron, el pasado 26 de marzo, a Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte de Suprema de Justicia, que tiene bajo su responsabilidad el expediente del expresidente Uribe y quien solicitó la preclusión de la investigación a su favor, situación que aún está lejos de resolverse.

El objetivo general del documento, solicitado por este fiscal el pasado 17 de febrero al CEVAP, era “identificar, describir y analizar las variables sociodemográficas, políticas y psicológicas, entre otras”, sobre Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del proceso contra el exmandatario, a quien se le acusa de manipular testigos para esquivar los señalamientos sobre su presunta participación, y de la de su hermano Santiago, en la creación del Bloque Metro.

El objetivo del apartado correspondiente a las variables sociopolíticas fue “realizar el análisis de la información disponible que permita determinar el contexto de la situación de la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente el Bloque Metro y el tiempo en que esta organización criminal actuó en sus áreas de injerencia”.

Para lograr ese propósito, quienes elaboraron el documento precisaron que se realizó “una investigación de tipo documental, en donde la estrategia metodológica es cualitativa con un enfoque socio-político, en la que se busca entender los conceptos en los cuales se hallan (sic) inmersos empresarios, individuos, políticos, escenarios económicos y grupos al margen de la ley, y a partir de allí visualizar el comportamiento en el que se vieron inmersos”.

Y explicaron, además, que “el método que se utiliza para esta investigación es el análisis de texto, cuyo objetivo principal es realizar un estudio de fuentes encontradas”.

VerdadAbierta.com le pasó la lupa al apartado sociopolítico del documento que solicitó Jaimes y lo hallado referido al Bloque Metro y el contexto que lo rodeó revela una falta de rigurosidad que sorprende porque en cientos de expedientes que están bajo custodia de la propia Fiscalía, además de sendas declaraciones de exparamilitares a los tribunales de Justicia y Paz, se detalla lo que ocurrió en la región del Nordeste antioqueño desde mediados de los noventa en relación con la expansión de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). (Descargar: CEVAP CTI CONTEXTO)

Imprecisos

En sus apartes iniciales, el informe del CEVAP se contradice en la adscripción del Bloque Metro a una estructura superior: en una primera alusión asevera que es “una estructura de las AUC” y renglones más adelanta expone que es “una estructura de las denominadas ACCU”.

Es importante señalar que en el devenir del proyecto paramilitar concebido por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, y el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, quien luego se convertiría en el jefe del Bloque Metro, primero surgieron las Accu como una supuesta reacción a la violencia insurgente que se vivía en el Urabá antioqueño. Su idea bélica, concebida y puesta a andar en 1994, fue tomando fuerza y expandiéndose a varias regiones de Antioquia y, posteriormente, a diversas zonas del país.

Las Auc se conformarían tres años después, cuando los jefes paramilitares de aquellas épocas decidieron confederarse para abarcar, a sangre y fuego, más territorios, cooptar fuentes ilegales de recursos, como extensas áreas de cultivo y procesamiento de hoja de coca para uso ilícito, y tener una mayor fuerza de negociación ante el gobierno nacional.

Fue así como, a mediados de 1997, se articularon las Accu con las Autodefensas del Magdalena Medio, las Autodefensas de Puerto Boyacá, las Autodefensas de Cundinamarca, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Casanare y las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar.

Si bien, inicialmente el Bloque Metro estuvo ligado a las Accu, esa confederación no cumplía con las expectativas de alias ‘Doblecero’. Él mismo le explicó la contradicción al antropólogo Aldo Civico: “Nosotros comenzamos en el 98, cuando vemos que las diferencias ideológicas con las AUC son insalvables, que realmente ellos han cogido el camino del narcotráfico y que, según nuestro punto de vista, no conduce a la paz, sólo conduce a ahondar más los conflictos y la crisis social. En ese momento nos venimos pa’l Oriente y el Nordeste de Antioquia, que estaban en poder de la guerrilla y comenzamos a crear las estructuras del Bloque Metro”.

Es por ello que cabe destacar la imprecisión de adscribir el Bloque Metro a las Auc por cuanto justo la creación de esa macroestructura paramilitar fue el detonante para que tomara distancia de esa organización nacional y buscara refugio en las tierras del Nordeste antioqueño, especialmente en el corregimiento Cristales, de San Roque, donde constituyó su base de operaciones.

Y también dejan dudas las referencias de los investigadores del CEVAP sobre el año de origen del Bloque Metro. Si bien el jefe paramilitar lo fijó en 1998, quienes elaboraron el documento para el fiscal Jaimes citan, sin criterio analítico, documentos de los tribunales de Justicia y Paz para establecer ese hito fundacional.

En un apartado escriben que “evidencias recopiladas por la Ley de Justicia y Paz (sic) advierten que, en el año 1995, meses después de la quema de la hacienda Las Guacharacas, nacería el Bloque Metro en el municipio de San Roque”. Luego afirman que “el Bloque Metro fue establecido a finales de 1997”. No hay entonces consistencia en su exposición.

La confusión podría estar en una mala interpretación de la estructura criminal que precedió al Bloque Metro en el Nordeste antioqueño, especialmente en el eje vial que conduce de Cisneros a San Roque y cuya continuidad lleva al municipio de Puerto Berrío, puerta de entrada al Magdalena Medio antioqueño.

Investigaciones judiciales de finales de la década de los noventa demostraron que en la región del Nordeste antioqueño se estableció un grupo armado ilegal, que operaba bajo la sombrilla de la Convivir El Cóndor, conformada por ganaderos y comerciantes como estrategia para enfrentar a las guerrillas de las Farc y del Eln.

Esos ciudadanos se valieron de las normas consagradas en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada promulgado por el entonces presidente Cesar Gaviria (1991-1994) mediante el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, que, entre otras decisiones, autorizó el porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y habilitó a los gobernadores para otorgar personerías jurídicas a todas aquellas asociaciones que se conformaran bajo esas normas.

Luego, el presidente Ernesto Samper (1994.1998) les dio mayor vuelo y a través de la Resolución 368 del 27 de abril 1995, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la Resolución 368 del 27 de abril 1995, comenzó a llamar Convivir a aquellos Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, y respaldó el uso de armas privativas de la Fuerza Pública.

Vuelo impune

Detrás de la Convivir El Cóndor estaba Luis Alberto Villegas, ganadero, comerciante y narcotraficante del corregimiento de San José del Nus, quien tramitó las autorizaciones para crear esa asociación de vigilancia y seguridad privada e impulsó, a la par, un grupo paramilitar que actuaba bajo su protección. Investigaciones judiciales demostraron con evidencias concretas que en esa causa estaba aliado con el también ganadero Santiago Gallón Henao, quien manejaba las operaciones desde Medellín.

Ese fue el preámbulo del Boque Metro, que desvirtúa, por demás, una de las afirmaciones del documento del CEVAP que resalta que esta estructura paramilitar “fue ideada directamente por Carlos Castaño”. La realidad, probada judicialmente, es que detrás de su llegada estuvieron no solo Villegas y Gallón, sino otros ciudadanos interesados en frenar, supuestamente, a las guerrillas.

Otra de las imprecisiones del informe entregado al fiscal Jaimes se refiere a quiénes fueron las primeras personas en ser vinculadas a un proceso de investigación por el delito de conformación de grupos armados al margen de la ley. Según el documento del CEVAP, “Luis Alberto Villegas, Pedro David Gallón Henao y Santiago Gallón Henao fueron los tres primeros hombres en ser acusados de fundar un grupo paramilitar”.

A través de la consulta de expedientes judiciales se desvirtúa fácilmente esa afirmación, pues quienes fueron procesados fueron Luis Alberto Villegas, su hijo Luis Guillermo, Santiago Gallón Henao y Patricia Saldarriaga. Lo que no precisan los funcionarios del CTI es que pese al acerbo probatorio que se recopiló en esa investigación, que incluyó interceptaciones de llamadas telefónicas y allanamientos, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los Villegas y de Gallón Henao, y fueron absueltos de toda responsabilidad, en un proceso que generó sospechas de corrupción. Saldarriaga, por su parte, fue condenada, en ausencia, a ocho años de cárcel.

Lo que se vendría a conocer tiempo después, gracias a las versiones que entregaron exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno nacional es que, efectivamente, Alberto Villegas, Santiago Gallón Henao y Patricia Saldarriaga sí estaban articulados a las Accu.

De hecho, Gallón Henao se presentó a la justicia en 2009 y confesó haber financiado grupos paramilitares en diversas regiones del departamento y del país a finales de la década de los noventa, razón por la cual fue condenado a tres años y tres meses de prisión. (Leer más en: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)

En cuanto a Patricia Saldarriaga, quien trabajaba bajo el alias de ‘Clara Mejía y estaba al servicio de Villegas y Gallón Henao, la realidad mostraría que sí estaba ligada a grupos paramilitares y se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar en 2005. Nunca pisó una cárcel. En mayo de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín decretó la extinción de la acción penal por prescripción y se canceló la orden de captura en su contra.

La versión sobre la financiación de Luis Alberto Villegas a grupos paramilitares y sus actividades ilícitas llegó a través del exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, exjefe de una de las estructuras del Bloque Central Bolívar. En relatos a fiscales de Justicia y Paz explicó que su asesinato se debió a un problema generado por un laboratorio de procesamiento de cocaína que Villegas instaló en zona rural de Puerto Berrío. El lugar fue destruido por tropas del Ejército y el narcotraficante aseveró que el entable era del Bloque Central Bolívar.

Villegas también denunció al Bloque Central Bolívar de hurtar combustible mediante válvulas clandestinas instaladas en el oleoducto Sebastopol-Medellín, que pasaba por San José del Nus, pero la realidad era que la hurtaba él para comercializarla en la estación de gasolina que tenía en ese corregimiento. Ambas mentiras le costaron la vida. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)

Sobre la fecha de ese homicidio, el informe presentado al fiscal Jaimes también es errático. Villegas fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en su negocio por sicarios enviados por alias ‘Julián Bolívar’, pero los funcionarios del CTI consignaron que ocurrió “el lunes 5 de diciembre de 2005”. Y también se equivocan al señalar que “el robo [de gasolina] empezó a dar tantas ganancias que montó su propia estación de gasolina” pues el negocio lo había constituido años atrás.

Quien pasó inmaculado por el tamiz de la justicia fue Luis Guillermo Villegas, hermano de Luis Alberto y amigo de confianza del expresidente y exsenador Uribe. Si bien se recolectaron evidencias que lo comprometían en delitos cometidos por grupos armados ilegales en el Nordeste antioqueño, no fue vinculado a ningún proceso penal.

Más equivocaciones

Otro de los graves errores de contexto que registra el informe presentado por los investigadores del CEVAP es la manera cómo se refiere al caso del llamado Parqueadero Padilla, donde, el 30 de abril de 1998, tras un allanamiento realizado por funcionarios del CTI, se encontró el centro financiero de las Accu.

La visión que le entregaron al fiscal Jaimes es reduccionista y no ofrece la dimensión real de lo que fue esa operación y de los hallazgos. En el informe se leen dos afirmaciones que son erráticas: de un lado se dice que, en ese parqueadero, ubicado en pleno centro de Medellín, “funcionaba la oficina de finanzas del Bloque Metro”; y de otro, que “el análisis de los documentos contables evidenció que con dineros de la Convivir El Cóndor se financiaba el pago a miembros de grupos paramilitares de la zona”. Ni lo uno ni lo otro es acertado.

Lo primero es un error porque en aquel parqueadero se manejaban las finanzas de diversas estructuras armadas ilegales adscritas a las Accu que operaban en diversas regiones de Antioquia, Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales, más allá del Bloque Metro.

Y con respecto a lo que dicen sobre “el análisis de los documentos contables”, tampoco es del todo cierto por cuanto ese voluminoso expediente, que está bajo custodia de la Fiscalía en Medellín, fue uno de los mayores desaciertos de la investigación judicial en el país, pues a pesar de hallar cientos de cuentas bancarias a través  de las cuales al parecer se giraban los recursos  para las Accu, ninguna de las más de 500 personas relacionadas en los libros contables fue procesada y condenada por financiar grupos paramilitares.

Ni siquiera la justicia fue capaz de procesar a Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, el cerebro de las finanzas de las Accu y quien fue capturado en el allanamiento al Parqueadero Padilla.  Cinco meses después de su detención escapó de la cárcel Bellavista de Medellín por la puerta principal portando una boleta de libertad falsa que le suministró una red de operadores judiciales corruptos, y nunca más pisó un penal, gracias a que se mantuvo oculto en el Urabá antioqueño hasta noviembre de 2003, cuando apareció para desmovilizarse con el Bloque Nutibara de las Auc en la capital antioqueña, razón por la cual también cesaron todos los procesos penales en su contra. (Leer más: “¿Quién protege a alias ‘Lucas’?”)

Afirmación falsa

Una de las aseveraciones que llama la atención del informe presentado al fiscal Jaimes es la que asegura que “la única persona que ha dicho que los hermanos Uribe Vélez fueron los creadores del Bloque Metro es Juan Guillermo Monsalve, mientras que ningún jefe de las AUC le haya (sic) dado validez a su testimonio”.

Esa afirmación se controvierte con sendas notas de prensa, incluidas algunas de este portal, que indican que otros exparamilitares coinciden con la versión de Monsalve. La más conocida es la dada por Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien comandó el Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, que operó en el departamento de Caldas, y quien nunca fue aceptado en Justicia y Paz.

En una corta entrevista para VerdadAbierta.com dada en abril de 2012, minutos después de salir de una diligencia judicial, este exjefe paramilitar reiteró que “en la fundación y creación del Bloque Metro participaron el ex presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, así como los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”.

En agosto de 2011 le había explicado al senador Iván Cepeda que la creación del Bloque Metro estuvo relacionada con el robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, en hecho ocurridos en 1996 y que también dejaron reducida a cenizas la estancia principal. También dijo el exparamilitar que esta finca fue la primera base del Bloque Metro, antes de que fuera trasladada al corregimiento Cristales, de San Roque. (Leer más en: ‘Expara’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe)

Por último, es importante reseñar un dato que no es menor en relación con la intensa persecución que padecieron los hombres del Bloque Metro por su resistencia a no acogerse al acuerdo de desmovilización y desarme que se pactó con el gobierno del entonces presidente Uribe a mediados de 2003 y las constantes críticas de alias ‘Doblecero’ contra los poderos narcotraficantes que se vincularon a las Auc de la mano de Vicente Castaño.

Al describir esa persecución y exterminio del Bloque Metro, en la que participaron combatientes de varios bloques paramilitares, los funcionarios del CEVAP le informan al fiscal Jaimes que, en medio de esa guerra, “en noviembre de 2003 cayó alias ‘El Panadero’, en un combate con el Ejército”. Se trata de César de Jesús Gómez Giraldo, uno de los hombres de confianza de alias ‘Doblecero’ y quien tenía bajo su responsabilidad el hurto de gasolina para financiar las operaciones de este grupo armado ilegal.

Los investigadores del CEVAP caen, nuevamente, en versiones superficiales. Ese asesinato ocurrió, efectivamente, el 13 de noviembre de 2003, pero lo perpetraron hombres bajo el mando de Daniel Mejía, alias ‘Danielito’, paramilitar de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, uno de los narcotraficantes más poderosos vinculados a las Auc y el principal enemigo del Bloque Metro. (Leer más en: La cuota de ‘HH’ en el exterminio del Bloque Metro)

Los hechos ocurridos ese día fueron relatados a fiscales de Justicia y Paz por Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, quien integró una facción del Bloque Calima de las Auc que combatió al Bloque Metro en el Nordeste antioqueño, quien desmintió la versión de que alias ‘El Panadero’ cayó en una acción del Ejército.

“Daniel Mejía llamó al ‘Panadero’ a un kiosco y allí le disparó y lo mató”, afirmó Casarrubia Posada. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Cristales, donde el Bloque Metro tenía su base, ya para aquellos años sometida por sus rivales a sangre y fuego. El mismo día que asesinaron a Gómez Giraldo fueron acribillados diez de sus hombres más cercanos.

Alias ‘El Cura’ explicó que el cuerpo del ‘Panadero’ fue arrojado a un paraje entre San José del Nus y Cisneros, en un desvío hacia el municipio de San Roque. Luego, dos hombres de confianza de alias ‘Don Berna’ llamaron a la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, y les avisaron del cadáver.

Lo particular es que altos mandos de esa guarnición militar anunciaron que alias ‘El Panadero’ había muerto en desarrollo de la Operación Gibraltar, realizada por tropas del Batallón de Infantería Bomboná en el sector de Los Frailes, jurisdicción del municipio de San Roque. Incluso, la noticia fue ratificada por el entonces comandante de esa brigada, el general Édgar Ceballos Mendoza, y el coronel Francisco Javier Roa, jefe del Estado Mayor de esa unidad militar.

El exterminio del Bloque Metro concluiría con el asesinato de alias ‘Doblecero’ en Santa Marta el 24 de mayo de 2004 a donde llegó a refugiarse. Por ese homicidio, según consta en algunas investigaciones periodísticas, le pagaron 500 mil pesos al sicario que accionó al arma y nunca pagó cárcel por ese crimen.

¿Qué es el CEVAP?

Este centro fue creado mediante la Resolución 04118 de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e inaugurado el 5 de abril de 2017 por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Para su constitución, el ente acusador contó con el apoyo de la Unión Europea.

De acuerdo con Martínez, este centró le permitiría a “los funcionarios mediante el material probatorio de las investigaciones, crear y analizar patrones de los grupos criminales, construir hipótesis delictivas y rechazar otras”. En sus objetivos misionales está apoyar las actividades de los fiscales y la policía judicial, “facilitando el ejercicio de la investigación con el uso de infraestructura tecnológica para analizar las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios recolectados en la escena del delito”.

El entonces fiscal Martínez fue enfático al anunciar que “vamos a desarrollar conocimiento a través de la tecnología”. No obstante, en este primer caso de contexto realizado por el CEVAP y conocido públicamente los resultados son muy pobres y, sin duda, se rajaron en su análisis sobre el Bloque Metro.

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Los pobladores de este consejo comunitario buscan, desde hace 24 años, la titulación colectiva de un predio de 1.114 hectáreas para, entre varias razones, vivir como pueblo negro, bajo sus prácticas culturales y cuidar el medioambiente. A inicios de 2021 invasores desataron hechos de violencia que terminaron en tragedia. En las dilaciones hay gran responsabilidad de agencias del Estado.

El pasado 7 de enero, un grupo de personas irrumpió de manera violenta en tierras del consejo comunitario Rincón Guapo Loverán en medio de la disputa por la titulación del predio. En la refriega resultó muerto Juan Soto, a quien la comunidad describe como uno de los invasores, y sufrió heridas Antolín Álvarez, presidente de esa organización afro.

Los hostigamientos contra esta comunidad asentada en el corregimiento Tierra Nueva, municipio de Puebloviejo, departamento de Magdalena, comenzaron cuatro días antes, cuando los mismos invasores llegaron al lugar y desmontaron una de las cercas; además, hurtaron y destruyeron la vivienda de Antolín Álvarez.

La lucha de este pueblo negro para alcanzar la titulación de una parte de su territorio ancestral, con una extensión de 1.114 hectáreas según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha pasado por los escritorios de la autoridad agraria (Incora, Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras), resistido al conflicto armado, atravesado por intereses agroindustriales y victimizado por la inacción del Estado.

Su pretensión de vivir en comunidad también ha chocado con los datos que registran las entidades estatales. En el documento Caracterización del Daño y Afectaciones Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán, preparado en febrero de 2020 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se registraron 237 familias, conformadas por 934 personas. 

La cifra es distinta a la consignada en el Informe de Visita Técnica realizado por la Agencia Nacional de  Tierras (ANT) en 2018, que registró 44 familias, conformadas por 175 personas. La diferencia radica, según voceros del consejo comunitario, en que sólo tuvo en cuenta a las familias que habían retornado al predio y descartó a aquellas que se encuentran desplazadas en municipios vecinos. 

Como víctimas del conflicto y sujetos de reparación colectiva, reconocidas desde el 9 de diciembre de 2015 por la UARIV, los habitantes de Rincón Guapo Loverán buscan, desde hace casi 24 años, la titulación del territorio ancestral para acceder a medidas integrales de reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, sus pretensiones han sido obstaculizadas por las demoras estatales, que han derivado en confrontaciones violentas con aquellos que se oponen a ese objetivo, entre ellos personas señaladas de ostentar poder político y económico en la región.

Una larga historia

Los solicitantes de la titulación del territorio ancestral son descendientes de las comunidades negras asentadas en el periodo de la Colonia, en los años en que se fundó el municipio de Puebloviejo, Magdalena, en la segunda década del siglo XVI.

Según registra el documento Caracterización del Daño y Afectaciones Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán, la ocupación de este territorio se dio a través del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, siendo el afluente la conexión de la región Caribe con los Andes y la vía a la integración con las economías nacional e internacional.

“Nuestros antepasados llegaron a este territorio ancestral por el Camino del Agua (el río Magdalena y la Ciénaga Grande). ‘Los Bogas’ como eran conocidos por las actividades de navegación desde Santa Marta y Cartagena en el Mar Caribe, lugar donde se une el agua dulce (río) con el agua salada (mar), por su labor tenían permanente movilidad y estaban en contacto con la naturaleza, lo cual les permitió conocer el territorio al cual huían a medida que hacían sus faenas”, recoge el documento sobre un testimonio de un miembro de la comunidad. 

Los bogas que huían a lugares de difícil acceso los llamaban “cimarrones”. En esos sitios construían sus fortalezas, conocidas como palenques, y las convertían en un espacio de expresión de sus costumbres ancestrales, el gobierno propio y los saberes tradicionales. 

“Los asentamientos ancestrales (palenques) de Tierra Nueva, La Isla de Cataquita, El Triunfo o el Pleito, Loverán y Negrini conforman el territorio colectivo ancestral de Rincón Guapo, ubicado en el municipio de Puebloviejo, Departamento del Magdalena, conociéndose desde la época como el pueblo de los negritos”, se lee en el informe de la UARIV.

Así, asentada durante décadas sobre 9 mil hectáreas del departamento caribeño —como lo constatan las cartografías del IGAC—, vivió la comunidad de Rincón Guapo, hasta que la concentración de la propiedad rural, marcada por procesos irregulares de adjudicación realizados por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), fueron despojando a los afros de su territorio ancestral.

Ante esas circunstancias y por los consecuentes efectos de la agroindustria, que deforestaba, captaba y contaminaba el agua para sostener los monocultivos de palma de aceite, la comunidad afro se vio obligada a realizar desplazamientos forzados internos y, desde 1970, se refugió en la última parte del territorio de Rincón Guapo que quedaba disponible, en inmediaciones del Caño Los Micos o Caño San Joaquín. 

Años después se sumarían a su trasegar forzado las consecuencias del conflicto armado: desaparición y asesinato de los líderes, sabedores y representantes de la comunidad, quienes ejercían la defensa de sus derechos territoriales y colectivos.

A raíz de la sanción de la Ley 70 de 1993, que le reconoció a las comunidades negras la propiedad de las tierras baldías, es decir, de la Nación, que habían venido ocupando ancestralmente, se conformó, en 1995, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán, pero, ese año, no lograron obtener su registro por trámites burocráticos y demora injustificada del Estado. 

Pese a esas dificultades legales, en 1997, la comunidad presentó la solicitud de titulación colectiva ante el Incora en medio de hechos victimizantes del conflicto armado. Para ese año, estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) atacaban las organizaciones sociales y comunitarias, asesinando a los líderes promotores de la titulación colectiva y defensores de los derechos territoriales. 

A esa tragedia se sumó, recuerdan en la comunidad, la pérdida de valiosos documentos tras el incendio ocurrido en el 2000 en las instalaciones del Incora en el municipio de Zona Bananera; y la posterior ocurrencia de tres desplazamientos masivos, en los años 2002, 2005 y 2007, que ocasionó el debilitamiento del ejercicio organizativo y frenó la solicitud de titulación.

En 2004, reanudaron el proceso de titulación, esta vez ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, que reemplazó al Incora), pero, a raíz de la violencia paramilitar de esos años, sólo en 2007 se pudo reestructurar la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Rincón Guapo Loverán.

El 28 de Julio de 2008, los representantes del consejo comunitario le solicitaron al Incoder “la titulación colectiva en calidad de TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS (sic), de un globo de terreno baldío con una extensión aproximada de MIL DOSCIENTAS (1.200 Has) (sic)”.

Con esos procesos en marcha, y una vez  reorganizados, la comunidad afro volvió a solicitar ante el Ministerio del Interior el reconocimiento como consejo comunitario. Sólo hasta el año 2011 esa cartera de gobierno expidió la Resolución No. 356, que registró y reconoció al Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán, paso necesario para continuar el trámite de titulación de su territorio ancestral en el Incoder, bajo las normas de la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras.

El 6 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta falló una acción de tutela a favor del consejo comunitario. En atención a esa decisión, la autoridad agraria expidió la Resolución No. 2251, del 9 de noviembre de 2012, mediante la cual ordenó visita técnica a las tierras solicitadas, que se realizó del 3 al 6 de diciembre del año 2012.

Luego, mediante las resoluciones No. 0473, del 22 de marzo de 2013, y la No. 0589, del 15 de abril de ese mismo año, el Incoder ordenó realizar el levantamiento topográfico y cartográfico del globo de terreno denominado Rincón Guapo Loverán, con el fin de delimitar el territorio ancestral de las comunidades afro.

Pero esas medidas se quedaron en el papel. Durante los años 2014 y 2015, el consejo comunitario presentó varios derechos de petición queriendo conocer el avance del proceso, sin respuesta alguna.

Sólo fue hasta el 5 de julio de 2016 que la comunidad recibió notificación de la entrada en vigencia del Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual se suprimió el Incoder y, en su reemplazo, se creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad competente para ejecutar la política de ordenamiento de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ante la demora para la culminación de este proceso de titulación colectiva, el consejo comunitario instauró otra acción de tutela contra la ANT tras considerar que estaban siendo vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la propiedad colectiva, a la identidad cultural, a la vida y a la subsistencia, entre otros. 

La tutela fue decidida por el Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Mediante fallo del 13 de agosto de 2018, resolvió amparar la petición del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Rincón Guapo Loverán, ordenándole a la ANT que “en un término no superior de dos meses realizara las actuaciones tendientes, interna y externamente (con otras instituciones), para finalizar el proceso de titulación”.

Acatando el fallo, la ANT, mediante la Resolución No. 5459 del 31 de agosto de 2018, ordenó practicar una visita técnica con el fin de realizar actualización de los estudios socioeconómico, de tenencia, topográfico, agronómico y/o ambientales. La diligencia se realizó entre el 17 y 21 de septiembre de ese año. 

Pero de nuevo se detuvo el proceso, esta vez por un aparente traslape cartográfico con predios privados. La comunidad insistió y presentó un incidente de desacato contra la ANT y envió un derecho de petición al IGAC para que realizara la clarificación predial del aparente traslape. En su respuesta, esta entidad afirmó que sobre el predio reclamado no existía ningún tipo de traslape. 

Consultada por este portal al respecto, la ANT explicó que están resolviendo las oposiciones presentadas por dos personas que alegan afectaciones a sus derechos con el proceso de titulación colectiva al identificar un presunto traslape con predio de propiedad privada. Pero ¿quiénes son esos opositores?

Navegue la siguiente línea del tiempo para conocer detalladamente la lucha del Consejo comunitario Rincón Guapo Loverán.

“Un fantasma”

Uno de los opositores es Álvaro Valle Blanco, quien, con documentos en mano, se presentó ante el Incoder el 24 de enero 2012 y solicitó su vinculación al proceso de titulación colectiva de Rincón Guapo Loverán. En esa ocasión, afirmó que “conozco que en el área que se pretende titular existen abundantes predios de propiedad privada”. Para demostrarlo, entregó copias de once certificados de tradición y libertad, que corresponden a predios adjudicados por el Incora en agosto de 1982. 

Uno de ellos aparece a nombre de Valle Blanco, se trata del predio Porvenir Uno, de 450 hectáreas, que le habría sido adjudicado mediante la Resolución N. 450, fechada el 16 de agosto de 1982. Esa información está registrada en el certificado de tradición y libertad bajo la matrícula inmobiliaria 222-6799.

Este portal le consultó a la ANT sobre la información presentada por ese opositor. La Agencia respondió que estudia 14 resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el Incora en agosto de 1982, “las cuales se encuentran en proceso de análisis y espacialización por la Oficina de Topografía de la entidad”. (Ver Respuestas ANT)

Para complementar su respuesta, la ANT afirmó que de esas 14 adjudicaciones, “según la información suministrada por la ORIP —Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la SNR—, hasta el momento, siete (7) resoluciones se encuentran debidamente registradas y, por ende, el derecho real de dominio o propiedad se encuentra consolidado”. Y entregó el siguiente listado:

Al cotejar la información aportada por la ANT con la presentada por Valle Blanco en 2012, se concluye que de los 11 certificados que entregó, siete de ellos, que corresponden al listado anterior, fueron estudiados por la autoridad agraria, dejando por fuera cuatro adjudicatarios, entre ellos a este opositor y a tres personas más: Libardo Gómez, Adaulfo Pérez y Pedro Ramírez Gómez.

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Sobre Blanco Valle y el predio el Porvenir Uno, voceros del consejo comunitario y de la comunidad aseguran que nunca antes habían escuchado hablar de ese ciudadano ni de algún predio con ese nombre como colindante.

Además, genera sospecha que luego de acreditarse como opositor, no se haya presentado a las diligencias de inspección ocular y de clarificación de linderos fijadas por el Incoder, la ANT y el IGAC con el fin de que mostrara en terreno dónde está su predio, muy a pesar de haber sido notificado en la dirección que figura en el escrito de oposición, así como mediante avisos, edictos y llamados por emisoras locales.

Al respecto, en la comunidad afro concluyen que con ese tipo de actuaciones, Valle Blanco, a quien describen como un “fantasma”, pretende obstaculizar el avance del proceso de titulación colectiva sin tener un respaldo claro para ejercer esa posesión.

El palmicultor

El otro opositor a la titulación colectiva es Pedro Manuel Dávila Jimeno, reconocido empresario palmero de la región. Su participación en este proceso ha estado nutrido de inconsistencias, en especial con la identificación de los predios que dice poseer y que, según él, resultarían afectados en caso de que la comunidad afro obtenga el territorio solicitado.

La primera de esas inconsistencias surge de lo consignado en un acta fechada el 3 de diciembre de 2012, que resume lo ocurrido durante una reunión informativa a la comunidad sobre el proceso de titulación solicitado por el Consejo Comunitario Rincón Guapo Loverán en la que estuvieron presentes funcionarios del Incoder.

Durante un recorrido para establecer los linderos del predio se presentó el abogado Diego Armando García Noriega, en representación de Dávila Jimeno, quien aportó varios documentos para demostrar la tenencia de propiedades alrededor del territorio solicitado por la comunidad afro e indicó que “la intención que tiene su representado es de no oponerse a la titulación colectiva siempre y cuando no se vean afectados sus derechos de propiedad”.

Entre los documentos que presentó este abogado se encontraba la escritura pública N. 2793; una copia del certificado de libertad y tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 222-37653; la escritura pública N. 775 del 23 de agosto de 2012; y una declaración extraproceso de Fredy Omar Pertuz a favor del empresario Dávila Jimeno. 

Este portal se dio a la tarea de verificar esos documentos y encontró varias inconsistencias. Se revisó, inicialmente, una copia actualizada del certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria 222-37653, que corresponde a la finca La Transacción, de 387 hectáreas, propiedad de la empresa Inversiones Padornelo S.A., representada por Dimas Rafael Martínez Morales. En el historial de tenencia, no aparece Dávila Jimeno.

También se constató que el documento registrado en el acta como “escritura pública 775 del 23 de agosto de 2012” es una declaración que “no constituye título traslaticio de dominio ni es objeto de inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente”, presentada por el abogado García ante la Notaría Cuarta de Santa Marta el 23 de agosto de 2012, en la que pone bajo custodia de esa dependencia una carta de compraventa del 19 de abril de 1978, que registra la supuesta venta que hizo Guillermo Pertuz Barrios del predio La Gloria, de 100 hectáreas, al empresario Dávila Jimeno. (Ver Declaración y Compraventa)

Con respecto a lo que el acta registra como “declaración extraproceso de Fredy Omar Pertuz a favor de Pedro Manuel Dávila”, también se observa un error, pues el expediente sí contiene una declaración extraproceso, pero de Guillermo Antonio Pertuz Rodríguez, hijo de Guillermo Pertuz Barrios, quien afirmó, bajo la gravedad del juramento, que fue testigo de la venta del predio La Gloria que le hizo su padre a Dávila Jimeno. Esta declaración fue registrada el 25 de abril de 2011 ante la Notaría Primera de Santa Marta. (Ver Declaración extraproceso)

Y sobre la escritura pública N. 2793, no encontró ningún documento en el expediente que aclarara a qué predio corresponde, si está ligado al terreno solicitado por la comunidad afro y si, efectivamente, es de propiedad de Dávila Jimeno. Este portal le preguntó mediante cuestionario enviado al abogado García por esa escritura y no dio ninguna respuesta. Luego se le contactó telefónicamente y dijo que no tenía la documentación a la mano, que no recordaba ese número de escritura y que podría tratarse de un error en el registro del acta.

Si bien en aquella reunión informativa del 3 de diciembre de 2012, el abogado García afirmó que su apoderado no ejercería ningún tipo de oposición, esa decisión cambió radicalmente y así se lo hizo saber al Incoder en carta fechada el 5 de mayo de 2013, tras considerar que el predio que pretende la comunidad afro incluía una parte de la finca La Gloria.

En esa misiva, volvió a exponer que Dávila Jimeno era propietario de La Gloria recurriendo a la carta de compraventa de abril de 1978 y a la declaración extrajuicio de agosto de 2012. Y reiteró que el predio solicitado en titulación colectiva hace parte de la finca La Gloria que “es propiedad de mi poderdante Pedro Dávila Jimeno, razón por la cual durante más de 30 años mi apadrinado ha ejercido posesión respecto a esos terrenos, la cual se materializa con la realización de canales de drenaje, cercados y la evidente siembra de pastos”.

En esta ocasión, el representante del empresario Dávila Jimeno presentó también unas supuestas coordenadas geográficas del lindero sobre el cual se reclama, pero esa información fue desestimada por no provenir de un proceso convencional de captura y presentación de información espacial, acreditado por un profesional o institución idónea para el desarrollo de la toma de datos georreferenciados o levantamientos topográficos correspondientes. (Ver Oficio)

El abogado García volvió a aparecer el 5 de julio de 2016, cuando radicó un nuevo escrito ante la ANT en el que reiteró la oposición de su apoderado al proceso de titulación colectiva impulsada por la comunidad afro.

Una carta enviada por la subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT, Lizbeth Omira Bastidas, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga, fechada el 15 de diciembre de 2016, aportó un dato que llama la atención: en esa misiva se afirma que Dávila Jimeno es propietario de un predio llamado Venecia, lo que no es cierto, y así lo confirma el folio de matrícula inmobiliaria. (Ver Carta ANT)

El predio Venecia, de 450 hectáreas, le fue adjudicado a Pedro Ramírez Gómez por el Incora, en su programa de titulación de baldíos, mediante la Resolución 0477 del 16 de agosto de 1982. Dávila Jimeno se quiso apropiar de esa propiedad y presentó contra este ciudadano una demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga, que fue admitida el 17 de julio de 2013.

La prescripción es una figura consagrada en el Código Civil a la que recurren demandantes, abogados y jueces para resolver litigios sobre predios que tienen una tradición de dominio privada (esto es, su dueño es un particular). En esencia, la norma regula las relaciones entre particulares sobre predios cuando su dueño legal se desentiende de ellos y otro particular los habita y explota, por lo que se convierte en su nuevo propietario. (Leer más en: Tras los baldíos de la Nación)

Ese proceso de pertenencia fue inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria mediante el Oficio 1124 del 5 de agosto de ese mismo año remitido por el Juzgado, tal como consta en el certificado de tradición y libertad revisado por este portal. Pero, Dávila Jimeno, a través de su abogado Diego García, desistió de esa demanda, y así se lo hizo saber al juez en una audiencia celebrada el 8 de mayo de 2014: “En este estado de la diligencia, el apoderado del demandante manifiesta su deseo de desistir de continuar con el trámite del presente proceso, como quiera que habrá de presentar la respectiva demanda nuevamente, pero alegando una especie de prescripción distinta de la que planteó en las pretensiones”. (Ver Acta de audiencia)

El desistimiento de la demanda no fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria y dos años después, Dávila Jimeno era considerado en la ANT como propietario del predio Venecia, cuando la evidencia demostraba que no era cierto.

Una  última inconsistencia apareció en un acta levantada a mano, fechada el 20 de septiembre de 2018, que resumió una visita en la que se discutió la “situación actual relacionada con colindancia entre el consejo comunitario y predios del señor Pedro Dávila”. En ese encuentro, que contó con la presencia de funcionarios de la ANT y miembros de la comunidad afro, el abogado del empresario insistió en que una parte del predio solicitado en titulación está en áreas de propiedad privada. (Ver Acta de reunión)

Y explicó el abogado García que el predio afectado se llama La Gloria, que fue registrado con el nombre Venecia y entregó un número de cédula catastral que acabó de enrarecer la situación porque corresponde a un predio que se llama La Esperanza. La ANT así lo reconoce y se respalda en los registros del IGAC, que muestran un lote con una extensión de 293 hectáreas, y que, en todo caso, no corresponde con las extensiones que tienen La Gloria y Venecia.

Adicional a ello, la autoridad agraria aseveró que el predio La Esperanza estaba siendo ocupado por Juan Enrique Soto Velásquez, pero consigna en uno de sus informes que no demostró su “justificación al derecho de propiedad”. Este ciudadano fue el que resultó muerto en la refriega del pasado 7 de enero.

El resto de predios colindantes a la tierra solicitada en titulación colectiva, según un plano que reposa en el expediente de la ANT sobre el caso, son baldíos de la Nación o pertenecen a empresarios de la palma de aceite, como Inversiones Padornelo S.A., representada por Dimas Rafael Martínez Morales, y El Roble Agricola S.A., representada por Alberto Mario Lacouture Pinedo, hijo del empresario Carlos Aurelio Lacouture Dangond, ya fallecido, quien estuvo envuelto en una disputa por un predio y daños ambientales en la región. (Leer más en: La Conquista, una lucha que no termina entre palmicultores y campesinos)

Toque los polígonos del mapa para conocer información de cada uno de los predios que rodean el territorio objeto de titulación del Consejo Comunitario Rincón Guapo Loverán.

Empresario se defiende

VerdadAbierta.com le envió un cuestionario a Pedro Davila a través de su abogado, Diego García, para conocer sus puntos de vista sobre las inconsistencias que este portal encontró para oponerse a la titulación colectiva de la comunidad afro y conocer los documentos que demostrarían la posesión del predio del que aduce ser dueño y que resultaría afectado si se toma una decisión a favor del consejo comunitario.

En sus respuestas, García explicó que el origen de la oposición del empresario palmero radica en considerar que los puntos de colindancia que el consejo comunitario había aportado el día 30 de abril del año 2013, para el desarrollo de una diligencia topográfica ordenada por Incoder, afectan por lo menos 80 hectáreas del predio al que llama en su respuesta “La Gloria y/o La Esperanza”, que identifica con cédula catastral 47570000300000027000, y del que dice que Dávila lo adquirió el 26 de mayo del año 1978 mediante compra a Guillermo Pertuz Barrios.

“El topógrafo adscrito a esa entidad se limitó tomar los puntos de colindancia en los lugares indicados por parte del Consejo Comunitario —sostiene García— excluyendo los indicados por mi representado, los cuales diferían ostensiblemente, lo anterior se llevó a cabo bajo el pretexto que, según su dicho, en el expediente existía un proceso de concertación previo mediante el cual se establecieron los puntos que este recopiló, los cuales fueron exactamente los indicados por el Consejo peticionario, lo cual no correspondía a la realidad”.

En el Informe Técnico de Visita Topográfica el Incoder explica que ese día García se presentó ante los funcionarios que adelantaban dicha diligencia sin escritura u otro sustento legal, ante lo cual la entidad le solicitó que hiciera de nuevo presencia en los días siguientes hasta el 2 de mayo de 2013 con el debido soporte documental. 

Sin embargo, García no regresó al predio en las fechas solicitadas por el profesional designado por el Incoder para la visita de levantamiento topográfico y se limitó a presentar oposición al procedimiento de titulación colectiva mediante un escrito fechado el 9 de mayo de 2013.

A este portal le indicó que no regresó tal como se lo pidieron los funcionarios del Incoder para “salvaguardar” su integridad personal, pues señaló que en esas diligencias no estaban haciendo presencia miembros de la Fuerza Pública, “quienes serían los llamados a evitar que las continuas situaciones de tensión que se generan, por cosas tan simples, como el hecho de controvertir si quiera (sic) alguna afirmación realizada por parte del consejo Comunitario en las diligencias”.

En relación al predio Venecia, García explicó que a partir de revisar el expediente y encontrar los 11 certificados de tradición y libertad adjuntados por el opositor Valle Blanco, su representado decidió presentar una demanda de pertenencia con la pretensión de que un juez aplicara prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en contra de Pedro Ramírez Gómez, beneficiario de un baldío adjudicado por el Incora, por considerar que ese título de propiedad abarcaba áreas del predio La Gloria, que Dávila insiste en reclamar como suyo.

“No obstante, al momento de hacer un análisis más exhaustivo del asunto y por no tener la certeza que dicha porción de terreno correspondería al área poseída por mi cliente, se resolvió por parte este (sic) desistir del proceso, esperar las resultas del trámite de titulación o buscar alguna otra alternativa jurídicamente valida (sic)”.

En su respuesta a este portal, García, en nombre de Dávila, condenó los hechos de violencia de inicios de este año en los que resultó muerto Juan Soto y herido Antolín Álvarez y fue enfático en aclarar que su representado no tuvo nada que ver con ese asunto, “como tampoco tenía relación de afinidad alguna con la persona que resultó asesinada en dichos hechos”.

El abogado concluye su respuesta ilustrando que su cliente “no es la persona malévola que algunas piezas periodísticas pretenden hacer ver”; indica que ha realizado inversión social en la zona a través de proyectos educativos integrales; y que “desde hace más de 40 años es un generador de empleo en una región apartada en donde la intervención estatal es casi nula”. (Ver Respuestas cuestionario)

Pese a que este portal insistió en solicitarle al abogado García los documentos que demostraran que Dávila es dueño del predio que llama La Gloria/La Esperanza, no fue posible obtenerlos. Los que ha revisado la ANT demuestran una posesión informal del predio del que dice ser dueño. Siendo así, ¿por qué la autoridad agraria no aclaró de manera diligente las inconsistencias a la hora de contemplarlo como opositor cuando carece de soportes legales para demostrar que es propietario?

¿Dilación de la ANT?

La comunidad de Rincón Guapo Loverán sostiene que el proceso de titulación colectiva está viciado por demoras injustificadas de la ANT. De nada valió la tutela fallada a su favor instaurada por la entonces representante legal del consejo comunitario, Sixta Tulia Álvarez Torres, el 13 de agosto de 2018, y en cuya decisión se ordenó que titulara en dos meses. Tampoco fue suficiente oficiar a la Procuraduría General de la Nación para Asuntos Étnicos que vigilara el acatamiento de esa tutela. 

Se creó, eso sí, la Mesa Técnica de Tierra, la cual debe ser convocada por la Procuraduría para hacer seguimiento al proceso; sin embargo, desde entonces, la ANT sólo ha presentado el informe de la visita técnica de septiembre de 2018. Al preguntársele a la entidad al respecto, se limitó a reiterar el interés de “atender las invitaciones a estos espacios cuando se requiera”.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta también ha insistido en el tema. Mediante Auto fechado el 30 de abril de 2019, le ordenó a la ANT que, cada 30 días calendario, le informara sobre los avances en el proceso de titulación, pero la comunidad afro denuncia que eso no se ha cumplido y advierte que están en mora de presentarse los informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de este año.

Este portal conoció uno de esos informes, fechado el 5 de septiembre de 2020, en el que una de las abogadas de la Agencia detalla varios procesos que se adelantan de cara a la titulación colectiva y afirma que “se puede evidenciar que la entidad se encuentra desarrollando todas las actividades correspondientes y a su alcance de conformidad con la normatividad y procedimientos acordes con el proceso de titulación colectiva solicitada por la comunidad accionante. Actuaciones que han sido puestas en conocimiento de todas las partes interesadas”. (Ver Informe)

En esa ocasión, también le explicó al Juzgado que, en relación con las oposiciones presentadas, ya se tenía proyectada una resolución que resolvía ese asunto y agregó que “se encuentra en revisión para la posterior firma de la Subdirectora de Asuntos Étnicos. Firmada y numerada esta resolución, se realizarán las correspondientes notificaciones de la misma, la cual es susceptible de recurso de apelación”.

En una comunicación interna de la ANT, fechada el 2 de octubre, remitida por la subdirectora de Asuntos Étnicos, Andrea Calderón, a la jefe de la Oficina Jurídica, Yolanda Sánchez, se dijo con respecto a los opositores: “Se proyectó resolución que resuelve oposiciones presentadas dentro del trámite, la cual se encuentra en revisión para la posterior firma de la Subdirectora de Asuntos Étnicos. Firmada y numerada esta resolución, se realizarán las correspondientes notificaciones de la misma, la cual es susceptible de recurso de apelación”. (Ver Comunicación Interna)

Un mes después, la subdirectora de Asuntos Étnicos, Andrea Calderón, le respondió una consulta sobre el tema de la titulación a Judith Salazar, directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Con fecha del 3 de noviembre, le informa, a través de 26 puntos, sobre las labores que ha realizado la autoridad agraria desde el 2008 en este caso.

El último punto de ese informe, reitera lo dicho internamente entre dependencias de la ANT e informado al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta: “Se proyectó resolución que resuelve oposiciones presentadas dentro del trámite, la cual se encuentra en revisión para la posterior firma de la Subdirectora de Asuntos Étnicos. Firmada y numerada esta resolución, se realizarán las correspondientes notificaciones de la misma, la cual es susceptible de recurso de apelación”. (Ver Respuesta)

Si bien, la ANT en esas tres misivas ha reiterado que se tiene proyectada la resolución que resuelve las oposiciones presentadas, en una respuesta dada por la Agencia a este portal el pasado 25 de enero, expuso otra realidad: “Actualmente nos encontramos resolviendo dos oposiciones presentadas por personas que consideran se ven afectados sus derechos con el proceso de Titulación Colectiva”.

“Para tal fin —continúa la entidad— la Oficina de Topografía y Cartografía de la ANT, se encuentra adelantando procesos de cruces catastrales, con información cartográfica incluso remontándonos a información oficial de los años ochentas y noventas. Actuaciones que se han realizando (sic) en compañía de la comunidad y diversas entidades de orden nacional, en reuniones técnicas que se realizaron el 6 de noviembre de 2020, además de un espacio de cartografía realizado el día 29 de noviembre de 2020”.

Otro de los puntos que cuestiona la comunidad es el incumplimiento de la ANT a los espacios convocados por las mismas entidades del Estado para discutir sobre el tema de la titulación. Al respecto, la Agencia le explicó a este portal que para la última reunión del subcomité departamental de Tierras, Verdad, Justicia y Reparación Integral, convocada por la Gobernación de Magdalena para el pasado 13 de enero, se presentó un problema técnico y el funcionario citado no pudo conectarse. 

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, le envió el pasado 25 de enero un oficio a Myriam Martínez, directora de la ANT, para saber qué hace falta para finalizar el proceso de titulación colectiva del pueblo negro, pero hasta el 4 de febrero pasado no había recibido respuesta.

En relación con las reuniones del 13 al 16 de octubre, del 2 al 5 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre del año pasado, convocadas por la Unidad para las Víctimas, la ANT no respondió nada, simplemente se ocupó en precisar las reuniones a las que habían asistido algunos de sus funcionarios, pero para el 2020 sólo relacionó una, la del 6 de noviembre, en la que abordaron temas técnicos vinculados con la pretensión territorial de la comunidad.

En cuanto al mayor obstáculo para resolver de fondo la solicitud del Consejo Comunitario Rincón Guapo, la ANT le sostuvo a VerdadAbierta.com que ha sido de naturaleza técnica, traducido en la calidad de la información existente, que dificulta establecer con precisión la ubicación de los predios privados que respaldan las oposiciones, pese a que en tres ocasiones han informado que ya tienen la resolución que resuelve esas oposiciones.

“El proceso de Titulación Colectiva, tiene un rezago asumido por la ANT como herencia de la liquidación del INCODER (sic), con actuaciones administrativas incompletas o sin soporte en el expediente físico”, insistió la entidad en su respuesta a este portal. 

Las demoras en la etapa de resolución tanto de las dos oposiciones presentadas como en aclarar supuestos traslapes entre predios privados y el terreno solicitado en titulación colectiva, son cuestionados por voceros de la comunidad afro, y resaltan que este proceso se está llevando a cabo en una Mesa Técnica de Tierra que, en principio, era el mecanismo idóneo para agilizar el proceso, pero parece no funcionar.

Conocedores del tema del conflicto por la tierra en el país, que prefirieron que se les protegiera su nombre, se preguntan por qué las entidades agrarias sólo se activan cuando hay decisiones judiciales que las obligan a atender las necesidades de las comunidades y si las demoras en la decisión de la ANT, en el caso de este consejo comunitario, se derivan de un conflicto de intereses.

Esta última preocupación surge del hecho de que el principal opositor en el proceso de titulación colectiva es un reconocido palmicultor, afiliado a Fedepalma a través de dos de sus empresas —P.M.D. y Cía S.C.A., y Agroindustrial Palmaceite Ltda.—. De esa organización gremial nacional proviene la actual directora de la ANT, Myriam Martínez, según se lee en su hoja de vida, donde ocupó el cargo de Líder Social en el área de gestión para la responsabilidad social.

Violencia advertida

Entidades estatales locales, regionales y nacionales están al tanto de la ardua lucha por la titulación colectiva de la comunidad de Rincón Guapo Loverán y del peligro que les ha significado reclamar sus derechos sobre territorios ancestrales. 

En su respaldo, el Ministerio del Interior expidió la Resolución 016, del 16 de octubre de 2020, “por medio de la cual la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, acepta la solicitud de protección mediante la Ruta de Protección a los derechos territoriales de los Grupos Étnicos para el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo – Loveran (sic), ubicado en el Municipio de Puebloviejo – Departamento del Magdalena y se inician los trámites correspondientes”. 

La perturbación del territorio ocupado por la comunidad afro ha sido constante desde el 2011, cuando vecinos agresivos invadían el  predio, amenazaban a sus pobladores y ponían en riesgo a los miembros del consejo comunitario. En marzo de ese año, voceros de la comunidad solicitaron protección a la Alcaldía del municipio de Puebloviejo. Si bien se protegió el territorio, no se realizaron acciones efectivas para evitar los actos de perturbación. 

Desde ese año, hasta la fecha, el consejo comunitario ha presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, de ellas cuatro están activas y tres más inactivas.

La Defensoría del Pueblo también estuvo al tanto de esos problemas y ante el escalamiento de la violencia, llamó la atención sobre sus consecuencias a través del Informe de Riesgo de Inminencia 010-2015, con el cual buscó la protección del Consejo de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán. (Ver Informe de Riesgo)

En ese documento, esta agencia del Ministerio Público registró las disputas con arma blanca entre integrantes del consejo comunitario y colonos que habitan y cultivan predios colindantes a Rincón Guapo, situación generada por la falta de resolución de los conflictos por la tenencia y propiedad de la tierra.

“Si bien hasta hace algunos meses los hechos de violencia eran considerados como de orden público y obedecían a conflictos sociales entre comunidades por la propiedad y el uso de la tierra, en los últimos meses esta situación ha venido escalando”, advirtió en aquel año la Defensoría del Pueblo. 

Y la tragedia sobrevino el 6 de mayo de 2015, cuando fue asesinado, en el municipio de Zona Bananera, Gaspar Peña Santander, líder del consejo comunitario. Tras su muerte, la Defensoría Regional Magdalena le solicitó a la Policía presencia permanente de uniformados que garantizaran la seguridad de la comunidad, pero la situación se complicó cuando a inicios de junio, se presentó un ataque con armas de fuego contra los agentes allí destacados.

Las recomendaciones planteadas por la Defensoría a más de diez instituciones fueron exiguamente atendidas. La Alcaldía de Puebloviejo inició la construcción de las vías para que la Fuerza Pública pudiera llegar de manera más inmediata al corregimiento Tierra Nueva, pero por falta de presupuesto no se han terminado y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no hizo el estudio de nivel de riesgo de la comunidad y sus líderes, ni siquiera se contactó con la comunidad. Sólo atendió el llamado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que realizó un programa de atención a la primera infancia. 

La situación volvió a recrudecerse en octubre de 2020, luego de las amenazas proferidas contra líderes y lideresas del consejo comunitario. En atención a ese riesgo, la Defensoría del Pueblo le solicitó con carácter urgente a José Pinedo, director Seccional de Fiscalías de Santa Marta; a Samir Giovanny Pava Ávila, comandante de Policía del Departamento del Magdalena; a Efraín Alberto Ortega Parejo, alcalde de Puebloviejo; y a Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, la protección colectiva de Rincón Guapo Loverán. La situación sólo fue atendida por la Policía con patrullaje y frecuentes visitas policiales. 

“Nos llama muchísimo la atención la inactividad de las alcaldías locales, cuya jurisdicción y respuesta inmediata serían los primeros respondientes en atender esta situación”, le dijo a este portal Anabel Zúñiga, jefa de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto de la Gobernación del Magdalena. “Nosotros con la Alcaldía de Puebloviejo hemos tratado de hacer el llamado”, pero en la reunión del 13 de enero de la mesa del Subcomité de Tierras, no se presentó. “Llegó la Alcaldía de Zona Bananera, que si bien tiene un papel ahí por encontrarse cerca, el primer respondiente sería la Alcaldía de Puebloviejo”.

Por los hechos de violencia del pasado 7 de enero, la comunidad afro le insistió a la UNP que les brindara protección colectiva, pero en la entidad contestaron que debía realizar primero un estudio de riesgo. En 2019, ya le habían hecho una solicitud similar. La Defensoría citó a las partes en dos ocasiones en Santa Marta, pero en la comunidad aseveran que “nunca se concluyó el estudio de riesgo”.

VerdadAbierta.com se contactó con la Policía Metropolitana de Santa Marta, encargada de la seguridad de Puebloviejo, para saber qué conocimiento tiene de los hechos de perturbación del orden público y violencia contra la comunidad de Rincón Guapo de los últimos años y qué medidas de protección se han planeado y ejecutado para garantizar la vida y la integridad de los pobladores después del último episodio violento el pasado 7 de enero, pero el coronel Óscar Favián Solarte Castillo, comandante de esa unidad policial y el único autorizado en brindar información sobre la comunidad de Rincón Guapo, no respondió el cuestionario enviado.

El pasado 11 de enero, funcionarios de la Gobernación de Magdalena, apoyados por agentes de la Policía Nacional, adelantaron una inspección ocular tras los actos de perturbación del orden público y violencia ocurridos a inicio de este año. Dos días después, en el Subcomité de Tierras, Verdad y Reparación Integral, fueron expuestos los hallazgos de la visita realizada. Una de estas está relacionada con una casa construida en el predio del que Pedro Dávila indica ser dueño.

“Esa vivienda, que se encuentra en el predio del señor Dávila, se encontraba desocupada. Habían enseres, ropa colgada, los elementos básicos para que se habite, pero no había alguna persona ahí”, explicó Anabel Zúñiga de la Gobernación del Magdalena. Si bien, los miembros de la Fuerza Pública y de la administración departamental no iban directamente a un operativo de investigación, si lograron observar que “evidentemente era un lugar que, hasta hacía poco, estaba habitado por personas, por familias, porque vimos ahí que había ropa de niños, de niñas, en fin”.

Miembros de la comunidad señalaron que los invasores que atacaron el 3 y 7 de enero al presidente del consejo comunitario, Antolín Álvarez, vivían en dicha casa. Seis días después de la diligencia de inspección, la casa fue desmantelada.

Con todo y las presiones, en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán continúan resistiendo, con miedo en el estómago, ante la posibilidad de que se pueda derramar más sangre sobre su tierra ancestral.

“No se puede entender el asesinato, la agresión y la persecución de nuestros líderes sin entender el territorio, la defensa del agua y del ambiente, cuando lo que  necesitamos es la seguridad jurídica sobre nuestro territorio colectivo, en el cual hemos generado procesos de conservación”, afirma la lideresa Marly Molina, vocera de la comunidad afro. “Eso es lo que realmente cuidan y protegen los líderes y las autoridades tradicionales del consejo comunitario, por ello cuando asesinan a un líder conlleva al deterioro cultural de las mismas comunidades. No están matando a una sola persona, están acabando con un pueblo”.

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Más dos años le tomó a la Contraloría General de la República (CGR) asumir la investigación sobre posibles actuaciones irregulares de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la compra del predio Yarumal, de 243 hectáreas, situado en la vereda Bocas del Río Turbo, sobre la desembocadura del río Turbo, a orillas del golfo de Urabá y a escasos tres kilómetros del centro de Turbo.

La apertura de investigación preliminar por esa transacción, en la que se pagaron 3 mil millones de pesos, le fue notificada ayer por la directora de Vigilancia Fiscal de la CGN, Sonia Alexandra Gaviria Santacruz, a la directora de la ANT, Myriam Martínez Cárdenas.

“La mencionada actuación tiene por objeto indagar sobre las irregularidades en que incurrió la Agencia Nacional de Tierras- ANT- al adquirir el predio Yarumal, ubicado en el municipio de Turbo- Antioquia, para efectos de realizar el proceso de titulación colectiva al Consejo Comunitario de la Vereda Bocas del Rio Turbo sin que existiera dicho colectivo étnico”, se leen en la notificación, conocida por este portal.

Aparte del anuncio de apertura de indagación preliminar, la CGN le solicitó a la ANT un conjunto de documentos “para que obre como prueba dentro de la actuación de la referencia” y que, en suma, serían los respaldos de la compra del predio.

Se trata, entre otros documentos, de datos sobre exfuncionarios de la Agencia que participaron en el negocio, entre ellos Juan Guillermo Valencia Álvarez, quien estuvo al frente de la transacción, primero como Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder (ya liquidado) y luego como Director de Asuntos Étnicos de la ANT.

Asimismo, la CGN solicitó constancia “de que el funcionario Juan Guillermo Valencia Álvarez, en su calidad de Director de Asuntos Étnicos, ordenó y practicó la actualización de la caracterización de la comunidad solicitante de la titulación colectiva del predio Yarumal, para definir la forma organizativa y de ocupación del predio Yarumal, censos y demás actividades tendientes a establecer la real existencia del Consejo Comunitario de Bocas del Rio Turbo, de ser el caso”.

En relación con ese Consejo Comunitario, la CNG solicitó variada información, como copia del censo en el cual “aparecen 57 firmantes que afirman haber permanecido un tiempo mínimo de 3 años y máximo de 27 años en el predio, de los cuales solo 3 afirma estar interesado en la titulación colectiva”; así como copias de actas “suscritas en los diferentes intentos de entrega del predio […] y de las mesas de concertación propuestas por la Personería, con participación de la Administración Municipal y la Defensoría del Pueblo, de existir”.

Además, le pidió a la ANT “certificar en qué estado se encuentra el proceso de titulación colectiva del predio Yarumal, a la Comunidad de la vereda Bocas del Rio Turbo y cuáles serían los trámites a seguir”.

La insistencia en documentos sobre ese Consejo Comunitario se debe a que hay sospechas, y así lo ha denunciado la comunidad, de que no existe, por lo que no se tiene claro a quién o quiénes realmente favoreció la compra del predio Yarumal

Por último, la CGR solicitó detalles de “las acciones adelantadas por las diferentes direcciones de la Agencia Nacional de Tierras, tendientes a cumplir las recomendaciones expuestas por la Oficina del Inspector de Tierras”, realizadas el 14 de diciembre de 2018. (Descargar Notificación)

Por el momento, las directivas de la ANT guardan silencio frente a la decisión tomada por el ente de control fiscal.

En contexto

Las alertas sobre las posibles irregularidades en la compra del predio Yarumal fueron emitidas por la Oficina del Inspector de Tierras de la ANT el 2 de noviembre de ese año y difundidas por este portal a través de un reportaje publicado 20 días después. (Leer más en: Recomiendan suspender titulación de tierras a consejo comunitario de Turbo)

Al frente de esa dependencia estaba Nubia Elena Pacheco, quien en esa ocasión llamó la atención del negocio que había hecho la ANT luego de que un equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, adscrita a esa agencia estatal, realizara una visita a Turbo y escuchara a un sector de la comunidad que se vio afectada por la adquisición y supuesta entrega del predio al Consejo Comunitario Bocas del Río Turbo, sobre el que pesan algunas dudas sobre su conformación y existencia.

Su recomendación quedó plasmada en un memorando en el que afirmó que contaba “con las variables suficientes y variables necesarias para iniciar una investigación prioritaria del caso”, por lo que solicitó “la suspensión de visitas y actuaciones en territorio que se estén adelantando hasta que esta Oficina tenga un pronunciamiento frente a la investigación”.

¿A qué apuntaban las preocupaciones de Pacheco? A llamar la atención sobre la compra que hizo la ANT del predio Yarumal a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por 3 mil millones de pesos. La firma de la escritura se hizo el 30 de diciembre de 2016 y la entrega a la supuesta comunidad de afrodescendientes el 15 de mayo de 2017. En su  momento, esa transacción dejó muchas dudas.

Entre las inquietudes planteadas por las fuentes consultadas para el reportaje publicado en noviembre de 2018 resaltaba hecho de que los procedimientos de compra en la ANT se hicieron en tres días. Al frente de la dirección de la entidad estaba Miguel Samper.

“[En] los últimos 3 días del mes de diciembre de 2016 se logra finalizar el proceso de compra del predio Yarumal, obteniéndose la viabilidad jurídica por parte de la oficina jurídica de la ANT, aceptación de la oferta por parte del propietario del predio y, finalmente, la firma de la escritura pública de compraventa N. 2221 del 30 de diciembre de 2016 ante el Notario Único de Turbo”, se lee en el informe preparado por el equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia.

La rápida adquisición de este predio es uno de los aspectos que ha generado dudas. Resulta que un proceso tan complejo se resolvió de manera eficiente: el 27 de diciembre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó el avalúo del predio a la ANT; luego la Oficina Jurídica de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) le dio viabilidad jurídica dos días después y aceptó la oferta voluntaria de venta; y, finalmente, el 30 de diciembre se firmó la escritura.

Además, el negocio fue ventajoso para la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por cuanto obtuvo beneficios tributarios, pues la “utilidad obtenida por la enajenación del inmueble no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario”.

¿Favorecimiento empresarial?

Una de las hipótesis que, desde 2018, manejan personas cercanas a este proceso es que con la compra del predio Yarumal, bajo circunstancias que se sospechan son irregulares, la ANT habría favorecido a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A., en cuya estructura administrativa aparece el ciudadano español Manuel Del Dago.

Este empresario hizo su fortuna en la costa norte colombiana participando en distintos negocios, principalmente madereros, siendo uno de los grupos más representativos en la región, junto con la compañía Pizano S.A. Al parecer, con más de 90 años de edad, vive en su natal Asturias, donde ha sido procesado penalmente por construir ilegalmente en terrenos de un parque natural.

Esa firma adquirió el predio Yarumal a la empresa Líneas Agromar Ltda., en la que también tenía participación Del Dago, y registró la compra en la Notaría Tercera de Barranquilla mediante la escritura pública N. 1750 del 27 de agosto de 1982. En esas tierras alcanzaron a sembrar variedades arbóreas como el roble y a tener actividades de ganadería.

No obstante, tras procesos sociales de ocupación de tierras por parte de familias campesinas pobres, a este predio ingresaron, en 1987, por lo menos 30 familias y, con el paso de los años, ingresaron otras. Ese poblamiento permitió que, en 1990, se conformara la primera Junta de Acción Comunal.

La guerra desatada en la región del Urabá antioqueño a finales de la década del noventa e inicios del dos mil también tocó a la vereda Bocas del Río Turbo. Una de sus lideresas, Isabelina Torres, quien era presidenta de la Junta de Acción Comunal, había logrado impulsar programas de vivienda en la zona y llegó a ser concejal por la Unión Patriótica, fue asesinada en 1996 por paramilitares conocidos como “los mocha-cabezas” bajo el mando de Hebert Veloza, alias ‘HH’.

Pero al parecer no sólo la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. se habría beneficiado con la compra del predio Yarumal. Las visitas en 2018 del equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia permitieron constatar que allí viven personas con un alto nivel adquisitivo, que reconocieron que poseen más de una parcela. Se destaca, por ejemplo, el actual Notario del Municipio de Turbo, Luis Enrique Cerén, quien tiene inversiones en plátano de exportación, comercializado a través de empresas como Banacol y Uniban.

De las 243 hectáreas del predio Yarumal, por lo menos 148 hectáreas están siendo utilizadas para la siembra de plátano, “es decir aproximadamente el 60,7 por ciento, en donde las personas que se reconocen como Consejo Comunitario solo siembran aproximadamente 22 hectáreas”, reportaron los especialistas de la ANT Antioquia.

Otro de los aspectos preocupantes es que una amplia zona rural de Turbo, que incluye la vereda Bocas del Río Turbo, tiene un amplio dominio las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se valen de las salidas naturales al golfo de Urabá para movilizar grandes alijos de clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales. (Leer más en: Desarrollo económico y crimen organizado: las dos caras de Urabá)

Por lo pronto, se espera que, con la intervención de la CGR, el tema se aclare y se determine si detrás de este proceso de rápida adquisición del predio Yarumal hubo irregularidades por parte de los funcionarios de la ANT que estuvieron al frente de la negociación y que afectaron a decenas de familias campesinas necesitadas de tierras para mejorar su calidad de vida.

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“Un retrato sobre campesinos cocaleros que buscan la paz donde sigue la guerra”. Así se define el documental Bajo Fuego (Mississippi Dragonfly, 2020), que aborda desde la óptica campesina uno de los componentes más críticos del Acuerdo de Paz firmado hace ya casi cuatro años con la extinta guerrilla de las Farc: el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS).

El estreno de este documental no podía tener un ambiente más propicio: se hará en medio de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, durante un conversatorio con representantes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y justo cuando la Organización de Naciones Unidas le ha pedido al gobierno nacional que acelere la implementación del Acuerdo de Paz.

El PNIS es que una de las iniciativas pactadas en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las Farc, consignada en el Punto 4, que pretende ofrecer soluciones concretas al problema de las drogas en el país.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC), el PNIS fue suscrito por 99.097 familias en 56 municipios del país; de ellas, 5.691 familias están distribuidas en las poblaciones caucanas de Miranda, El Tamo y Piamonte.

Este programa generó grandes expectativas entre las comunidades rurales cultivadoras de hoja de coca para uso ilícito. Campesinos, indígenas y afros pensaron que había llegado una real solución a sus problemas de ilegalidad y que, esta vez, el Estado colombiano, con todas sus instituciones, les cumplirían.

Pero la realidad muestra una dura cara de frustración entre miles de familias que firmaron los acuerdos y efectivamente sustituyeron: las ayudas se quedaron a medio camino, algunas fueron inútiles y varias de ellas ni llegaron.

Esa es la situación que expone el documental Bajo Fuego a través de cuatro familias campesinas de los municipios de Miranda y Corinto, norte del Cauca. “Me he arrepentido tanto de haber firmado, ya ahora no vemos un futuro cierto”, dice una de las mujeres que participa en el documental. (Ver tráiler)

Y son esas voces inconformes las que recogieron Sjoerd Van Grootheest (Holanda) e Irene Vélez Torres (Colombia). Ambos se sumergieron, durante los últimos tres años, en las montañas del norte de Cauca para observar, de primera mano y muy cerca del campesinado, la implementación del PNIS.

La experiencia vivida durante ese proceso de inmersión lleva a la codirectora de Bajo Fuego a resaltar, sin vacilaciones, que lo experimentado por los campesinos en relación con ese programa de sustitución voluntaria “es una curva de ilusiones y frustraciones”.

A propósito del estreno de esa pieza audiovisual, este portal conversó con Vélez Torres, formada en Geografía, Estudios Culturales y Filosofía, para conocer detalles del documenta, que hizo junto al antropólogo Van Grootheest. (Ver documental completo)

Enfoque crítico

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué es lo que muestra el documental Bajo Fuego?

Irene Vélez Torres (IVT): El documental muestra la historia de unas familias campesinas en un territorio en la Cordillera Central que se ilusionan con el Acuerdo de Paz, por la posibilidad que tienen de sustituir los cultivos, pero mucho más que eso, por la posibilidad de que llegue la paz al territorio y que haya inversión social. Pero muy rápidamente tienen que afrontar el regreso de la guerra, y el fracaso de la intervención estatal. Es como una curva de ilusión y frustración.

De alguna manera la gente confió, puso de su parte, hubo una voluntad fuerte de apostarle a la paz, pero el compromiso del gobierno nacional fue muy limitado para lograrlo, pero ahora lo se ve es una reconfiguración de la guerra.

VA: El Acuerdo de Paz tiene diversos temas, aristas, matices, pero ustedes abordan el PNIS. ¿Cómo fue el proceso para enfocarse en ese programa?

IVT: Llegamos a la Cordillera Central haciéndole seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y, específicamente, a la dejación de armas. Ese fue nuestro arranque. Y cuando ya el Frente 6 de las Farc hizo la dejación de armas y se quedó en el territorio, pues nosotros también nos quedamos.

Al inicio teníamos la intención de acompañar la implementación del Acuerdo, pero muy rápidamente eso comenzó a volverse un conflicto en el sentido de que había gente que estaba exigiendo la implementación, pero el gobierno nacional cambió la ruta de esa implementación.

Cuando vimos que allí había un conflicto, nos quedamos con la intención de hacer el registro documental de lo que estaba pasando. Y ya estábamos en esa región desde hacía varios años, entonces la gente nos conocía, había una base de confianza que nos permitió llegar a familias campesinas que estaban en ese proceso de sustitución voluntaria y los acompañamos durante tres años.

VA: ¿Cuál fue el ambiente inicial entre los campesinos?

IVT: Al principio, cuando llegamos a la zona, el discurso oficial era de celebrar la paz porque al fin la guerrilla dejó las armas y claro, ahí hay todo un discurso hegemónico que es muy fuerte, pero a la vez es lo que veíamos en campo es que la vida de la gente no estaba cambiando, seguía siendo una vida difícil, empobrecida, con muchos conflictos y mucha desconfianza frente al accionar institucional y con toda razón, porque la gente que se metió al PNIS no le cumplieron.

VA: ¿En qué municipios se centran las acciones del documental?

IVT: Son dos municipios: Miranda y Corinto. Lo interesante de estos dos municipios es que en Miranda hubo PNIS y en Corinto no. Pero en ambos hay mucha espera y mucha desilusión respecto a que debería estar haciendo el gobierno nacional para solucionar el problema de la pobreza rural.

Voces campesinas

VA: Con respecto a los protagonistas, queda claro que son campesinos de la región. ¿Cómo llegó a ellos?

IVT: Son cuatro núcleos de protagonistas: Leider y Briseida, que son una pareja; Wilderman, Gustavo; Sandra y Albeiro, que también son pareja. A ellos cuatro llegamos por mi investigación activista en la zona. Ahí he hecho investigación con la Universidad del Valle. He estado ahí durante mucho tiempo y conozco a las comunidades de la zona, entonces a través de esa inmersión previa, identificamos a las familias y a las personas.

VA: El documental mira con mucho pesimismo este tipo de programas contemplados en el Acuerdo de Paz. ¿No hay la posibilidad de un enfoque más optimista?

IVT: La verdad es que no. Tenemos una convicción de que la sustitución es necesaria, pero la sustitución requiere no sólo atención de emergencia económica, requiere proyectos productivos, porque, de lo contrario, se genera un asistencialismo económico, que le permite a la gente subsistir mientras recibe la plata para su alimentación durante dos años, pero mientras no tengan para invertir en las fincas, entonces no hay una posibilidad de que puedan superar la economía ilícita.

VA: ¿Qué problemas destacarían en relación con la implementación del PNIS?

IVT: Identificamos varios. El primero, que se quedó en la fase asistencialista y no logró impactar el desarrollo rural porque no llegó con proyectos productivos. Eso genera un bache en la expectativa de la gente, pero también en las oportunidades que la sustitución debería generar.

El segundo: el hecho de que no haya llegado el proyecto productivo genera muchos problemas adicionales que, desde nuestra perspectiva, constituyen una revictimización; por ejemplo, dado que no tienen nuevos proyectos productivos, entonces los campesinos que  antes tenían coca ahora tienen que emplearse en los cocales vecinos, lo que se genera es  que la gente que tenía autosubsistencia a partir de la coca, ahora no tiene cultivos porque nunca llegó la inversión y ahora es mano de obra barata en el cocal de al lado, que no entró al PNIS. Es una gran contradicción en el propósito de este programa. Genera una proletarización obligada.

El tercer problema es ambiental. En esas fincas donde les arrancaron las matas de coca y que no llegó la inversión quedaron terrenos sin cultivos que, en el transcurso de dos o tres años que han pasado, comienzan a generar erosión del suelo, que es imparable porque son zonas de ladera. Estas fincas han comenzado a tener derrumbes masivos en cada temporada invernal. Ese es otro nivel de revictimización porque además de que tienen poca tierra, está perdiendo valor por la falta de cultivos.

Por último, la calidad de vida de la gente desmejoró. La coca daba unos ingresos que permitían la subsistencia de las familias y ahora solamente reciben lo mínimo para vivir. Y a todo ello se suman los actores armados, que están controlando los cultivos ilícitos que persisten en el territorio.

VA: ¿El documental incluye una mirada indígena del PNIS en razón de que en el norte del Cauca habitan las comunidades del pueblo Nasa?

IVT: En el documental abordamos fundamentalmente el proceso campesino, por una razón: el PNIS en Miranda lo suscribieron familias campesinas. En el resguardo indígena La Silla-La Calera no había familias que estuvieran cultivando hoja de coca. En este municipio, los indígenas son, sobre todo, raspachines, y aunque el PNIS se suponía que iba a incluir raspachines, al final no los incluyó.

VA: ¿En el proceso de construcción del documental, hablaron con voceros del gobierno nacional?

IVT: Nosotros estuvimos en varias reuniones en las cuales había interacción entre las comunidades campesinas que estaban inscritas en el PNIS y las instituciones que, a nivel local, eran responsables del programa. Pero este documental habla desde la visión campesina, no intenta mostrar diferentes puntos de vista. Y lo decidimos así porque consideramos que el gobierno nacional tiene suficientes espacios de visibilización de sus visiones, de su orientación, en cambio los cambio los campesinos son voces que no se escuchan.

VA: ¿Cuál es la expectativa del documental?

IVT: Para nosotros es muy importante que tenga visibilidad aquí en el país, que permita que este tema tan difícil para las comunidades sea hablado, dialogado, sea puesto en otro nivel de la opinión pública. Ese es nuestro primer objetivo. Y luego queremos hacer un recorrido por distintos festivales internacionales, en especial los relacionados con derechos humanos.

También nos interesa llegar a los canales de televisión, sobre todo a los canales de televisión pública nacionales.  Es ideal que el público sean esas comunidades rurales que son las que ven los canales regionales públicos.

Imagen de portada: Leider Muñoz, otra de las voces campesinas del documental Bajo Fuego. Foto: cortesía Irene Vélez Torres

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Artículo cedido por Priscila Zúñiga y César Molinares, de 360-grados.co

A pocos meses de que regrese al país el exjefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo, después de haber cumplido en Estados Unidos su condena por delitos asociados al narcotráfico, se hace evidente con la divulgación de un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como ‘los Pachenca’, que este grupo intenta mostrarse activo y que sus hombres tienen bajo su  dominio esta región del norte del país, que, tradicionalmente, fue controlada por ‘El Patrón’. (Ver video)

En el comunicado, ‘los Pachenca’ no solo aseguran que tienen el dominio sobre la Sierra, sino sobre otras zonas a través de frentes en La Guajira (‘Renacer’), Barranquilla (‘Metro’), Santa Marta (‘Urbano Cacique’) y en la Zona Bananera (‘Bananeros’); además, reafirman que tienen el control de la Sierra a través del comando ‘Cóndor de la Sierra’.

Como una muletilla, insisten en que son el reflejo del abandono del Estado y el producto de la complicidad y el entrenamiento de la Fuerza Pública. “Somos soldados campesinos preparados por las fuerzas del Estado”, dice el vocero del grupo armado ilegal en un aparte del video.

También se reconocen como empresa y, a la vez, como organización. Hacen un recuento de las necesidades de la región, señalando que la falta de oportunidades hace que cada día se engrose más las filas de su organización criminal, pero descartan que estén reclutando menores, una práctica que era habitual cuando Giraldo lideraba en la Sierra su grupo armado ilegal.

Además, intentan dar la impresión que tienen unidad y estructura de mando, en la que hay dos cabezas, un primer y un segundo comandante militar  (que no se identifican), que sucedieron en el mando a Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, muerto el 17 de junio de 2019, y a Deimer Patiño Giraldo, alias ’80’, abatido el 16 en junio de este año, durante operativos adelantados por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional.

A pesar del recuento que hacen de sus comandantes en su pronunciamiento, nunca mencionan a Norberto Quiroga Poveda, alias ‘Beto’ o ’55’, recientemente capturado en Barranquilla y a quien las autoridades le atribuyen estar al mando de las Acsn.

Alias ’55’, un antiguo paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ha sido señalado por fuentes de inteligencia como el responsable del negocio del narcotráfico, pero su omisión en el video-comunicado de las Acns estaría relacionada con la intención de desmarcarse del tema narco.

¿Sometimiento?

‘Los Pachenca’ anunciaron, además, que están dispuestos a someterse a la justicia colombiana y solicitan al presidente de la República, Iván Duque, que nombre una comisión para entregarle las pruebas de las denuncias expuestas en el video. Pero ese ofrecimiento tiene una condición: que se contemple e incluya a todos los miembros de la organización que están presos.

Esta propuesta es similar a la que intentaron en 2018 las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), que impulsó una ley que serviría como marco jurídico para su desmovilización y que finalmente no tuvo luz verde. Ahora, el gobierno de Duque ha establecido una política de desmovilización individual que difiere con la propuesta por las autodefensas de la Sierra Nevada.

En su mensaje, confirman que, como ocurrió en el pasado, el principal motor del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta es el narcotráfico, y que ellos sólo controlan una parte de las rutas y la zona, que disputan con otros grupos de narcos que también tienen presencia o apoyo militar en la región.

Pero también dejan en evidencia que han retrocedido de zonas de los departamentos de Cesar y Bolívar, donde, según informes de la Defensoría y de inteligencia de la Fuerza Pública, intentaron competirle el control de las rutas del narcotráfico a los ‘gaitanistas’.

En este sentido, tratan de desmarcarse de las sindicaciones de las autoridades que los han señalado como uno de los principales carteles del narcotráfico en la Costa Caribe, y resaltan que solo se limitan a garantizar la seguridad del tránsito de la mercancía, sobre lo que -paradójicamente- no ofrecen mayor información.

Las Acsn reducen el tema a que gran parte de su fortaleza se debe a que mantienen vínculos con narcos, de los que dicen pagan peajes por la utilización de vías principales, pero eluden hablar de la producción y de los embarques; además, confirman los nexos con empresarios y políticos, y aseguran que obligaron a comerciantes del mercado y a los habitantes de las zonas como Guachaca a votar masivamente a la Alcaldía por el entonces candidato Carlos Caicedo en 2011.

Se desmarcan de la antigua práctica impuesta por alias ‘Chucho Mercancía’, señalado como el responsable de financiar el grupo a través de la extorsión, recalcando que con la llegada al mando de alias ’80’ a la jefatura de las Acsn, ese mecanismo de recaudo de dinero fue proscrito, como lo han dejado ver en panfletos que han repartido en la Troncal del Caribe y en Santa Marta. También afirman que no asesinan.

Sin embargo, en Santa Marta, durante lo corrido de este año, se han cometido 90 homicidios, a los que en diferentes oportunidades las autoridades señalan como responsables a ‘los Pachenca’, en particular, aquellos de miembros asesinados acabando de salir de la cárcel. O el atentado que tuvo lugar en una avenida principal de la capital samaria, donde fueron acribillados tres personas pertenecientes a la estructura de Elkin Javier López, alias ‘La Silla’, que hizo rememorar a los  samarios los enfrentamientos que se daban entre familias de la época marimbera durante la década de los setenta.

En el video sostienen que son una organización que tiene nexos con políticos y con sectores de la Fuerza Pública, ratificando su participación en el robo del armerillo de la Policía de Santa Marta en 2016, en la que se perdieron 234 armas de todo tipo, que dicen fueron a dar a sus manos, y en las que aseguran participó la actual secretaria de Seguridad de Santa Marta, la coronel retirada de Policía Sandra Vallejos Delgado, quien era la entonces comandante de esta institución en esta ciudad.

Por este hecho, fue destituido el director de la Sijin de la capital del Magdalena, el mayor Rolando Pinzón, quien señaló durante una entrevista al medio Opinión Caribe (link) a Vallejos de haber omitido iniciar una investigación por este robo que le costó el cargo y un proceso penal ante la Fiscalía, que recientemente fue declarado como nulo.

En el video, los Pachenca dicen tener pruebas sobre el supuesto pago que le hizo Chucho Mercancía a la actual secretaria de Seguridad por “300 millones de pesos”, dinero que le enviaron a través de miembros de la Policía. Además, aseveran que con ella se hizo un pacto para reducir los índices de criminalidad durante el tiempo en el que Vallejos fue comandante de la Policía en Santa Marta. “No se acuerda del trato que se dio para dar con objetivos de enemigos y generar capturar que se dieran para favorecerle y calmar los ánimos de las investigaciones de la DIJIN tras la pérdida de las 234 armas del armerillo”, dice el vocero de este grupo paramilitar.

También reconocen que personal de la Policía ha sido el que les ha “vendido” no solo armas sino también material de intendencia.

En este sentido, llama la atención que la información que ofrecen sea sobre Caicedo y Vallejos y no sobre sus aliados narcos, tanto en el Magdalena como en La Guajira y el Atlántico, en donde dicen tener conexiones.

Caicedo denunció a mediados de 2020 que ‘los Pachenca’ estaban fraguando un plan para asesinarlo; sin embargo, en este video lo niegan y agregan que no van a atentar contra ningún líder social de la región.

Al respecto, fuentes de la Gobernación del Magdalena confirmaron que el mandatario regional no se pronunciaría sobre estos señalamientos y alegaron que ven este tipo de videos como una difamación que tiene fines políticos. Una fuente de los organismos de inteligencia señaló que “el asunto es que todos creían que ya estaban acabados”, pero que con videos como éste demuestran que aún tienen poder militar en la región.

Las Acsn también sostienen que no tuvieron injerencia en el asesinato del ambientalista Alejandro Llinás, ocurrido el 23 de abril de este año, y sindican a dos familiares de alias ’80’, los hermanos Gerson, alias ‘Checheo’, y Destin García Arévalo, alias ‘El Negro’, de haber estado detrás de este crimen que conmocionó a la sociedad magdalenense, de quien dicen que son los responsables del cobro de extorsiones en el corregimiento de Minca, clave en el tema de turismo y de producción cafetera.

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Corrupción, nepotismo, mal uso de recursos, baja moral, falta de aprendizaje de los errores del pasado, liderazgo deficiente, carencia de planificación estratégica e indiscutidas alianzas con grupos paramilitares son algunas de las características que el cuerpo diplomático estadounidense destacado en Colombia le atribuyó al Ejército Nacional a finales de la década de los noventa.

Buena parte de los comentarios plasmados en documentos que, en su momento, fueron clasificados como “secretos” o “confidenciales”, se conocieron luego de que The National Security Archive (NSA) publicara el pasado lunes un artículo en que aludió a las sospechas que tenían en la capital norteamericana sobre los supuestos nexos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe con organizaciones paramilitares y del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa.

El paquete de reportes que contiene información del país de por lo menos 25 años fue desclasificado por el gobierno estadounidense en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por la organización norteamericana NSA.

Pero más allá de la coyuntura para el país, en momentos en que se discute si Uribe tuvo vínculos con grupos paramilitares y se valió de ellos para potenciar su carrera política, en buena parte de los documentos en los que la NSA basa su artículo quedó plasmada una crítica radiografía del Ejército colombiano, justo en una época en la que avanzaba el paramilitarismo sin mayor contención hacia zonas donde operaban las guerrillas de las Farc y el Eln, y en las que había enclaves de producción de cocaína.

Desde 1985, el NSA ha recolectado y analizado documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la Ley por la Libertad de la Información. Para el año 2014 la organización tenía en su poder más ocho mil archivos sobre Colombia en los que figura desde información sobre el Cartel de Medellín o la toma del Palacio de Justicia, hasta los nexos documentados de la empresa Chiquitas Brands con organizaciones paramilitares o las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Michael Evans, uno de los analistas de la NSA que más ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos al país, le dijo a este portal hace un par de años, durante una entrevista, que “es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”.

Críticas fuertes

Las percepciones sobre el Ejército quedaron registradas en uno de los reportes que altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia enviaban constantemente a sus superiores en Washington para informar sobre lo que venía ocurriendo en el país. El más crítico está fechado el 3 de marzo de 1998. (Descargar documento)

Era el último año presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y un hombre que para la época ya era un oficial retirado del Ejército mantuvo una conversación con funcionarios de la embajada estadounidense destacados en Bogotá, en la cual acusaba al Ejército de ser una institución con serios problemas de control, corrupción y alianzas con organizaciones paramilitares.

La fuente de la embajada describió los problemas que tuvo el Ejército entre 1986 y 1996. En su relato a los funcionarios diplomáticos, resaltó que a partir de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, las Fuerzas Militares sufrieron un cambio significativo, pero las razones no son claras porque el documento está intervenido para proteger apartados de información, entre estos la identidad del oficial retirado; sin embargo, fue enfático en señalar que el Ejército tenía un serio problema para aprender de los errores del pasado y carecía de estrategia y liderazgo.

El reporte consignó que los soldados, citando a la fuente entrevistada, “no quieren combatir, sienten que no es su guerra, sino la guerra de los políticos y los generales”. Además, la fuente de la embajada culpó de la baja moral de las tropas a la división entre la clase política gobernante y los militares, y entre los altos oficiales.

En el campo de batalla, esas debilidades estaban siendo develadas a través de varias derrotas propinadas por la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas la emboscada al grupo de Caballería en Puerres, el 15 de abril de 1996; la toma de la base militar Las Delicias, el 30 de agosto de 1996; y el ataque al cerro Patascoy, el 21 de diciembre de 1997.

Esas acciones subversivas, que costaron vidas y en las que resultaron secuestradas decenas de integrantes de la Fuerza Pública, significó para el Ejército humillación y deshonra, que repercutió en el espíritu militar.

El crecimiento de las tropas insurgentes era una situación notable que repercutió en el impacto de sus acciones. La embajada anotó en el documento que para 1998 estimaba alrededor de “125 mil soldados del ejército colombiano y probablemente no más de 18 mil guerrilleros en total”, lo que significaba una relación de siete militares por cada guerrillero.

En su relato, el oficial retirado expresó ante los funcionarios norteamericanos su preocupación porque el Ejército estaba prestando servicios de seguridad privada a empresas públicas y privadas, entre ellas algunas empresas petroleras estatales y extranjeras, llegando a afirmar que “alrededor del treinta por ciento (de las tropas) han sido ‘privatizadas’” e indicando que las brigadas móviles estaban posicionadas “para proteger los intereses económicos de la élite”.

También explicó que las líneas entre Policía y Ejército se encontraban difusas para la época, pues con frecuencia la Policía asumía labores que le correspondían al Ejército y el Ejército desempeñaba tareas civiles como lo era la protección de la propiedad privada. Esto desembocaba en un tufo de rivalidad entre ambas fuerzas.

Según el reporte diplomático, el Ejército colombiano estaba “paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política” y expuso como ejemplo las tramas que hicieron muchos ciudadanos con recursos suficientes para evitar, con la complicidad de los oficiales encargados de las oficinas de reclutamiento, que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.

“Aquellos que no escapan por soborno, falsas exenciones médicas o estudiando en el extranjero, encuentran facilidades en la Guardia Presidencial o en la Unidad de Paz del Ejército colombiano en el Sinaí”, declaró el exoficial retirado y agregó lo que para él era una gran contradicción: “El hijo de un campesino que intenta evitar el servicio militar es enviado a la cárcel”.

La fuente entrevistada por la embajada agregó que el Ejército estaba compuesto por varias facciones: “El Ejército de los casados, el de los solteros, el de los hijos de los generales, el de los hijos de los sargentos, el de los amigos de los políticos y el de los suegros de los generales. Y así sucesivamente”.

El oficial retirado expuso, como ejemplo, el ascenso de oficiales que no han prestado servicio en combate y son escogidos selectivamente por encima de los méritos de otros. Ellos tenían poca credibilidad a la hora de dirigir tropas a la batalla. Ese “nepotismo” dentro de las políticas de la institución lo mencionaba como una constante y uno de los más grandes problemas internos.

Y agregó el reporte que varios altos oficiales “vivían en el lujo, mientras las tropas mal pagas apenas se las arreglan” y para el año de la entrevista afirmó que muchos de los mejores oficiales se estaban retirando “desilusionados con un Ejército abandonado para hacer el trabajo sucio de una élite política poco comprometida”.

Paramilitares y derroche

Esa tendencia a la “privatización” de la que habló el oficial retirado en la embajada no sólo se reflejaba en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a empresas del sector petrolero; también se expresaba en la articulación con grupos paramilitares en las décadas del ochenta y noventa, cuando comenzaron a surgir con el fin de enfrentar a las guerrillas de las extintas Farc y del Eln.

Buena parte de la desmotivación de las tropas narrada por la fuente de los diplomáticos se dio en momentos que el proyecto paramilitar liderado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil estaba tomando fuerza.

Para el oficial retirado, los paramilitares, como la guerrilla, se estaban lucrando del negocio de las drogas, razón por la cual consideraba insostenible la cooperación de miembros de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo, aunque reconoció que era una situación que se estaba dando de manera cada vez más frecuente.

El oficial en retiro les mencionó a los funcionarios de la embajada que el entonces general Iván Ramírez Quintero, para aquellas épocas Inspector General del Ejército, y el general Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, eran “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”.

Sostuvo que Del Río le dijo al personal de la guarnición militar bajo su mando que cooperaran con los paramilitares siempre y cuando Del Río estuviera físicamente ausente del área. En el 2012, el alto oficial, llamado ‘el pacificador de Urabá’ por el exsenador Uribe, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena el cual fue perpetrado por paramilitares en complicidad con el Ejército en febrero de 1997. (Leer más en: Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López)

También acusó a Del Río de participar en el desvío de un avión cargado con armas y municiones a paramilitares en la región de Magdalena Medio en 1985, cuando estaba destacado en la región y ostentaba el grado de Teniente Coronel. El hecho habría salido a la luz pública, según la embajada, porque el avión se estrelló; sin embargo, tras hacer una revisión de prensa, este portal no encontró registros de la ocurrencia de dicho accidente aéreo.

El oficial retirado se refirió, además, a la Inteligencia Militar colombiana y según la fuente entrevistada por los funcionarios norteamericanos, era usada con frecuencia para reunir “secretos sucios en lugar de procesar información para el combate”. Lo que lograba obtenerse con esas pesquisas ilegales era empleado después por el “Gobierno para espiar a los enemigos políticos o resolver venganzas personales”.

Sostuvo que el dinero destinado a los trabajos de inteligencia “se guarda en un cajón para comprar collares para las esposas de los generales, whisky para fiestas y otros gastos no autorizados”. Para el exoficial, más allá de un presupuesto para las Fuerzas Militares, el problema era el manejo y fiscalización de esos fondos. También, de manera superficial, aseguró que miembros del Ejército estaban involucrados con actores del narcotráfico y sus actividades económicas.

Los miembros de la embajada le preguntaron quién era “el padrino” de la “mafia” detrás de la Inteligencia Militar. El reporte detalla que, después de una pausa, el oficial en retiro respondió que el general Iván Ramírez Quintero “por más de veinte años”. Y agregó que se “rodeaba de personas que lo encubrían” y que se había “enriquecido con los fondos públicos” a partir de su poder. Y aseveró que otros militares se estaban enriqueciendo con el tráfico de armas, vehículos, uniformes y arsenal bélico.

El general Manuel José Bonnet, quien para la fecha de la entrevista era el comandante general de las Fuerzas Militares, se había puesto en contacto con el oficial en retiro, y tal y como lo sostuvo en la conversación con los miembros de la embajada, si le pedía una entrevista para dialogar sobre lo que andaba mal en el Ejército, “planeaba hablar francamente y dar más detalles sobre la corrupción y la ineficiencia de lo que estaba dispuesto a hacer con el personal de la embajada. Y era consciente de lo que hacía pues dijo: ‘Espero críticas, pero el público tiene derecho a saber si su dinero se está gastando en helicópteros o en Mercedes’”, haciendo alusión a la prestigiosa marca de vehículos alemana.

Al final de este reporte, los funcionarios de la embajada que escucharon la versión del exoficial del Ejército escribieron una nota en la que expresaron que tal vez exageró algunos puntos del declive de las Fuerzas Armadas, pero agregaron: “No tenemos motivos para dudar de su credibilidad. Su diagnóstico nos pareció exacto”.

Tanto Del Río como Ramírez se acogieron a la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Ambos oficiales en retiro son procesados por acciones cometidas en razón de sus labores en el Ejército y que son consideradas violatorias de los derechos humanos.

En otros documentos desclasificados por la NSA se hacen varias referencias a los generales en retiro Del Río y Ramírez extraídas de varios medios de prensa colombianos y estadounidenses que a través de diversas fuentes de ambos países los señalan de favorecer a grupos paramilitares con la entrega de armas y pertrechos supuestamente para combatir a la insurgencia.

Uno de esos reportes, fechado el 13 de agosto de 1998, registra un presunto vínculo del primero de ellos con el suministro de 150 ametralladoras para grupos paramilitares del Magdalena Medio, vínculos que fueron denunciados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la organización Justicia y Paz. (Descargar documento)

En ese mismo documento se registró la molestia del general Ramírez por un reportaje del diario Washington Post, publicado dos días atrás, en el que se le señaló de violaciones de derechos humanos y de favorecer a grupos paramilitares. Si bien replicó el artículo periodístico, cuestionando al Departamento de Estado como generador de la información en su contra, las consecuencias fueron adversas para este oficial en retiro experto en inteligencia militar.

“El Departamento (de Estado) encontró que la evidencia de su complicidad en repetidas y graves violaciones a los derechos humanos era suficiente para revocar su visa”, se lee en el documento. Para esa fecha, Ramírez estaba con un pie afuera del Ejército, aspecto que celebraron en la embajada por cuanto su salida “contribuirá a la profesionalización” de las tropas.

Al final del reporte, los funcionarios de la embajada consignaron que los animaba “la aparente diligencia” de la Fiscalía “en la investigación de los vínculos entre altos oficiales del Ejército y los paramilitares”. A juicio de quienes prepararon este documento, “esas investigaciones servirán como un indicador para aquellos oficiales del Ejército que continúan ayudando ilegalmente o trabajando con grupos paramilitares”.

Dos años atrás, en otro reporte de la embajada a sus superiores en Washington hicieron referencia a los presuntos nexos del Ejército con grupos paramilitares. En uno de los documentos, fechado el 28 de septiembre de 1996, se precisó que “no se conoce ninguna conexión oficial entre el Ejército colombiano y las diversas organizaciones que operan en todo el país”. (Descargar documento)

Sin embargo, agregaron los funcionarios que prepararon el informe, que “a nivel local, comandantes del Ejército entran en discretos matrimonios de conveniencia” con el fin de obtener información sobre grupos guerrilleros en sus zonas de operación y aseveraron que “los comandantes locales (del Ejército) encuentra imprudente no mantener diálogos con estos grupos”.

Al final del reporte, se precisó que lo dicho allí era “una evaluación honesta e informada de una cuestión amorfa, igualmente perturbadora y difícil de aclarar”. Se sugirió que la doctrina militar podría mantener a las tropas a distancia de los paramilitares, “pero la realidad es abrumadora y todo el mundo, incluyendo los altos mandos, lo saben”.

Y resumieron en una frase lapidaria la actitud de las Fuerzas Militares en relación con negar sus presuntos nexos con grupos paramilitares: “La negación que se pretende alcanzar con esta farsa no vale ni una moneda de cinco centavos, y no debería dársele crédito”.

El tema volvió a ser incluido en un reporte de inteligencia fechado el 2 de diciembre de 1997 que se tituló “Colombia: Actualización de los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”. En este documento se afirma que “las fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o pueden recibir ayuda de EE.UU.- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por paramilitares y pueden haber facilitado la llegada y escape de los involucrados en los ataques”. (Descargar documento)

El reporte hace referencia a varias masacres, como la de Mapiripán, departamento del Meta, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y que habría dejado por lo menos 30 personas asesinadas. (Leer más en: Mapiripán, telón de fondo de la condena contra el exgeneral Uscátegui)

La segunda masacre referida fue la cometida por las Auc en Miraflores, Guaviare, el 17 de octubre de ese mismo año, y en la que perdieron la vida 12 campesinos. En esa ocasión, como en la de Mapiripán, los paramilitares llegaron por vía aérea, por lo que las tropas acantonadas en esos lugares estarían enteradas de la incursión armada contra la población civil.

Una de las preocupaciones expresadas en este reporte fue el de la expansión paramilitar. Seis meses antes de la remisión del documento se habían creado las Auc como una confederación de grupos de autodefensa en todo el país y lideradas militarmente por Carlos Castaño.

“[…] los informes parecen augurar esfuerzos de los paramilitares por establecer relaciones con los comandantes locales (del Ejército) en nuevas zonas en las que los grupos tratan de ampliar sus operaciones, como en los departamentos de Meta y Caquetá”, se lee en el reporte y agrega que esa expansión incluía bastiones de las Farc y el Eln, como en efecto ocurrió, sin mayor contención de la Fuerza Pública.

El análisis expuso una visión pesimista sobre los controles que impondrían las Fuerzas Armadas para contener el paramilitarismo. “Las perspectivas de una acción concertada por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares -o a los oficiales que cooperan con ellos- parecen escasas” y precisó que la prioridad de varios oficiales de alto rango sólo era “lograr resultados contra las guerrillas, en lugar de eliminar los vínculos con los paramilitares”.

Si bien destacaron que “el escrutinio de los observadores estadounidenses y otros observadores internacionales continuará jugando un papel clave para alentar al alto mando militar a concentrarse en los derechos humanos y tomar medidas contra los violadores”, reconocieron que “algunos vínculos -en particular los que implican hacer la vista gorda a las actividades paramilitares- son de larga data y no se revertirán fácilmente”.

“Esta situación complicará los esfuerzos de EE.UU. para proporcionar ayuda a las unidades militares que participan en los esfuerzos críticos contra los narcóticos en el sur de Colombia”, concluyeron los analistas que prepararon este reporte de inteligencia.

Inquietos por las Convivir

Varios de los documentos desclasificados por la NSA exponen el surgimiento de las cooperativas de seguridad y vigilancia, conocidas como Convivir como un hecho que aportó al fortalecimiento de las estructuras paramilitares en diversas regiones del país.

La creación de estos servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se respaldó en el Decreto Ley 365 de 1994, impulsado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria (1990-1994) y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, con el fin de apoyar a la Fuerza Pública en zonas de fuerte alteración del orden público.

En uno de los reportes, fechado el 16 de abril de 1997 y calificado como “secreto”, se hace un balance de diversas situaciones de interés estadounidense en Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia. (Descargar documento)

Sobre el país suramericano se referenció “el desarrollo de las Convivir”. Al respecto, el documento hizo serios cuestionamientos contra quien tenía a cargo autorizar su creación, Herman Arias Gaviria, para aquellos años Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que se dejara en claro cuál fue la fuente de ese reporte.

“Según se informa, altos funcionarios utilizaron el programa de inteligencia rural (Convivir) para ayudar a los traficantes de drogas y, posiblemente, a los paramilitares ilegales”, se lee en el documento desclasificado.

A renglón seguido, se cuestionó a Arias Gaviria porque, a juicio del reporte diplomático, “usó su posición como administrador de Convivir para emitir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos restringidos de armas pesadas a individuos con vínculos conocidos de tráfico de drogas”. El funcionario llegó a ese cargo en febrero de 1995, nombrado por el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Llama la atención de este documento que, sin citar fuente alguna, se afirme que el padre del entonces Superintendente, José Manuel Arias Carrizosa, exministro de Comunicaciones en el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y de Justicia en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), además de presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá entre 1989 y 1993, “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de su hermano, de quien no se dice el nombre, se diga que “es propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con la droga”.

Para la embajada estadounidense, las posibles irregularidades que giraban alrededor de las Convivir podrían afectar su credibilidad y “confirmar los temores de las Ong de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”. Y detalló que Arias Gaviria fue retirado de la Superintendencia, sin precisar fecha, como una estrategia del gobierno de aquella época para evitar escándalos y “prometiendo una regulación estricta de las Convivir”.

No obstante, reportaron a Washington que “Bogotá no cumplió con una promesa de tomar medidas contra los paramilitares y por lo tanto la resolución de limpiar las Convivir”.

Dos décadas después, en los tribunales de Justicia y Paz, mecanismo de justicia transicional a través del cual se juzgó a exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), firmados en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a mediados de 2003, se concluyó que, tal como lo temían en la embajada, las Convivir se articularon a los paramilitares. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Toda esta documentación cobra vigencia en la actualidad por cuanto nutren, de alguna manera, los contextos que requieren construir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para entender cuál fue el papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, que información circuló por embajada de ese país en Colombia y qué medidas se pudieron haber tomado, y no se tomaron, para frenar el desangre que enlutó a miles de personas en el país y que hoy reclaman una verdad integral.

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