VerdadAbierta.com habló con organizaciones sociales en cinco regiones del país sobre el avance en la implementación del acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas pactado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Presión de grupos armados ilegales, erradicación forzada, contradicciones en la política antidrogas y falta de recursos pronostican un futuro adverso.
La erradicación forzada se dan en el marco del Plan Colombia, por lo que cuenta con mayores recursos que los establecidos por el gobierno para la sustitución. Foto: Archivo Particular.La masacre de por lo menos seis campesinos en Tumaco el pasado 5 de octubre no sólo es el hecho violento más grave ocurrido en el país después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre del año pasado; es también la evidencia de las profundas dificultades que enfrenta la implementación del punto sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas que se pactó en Cuba. (Lea más: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Los responsables de la tragedia aún se desconocen y las versiones se debaten entre la presunta responsabilidad de la Policía Antinarcóticos y la de una supuesta disidencia de las Farc. Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones, lo que está claro es que los labriegos intentaban proteger los cultivos de hoja de coca, su única fuente de ingresos, de una acción de erradicación forzada. (Ver:Falta de claridad y múltiples versiones ensombrecen a Tumaco)
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Colombia se registraron alrededor de 146 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en 2016. El aumento significativo de los sembradíos, que en 2015 ascendió a 96 mil hectáreas, empujó al gobierno nacional a plantearse para 2017 la meta de eliminar 100 mil de ellas: 50 por ciento mediante la erradicación forzada y el otro 50 por ciento a través de la sustitución voluntaria. Esta última modalidad, tal como quedó consignado en el acuerdo firmado con las Farc, obliga al Estado a concertar con las comunidades la manera cómo se realizará esa labor para garantizarles estabilidad económica.
En varias regiones del país la combinación de ambas políticas ha generado choques entre la población civil y la fuerza pública. De acuerdo con el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (Occdi), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre febrero y octubre de 2017 se han presentado por lo menos 80 enfrentamientos, que han dejado muertos y heridos. Según Camilo González Posso, director de Indepaz, “estas confrontaciones demuestran que la política de erradicación forzada se está desarrollando con criterios contrainsurgentes. No se supera la estrategia de la guerra contra las drogas, sino que persiste la estrategia militar que afecta a campesinos y cultivadores”.
La manera como el Estado enfrenta el problema de los cultivos de uso ilícito está relacionada con las duras presiones que provienen del gobierno de Estados Unidos. El pasado 12 de septiembre, el secretario adjunto de Estado y antiguo embajador en Colombia, William Brownfield, afirmó que el gobierno colombiano había descuidado la lucha contra el narcotráfico por concentrarse en el proceso de paz con las Farc.
En varias regiones del país las movilizaciones campesinas han sido la única manera de frenar la erradicación forzada que viene aplicando el gobierno. Foto: María Clara Calle.Asimismo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, instó al gobierno de Colombia a retomar la aspersión aérea. El propio presidente, Donald Trump, amenazó hace pocas semanas con calificar al país como uno “que ha fracasado demostrablemente en cumplir sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca”.
Solo para 2017 el gobierno estadounidense le giró a Colombia por concepto del Plan Paz alrededor de 400 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con Pedro Arenas, coordinador del Occdi, esos dineros no se pueden invertir en el programa de sustitución dada la participación de las Farc en la negociación de esa política. La razón es simple: el Departamento de Estado aún las considera una organización terrorista, pese a su dejación de armas y conversión en partido político legal.
Según el último informe del Occdi, cerca de 9.257 familias ya han firmado acuerdos para sustituir y comunidades de 12 departamentos han suscrito acuerdos colectivos. Aunque los subsidios han comenzado a llegar, los proyectos productivos no han aterrizado en las regiones y el Congreso de la República no ha aprobado la reforma que debería otorgar un tratamiento penal diferenciado para cultivadores de coca, en parte por la oposición que la Fiscalía le ha hecho a la iniciativa.
Este martes, el componente del partido Farc en la Comisión de Seguimiento a la Implementación (Csivi) declaró que, pese a la suscripción de esos acuerdos, el gobierno “ha incumplido de manera sistemática la implementación de los diferentes componentes del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS)”. Entre ellos, el desarrollo de los planes de acción inmediata que garantizan la estabilidad económica, la puesta en marcha de los protocolos de seguridad especiales para mitigar los riesgos de la sustitución y el decreto reglamentario del PNIS. (Ver documento)
Mientras tanto, la tensión se agudiza en las zonas cocaleras, donde va a toda marcha la erradicación forzada con el fin de cumplir la meta de 50 mil hectáreas trazada por el gobierno nacional para este año. La drástica medida le pone presión a los pequeños cultivadores, quienes, además, tienen que soportar el reclamo de grupos armados ilegales y de narcotraficantes, que se oponen a los programas de erradicación y sustitución.
Con el fin de establecer en qué va a puesta en marcha de los programas de sustitución, que fueron anunciados desde La Habana como la solución a los problemas de ilegalidad e inseguridad que enfrentan miles de familias que viven de la producción de hoja de coca para uso ilícito en el país, consultamos organizaciones sociales de cinco de las regiones cocaleras más conflictivas. El panorama es preocupante.
Catatumbo
Esta región de Norte de Santander es la que presentó un mayor aumento de los cultivos entre 2015 y 2016, según estimaciones de Unodc, alcanzando las 24.837 hectáreas. Allí sólo se ha firmado un acuerdo municipal de sustitución, el 9 de septiembre en Tibú, y se avanza en un segundo acuerdo para la zona de Caño Indio, donde existe un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc.
En esta región conviven grupos armados ilegales que, desde hace varios meses, intentan copar los territorios en los que operaban las Farc. De acuerdo con un investigador de la zona, que pidió la reserva de su identidad, el Frente Libardo Mora Toro del Epl, llamado por las autoridades como ´Los Pelusos´, ha intentado convencer a los campesinos de no unirse al plan de sustitución voluntaria.
“En esas zonas radicalizadas por los cultivos de coca donde hay otros actores armados que siguen recibiendo algún beneficio de estos cultivos se han escuchado voces en contra de las Farc, a la que acusan de traicionar todo el proceso de los campesinos cocaleros y de venir de la mano del gobierno a arrancar la coca, que es el único sustento que tienen las familias”, dijo el investigador.
No obstante, Yonny Abril, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que en labores de su organización no han percibido ninguna resistencia por parte del campesinado frente a los programas de sustitución. No obstante, admite que grupos ilegales asociados al narcotráfico, que tienen influencia en Cúcuta, la capital del departamento, han amenazado a miembros de la asociación que participan en la puesta en marcha de los programas.
En el municipio de Sardinata, donde se han presentado choques entre los campesinos y la Fuerza Pública, las organizaciones representantes de campesinos cocaleros y el gobierno nacional acordaron suspender de manera temporal la erradicación forzada desde el pasado 20 de septiembre.
“El campesino que tiene la hoja de coca para sobrevivir y para resistir con su familia lo que está esperando, no solamente con el punto cuatro, sino con el tema de la reforma rural, es tener su tierra, educación para sus hijos, carreteras, líneas de comercialización, y la salud, todo lo cual es precario en la región”, afirmó Abril.
Cauca
Este departamento del país es la cuarto con mayor cantidad de cultivos de coca, con un estimado de 12.595 hectáreas, según Unodc. Pese a ello, cuenta con pocos acuerdos de sustitución. Para Alexander Fernández, vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), una de las causas de ese fenómeno es la falta de pedagogía: “En la práctica, la metodología del gobierno ha sido ir a un municipio y hablar de la propuesta, pero no instruir una pedagogía que les posibilite a los líderes ir a los territorios a socializar los acuerdos”.
En el departamento también existen dificultades con la sustitución voluntaria en los resguardos indígenas, donde, según el Decreto 896 de 2017, que dio vida al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), se debe poner en práctica un enfoque diferencial. Al respecto, Diana Valenzuela, investigadora del Occdi, asegura que continúan las falencias del gobierno nacional en la ejecución de la consulta previa, dado que no cuenta con instancias de articulación con las autoridades indígenas, pese a que aquellas “están legalmente constituidas y constitucionalmente reconocidas”.
Asimismo, de acuerdo con la investigadora, integrantes de grupos armados que dicen pertenecer al Epl y al Eln presionan a los pobladores para que no lleguen a acuerdos de sustitución con el gobierno nacional. Hasta el momento la Guardia Indígena los ha mantenido fuera de sus territorios, pero la situación sigue generando zozobra.
Nariño
Es el departamento que concentra el mayor número de hectáreas de hoja de coca, alrededor de 42.627 según Unodc, lo que representa el 16 por ciento de sembrados de todo el país. De igual manera es el que más acuerdos de sustitución había suscrito hasta julio pasado, 16 en total, de acuerdo con el Occdi. Entre ellos se encuentran un acuerdo departamental firmado el 4 de marzo, uno municipal para Tumaco suscrito el 3 de abril y, posteriormente, un tercer pacto colectivo el 12 de septiembre en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, justamente en la zona donde ocurrió la masacre.
No obstante, en la región existen problemas de representación de los cocaleros, dado que no todas las organizaciones que los agrupan han podido participar de los espacios de interlocución con el gobierno. De acuerdo con Arnobiz Zapata, integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Nariño, “cuando los campesinos cultivadores de coca que son afines a estas organizaciones ven que aquellas no están presentes (en las negociaciones), deciden no entrar en los programas”.
Aquí, a diferencia de otras regiones, el gobierno nacional no ha accedido a suspender las erradicaciones forzadas, por lo que los enfrentamientos entre la población y piquetes de la Fuerza Pública son reiterados. “La gente a través de la movilización ha sacado a los militares de las zonas, pero ellos siguen viniendo. Los campesinos, incluso, dejaron de hacer otras cosas por estar pendientes de qué día viene el soldado a erradicarles”, agregó Zapata.
Del mismo modo, la manera como el gobierno nacional ha clasificado los cultivos de subsistencia y los llamados cultivos industriales ha generado choques en la zona. Para el Estado, un pequeño cultivador que puede unirse al plan de sustitución es aquel que tiene como máximo 3,8 hectáreas. Cifras conocidas por VerdadAbierta.com indican que en este departamento hay por lo menos 30 mil familias que se consideran pequeñas productoras de hoja de coca para uso ilícito que poseen entre 1 y 4 hectáreas sembradas.
Varias organizaciones afrodescendientes también han denunciado amenazas en contra de quienes han liderado el proceso de sustitución. (Ver Zona veredal de Tumaco, rodeada de milicianos disidentes)
Putumayo
Este departamento es el segundo en cantidad de cultivos de coca en el país, con 25.162 hectáreas, según Unodc. El 26 de julio pasado, el gobierno nacional y las comunidades llegaron a un acuerdo para que a principios de este mes todos los municipios de la zona contaran con las instancias propias del PNIS.
A pesar de los avances, las acciones de erradicación forzada realizadas en julio de este año en los municipios de Puerto Caicedo, Orito y Puerto Asís generaron desconfianza y temor en la población. Las movilizaciones campesinas en el departamento lograron una mesa de concertación con la Fuerza Pública para que se detuvieran de manera temporal. (Ver ¿Tambalea la sustitución de hoja de coca en Putumayo?).
La presión de grupos armados ilegales sin identificar también pone en una situación de vulnerabilidad a los pequeños cultivadores. según Yule Anzueta, líder de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, esas estructuras criminales se han reunido con las comunidades para advertirles de eventuales desplazamientos y masacres si se integran a los programas de sustitución voluntaria.
Como los proyectos productivos prometidos aún no llegan al departamento, existe la percepción entre las comunidades de que el gobierno nacional sólo quiere “que la gente levante las matas y ya”, lo que genera gran incertidumbre sobre la sostenibilidad económica de las familias, una vez se queden sin la hoja de coca.
Guaviare
En este departamento, que tiene alrededor de 6.838 hectáreas de cultivos de coca según Unodc, se firmó un acuerdo marco de sustitución de carácter regional. El proceso se encuentra en la fase de establecimiento de las comisiones propias del PNIS, y en algunos municipios, como Colinas, las familias ya comenzaron a recibir los recursos para sustituir.
Al respecto, el PNIS establece que esos dineros corresponden a un pago por seguridad alimentaria de 1.8 millones de pesos por una sola vez; un desembolso mensual de un 1 millón de pesos por 12 meses; e inversiones de 9 a 10 millones de pesos en proyectos productivos.
Pese a ello, a principios de este año se presentaron duros choques con la Fuerza Pública por erradicaciones forzadas en el municipio San José del Guaviare. “El enfrentamiento fue fuerte, hubo heridos con tiros de fusil. Desde todo el ejercicio de resistencia y protestas que hicimos las organizaciones se logró frenar un poco la erradicación”, afirmó Fermín Oviedo, líder campesino de la región. (Ver Campesinos cocaleros de Guaviare, inconformes con el gobierno nacional)
Uno de los asuntos que genera más inquietud en la zona es la presencia de la disidencia del Frente 1 de las Farc, comandada por alias ‘Gentil Duarte’. Según Oviedo, esta estructura se ha acercado a las comunidades para recomendarles que no se integren al programa de sustitución voluntaria: “La disidencia de las Farc lo que les ha manifestado a las comunidades es que no se dejen enredar. Que la decisión la deben tomar los campesinos, pero que ellos orientan que no se acojan al programa porque no les van a cumplir. Entonces, la gente como ha tenido una credibilidad en este grupo, pues no han logrado diferenciar entre los que están en el proceso de paz y los que siguen en armas, ha acogido esa orientación”.
Además, existe una grave afectación por cultivos de hoja de coca en parques nacionales naturales, pues allí no es posible la sustitución. Según relatan varios campesinos, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, les aseguró en una reciente reunión que quienes tuvieran sembrados en estas áreas protegidas no accederían al programa, lo cual incrementó los temores en varios sectores del campesinado que hoy se enfrentan al dilema de cómo sobrevivir sin la hoja de coca y sin la ayuda del Estado.
Nota de la redacción:VerdadAbierta.com intentó comunicarse insistentemente con la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno nacional para conocer el avance en terreno de la implementación del punto 4, pero no obtuvo respuesta.
