Estos nativos Wayúu esperan que las unidades de Víctimas y Restitución de Tierras estudien con celeridad su caso, pues han resistido a dos décadas de desplazamiento y disputa de su territorio ancestral.
Una parte del Clan Uriana vive en condición de desplazamiento en Arroyo Parrantial, en el barrio Miraflores, de Maicao. Allí están tres de las 28 familias que componen el Clan. Según la comunidad, la situación de seguridad es difícil. Foto suministrada: Jesús Fragozo.Las 674 hectáreas que componen el territorio de la comunidad indígena Houluy fueron distribuidas como ‘un pastel’ sin que los Wayúu de los clanes Uriana e Ipuana supieran. Aunque ancestralmente viven allí y desde los noventa le exigen al Estado la constitución de un resguardo, el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) dividió los terrenos en siete parcelas y se los tituló a igual número de arijunas, es decir, a colonos o personas que no pertenecen a esa comunidad étnica.
“Quisiéramos saber qué es lo que está detrás de todo esto, por qué es que nos quieren quitar la tierra”, se pregunta una de las mujeres del clan Uriana, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad.
Aunque los títulos están a nombre de foráneos, quienes reclaman como propio el territorio son los clanes Uriana e Ipuana, que integran la comunidad Houluy, situada a 15 minutos del casco urbano de Maicao, entre los kilómetros 87 y 89, en la vía que conduce al corregimiento de Carraipía.
“Nuestro caso ha querido ser presentado como un conflicto entre clanes y ahora de forma más reciente como interétnico, pero, como lo hemos demostrado, Houluy no solo ha sido afectada por eso, sino por el conflicto armado; somos víctimas y queremos que nos reconozcan”, repite la líder.
Desde que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 1 de enero de 2012, los Uriana recopilaron documentos y testimonios que suman 400 folios de pruebas y los presentaron a la Unidad de Víctimas para ser reconocidos como sujetos colectivos de reparación.
Lo mismo hicieron ante la Unidad de Restitución de Tierras para que su reclamación de derechos territoriales comenzara a ser estudiada y, posteriormente, un juez especializado ordenara medidas que les permitiera gozar de sus predios. Esta es la historia de una comunidad Wayúu que espera soluciones efectivas a sus reclamos.
Intentos fallidos
En Maicao, en La Guajira, están dispersas las familias Uriana e Ipuana porque su territorio ancestral fue titulado a arijunas o colonos. Montebello es otro de los barrios donde tratan de sobrevivir. Foto suministrada: Jesús Fragozo.Según lo relata la comunidad de Houluy, desde 1990 comenzaron a gestionar ante el Incora el reconocimiento del resguardo por medio de un título formal. “La autoridad tradicional hizo la solicitud, pero no se concretó porque para entonces hubo una invasión de colonos sobre una parte del territorio ancestral”, recuerda la líder indígena.
Ante esa eventualidad, el Incora se comprometió a verificar quiénes estaban en las tierras para continuar con el trámite. Esto es lo que técnicamente el Instituto llamaba la “inspección ocular”, pero nunca ocurrió.
Los Uriana y los Ipuana siguieron en sus tierras, pero “en 1994 surgió un conflicto entre clanes, con el Clan Epinayú, de la familia Barros”, comenta la líder, indicando que para entonces ‘Rafita Barros’ promovió un conflicto que terminó expulsándolos del territorio étnico.
VerdadAbierta.com documentó en un especial sobre el conflicto en La Guajira que, según varias fuentes, ‘Rafita Barros’ era conocido en la región como un jefe local del contrabando y el narcotráfico, que posteriormente apoyó la incursión del Bloque Norte de las Auc.
Cómo se tomaron los ‘paras’ La Guajira
Los Uriana relatan que comenzó una guerra sin tregua, pues arijunas armados bajo órdenes de ‘Rafita Barros’, así como algunos militares cómplices, quemaron las casas y robaron animales de los Uriana e Ipuana, expulsándolos hacia Venezuela.
“Aunque tratábamos de sobrevivir en unas tierras privadas de familia Wayúu en ese país, íbamos y veníamos. Ese conflicto se prolongó entre el 2 de agosto de 1995 y el 20 de marzo de 2004. Mataron a casi todos los hombres; quedamos solo mujeres y niños”, afirma la líder.
Para comienzos del nuevo siglo, en el territorio convergían varios actores armados. Estaba el Frente 59 de las Farc y en 2001 llegó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Con el apoyo de varios narcotraficantes y contrabandistas de la zona, conformaron una célula armada que ‘bautizaron’ como Frente Contrainsurgente Wayúu. Bajo el pretexto de “combatir a la guerrilla”, desplazaron y cometieron masacres en contra de los indígenas.
Para los Uriana, la violencia paramilitar tenía como trasfondo la apropiación de sus tierras. El 28 de enero de 2001 un comando de las Auc ingresó al resguardo de Rodeíto-El Pozo, en el municipio de Hatonuevo, y asesinó a 13 indígenas del Clan Uriana.
Según documentó Rutas del Conflicto, con base en archivos judiciales, esa masacre ocurrió durante una fiesta, a la que llegaron hombres armados buscando a Tina Uriana, quien venía denunciando ante las autoridades la tragedia desatada por los paramilitares y narcotraficantes de la región. Como no la encontraron, abrieron fuego contra los indígenas, matando a 13 de ellos y generando un desplazamiento de por lo menos 150 Wayúu de la comunidad de Houluy.
<imgsrc=”https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2017/10/houluy-3.jpg” alt=”houluy 3″ style=”margin: auto;” />Los indígenas Wayúu de Houluy esperan que las unidades de Víctimas y Restitución de Tierras tomen una pronta decisión sobre su reclamación, pues advierten que urge que los reparen colectivamente y les restituyan sus derechos territoriales. Foto suministrada: Jesús Fragozo.Aunque medios de prensa de la época informaron que los crímenes fueron producto de una guerra entre clanes, los Uriana advirtieron que ésta había sido cometida por paramilitares del Bloque Norte. Las investigaciones de la Fiscalía apuntaron a que la orden fue dada por ‘Rafita Barros’, quien financiaba al grupo armado ilegal.
La comunidad de Houluy había sido desplazada por la persistencia del conflicto y para evitar su fractura retornó después de 2006, una vez el gobierno anunció la desmovilización del Bloque Norte de las Auc en El Copey y La Mesa, en el Cesar. Sin embargo, una gran parte del Frente Contrainsurgente Wayúu, uno de los tentáculos del Bloque Norte en la Costa Caribe, no quiso reincorporase a la vida civil y siguió delinquiendo bajo el mando de Arnulfo Sánchez alias ‘Pablo’, quien fue capturado en Bogotá el 15 de noviembre de 2010.
Mientras los clanes Uriana e Ipuana fueron desplazados, el antiguo Incora fraccionó las 674 hectáreas de su territorio y les entregó títulos a personas que no han reclamado ni pertenecen a la comunidad Houluy. En las adjudicaciones incluyeron el cementerio ancestral, un lugar sagrado para los Wayúu. Según los documentos recopilados por los Uriana, las adjudicaciones ocurrieron el 23 de noviembre de 2000 sin que hubiera una visita al territorio y menos una consulta a los indígenas. “A un predio lo llamaron La Reinita, al cementerio le pusieron como nombre El cielo azul; otro predio tiene como nombre Andreíta; otro, El Atardecer; en los títulos aparecen otros llamados Al fin, La Salvación y La Montañita”, indica la líder indígena.
Los Uriana aseguran que las mujeres tomaron las riendas de la reclamación y comenzaron a documentar lo ocurrido durante los últimos 25 años, sin lograr aún respuesta de las instituciones locales. “Todo han sido tropiezos y obstáculos, por eso decidimos llevar el caso a instancias nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos escuchen”, agrega.
Pero esta tarea tampoco ha sido fácil. Según la comunidad de Houluy, su caso no ha tenido respuesta en la Dirección Étnica del Ministerio del Interior y aún siguen pendientes las investigaciones por parte de la Fiscalía.
La Guajira: más que hambre y sed
VerdadAbierta.com consultó sobre la reclamación de la comunidad en la Unidad Nacional de Víctimas y la funcionaria encargada de Asuntos Étnicos aseguró que habrá pronto un pronunciamiento. La Oficina de Comunicaciones de la Unidad de Restitución aseguró, por su parte, que el caso apenas está en proceso de caracterización, en una etapa administrativa, lo que impide que pueda accederse a información ya que apenas está en fase de estudio.
“Hemos pasado por tanto que esperamos que con la Ley de Víctimas haya una solución”, repite la líder indígena y asegura que ella y su comunidad confían en lograr, por fin, la constitución del resguardo para los clanes Uriana e Ipuana, una reparación integral por todos los daños causados en el pasado, pero, sobre todo, una real garantía de que podrán vivir en paz.
