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El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo fue sumamente claro el pasado 31 de agosto, cuando emitió su Alerta Temprana 045-20 y advirtió que el nivel de riesgo que enfrentan los habitantes del Bajo Cauca antioqueño es “extremadamente alto”.

Y los hechos le dan la razón en menos de una semana, pues en la madrugada de ayer jueves un grupo armado sin identificar ingresó a la vereda Isla de la Dulzura, ubicada en el municipio de Cáceres, torturó a algunos habitantes y ordenó el desplazamiento forzado de alrededor de 300 personas.

Además, las acciones armadas de grupos criminales alcanzaron a la Fuerza Pública. Esa misma mañana fueron asesinados agentes de la Policía Nacional tras un ataque a la patrulla en la que se movilizaban. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Caserín, en la vía que de Caucasia conduce a Zaragoza, en momentos en que los uniformados adelantaban operaciones contra la minería ilegal.

Cuatro días atrás, fueron asesinados en Tarazá dos hermanos, de 17 años de edad, y unas horas más tarde de ese hecho fue encontrado el cuerpo sin vida de la lideresa social Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, del corregimiento La Caucana.

Para la Defensoría del Pueblo, la alarmante situación del Bajo Cauca antioqueño obedece a dos factores: uno estructural y otro coyuntural. El primero está definido por una exclusión histórica de proyectos de desarrollo y bienestar social, “que ha llevado a concebir este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas comunidades”.

Y el segundo, la capitalización que han realizado diferentes grupos armados ilegales de ese abandono estructural del Estado desde 1950, que han impuesto a sangre y fuego sus intereses sobre las comunidades. Es así como el documento reseña conflictos entre colonos liberales y conservadores en esa época; el control territorial impuesto por las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl a partir de la década de 1980; las disputas y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a mediados de la década de 1990; el “control legado” a grupos sucesores del paramilitarismo a mediados de la década pasada; y la actual reconfiguración producida por las disidencias de las Farc y otros grupos.

Como un catalizador reciente de disputas armadas, la Alerta Temprana llama la atención que “la excarcelación de algunos exintegrantes de las AUC, en el marco de los procesos de Justicia y Paz, ha servido para avivar la llama de la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio, pues la tendencia es que mandos medios de estos bloques recuperaran los territorios que estaban bajo su control antes de la extradición de mayo de 2018”.

Acto seguido, indica que, en los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, los grupos armados cobran extorsiones y restringen la movilidad: “De hecho, en la mayoría de las zonas descritas en la presente Alerta existe un toque de queda de facto en horas de la noche, con el ánimo de evitar ser sorprendidos por la Fuerza Pública o los enemigos, y además con el propósito de movilizar material ilegal sin ser observados. Las amenazas, los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado individual, el reclutamiento y vinculación ilícita de NNA (niños, niñas y adolescentes) son los hechos victimizantes en los que tiene más riesgo de ser afectada la población”.

Y especifica que el mayor impacto humanitario para las comunidades ocurre en zonas limítrofes o de confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Bvpa, también conocido también como ‘Los Caparrapos’), ambos grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc.

Consecuencia de esas confrontaciones, la escala de sus agresiones contra la población civil “es mayor y el impacto humanitario es más generalizado”, que la expone a otra clase de riesgos, como “homicidios de configuración múltiple, desplazamientos forzados masivos, interposición de población civil en medio de combates, minas antipersona y artefactos explosivos sin explotar, ocupación de bienes civiles por armados, reclutamiento de NNA, violencia sexual y abuso contra las mujeres”. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

A pesar de que esa confrontación produce el mayor nivel riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Bajo Cauca desde hace un par de años, la Defensoría del Pueblo indicó que en los últimos meses “se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”.

En la actualidad se da una lógica de “aniquilación del enemigo”, en la que se involucra a los habitantes que son considerados como colaboradores de sus enemigos. “En este marco, los actos violentos adquieren una connotación de alta sevicia, como el cercenamiento de miembros, el empalamiento de cabezas, el degollamiento o la prohibición de levantar los cadáveres. Todo esto da cuenta de que los hechos de violencia, además de ser barbáricos, reflejan una agravación del escenario de riesgo para la población, con un profundo escalamiento de la violencia, que no ha parado ni en tiempos de pandemia”, señala la Alerta.

Como si fuera poca la violencia que produce la confrontación entre esos dos grupos de origen paramilitar, el Eln se podría sumar a la confrontación directa. Según el SAT, en los últimos años había “acuerdos tácitos” con esa guerrilla para respetar el control de sus territorios y sólo combatía a la Fuerza Pública, pero esa situación cambió a partir del pasado 2 de agosto, cuando las Agc incursionaron en el corregimiento de Puerto López y asesinaron a su jefe financiero.

Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo teme que ese hecho agudice, “aún más, el escenario (de riesgo), porque podría provocar que el ELN se aparte de los acuerdos funcionales para evitar su participación en la confrontación bélica, exacerbando aún más el escenario de vulneración de los DDHH y el DIH”. (Leer más en: ¿Qué pasa con el Eln en el Bajo Cauca?)

En medio de ese crudo panorama, esa agencia del Ministerio Público recordó que antes de la Alerta Temprana 045 de este año, había emitido cinco más para los seis municipios del Bajo Cauca y que la más reciente subsume todas las anteriores.

Asimismo, destacó que el 27 de mayo del año pasado, solicitó que se “hiciera un sesión CIPRAT (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) de seguimiento a dichas Alertas Tempranas por la agudización y exacerbación del escenario de riesgo descrito en cada una de ellas, en donde la Gobernación de Antioquia manifestó que dada la continuidad de las conductas vulneratorias advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas, tanto las autoridades municipales como la departamental, son incapaces de atender la emergencia humanitaria en los municipios del Bajo Cauca, razón por la cual se requería de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad del nivel nacional para atenderla”.

Tres años de violencia advertida

Las comunidades del Bajo Cauca han sufrido al vaivén de las disputas por el control territorial en las que se han tranzado ‘Los Caparrapos’ y las Agc. En 2018 los primeros tuvieron mayor fortaleza y “afán de mantener y ampliar los territorios”. Sin embargo, en 2019 esa tendencia se revirtió, pues las Agc crecieron en número y empezaron a recuperar sus territorios perdidos, “amenazando para el año 2020”, bastiones importantes de ‘Los Caparrapos’. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

En medio, esas disputas derivaron en reclutamiento forzado de menores de edad; amenazas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de líderes sociales, “principalmente en zona rural donde es implementado el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”; violencia sexual y de género contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTI; vulneración de los derechos de autonomía de comunidades afrodescendientes e indígenas sobre sus territorios ancestrales; intimidaciones y amenazas contra personal médico, docentes y periodistas, quienes son amenazados y desplazados por realizar sus labores; y extorsiones a mineros, comerciantes, campesinos, migrantes y funcionarios públicos.

La Defensoría del Pueblo lamenta que en estos tres últimos años aumentaron las masacres, los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores de edad, las extorsiones, las agresiones sexuales, entre otras violaciones de los derechos humanos y e infracciones del DIH, a niveles tan altos que no se veían desde 2009 y 2010. Y sostiene: “Se trata de los mismos actores armados, aunque con otros nombres, con los mismos repertorios de violencia; por eso varias fuentes comunitarias afirman que se trata del reciclaje de un conflicto violento ya vivido en la región hace una década”.

Sobre los asesinatos 1.057 ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de este año, según registros de la Policía Nacional, el SAT destaca que “a pesar de la confrontación abierta entre grupos armados, la mayoría de las muertes violentas en el Bajo Cauca no son consecuencia de enfrentamientos armados, sino de acciones selectivas, en donde el principal móvil utilizado es el asesinato sicarial cometido con arma de fuego”. También indica que contrario a lo esperado, pues los combates entre actores armados se dan en zonas rurales, la mitad de los asesinatos han ocurrido en sectores urbanos.

Y al respecto, concluye que “el 90% de los homicidios registrados en la subregión respondan a una modalidad sicarial, es un dato bastante significativo para el análisis porque indica que, a pesar de los más de veinte frentes de conflicto observados, la mayoría de los decesos no ocurren en medio de combate rural; antes bien son homicidios perpetrados contra población civil o en caso de que la víctima tuviera algún tipo de relación con un grupo armado, se trataba de civiles No combatientes, igualmente protegidos por el DIH”.

En cuanto a masacres, la Defensoría identificó que antes de 2018 ocurrían de manera “marginal”, pero que a partir de ese año se volvieron constantes. Y reseña cifras de la Policía Nacional para sustentar dicha afirmación, en las que se registran el asesinato de tres o más personas: cuatro fueron cometidas en 2018, seis en 2019 y tres durante el primer trimestre de 2020. Con 13 masacres en 27 meses, en promedio, cada dos meses fue cometida una en el Bajo Cauca antioqueño. En total, 43 personas perdieron la vida en ellas.

La sevicia es otro aspecto que llama la atención: “En varios casos que implican el cercenamiento de miembros del cuerpo, no se trata de facilitar el ocultamiento de los cadáveres, sino dejar un mensaje ejemplarizante y atemorizante para los enemigos y la población civil”. El SAT identificó su recurrencia a partir de 2019.

La desaparición forzada es otro crimen que sigue vigente en el Bajo Cauca antioqueño. Según registros del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de febrero de 2020, ocurrieron 81 casos generales de desaparición de personas, 64 correspondientes a hombres y 17 a mujeres. De ellos, 43 corresponden a presuntas desapariciones forzadas.

El municipio que tiene más denuncias de desaparición es Caucasia, con 38, que representan más del doble de los municipios que le siguen, Cáceres y Tarazá, con 17 registros cada uno. Al respecto, la Alerta Temprana indica que “el flagelo de la desaparición de personas parece concentrarse más en los municipios de la cuenca del (río) Cauca, ya que los municipios de la cuenca del (río) Nechí tienen menos de un registro por año: El Bagre 2, Nechí 4 y Zaragoza 3”.

De lo anterior se desprende que, una vez más, como en las épocas más duras del conflicto armado, los afluentes de agua siguen siendo utilizados para no dejar rastros de asesinatos. Al respecto, el SAT reseña que “de los 73 restos humanos en medio acuático, registrados por INML, 47 son caracterizados como muertes violentas por homicidio, casos que se pueden presumir como intentos de desaparición forzada, y 24 han sido muertes violentas accidentales o por accidentes de transporte fluvial”.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo considera que las estadísticas sobre desplazamiento forzado dan cuenta del impacto de la guerra que libran diferentes grupos armados en el Bajo Cauca está generando sobre la población civil, en donde los municipios más golpeados son Cáceres y Tarazá. (Leer más en: Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño y Desplazamiento forzado, sin freno en el Bajo Cauca antioqueño)

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a la Víctimas, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, de los seis municipios de esa región antioqueño, 50.483 personas fueron obligadas a salir forzadamente de sus hogares. “Esto significa que, de los 260.681 habitantes de la subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido víctima de desplazamiento forzado”, concluye la Alerta Temprana.

Similar a las desapariciones forzadas, los municipios más golpeados por los desplazamientos son los ubicados sobre la cuenca del río Cauca. La situación más grave ocurre en Tarazá, pues durante esos tres años y cuatro meses, registró el desplazamiento de 18.590 personas, que equivaldría al 66 por ciento del total de su población, estimada por el DANE en 27.995 para este año; le sigue Cáceres, con 11.421 personas expulsadas, equivalente al 37 por ciento de sus habitantes.

La Defensoría del Pueblo también llama la atención que las localidades más afectadas por desplazamientos forzados en la zona rural son donde se implementa el PNIS, programa acordado en el Acuerdo de Paz con las Farc para sustituir los cultivos de coca: “Principalmente en los municipios de Tarazá y Cáceres (…) Así mismo, suelen ser zonas en donde se realiza explotación minera aurífera o hay otro tipo de interés económico, como en la cuenca del Nechí”. En cuanto a los desplazamientos ocurridos en áreas urbanas, ocurren recurrentemente en barrios y corregimientos adyacentes a los ríos Cauca y Nechí, especialmente los que permiten conexión a zonas rurales altas.

Aclarando que sobre la documentación de casos de reclutamiento forzado hay un gran subregistro, la Alerta Temprana consigna que, según documentación del ICBF, entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de febrero de este año, 47 menores de edad fueron desvinculados de grupos armados ilegales en los seis municipios del Bajo Cauca. La mayor cantidad de los casos ocurrieron entre 2017 y 2018. (Leer más en: Bajo Cauca y sur de Córdoba: la guerra que se pelea utilizando niñas y jóvenes)

El SAT también recopila decenas de casos de extorsiones, despojo de tierras, accidentes de mina antipersonal, amenazas, restricciones de movilidad y confinamientos. Y recalca que el drama que padecen los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, más allá de las acciones de grupos armados ilegales, también ocurre por la falta de integración a los proyectos de desarrollo de la región y la Nación; por la debilidad de la institucionalidad local y la ausencia del Estado; por la falta de alternativas económicas diferentes al narcotráfico y la minería no formalizada; por las altas condiciones de inequidad y de necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la subregión; por los impactos socioambientales y económicos en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, y las afectaciones de la emergencia de Hidroituango; y porque la respuesta del Estado ante esa crisis humanitaria estructural ha sido contingente y limitada a la militarización del territorio.

Por esa razón, emitió una serie de 46 recomendaciones a entidades del orden local, regional y nacional, para que atiendan de manera integral a la región y eviten la consumación nuevas violencias, ya advertidas. Mientras no se tomen decisiones de fondo, más allá de incrementar la presencia de la Fuerza Pública y de ofrecer recompensas cuando ocurren crímenes de gran impacto ante la opinión pública, las comunidades seguirán sufriendo las consecuencias de una guerra ajena, como ocurrió este jueves con los desplazados en la Isla de la Dulzura.

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A la incertidumbre que genera la creciente expansión del letal virus conocido como Covid-19 en el país, que ya suma 1.780 casos y 50 muertos confirmados, y los efectos económicos que genera la medida adoptada por el gobierno nacional de la cuarentena obligatoria, ampliada este lunes hasta la medianoche del próximo 26 de abril, se suma la zozobra que genera el supuesto control que imponen de manera arbitraria grupos armados ilegales en varias regiones del país.

A través de panfletos y mensajes por redes sociales como WhatsApp, advierten a las comunidades que deben acatar la orden de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el gobierno nacional. Quienes incumplan podrían ser asesinados. Hasta el momento se desconoce si, por cuenta de esas órdenes perentorias, han llevado a cabo sus amenazas.

Sobre el tema son pocas las autoridades que hablan, y aquellas que se atreven a hacerlo dicen desconocer del tema, además de que solicitan no ser identificados por razones de seguridad. Quienes sí hablan, a cambio de mantener su anonimato, son algunos líderes sociales y analistas regionales. Unos y otros expresan sus preocupaciones por el impacto que las supuestas imposiciones de presuntos grupos armados ilegales tienen entre unas comunidades atemorizadas por el creciente número de infectados por Covid-19 en el país y su empobrecimiento debido al aislamiento al que están sometidas.

Este portal se dio a la tarea de recopilar mensajes emitidos al parecer por distintas organizaciones armadas ilegales. Se obtuvieron panfletos, mensajes en redes sociales y fotografías a nombre de las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup); el Frente Oliver Sinisterra; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); disidencias del Frente 18 de las Farc; el Bloque Virgilio Peralta Arenas; disidencias del Frente 6 de las Farc; y la guerrilla del Eln.

Esos mensajes han sido distribuidos en regiones de los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Nariño, donde esos grupos armados ilegales imponen a sangre y fuego sus órdenes, violando cualquier distinción de la población civil y afectando bienes civiles.

Preocupación en Nariño

En este departamento fronterizo con la república de Ecuador varios grupos armados ilegales libran desde hace varios una guerra sin cuartel por dominar áreas de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y entables de procesamiento y cristalización del clorhidrato de cocaína.

A la par de ser uno de los departamentos con más áreas sembradas con hoja de coca, con cerca de 45 mil hectáreas, está en alto riesgo debido al grave impacto que ha tenido el Covid-19 en el país vecino. Hasta el momento (martes), el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta siete personas afectadas en Nariño.

Uno de los panfletos fue el divulgado el pasado 2 de abril supuestamente por las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), un grupo armado ilegal dedicado a actividades del narcotráfico que surgió en medio de las conversaciones de paz entre las antiguas Farc con el Estado colombiano. En su mensaje, centró su atención en el municipio de Mosquera.

“Señores habitantes del Municipio de Mosquera y sus alrededor (sic) el grupo armado Guerrillas del pacífico (sic), le informa a la comunidad en general del casco urbano y sus veredas a que acaten las medidas de prevención sobre la pandemia del COVID-19 que se está presentando en el mundo y más en nuestros pueblos del pacífico (sic) que son olvidados por el estado (sic) colombiano”, se lee en el volante. A continuación, plantea seis prohibiciones, a las que califica de “urgentes” y reitera el mensaje de “todos en casa por su salud”.

“Se prohíben las entrada y salida de lanchas que venga (sic) de otros municipios del pacífico (sic) y que vallan otros municipios (sic)”; “Se prohíbe la entrada de embarcaciones que venga (sic) desde ecuador ya sea forastero o persona del municipio de Mosquera”; “La comunidad en general debe estar en sus casas pasando la medida de prevención”; “Todo hijo de puta que se mire en las calles después de las 2:00 pm se atengan a las consecuencias. ¿No estamos jugando? (sic)”; “Las personas de las veredas solo pueden venir a mercar”; “A todo hijo de puta que habrá (sic) negocios de bebidas, billares, discoteca, juegos de naipe, domino (sic), parque (sic) y bingo se atengan a las consecuencias. ¿No estamos jugando? (sic)”. (Ver panfleto)

Además de las Gup, en el Pacífico nariñense también hacen presencia armada el Frente Oliver Sinisterra (Fos), una temprana disidencia de las Farc en esta región, que actualmente sostiene una confrontación armada con un grupo al que se identifica como ‘Los Contadores’. Ambas se dedican al tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales, aprovechando el océano Pacífico.

Si bien en un comunicado enviado presuntamente por el Fos el pasado 1 abril no hace referencia a medidas tomadas a raíz de la propagación del Covid-19, en su guerra con ‘Los Contadores’, impuso de manera arbitraria varias medidas que afectan a las comunidades en sus zonas de influencia, entre ellos el golpeado corregimiento de Llorente, a 40 kilómetros de Tumaco.

El Fos ordenó, entre otras medidas, que  los vehículos que transiten entre el kilómetro 85 y el puerto tumaqueño deben hacerlo con los vidrios abajo; la no presencia de vendedores ambulantes, motocicletas y carros obstaculizando la vía principal del corregimiento; toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana; cierre de todos los hoteles desde el corregimiento La Guayacana hasta el kilómetro 63; y el cierre de establecimientos públicos, entre ellos bares, cantinas, billares y discotecas. (Ver panfleto)

Esas medidas hacen parte del control que trata de imponer este grupo armado ilegal justo cuando las comunidades, rurales y urbanas tratan de ajustar sus vidas a las regulaciones cotidianas en medio de la pandemia.

De hecho, esa guerra ya dejó las primeras víctimas civiles. En la madrugada del pasado sábado fue atacado un vehículo que portaba una bandera de misión médica y que salió del municipio de Barbacoas con destino a un centro asistencial de Tumaco con cuatro personas: el conductor, una paciente en grave estado de salud y en embarazo, su acompañante y un paramédico. Cuando transitaban por la vereda El Vaqueiro, fue atacado con armas de fuego.

En el sitio pereció el conductor, Wilson Quiñonez, y la paciente (Lorena Quiñonez). Salieron con vida del ataque el paramédico y el acompañante de la mujer enferma. De acuerdo con fuentes consultadas, la acción armada habría sido perpetrada por hombres del grupo conocido como ‘Los Contadores’, quienes, además, le prendieron fuego al vehículo. Las autoridades civiles regionales solo se limitaron a lamentar el hecho, sin que ahondaran en mayores explicaciones.

Ante ese ataque se volvió a pronunciar el Fos, negando cualquier relación con el ataque; además, hicieron un llamado a “las organizaciones de derechos humanos, defensoría del pueblo (sic) y ONU verifiquen y velen por la seguridad de las comunidades indefensas”, y denunciaron que sectores de la Fuerza Pública destacados en la región protegen a los jefes de ‘Los Contadores’, entre ellos a un hombre conocido como ‘Mario 40’. (Ver panfleto)

Por el momento, las autoridades regionales no hablan al respecto, pese a que este portal intentó comunicarse directamente con algunos funcionarios locales y regionales. Quien sí habló fue un analista que conoce bien la región, a quien le preocupa los impactos que tiene la mezcla de la calamidad por cuenta del Covid-19, las imposiciones de control social y las acciones de guerra.

“La orden que tienen las autoridades militares y de policía es que verifiquen la veracidad de los panfletos”, detalla el analista consultado, quien por razones de seguridad no admite que se publique su nombre. “Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno sobre la ejecución de esa orden”.

Un aspecto que resalta es que, de acuerdo con su interpretación de la situación, los grupos armados ilegales no han desmentido esos panfletos, “lo que podría indicar que sí son auténticos, pero son las autoridades las que deben determinar eso”.

De otro lado llamó la atención sobre lo que podría significar la restricción de movilidad de las personas en una zona fronteriza donde los pasos hacia uno y otro país son de fácil acceso: “Mientras menos gente haya en las trochas es mejor para los intereses del narcotráfico. No quieren flujos masivos de personas en esos caminos. Y la gente no se lo está tomando en chiste, lo está tomando en serio”.

Por lo pronto, a la Fuerza Pública se le ha pedido en dos consejos de seguridad realizados en los últimos días que ejerza un estricto control en la vía Pasto-Llorente-Tumaco y en zonas aledañas, para contrarrestar a los grupos armados ilegales que trajinan por allí.

Los Awá, acosados

Varios resguardos del pueblo Awá, una comunidad indígena ancestral de Nariño, soportan no solo las imposiciones arbitrarias de los grupos armados ilegales, sino los dramáticos efectos de las medidas tomadas por el gobierno nacional para contener el avance del Covid-19. A la par de cuidarse de unas estructuras criminales que invaden sus territorios y afectan sus costumbres, deben hacerlo también de un virus que podría ser letal y diezmarlos en el mediano plazo. (Leer más en: Pueblos indígenas ponen a prueba su supervivencia en medio de pandemia global)

La crítica situación fue advertida el pasado 29 de marzo mediante un comunicado divulgado por el Resguardo Piguambí Palangala, en el que habitan por lo menos 1.300 indígenas, entre hombres, mujeres y menores de edad.

“Nuestras comunidades con el transcurso de los días, empiezan a manifestar que afrontan escases de alimentos, algunos incluso que están pasando dificultadas tan fuertes que tienen hambre, lo que se empieza a volverse una crisis alimentaria sin precedente alguno en nuestras comunidades”, plantea el documento emitido por los Awá y calificado como un “llamado desesperado en busca de ayuda.

“Carecemos en nuestras casas de alimentos suficientes y nutritivos, que nos permitan proteger a la población adulta mayor, y a los niños y niñas, por todos los días que continuará la cuarentena”, agrega el comunicado y asevera que por el momento esos nutrientes los están supliendo con harina de plátano, chiro (banano pequeño) y yuca.

“Es en ese sentido -clamaron los Awá- antes de que inicie la hambruna, y veamos el desfile de nuestra gente saliendo a la carretera a buscar solución a sus necesidades, solicitamos de manera urgente que se nos de la mano, brindarnos apoyo alimentario para destinarlos a las familias indígenas Awá que más lo están necesitando en estos momentos, para afrontar los días, y las semanas que se vienen”. (Ver comunicado)

Ese mensaje fue reiterado a través de una carta remitida el pasado 2 de abril a los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Lenin Moreno, de Ecuador, y respaldada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA); Asociación de Cabildos del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP); Cabildo Mayor Awá de Ricaurte de Colombia (CAMAWARI); y la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE). (Ver carta)

“En los últimos treinta años como pueblo Awá hemos sufrido frente al accionar y la presencia de diferentes grupos armados legales e ilegales, que nos ha llevado a considerarnos como sujeto colectivo víctima del conflicto armado”, dicen en la misiva y agregan que esa acción de grupos armados “ha generado que cientos de familias estén en situación de desplazamiento, amenazas y reclutamiento”.

Para respaldar su argumento, expusieron el caso del asesinato del joven indígena Wílder García, de 18 años de edad, ocurrido el pasado 28 de marzo en su casa del resguardo Tortugaña Telembí, del municipio de Barbacoas, hasta donde llegaron integrantes de un grupo armado y lo balearon delante de su esposa y sus dos pequeñas hijas.

El mensaje enviado a ambos mandatarios tenía un mensaje claro: respeto por sus territorios ante los anuncios de militarización anunciados por autoridades regionales de ambos países para controlar el paso irregular de personas en ambos lados de la frontera como parte de las estrategias para contener la expansión del Covid-19, y coordinación de las tareas de control territorial.

Además, se quejaron de lo que pasa en tres de sus resguardos: “Se ha registrado el ingreso de fuerza pública para realizar trabajos de erradicación forzada, generando comunicaciones y contacto con la población Awá, sin ninguna coordinación ni protocolos de salud”.

“Este tipo de acciones deben estar coordinadas con las autoridades indígenas Awá para salvaguardar la gobernabilidad y autonomía en el territorio Awá”, reiteraron en su carta e insistieron que se adelantaran labores de concertación: “es la Guardia Indígena ɨnkal Awá quienes están salvaguardando el orden en el territorio que le corresponde al pueblo Awá, respetando los territorios y la autonomía de otras autoridades como es la de los Consejos Comunitarios, y la misma autoridad gubernamental”.

Por ello, solicitaron que se les dote de insumos para la protección biológica de la Guardia Indígena y puedan así prestar servicios de contingencia. Además, pidieron raciones alimentarias y apoyos económicos para garantizar su permanencia en el territorio durante el tiempo que dure la emergencia en cada uno de los puntos donde estén realizando el control, así como medios de telecomunicación “para fortalecer el sistema de referencia y seguimiento de casos y dotación de insumos y equipos básicos para la atención primaria en los todos los puestos de salud, así como personal para atender los puntos de atención médica”.

Líderes Awá consultados indicaron que la carta aún no tiene respuesta y pese a los anuncios del gobierno nacional de ofrecer ayuda a los más necesitados, afirmaron que “aquí no estamos viendo nada de eso”.

Y justo ayer en la tarde en Samaniego, uno de los municipios donde hay población Awá, la guerrilla del Eln, que decretó un cese al fuego unilateral durante el este mes de abril, hizo varias pintas en las fachadas de algunas edificaciones para transmitir sus amenazantes mensajes a los pobladores para que cumplan la cuarentena so pena de ser asesinados, lo que resulta paradójico, pues esas amenazas no son coherentes el anunció de silenciar sus fusiles.

En Cauca, disidencias

La Columna Jaime Martínez, disidencia del Frente 6 de las Farc, que opera en las montañas del noroccidente caucano y se dedica a labores del narcotráfico, afectando de manera drástica la vida de indígenas, campesinos y afrodescendientes, al parecer también ha tomado medidas de control social a propósito de la propagación del Covid-19 en el país. (Leer más en: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)

Este portal conoció detalles de una información dada por miembros de este grupo armado ilegal y que se divulgó en diversas zonas del municipio de Buenos Aires, en la que exponen sus mecanismos de regulación para imponer medidas a quienes no cumplan con el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional.

De acuerdo con lo establecido a través de algunas fuentes, la orden es que desde el pasado sábado no puede haber nadie en las calles de los centros poblados después de las 3 de la tarde y todos los negocios deben están cerrados. A todo aquel que incumpla, lo van a matar.

Además, toda aquella persona que vaya a salir de la zona hacia otros municipios caucanos, puede hacerlo si tiene un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal o los consejos comunitarios. Quien trate de hacerlo sin ese documento, puede perder la vida. También informaron que no se van a permitir la velación de difuntos.

Al parecer, esas imposiciones arbitrarias se deben a que los pobladores de las comunidades de sus zonas de operaciones armadas, según ese grupo armado ilegal, están tomando de manera deportiva las medidas que se han implementado para contener el letal virus.

Esa disidencia de las antiguas Farc está liderada por el exguerrillero Leider Johany Noscue, alias ‘Mayimbú’, quien se marginó del Acuerdo de Paz y tomó la decisión de mantenerse en armas en una amplia zona del noroccidente de Cauca, estratégica para actividades del narcotráfico y la minería criminal, de donde, al parecer, obtiene los recursos para sostener su estructura armada.

En el último reporte (martes) el INS registro en este departamento 14 personas afectadas por el Covid-19. Hasta el momento ha fallecido una niña de 3 años.

En Antioquia también

En tres regiones de este departamento también han circulado panfletos en los que se conmina a las comunidades a cumplir con el aislamiento preventivo que se extenderá hasta el próximo 26 de abril. Urabá, Norte y Bajo Cauca son las dos zonas donde se ha podido constatar esta situación y en la que confluyen diversos grupos armados criminales, todos ellos ligados a actividades económicas como el narcotráfico y la explotación aurífera ilegal.

A través del sistema de comunicación WhatsApp, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) hicieron circular un mensaje a comienzos de este mes en el que se advierte que “a partir del 2 de abril del presente año […]”, desde las 3 de la tarde, “no queremos ver a nadie en la calle mientras no sea de justa causa justificadas: un herido, un enfermo o alguien que acuda a citas médicas”. La imposición arbitraria se estaría aplicando en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

El último reporte del INS (martes) indica que el único municipio de la región de Urabá que tiene casos registrados es Apartadó con tres personas infectadas.

En el norte de Antioquia también ha circulado un panfleto relacionado con la pandemia. Al parecer es de autoría de la disidencia del Frente 18 de las antiguas Farc, que, al igual que otras estructuras, no se no acogió al Acuerdo de Paz. Su zona de influencia en este departamento se centra en la zona montañosa de Ituango, en el norte, y en varias zonas rurales del Bajo Cauca.

“Nos dirigimos hacia todos ustedes comunidades, veredas, corregimientos, municipios, haciéndole un llamado de antemano que por favor tener conciencia y hagan caso a lo que las autoridades sanitarias de salud y fuerza pública han dado a conocer sobre la pandemia COVID-19 ya que muchas personas están cogiendo todo lo sucedido como un juego o recocha”, se lee en el volante.

Tras solicitarle a los pobladores que se queden en sus casas, tal como lo han reiterado las autoridades no solo en el país sino en el mundo, plantearon que si alguien desobedece “nos veremos obligados de actuar con sanciones a quienes incumplan las normas establecidas y este comunicado”.  (Ver panfleto)

Las autoridades por el momento, según fuentes consultadas, no tienen mucha información al respecto y con la poca que han recopilado tratan de establecer la veracidad de esos mensajes.

Hasta este martes, siempre según el INS, el departamento de Antioquia registra 209 personas afectadas por el Covid-19, de ellas 123 están en Medellín y cuatro más en tres municipios del norte: Donmatías (1), Santa Rosa de Osos (2) y Angostura (1).

Córdoba, afectado

En el sur de este departamento hacen presencia varios grupos armados ilegales, todos ellos surgidos después de 2006, cuando concluyó la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pactada con el gobierno nacional, que libran una guerra sin cuartel desde hace varios años por su ubicación estratégica propicia para actividades del narcotráfico y ante el vacío dejado por las antiguas Farc tras su reincorporación a la vida legal. (Leer más en: Bajo Cauca y sur de Córdoba: la guerra que se pelea utilizando niñas y jóvenes)

Uno de los grupos armados ilegales que tiene la hegemonía armada en buena parte del departamento son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se han disputado a sangre y fuego su permanencia en la región. Desde hace varios años son identificadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’ y por su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, las autoridades ofrecen hasta 3 mil millones de pesos a quien ofrezca información que conduzca a su captura.

En sus zonas de operación ha circulado desde el pasado 23 de marzo un panfleto a nombre del Bloque Córdoba de las Agc en el que conminan a la población de varios municipios cordobeses a que se queden en sus casas para evitar que la pandemia se extienda a sus dominios.

“Exigimos acudan a nuestro llamado de buenas manera (sic) o nos veremos obligados a actuar en contra de los que estén desacantando (sic) esta orden”, se lee en el volante y establecen “toque de queda obligatorio” en todo el departamento desde el 23 de abril a las 7 de la noche hasta el 13 de abril a las 7 de la noche. “Todo el que esté deambulando en las calles no responderemos por sus vidas”.

Y concluyen con una advertencia perentoria: “Contamos con la presencia en cada uno de los municipios del departamento de Córdoba y sus fronteras para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas en este comunicado”.

Lo particular de este departamento, donde el INS registra siete pacientes afectados por Covid-19, es que sus principales enemigos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como ‘Caparrapos’, busca imponer de manera arbitraria sus órdenes alegando “falta de conciencia” de los pobladores de Montelibano “y sus alrededores”.

En un mensaje que ha estado circulando en cadenas de la red WhatsApp, y con algunas incoherencias de escritura, aseguran que no quieren ver a nadie en la calle y dicen que son “objetivo militar” almacenes y negocios de verduras que abusen de los precios: “Somos una organización que cuida a su pueblo no es para que la maltraten así”. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

En este departamento, como en los otros reseñados en este artículo, poco hablan del tema y prefieren decir que están “verificando”. No obstante, un conocedor de la región y, en general de las dinámicas del conflicto armado en el país, tiene varias percepciones al respecto de la proliferación de panfletos en esta época de pandemia.

Pese a que el estado mayor de las Agc negó el pasado 25 de marzo a través de su página web que los comunicados a nombre de esa organización criminal eran falsos, la fuente consultada, quien habló bajo la condición de que se le resguardara su identidad, asevera que, para el caso de Córdoba, ese grupo armado “está actuando de acuerdo con lo que dice el panfleto: ha realizado reuniones con líderes y les han advertido sobre la prohibición de entrada a la zona de personas extrañas, incluso familiares”. Además, dice, que estarían impulsando la instalación de retenes ilegales para controlar la entrada y salida de pobladores por vías terciarias.

“Más que un acto de civismo, es una estrategia de supervivencia”, dice la fuente consultada. Y algo de razón le cabe porque de acuerdo con sus indagaciones, ha establecido que en algunas reuniones han planteado sus preocupaciones y así se lo cuentan algunos asistentes: “Ellos dicen ‘si ustedes se enferman van a un hospital o clínica; si somos nosotros, la mayoría tenemos orden de captura. Si nos quedamos nos morimos y si salimos nos capturan’”.

Con respecto a los mensajes enviados por la disidencia del Frente 18 y el Frente Virgilio Peralta Arenas, cree que no provengan de los mandos superiores, pero estima que no salen a desmentirlo por una razón práctica: “Ellos prosperan a costa del miedo de la población”.

Por ahora son pocas las autoridades que han salido a rechazar la coerción que estarían ejerciendo grupos armados ilegales en medio de esta pandemia. Otras se limitan a informar que “están investigando”, pero lo que parece cierto es que algunas estructuras criminales se estarían aprovechando de esta crítica situación para fortalecer sus negocios, aunque, como lo advirtieron en Córdoba, también tienen miedo.

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Varios de ellos fueron expulsados de sus tierras por grupos armados ilegales por el hecho de velar por el bienestar de sus comunidades. En la capital antioqueña recibieron el beneficio de albergue y alimentación por parte de la Gobernación de Antioquia, pero esa ayuda finalizó y ahora no tienen a dónde ir. La zozobra es constante y las soluciones se ven lejanas.

El pasado jueves 6 de marzo, el líder campesino José Ariza recibió una carta que lo dejó bastante angustiado y sin saber qué hacer. La misiva venía firmada por María Fernanda Posada Puerta, directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia. En ella le notificaban la “finalización de las medidas complementarias y transitorias de hospedaje y alimentación” otorgadas en el marco de la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos”.

Se trata de uno de los beneficios contemplados en el decreto expedido por la Gobernación de Antioquia el 21 de enero de 2019 para atender a activistas, dignatarios, dirigentes sociales, comunitarios y campesinos que, como José Ariza, han tenido que abandonar sus regiones por cuenta de amenazas y atentados contra sus vidas.

“Básicamente, te pagan habitación en un hotel de Medellín y te garantizan la alimentación durante los meses que estés aquí”, explica el líder campesino, quien, desde el pasado jueves, no cuenta con esas medidas de protección y ahora deambula por las calles de la capital antioqueña sin saber dónde pasará cada noche.

De Medellín, José sólo conoce los parques más representativos del centro de la ciudad: el Parque Bolívar, la Plazuela San Ignacio y el Parque de Berrío. No tiene familia, ni amigos ni vínculos cercanos que lo puedan socorrer en este momento. La única compañía con la que cuenta son los dos escoltas que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) en febrero de 2019. También le asignaron una camioneta para que se movilice. Y tal parece se convertirá en su hogar temporal, tal como él mismo lo afirma: “¿Para dónde me voy a mover? No puedo devolverme para la tierra porque todavía tengo el riesgo allá. Aquí no conozco a nadie. Será dormir en la camioneta mientras resuelvo”.

A esa ciudad llegó en julio de 2019 proveniente de Betania, municipio del suroeste de Antioquia, donde pasó toda clase de penurias. “Fui a pedir trabajo a la Alcaldía, pero me dijeron que como no era del partido político del alcalde, no me podían colaborar. Por los escoltas, pues no me queda fácil pedir trabajo en fincas. Entonces, pedí trabajo a varias personas en el pueblo, pero apenas veían los escoltas, me decían que no. Decidí venirme para Medellín a ver cómo resolvía. Fue entonces cuando la Defensoría del Pueblo me ayudó con la gestión y pude ingresar al programa de la Gobernación (de Antioquia)”.

José llegó a Betania en febrero de 2019, luego de sufrir un atentado contra su vida dos meses antes, en diciembre de 2018. “Yo soy nacido en San Juan de Arama, departamento de Meta. En una época de mi vida estuve trabajando en el suroeste antioqueño. Cuando en Bogotá me dijeron: ‘Es mejor que se traslade para un municipio donde usted esté tranquilo, ya que hay riesgos serios para su seguridad en esta ciudad’, pues decidí irme para allá, porque conocía la región y esperaba conseguir trabajo allá”, recuerda.

Su calvario comenzó en 2016, cuando fue elegido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santo Yarumales, de La Macarena, Meta. “Desde que me eligieron, las disidencias del Frente 27 de las Farc comenzaron a presionarme dizque porque era ‘muy cercano al Ejército’. La cosa se complicó más cuando ayudé a rescatar y reestablecer los derechos de un menor de edad que había sido reclutado por las disidencias”.

“Luego, con la implementación del PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) continuaron las amenazas -continúa José-. Yo soy el coordinador del PNIS en mi vereda. Allá logramos erradicar el 98 por ciento de coca. El 3 de diciembre de 2018, en horas de la tarde, llegó a mi casa un hombre en motocicleta, que estaba interesado en comprar ganado, que si sabía de alguien que estuviera vendiendo. Hablé con él un rato y cuando menos pensé, sacó un arma y me disparó. Menos mal el arma se le ‘trabó’ y pude escapar”.

José recibió un disparo en la pierna que no le dejó lesión grave alguna. El propio Ejército Nacional colaboró con su traslado desde La Macarena hasta la ciudad de Bogotá. Allí estuvo hasta el 15 de febrero de 2019, día en que la UNP expidió la resolución donde catalogó su situación como “riesgo extremo”, le otorgó como medida de protección dos escoltas y un vehículo y le recomendó no regresar a La Macarena y trasladarse hacia otra región del país donde estuviera más tranquilo.

Curiosamente, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas negó la inscripción de José en el Registro Único de Víctimas, “y la verdad no entiendo por qué. Yo apelé y ahora está en manos de la Corte Constitucional la decisión final. Es cierto que la Unidad me suministró el albergue mientras estuve en Bogotá, pero creo que mi caso amerita que me consideren víctima”, dice el líder campesino.

No es el único caso

En Medellín, José conoció otros líderes campesinos que, como él, tuvieron que abandonar sus municipios por cuenta de amenazas de muerte proferidas por grupos armados ilegales y debieron refugiarse en hoteles pagados por la Gobernación de Antioquia. Uno de ellos fue Mario*, labriego proveniente del corregimiento La Caucana, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, quien además de ser hoy su mejor amigo en esta ciudad, también está padeciendo su mismo viacrucis.

Mario llegó a la capital antioqueña el 1 de mayo de 2019. Un par de días antes, el grupo armado ilegal conocido como ‘Los Caparrapos’, que delinque en esta región del departamento, lo amenazó de muerte y le dio 24 horas de plazo para abandonar el municipio. Las razones para tal intimidación las tiene claras el líder campesino.

“Yo era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de mi vereda, que queda en el corregimiento La Caucana. Resulta que allá se estaba implementando el PNIS”, relata Mario. “Llegó este grupo armado y comenzó a cobrar vacuna a todos los del PNIS. 200 mil pesos cobraban por beneficiario. Yo me quejé ante el presidente de la Junta, pero como que no le gustó. Y eso no es todo. El presidente comenzó a meter gente que no era de la vereda, sino que venían de Córdoba, para que cobraran esa plata del PNIS. Yo comencé a reclamarle, a decirle que porqué hacia eso y a los días comenzaron las amenazas”.

Mario tocó las puertas de varias entidades oficiales pidiendo ayuda. Finalmente, la que respondió su llamado fue la Defensoría del Pueblo y en julio de 2019 gestionó su ingreso a la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” de la Gobernación de Antioquia. El beneficio recibido fue el mismo de José: habitación y alimentación, los mismos que llegaron a su fin el pasado 6 de marzo.

“A mí también me llegó la carta de la Gobernación de Antioquia donde me dicen que ya se acabó el beneficio”. A diferencia de José, Mario sí tiene familia en el Valle de Aburra, pero cómo él señala, “¿cómo voy a ir donde ellos, a ponerlos en riesgo? Si recién llegado fui donde ellos y lo primero que me dijeron fue: ‘Nos duele tu situación, pero no te podemos tener aquí’, y los entiendo. Yo me vine con mi esposa y mi hija. Pero les dije que se fueran para donde el papá y ahora están en un pueblo al que no me atrevo a ir por miedo”.

Finalizando el mes de julio, Mario recibió por parte de la UNP un chaleco anti-balas, un botón de pánico y un teléfono celular como medidas de protección. “Imagínese lo que es ir a pedir trabajo con este chaleco. Te miran como si tuvieras una enfermedad peor que el coronavirus. Desde que estoy aquí no he podido conseguir trabajo”, exclama el líder campesino, quien afirma que estar en Medellín no es garantía para su seguridad. “Yo mismo he visto a comandantes de ‘Los Caparrapos’ aquí en Medellín, por el Parque Berrío, por la Estación Universidad del Metro. Por aquí se mantiene esa gente, entonces, ¿qué seguridad puede tener uno?”.

Garantías de protección

Actualmente, la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” de la Gobernación de Antioquia brinda medidas complementarias y transitorias a 27 personas, 13 de las cuales responden a la categoría de líderes sociales, campesinos, comunitarios o defensores de derechos humanos, explica María Fernanda Posada Puerta, directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia.

“Lo que pasa es que hay casos donde la amenaza se extendió hasta el núcleo familiar, entonces, hay que extender la ruta de protección para ellos también. De ellos, varios no son de Antioquia”, explica la funcionaria y aclara que “estas medidas son transitorias y sólo se aplican mientras la entidad competente, en este caso la Unidad Nacional de Protección (UNP), hace la valoración del riesgo y genera las medidas a que haya lugar una vez defina el riesgo del líder”.

En ese sentido, añade Posada Puerta, “el tiempo que duran las medidas transitorias y complementarias van hasta por tres meses, que es el tiempo que toma la UNP para hacer la valoración del riesgo. Hay casos en que hemos extendido por mucho más tiempo las medidas, pero ha sido porque la UNP se ha demorado en hacer la valoración del riesgo. Pero repito, son medidas transitorias y complementarias. La Gobernación de Antioquia no es la instancia ni competente ni responsable de hacer valoración del riesgo ni brindar protección. Es competencia de la UNP”.

Según la funcionaria, los casos de Julio Ariza y de Mario* ya fueron valorados por la UNP y debe ser esta entidad la que debe brindar la atención, el acompañamiento a sus casos particulares: “Ellos ya no son beneficiarios de las medidas de la Gobernación porque ya tienen sus esquemas de protección. En este caso se trató de una excepcionalidad por petición de Ministerio Público”.

La Directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación enfatiza que mientras existen protocolos y rutas nacionales de atención para las víctimas de desplazamiento forzado “que cuentan con recursos financieros propios que otorga la Ley 1448, para la protección de los líderes el gobierno nacional no otorgó recursos, y eso es lo complejo, porque esas erogaciones las tiene que hacer directamente la Gobernación de Antioquia y esos recursos pues hay que usarlos con responsabilidad”.

Claro está, eso lo tienen presente tanto José Ariza como Mario*, quienes sólo piden que el Estado les tienda una “mano amiga” para reconstruir sus vidas luego de la tragedia que significó para ellos abandonarlo todo por cuenta de las amenazas proferidas por grupos armados ilegales.

“Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Solo queremos que nos ayuden con una reubicación, que nos den una tierra para trabajar, que eso es lo que sabemos hacer”, asevera Julio Ariza quien denuncia que actualmente otros líderes están atravesando por su misma situación.

“Hay un líder, de aquí de Antioquia, que le finalizaron el beneficio en diciembre y, sin mentirle, hoy es un habitante de calle. Y como nosotros hay otros líderes que pueden quedar en la calle en los próximos días”, agrega el activista. Por su parte, Mario agrega que “sólo del PNIS puede haber unas 125 familias como desplazadas aquí en Medellín. Claro, unas resolvieron con familiares, se auto albergaron, pero otras personas, como yo, quedamos prácticamente abandonadas”.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

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La confrontación armada no da tregua ni cede en intensidad en estas regiones limítrofes de Antioquia y Córdoba. Y ello, según los expertos, obedece en buena medida a la capacidad de reclutar jóvenes de zonas rurales marginales que tienen los grupos armados en disputa. Los centros educativos de estas regiones, los más afectados por este flagelo.

Han pasado casi dos meses desde que un puñado de padres de familia y líderes campesinos de apartadas zonas rurales de Planeta Rica, Tierralta, Montería y Puerto Libertador, en Córdoba, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos de ese departamento, el reclutamiento forzado masivo de sus hijos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. (Leer más en: El Sur de Córdoba: teatro de guerra con poca atención integral del Estado)

De acuerdo con lo narrado por los padres de familia ante la Defensoría del Pueblo en Montería, durante la primera semana de enero, jóvenes entre los 14 y 21 años de edad oriundos de los corregimientos Campo Bello, Centro Alegre, Arenoso, El Almendro (Planeta Rica); Frasquillo (Tierralta); La Manta, Nueva Esperanza y Buenos Aires (Montería) y Río Verde (Puerto Libertador), partieron de sus viviendas con rumbo a una gran hacienda en inmediaciones de Planeta Rica, donde supuestamente les esperaban tentadoras ofertas de trabajo.

Según pudieron constatar posteriormente funcionarios de esta entidad del Ministerio Público, los jóvenes fueron transportados en varias camionetas y durante el trayecto se les obligó a usar una capucha para que no reconocieran el sitio al que se dirigían. Una vez llegaron allí, fueron recibidos por gente fuertemente armada que luego de fotografiarlos y solicitarles datos personales, los obligaron a formar varias filas en un patio donde les dijeron: “Les vamos a pagar un millón y medio de pesos si trabajan con nosotros”.

Se estima que había allí reunidos por lo menos 35 jóvenes. Todos captaron de inmediato qué clase de “trabajo” les estaban ofreciendo. Así, quienes se opusieron al reclutamiento forzado fueron golpeados y sacados de la hacienda en las mismas circunstancias en que fueron llevados allí (encapuchados y transportados en camionetas). Les dijeron que atentarían contra ellos o contra sus familias si denunciaban lo que habían visto y vivido. Que volverían un par de días después a visitarlos nuevamente, para ver si habían cambiado de opinión.

En efecto, tal como lo denunciaron líderes campesinos y los propios padres de familia, pocos días después los ‘gaitanistas’ volvieron a visitar a los jóvenes en sus viviendas para presionarlos para que ingresaran al grupo armado. Las familias optaron por abandonar la región para evitar que sus hijos e hijas fueran llevadas a la fuerza por este grupo armado ilegal.

“También se ha sabido que los jóvenes que aceptaron la propuesta, algunos por miedo, otros por carecer de recursos para desplazarse, por falta de oportunidades educativas o laborales y otros deslumbrados por el poder que otorga el uso de armas, recibieron el día que volvieron por ellos un mercado para dejar a sus familias y un celular”, consignó la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba en oficio enviado, el pasado 7 de febrero, a la Subdirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

“Luego de este evento”, continúa la misiva, “se ha sabido que parte de los jóvenes reclutados forzosamente en Planeta Rica presuntamente fueron conducidos a áreas rurales del municipio de Tierralta y otros a un centro de entrenamiento de las Agc que supuestamente opera en el corregimiento Río Verde de Puerto Libertador, donde el día 19 de enero de 2020, a las 6:40 de la noche habría llegado un grupo de 40 individuos a bordo de un camión, vestidos con uniformes camuflados, los cuales se dirigieron hacia el camino que conduce a las veredas La Danta y Tres Palitos”.

Un número importante de los jóvenes reclutados a la fuerza en territorio cordobés, sostiene un funcionario de Defensoría del Pueblo que accedió a hablar con VerdadAbierta.com bajo la reserva de su identidad, es enviado a Ituango y al Bajo Cauca antioqueño, para reforzar las estructuras ‘gaitanistas’ que en este momento combaten a sangre y fuego por el control del territorio con otras estructuras armadas como ‘Los Caparrapos’, las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y la guerrilla del ELN.

Reclutamiento y dominación

“En estos momentos podemos hablar que tenemos casos de reclutamiento forzado masivo de jóvenes en municipios como Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica, San José de Uré”, expresa con preocupación el funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Nadie sabe con exactitud cuántos menores de edad han sido llevados a la fuerza por los grupos armados ilegales que hoy delinquen tanto en el sur cordobés como en el norte y Bajo Cauca antioqueños. Lo que sí han identificado los defensores de derechos humanos en estos territorios son los métodos empleados por estas estructuras criminales para seducir, cooptar, presionar y reclutar a los jóvenes.

“Estos grupos van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”, señala el funcionario consultado por VerdadAbierta.com

A estrategias como esta se suma inducir al consumo de sustancias alucinógenas entre jóvenes de regiones rurales marginales para luego reclutarlos forzosamente. “El problema del consumo de sustancias en zonas rurales viene creciendo bastante. Los mismos grupos les ofrecen vicio a los pelados para ‘engancharlos’ y ya todos enviciados, reclutarlos”, advierte el funcionario de la entidad del Ministerio Público, quien añade: “Lo paradójico es que, en esas mal llamadas ‘campañas de limpieza social’ que hacen estos grupos, los primeros amenazados son los jóvenes consumidores. Hoy tenemos por lo menos 15 pelados desplazados por este tema de los municipios de Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré”.

La magnitud que hoy registra el flagelo del reclutamiento forzado en territorios como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño, la intensidad y la continuidad de una confrontación armada no da tregua y continúa generando complejos efectos humanitarios, asegura Andrés Chica, defensor de derechos humanos del departamento de Córdoba

“Y sostener una confrontación armada como la que hoy vive el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño sólo es posible si mantienes una dinámica de reclutamiento constante y si tienes un poder de dominación como el que han alcanzado estos grupos armados”, afirma este activista.

De acuerdo con Chica, en la disputa por el control territorial, los grupos armados han cooptado todos los espacios de participación comunitaria como las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de campesinos y las organizaciones sociales. Por esta vía, imponen todo tipo de reglas de convivencia, restricciones a la movilidad y cobros extorsivos, entre otros, convirtiéndose en autoridades de facto en alejadas zonas rurales cordobesas.

Ni siquiera los centros educativos, considerados espacios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se salvan de las agresiones e injerencias de los actores armados. “Los maestros dan clase cuando los grupos armados autorizan. El día que ellos dicen que no hay clase, pues no hay clase. Y el maestro que se opongan a la injerencia de estos grupos, pues son amenazados”, asevera Chica, quien sostiene que a la fecha unos 23 docentes que trabajaban en escuelas y colegios del sur de Córdoba, pidieron ser trasladado tras manifestar haber recibido amenazas de muerte.

Colegios: en medio del fuego cruzado

Al ser consultado por la suerte de los jóvenes que fueron reclutados a la fuerza en enero por los ‘gaitanistas’ en Planeta Rica, Tierralta, Montería y Puerto Libertador, Chica precisa que aún permanecen unos seis o siete muchachos en manos de este grupo armado ilegal, que muy posiblemente hoy estén integrando estructuras de este grupo armado en el Norte o Bajo Cauca antioqueño. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)

En esta última región de Antioquia, limítrofe con el sur de Córdoba, el panorama con relación al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es igual o aún más dramático. De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que monitorea la situación de derechos humanos en el Bajo Cauca, en 2019 se conocieron unos 30 casos de reclutamiento forzado de jóvenes, su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Zenú, en las veredas Campanario y Omagá, de Cáceres.

“Se atribuye la responsabilidad de este hecho a ‘Los Caparrapos’ y a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)’. En Tarazá se registraron alrededor de 40 casos de reclutamiento de niños y niñas”, consignó la ONG en reciente informe sobre la situación de derechos humanos de esta subregión. (Leer más: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

Mientras los jóvenes son entrenados para el combate, las adolescentes son reclutadas con fines de esclavitud sexual, según lo atestigua un líder campesino del municipio de El Bagre: “Aquí hay una red de mujeres dedicadas a reclutar niñas para que se vayan a trabajar con ese grupo armado. Yo mismo el año pasado documenté diez casos de niñas que tuvieron que irse del pueblo porque los fines de semana, esta red de mujeres las sacaba por ahí a bailar, luego les proponían que se fueran a trabajar con ellos. Cuando las muchachas se dan cuenta para qué era el trabajo, pues ya no quieren y les toca irse del pueblo. El año pasado mataron a seis muchachas y otras 15 también se tuvieron que ir del pueblo”.

Al igual que en tierras cordobesas, la confrontación armada en el Bajo Cauca antioqueño está generando serias afectaciones a todo el sistema educativo, particularmente de municipios como Caucasia, Cáceres y Tarazá. Según Parmenio Córdoba, director de la Dirección de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), agremiación filial del principal sindicato de profesores del país, Fecode, el año pasado tuvieron que cerrarse temporalmente varias escuelas de apartadas zonas rurales de Cáceres y Tarazá debido a la intensidad de los combates.

“Lo que pasa en el Bajo Cauca nos preocupa bastante. La escuela está quedando en medio de las confrontaciones armadas que tienen lugar allá y ante esto, a los maestros no les queda más remedio que desplazarse”, declara Córdoba. (Leer más en: Desplazamiento forzado, sin freno en el Bajo Cauca antioqueño)

El más reciente caso sucedió el pasado 17 de enero, cuando un grupo armado incursionó en el centro poblado del corregimiento El Guaimaro de Tarazá y asesinó a cinco personas. “En este caso, unos diez profesores tuvieron que desplazarse luego de la masacre. Los ‘profes’ regresaron, pero sienten que no tienen garantías y en cualquier momento se pueden desplazar nuevamente”, advierte Córdoba, quien agrega además que “lo que se escucha decir es que estos grupos armados buscan reclutar jóvenes de los colegios y las escuelas”.

De acuerdo con el directivo docente, en 2019 se registraron 116 amenazas contra maestros en todo Antioquia, cifra que muestra un aumento preocupante con respecto al año 2018, cuando se documentaron 84 casos: “El 60 por ciento de esas amenazas se presentaron en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. En esas zonas rurales, los ‘profes’ se involucran tanto con la comunidad que terminan convertidos en líderes. Y cuando estos grupos arremeten contra los líderes sociales, también lo hacen contra los profes”.

La violencia que impera en municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, entre otros, también está alejando a los jóvenes de las aulas de clase, quedando a merced de los reclutadores al servicio de los grupos armados ilegales. Según la Secretaría de Educación de Antioquia, en 2018 unos 617 estudiantes desertaron del sistema educativo sólo en Caucasia, mientras que unos 285 no culminaron su año escolar en Tarazá; igual sucedió con 255 jóvenes en el municipio de Cáceres.

Sin duda un panorama complejo si se tiene en cuenta que los centros educativos constituyen la primera barrera de protección de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento forzado. Sin embargo, en regiones como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño son precisamente las escuelas y los colegios los principales escenarios utilizados por los grupos armados para cometer este crimen.

“Una función de los ‘profes’ es vigilar que el orden se cumpla dentro del colegio, que haya disciplina, que los pelados no tiren vicio ni nada de esas cosas. Pero qué va, estos grupos utilizan a los niños para ingresar vicio a los colegios, para vender droga ahí adentro y si el profesor se da cuenta y les llama la atención, pues amenazan al ‘profe’ y le toca irse. Y quienes quedan pues no dicen nada, prefieren quedarse callados”, señala un líder campesino de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, quien pidió se omitiera su identidad.

Por cuenta de esta situación, advierte el líder consultado, un docente tuvo que ser traslado de este municipio luego de recibir amenazas. “Pero tú vas y preguntas y nadie sabe nada”, manifiesta el líder, quien señala que “aquí, por ejemplo, están ‘Los Caparrapos’. Y todos los ‘campaneros’, es decir, los que vigilan quién sale, quién entra, son pelados de 14, 15, 20 años. Los compran con un celular, cualquier billete los fines de semana cuando menos piensan, los pelados abandonan el colegio y se van con los grupos armados”.

“Y la verdad, ¿qué más hacen esos pobres pelados”, enfatiza el líder campesino: “Un pelado de estos, si termina el colegio, ¿qué opciones de vida tiene? Barequear, raspar (hoja de coca) o irse con los grupos armados. Aquí no hay más para hacer. Por eso cada vez más pelados se salen del colegio, por eso cada vez más, los pelados ven con buenos ojos irse con los ilegales porque, ¿qué más les queda por hacer en este abandono?”.

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Reacomodo de fuerzas

Más allá de esas advertencias y descripción de las afectaciones, la Alerta N. 027-19 plantea que el avance a Frontino y Urrao, así como hacia el occidente antioqueño, es parte de la expansión del Eln, a través del Frente de Guerra Occidental, que inició ese proceso en 2017 desde la zona media de Chocó, atravesando la espesa selva húmeda que separa a ambos departamentos, con el fin de consolidar un dominio armado que le permitiría consolidar una ruta que podría conducirlos a la frontera oriental de la vecina república de Venezuela.

La situación es conocida por autoridades civiles, militares y de policía. Desde comienzos de 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 25 alertas más sobre posibles violaciones a derechos e infracciones al derecho internacional humanitario en por lo menos 36 municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó y Norte de Santander que están en la posible ruta del Eln hacía la frontera oriental del país.

El ambicioso plan de esta guerrilla, que el pasado 4 de julio conmemoró 55 años de vida en armas, enfrenta la oposición de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Esta fuerza armada ilegal, surgida a mediados de 2006 tras la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo los acuerdos con el gobierno nacional, estaría concentrando hombres y armas en diversas zonas estratégicas de Antioquia y Chocó para evitar que los ‘elenos’ logren su propósito, lo que hace presumir un posible escenario de confrontación en el que las comunidades llevarían la peor parte.

Lo paradójico es que este agravamiento del orden público se registra meses después de firmado el Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). Ese hecho trajo consigo una disputa por aquellas zonas que dejaron libres los distintos frentes ‘farianos’ que se acogieron a la desmovilización, desarme y reintegración a la vida legal.

Además de las Agc, en este escenario bélico posacuerdo también confluyen otras organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc y narcotraficantes, lo que generó, según la Defensoría, “un complejo proceso de reconfiguración del control armado de las zonas de cultivo, producción y comercialización de estupefacientes, en el que actualmente se han involucrado: capitales ilegales internacionales, nuevos grupos armados ilegales, así como nuevas rutas para el tráfico y salida de la droga hacia el Pacífico”.

Para esta agencia del Ministerio Público, factores como la limitada presencia del Estado en amplias áreas de Antioquia y Chocó, controladas en el pasado por los frentes 5, 18, 34, 36 y 57 de las extintas Farc, “ha alimentado un aumento de las disputas por el control territorial y social” entre el Eln y las Agc, lo que presume la ocurrencia de graves factores de riesgo para las poblaciones.

“Muestra del latente riesgo que afronta la población civil ante posibles enfrentamientos armados con interposición de la población civil, es la acelerada expansión de las Agc desde finales del mes de mayo de la presente anualidad. A partir de entonces, el SAT ha conocido que un número elevado de combatientes de ese grupo armado ilegal ha emprendido una avanzada desde la cuenca del río Jiguamiandó (Chocó), en dirección hacia Frontino y el municipio de Dabeiba”, se lee en la Alerta N. 027-19. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

El escenario de riesgo que afrontan Frontino y Urrao guarda una relación de continuidad bélica con lo que viene sucediendo en algunas zonas del Urabá chocoano y antioqueño, así como en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Esa confrontación también ha tenido impacto en Medellín y municipios del área metropolitana debido a las múltiples alianzas que tejen tanto el Eln como las Agc con organizaciones del crimen organizado internacionales incluidas, para fortalecerse en hombres y armas, y consolidar las economías ilegales alrededor de la producción de coca y explotación minera, que giran en torno a esta dinámica de violencia y que requieren de recursos constantes para su sostenimiento.

¿Camino hacia Venezuela?

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“Se presume que uno de los principales objetivos de la estrategia expansiva” del Frente de Guerra Occidental del Eln, alerta la Defensoría, “es avanzar en la habilitación de un corredor de movilidad y la obtención de control sobre las rutas ubicadas entre la costa pacífica de Chocó hasta el extremo de la frontera oriental con Venezuela, atravesando Antioquia, la región del sur de Bolívar, Norte de Santander (el Catatumbo) y Arauca”.

Habilitar ese corredor implica para el Eln una articulación de sus estructuras armadas a lo largo de la ruta trazada, lo que supondría una consolidación militar y política regional que incluiría al Frente de Guerra Darío Gómez Castro, que opera en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, pasos obligados para llegar al sur de Bolívar y seguir su trasiego a la frontera venezolana.

En ambas regiones también hay una fuerte presencia de las Agc, así como de disidencias de los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc y estructuras criminales fuertes, como ‘Los Caparrapos’, entre los cuales, según la Defensoría, “se prevé el posible establecimiento de acuerdos tácticos” entre unos y otros, y un incremento de la actividad armada. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

De telón de fondo existe una gran riqueza de recursos naturales, actividades de extracción minera y la profusión de sembradíos de hoja de coca para uso ilícito, así como de entables para su procesamiento, que hacen parte de la disputa entre el Eln y las Agc, y de los demás grupos armados ilegales que tienen presencia en la región.

A esa ruta se suma el sur de Bolívar. De acuerdo con la Alerta Temprana N. 21-18, emitida el 12 de febrero de 2018 para los municipios de Yondó (Antioquia) y Cantagallo (Bolívar), en esta región del Magdalena Medio se intensificó la presencia del Frente Édgar Amilkar Grimaldos Barón del Eln, una vez las antiguas Farc abandonaron sus áreas de operaciones y se encaminaron a la legalidad.

“Al parecer”, advierte la Defensoría, “el Eln pretende posicionarse en zonas antes controladas las Farc y por esta vía asegurar el corredor de movilidad que conecta el Nordeste Antioqueño con el Sur de Bolívar, con lo que garantizaría una mejor comunicación y coordinación operativa con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro que opera en el departamento de Antioquia y del cual recibe instrucciones, apoyo táctico, armas y vituallas”.

Dado que esa zona del sur de Bolívar es también productora de coca, y en su necesidad de fortalecerse, esta estructura del Eln, de acuerdo con información recogida por el SAT de la Defensoría, “habría permitido la entrada de un grupo de delincuencia organizada proveniente de Barrancabermeja, cuyo objetivo es la compra de la pasta de coca que se produce en la zona norte de Yondó, en límites con Cantagallo […]. De acuerdo con la información conocida, el acuerdo permite al Eln acceder a armas y vituallas a cambio de pasta de coca”.

A los riesgos de estas dos poblaciones se suman los que están advertidos para los municipios bolivarenses de Achí, San Jacinto del Cauca y Montecristo. De acuerdo con la Alerta Temprana N. 10-19, emitida a comienzos de este año, “la situación de riesgo para la población civil […] está determinada por la presencia y accionar” de las Agc y del Frente Guillermo Ariza del Eln, una extensión del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

La situación viene agravándose desde finales de 2016, cuando los frentes 24 y 37 de las antiguas Farc abandonaron la región en cumplimiento del Acuerdo de Paz y partieron hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización (llamadas ahora Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), en la vereda Carrizal del municipio de Remedios, Antioquia. (Leer más en: La paz del sur de Bolívar, en la “cuerda floja”)

“Los municipios objeto de la presente Alerta Temprana hacen parte de la Mojana Bolivarense, subregión que se articula con el norte, occidente y centro del país a través de los ríos Magdalena y Cauca, lo que le confiere un valor estratégico para los grupos armados ilegales”, resalta la Defensoría del Pueblo.

A esa conexión se suman los corredores de movilidad a través de la Serranía de San Lucas, que conducen al sur de Cesar y de ahí a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y al departamento de Arauca, en la línea divisoria con Venezuela, donde el Frente de Guerra Nororiental, con sus distintas unidades subversivas, mantiene un férreo control social y militar de la región fronteriza, e intenta copar las zonas dejadas por el Frente 33 de las Farc tras acogerse al Acuerdo de Paz.

A la oposición armada de las Agc que se observa en varias de las regiones que hacen parte del eje de movilidad que intenta consolidar el Eln, se le suma el Frente Libardo Toro Mora, una estructura criminal del Epl, que no ha sido reconocida como insurgencia por las autoridades, que enfrenta a sangre y fuego a los ‘elenos’ en buena parte del Catatumbo, lo que ha generado en el último año una grave crisis humanitaria. (Leer más en: Dramático diagnóstico deja sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre Catatumbo)

Esa compleja situación bélica que padecen los catatumberos quedó retratada en una respuesta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, fechada el 28 de noviembre de 2018 y firmada por Jorge Calero, Vicedefensor del Pueblo.

En la misiva, la agencia del Ministerio Pública expuso que a raíz de las diferencias surgidas por el control territorial se “ha desatado una serie de hechos violentos que han implicado vulneraciones a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al vincular a las comunidades en la confrontación bélica”.

Al igual que las 25 alertas emitidas desde 2018, en esta carta a los congresistas se destaca el riesgo que afrontan líderes, lideresas y autoridades étnicas “en la medida en que los actores armados desconozcan las normas del Derecho Internacional Humanitario y decidan trasladar su confrontación armada hacia la población civil, así como por efecto de las retaliaciones contra las personas que adelantan procesos de exigibilidad de los derechos a la vida, libertad e integridad”.

Esta situación también reviste riesgo para los comicios regionales del próximo mes de octubre, cuando en el país se abrirán las urnas para elegir nuevos alcaldes y gobernadores. El crecimiento del Eln y la confrontación armada con otros grupos armados son un escenario peligroso para los candidatos que adelanten sus campañas en los municipios de los cinco departamentos reseñados por el SAT.

Lo que se advierte a través de los análisis de la Defensoría del Pueblo es la posible trayectoria de expansión del Frente de Guerra Occidental que buscan conectarse con el Frente de Guerra Nororiental. Ambas estructuras subversivas han sido en los últimos años las más radicales en sentarse a la mesa de conversaciones con el Estado colombiano para ponerle fin a la confrontación que acaba de ajustar 55 años. Pese a los reiterados llamados de diversas organizaciones de la sociedad civil, este grupo insurgente y el actual gobierno nacional se resisten a sentarse a la mesa para reanudar los diálogos. Las alertas están encendidas.

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A pesar de que ha llegado inversión a ese municipio a través de los programas pactados en el acuerdo para la terminación del conflicto con la antigua guerrilla de las Farc, el enfrentamiento entre grupos armados está desplazando a la población, que no tiene otra opción que abandonar sus proyectos de vida. La corrupción también corroe a esa localidad del Bajo Cauca antioqueño.

El 28 de mayo se cumplieron dos años de la promulgación del decreto que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron concertados en el Acuerdo de Paz y de los trece municipios priorizados en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, sólo en cinco se ejecutaron obras de Pequeña Infraestructura comunitaria (PIC) entre 2017 y 2018.

Uno de ellos es Cáceres (los demás son Remedios, Anorí, Briceño e Ituango), donde la violencia y las condiciones de pobreza de sus habitantes están socavando la estabilidad de este municipio, al punto que muchos allí consideran que se está convirtiendo en un territorio invivible.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por el Estado colombiano como ‘Clan del Golfo’), el Frente Virgilio Peralta (conocido como ‘Los Caparrapos’) y la guerrilla del Eln, son los grupos armados ilegales que más presencia tienen en ese municipio de 37.806 habitantes y frenan las posibilidades de consolidar cualquier asomo de paz.

El desplazamiento masivo, las amenazas y asesinatos son una constante en Cáceres, dejándolo casi despoblado, tanto en lo rural como en lo urbano. Aquellos pobladores que deciden quedarse no tienen otra opción que vivir confinados y embargados por el miedo.

Esos padecimientos también afectan a por lo menos 2.200 indígenas del pueblo Zenú, distribuidos en nueve comunidades, según el censo del cabildo mayor en el 2011. En diciembre de 2017 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó un predio de 48 hectáreas a 51 familias como parte de la constitución del resguardo Puerto Bélgica; sin embargo, varias de ellas han tenido que huir como consecuencia de la confrontación armada, que acorrala a los nativos.

El último hecho de sangre se perpetró a la media noche del pasado domingo, cuando un comando armado aún sin identificar, y portando uniformes negros con brazaletes del Gaula, arribó a una zona ribereña del corregimiento Guarumo y asesinó a cuatro hombres, entre ellos a un menor de 17 años de edad.

De acuerdo con versiones de las autoridades recogidas por diversos medios de prensa, los autores de la masacre llegaron en lancha por el río Cauca, accionaron armas y explosivos contra los pobladores del lugar sin explicación alguna y huyeron del sitio a través de este afluente.

Acosado por todos

Cáceres es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia: fue fundado en 1576 y erigido municipio en 1903. Su principal actividad económica ha sido la minería de oro, que viene desde la época de la Colonia. Esta actividad extractiva ha causado grandes estragos medioambientales, pues gran parte de su territorio ha sido explotado sin mayor control.

Las aguas del río Cauca irrigan este municipio y la pesca, que era una opción para los pobladores ribereños, fue perdiendo relevancia con la construcción del proyecto de generación de energía Hidroituango, que afectó la vida acuática. Además, el cultivo de hoja de coca para uso ilícito reemplazó la agricultura en una población cuyo 77 por ciento vive en la ruralidad, con pocas vías de acceso y sin mayores opciones económicas.

Y para completar el panorama desolador de este municipio, no hay quien gobierne. Sus dos últimos mandatarios han sido encarcelados: Ubaldo Enrique Pacheco Julio, alcalde para el periodo 2012 – 2015, fue judicializado en julio de 2018 por delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

El actual alcalde José Mercedes Berrío (2016-2019) fue destituido y capturado en enero de 2018 por posibles nexos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, al parecer, lo favorecieron en su proceso de elección en 2015.

En su reemplazo llegó Sandra Patricia Durán, elegida por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, desatando una controversia con el Partido de la U, pues decían que nadie la conocía y que estaba gobernando desde el vecino municipio de Caucasia.

Desplazamiento, a cuentagotas

La situación que vive Cáceres es alarmante. Se está convirtiendo en un pueblo fantasma. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien estuvo visitando el municipio el 25 de febrero de este año, dijo ante los medios: “Es una situación aberrante, uno queda aterrado después de visitar cinco municipios del Bajo Cauca y encontrar a Cáceres casi vacío por la angustia de la gente. Lo que acabamos de observar en el municipio es la gente paniquiada. Tenemos que contarle al país que hay que mirar a Cáceres”.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y febrero de 2018 salieron 1.600 personas de 18 veredas por cinco enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial. El Defensor del Pueblo dio la cifra de 4.600 desplazados en todo ese año.

El personero municipal, Anderson Piedrahita, aseguró que de los 2.300 estudiantes que tenía el Liceo Monseñor Gerardo Patiño, por lo menos mil dejaron de ir a clase por temor a enfrentamientos armados o por panfletos que circulan. Además hay cinco concejales amenazados.

“Del municipio han salido más de 420 personas, dejando deshabitados cuatro barrios. Tenemos el registro de 23 homicidios en lo que va del año, en el 2018 se presentaron 60 muertes. Todos los días recibimos denuncias por amenazas”, detalló Piedrahita.

Desde la seis de la tarde, todos los negocios cierran sus puertas y las personas no salen de sus casas. Uno de sus habitantes dice que, en la noche, el pueblo queda queda desolado y con un silencio aterrador. Para 2019, el Registro Único de Víctimas no lleva la cuenta de cuántas personas más han salido de allí, pues los desplazamientos ahora no son masivos sino a cuentagotas y la gente no está denunciando.

“Para los desplazados han dicho claramente que, como no hay seguridad, no hay ayuda para nosotros y muchos decidimos regresar al territorio porque nos habían dicho que teníamos las garantías. Cuando hay un conflicto tan largo y tan complejo como el nuestro es muy difícil que las cosas se normalicen, teníamos la confianza, pero ahora está perdida”, afirmó Horacio Rendón, representante de las víctimas e integrante de la comisión municipal del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS) en ese municipio.

Las comunidades indígenas también han tenido que dejar sus territorios por la arremetida de grupos armados ilegales que obstruyen su movilidad. Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 2018 asesinaron a cinco indígenas en el Bajo Cauca. Los líderes de esta organización, mediante un comunicado público, alertó sobre las restricciones y la imposibilidad de realizar sus trabajos para obtener el sustento. “Estos hechos tienen a los pueblos indígenas en inminente riesgo de exterminio físico y cultural”, dice el documento.

Y otro factor que ha generado desplazamiento es la constante amenaza que genera el proyecto Hidroituango y sus contingencias. Muchos vendieron sus casas a bajo costo o las dejaron abandonadas por el temor a que el muro de la presa se rompa y ocasione una gran tragedia aguas abajo. Si ello ocurre, se sospecha que la fuerza del afluente acabaría con buena parte del municipio.

Inversiones en obras PDET

Con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida dentro de los municipios más afectados por la violencia”, según la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se ejecutaron en Cáceres, entre 2017 y 2018, diez obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), como parte de la implementación de los PDET. Lo contradictorio es que se estén haciendo esas obras y, al tiempo, la gente esté abandonando los territorios por cuenta de la guerra que se libra en la región.

Aún así, los que se quedan tienen la posibilidad de ver por primera vez la inversión del Estado, dándose cumplimiento inicial a algunos programas de la reforma rural integral plasmada en el Acuerdo de Paz. Lo que muchos campesinos aseguran es que deberían cumplirse todos los puntos de manera estratégica para que dentro de diez años haya un verdadero cambio estructural del campo.

Cabe resaltar que dentro de las diez obras realizadas en Cáceres, siete son de construcción o mejoramiento de aulas escolares, dos de ellas en comunidades indígenas; una de etnoeducación en el cabildo indígena en la vereda Campanario, y la otra en el colegio de bachillerato del cabildo indígena Alto del Tigre, obras que tuvieron una inversión 496 millones de pesos, según datos entregados por la ART.

Además, se construyeron escenarios deportivos como la placa polideportiva en la vereda Muribá que tuvo el costo de 124 millones de pesos, o la construcción de un parque infantil y gimnasio al aire libre en las veredas Peladero y San Pablo, en los que se le invirtieron 109 millones de pesos.

Aún quedan doce obras en estructuración que tendrán destinados 1.400 millones de pesos para su culminación. La construcción del centro educativo rural Nueva Esperanza, en la vereda Las Negritas es uno de ellos, además de casetas comunales, restaurante escolar, baterías sanitarias y mejoramiento de vías.

PNIS sin cumplimiento

Como en el resto de municipios que se acogieron al PNIS, en Cáceres también está atrasada su implementación. En 2013 el municipio tenía 143 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito y para 2017 aumentó a 1.943 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia.

Para salir de la esa ilegalidad, 1.671 familias se acogieron al PNIS, “de las cuales, por problemas y falta de documentación, el gobierno ha estado excluyendo a algunas, ahora quedan 1.200. El PNIS ha tenido dificultad porque no se han ejecutado rápido, por el contrario, la gente sigue esperando, pero no sabemos hasta cuándo iremos a aguantar”, asegura Rendón.

Estas familias han erradicado 900 hectáreas, pero los pagos no les han llegado. Ya van cinco meses sin que reciban lo acordado. A algunas veredas llegaron semillas y plántulas para reemplazar los cultivos de hoja de coca, sin embargo, los labriegos concuerdan en que no hay asesoría técnica para sembrar las mil plántulas de aguacate, 700 kilos de maíz, 22 mil plántulas de caña o las tres mil plántulas de guayaba.

Por los incumplimientos en el programa de sustitución varios líderes están pensando en hacer una demanda colectiva por la falta de pagos, pues ellos aseguran que cumplieron con la erradicación voluntaria; estuvieron en todas las reuniones, planeando, soñando el futuro de sus veredas, construyendo los PDET, pero ahora dicen que se están cansando de esperar. (leer más en: Campesinos de Tarazá, sin garantías en sus territorios)

“Pensábamos firmemente que el Acuerdo de paz iba a solucionar muchos problemas frente al tema de tranquilidad y de paz, pero eso no se ha dado. Sabíamos que era difícil que el Estado cumpliera ese acuerdo, pero el territorio no fue copado a tiempo y por el contrario se le dio ventaja a que entraran más grupos armados. Las comunidades nos sentimos solas. La idea con el Acuerdo era motivar la población para sostenerse en el territorio”, asegura Rendón, un poco desesperanzado con la situación de su municipio.

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“Resultan inconveniente conductas como la de la señora gobernadora de Córdoba (Sandra Devia Ruiz) que, ante un escenario de tal magnitud y gravedad, quiera hacer entender que los desplazamientos masivos -que vienen registrándose desde finales de marz- no guardan relación con el conflicto armado que se libra en el sur del departamento”.

La afirmación aparece consignada en una carta enviado por el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien a su vez ejerce la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), sistema de prevención creado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017 para atender de manera eficaz y oportuna todos los hechos que pongan en riesgo las poblaciones y la implementación del Acuerdo de Paz.

En la misiva, fechada el pasado 7 de abril, el Defensor del Pueblo le advierte a la Ministra del Interior que los riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de violaciones masivas a los derechos humanos reseñados por esa agencia del Ministerio Público en sendos informes, el más reciente de ellos, la Alerta Temprana 083-18 de octubre de 2018 para los municipios cordobeses de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador, no sólo han empeorado sino que, además, se han extendido a otros territorios como lo es el municipio antioqueño de Ituango. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)

En el documento, Negret le señaló a la titular de la cartera del Interior que las múltiples advertencias hechas con antelación por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre los riesgos en los que se encontraban líderes sociales, comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba no sólo se están materializando, sino que estos pueden seguir agravándose y extendiéndose a otros municipios si la institucionalidad no actúa con diligencia y prontitud.

En tal sentido, rechazó las afirmaciones hechas por la Gobernadora de Córdoba, quien, en declaraciones entregadas recientemente a medios de comunicación, desestimó que los desplazamientos masivos que vienen registrándose en amplias zonas rurales de las localidades de Puerto Libertador y Montelíbano obedecieran a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y que, más bien, se trataba de “problemas con los cultivadores de coca”. (Leer más en: Versiones contradictorias sobre grave crisis humanitaria en el sur de Córdoba)

“Esta desestimación pública realizada por autoridades nacionales y departamentales sobre el nexo causal entre la fuente de riesgo -a saber, los combates y disputas por el control entre grupos armados- y la afectación humanitaria que esta ha ocasionado sobre un amplísimo número de pobladores, contraría los deberes estatales de garantía de los derechos humanos e impide concentrar los esfuerzos en una respuesta rápida y efectiva”, expresó Negret en su oficio.

Incluso, el Defensor del Pueblo va más allá al señalar que, como dichas situaciones fueron advertidas con prontitud por la entidad que dirige, bien podría caber algún tipo de acción disciplinaria contra los funcionarios que hicieron caso omiso de las informaciones sobre violaciones masivas a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba.

“Las autoridades deben valorar que el artículo No. 8 del Decreto 2124 de 2019, señala que todas las actuaciones de la reacción rápida deberán realizarse con la debida diligencia y estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de que se falte a ella”, planteó el Defensor del Pueblo.

Sin garantías de retorno

El duro pronunciamiento del Defensor del Pueblo coincide con las denuncias hechas por organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos que tienen presencia en el sur de Córdoba sobre la persistencia de las agresiones, los ataques y señalamientos contra los líderes sociales y los labriegos que no acaten la orden de abandonar sus viviendas y desalojar completamente las veredas.

“Hoy se presentaron casos violatorios de la vida y la integridad cometidos por actores armados ilegales contra algunos campesinos desplazados que creyeron la versión de ‘seguridad’ que difundió la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, y el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército”, denunció mediante comunicado público de fecha del 10 de abril la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor).

De acuerdo con la denuncia, hace un par de días, dos campesinos que salieron desplazados de la vereda Santa Rosa, en el municipio de Puerto Libertador, decidieron regresar a sus predios confiados en el reporte de seguridad de las autoridades civiles y militares, pero, al llegar, fueron abordados por miembros de un grupo armado ilegal que los acusó de ser integrantes de la estructura criminal adversaria. Los labriegos fueron golpeados e, incluso, uno de ellos tuvo que ser atendido en el centro de salud del corregimiento Juan José, a donde llegó por sus propios medios.

“Como organización campesina, en nombre de todos los desplazados, solicitamos se atienda con urgencia esta calamidad y exigimos a la Gobernadora de Córdoba y a la Fuerza Pública no hacer acción con daño. Rechazamos con vehemencia que se genere un ‘clima de seguridad’ que no existe y se ponga en alto riesgo a la población civil víctima de este tan lamentable como es el desplazamiento forzado”, reseñó Ascsucor en su comunicado.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde el 21 de marzo a la fecha se han registrado cuatro éxodos forzados masivos en las veredas Flechas, de Ituango, Antioquia; y en las veredas de Puerto Libertador, Santa Rosa; Soledad, Rogero; Río Sucio; Jagua; Puerto Mutatá; Rogerito; Santa Bárbara; La Ye; Buenavista.

También se presentaron desplazamientos forzados de los resguardos del pueblo Emberá Katío que afectó las veredas Chazadó; Ibudó – Tres Playitas; Rogero; Dokonoa – Río Sucio; Biduadó – Soledad; Origuiadó – Barranco Colorado; Egorobadó – El Barro y Tubudó – Candelaria.

Según la Personería de Puerto Libertador, 702 familias se han desplazado de manera forzada, involucrando a 2.046 personas, entre ellas 184 indígenas del pueblo Emberá Katio y un número indeterminado de indígenas Zenúes. Todos ellos se encuentran alojados en improvisados albergues instalados en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador. Sin embargo, la magnitud del hecho rebosó la capacidad de respuesta por parte de las entidades municipales, situación que tiene sumida en una compleja crisis humanitaria a este municipio.

La situación ha llegado a tal extremo que, según informó la Defensoría del Pueblo, un grupo de por lo menos 1.200 labriegos que salieron expulsados de sus veredas decidieron tomarse las instalaciones de la Institución Educativa Santa Teresa, del corregimiento Juan José, lo que ha impedido que los 1.200 estudiantes que hacen parte de este centro educativo continúen con sus actividades académicas.

Panorama complejo

¿Pero qué sucede en el sur de Córdoba? Cómo lo reseñó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la crisis humanitaria que padecen las comunidades e esta región se debe a los choques armados que libran desde hace varios meses el Frente Rubén Darío Ávila de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) contra una disidencia de las Farc autodenominada ‘Frente 18 Camarada Román Ruiz’ que, en alianza con el Frente Virgilio Peralta Arenas, también conocido como ‘Caparrapos’, buscan el control territorial, poblacional y de las rentas derivadas de los eslabones del narcotráfico, la minería legal e ilegal y las extorsiones. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

“Desde octubre de 2018 se incrementó la frecuencia de los enfrentamientos armados entre las estructuras del nuevo Frente 18 de las Farc contra la estructura rural de las Agc, conocida en el pasado como Frente Móvil Sur, la cual fue parcialmente diezmada por el Frente 18 ‘Camarada Román Ruíz’ a través de tácticas de guerra de guerrillas. Esta situación motivó el envío de un contingente armado de combatientes experimentados desde la región del Urabá, quienes se han identificado como ‘fuerzas especiales’ de las AGC”, detalló la Defensoría del Pueblo.

Así, la guerra aumentó en intensidad. De hecho, según denunciaron organismos humanitarios y comunitarios del sur de Córdoba, el pasado 9 de marzo se registró un feroz combate que dejó, al parecer, un saldo de 18 combatientes de las Agc muertos y un número indeterminado de heridos.

Un analista del conflicto armado que ha hecho trabajo de campo en esta complicada región del norte del país, le planteó a este portal que lo grave es cómo el Estado ha concebido el enfrentamiento con estos grupos criminales: “Gran parte de lo que ocurre entre Agc y ‘Caparrapos’ es, justamente, el manejo de corto plazo que se le a estos grupos, basados en resultados operacionales y captura de gente”.

La fuente consultada, que pidió la reserva de la fuente por razones de seguridad, dijo que las explicaciones de la gobernadora de Córdoba a la crítica situación en el sur del departamento desconocen la incapacidad del Estado en enfrentar estas realidades y a una mala implementación del Acuerdo de Paz, “que viene del gobierno anterior y que el actual gobierno está desfinanciando”, entre ellos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).

“Eso está constituyéndose en un factor que están usando los grupos armados ilegales en términos políticos para decirle a la gente que el Estado no está cumpliendo, lo que puede alterar aún más la situación”, dijo el analista.

Otro factor que destacó el consultado es la desconfianza de las comunidades en las autoridades locales. “Muchas de ellas están confinadas y no denuncian porque no confían en el Estado”, detalló, y agregó que en la región se sospecha que agentes de Policía y del Ejército estarían en la “nómina” de las Agc.

De otro lado cuestionó las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Aquiles, que opera en la región desde enero pasado, y de la efectividad del Ciprat: “En términos de desmantelamiento de las estructuras criminales no está sucediendo. ¿Por qué se reactivó la violencia en esta zona del país? ¿Qué factores están incidiendo para que todo esto ocurra? ¿Por qué son tan inefectivas las alertas tempranas? Alguien tendrá que responder”.

Los análisis indican que el corredor del narcotráfico que va del Bajo Cauca antioqueño, pasa por el sur de Córdoba y llega al Golfo de Urabá no ha sido afectado de manera drástica, lo que hace suponer que la confrontación armada por su control va para largo.

En ese sentido, la Defensoría también llamó la atención sobre un tema grave para las comunidades: “No se descarta que, como consecuencia de las hostilidades, estos territorios se encuentren contaminados con municiones sin explotar y otros remanentes de guerra, que puedan poner en riesgo la vida o bienes de las comunidades”.

Los reportes de esa agencia del Ministerio Público registran, en efecto, varios accidentes con estos mortales artefactos: “En la segunda semana de diciembre de 2018, en la vereda Río Sucio, un perro activó un artefacto explosivo ubicado a 30 metros de dos viviendas; el 28 de febrero de 2019, dos mulas en las que se desplazaban dos jóvenes de la vereda Santa Rosa activaron a su paso un artefacto explosivo ubicado en el camino por donde se desplazaban, lo cual ocasionó lesiones menores a los campesinos que debieron lanzarse a las aguas del río San Jorge para poder llegar a Juan José. El temor a sufrir agresiones por parte de los actores armados ilegales presentes en el territorio inhibe la denuncia”.

En medio de este complejo panorama están quedando los líderes comunitarios, los defensores de derechos humanos y los voceros de diversas organizaciones sociales, quienes deben enfrentarse a constantes amenazas de muerte proferidas por los actores armados en disputa, tal como lo documentó el Defensor del Pueblo.

“El 30 de marzo de 2019, líderes sociales de Ascsucor, de Anzorc, de la Coccam, de Funsac; y de Cordobexia fueron informados de la realización por parte de supuestos integrantes de las Agc, de una reunión clandestina en los alrededores del corregimiento Juan José, en la cual se acordó ‘pedir permiso a su autoridad superior para asesinarles debido a las denuncias realizadas desde el 21 de marzo de 2019 relacionadas con el desplazamiento masivo de veredas de los corregimientos Tierradentro y Juan José y por negarse a asistir a una reunión a la cual habían sido convocados el 27 de febrero de 2019’  por miembros de esta agrupación armada ilegal”, consignó el Defensor del Pueblo en oficio enviado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Las intimidaciones también se han extendido a servidores públicos de Puerto Libertador, tal como lo reseñó el Defensor del Pueblo: “La circulación de panfletos atribuidos a diversas organizaciones armadas ilegales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas -Caparrapos-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -Agc- y Nuevo Frente 18 de las Farc, en los cuales realizan amenazas con nombres propios de funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Desarrollo Básico Social de Puerto Libertador, transportadores fluviales de Juan José, líderes sociales, así como otras de carácter indiscriminados contra la población civil, entre ellos personas con aspiraciones políticas”.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo le solicitó a la Secretaría Técnica del Ciprat “tramitar de manera inmediata ante las autoridades competentes este oficio como una Alerta Temprana de Inminencia, realizando la respectiva sesión de la Ciprat para que se adopten las medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes de los municipios objeto de la advertencia”.

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“En este momento hay veredas como La Envidia, La Unión, La Esperanza y El Triunfo en las que vivían, póngale usted, en promedio unas 50, 60 familias. Hoy sólo quedan, en total, una o dos familias si mucho. La cosa está bien jodida porque todos los días uno ve que se va y se va gente”, relató Luis*, habitante de Tarazá, donde el éxodo forzado de campesinos ya adquirió dimensiones preocupantes.

Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas, unas 11.563 personas declararon haber sido desplazadas forzosamente entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de este año en Antioquia, lo que representa un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron unas 7.810 personas víctimas de ese flagelo. De ellas, unas 5.948 personas (el 51 por ciento) corresponden sólo a dos municipios del convulsionado Bajo Cauca antioqueño: Cáceres y Tarazá.

De acuerdo con lo consignado en el Registro Único de Víctimas, 2018 se convertirá en el año que más personas fueron expulsadas de Cáceres: en total, 3.108 personas han debido dejar sus tierras a la fuerza. La cifra supera, incluso, lo registrado en 2011, cuando grupos armados sucesores del paramilitarismo protagonizaron vendettas, disputas y confrontaciones armadas en todo el Bajo Cauca antioqueño que dejaron un saldo de 1.663 personas desplazadas forzosamente, el pico más alto hasta ahora registrado en esta población.

“Aquí en el pueblo el desplazamiento se siente con fuerza en el casco urbano”, cuenta un poblador de Cáceres, quien pidió omitir su identidad. “Los grupos armados impusieron eso de las ‘fronteras invisibles’ como en Medellín: si usted es de (barrio) Costa de Oro no puede ir a Moisés Gómez. Han matado mucha gente por eso, por cruzas esas fronteras, por eso la gente se ha ido. Todos esos barrios a orillas del Cauca están prácticamente desocupados”.

La situación es igual de compleja en el vecino municipio de Tarazá. Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 1 de noviembre de este año unas 2.840 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, cifra que representa un dramático incremento con respecto al 2017, cuando fueron reportados unas 489 personas, mientras que en 2016 tan sólo 353 personas padecieron el éxodo forzado. Tal cantidad de personas que son expulsadas a la fuerza o que huyen de la violencia no se veía desde 2013, cuando 2.471 personas salieron de sus tierras.

Caucasia (Bajo Cauca) e Ituango (Norte) son los otros municipios que este año presentan preocupantes incrementos de víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de nuevas dinámicas de violencia. En el caso del primero, los registros señalan que hasta el 1 de noviembre de este año unas 962 personas fueron expulsadas a la fuerza, cifra que dobla la registrada en 2017, cuando fueron desplazadas 308 personas. Con respecto a Ituango, en lo que va corrido del año han sido reportadas como víctimas de este flagelo unas 718 personas, mientras que en 2017 tan sólo 223 personas fueron registradas como desplazadas forzosamente.

Aunque las cifras oficiales ya son dramáticas, estas podrían ser mucho mayores: “Hay gente que se va y no le dice a nadie, para no ‘calentarse’ o no tener problemas o para que, simplemente, la gente no se dé cuenta que se fue”, relató Luis.

“La preocupación aquí -continuó- es que muchas de las personas que se han ido eran beneficiarias de programas como el PNIS y entonces no sabemos qué va a pasar con eso, con los proyectos productivos, que el gobierno los entrega, pero si uno está en el territorio. Pero si uno no puede estar en el territorio por la violencia, entonces, ¿qué pueden hacer ellos?”.

El PNIS al que hace referencia Luis es el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, una iniciativa que surgió del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc como uno de los mecanismos para fortalecer el paso voluntario de la ilegalidad a la legalidad de quienes siembran en sus parcelas hoja de coca.

Este programa supone unas ayudas económicas y asistencia en proyectos productivos para las familias que se hayan comprometido con el gobierno nacional a arrancar las matas y a dejar la ilegalidad. Pero tal como lo advierte Luis, varias de ellas se están desplazando de manera forzada hacia otras regiones y no es claro si pueden o no seguir recibiendo el aporte en plata.

Situación crítica

A las autoridades civiles municipales y departamentales les preocupa que la confrontación armada en el Bajo Cauca antioqueño entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, y el autodenominado Frente Virgilio Peralta, conocido en la región como ‘Caparrapos’, no cede ni en furia ni en intensidad y, en consecuencia, el drama del desplazamiento forzado podría recrudecerse aún más en las próximas semanas. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

De hecho, esta guerra, que inicialmente se concentró en Caucasia, Cáceres y Tarazá, ya se extendió a otros municipios de la región como El Bagre; a vecinas localidades del norte de Antioquia como Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia; a y otras zonas del sur de Córdoba, como San José de Uré, Montelíbano y Tierralta, donde ya se sienten los impactos humanitarios por cuenta de esta disputa por el control territorial. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)

En el municipio de El Bagre, por ejemplo, líderes comunitarios, organismos humanitarios y defensores de derechos humanos denuncian un incremento de los asesinatos, las balaceras y los ataques sicariales en el casco urbano durante los últimos dos meses, al parecer, por la llegada de los ‘Caparrapos’, quienes, al parecer, pretenden disputarle el dominio que sobre ese territorio han mantenido las ‘Agc’ durante varios años.

“Hasta hace poco había un sólo grupo dominante en el pueblo, ahora hay dos, y hasta tres, y uno no sabe ya quién es quién. Se dice que son ‘Caparrapos’, que son ‘Agc’”, denuncia un poblador de El Bagre, quien también pidió omitir su identidad. “Eso en el casco urbano, porque en lo rural el cuento es otro: por donde se movía las Farc, como (corregimiento) Puerto López, ahora están los ‘elenos’ y están muy fuertes”.

Como si fuera poco, recientes informes emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advierten la aparición de estructuras disidentes de los antiguos frentes 18 y 36 de la extinta guerrilla de las Farc, lo que conflictúa aún más el escenario de disputa armada.

Según la Alerta Temprana 038-18 del pasado 25 de noviembre, en zonas rurales de municipios como Puerto Libertador y Tierralta se advierte la presencia de hombres armados que se autodenominan “Nuevo frente 18-Román Ruiz-Cacique Coyará”, quienes estarían dispuestos a recuperar corredores de movilidad entre Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Nudo de Paramillo, que en el pasado reciente estuvieron bajo dominio de la extinta guerrilla de las Farc y varios de los cuales fueron copados por las Agc.

“Este contexto de creciente hostilidad entre los grupos armados ilegales tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos que intentan administrar justicia, reivindicar derechos y contribuir a la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz”, consigna la Alerta Temprana.

Y advierte que “la reconfiguración de las organizaciones armadas ilegales y la aplicación de acciones y mecanismos violentos de control social en la jurisdicción de los municipios enunciados, en la actual coyuntura evidencia un profundo terror entre los habitantes, ante probables atentados contra la libertad e integridad personal, la restricción de la movilidad, la desarticulación de los procesos sociales, la fragmentación de la confianza comunitaria y los desplazamientos forzados, entre otras infracciones al DIH”.

Al evaluar la situación de alto riesgo de vulneraciones de derechos humanos en que se encuentrna las comunidades del sur de Córdoba y el Bajo Cauca, el SAT de la Defensoría llama la atención sobre el papel de la Fuerza Pública, tras señalar que “la expansión territorial de las AGC y el control del amplio corredor de movilidad que integra las subregiones de Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, se considera que se ha facilitado por la lógica contrainsurgente que ha priorizado la Fuerza Pública en estos casos”

Para esta Agencia del Ministerio Público, “el énfasis en las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública se puede evidenciar a partir de la observancia de la actual existencia de los dispositivos militares de la región: sólo permanece la Brigada 11 mientras que antes de la desmovilización de las Farc-EP, operaban en Córdoba la Brigada 11, las Brigadas móviles 16, 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva –FUCAD”.

Entre las comunidades campesinas e indígenas que habitan el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba persiste la misma sensación. “¿Cómo es posible que yo, que todavía me puedo mover por las veredas haciendo trabajo comunitario, me encuentro siempre a los armados, que ni siquiera sé quiénes son porque todos visten de negro o de camuflado, a los soldados y a la policía, pero la policía y el ejército nunca ven a los bandidos, ¡nunca!?”, se pregunta un líder comunitario de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. (Leer más en: Confrontación armada afecta restitución de tierras en el Bajo Cauca antioqueño)

Medellín, el gran refugio

Ante el complejo panorama de orden público que viven tanto el Bajo Cauca antioqueño como el sur de Córdoba, Medellín se está convirtiendo en la ciudad receptora de población desplazada proveniente de estas regiones. La capital antioqueña también registra notorios incrementos en cuanto al número de personas que han llegado este año solicitando ayuda humanitaria por desplazamiento forzado, en comparación con años anteriores.

Un informe del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín revela que entre enero y octubre de este año fueron atendidos unas 12.158 personas en situación de desplazamiento, casi el doble de las atendidas en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron atendidas unas 6.122 personas. Un grueso número de dichas personas provienen, precisamente de las regiones del Bajo Cauca y Norte de Antioquia.

El monitoreo hecho por esta dependencia muestra que, a 25 de noviembre pasado, unas 5.247 personas que salieron expulsadas forzosamente de los seis municipios del Bajo Cauca llegaron a Medellín en busca de ayuda humanitaria. De ellas, unas 3.251 personas provienen de Tarazá; 924 personas de Cáceres; otras 681 salieron desplazadas de Caucasia; mientras que unas 673 personas llegaron desde Ituango; 336 de Valdivia; y 182 de Briceño.

Sólo en la semana comprendida entre el 19 y el 25 de noviembre arribaron a la capital antioqueña 77 grupos familiares (unas 300 personas aproximadamente) que declararon ser víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, unas 11 familias provenían de Tarazá y 5 más de Ituango, mientras que otras más llegaron procedentes de Caucasia, El Bagre y Cáceres (tres cada una), y de los municipios cordobeses de Montelíbano (una) Ayapel (tres) y Montería (uno).

La compleja situación fue reconocida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien durante la audiencia que tuvo ante la Corte Constitucional, el pasado 29 de noviembre, expuso cómo la confrontación armada que está teniendo lugar en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, así como en el sur de Córdoba, está generando incrementos en la dinámica de desplazamiento forzado, aumentando significativamente el número de víctimas de este flagelo que han llegado a la ciudad en busca de ayuda humanitaria. (Leer más en: Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño)

“Desde el 1 de enero de 2018 a hoy, hemos recibido y atendido el 100 por ciento de la población desplazada, sumando 4.859 personas provenientes del Bajo Cauca con un incremento muy superior al que se tenía de años anteriores por el fenómeno del conflicto. A la fecha, 1.099 personas también llegaron del nordeste antioqueño, principalmente de Briceño, Ituango y Valdivia”, detalló Gutiérrez ante los magistrados.

La compleja situación de orden público en el Norte y el Bajo Cauca, que se refleja en Medellín, parece no tener fin y, tal como lo advierten pobladores y organismos humanitarios, el temor es que sigan impactando a las comunidades, y de no tomarse medidas adecuadas, el desplazamiento forzado no tendrá freno.

(*) Nombre cambiado por razones de seguridad

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