The post Muchas verdades develadas, pero falta appeared first on VerdadAbierta.com.

The post De laboratorio a referente de justicia transicional appeared first on VerdadAbierta.com.

El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

The post Condena a directivos de Chiquita Brands: entre el riesgo a la prescripción y la oportunidad de verdad appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag

“La falta de respeto del DIH se agudiza cuando aumentan las confrontaciones y hay mayor control por parte de los actores armados, como ocurrió en 2024 en Colombia” advirtió este jueves Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia al presentar el informe Retos Humanitarios 2025.

Como señaló esta organización humanitaria, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, el país ha experimentado un progresivo deterioro de la seguridad, alcanzando un punto crítico en 2024.

Esto responde a una serie de factores, entre los que se destacan las dinámicas asociadas con la fragmentación y reconfiguración de grupos armados ilegales, las cuales están relacionadas con el aumento de las afectaciones que sufrieron las comunidades el año pasado.

Entre sus principales hallazgos, el nuevo informe del CICR destaca la documentación de 382 casos de presuntas violaciones al DIH. Alrededor del 44 por ciento, están relacionadas con vulneraciones a la población civil no combatiente. Un 33 por ciento adicional se refiere al incumplimiento por parte de los grupos armados ilegales de las medidas necesarias para proteger a la población y sus bienes en medio del conflicto. Y el 23 por ciento restante está relacionado con situaciones que han vulnerado los derechos básicos de las comunidades.

Alarmante aumento de explosivos

La situación en cuanto a la afectación por artefactos explosivos es más que preocupante. El CICR registró que 719 personas fallecieron o resultaron heridas debido a explosiones causadas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonaciones controladas. Esta cifra representa un incremento del 89 por ciento, en comparación con el año anterior.

La región Pacífico es la más afectada por el uso de este material de guerra. Según el informe del CICR, concentró el 65 por ciento de los fallecidos y heridos, distribuidos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En su mayoría, las víctimas fueron civiles.

Atrapados y expulsados

El confinamiento también es otra situación alarmante para el CICR. En comparación con el año anterior, en 2024 se registró un aumento del 102 por ciento en los casos de confinamiento y la población afectada creció un 89 por ciento. Lo anterior significa que 88.874 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos, siendo Chocó el más afectado, con un total de 36.288 casos registrados.

En relación con el desplazamiento masivo, se registraron 41.228 casos de personas afectadas por esta forma de violencia. No obstante, en comparación con el año anterior, la organización señala que hubo una disminución en los casos reportados.

El incremento en las disputas entre actores armados por el control territorial conllevó a un aumento en la estigmatización de la población civil que fue señalada, en múltiples ocasiones, de favorecer a la contraparte en el conflicto, debido a su permanencia en el territorio y a su intento por sobrevivir en medio del fuego cruzado.

Fragmentación y reconfiguración

Este recrudecimiento de la confrontación se enmarca en un contexto caracterizado tanto por la incertidumbre en el comportamiento de los actores armados ilegales, como por las dinámicas cambiantes y la inestabilidad en los procesos de fragmentación de estos grupos.

Como señaló José Antonio Delgado, jefe de operaciones de la delegación del CICR en Colombia, “algunos grupos han partido aguas con sectores que eran de su grupo anteriormente, y eso está generando tensiones entre los miembros de estos grupos que se han separado, lo que, a su vez, está creando una nueva dinámica que podría estar relacionada con alianzas temporales o coordinaciones puntuales”.

La organización humanitaria, con más de 50 años de presencia en el país, concluyó haciendo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten y acaten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como principio rector de cualquier confrontación armada entre actores estatales y no estatales. “El respeto al DIH no es una opción ni un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse sin excepciones”, enfatizó Patrick Hamilton.

The post El deterioro de la seguridad en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años: CICR appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Además del revuelo que han alcanzado los procesos de Salvatore Mancuso en la justicia transicional —donde le han dictado tres sentencias y se sigue a la espera de decisiones sobre  65.067 hechos, por los que se esperan emitir 45 sentencias parciales transicionales—, aún le queda un pendiente en la justicia ordinaria.

Se trata de una investigación por lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, en hechos que presuntamente ocurrieron después de su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dejación de armas que Mancuso inició el 10 de diciembre de 2004 en el Catatumbo.

El proceso hoy está en manos de Efraín Vargas Márquez, juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena. La investigación regresó a su despacho después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedara sin competencia para juzgar a Mancuso, tras la solicitud de sometimiento que el exjefe paramilitar había realizado a este tribunal, y lo cual había causado la suspensión de los procesos que se cursaba contra él en la justicia ordinaria.

Recientemente, la investigación por lavado de activos se reactivó. El 25 de febrero se instaló una audiencia preparatoria, antesala al juicio sobre el caso, pero pocos de los 15 imputados asistieron. Por eso, el juez tuvo que ordenar una nueva fecha, mientras el tiempo para dictar una sentencia en firme, se agota.

A pesar de que la pena de lavado de activos agravada puede comprender entre 13 a 60 años y la prescripción de la acción penal se alcanza habiéndose cumplido la mitad del tiempo de la pena máxima mientras se llega a condena, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 señala que si se interrumpe el proceso —como ocurrió mientras estuvo en manos de la JEP—, el tiempo para que se extinga la acción penal es de máximo 10 años.

En el proceso judicial hay, al menos, tres escritos de acusación. Uno de ellos corresponde específicamente al que pesa contra Mancuso. VerdadAbierta.com tuvo acceso al documento en el cual se precisa que la imputación contra el exjefe paramilitar se realizó el 16 de junio de 2015. Así, en poco más de cuatro meses, podría prescribir el proceso.

En la reciente audiencia preparatoria, uno de los ausentes fue el exjefe paramilitar. Marcela Valbuena Useche, quien representó a Mancuso dentro de este proceso, envió un correo al despacho un día antes de la cita en el que aclaró que ya no hacía parte de la bancada de defensa del desmovilizado paramilitar y no dio datos sobre su actual representación legal.

Previendo dificultades o renuencia de los imputados frente al cumplimiento del proceso, el Ministerio Público intervino al final de la audiencia para poner en consideración del juez la posibilidad de realizar la ruptura de la unidad procesal que permita que los procesados puedan responder por separado a la justicia.

Lo anterior, “en vista de que estamos ad portas de la actualización del fenómeno de la prescripción”, señaló en audiencia la vocera de la Procuraduría, Diana Niño. “Sobra precisar que se trata de una actuación de altísima importancia para el sistema de Justicia y Paz y por supuesto para la administración de Justicia en general”, resaltó.

De ser hallado culpable, podría iniciarse el proceso que resulte en la expulsión de Mancuso como postulado de Justicia y Paz, y esto repercutiría en los beneficios de libertad a prueba que le han sido concedidos. En caso de una exclusión el proceso puede enredarse, pero la reparación a estas víctimas debe continuar con o sin el postulado.

Reconociendo la carencia de información que posee ese despacho a raíz del camino que siguió el proceso por la búsqueda de beneficios de la JEP de varios de los acusados dentro del juicio, el juez Efraín Vargas reprogramó la audiencia, ordenó citar a todos los que se encuentren en los escritos de acusación del proceso para que pueden exponer su situación.

‘La Gata’ y el caso de blanqueamiento de capital

Cerca de 10 años atrás, Mancuso fue llamado en un caso de lavado de activos que se relaciona con 14 personas más, entre ellas, la difunta empresaria del chance Enilce del Rosario López, alias ‘La Gata’. La investigación inició en 2011, cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) suministró una información a la Fiscalía que le había llegado por una fuente humana: empresas de ‘La Gata’ habrían recibido dinero del paramilitarismo entre 2000 y 2010.

Para 2014 la Fiscalía formalizó la acusación contra López y su círculo, donde llegó a concluir que a través de seis compañías de chance de su propiedad se habrían blanqueado capital a favor del grupo paramilitar. Los nexos de la empresaria y ganadera sucreña con el grupo ilegal habían sido establecidos por la justicia desde 2011, en particular con el Bloque Héroes de los Montes de María. (Leer más en ‘La Gata’, condenada a 40 años de cárcel)

Dentro del proceso de lavado de activos se relaciona a las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones sobre las que la Fiscalía detectó irregularidades contables como registros paralelos, entrega de premios a ganadores fantasmas, supuestos préstamos a socios o empleados, u ocultamiento de las contabilidades. Al parecer, estas acciones buscaron cubrir el ingreso de dineros ilícitos del Bloque Norte de las AUC, comandado por Mancuso. Así, el exjefe paramilitar fue acusado formalmente dentro del proceso hasta el 9 de octubre de 2015.

El ente investigador, al estudiar los patrimonios de los judicializados, estableció que se creó un emporio empresarial dedicado a actividades de juegos de azar para que la familia Alfonso López y sus empleados permitieran el ingreso de grandes sumas de dinero producto de actividades delictivas.

La acusación incluye también los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito y vincula a cuatro familiares de ‘La Gata’: su esposo, Héctor Julio Alfonso Pastrana; sus hijos Jorge Luis y José Julio Alfonso López; y su hermano, Arquímedes Segundo García Romero. (Leer más en Por qué los familiares de ‘La Gata’ están acusados de lavar plata a los paramilitares)

También incluye a directivos, contadores, tesoreros y otros empleados de sus empresas, entre ellos, Carmelo Erazo Tous, Lisandro López Pastrana, Omar Alberto Patiño Rondón, Raúl Antonio Montes Flores, Omar de La Cruz Perdomo Fonseca, Marisol Moreno Cárdenas, Aleida Salazar Sepúlveda, Felix Manuel Díaz Bobadilla y Armando Arturo Carbono D’acunti.

Así mismo, resultó imputada la exesposa de Mancuso, Martha Elena Dereix Martínez. En los registros que años atrás incautó la Fiscalía resalta que Uniapuestas tuvo como accionista a la exesposa de Mancuso entre los años 2003 y 2009. En su momento la fiscal del caso aseguró que hasta el 2005 Dereix Martínez tuvo las acciones a su nombre y después quedaron a nombre de terceros; además, su valor tuvo un extraño incremento: el paquete de acciones pasó de costar 38 millones de pesos a casi de 1.300 millones entre el 2005 y 2009.

Los hermanos Deibys y Leonardo Rojas Zabala, quienes se desempeñaban como escoltas de esa familia, fueron los testigos estrella de la Fiscalía en el caso. Ambos aseguraron estar presentes cuando sus patrones llenaban tulas en la sede de la empresa Unicat en montos que oscilaban entre 500 y 2.500 millones de pesos. Según ellos, el dinero paraba en las arcas de Mancuso. Así, con esas declaraciones, iniciaron las capturas.

A finales de 2021, la defensa de Mancuso, en cabeza de Jaime Paeres, presentó a un testigo para poner en duda la veracidad del testimonio de los hermanos Roja Zabala. Se trata de Daniel Guerrero Bayona, otro de los escoltas de la familia que supuestamente llevaba los dineros enviados por ‘La Gata’ a Mancuso. Sin embargo, según la declaración del 13 de mayo de 2014 que rindieron los hermanos escoltas, Guerrero Bayona había sido asesinado por orden del exjefe paramilitar en el año 2009. La presencia del supuesto asesinado en una diligencia ante la Fiscalía mostró lo contrario.

Aún quedan varios asuntos por deliberar dentro del proceso, entre ellos, empezar por algunos elementales que siguen en mora: el juzgado debe precluir la pena para el caso específico de Enilce López, por su fallecimiento en un hospital de Barranquilla el 13 de enero de 2024.

Se reactiva el proceso

Salvatore Mancuso fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y allá, recluido en una prisión federal, se enteró del proceso en su contra por blanqueo de capitales en Colombia.

Una década después, en octubre de 2018 y aún estando recluido en Estados Unidos, Mancuso tocó las puertas de la JEP para contar ‘nuevas verdades’ y ser aceptado como tercero civil, con los beneficios de ese tribunal. A pesar de una primera respuesta negativa en 2020, la JEP aceptó su sometimiento de manera excepcional en noviembre de 2023 y lo hizo bajo la figura de bisagra, es decir, un miembro de las AUC incorporado material o funcionalmente a la Fuerza Pública.

El 27 de febrero de 2024, Mancuso fue deportado desde Estados Unidos hacia Colombia por haber cumplido la pena por narcotráfico en ese país y 20 días después la JEP resolvió aceptar completamente al exjefe paramilitar, justo cuando se debatía la libertad a prueba del exjefe paramilitar en Justicia y Paz. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad y  “No es una cuestión inmediata”: magistrado Roberto Vidal sobre la libertad de Salvatore Mancuso)

Tal decisión auguraba que la JEP tendría competencia prevalente sobre otros tribunales para juzgar al exjefe paramilitar y Mancuso sería beneficiario de la libertad por contribuir con ese tribunal. Sin embargo, la última palabra la dio la Corte Constitucional en el Auto A-1319-24, mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones y determinó que Mancuso debía ser investigado, juzgado y sancionado por los crímenes con los que se le relacionan en el marco del conflicto armado interno por su juez natural: las salas de Justicia y Paz.

La JEP se vio en la obligación de devolver los expedientes de los procesos, entre ellos, los que se debatían en la justicia ordinaria, tal y como quedó plasmado en la Resolución 3953 del 23 de diciembre de 2024 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sin embargo, al igual que el exjefe paramilitar, otros de los acusados en el proceso que se cursa por lavado de activos también buscaron cupo en la JEP.

Mientras Lisandro López Pastrana y Jorge Luis Alfonso Lopez fueron rechazados por ese tribunal; Omar de la Cruz Perdomo, José Julio Alfonso, Aleida Salazar Sepúlveda, Armando Arturo Carbono, Martha Elena Dereix, Carmelo Erazo Tous, Félix Manuel Díaz y Raúl Antonio Montes, aún esperan respuesta de la JEP.

Sin embargo, es una información que aún se espera esclarecer para retomar el proceso, pues dado que la situación jurídica de algunos de los procesados sigue a la expectativa de la JEP y este no les ha comunicado el avance de las actuaciones, el juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena ha quedado quieto.

The post Juicio contra Mancuso por lavado de activos podría prescribir este año appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Nota de la redacción: este artículo fue publicado el 24 de enero y se actualizaron su titular y párrafo inicial tras la decisión de la jueza Zamora. En dicha audiencia, la togada exhortó al desmovilizado de las AUC a que cumpla con la entrega de bienes y a la Fiscalía para que observe con rigurosidad el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación de víctimas.

En horas de la mañana del pasado 21 de enero tuvo lugar una audiencia reservada ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz en la que el exjefe exparamilitar Salvatore Mancuso solicitó el cambio de domicilio a la ciudad de Montería, Córdoba, aduciendo sus derechos a la salud, la dignidad humana y la reintegración a la vida civil.

Tras su llegada al país en febrero de 2024, Mancuso zanjó el principal obstáculo para perseguir la libertad a prueba que venía solicitando desde 2019, cuando aún permanecía recluido en Estados Unidos. Obtuvo este beneficio por el cumplimiento de las tres sentencias en su contra y el levantamiento de las 57 solicitudes de prisión preventiva que adicionalmente le habían impuesto por los procesos pendientes que tiene en los tribunales de Justicia y Paz. (Leer más en El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe)

Finalmente, el magistrado José Manuel Bernal Parra, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su libertad el 9 de mayo del año pasado y salió de la cárcel La Picota el 10 de julio. Desde entonces, estableció su domicilio en Medellín y luego en Bogotá.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias le había prohibido al exjefe paramilitar de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó (Antioquia) en los que tuvo lugar su accionar criminal, procurando garantizar los derechos de las víctimas.

Estas restricciones las había impuesto el despacho desde el 25 de noviembre de 2019, al resolver la primera petición de libertad a prueba del postulado. La defensa había impugnado estas disposiciones en febrero de 2023, argumentando que para cumplir con sus labores como gestor de paz debía moverse por el territorio nacional, pero el despacho negó su pretensión, entre otras cosas porque sus labores no habían sido delineadas por el gobierno y no observaba la necesidad de que fuera a estas regiones. (Leer más en Dudas sobre la figura de gestor de paz enredaron la libertad de Mancuso)

Se volvió a dejar en firme esta decisión desde el 4 de marzo del año pasado, cuando Luz Marina Zamora, jueza de Ejecución de Sentencias, confirmó la libertad a prueba del exjefe paramilitar, pero debió esperar a resolver las solicitudes de detención preventiva que pesaban contra él para finalmente disfrutar del beneficio. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)

Presentando en la reciente audiencia exámenes y certificaciones médicas, realizadas por especialistas en medicina interna, cardiología e intensivista, que se practicaron desde febrero a diciembre del año pasado, el postulado respaldó la recomendación de profesionales particulares del área de la salud que le aconsejaban trasladarse a un lugar a nivel del mar, a causa de complicaciones respiratorias que probablemente lo obliguen a un uso dependiente de oxígeno. El lugar que escogió para tal fin es su tierra natal: la ‘ciudad de las golondrinas’.

“Montería es una ciudad libre de estrés y de contaminación ambiental, presentes permanentemente en ciudades como Bogotá y Medellín, con la calificación nacional por varios años de 1 y 2 más contaminadas, siendo importante establecer que estas dos ciudades son altamente estresantes por factores asociados a la inseguridad, el ruido, la polución, la contaminación y el tráfico vehicular, lo cual redunda en la agravación de las patologías de salud y mentales”, señala Nelson Eduardo, abogado de Mancuso, en respuesta escrita enviada a este portal.

Según los documentos médicos, Mancuso sufriría de hipertensión arterial sistémica, apnea obstructiva del sueño severa, síndrome poscovid-19 y otras dolencias que ocasiona baja saturación de oxígeno en sangre. Estas condiciones, sumadas a patologías de base como hipertensión arterial, arritmias cardíacas y secuelas pulmonares, le han generado recurrentes crisis respiratorias, hipertensivas y cardiovasculares. Según sus abogados, de no tomarse cartas en el asunto el postulado está en riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte súbita.

Por estas razones, las valoraciones médicas privadas que presentó recomiendan “su permanencia en zonas a nivel del mar donde las condiciones ambientales contribuyan a estabilizar su oxigenación y prevenir complicaciones fatales, imposibles de garantizar en altitudes elevadas, condición que requiere vigilancia constante, preferiblemente por familiares”, se lee en un documento que conoció este portal, firmado por el médico internista José Nelson Rivera Morales, especialista en manejo del dolor.

“Montería es su ciudad natal, está prácticamente a nivel del mar y es el lugar donde reside su núcleo familiar. Está científicamente comprobado que la cercanía familiar y el apoyo emocional reduce las comorbilidades físicas asociadas a las patologías que padece, mejora significativamente el tratamiento médico de base, y por lo tanto la salud física y mental, elementos fundamentales para su recuperación”, señalan los abogados del exjefe paramilitar.

Lo cierto es que en el concepto del galeno Rivera no se advierte que esta ciudad deba ser, necesariamente, Montería. Podría ser otra que cumpla con el requisito de altitud. Tampoco se ordena hospitalización por razones físicas o psicológicas que evidencien complicaciones en su salud urgentes que hagan tomar esta decisión a favor del postulado.

Distinto al dictamen del especialista en manejo del dolor es la valoración de un segundo peritaje ordenado por la jueza de Ejecución de Sentencias que obtuvo este portal. Médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes analizaron la historia clínica del postulado, concluyeron el pasado 26 de diciembre que el exjefe paramilitar podía vivir en cualquier parte del país sin que esto representara riesgo de muerte y que su estado de salud podía manejarse adecuadamente bajo las condiciones actuales y con el tratamiento adecuado.

“Hay unas razones de índole técnica que nos llevan a pensar que los conceptos médicos no son tan concluyentes. Podrían verse alternativas en términos geográficos que satisfagan su detención en términos de salud”, señala Fernando Quiroga, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a víctimas ante Justicia y Paz en procesos relacionados con el exjefe de las AUC.

Durante la audiencia, el Ministerio Público destacó que de la documentación médica presentada por la defensa del postulado destacan los 29 monitoreos de signos vitales del postulado realizados en Bogotá y Montería entre noviembre y diciembre de 2024. De estos, 10 se realizaron en Montería y dos enseñan el uso de oxígeno; por lo que cuestiona que la solución al cuadro médico de Mancuso sea mudarse a esta ciudad, pues es probable que allí también necesite uso de oxígeno asistido.

El próximo lunes, 27 de enero, en horas de la tarde, la jueza resolverá la pretensión del exjefe paramilitar.

“Puede ser cierto que en determinadas altitudes signifique unas mejores condiciones de salud para él, aunque es un poco ambiguo y no necesariamente debe ser en Montería”, resaltó el abogado de la CCJ.  “Se entiende que la cercanía con sus círculos de apoyo o familiares le puede significar unas mayores condiciones de salud, pero nosotros consideramos que esto, ponderado frente al cumplimiento de aportar a la verdad plena presenta cierto desequilibrio, podría afectar el ánimo de participación de las víctimas”, agregó.

¿Afectación a las víctimas?

El exjefe paramilitar se sometió al proceso de Justicia y Paz para responder por aproximadamente 80.000 crímenes, en su gran mayoría por línea de mando. Es decir, que si bien él no cometió directamente la mayoría de esos crímenes, sí debe responder penalmente por haber impartido órdenes y lineamientos a hombres de las AUC que los cometieron.

Durante la audiencia la defensa del postulado presentó una certificación de la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz en la que, a la fecha, no se ha imputado a Mancuso como autor material directo de algún hecho ocurrido en la ciudad de Montería. Sin embargo, en las sentencias parciales en su contra está vinculado en hechos de reclutamiento, homicidio, desaparición forzada, entre otros en esta ciudad; en calidad de autor impropio, autor mediato y coautor.

En todos estos años de funcionamiento de Justicia y Paz, sólo se han proferido tres sentencias parciales contra Mancuso y dentro del universo de víctimas relacionadas con el postulado falta por ser reconocidas el 94 por ciento de estas —que lo relacionan con 65.067 hechos victimizantes por las que la justicia espera emitir 44 sentencias—. Es por eso que las restricciones impuestas a Mancuso para habitar estas zonas apuntaban a garantizar los derechos de las víctimas y no ser revictimizadas.

“En ninguna de las actas de compromiso firmadas por Salvatore, se le prohibió fijar su residencia en la ciudad de Montería, siendo claro que solo se refiere a ‘no acercarse a las víctimas’”, le señaló a este portal el equipo de defensa del postulado. Sin embargo, al conceder la libertad a prueba en marzo, la jueza Zamora sí le restringió residir en Montería y en la audiencia ninguna de las partes impugnó esa decisión

“Argumentar que toda la población de Córdoba fue víctima del señor Mancuso no tiene o carece de fundamento jurídico y factual”, indica la defensa en su misiva. “Gran número de estas víctimas han migrado a otras regiones del país, copando a lo largo y ancho la geografía nacional, con lo cual, prohibir a Salvatore vivir en regiones donde posiblemente vivan víctimas, indicaría prohibir su desplazamiento en todo el país, haciendo nugatorio en uno u otro aspecto los principios de reparación, reintegración a la vida civil, resocialización y la reparación restaurativa”, agregan.

En distintas audiencias en las que se han abordado las condiciones de la libertad a prueba del exjefe paramilitar, el Ministerio Público ha manifestado su preocupación ante los posibles impactos de que Mancuso haga presencia en estos territorios restringidos, pues cree que la participación de ese enorme número de víctimas que quedan pendientes por asistir a los incidentes de reparación integral —mediante el cual se espera que obtengan reparación integral de los daños que sufrieron— pueda verse afectada o coaccionada, y por lo que eventualmente podrían desistir de participar del proceso.

“En la decisión del juzgado a cargo del cumplimiento de las sentencias contra Mancuso se consideraron, en un ejercicio de ponderación en términos de justicia, de medidas de satisfacción, como también de garantías de participación de las víctimas, que Mancuso no podía vivir en los lugares en donde ocurrieron los hechos más emblemáticos sobre los que se le atribuye responsabilidad, incluida la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba”, señala Quiroga.

Como lo detalla el vocero de la CCJ, todas las sentencias y decisiones de sustitución de medida de aseguramiento emitidas por los tribunales, en aplicación de la Ley 975 y su decreto reglamentario, prohíben a los procesados asistir a los lugares donde delinquieron sin autorización judicial previa.

Sin embargo, en esta última audiencia en la que Mancuso solicitó el traslado de su domicilio a Montería, la Fiscalía, representada por Magaly Álvarez, vio con buenos ojos esta petición, encontró justificado el respaldo médico e incluso arguyó que la presencia del postulado en la región podría contribuir al ánimo de reconciliación.

La defensa de Mancuso resalta que así como la ley de Justicia y Paz tiene como objetivo central garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición; también busca garantizar la reintegración plena de los desmovilizados a la sociedad, incluida su reintegración al núcleo familiar y a la vida civil.

“Mancuso ya cumplió con su condena, ha pedido perdón público, ha contribuido a la verdad histórica y está comprometido con la reparación de las víctimas y la no repetición, lo que lo hace acreedor al derecho a la redención (…), La unidad de justicia transicional propende por la reincorporación a la vida civil de los postulados lo cual obedece no solo a los principios de justicia transicional, sino a los estándares de la justicia restaurativa, donde víctima y victimario deben convivir en respecto, apoyo y ayuda mutua ”, se lee la respuesta escrita de sus abogados.

En octubre del año pasado, Mancuso ya había visitado Montería y el sabor para las víctimas fue agridulce. Con los permisos respectivos, el exjefe paramilitar participó de un acto simbólico de entrega de tierras en el que estuvieron presentes el presidente Petro con el que  intercambió sombreros. Mancuso pidió perdón a las víctimas, y los asistentes respondieron con aplausos y abucheos.

Esta semana, la posibilidad de que el exjefe de las AUC visitara varias partes de la costa Caribe volvió a ser noticia por un error de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La autoridad de tierras había solicitado a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla permiso para que Mancuso se desplazara a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, para ayudar a rastrear bienes que el paramilitarismo entregó en su momento y, supuestamente, no aparecen en registros oficiales. (Leer más en Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo y Sólo un predio entregado por Mancuso para indemnizar a las víctimas ha sido vendido)

Sin embargo, el pasado 20 de enero, el magistrado Carlos Andrés Pérez señaló que la ANT no presentó el cronograma de esas visitas por lo que esa autorización para Mancuso no llegó a materializarse.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias, en las decisiones sobre este tema, también había contemplado que las restricciones de estos territorios eran una manera de garantizar la seguridad del mismo Mancuso, pues él y su defensa habían manifestado que el exjefe paramilitar se encontraba en alto riesgo, “debido a los anuncios de sus aportes y contribución a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz y en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz”, se lee en la decisión que le otorga libertad a prueba el año pasado.

La decisión que tomó Mancuso en 2018 de tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportar “nuevas verdades” con la aspiración de obtener mejores beneficios, es visto por algunas víctimas como un hecho insatisfactorio frente a los compromisos de esclarecimiento que había sumido en Justicia y Paz. Ahora, con esta solicitud de cambio de domicilio de cara a las restricciones, se plantea como un nuevo beneficio para el exjefe paramilitar y se ahonda en la herida.

“Desde el punto de vista del ánimo de participación de las víctimas esto manda un mensaje un poco negativo en cuanto a que se le ha reprochado a Salvatore Mancuso haberse reservado elementos fundamentales de verdad en términos de esclarecimiento de verdades de terceros, sobre todo, pese a su compromiso de aportar a la verdad como requisito de postulación a la Ley de Justicia y Paz”, expresó el abogado de la CCJ.

“El traslado a Montería no es solo una necesidad médica comprobada por patología en salud mental y física, sino también un derecho que le corresponde como una persona que ha cumplido con las exigencias del sistema de justicia transicional. Mantener restricciones desproporcionadas que impidan su regreso a su ciudad natal y a su núcleo familiar vulnera los principios de humanidad, proporcionalidad y reintegración que deben guiar cualquier medida judicial en el marco de la justicia transicional. El respeto por sus derechos no disminuye los de las víctimas, sino que fortalece el cumplimiento del proceso de paz y reconciliación”, concluye la misiva de la defensa de Mancuso.

The post Niegan petición de Mancuso para radicarse en Montería appeared first on VerdadAbierta.com.

The post ​​Néstor Morales revictimizó a mujeres buscadoras de desaparecidos en Medellín appeared first on VerdadAbierta.com.

Por décadas los habitantes de la Comuna 13 lucharon para que se encontrara la verdad que ocultaba toneladas de residuos de obra y otros desechos, donde paramilitares desmovilizados confesaron haber ocultado el cuerpo de decenas de víctimas. Los restos humanos hallados por el Sistema Integral para la Paz confirman la lucha de las víctimas y plantea un nuevo reto para determinar su identidad. Algunos cuestionan no haber llegado a esta conclusión antes.

En la mañana de este miércoles, las inspecciones realizadas en La Escombrera, la ‘fosa a cielo abierto’ más grande del país, como la han nombrado coloquialmente, arrojó resultados: 14 piezas, entre restos óseos y ropa, de al menos dos cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado padecido por los habitantes de San Javier o la Comuna 13 de Medellín.

Caída la noche de ayer continuaban las inspecciones judiciales lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A simple vista, reposaban los restos encontrados sobre la tierra y entre los escombros, marcados con los numeradores forenses. A unos metros, familiares de las víctimas aguardaban dentro de una pequeña carpa blanca, esperando obtener más información.

“Este es un aguinaldo muy grande. Un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Es el resultado de la lucha, la resistencia, las tocadas de puertas, las insistencias para lograr toda esta búsqueda. A algunas familias les va a dignificar el dolor”, expresó en entrevista con este portal Margarita Selena Restrepo, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad. Restrepo es la madre de Carol Vanesa de 17 años, desaparecida el 25 de octubre de 2002, una semana después de la Operación Orión. (Leer más en Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín)

En agosto de 2018 organizaciones de víctimas le solicitaron a la JEP ordenar medidas cautelares sobre La Escombrera y La Arenera, terrenos próximos a la Comuna 13 que hoy están en manos de las empresas Construcciones El Cóndor S.A.

Dos años después la JEP profirió las medidas a fin de proteger estos terrenos sobre los que se sospechaba había restos de personas desaparecidas, a raíz de las repetidas denuncias de organizaciones de víctimas que durante dos décadas habían pedido poner atención en el lugar.

A pesar de esa decisión, según han denunciado las organizaciones de víctimas, por mucho tiempo allí se siguió arrojando escombros de toda la ciudad y continuó la explotación minera de la empresa El Cóndor S.A. (Leer más en Protección de cementerios: una estrategia para conocer la verdad)

Finalmente, el tribunal de justicia transicional ordenó la intervención forense el 25 de julio de 2024 y la UBPD priorizó la búsqueda sobre 2.417 metros cuadrados, de los 6.912 metros que la JEP cauteló del terreno. Según datos de ambas instituciones, en la Comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, entre 1978 y 2016, con un punto de agudización en 2002, cuando tuvo lugar la Operación Orión.

Informes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que, durante los tres días que duró dicha operación, los más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública dejaron un saldo de 80 civiles heridos, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares, 17 víctimas mortales por fuego estatal y 300 detenciones arbitrarias.

El sufrimiento no terminó allí. Tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara instauró un régimen de terror marcado por desapariciones forzadas. Según la Corporación Jurídica Libertad, entre noviembre de 2002 y febrero de 2005, se registraron 91 casos de desaparición forzada, incluyendo 15 en octubre de 2002, durante los operativos. Sin embargo, Adriana Arboleda, abogada de la corporación, advierte que la cifra podría superar los 300 casos.  (Leer más en “General Montoya: diga la verdad sobre la Operación Orión”: víctimas de Comuna 13)

El 1 de agosto de 2003, se descubrió una fosa común en una finca del corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, donde se exhumaron 13 cadáveres, seis de ellos pertenecientes a personas desaparecidas en la Comuna 13. Este hallazgo fortaleció la convicción de cientos de familias de que sus seres queridos están enterrados bajo los escombros que por años se depositaron en un lote del barrio Eduardo Santos.

“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo”, señaló durante la rueda de prensa Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, quien precisó que el proceso lleva un 83 por ciento de avance.

Los hallazgos se dieron en la zona noreste del polígono, a una distancia de 2,50 metros fuera del área priorizada en la Fase 5. “La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”, precisó Forero y añadió que los restos encontrados pasarán a ser analizados dentro de un proceso de identificación y para esa fase es fundamental la recolección de muestras biológicas de familias buscadoras para hacer el cotejo.

“Todavía nos falta muchas muestras biológicas por recoger y sabemos que muchas veces parte del escepticismo que habló el mismo Gustavo (Salazar, magistrado) al principio que se pudo tener del proceso. Todavía necesitamos que lleguen muchas familias que seguramente tienen personas desaparecidas en La Escombrera y que todavía no tenemos su muestra de sangre para proceder a la perfilación genética necesaria para los cruces”.

Los hechos de ayer son resultado de la ardua lucha de las víctimas. “Desde el inicio que empezamos a denunciar todas las desapariciones aquí en la Comuna 13 decían que estábamos locas, que no sabíamos lo que decíamos, pero esto demuestra que cuando se escucha la voz de las víctimas se pueden obtener grandes logros”, expresó Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo, Luis Javier Laverde, desaparecido desde el 9 de diciembre de 2008.

Una larga lucha

La justicia ha puesto su interés sobre los terrenos de La Escombrera y La Arenera por la cercanía que en su momento tuvo una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara que delinquió durante varios años en esta zona de Medellín. Desmovilizados que pertenecían a esa estructura y que se postularon a Justicia y Paz, señalaron que La Escombrera y sus inmediaciones fueron usados para la desaparición de personas. En su momento, una de las declaraciones más contundentes las dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, quien aseguró haber sepultado muertos allí.

Esto llevó a las autoridades a realizar las primeras labores de búsqueda en el lugar. En 2015 la Fiscalía marcó tres polígonos a trabajar y durante el segundo semestre de ese año realizó las excavaciones en el primero de estos: un terreno de 5.000 metros cuadrados, de donde se removieron 24.000 metros cúbicos de escombros. Sin embargo, para diciembre de ese año se anunció que no se encontraron restos humanos. (Leer más en La Escombrera: una verdad que ya comienza a ser desenterrada)

Se acordó que para 2016 se continuaría la búsqueda en los siguientes polígonos, pero pasaron los meses y nunca empezaron. Hasta diciembre del año siguiente las autoridades anunciaron que la empresa española Falcon High Tech iniciaría estudios para la excavación del polígono dos.

“Hay muchas dudas sobre eso porque la empresa dijo que iba a hacer un proceso gratuito. Nunca supimos realmente la Alcaldía qué tipo de convenios tenía con ellos. Aquí vinieron con un dron, lo pasaron, pero realmente no se puede hablar que ellos hicieron un análisis o una búsqueda”, señaló Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, en entrevista con este portal.

En su momento, las víctimas se opusieron por considerar esa decisión un acto unilateral tomado por la Alcaldía, para entonces en cabeza de Federico Gutiérrez, que no tuvo en cuenta a las víctimas, además de reprochar la poca experiencia de la empresa en la búsqueda de desaparecidos. Pasaron los años y no se intervino esas áreas establecidas por el ente investigador.

“En el cuatrienio de Federico Gutiérrez, del 2016 al 2019, no hubo voluntad política. Él debió darle continuidad al proceso de búsqueda”, reprocha Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad. “Él fue el que truncó la búsqueda en el año 2016. Él dijo que ahí no íbamos a encontrar nada”, agregó.

Según Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín y exsubsecretario de derechos humanos en el primer periodo de Gutiérrez, esta administración tuvo voluntad para apoyar estas labores. “La Escombrera es una escena judicial que lideraba la Fiscalía. Nosotros no podíamos intervenir sin orden judicial”, le aseguró a este portal.

Lo cierto es que quedó parado el proceso hasta que las víctimas y la plataforma de derechos humanos realizaron la solicitud de medidas cautelares ante la JEP en 2018. Después de revisar informes y documentos oficiales, los magistrados establecieron el área del “nuevo polígono” para realizar la búsqueda en la zona y desde 2020 el equipo forense del sistema integral para la paz realizó varias prospecciones y exploraciones.

“Cuando llegamos, la medida cautelar la había incumplido la administración pasada e inmediatamente nos pusimos al frente. Apoyamos con más de 3 mil millones para adecuación, cunetas, campamento y drenaje”, aseguró Arcilla. “Se hizo un convenio con la JEP para apoyar la búsqueda y la implementación de los acuerdos y los procesos restaurativos”, concluyó.

Según le precisó a este portal la JEP, el “nuevo polígono” es una mezcla de los polígonos dos y tres establecidos por la Fiscalía años atrás. Se trata de  una menor extensión de la suma de los polígonos dos y tres, pero es una mayor extensión a cada uno por individual. “Tantos años después… son cosas injustas”, expresó Galeano. “Hay mujeres que se han ido sin saber la verdad, sin encontrar a sus seres queridos”, complementó Restrepo.

Arboleda precisó que en la última audiencia de seguimiento a las medidas cautelares le solicitaron a la JEP ampliar aún más el área de trabajo y la magistratura los escuchó. Según precisa, es lo que se conoce como la Fase 6, en donde, precisamente, se encontraron los primeros restos humanos.

Durante la rueda de prensa, Arboleda recordó que otra de las peticiones que han realizado las víctimas es la suspensión del contrato de explotación que posee la empresa El Cóndor S.A. sobre esas tierras y decretar ese terreno como un lugar de memoria. “Ese no puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa, cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia”, expresó. Para la defensora de derechos humanos, la Gobernación de Antioquia debe reevaluar el permiso de explotación que le otorgó nuevamente en 2019 por 20 años más.

“Por años se pidió que cerraran La Escombrera. Eso da pie para que empiecen a investigar a los administradores y la empresa El Cóndor”, concluyó Restrepo.

The post “Cuando se escucha la voz de las víctimas, se pueden obtener grandes logros” appeared first on VerdadAbierta.com.

En una reciente decisión de la justicia transicional en el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se confirma la responsabilidad de las Convivir en la expansión y consolidación del proyecto paramilitar y la fuerte relación con sectores de la fuerza pública que, directa o indirectamente, forjaron una alianza que propició las más deleznables acciones contra civiles perfilados como subversivos.

El pasado 22 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó compulsar copias contra 51 exmiembros de la fuerza pública, varios de los cuales comparecen ante ese tribunal, así como contra varios civiles, por sus presuntos vínculos y apoyos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión la tomó el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado en movilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR),  a partir de la investigación que realizó como parte del macrocaso 06, en el cual se revisan los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) para establecer quiénes fueron los responsables de tanta atrocidad. (Leer más en: Fuerza Pública, políticos, empresarios y paramilitares se aliaron contra la UP)

Según el Auto de más de 600 páginas, desentrañar las afectaciones perpetradas contra la UP en el Urabá antioqueño, y de manera conexa, en el departamento de Córdoba, así como en otras regiones del país, hacen parte del esclarecimiento de las alianzas de grupos paramilitares, agentes del Estado y asociaciones Convivir que derivaron en el proceso de victimización de esa organización política.

Por eso, la más reciente decisión tomada por la SRVR, respalda las compulsas de copias con un riguroso contexto sobre el origen y la consolidación del paramilitarismo de la mano de agentes del Estado y las Convivir. Según esta sala, es imposible comprender las dinámicas criminales contra la UP y otros movimientos políticos y sociales en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba sin tener claras esas alianzas.

“Este binomio inseparable (paramilitares y fuerza pública) contó con el respaldo de otras instancias estatales, como el DAS y la Fiscalía, y más allá, con el respaldo del poder regional, en especial de la gobernación de Antioquia, así como con el apoyo decidido de una parte de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes”, reza el auto.

La estigmatización basada en tendencias políticas jugó un papel determinante para catalogar  a las víctimas, muchas de ellas integrantes o simpatizantes de la UP, como miembros activos de las Farc y, de esta manera, clasificarlas como parte del “enemigo interno” — en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional— a las  tendencias políticas de izquierda. Esta doctrina marcial derivó en diversas expresiones de violencia contra sindicalistas, campesinos, líderes sociales y agrupaciones estudiantiles.

Tras la creación de la UP como resultado de los acuerdos suscritos por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc, suscritos en 1984, y el considerable éxito político durante los comicios regionales posteriores, “dicha conquista electoral constituyó un detonante adicional del particular ánimo de destrucción del partido y de un número abrumador de sus miembros”, señala la JEP. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

Así, sectores de la fuerza pública, junto a estructuras paramilitares, con el apoyo de las Convivir, asesinaron, desaparecieron, amenazaron, desplazaron, detuvieron o exiliaron a cientos de simpatizantes de la UP. Sobre estos hechos, la SRVR ha concentrado su análisis en lo ocurrido en cuatro regiones, una de ellas Córdoba, Urabá y Atrato entre los años 1994 a 2001.

En su exhaustiva investigación, la magistratura señaló en el Auto que los aportes a la verdad de los militares retirados que comparecen a la JEP “lejos de coadyuvar en la reconstrucción de los hechos constitutivos de crímenes de notable gravedad, dan cuenta de constantes evasiones, imprecisiones, negativas, afirmaciones genéricas y difusas”, lo que muestra la tendencia a seguir el camino de los juicios adversariales, más que continuar en un proceso de diálogo  y aceptar la responsabilidad en los crímenes contra la UP.

Patrones sobre las Convivir

A partir de 13 testimonios de testigos; 10 inspecciones judiciales a diversas entidades estatales; y de la revisión de sentencias y decisiones de Justicia y Paz; de la justicia ordinaria; y de altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y un ejercicio de georreferenciación, la SRVR estableció nueve postulados o patrones a través de los cuales queda claro lo que significaron las Convivir en la estrategia de apoyo al paramilitarismo y, en consecuencia, a afectar profundamente a la UP.

En el marco de la instrucción del macrocaso que investiga la SRVR, se estableció que, antes de unirse a los grupos paramilitares y de autodefensa, varios desmovilizados y posteriormente postulados a la Ley 975 de 2005 ejercieron roles como directivos, miembros, afiliados, empleados o patrulleros en las Convivir, especialmente en la región del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. (Leer más en: Convivir en Urabá eran de las Auc: Tribunal Superior de Antioquia)

A finales de los años 80, las autodefensas promovidas por los gobiernos del Frente Nacional se transformaron en un aparato de violencia y guerra sucia, producto de una compleja alianza entre militares, narcotraficantes, políticos y sectores económicos. Según la Comisión de la Verdad, en el apartado No matarás del Informe Final, a pesar de que Cesar Gaviria, como ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la impunidad de estas estructuras, “no deja de ser paradójico, por tanto, que haya sido Gaviria quien luego como presidente promoviera la seguridad privada y abriera la compuerta para volver al viejo esquema”. (Leer más en: Así se gestó un engranaje de soporte bélico llamado ‘Convivir’)

A partir de una base de datos con información detallada de 36 asociaciones de Convivir —16 de Urabá y 20 de Córdoba—, la SRVR identificó a 248 de sus integrantes. Esa base, se lee en el Auto, contiene información detallada sobre la creación legal de estas asociaciones y su coordinación con entidades militares y estructuras paramilitares, así como detalles sobre áreas de operación. De esta manera, se pudo establecer que de las 248 personas, 57 de ellas pertenecieron o estuvieron vinculadas con estructuras paramilitares.

Sin embargo, en muchos casos fue imposible identificar con certeza a muchas de las personas que hicieron parte de las Convivir, en parte, por el mal manejo de las gobernaciones en el debido registro de los miembros directivos y operativos de esas asociaciones, “una omisión y negligencia inexplicables y difíciles de sustentar en momentos de tan alta violencia”, advierte la magistratura.

Entre 1995 y 1997, las gobernaciones de Antioquia y Córdoba impulsaron la creación, organización, legalización y operación de las Convivir ignorando los riesgos y las advertencias expuestas por diversos sectores sociales, políticos y humanitarios, tanto nacionales e internacionales. Además, asegura la SRVR, que esos entes territoriales no implementaron controles ni mecanismos de supervisión que evitaran que esas asociaciones fueran cooptadas por organizaciones paramilitares. Y destaca que existen pruebas suficientes que vinculan a servidores públicos de ambas gobernaciones con grupos paramilitares.

Los testimonios y sentencias corroboran la relación entre las Convivir y los paramilitares, señalando que fueron usadas como fachada legal para financiar y expandir el proyecto paramilitar, con respaldo de exjefes como Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte; Córdoba y Catatumbo de las AUC; Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien tenía el mando de los Bloques Bananero y Calima; y Raúl Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado, y quien impulsó la creación de Convivir en el Urabá antioqueño.

En diversos estrados judiciales, estos exjefes paramilitares confirmaron que las Convivir sirvieron para operaciones de inteligencia, patrullaje y como mecanismo de financiamiento mediante “cobros legales”, facilitando actividades ilegales bajo una cobertura legal. Asimismo, han explicado cómo las estructuras paramilitares tuvieron un rol protagónico en la creación y coordinación de las asociaciones Convivir, de manera directa o por personas interpuestas.

De acuerdo con el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, una vez se conoció la propuesta de las Convivir “se decidió constituir una asociación de esas como estrategia para con el propósito inicial de acceder a armas de uso civil y de uso privativo, así como para cubrir las acciones de la organización paramilitar bajo su mando”, resalta el Auto en uno de sus apartes.

Las asociaciones fueron constituidas con el apoyo de brigadas militares y coordinadas por oficiales de alto rango, según las investigaciones de la SRVR. Así, el acceso a radios, armas y una amplia financiación permitió a los paramilitares establecer un control territorial y social en las zonas en las que operaban.

Según los elementos de prueba recopilados por este tribunal, las Convivir no sólo adoptaron la estrategia de suministrar información a la fuerza pública sobre la presencia de grupos subversivos en zonas rurales y urbanas, sino que también participaron en acciones ofensivas, principalmente en asesinatos, contando con la complicidad de la fuerza pública y el respaldo de grupos paramilitares.

“Ese carácter ofensivo se gestó, además, en medio de una constante estigmatización generada por servidores públicos y empresarios contra sectores políticos alternativos, como la Unión Patriótica y sindicatos agroindustriales y de maestros”, precisa el Auto.

Las Convivir y la masacre de Mapiripán

La consolidación del “laboratorio paramilitar” establecido en el Urabá antioqueño durante buena parte de la década de los 90 se replicó en varias zonas de Antioquia y tuvo el apoyo de la fuerza pública. “Este Despacho considera demostrado que, durante 1996 y 1997 mandos de la I División, Brigada XVII y Brigada XI, así como, específicamente, de los Batallones Vélez y Contraguerrillas 35, desarrollaron una estrategia conjunta con los grupos paramilitares, especialmente con la Casa Castaño”, precisa el Auto. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incluso llegaron a incursionar en territorios del sur, como el Guaviare y el Meta, con las masacres de Mapiripán (julio de 1997) y Caño Jabón (mayo de 1998). Sobre la primera acción criminal, según ha establecido la justicia, el 12 de julio de 1997, un comando paramilitar viajó en avión desde pistas aéreas del Urabá antioqueño —que estaba controladas por la Brigada XVII del Ejército—, y llegó a San José del Guaviare, donde, sin dificultad en los retenes militares, las tropas de las ACCU llegaron por tierra al departamento del Meta y realizaron una incursión armada en el casco urbano de Mapiripán entre el 15 al 20 de julio, asesinando a por lo menos 49 personas y desplazando a unas 500 familias.

De acuerdo con un testigo entrevistado por la SRVR, el grupo paramilitar “llevaba un listado de la población civil a asesinar, y contaron con la ayuda de informantes que señalaban a las personas a ejecutar”. Además, fueron avisados del momento en que debían retirarse porque  el Ejército iba a ingresar a Mapiripán.

El papel que jugaron las Convivir en esta masacre se conoció a partir de versiones de exjefes paramilitares. Inicialmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida contra Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, recoge una versión de Hébert Veloza, alias ‘HH’, según la cual el traslado desde el Urabá antioqueño del comando paramilitar que perpetró la masacre habría sido coordinado entre el exparamilitar Raúl Hasbún y Alberto Osorio Mejía, representante legal de la Convivir Punta de Piedra.

“Mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”, recoge, en la sentencia de Justicia y Paz, el testimonio de ‘HH’. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Sin embargo, en la reciente decisión, la SRVR precisó que la participación de las Convivir en esa masacre fue más allá: con dineros recaudados por esas asociaciones del Urabá antioqueño, agrupadas en la Convivir Papagayo, se financió la preparación militar del comando paramilitar que perpetró la masacre en Mapiripán.

El testimonio reservado de un exjefe paramilitar, que detalló su participación en los hechos, reconoció ante la SRVR que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir “se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”. Y precisó: “Nunca para la masacre, pero sí para el entrenamiento de esa gente”.

La preparación tuvo lugar en la base paramilitar que las ACCU instalaron a finales de 1996 en la vereda El Guineo, entre Apartadó y San José de Apartadó. Para 1997, en este espacio, se desarrollaron cursos de entrenamiento a un grupo de 89 hombres, dentro de los que se encontraban Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y Elkin Orlando Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’. Desde el aeropuerto de Carepa, bajo control de la Brigada XVII del Ejército, se embarcaron las tropas en dos aviones hacia el departamento del Meta y cometieron la masacre de Mapiripán como preámbulo de la constitución del Bloque Centauros.

Entre los paramilitares que viajaron a Mapiripán se encontraba Arnoldo Vergara Trespalacios, quien para la fecha de construcción de la Convivir Costa Azul, el 15 de julio de 1996, figuraba como el revisor fiscal. Antes de esto, fue uno de los fundadores de la organización paramilitar “Los Güelengues”, base del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Vergara fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.

El testigo reservado también aclaró que las dos aeronaves en las que se movilizaron a los hombres de las AUC de Urabá a Guaviare fueron aportadas por Francisco Cifuentes Villa, un narcotraficante cercano a las ACCU.

Compulsa de copias

La decisión del magistrado Salazar Arbeláez ordena poner en conocimiento sus hallazgos y continuar su investigación en tres macrocasos de ese tribunal: el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; el Caso 04, sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos en la región de Urabá y el Caso 08, por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, algunos en asociación con estructuras de las AUC.

Los comparecientes obligatorios referidos en la decisión son 51, y pertenecían a la Primera División del Ejército; a las Brigadas XVII y XI; al Batallón de Contraguerrilla No. 35; al Batallón Junín; al Batallón de Fuerzas Especiales, al Batallón de Infantería No. 35, Jaime Diaz; al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; y al Batallón de Infantería No. 33, Batalla de Junín.

También se ordenó compulsar copias del Auto a la Fiscalía General de la Nación contra dos personas terceras no comparecientes ante la JEP: Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia .

La magistratura pidió a la Fiscalía investigar a Arias Gaviria porque durante su gestión entre 1995 y 1996 se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir , que fortalecieron los grupos paramilitares, “sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, destaca el Auto.

En el caso de Duque Becerra, la magistratura presume que mientras fungió como asesor en seguridad de la Gobernación de Antioquia, del 23 de septiembre a 31 de diciembre de 1996 y 13 de enero a julio de 1997, tuvo alianzas con los mandos de las ACCU, tanto en Medellín como en Córdoba, con el fin de gestionar asuntos de armas y contactos ante la IV Brigada del Ejército, y apoyar sus actividades criminales.

Este caso empieza con dos contratos en los que la Gobernación de Antioquia vinculó a Duque Becerra  para coordinar los trámites relacionados con la constitución de las Convivir, según se lee en los documentos obtenidos por la JEP. Sin embargo, Duque Becerra, escuchado en audiencia por la SRVR, negó que haya tenido que ver con la constitución de las cooperativas, y sostuvo que no era invitado a las reuniones relacionadas con ese tema y aclaró que quienes tenían que ver con este asunto era el secretario de Gobierno Departamental de la época, Pedro Juan Moreno Villa,  y dos de sus subalternos.

Pero su nombre no era desconocido en las filas paramilitares. En indagaciones realizadas por la SRVR se encontraron las declaraciones del exjefe paramilitar Hébert Veloza García y  Rodrigo Alberto Zapata Sierra sobre una persona a la que se le conocía con el sobrenombre de ‘Pavarotti’. El despacho estableció que la persona conocida con ese apodo era  el excontratista Duque Becerra, quien admitió que así lo llamaban, pero negó que se hubiera reunido en algún momento con paramilitares e insistió que su apodo tenía un origen lejos de la ilegalidad.

Su nombre tampoco era desconocido para las autoridades judiciales. Años atrás, la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz ya había compulsado copias para que Duque Becerra fuera investigado, abriendo en su contra un expediente por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación en la justicia ordinaria, el exparamilitar Zapata Sierra declaró que el excontratista de la Gobernación de Antioquia era amigo personal de Vicente y Carlos Castaño, ante quienes, según él, “presumía sobre sus contactos en la Cuarta Brigada de Medellín y de coordinar con Pedro Juan Moreno Villa las Convivir de Antioquia”.

La justicia continúa aportando a la verdad de los hechos sobre las alianzas paramilitares. El camino para encontrar los responsables y su papel en la guerra aún es largo y requiere de las acciones de todos los tribunales del país. El capítulo de las Convivir es uno de ellos.

The post Convivir financiaron tropas de la masacre de Mapiripán, según compulsa de copias en macrocaso sobre la UP appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

A pesar de las decenas de sentencias de restitución proferidas por la justicia, pocas víctimas han podido volver a la zona conocida como Tulapas, en el Urabá antioqueño, para aprovechar las tierras que les fueron despojadas. 

Aún la justicia busca determinar cuántas hectáreas fueron afectadas por el patrón criminal de despojo de tierras por paramilitares y la compra masiva por parte de empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño. 

Las decisiones judiciales han determinado que se trató de un plan sistemático. Una vez las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazaron a las familias de la zona durante la segunda mitad de la década de los noventa, se fraguó una cacería de campesinos desplazados por parte de comisionistas y Sor Teresa, que fueron forzados a firmar los contratos de compraventa por precios irrisorios. Incluso, algunos predios fueron comprados aunque se trataran de baldíos de la Nación o estuvieran en proceso de adjudicación por parte de la autoridad de tierras de la época. Así fue como las fincas fueron adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 1998 y en donde hoy se erigen complejos caucheros, madereros y ganaderos.

Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en las 58 veredas de los tres municipios que comprende la región de Tulapas (San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo), a la fecha se han proferido 49 sentencias, a partir de las cuales se ha ordenado restituir 1.596 hectáreas en esa región. De estas, la URT ha entregado 1.500 y tiene pendiente dos predios por entregar. “Además, la Dirección Territorial Apartadó ha presentado 132 demandas a la justicia especializada y avanza en el estudio de 93 casos” que están en etapa administrativa, explica la URT.

Durante muchos años el proceso de restitución de tierras se vio obstaculizado por la persistencia de actores armados en la región, pero según explica la URT desde este año la entidad ha ingresado a la región de la mano de organizaciones sociales y organismos de seguimiento al Acuerdo de Paz para realizar varias entregas materiales de predios. En este proceso, la URT conoció que desde años atrás varias víctimas habían retornado por su cuenta y sin garantías. 

La más reciente entrega de tierras tuvo lugar a mediados de este año, cuando las familias de Abelardo Mendoza, Francisco Tordecilla y Judith Márquez recibieron de parte de la URT los predios que les fueron arrebatados por paramilitares y el FGC en Tulapas. Además de la tierra, la institución los acompañó para implementar un proyecto productivo agropecuario que garantice la sostenibilidad económica a través de capacitaciones y el giro de recursos por más de $150 millones de pesos, para el buen uso y aprovechamiento de la tierra.

A pesar de estas acciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que la presencia de los grupos armados sigue impidiendo  la restitución efectiva y el goce y disfrute de las comunidades campesinas. Es así como, después de tantos años, continúa la impunidad. ”Ha sido favorable para quienes están explotando, posiblemente de manera ilegítima, algunas de estas fincas”, señaló en entrevista con este portal Nadiezhda Natazha Henríquez, magistrada relatora del Caso 04 de la JEP, el cual investiga la situación territorial de la región de Urabá. 

Por eso el tribunal de justicia transicional se ha ocupado en investigar este capítulo de despojo. A la fecha, seis civiles han sido aceptados en el Caso 04 , todos exdirectivos o miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Molina Velarde, Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Marco Fidel Furnieles Salgado. (Leer más en Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras)

Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, también buscó cupo en este tribunal, pero a mediados del 2023 la JEP rechazó su solicitud al concluir que sus testimonios revelaron poca intención de hacer nuevos aportes de verdad. (Leer más en Sor Teresa Gómez y la ambición por la tierra)

“Parece increíble, pero así es: no sabemos qué hay allá”, reflexiona la magistrada Henríquez al referirse a Tulapas. Para llenar los vacíos de información, el 1 de octubre, la magistratura profirió medidas cautelares contra el aprovechamiento forestal en la región, para evitar que se corte principalmente teca, ya que esto debe ser usado para la reparación de las víctimas por parte del Fondo de Reparación para las Víctimas en el marco de las sentencias de Justicia y Paz. 

Una de estas empresas es la Reforestadora Integral de Antioquia S.A. (RIA), una compañía industrial y comercial del Estado del orden departamental que en septiembre de 2006 firmó un contrato de usufructo con el FGC por una duración de 25 años. (Leer más en Lejos de todas partes, cerca del infierno)

Además de frenar las acciones forestales de empresas como RIA, la magistratura dispuso crear una comisión interinstitucional para que  se pueda caracterizar la tierra e inspeccionar la región de Tulapas, la cual permanece bajo el poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y al fin conocer quién tiene qué en esta región.

Conocer en manos de quién está la tierra

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la reciente decisión de cautelar los predios despojados de Tulapas que quedaron en manos de empresas privadas? 

Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): Tenemos un plan (de) los alcances de la caracterización. Se le ha dado unos términos a las instituciones, el primero es una reunión para aclarar los alcances de las medidas, qué es lo que se espera desde el despacho que se haga o qué no se haga, y tener más claridad sobre las temporalidades exactas y los recursos necesarios de estas instituciones y las posibilidades institucionales para avanzar en esta caracterización y un seguimiento frecuente para el cumplimiento. Son órdenes muy específicas muy concretas en el que de una manera colaborativa interinstitucional se espera lograr lo que aisladamente las instituciones no han podido avanzar. 

Los tiempos necesariamente son cortos y la primera parte de esa decisión está mediada por la adecuada caracterización de qué predios estamos hablando, de qué zonas estamos hablando, de cuántas hectáreas en concreto, en qué lugares y con qué características estamos hablando.

VA: ¿Qué espera la JEP? – Ver video

Es que pareciera curioso, pero es la base de todo y ha sido el límite fundamental de las instituciones: de no saber en concreto y materialmente de qué estamos hablando y eso por supuesto que tiene un componente del conflicto actual en la región, de la presencia actual de actores en la guerra, actores con los cuales hay unos acercamientos, limitados pero hay unos acercamientos

Parte de la construcción de paz está en ‘aclaremos qué es lo que está pasando aquí’ y es el objetivo fundamental de estas medidas cautelares. 

VA: ¿Cuáles han sido los hallazgos de la JEP en el caso de Tulapas? – Ver video

NNH: Nosotros hicimos unas medidas cautelares a la a documentación de todo lo que estaba teniendo se en liquidación del Fondo Ganadero, no solamente lo que está en el proceso judicial de la ordinaria, sino en toda la documentación para conservar, para ubicar, para identificar para caracterizar el archivo y para encontrar documentos que podrían estar en riesgo de pérdida o deterioro.

Eso nos permitió llegar a nuevos documentos que no estaban en el expediente. Esto es lo que nos llamó la atención: se citaba o se nombraban o los mismos comparecientes hablaban de documentos que luego no encontrábamos en los expedientes.

Y nuevamente: es muy importante para nosotros la identificación de cómo el plan criminal se da desde los momentos del desplazamiento forzado hasta el actual usufructo de la tierra.

VA: ¿Sobre esto último, se profirieron las últimas medidas cautelares? – Ver video 

NNH: Es así como llegamos a las medidas cautelares. En este momento hay que proteger la tierra, hay que proteger los recursos naturales que están en la tierra. en este momento. Hay que buscar las condiciones para que la tierra vaya a sus legítimos propietarios en una maraña muy compleja de titulación, de protección, de levantamiento de escrituras, de registros en tres municipios diferentes en el que esta situación de ‘cuál es la realidad material de la tierra’ ha sido, primero una gran deuda de todas las instituciones. 

Desde muchos años, la Agencia Nacional de Tierras ha intentado caracterizar cuáles son los predios baldíos, cuáles son las posesiones, cuáles son los predios del Fondo Ganadero que se compró en ese momento; de esos predios, cuáles eran baldíos, cuáles tenían títulos, cuáles fueron los englobes y la realidad material de estos predios y ha sido imposible para ellos llegar a las mediciones y caracterización de qué es lo que hay allá.

Y lo que vemos es que sale y sale teca de Turbo, sale teca de San Pedro, sale teca de Necoclí y no hay un doliente; no hay un responsable frente a ello de tierras que, desde decisiones judiciales, no solamente frente a condenas penales, sino decisiones judiciales de restitución de tierras y una actividad institucional respecto a la recuperación de baldíos y la regularización de la propiedad rural en estos tres municipios, en este inmenso territorio en el que no se sabe qué hay ni de quién es.

VA: ¿Cuáles han sido esos obstáculos para saber cómo y quién tiene la tierra de la región? 

NNH: El orden público es clave. En eso fue para mí muy significativo una frase de ‘Otoniel’, Dairo Úsuga, cuando se entrevistó como testigo, antes de su extradición, en la que tranquilamente dice ‘quién se presente con una sentencia judicial, le devolvemos la tierra, el que no, no’. Es decir, condicionando las posibilidades de los campesinos de retornar al territorio de que se mejoren las condiciones y se devuelva a la civilidad y a sus legítimos dueños en esta situación de testaferros que se da en este momento en esa región tan compleja de no poder tener claridad de qué es lo que hay, de quién es, por el control que se tiene de las AGC sobre esas tierras. 

La JEP investiga despojo de Tulapas

VA: ¿Por qué la Sala de Reconocimiento empezó a investigar el caso de despojo de tierras en la región de Tulapas?

Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): De cara a la búsqueda de escenarios de paz territorial, investigamos los diferentes actores involucrados. En nuestro caso, por competencia, investigamos tanto a Farc como fuerza pública y los terceros civiles que han solicitado voluntariamente presentarse a la JEP.

Entonces, desde el principio hemos identificado quiénes son los solicitantes en la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato, que son las regiones geográficas de competencia del Caso 4. Son 10 municipios en los que se da una disputa territorial principalmente alrededor de la carretera Panamericana, la carretera al mar y sobre el río Atrato, hasta su desembocadura. 

Es donde vemos unas lógicas de la guerra y una participación de frentes de unidades militares de la fuerza pública y por supuesto también hay un grupo de terceros civiles, empresarios en este caso, que solicitaron ser admitidos a la JEP y sobre los cuales se empezó a trabajar desde 2019 en el llamamiento a versión voluntaria. 

Inicialmente se vincularon nueve personas solicitantes voluntarios, en un primer análisis de su participación. Esto es muy importante porque en los procesos judiciales de la justicia ordinaria hay más personas vinculadas, pero solamente podemos asumir competencia sobre los que han solicitado voluntariamente ser admitidos. 

Y luego de ello, quiénes son los que han tenido una participación determinante en los crímenes. Entonces, no solamente en los despojos o la apropiación de tierra o el cambio del uso del suelo, sino en los crímenes graves a los cuales está asociado ese despojo, vinculados a los desplazamientos forzados que hayan tenido que ver con el plan criminal, el concierto criminal, para poder llegar al punto de apropiación de la tierra.

VA: ¿Cuáles han sido los desafíos para investigar lo que pasó en Tulapas? – Ver video

NNH: El tema financiero. Todo lo que tiene que ver con esa información del Fondo Ganadero en liquidación: quién es el liquidador, quién tiene la información, quién tiene la competencia de darla, qué tipo de información solicitamos, cuál es la relevante para el caso.

Realmente esta experiencia sobre el análisis de las finanzas, de los documentos contables, de la información institucional de las empresas es una información, primero, difícil de conseguir, difícil de encontrar y, luego, frente a su análisis, requiere unos niveles de conocimiento de la dinámica de cómo funciona el sistema financiero para entender allí cómo conectar los crímenes de desplazamiento, los actores de la guerra armados con estas sutilezas que tiene que ver con los negocios privados, los negocios comerciales y empresariales que van vinculando y que van definiendo más claramente la responsabilidad en particular de los miembros del Fondo Ganadero de Córdoba.

VA: ¿Cuáles han sido las deudas que dejó la justicia ordinaria y Justicia y Paz para el esclarecimiento de la verdad de estos hechos?

NNH: En la justicia ordinaria hay mucha información. Hay ya decisiones judiciales y hay sentencias iniciales con respecto a varios de los miembros del Fondo Ganadero, de la junta directiva. 

Hay vinculaciones penales y sentencias también sobre notarios, registradores y otros civiles que participaron en el plan criminal. La información es muy voluminosa. 

En un primer momento, la JEP estaba investigando estos hechos y se buscaba el trabajo armónico con la Fiscalía, con la investigación de la justicia ordinaria. Sin embargo, hubo unas decisiones que planteaban la suspensión de los procesos judiciales en la justicia ordinaria, los procesos penales, mientras que la JEP tomaba su decisión y eso dejó durante bastante tiempo los procesos inactivos.

En este momento tenemos unos acercamientos y unos acuerdos muy importantes con la Fiscalía para continuar conjuntamente las investigaciones de forma que podamos trabajar armónica y colaborativamente en la obtención de la verdad y por supuesto de justicia, tanto de quienes nosotros caracterizamos como máximos responsables, que se presentan voluntariamente a la Jurisdicción, y aquellos no máximos responsables que siguen de competencia bajo la cuerda procesal de la justicia ordinaria.

VA: Han pasado más de 20 años desde los hechos de despojo en Tulapas. ¿Cree que el Estado ha sido  lento en impartir justicia para las víctimas?

NNH: Hay un contexto difícil frente a graves violaciones de derechos humanos, para perseguir crímenes como el desplazamiento, para perseguir el despojo de tierras en este país. Hay una lógica de encubrimiento, de amenaza muy compleja, en la que a un crimen se suma otro crimen. Hay que mirar los sistemáticos incendios a oficinas del Incora y del Incoder en diferentes partes del país en el que la información también ha sido eliminada y es un contexto de guerra que es complejo y convivente con estos crímenes y con el mantenimiento de la impunidad de estos crímenes.

Es un escenario en el que la justicia ordinaria no tiene las herramientas para investigar estas graves, masivas, sistemáticas violaciones orquestadas por aparatos complejos criminales.

El que existan tribunales especializados y sobre todo con base en acuerdos de paz, con las dificultades y con los errores y con las críticas que pueda tener cada uno de los procesos de paz, como el de Justicia y Paz, como el nuestro mismo; han permitido abordar este tipo de criminalidad de una forma diferente a como la ha podido hacer la justicia ordinaria y de esta manera tener unos avances en la verdad y por supuesto los esclarecimientos y niveles de Justicia mayores, en los que se requiere entonces una articulación más clara con la justicia ordinaria.

Yo pienso que en este caso ha habido avances significativos que no ha habido en otros casos de despojo y apropiación ilegal de tierras en muchas regiones del país. Es también parte de por qué estos comparecientes se presentan voluntariamente y porque otros no.

Explotación de empresas

VA: ¿La agroindustria ha imposibilitado la caracterización de este territorio?

NNH: Ahí más bien hay que hacer una pregunta porque el territorio es totalmente desconocido y no sabemos bien a qué nos referimos con la agroindustria, porque hay muchas empresas, pequeñas y grandes empresas, que están haciendo uso y goce del territorio. 

¿Cuál territorio? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Qué tipo de negocios jurídicos hay allí si los predios que fueron comprados por el Fondo Ganadero fueron revertidos y los folios de matrícula están a nombre de sus originales propietarios antes de que ocurrieran todos estos fenómenos de compras y de despojo materiales y despojo jurídico? 

No hay claridad de quién tiene qué, así que no podemos decir en este momento si hay un uso ilegítimo o no. No sabemos si pueden estar los más de 100 predios comprados por el Fondo Ganadero a través de Sor Teresa Gómez. No podemos decir en este momento en qué condiciones de explotación están. 

VA: ¿El hecho de que existan estos cultivos de teca y otros árboles maderables ha obstaculizado el trabajo de caracterización de la tierra?

NNH: ¿Qué posibilidades tienen las instituciones de entrar al territorio para saber qué hay? Parte de las medidas cautelares es poder entrar entre varias instituciones y poder ir, progresivamente, caracterizando ese terreno.

Nosotros no lo vemos como una dificultad, sin embargo, es un escenario desconocido y se tiene que tomar las medidas de protección tanto por fuerza pública, por Policía, por Ejército.

Esta pregunta que parte de una afirmación y es ‘no se puede’, es ‘qué es lo que no se puede, si no lo hemos hecho’.

VA: Después de la cruenta manera en que las víctimas fueron despojadas de esas tierras, ¿Quiénes son actualmente los propietarios y quienes los están usufructuando?

NNH: Tenemos una cantidad de predios, tenemos una cantidad de títulos, tenemos una cantidad de territorio baldío, tenemos una cantidad de predios restituidos con sentencia judicial, tenemos una cantidad de predios que están en etapa administrativa sobre los cuales no se sabe dónde están y qué tamaño tienen ni qué está pasando en ellos.

VA: Y sobre algunas empresas de la región, ¿qué se ha logrado identificar? – Ver video

NNH:  Hemos identificado que hay un contrato de usufructo entre la Reforestadora de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba, que es el que conecta directamente lo ocurrido en el marco de las actividades del Fondo Ganadero de Córdoba con el actual usufructo sobre predios y que vincula específicamente a la Reforestadora de Antioquia. Es la explotación de la teca y de los diferentes recursos maderables que se suspendió hasta tanto se aclare qué está pasando en los predios.

VA: Magistrada, ¿se sabe por qué antes no se hizo nada frente a esos contratos de usufructo que este portal había denunciado desde 2012 y que involucraban a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), a la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá y a la Compañía Productora de Caucho de San Pedro S.A (Procaucho)?

NNH:  Se hace con las formalidades correspondientes sobre unos terrenos sobre los que no está claro cuál es su situación jurídica. En una gran extensión de tierra, mucha con predios que no están conectados entre sí, sino que son predios aislados, pero relacionados con un fenómeno criminal, una dinámica del conflicto, una presencia de actores que no se investiga de una manera unificada, sino que se investiga uno a uno, hecho a hecho, fica por finca, demanda por demanda de cada una de las víctimas. 

Esto dificulta mirar de una manera integral y como región lo ocurrido allí.

Responsables, dentro y fuera de la JEP

VA: ¿En la revisión de los informes entregados por la Fiscalía y las organizaciones de víctimas se han identificado personas que no han sido llamadas por la justicia?

NNH: Con respecto a Tulapas, los escenarios de justicia, en este momento están bastante avanzados. La justicia ordinaria y Justicia y Paz han sido bastante amplias en esta caracterización. ¿Qué falta? Falta entender qué es lo que está pasando con la tierra, a partir de las medidas cautelares, (y) los procesos administrativos que se están propiciando a través de ellas. 

Hay unos permisos; ¿estos permisos sobre qué predios están? ¿Cuál es la calidad jurídica de esos predios? (Necesitamos) poder diferenciar entre los predios que deben ser entregados materialmente a sus legítimos dueños junto con la riqueza que hay en ellos. Entonces estos deben ser revertidos y a quien le pertenece es a las víctimas, a quienes se les debe entregar materialmente la tierra. 

VA: ¿Cuántas personas ha vinculado la JEP a la investigación por el caso de Tulapas? – Ver video

NNH: Son seis personas vinculadas formalmente al caso, todos miembros del Fondo Ganadero de Córdoba que nos han dado unos aportes a la verdad desde su posición de directivos, es decir, con una gran capacidad de decisión: directivos del Fondo Ganadero y sus gerentes. Estas personas están contribuyendo a la verdad desde su participación en estos escenarios de poder en ese momento en el Fondo Ganadero de Córdoba. Esto para nosotros es determinante, es diciente de lo ocurrido, pero también de las responsabilidades sobre las cuales ellos están aportando verdad. 

En ese sentido, en calidad de testigo, tuvimos otras personas también presentándose a la JEP y aportando información, como han sido personas procesadas o vinculadas por los procesos de Justicia y Paz como Sor Teresa Gómez, como ‘El Alemán’, como ‘HH’, como el mismo ‘Otoniel’ que (fue), en su momento, parte de las AUC y luego de las AGC, pero también su papel relevante puesto que fue miembro del EPL antes de ello, entonces tiene muy claro todo el escenario de guerra de esa región del país.

Y por supuesto las otras personas que desde sus versiones voluntarias en Justicia y Paz y los testimonios brindados a la Jurisdicción en pequeños puntos sobre los cuales teníamos dudas, a partir de sus versiones voluntarias, hemos logrado una información bastante relevante que se contrasta con la información tanto judicial, como la de las versiones voluntarias y las que se presentan en los informes por las víctimas.

Es decir, hay un nivel de contrastación de información muy sólido respecto a qué pasó alrededor de las tierras de Tulapas. 

VA: ¿Qué pasó con Sor Teresa? ¿por qué no fue aceptada?

NNH: La JEP tiene, y esto se mezcla con la reciente decisión sobre Salvatore Mancuso, su competencia natural sobre los firmantes del Acuerdo de Paz, las extintas Farc-EP, miembros de la fuerza pública y los funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se presentan voluntariamente a la jurisdicción.

¿Qué pasa con aquellas personas que han sido juzgadas, procesadas por la justicia especial de Justicia y Paz? se mantienen en la cuerda procesal de su juez natural: Justicia y Paz.

Lo que se ha entendido con Sor Teresa desde el principio porque se llamó como en calidad de testigo, a pesar de tener una solicitud formal de ser vinculada a la JEP, lo mismo que Mancuso cuando se recibió su aporte a la verdad, era también esclarecer muchas de las situaciones, pero dar elementos a la sala de definición de situaciones jurídicas para que valore los compromisos de Sor Teresa con la verdad, para que valore la calidad del aporte de esta persona en términos del lleno de los requisitos para que sea admitida o no a la jurisdicción en calidad de civil.

Esto muy de cara a cuáles son las decisiones de la Sección de Apelaciones de cómo se estaba moviendo el escenario jurídico alrededor de cuál es el futuro de los terceros civiles de los antiguos miembros de las AUC en la JEP y esa decisión fue muy reciente y mientras estábamos en unos debates jurídicos que no estaban resueltos. Entonces al llamar a Sor Teresa como testigo avanzamos en la verdad, pero también en las posibilidades que se pueda dar, desde las competencias de la Sala de Definición, para que admita o no a Sor Teresa y la decisión que se tomó fue de no admitirla. 

Luego sale la sentencia de la Sección de Apelaciones en las que habla de personas material y funcionalmente vinculadas a la fuerza pública, situación que se avanza específicamente con Salvatore Mancuso y con la decisión de la Corte Constitucional que recientemente conocemos. 

Entonces con Sor Teresa la decisión fue más temprana y fue en lógica de su juez natural y su calidad de miembro de las AUC.

VA: ¿Sor Teresa podría volver a presentarse bajo esta figura de bisagra o la Corte Constitucional cerró esa puerta? 

NNH: La figura de bisagra sigue en debate. A pesar de la decisión sobre Mancuso, la Sección de Apelación y la JEP sigue insistiendo en manejar una figura de bisagra. Para mí es una decisión contundente la de la Corte Constitucional. A ver qué sucede. Todos estamos expectantes de si es efectivamente la última decisión

VA: ¿Con Benito Osorio por qué ocurre lo contrario? 

NNH: Benito Osorio es empresario gerente y su condición de civil es más clara. Sor Teresa, su condición de miembro de las AUC estaba definida desde hace mucho. 

El punto de diferenciación entre uno y otro es si pertenecía al grupo armado ilegal o no. Y haber sido colaborador del grupo armado ilegal desde su posición de gerente, de su posición de tercero civil es una situación que lo diferencia de Sor Teresa.

Ahí sigue habiendo dudas porque creo que no ha habido una adecuada representación judicial de Sor Teresa ni en Justicia y Paz en la ordinaria. Analizando los expedientes, ha habido debilidades digamos en su defensa y en su participación en estos procesos judiciales. 

Entonces la decisión de la Sala de definiciones es que está probado que fue un miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia en calidad de armada y es una decisión del órgano de justicia competente para tomar esta decisión. Nuestro papel como Jurisdicción es el aporte a la verdad de estas personas, no definir su calidad jurídica.

VA: ¿La JEP ha compulsado copias a la justicia ordinaria para investigar responsables que no están en el radar?

NNH: Estamos en un momento de medidas cautelares, un momento importante de la investigación en la cual vamos a tomar unas decisiones sobre la determinación de las responsabilidades respecto a este caso. Estamos en un momento de trabajo muy riguroso con quienes se han presentado a la Jurisdicción, de quienes son los competentes para nosotros, a quienes pudimos llamar. Hay una decisión pendiente respecto a la determinación de hechos y conductas frente a los que son competentes y quienes fueron nombrados por ellos.

Nuestra decisión alcanza a quienes se presentan voluntariamente. Respecto a quienes no se han presentado voluntariamente es competencia de la justicia ordinaria y como dije en un primer momento estamos llegando a un trabajo colaborativo entre la justicia ordinaria y la JEP.

Criticas a la justicia transicional

VA: ¿Considera acertada la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre que ha existido un fraccionamiento de la verdad especialmente frente al fenómeno paramilitar? 

NNH: Hay una justicia ordinaria que habla de quiénes son competentes en estos crímenes, respecto a los terceros civiles. Hay una Justicia y Paz que no asumió, sino que compulsó una gran cantidad de copias que tienen unos avances limitados hasta este momento en la justicia ordinaria. Hay unas decisiones respecto a los partícipes desde las AUC. Hay unas investigaciones en JEP respecto a las extintas Farc, respecto a funcionarios públicos y terceros que se presentan voluntariamente, hay una competencia sobre la fuerza pública. 

Hay diferentes tribunales, diferentes jueces, diferentes formas de conocimiento que abordan, además de conductas específicas y hechos específicos, lo que puede entenderse como varios planes criminales que involucran diferentes actores, que involucran diferentes conductas y que esto no se está investigando de esta manera en general en ningún tribunal.

VA: ¿Entonces tendría lógica la propuesta de crear un tribunal de cierre que agrupe a todos los actores involucrados en el conflicto incluidos terceros civiles?

NNH: Lo que está proponiendo el presidente es lógico. 

VA: Además de la persistencia del conflicto y de no poder identificar quién tiene la tierra y dónde está, ¿hay algún otro factor para que este despojo persista? – Ver video

NNH:  Sabemos que hay contratos de usufructo. Sabemos lo que dice Otoniel en su testimonio. Sabemos que está saliendo teca de este territorio, sabemos que hay unos predios que están en sentencia y que están en demanda y que están en fase administrativa en restitución. Sabemos que hay unos baldíos que están bajo estudio de la Agencia Nacional de Tierras. 

¿Qué más sabemos? No sabemos más. Eso es lo que queremos aclarar con la medida cautelar. Es, primero, limitar que siga habiendo una explotación de los recursos naturales que ahí estén, sea de quien sea, poder caracterizar y entender qué es lo que hay, de quién es lo que hay, en qué características y en qué condiciones y quienes estén allí.

VA: ¿Qué pueden esperar las víctimas de despojo en la región de cara al control que las AGC tienen en el Urabá?

NNH:  Estamos haciendo un seguimiento, un balance permanente, un monitoreo frecuente de cómo está la situación de orden público, la presencia de actores, cómo se están moviendo los actores, cuáles son los acercamientos del Estado con respecto a esos actores, cuáles son los mensajes que se pueden intercambiar con estos actores para poder avanzar en esta caracterización.

Estamos muy optimistas en tener un escenario político favorable para la realización de estas actividades.

The post Tulapas, un “inmenso territorio en el que no se sabe qué hay ni de quién es” appeared first on VerdadAbierta.com.