Al desplazamiento, silenciamiento y otras violencias se enfrentan decenas de mujeres reclamantes de tierra y defensoras del territorio en Carmen del Darién, Unguía y Riosucio, en Chocó. Según ellas, los lugares que habitan son dominados por grupos armados y terceros que tienen intereses en la ganadería o la agroindustria.

“Mientras uno está acá, lo llaman para decirle: ‘asesinaron a tal líder’”, expresó, con dolor e impotencia, una mujer negra de Riosucio, Chocó, que tiene un turbante en la cabeza y una sola trenza sujetándole el pelo. 

“La violencia no ha cesado —continuó—. Ahora lo hacen diferente, hay una violencia de silencio y es que tu no puedes decir nada. Si quieres estar dentro del territorio debes estar callada. Saber que se le llevaron su hijo, que le asesinaron su hijo, que le violaron a su hija… es duro no poder decir nada. Es algo que te mata desde el alma, el espíritu. ¡Es frustrante! Esa es la guerra que se está librando en los territorios: el silencio”.

Su voz se escuchó alrededor de una mandala de alimentos y plantas tradicionales del Pacífico, elaborado por un grupo de mujeres, negras e indígenas, reclamantes de tierra y defensoras del territorio del Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, municipios del Bajo Atrato chocoano, como preámbulo a la presentación ante Nadiezdha Henriquez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los problemas que afrontan por los intereses de los grupos armados y económicos dedicados al acaparamiento de las tierras de la región.

Estos intereses se extendieron por las ricas tierras del Bajo Atrato desde finales de la década del noventa, cuando empresarios y ganaderos se hicieron a tierras abandonadas forzadamente por las comunidades étnicas, para llenar el territorio de árboles de teca, semovientes, banano y palma africana. 

En el caso de la palma, esas plantaciones fueron caracterizadas por la justicia como un “complejo engranaje criminal” que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada para impulsar la extracción de aceite. Así, empresarios ponían el capital y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conducidas por Vicente Castaño, aportaba los terrenos que habían adquirido en negocios en los que sus ejércitos ilegales imponían los precios de compra o que obtenían asesinando selectivamente y desplazando a las comunidades (Leer más en A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó y “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)

Sin embargo, poco se ha hablado de las afectaciones que durante tantos años padecieron las mujeres de esa zona del Pacífico y que persistieron entre 2011 y 2021, lapso en el que se cumplieron 10 años de haberse promulgado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. (Leer más en Diez puntos clave de la Ley de Víctimas)

Curiosamente, cuando entró en vigencia ese mecanismo de reparación, las mujeres de Carmen del Darién recordaron que para esa  época ingresaron a sus territorios ‘Los Rastrojos’, un grupo armado surgido de las entrañas del narcotráfico del norte del Valle del Cauca y potenciado tras la desmovilización de las Auc. Tras ellos llegó una proliferación de amenazas contra las comunidades.

Poco más de una década después, todas coincidieron en que el territorio del Bajo Atrato, que en el pasado se disputaron las Farc y las Auc, hoy está cooptado por el grupo de origen paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Agc).

La zona montañosa que está al occidente del municipio de Unguía “es de los armados”, afirmó, en diálogo con VerdadAbierta.com, una lideresa del municipio que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad. “Hay que avisarle a ellos —las Agc— cuando llega una persona distinta del territorio”, dijo otra mujer y una más complementó: “los actores armados están como primera ley, no hay garantías para representar los procesos”.

La voz de estas mujeres quedó recogida en el informe Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato,  que le fue entregado hace un par de semanas a la JEP en un evento realizado en el municipio de Apartadó, Antioquia, y cuyo proceso de elaboración fue apoyado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), en desarrollo del proyecto Vamos por La Paz, integrado por trece organizaciones de la sociedad civil colombiana y por diez organizaciones de la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS).

Las mujeres que hicieron parte del proceso de elaboración del informe ratificaron una visión innegociable: que los cuerpos de las mujeres indígenas y negras del Bajo Atrato están vinculados con sus territorios. Es ese lugar donde están los sueños, los temores o la memoria, y que se concibe de manera comunal, ancestral, para compartir y sobrevivir en la tierra.

“Las violencias contra las mujeres y sus impactos suelen ser consideradas ‘menos graves’ o simplemente parte de la experiencia de ‘ser mujer’”, llama la atención el documento. La razón, según la investigación, es que en contra de ellas se expresan formas de exclusión y marginación históricas, ejercidas “en razón de construcciones de raza y clase que recaen sobre las mujeres y sus territorios desde el proceso de colonización”.

El Bajo Atrato se debate entre territorios colectivos de consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas y propiedad privada, en algunos casos traslapadas con territorios colectivos, lo que hace más intensa las disputas por la tierra. La investigación recalca que en esa región hay quince resguardos indígenas y veintidós consejos comunitarios conformados, muchos de los cuales se encuentran en pugna con terceros por la tierra.

“Para las mujeres —asevera el informe—, la zona cercana a la casa es, justamente, la que usan para el cultivo de pancoger, para la cría de animales de corral y la siembra de hierbas medicinales”. 

En una de las sesiones que las organizaciones realizaron para construir este documento, recogieron la voz de una mujer negra de Carmen del Darién que expresó la relación de ellas con la tierra: “La mujer, así supiera que se va a desplazar, siempre está pensando dónde sembrar la cebolla, poner su planta, así supiera que se tiene que ir pronto de ahí”.

Esta visión sobre el territorio ha sido difícil de conciliar. Según este informe, las comunidades negras han fijado más su relación con la tierra como patrimonio, mientras que los ganaderos o empresarios agroindustriales “considera las tierras de la subregión como baldíos de la Nación ineficientemente explotadas y marginadas de las tendencias del desarrollo”. En resumen es concebir a la tierra y el territorio como bienes por explotar.

Así se lo recordó una mujer negra de Riosucio a la magistrada Henriquez, para que sea tenido en cuenta en el macrocaso abierto  por la JEP a través del cual se investiga la situación territorial  de la región de Urabá, que abarca municipios de Antioquia y  Chocó: “En nuestra comunidad, la cuenca de los ríos La Larga y Tumaradó se está viviendo una violencia hacia la mujer por parte de grupos al margen de la ley y de empresarios que ven la naturaleza como un sujeto de extracción, igualmente que el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer del Bajo Atrato tiene un vínculo, un tejido muy fuerte con la naturaleza”.

“Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”, sentenció un mujer del Bajo Atrato que pido mantener su nombre en reserva cuando piensa en los actores armados ilegales y los empresarios que ejercen poder en sus territorios ancestrales. (Leer más en: En La Larga-Tumaradó temen aumento de violencia contra reclamantes y Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)

Mapeando el Bajo Atrato

Las investigadoras del CINEP se valieron de líneas de tiempo y cartografías sociales para recoger con las comunidades la información y hacerle frente al miedo. “El temor y la desconfianza permanentes, derivadas de la presencia de los actores armados y no armados en el territorio, hizo que los encuentros estuvieran llenos de silencios, precisiones que no se podían realizar y una sensación permanente de incertidumbre”, explica el documento.

Una de las situaciones identificadas a través de esas cartografías aplicadas en Carmen del Darién y Unguía fue que sobre los ríos y afluentes de esa región las mujeres sienten miedo y dolor. Principalmente porque han sido usados para la desaparición de cuerpos y por el incesante control que los grupos armados que navegan sus aguas imponen a ciertas horas y tramos. 

Actualmente, según dijeron varias lideresas en conversaciones con este portal, los brazos de agua se están viendo comprometidos con el cultivo y procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito. “Esos químicos nos afecta a nosotros como comunidad, nos afecta la naturaleza, el agua. Nosotros sin agua no somos nada”, afirmó una de ellas.

Las mujeres son testigos de cómo en los últimos años en sus municipios han incrementado los sembradíos del cultivo ilegal. “Hay intereses de los grupos armados relacionados con la siembra de cultivos ilícitos”, resaltó una joven reclamante de 17 años de Riosucio. 

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Unguía pasó de 12,67 hectáreas cultivadas en 2019 a 175,24 hectáreas en 2020; Riosucio, de 148,83 hectáreas en 2019 a 155,65 hectáreas en 2020. En el Carmén de Darién es lo contrario: pasó de 232,42 hectáreas en 2019 a 192,67 en 2020.

El informe reconoce que en Curvaradó (Carmen del Darién), las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Andalucía, Costa Azul, Camelias, Guamo, Caño Manso y Caracolí son consideradas lugares relativamente seguros ante la presencia de los actores armados porque por allí no suelen transitar y por el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales. 

Sin embargo, la presencia de personas vestidas de civil que hacen parte de las Agc, llamados ‘puntos’, las hacen sentir inseguras, pues cumplen el rol de informar a sus superiores los movimientos de las comunidades por ríos y carreteras. “Jovencitos que estudiaron conmigo en el colegio ahora uno los ve con armas como ‘puntos’ dando permiso a una para entrar al territorio”, contó una joven lideresa reclamante de tierras de Riosucio. “La necesidad empuja a la gente a esas dinámicas”, lamentó.

De otro lado, las comunidades embera de Alto Guayabal que establecieron su territorio a inmediaciones del río Jiguamiandó tienen varios lugares sagrados a los que no pueden acceder porque las Agc y la guerrilla del Eln transitan por esos sitios. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

La violencia sexual fue puesta sobre la mesa especialmente por mujeres de Unguía. Las amenazas y otras acciones de violencia sexual contra ellas han sido usadas como medios para amedrentar sus liderazgos. “A mí me llegaron ofreciendo plata por mi hija. Yo dije ‘yo no voy a vender a mi hija’. Pero hay muchas madres que lo hacen”, expresó una lideresa que prefirió mantener la reserva de su nombre.

En el caso de las mujeres del resguardo Arquía, su territorio está cercado por fincas ganaderas y en la zona aledaña a la frontera con Panamá con cultivos de hoja de coca, lo que implica que para moverse por la región deben atravesar predios de terceros. Y eso resulta peligroso. 

Retorno incierto

El cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes contenidas en las sentencias de restitución de tierras son factores que las mujeres resaltaron con preocupación. El incumplimiento de las condiciones para que las mujeres puedan disfrutar de sus territorios se ha traducido en que muchas de ellas y sus familias no hayan retornado a los predios de donde se desplazaron en el pasado por la fuerte presencia de grupos armados.

En 2015,  un equipo de investigadores del CINEP elaboró un documento para la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el que encontró que dentro del consejo comunitario de Larga y Tumaradó existen por lo menos 413 predios individuales, que suman 34 mil hectáreas, registrados y traslapados con el territorio colectivo de las comunidades negras. 

Desde 2012, cientos de familias han regresado por su propia cuenta a los predios que reclaman ante la justicia transicional. Acciones que fueron respondidas con operativos de desalojo ordenados por los inspectores de Policía de Riosucio, Chocó y de Mutatá y Turbo, Urabá antioqueño. (Leer más en Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)

La situación escaló la violencia en la región hasta que el 12 de diciembre de 2014, el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó profirió el Auto Interlocutorio 00181, mediante el cual impuso medidas cautelares tendientes a proteger a 39 familias negras y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, una de las 48 que integra el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó. Sin embargo, las lideresas denuncian que las 15 medidas dictadas por la justicia pocas se han cumplido. (Descargar Auto 00181)

Por ello, una mujer de la comunidad Madre Unión, del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, espera que por parte de la JEP salgan otras medidas cautelares e hizo una solicitud: “Como mujer, como madre maltratadas, violentadas del Bajo Atrato, que se tenga prioridad con las mujeres en esas medidas cautelares, que se nos brinde la protección necesaria para poder nosotras participar en estos espacios”.

Y alertó al tribunal de justicia transicional. “Participar en estos espacios para nosotros es riesgoso. Cuando regresemos a nuestros territorios nos vamos a encontrar con el terrateniente, con el empresario, con los grupos al margen de la ley como son las Agc”. Todos, aseveró, les pedirán que rindan cuentas de su viaje fuera de sus territorios.

En otros casos, como el del resguardo embera Eyakera, que desde 2016 el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó ordenó la restitución de cinco mil hectáreas a la comunidad indígena, se debaten entre tener el territorio y enfrentarse al tránsito de actores armados ilegales y colonos que llegan a talar los bosques.

El del resguardo Eyakera, no es el único caso. “Si bien el Tribunal de Antioquia, mediante la sentencia 022 de 2018 ordenó la restitución de los derechos territoriales étnicos sobre 1.397 hectáreas a la comunidad de Tanela, según las mujeres este proceso ha presentado múltiples dificultades que aún no tienen solución”, detalla el informe.

La comunidad Embera Katío de Tanela afronta un situación tensionante con los ganaderos que colindan con su territorio. Sus lideresas aseguran que han venido corriendo los límites de sus fincas, muchas de las cuales sirven como el medio para que los indígenas generen recursos económicos trabajando en ellas.

“La situación se agrava porque los sitios sagrados de las comunidades de Tanela, como el punto Morrocoy, están en los predios de los ganaderos y no pueden acceder a ellos. Así, si bien en principio y legalmente, los derechos territoriales de la comunidad de Tanela sobre su territorio están reconocidos, el Estado no ha garantizado su goce efectivo, y principalmente, las mujeres siguen viviendo confinadas en pequeñas comunidades que están en medio de grandes propiedades”, alerta el informe de CINEP.

Una situación similar atraviesan en el municipio de Riosucio las mujeres de los consejos comunitarios de los ríos La Larga y Tumaradó, y Pedeguita Mancilla. El informe advierte que la movilidad mediante el transporte fluvial se ha visto deteriorada debido al desecamiento, la contaminación y la sedimentación de los ríos. 

Como los afluentes, el cerro Cuchillo posee un importante valor sociocultural, pero sus alrededores “han sido enormemente afectadas por la deforestación para ganadería extensiva y aprovechamiento forestal, repercutiendo en los ecosistemas y, por supuesto, en el buen vivir de las mujeres y sus comunidades”, se lee en el informe.

Las mujeres sienten que la mayor parte del territorio es inseguro, saben que el municipio es un corredor de movilidad entre el municipio de Bahía Solano, en la costa del Pacífico chocoano y Panamá. “El poder es lo que nos afecta”, dijo una mujer negra tras recordar el movimiento de armas y narcóticos que se da por los ríos que cruzan sus territorios.

“Para las mujeres de ambos consejos, la llegada de terceros ajenos al territorio colectivo, llamadas no ancestrales, es también fuente de conflicto, ya que por tener intereses económicos en la región, generaron estrategias de repoblamiento con personas provenientes de otros lugares del país. A la par, aliándose con grupos armados, han buscado debilitar el tejido social y organizativo, y en ocasiones, incluso, promover venta de terrenos al interior del territorio colectivo, interviniendo en los espacios de decisión de las organizaciones étnico-territoriales, buscando posicionar allí personas afines a sus intereses”, reitera el informe. 

Si bien las mujeres identificaron la mayor parte del territorio de sus consejos como inseguro, exceptuaron a la comunidad de Santa Cruz de la Loma, al que consideraron como un lugar respetado, por cuanto hay un nivel organizativo fuerte.

Al referirse al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, el informe indica que persisten las afectaciones generadas por la Operación Génesis, que propició uno de los desplazamientos y posteriores despojos más grandes que ha padecido el país. “Es una referencia central en la memoria y en la forma en que las mujeres narran y mapean su territorio actual”, dice el informe.

El 24 de febrero de 1997, las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritos a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc, según versiones dadas ante los tribunales de Justicia y Paz por el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘El Alemán’) 

Las tropas militares, bajo el mando del entonces general Rito Alejo del Río, comandante de  esa guarnición militar y conocido como ‘el Pacificador del Urabá’, se movilizaron por aire con paramilitares y libraron una guerra contra las unidades guerrilleras asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, afluentes del río Atrato en el municipio de Riosucio. Esto, y la posterior decapitación del campesino Marino López por parte de paramilitares, provocó el desplazamiento de por lo menos cuatro mil personas de la región. Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado. (Leer más en: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)

“Y hasta luego, Marino López. Tu memoria quedó aquí. Adiós, casita bonita. Casa donde yo viví. Santo Dios y Santo fuerte. Santo fuerte y Santo Dios”, cantó un alabao una mujer negra de Riosucio durante la presentación del informe ante la JEP, en memoria de los atroces hechos que ocasionaron con aquella operación tropas estatales y paramilitares.

Persiste la lucha

Detrás del despojo material de las comunidades sobre sus territorios se sumó el despojo jurídico, en los que en papeles notariales se formalizó el robo de tierra ancestral de los pueblos étnicos del Bajo Atrato. Años después esas estrategias delictivas salieron a la luz. 

En septiembre de 2013 el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó la cancelación de las escrituras 735 del 8 de octubre de 2002 y 767 del 10 de septiembre de 2004, suscritas en la Notaría Única de Carepa, Urabá antioqueño, que fueron destinadas por los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque para la implementación del proyecto agroindustrial de la palma.

Como lo registró este portal, Zea y Duque crearon la empresa Promotora Palmera de Curvaradó (Palmadó Ltda), con el fin de participar en un  extenso proyecto de palma africana en el Bajo Atrato Chocoano, liderado por el exjefe paramilitar Vicente Castaño.

Una mujer negra de esa región, que fue víctima de ese sistema de despojo advirtió que no está en disposición de permitir un nuevo episodio de estos: “Las mujeres vamos a estar ahí dando la pelea porque no nos vamos a desplazar”.

Al respecto, en conversación con este portal, una mujer de la cuenca del río Cacarica, Riosucio, insisto en que “una de nuestras fortalezas es no volver a pasar por lo que vivimos en el 97 —la Operación Génesis—. Nosotros sufrimos mucho a través del desplazamiento y seguimos sufriendo aún. No queremos que se repita un nuevo desplazamiento. Seguimos peleando y seguimos reclamando desde nuestro territorio. Eso es lo que nos da la fuerza porque ahí está la vida. Ahí está la esperanza. Toda nuestra vida ha estado ahí”.

Violencias múltiples

El  reciente informe presentado a la JEP evidencia la poca representación de las mujeres en el proceso de restitución de tierras, en comparación con los hombres. Su rol en las comunidades ha sido relacionado con las labores del cuidado a las que, históricamente, han sido relegadas. 

“Por ejemplo, para venir hoy al taller, me levanté a las 4:30 de la mañana a organizar la casa, dejar comida hecha, los niños organizados para el colegio, todo”, ilustró una de las mujeres negras de Riosucio que participó en el proceso de elaboración del informe.

La participación de las mujeres en procesos sociales o en reclamaciones de tierras genera expresiones del machismo que les recuerdan que ellas solo viven para la crianza de los hijos. “En algunos casos sufrimos de estigmatizaciones y se nos tilda de ‘malas madres’ por andar en las reuniones”, expresó una mujer negra de Riosucio en uno de los talleres previos. “Los padres los engendran y se van, ellos no tienen que ver, y asunto tú con tú”, indicó otra mujer, cuya voz fue reproducida en el informe.

“Yo le pregunto a su señoría —refiriéndose una de las asistentes a la magistrada Henriquez—, ¿usted es madre? Como usted es madre, usted entenderá el dolor que siente una madre para parir sus hijo, pero es un dolor que con un par de tomas de plantas se cura; pero el dolor de una madre de ver cómo le asesinan su hijo, cómo le violentan sus hijas sexualmente, ver cómo le desaparecen su hermano o una hija, cómo le asesinan su padre al frente de su cara, ese es un dolor que te taladra la vida, que día día deteriora tu cuerpo”.

Cuando las mujeres han logrado darle lugar a su lucha no hay oídos que no las escuchen. En el taller que las investigadoras realizaron en Riosucio, como parte de la construcción del informe, una de las mujeres narró que les ha hablado con determinación a los hombres líderes de la comunidad y ahora “ellos a mí me necesitan pa’ irse a hablar con cualquier grupo armado con el que tienen problemas, ellos me dicen: ‘Ay vamos, la necesitamos a usted porque usted habla bien allá’. Yo no tengo miedo”.

Las violencias sobre el acceso a la tierra en algunos casos vienen desde el hogar, cuando las mujeres son afectadas por sus derechos patrimoniales y económicos. Para ilustrar este tipo de situaciones, el informe detalló el caso de una mujer mestiza de Carmen del Darién: “Mi esposo me dice que no tengo derecho a la tierra porque yo no soy su primera mujer. Yo llevo más de nueve años con él, pero siempre me dice que esa tierra él se la va a dejar a los sobrinos que él crió”.

Para esta mujer — concluye el informe de CINEP — al temor por la posibilidad de un desplazamiento derivado de las acciones de los grupos armados se le suma el de ser despojada de la tierra por su esposo: “Este tipo de situaciones contribuye a la perpetuación de las violencias contra las mujeres, porque algunas de ellas consideran que si se separan de su esposo o compañero pierden el derecho que tienen sobre las tierras”.

El documento reitera que la vulnerabilidad de las mujeres se ha intensificado por tres factores: la disputa territorial que desde 2015 se ha mantenido entre el Eln y las Agc por las zonas antes comandadas por los frentes 34 y 57 de las Farc; la explotación de madera, de minerales como el oro y los cultivos de coca —sobre los que los grupos armados ilegales ciernen sus intereses—; y por vivir en un corredor para el tránsito de economías ilícitas, de personas y armas que conecta con el golfo de Urabá, el océano Pacífico y el Tapón del Darién hacía Panamá. 

Según el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, entre 2015 y 2021, en Unguía, Riosucio y Carmen del Darién, tuvieron lugar 125 casos de violencia de género, de los cuales, 88 ocurrieron en Riosucio. A lo largo de los años, los reportes de violencia que las mujeres hacían a las autoridades tendía a aumentar, aun cuando se estimó un alto subregistro por las condiciones adversas para que las mujeres denuncien y por la naturaleza del registro de los datos que no facilita filtrar el contexto de las agresiones.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en el marco del conflicto, en esos tres municipios se cometieron 241 casos de violencia sexual entre 2006 y 2020. En primer lugar está Riosucio (173), seguido por Unguía (49) y El Carmen del Darién (19).

Las violencias sexuales se han extendido hasta las hijas de las lideresas, como es el caso de una mujer negra de Riosucio que participó de los talleres previos realizados en el municipio de Apartadó. Su hija, de 12 años, está siendo acosada física y sexualmente “por un mando paramilitar”, una práctica que, al parecer, va en aumento. “Hay una proxeneta que ‘valora’ a las niñas y las ‘cotiza’ al paramilitar, y poco a poco las van seduciendo. Después de lograrlo, se las llevan a vivir y al quedar en embarazo las devuelven a las casas maternas y nunca las vuelven a mirar, ni siquiera responden por los hijos”, se relata en el informe.

Las madres del Bajo Atrato temen que sus hijos cumplan 18 años porque, según ellas, tras llegar a la mayoría de edad se ven en la obligación de prestar el servicio militar obligatorio.

Para ellas, la formación militar no es el problema de fondo, sino que una vez terminado, que en promedio dura 18 meses, no van a estar seguros en el territorio. “¿Por qué no pueden entrar al territorio?”, cuestionó una madre de la región en la presentación del informe. “Porque ahí están los grupos al margen de la ley esperandolos constantemente para que también le rindan a ellos un servicio… para hacerlos esclavos del narcotráfico”.

Las organizaciones lograron establecer en las sesiones de trabajo con mujeres y recabando en otras bases de datos que, en Riosucio, ocurrieron 65 hechos de violencia contra mujeres —homicidios, amenazas, atentados y violencia sexual, entre otros— que defienden la tierra y el territorio, desde 1997 hasta 2010. En El Carmen del Darién se cometieron 26 hechos victimizantes entre 2011 y 2021. 

En Unguía abunda el miedo. Cuando se trata de hablar sobre los cultivos de coca para uso ilícito y los grupos armados ilegales, rehuyen de las respuestas. “Es indudable que conocen los peligros y los directos responsables de las intimidaciones y victimizaciones —señala el informe—, pero no son capaces de mencionar nombres; en ocasiones, se refieren a estas personas como ‘los duros’, para evitar dar nombres propios y ante las preguntas profundas prefieren abstenerse”.

Según las investigadoras de CINEP, por el control de la Agc en Unguía, muchas familias no han retornado a sus territorios. Las que se han arriesgado han sido violentadas. Como una lideresa que en 2012 fue amenazada por hospedar a una persona externa del territorio en su casa; en 2016 otra lideresa recibió amenazas por estigmatizaciones. En el caso de las mujeres del resguardo Cuti, han sido señaladas de guerrilleras y amenazadas con ser violadas sexualmente por integrantes de grupos de origen paramilitar.

La JEP quiere nombres

“Este informe es el fruto de esa lucha, de esa constancia, de esas mujeres luchadoras que somos del Bajo Atrato y de las comunidades. Quiero que ese informe no solo se quede aquí. Esta es la siembra, el fruto lo vamos a crear nosotras. Vamos a ser constantes y vamos a ser veedoras para que salga un buen fruto. La JEP es una buena tierra, así lo siento yo”, expresó una mujer negra del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó al momento de la entrega del documento.

Si bien la JEP cuenta con sentencias de otros tribunales, así como con diversos documentos de análisis y testimonios, la magistrada Henriquez reconoció en la entrega del informe preparado por CINEP que el macrocaso sobre la región de Urabá aún necesita construir muchos de los relatos con detalles de tiempo, modo y lugar para que los responsables reconozcan las consecuencias de sus actos y se logre un esclarecimiento pleno de los hechos del conflicto.

“Necesitamos los nombres. Y eso es un paso muy duro respecto al miedo y el dolor. Esos nombres no tienen que decirlos necesariamente ustedes, esos nombres tienen que decirlos sus acompañantes y las denuncias y los contexto que parten de sus sensibilidades. Sus experiencias y su mensaje debemos transformarlos en denuncias reales que nos permitan, por un lado, con este informe y el modelo de justicia que estamos trabajando, poder hacer preguntas a quienes tenemos al frente”, expresó la magistrada.

También llamó a las mujeres a decir los nombres de los empresarios que se lucran de tala de árboles o del procesamiento de materias primas que dejan sangre en los territorios y se venden a altos precios lejos de Chocó. Y recordó que aunque el tribunal de justicia transicional y otras instituciones del Estado responsables del bienestar de estas comunidades conozcan los nombres de estos empresarios, pasará un tiempo hasta que actúen y tendrán que seguir conviviendo en los territorios con ellos. Lo clave es establecer de qué manera. 

Uno de los reclamos que frecuentemente hacían las víctimas en cuanto a su derecho a conocer la verdad era el caso de alias ‘Otoniel’, el máximo jefe de las Agc, quien fue extraditado en mayo de este año a Estados Unidos, sin confesar toda su verdad a la JEP sobre posibles alianzas criminales de sectores políticos y económicos. (Leer más en La apuesta de ‘Otoniel’ por la JEP no lo salvó de su extradición)

“Que yo lo pueda abrazar y decirle —a ‘Otoniel’—: ‘hermano mío: sanante. Pero no te vas a sanar en la cárcel, sino allá en la comunidad, dando la cara, hablando contigo’”, expresó una mujer de la zona humanitaria de Nueva Vida y Nueva Esperanza, del municipio de Riosucio.

Al respecto la magistrada le recordó a las  mujeres víctimas que antes de otorgar el perdón y propiciar encuentros con los victimarios, deben evaluar el aporte a la verdad y reparación. Con aquellos responsables que sí lo hagan deberán empezar a realizar propuestas de reparación, conocidos dentro del proceso de justicia transicional como Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR). 

“Después de que sean conscientes de las consecuencias de sus acciones, en ese momento miramos si se merecen el abrazo, pero no hay que perder de vista que igual merecen una sanción”, recordó Hernández. 

El otro pendiente sobre el que llamó la atención la magistrada es a trabajar por la resignificación de los territorios del miedo, que han sido y permanecen afectados por terceros; así como a mantener los lugares culturales, de la cosmovisión y del disfrute en el que se sienten seguras.

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Durante la entrega ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de Esclarecimiento de la Vedad del informe La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002), una víctima de esas incursiones reclamó por verdad a los exjefes insurgentes.

Llegué a la zona de influencia (San Juan de la China, corregimiento de Ibagué) desde el año de 1986 con mis padres y hermanos. Soy la número 4 de 7 hermanos. Con 5 años de edad escuchaba que la guerrilla andaba en la zona y sabíamos que sacaban amapola en la región. Se supo que el DAS hizo redadas en el norte del Tolima, pero la influencia de amapoleros era más visible en la zona de Anzoátegui (municipio cercano a San Juan de la China) y allí se veía más fuerte los grupos al margen de la ley, por lo tanto muertes de algunos pobladores.

Era más frecuente escuchar que su influencia era al otro lado del río, hacia Anzoátegui. La vida de los pobladores era relativamente normal, entre cosechas, los andariegos. Luego llegamos al centro poblado, allí era bonito, todo nos quedaba a la mano y ya no teníamos que caminar tan lejos para ir a estudiar. Los años trascurrían y los rumores de que algunos chicos del pueblo pertenecían a las filas de la extinta Farc y mataban gente. Por otro lado se escuchaba de familias sanguinarias, que eran paramilitares y que también querían tener más influencia en el caserío.

Pero todo era relativamente normal: misas, fines de semana, discotecas, fiestas patronales, gallos, corridas de caballos, toros, campeonatos de fútbol, entre otros. Se veía demasiada gente, era un caserío con mucha concurrencia de pobladores, por ahí entre 2.500 a 3.000 personas provenientes de otros corregimientos cercanos como San Bernardo, San Juan, Lisboa, y los municipios de Anzoátegui Santa Isabel y Alvarado. Venían a jugar al pueblo los campeonatos y las fiestas eran lindas. Yo fui reina de mi pueblo. En las fiestas de ese año de 1993 yo tenía 12 años, iba a cumplir trece años.

De ahí se recrudeció todo entre los años 1992 y 1993. Dos personas de una familia fueros asesinadas, se enfrentaban entre sí. Uno de los bandos mató a don Marcos Ramírez, el papá  de Wilson Ramírez alias ‘Bizcocho’. Y fue así como más fuerte aún se ponía la situación, ya que Wilson pertenecía a las células de las Farc y se le conocía un hecho anterior, el asesinato de los hermanos Collazos. Es así como la familia Zabala se vio involucrada y Wilson Ramírez, con otros hombres arremetieron el 31 diciembre de 1993 en San Juan de la China y masacraron a ocho personas, y otros escaparon a pie de noche huyendo de las balas.

Hostigaron el puesto de Policía para poder cometer su acto ilícito, de ahí se siguió la zozobra y el miedo. Siguieron apareciendo muertos esporádicamente. Entre los años 1995 y 1997 hubo 2 hostigamientos, ráfagas, bombas y se escuchaba retumbar la tierra, fue por un rato. Los muertos seguían selectivamente. En marzo de 1998 fue la retoma, esta vez más fuerte. La guerrilla se había entrado al pueblo y esta vez para quedarse. Esa noche  murió el patrullero Toribio López Trujillo, los otros quedaron heridos, los canalizaron, según ellos, para que murieran lentamente, pero no fue así.

Con arengas gritaban “¡Viva el frente 21 y 25 de las Farc y su fuerza rápida Prias Álape, viva!”. Fue una noche espantosa. Ya mi hijo pequeñito había nacido, estaba de meses y lo metí debajo de la cama, montamos colchones, el niño lloraba y era complicado calmarlo. Muchas bombas, parecía el día de llegada, las balas por encima de mi casa silbaban y mucho miedo, porque mi papá a veces le guardaba víveres a la Fuerza Pública cuando acantonaban cerca. Mi papá tenía un tanque grande de agua, cuando el pueblo se quedaba sin agua, todo el mundo recurría a pedirle agua y él les daba.

Anterior a esto y después de la masacre, la guerrilla se iba a llevar a mi hermana reclutada. Ella contaba con 15 años y mi mamá se las quitó y se la trajo para Ibagué. De ahí la vida de mi familia cambió. Luego de esto siguieron los asesinatos selectivos. La guerrilla decía que éramos auxiliadores del Ejército, y la Fuerza Pública que éramos auxiliadores de las Farc.

El 24 de agosto del 2001, hace 20 años, llegó la guerrilla a la casa y le dijeron a mi mamá que tenía 24 horas para salir del pueblo “y su hija, la hijueputa sapa de la Adriana, la moza del tombo ese que matamos en Prado”.

Yo ese día estaba en Bogotá haciendo unas diligencias. Mi papá se enojó y no quiso irse. en febrero del siguiente año (2002), mi hermano Oscar Javier Millán fue secuestrado junto con su cuñado John Gerardo Vargas. Por la presión de la comunidad los soltaron, llegaron arañados, descalzos, sangrando, con hambre y sed, se gastaron tres días corriendo monte abajo, por caminos y trochas, a rodar, sintiéndose perseguidos. Venían de Palomar, no sabían en qué sitio los tuvieron amarrados, les dijeron que no podían salir del pueblo sino los mataban.

Dos años después, (2004) en septiembre, mi papá fue retenido por el DAS junto con 29 personas más, incluyendo la inspectora de Policía de la época, Magda Mayerly Ospitia, porque eran auxiliadores de la extinta Farc y por ende estuvo siete meses retenido. Allá se enfermó por el frío del piso de la cárcel, no teníamos como pagar una celda, menos una cama. La casa quedó sola, muchas cosas se las robaron, la casa decayó y perdió su valor comercial. Hasta hace dos años la vendieron a bajo precio.

Posterior a esto la guerra siguió, los muertos y los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las extintas Fuerzas Revolucionarias Farc, hoy partido político Farc. Bombardeos a cada nada, muerte y más muerte. Desde el año 1998 hubo un abandono total del Estado, de la institucionalidad. Los niños y jóvenes los sacaban hacia la ciudad a internados o a veces solos.

De los hechos más recordados que tenemos en la región: desaparecidos forzados 6 y no sabemos cuántos más; reclutamiento de menores 3, uno de ellos se escapó; secuestros y delitos de lesa humanidad, 3 uno de ellos un menor muerto en el rescate; homicidios selectivos 33, entre 1983 y 2017, incluyendo una menor de 13 años; masacres: 2, la primera en 1993 dejando 8 muertos; en la segunda, en 1995 y por retaliaciones, murieron 3 personas, entre ellas un menor de 16 años.

Tomas guerrilleras 2, una en 1993 dejando 8 muertos y otra en 1998, un policía muerto y nueve heridos. El hijo del policía muerto tenía dos años de edad. Pérdidas materiales en varias viviendas, en Telecom, Inspección, puesto de Policía destruido. Hostigamientos 2, entre 1995 y 1997. Un campo minado donde murió una señora y una menor herida por las esquirlas y la onda explosiva.

Dos “falsos positivos”; desplazamiento de personas, de 400 a 500 entre 1993 y 2017. Bombardeos 6, entre 2000 y 2017, con un aproximado de 50 guerrilleros muertos, arriba del casco urbano, donde dice haber una fosa común, según información allegada, y también al otro lado, en la vereda La Isabela. Un carrobomba y retenciones masivas en persona protegidas parte del Estado de las que contamos unas 30.

Siendo esta nuestra comunidad desprotegida, hubo la necesidad, por parte de las víctimas, de hacer un consolidado de lo que ha pasado, además de luchar por un auxilio. Yo inicié sola todo este proceso, posterior busqué asesoría en  Nubia Russi y así se conformó un equipo interdisciplinario de derechos humanos y derecho internacional humanitario, también con la ayuda de periodistas, topógrafos, antropólogos, arquitectos, psicólogos, abogados y la institucionalidad con la Universidad de Ibagué, desminado humanitario, y la Personería de Ibagué.

Con la mesa técnica del piloto de justicia transicional, San Juan de la China renace con todo el corazón, aunando esfuerzos y buscando el bien común a una comunidad abandonada por el estado durante 25 años. La comunidad de San Juan de la China pide justicia, verdad, reparación y no repetición, e igualdad de condiciones para sus victimas.

De ante mano agradeciendo la atención prestada a la presente y buscando una respuesta más que positiva en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este artículo hace parte de la investigación La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002), realizada por Dejusticia y VerdadAbierta.com.

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Josefina Marín tiene un restaurante cerca de la pequeña plaza central de San Juan de la China. Allí recibe comensales todos los días. Los domingos llegan más que de costumbre porque es día de mercado y muchos de los campesinos que bajan de las veredas son conocidos suyos. El plato vale cinco mil pesos y los clientes salen contentos, agradecidos y saboreando la buena sazón. Ella siempre está sonriendo. Se desenvuelve en la cocina con agilidad para que el hambre de los que esperan no se alargue.

A algunos no les cobra y les dice: “hoy lo invitó un angelito”. Cuando se le pregunta por ese angelito se sonríe mientras menea su cuerpo con ternura, como abrazando a un niño. “Me gusta ayudarles a algunas personas que necesitan un plato de comida, aquí a muchos les falta”. El restaurante, además, es su casa. Allí tiene sus habitaciones y el baño, que también es público.

A unas pocas calles del restaurante de Josefina, en una zona que rodea la placa polideportiva del centro del corregimiento, donde se mezclan carros y gente, bajo un sol picante, Nury Bonilla, una mujer de 70 años y de baja de estatura, carga un bolso lleno achiras, un producto que vende cada ochos días para financiar sus gastos. “Llevo cien paquetes que me consigue un nieto, pero no siempre se venden todos”.

Ella vive en Ibagué, pero tiene una finca en una vereda a 10 minutos de San Juan de la China, donde se queda con sus dos hijos cada vez que visita el corregimiento, “pero ya no sabemos qué hacer con la finca, va a tocar venderla porque no está produciendo nada y lo que tenemos son deudas”.

Estas dos mujeres tienen tres puntos en común: son oriundas de San Juan de la China, ambas fueron afectadas por el conflicto armado y ninguna de las dos ha sido reconocida como víctima por el Estado, incluso, a una de ellas le han negado esa condición.

Josefina perdió a su hijo de 11 años a manos de un grupo de encapuchados que lo raptó el 13 de diciembre de 1999. En un intento de rescate por parte de las autoridades fue asesinado por sus captores el 26 de enero de 2000. Y el esposo de Nury murió cuando un grupo armado asaltó su finca en la madrugada del 31 de diciembre del año 1993.

El corregimiento de San Juan de la China queda a 38 kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, tramo que se recorre en poco más de una hora en vehículos de servicio público. El centro poblado está sobre el filo de la montaña y se compone de una calle larga, bordeada de casas y locales comerciales.

Su altura permite divisar, a lo lejos, algunos municipios del sur del departamento y extensas planicies con varios tonos de verdes: son los cultivos de arroz en sus diferentes etapas de crecimiento. Además, en las madrugadas y atardeceres sin nubes, se puede observar el majestuoso Nevado del Tolima, una cumbre de 5.215 metros sobre el nivel del mar. El paisaje más cercano se compone de cultivos de café, sembrados simétricamente, que ocupan gran parte de las montañas.

En ese paisaje idílico la violencia se afincó a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil. Guerrillas y paramilitares afectaron de manera dramática a sus pobladores, varios de los cuales recuerdan aquellas épocas como las peores en sus vidas.

Rescate trágico

En la noche, los ojos de Josefina Marín se notan cansados después de preparar desayunos, almuerzos y cenas durante el día. En la mesa que antes sirvió de comedor, pone un sobre de manila donde guarda los recuerdos de su hijo Helver. Hay fotos, recortes de periódicos y unas hojas de papel escritas por los integrantes de la familia en las que alguna vez relataron cómo vivieron la pérdida de su ser querido. “Todos los días lloro a mi hijo, no acepto que le haya pasado eso”.

En una de las sillas está sentado Rodrigo Peña, esposo de la mujer, silencioso, sin ganas de volver a mirar el sobre. En tono bajo y con un dejo de resignación dice: “otra vez a verla llorar”. Josefina empieza a leer lo que escribió hace por lo menos 15 años durante unas terapias a las que asistió para canalizar el dolor y la pérdida de su hijo. Esta noche, afirma con orgullo, que es la primera vez que no suelta una sola lágrima.

La historia de esta pareja comenzó en 1987 cuando Josefina se fue a vivir con Rodrigo a una casa construida en bareque y sin servicio de energía eléctrica de la finca El Diamante, propiedad del padre de Rodrigo, en la vereda La Violeta. En ese lugar nacieron sus tres hijos. Helver Rodrigo era el del medio.

“Éramos muy felices, compartíamos sueños, juegos y mucho amor”, recuerda la mujer. En esa vereda, Helver estudió de primero a cuarto de primaria. “Todo transcurría normal. Cuando se vive bonito, así no tengamos plata, pero desde que haya amor y unión familiar, no hay nada más”.

El domingo 5 de abril de 1999, a las 5 de la tarde llegaron unas 20 personas a la casa, haciéndose pasar por paramilitares. “Nos sacaron a todos al patio, yo con mis hijitos, nos filaron y, apuntándonos con sus armas, preguntaban por Rodrigo, mi esposo. A los trabajadores también los filaron”. Además, esculcaron la casa y se apropiaron de dinero y una escopeta.

A las diez de la noche pidieron mercado para hacer comida. “Les pasé mercado, ollas, panela. No dejaron de encañonarme. Se fueron a la una de la mañana porque Rodrigo dijo que les daba dos millones de pesos al martes siguiente”. Pero al clarear el lunes, la familia se desplazó hacia San Juan de la China, porque allí había policía y se sentirían protegidos.

Pese a que Josefina siempre quería volver a la finca, se decidieron por montar una cafetería y se dedicaron a trabajar en ella. Alquilaron un sótano, donde vivían apretujados.

Ese mismo año Josefina quedó embarazada de su cuarto hijo. Lo esperaban con muchas ansias. Helver quería que fuera un niño. “El 8 de diciembre, Helver se ganó un bingo de 160 mil pesos. Hubo partido de fútbol, hice tamalitos, avena, yogur, buñuelos, dulces de unos y otros. Transcurrieron así las fiestas, pero todo tan bueno no dan tanto”.

El 13 de diciembre Rodrigo madrugó a Ibagué con su hermano Gabriel, quien iba conduciendo su propio carro. Ya estando en la ciudad vio los mismos hombres que habían estado en la finca en abril, ambos se reconocieron y ellos gritaron: “míralo, ahí va y me echaron la madre. Mi hermano aceleró y ellos dispararon e hirieron a Gabriel. Traté de prestar algún teléfono por ahí para avisar a Josefa que se fuera con los niños, pero nadie me lo prestó”.

A las 8 y 30 de la mañana de ese día llegaron aquellos hombres al corregimiento con los rostros cubiertos. Le dispararon a un carro con pasajeros y ahí murió un hombre. “Siguieron por toda la plaza disparando y humillando a la gente con armas. Le dispararon a un muchacho que estaba en un local de la esquina. Se concentraron en la esquina de la heladería. Helver estaba conmigo en el local. Cerré las puertas y nos metimos en el baño”, relata Josefina.

Luego llegaron al negocio de Josefina, le gritaban que abriera o lo tumbaban. De una patada lograron abrir la puerta. “Eran dos hombres los que gritaban, Albeiro y Jorge Bocanegra. Nos sacaron, nos sentaron en la esquina de la casa, se quitaron el pasamontañas y me preguntaban por Rodrigo, que él les había fallado”.

Luego de amenazarla con matar a su esposo, le preguntaron a Helver si era hijo de él, a lo que el niño respondió afirmativamente. “Esos tipos le dijeron, ‘vamos chino’ y él se fue con ellos en medio de tiros y madrazos. Yo tan solo les supliqué que no me fueran a matar a mi niño”. Además de secuestrar al menor, notas de prensa de la época reportaron que por esa acción armada murieron tres personas.

En un centro asistencial en Ibagué, donde Rodrigo llevó a su hermano herido, se enteró de que Helver fue raptado. Desesperado, se fue a presentar la denuncia al Gaula y a esperar que les dieran razón.

En los días posteriores al rapto de Helver, Rodrigo se la pasaba entre San Juan de la China e Ibagué, viajando, escondido, entre cargas de café y mercancía, “para que nadie me viera viajar porque me daba mucho miedo que me mataran el niño. Me partía el alma cuando llegaba a la casa y lo primero que me preguntaba mi esposa era si habían llamado o qué han dicho del niño y yo decía, nada”.

A los ocho días del rapto del menor, los secuestradores llamaron a Rodrigo y le exigieron un pago de 120 millones de pesos, “que porque la plata se había duplicado ya que en la finca habían sido 2 millones de pesos”.

Rodrigo se la pasaba todo el tiempo buscando cómo conseguir prestado dinero para el rescate de su hijo. “No tenía nada qué vender, pues lo que teníamos a nombre de nosotros si sumaba unos 5 millones, era mucho. Éramos muy pobres”.

El 29 de diciembre enviaron un mensaje a la familia con la voz de Helver: “yo no tengo por qué estar aquí, estoy aburrido”. A la mamá le decía que para delante, que él estaba bien. Josefina no comió casi en esos 45 días que estuvo Helver en cautiverio, “siempre decía, yo comiendo y mi niño no, yo con cama y mi niño no. Yo hablaba sola, parecía verlo”.

El 15 de enero de 2000 Helver cumplía 12 años. Ese día lo pasaron entre lágrimas e incertidumbre. Diez días después Rodrigo recibió una llamada donde se escuchaba la voz de su hijo, y sin saber si era una grabación o no le dijo: “papá, sáqueme de aquí. Fue lo último que yo escuché de mi niño”.

Once días después las noticias daban cuenta del intento del Gaula de rescatar a un secuestrado en zona rural de Anzátegui. Se trataba de Helver, quien murió en el operativo, junto a dos de los agentes que participaron en la acción policial. Estando en Ibagué, Rodrigo les preguntó a los uniformados si se trataba de su hijo y le respondieron que sí. “Yo estaba en la calle, gritando como loco, luego me tocó ir a la morgue, estaba flaquito, como con frío, estaba allí mi niño, inerte, sin vida. Mataron mis ilusiones”.

Josefina se fue con sus tres hijos para la capital tolimense a constatar el drama que padecían. “Rodrigo abrió una bolsa y me dijo, ‘mira cómo nos volvieron al niño’. Yo lo abrazo, le doy picos, le echo la bendición. No hallaba qué hacer, me partieron el corazón en pedazos; al morir mi niño, me quitaron un pedazo de mí misma”.

Dos tiros por la espalda causaron la muerte de Helver cuando corría a los brazos del mayor Solís Javier Aldana, quien, junto con el capitán Jaime Rojas, participaron en el intento del rescate. Los tres murieron en el lugar. Josefina y Rodrigo no sabían de ese operativo.

En este intento de rescate, de acuerdo a informes de prensa de la época, también murieron dos integrantes del grupo que raptó al menor, se trató de Carlos Aguiar Cifuentes y Jorge Bocanegra, y tres más fueron capturados. Versiones periodísticas, basadas en fuentes policiales, indicaron que detrás de estas acciones estaban dos hombres, conocidos con los alias de ‘El Chulo’ y ‘El Zarco’.

De alias ‘El Chulo’, identificado como Robinson Ramírez Peña, se sabía que venía delinquiendo en la región desde hacía más de diez años y se le relacionaba con la comisión de secuestros en los frentes 21 y 50 de las antiguas Farc. Su captura se produjo en Bogotá el 28 de agosto de 1996 y el 18 de octubre de 2000 fue asesinado en la cárcel La Picaleña, de Ibagué. Su nombre está asociado al crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, baleado por sicarios el 13 de agosto de 1999 en una calle capitalina.

Sobre alias ‘El Zarco’ era poco lo que sabía, de hecho, en esa época no había sido identificado. Al parecer se había asociado con alias ‘El Chulo’ en actividades criminales y actuaba con varios hombres en el municipio de San Antonio. En sus inicios delictivos, que datan de comienzos de la década del noventa, habría tenido alianzas con frentes subversivos del Ejército Revolucionario del Pueblo y los Bolcheviques del ELN, que operan al noroccidente del Tolima.

Después de velar y enterrar a Helver, Josefina y Rodrigo fueron citados al día siguiente al Gaula. Allí les mostraron fotos del niño que los secuestradores le habían tomado, en algunas estaba sonriendo y con un pan en la mano; en otras triste, vestido de negro. La madre pidió las fotos, pero solo le regalaron unas fotocopias mal sacadas.

Helver pertenecía al grupo ecológico orientado por el Comité de Cafeteros y el Instituto Técnico Agrícola San Juan Bautista, donde cursaba grado séptimo. Todo el corregimiento quedó consternado tras su asesinato y varios medios locales y nacionales reportaron el hecho.

Los padres del niño se quedaron esperando que el Estado actuara para salvaguardar los derechos de la familia como víctima, hicieron la respectiva denuncia, pero nunca fueron asesorados para iniciar una demanda legal. Solo hasta el año pasado una líder del corregimiento ayudó para que la Fiscalía escuchara la versión de los hechos. Sin embargo, no se les ha notificado sobre reparación alguna.

Poco tiempo después de la muerte de Helver les llegó un panfleto firmado por el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante el cual le notificaban a Rodrigo: “de acuerdo al servicio de inteligencia de nuestra organización usted es un fiel colaborador del frente Tulio Varón de las FARC que opera en la jurisdicción de San Juan de la China y sus alrededores. Usted sabe muy bien que lo que está haciendo da margen para tomar drásticas medidas de ajusticiamiento para usted y su familia… No queremos perjudicarlo a cambio de que usted nos haga una colaboración de carácter económico”. Además, le decían que si le informaba a alguna autoridad lo declaraban objetivo militar. Él hizo caso omiso al mensaje y continuó con su vida.

En el 2014, dos años después de iniciados los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo encontró bajo la puerta de su casa una nota firmada supuestamente por ese grupo guerrillero mediante el cual invitaban a los jóvenes de San Juan de la China a ingresar a la organización guerrillera; además, los conminaban a “rendir solemne homenaje al 50 aniversario de las FARC-EP por mantenerse en resistencia y optimismo”.

“Da tristeza encontrarse con esas cosas después de haber vivido tanta tragedia”, dice Rodrigo después de estar atento a las palabras de Josefina. Nunca fueron reconocidos por el Estado como víctimas y menos aún han recibido indemnización alguna por su tragedia. Irse a dormir fue el mejor remedio después de un día lleno de labores y una noche cargada de recuerdos.

Negativa contradictoria

Germán Saavedra es uno de los hijos de Nury Bonilla que aún vive en la finca El Triunfo, de la Vereda El Rubí, donde ella, con su esposo, Gonzalo Saavedra, trabajaron arduamente por sacar adelante a su familia.

Con la timidez propia de los campesinos se alegra con los visitantes, a quienes les prepara una buena taza de café, cultivado, tostado y molido en sus tierras. Luego de atenderlos, propone un recorrido por sus predios y en esa caminada evoca los trágicos hechos ocurridos entre la noche del 30 y el amanecer del 31 de diciembre de 1993 que acabaron con el asesinato de su padre.

Un poco nervioso y con la voz entrecortada, relata cómo desde un día antes estaban dedicados a preparar las festividades de fin de año con algunos vecinos. Pero en la penúltima noche del año la alegría se transformó en tragedia cuando su casa fue asaltada por más de cien hombres que empezaron a disparar contra la edificación, sin razón alguna.

“Eso fue un jueves, como a las 9 de la noche. Rodearon la casa por todos lados. Mi papá dormía en esa pieza, cerca de un beneficiadero antiguo de café y salió con el arma que tenía para cuidar la casa, los frentió, pero ellos le respondieron con una ráfaga y lo acabaron, luego lo remataron y lo tiraron por este cafetal para abajo. A uno de mis hermanos lo amarraron y se lo llevaron. A los otros nos dejaron tirados en el piso detrás de la casa. Cuando todo se calmó salimos a buscar a mi papá y casi no lo encontramos. Eso fue muy duro”.

A su hermano, Erleín Saavedra, lo encontraron vivo cerca de la casa, pero a su papá lo hallaron muerto, con el cráneo destrozado. Ese mismo día la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo. Cuenta Germán que nadie se esperaba que eso pasara porque no hubo amenazas.

A raíz de esos hechos, la familia salió desplazada de la finca y la dejaron abandonada durante seis años.  “Mi papá era muy trabajador, esta finca la tenía muy bonita, era una de las más cafeteras con la de Chepe Aguirre, era una finca muy productiva, la tenía bien sostenidita”.

La noche de la muerte de Gonzalo, los mismos hombres que acabaron con su vida asesinaron a siete campesinos más, entre ellos a Jairo Díaz Zabala y a su hijo Mauricio. Cerca del centro poblado segaron la vida de otras cinco personas. “En el momento de los asesinatos, 120 hombres atacaron la estación de policía para inmovilizar la acción de las autoridades”, reportó el periódico El Nuevo Día de Ibagué tres días después del ataque.

Nury quedó con seis hijos y cuatro nietos menores de edad, todos vivían juntos. Tuvieron que abandonarlo todo, las pertenencias, la finca con cultivo de maíz, café, plátano, frijol, ganado, para irse a la ciudad de Ibagué. “En calidad de desplazados es muy difícil conseguir trabajo estable, además, viviendo siempre con la muerte frente a nosotros y la desesperación constante, fuera de los traumas sicológicos sufridos en toda la familia”.

Y de ahí en adelante empezó otro sufrimiento, cuando se intentaron acreditar como víctimas. Pasados 26 años después de esos hechos, el Estado les ha negado de manera reiterada el registro y, en consecuencia, acceso a los programas asistenciales y a la reparación administrativa.

Con una legislación aparentemente a su favor, el 10 de agosto de 2008 Nury presentó la solicitud de reparación a la Subdirección de Atención a Víctimas de Acción Social por lo sucedido a su esposo y a toda su familia. La petición fue admitida para estudio y el 20 de noviembre de ese año se la negaron con el argumento de que la víctima “no fue dada de baja por insurgentes al margen de la ley sino por delincuencia comunes y guerras entre familias”.

En San Juan de la China los pobladores les atribuyeron aquellos asesinatos a las milicias urbanas ‘Norma Patricia Galeano’ de las Farc, entre los que estaba Wilson Ramírez Peña, alias ‘Bizcocho’, oriundo de este corregimiento, un guerrillero que hizo parte de la falsa desmovilización del Frente Cacique La Gaitana de esa organización guerrillera, ocurrida en marzo de 2006 y en la que dejaron sus armas por lo menos 70 personas, entre ellas 12 mujeres y seis menores de edad.

Si bien esa desmovilización colectiva fue considerada un montaje por las autoridades, razón por la cual está siendo procesado el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien se encuentra prófugo, varios de los exguerrilleros fueron cobijados por la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que otorgaba beneficios de ocho años de cárcel a quienes dejaron sus armas de manera colectiva si contribuían con la verdad sobre su paso por la guerra.

En ese contexto, alias ‘Bizcocho’ ratificó lo que decían los pobladores de San Juan de la China, les explicó a fiscales y jueces de ese tribunal transicional lo ocurrido aquella noche y las razones por las cuales asesinaron a ocho campesinos. En audiencia de versión libre realizada el 21 de noviembre de 2008, aseveró que esta incursión fue ordenada el 25 de diciembre por el jefe del Comando Conjunto Central de las Farc conocido con el alias de ‘Adán Izquierdo’ y perpetrada por una comisión del Frente 21, entre los que estaban algunos milicianos de la ‘Norma Patricia Galeano’.

“Desde el 26 de diciembre nos desplegamos en los alrededores del pueblo y el 30 de diciembre en la noche nos fuimos para la finca del señor Gonzalo Saavedra porque había indicios de que allí se encontraba Nemesio Zabala y su hijo Aristóbulo Saavedra. Llegamos aproximadamente por ahí a las 10 de la noche u 11, no recuerdo la hora exacta, y rodeamos la casa”, detalló el exguerrillero.

Las razones de ese ataque, según el postulado, estaban fundamentadas en la presunta relación de algunos miembros de la comunidad de San Juan de la China con supuestos grupos de autodefensa que operaban en el sur del Tolima. Los insurgentes llevaban una lista de 24 personas para asesinar en aquella incursión.

“El 30 de diciembre a eso de las 6 de la tarde nos desplegamos para la finca del señor Gonzalo Saavedra. La orden era que la ejecución la teníamos que hacer el 31 de diciembre en horas de la noche. Los íbamos a coger bailando. Pero entonces llegó un muchacho, que le decían ‘El Ñeque’, un chofer, y nos dijo que Nemesio se nos iba a ir, que era la carnada más grande y que estaba por los lados de adonde Gonzalo Saavedra, por eso tomamos la determinación ese día”, explicó alias ‘Bizcocho’ y precisó que la incursión a la finca de los Saavedra la acometieron 30 guerrilleros.

Al llegar a la casa de la familia Saavedra, rodearon la casa: “Y gritamos que todo el mundo saliera con las manos en alto. En el momento en que dijimos esas palabras, ya teniendo rodeada la casa, apagaron la luz. Al instante salió un señor dando bala a todos los costados, que fue don Gonzalo Saavedra”.

De acuerdo con la versión del exguerrillero, uno de sus compañeros reaccionó y le disparó en el rostro del campesino con un fusil R-15, destrozándole la cara. “Yo lo cogí del cuello de la ruana y lo arrastré a un cafetal y allí lo dejé. Luego volvimos a la casa, la requisamos, preguntando por Nemesio Zabala y Aristóbulo, y esa familia no hacía sino llorar y preguntando por el papá, aunque ellos no sabían que el papá ya estaba muerto”.

“Son delincuentes”

Pese a esas declaraciones, la entidad estatal explica en su respuesta de rechazo a la solicitud de reparación que “es claro que existen profundas diferencias entre el obrar de grupos armados organizados al margen de la ley y la delincuencia común, en la medida en que a través de las acciones de los primeros (guerrillas y autodefensas por definición legal) se persigue atentar contra el Estado y el sistema político vigente, los segundos no persiguen dicha finalidad”.

Ese argumento, según Nury, es contradictorio por cuanto en uno de los documentos que le presentó a la Unidad de Atención a Víctimas de Ibagué expuso que la indemnización la recibió “la señora Luz Estella Duarte a quien ‘Bizcocho’ asesinó, en la misma masacre, la misma fecha, la misma vereda a su esposo y su hijo, ya le fue reconocido y pagada en su totalidad”.

Insistiendo en sus derechos, Nury interpuso una acción de tutela el 30 de noviembre de 2011 contra el Ministerio de Protección Social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Presidencia de la República “y otros integrantes que formen parte del sistema integral de atención a la población desplazada, a fin de que se proceda a la protección de mis derechos constitucionales fundamentales a la vida en condición de dignidad, a la restitución de víctimas por la muerte de mi esposo Gonzalo Saavedra, mi desplazamiento forzado, derecho a la integridad personal, derecho a la vida”.

La tutela fue respondida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Ibagué. En esa ocasión, el juez Diego Fernando Caballero rechazó la petición con el argumento de que era “improcedente, por tanto, carece del principio de subsidiariedad, por lo cual deniega las pretensiones de la accionante, toda vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno”.

Además, en la respuesta este operador judicial explica que las riñas o disputas personales no tienen nada que ver con el despliegue bélico de grupos de guerrillas o autodefensa e implican un tipo de violencia distinta a la política por lo que son ajenas al marco de reparación individual por vía administrativa.

El 3 de enero de 2012 Nury le envió una carta a Jorge Eduardo Valderrama, secretario técnico, delegado ante el Comité de Reparaciones Administrativas de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia, “para hacer una interposición de recurso de reposición contra el acta Nº 002, mediante el cual se resolvió no reconocer la calidad de víctima de mi cónyuge Gonzalo Saavedra y a mi grupo familiar”.

Esa fue la última comunicación que ella tuvo con el Estado en su búsqueda de reclamar atención del este en su calidad de víctima del conflicto armado con el fin de recibir una reparación administrativa. Al no recibir respuesta satisfactoria, dejó el caso abandonado, porque, además, no tenía con qué pagar abogado.

Pese a todas las adversidades, Nury y su familia aún conservan la esperanza de que con el Acuerdo de Paz logrado con las extintas Farc su calidad de víctima se pueda acreditar ante la Jurisdicción Especial para la Paz y lograr la atención del Estado. De no lograrlo, se verá en penosa tarea de vender la finca, que desde la muerte de Gonzalo ha dejado de producir como antes, y que está en riesgo de ser embargada por el Banco Agrario, entidad con la que tiene una deuda por once millones de pesos.

Este artículo hace parte de la investigación La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002), realizada por Dejusticia y VerdadAbierta.com.

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