El Acuerdo Final planteó la oportunidad de transformar y vincular territorios marginados al circuito económico y político nacional, pero la descoordinación de las entidades estatales, la incertidumbre por los recursos económicos, sumado a las dificultades de seguridad que se están registrando en las zonas cocaleras, constituyen una gran amenaza para la implementación del Punto 4. Tercera entrega de nuestro especial sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Del Punto 4, el aspecto que muestra avances es el PNIS y, con todo y ello, este programa se ha quedado corto en su aplicación. Aún no llega a Parques Nacionales, que registran cerca del 30 por ciento de la hoja de coca del país. Foto: archivo Semana.“Valorar la implementación del Punto 4 sólo en la ejecución del PNIS (Plan Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos) es seguir creyendo que el problema de las drogas ilícitas son solo los productores y el Acuerdo no habla sólo de ellos; también del consumo, de lo que habría que hacer en materia de salud pública y de eso ni se habla. Mucho menos sobre el combate a las redes que se lucran del narcotráfico”.
La afirmación es de Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados como Ilícitos de Indepaz, una de las organizaciones que viene realizando un detallado seguimiento al desarrollo de la solución al problema de drogas ilícitas, contemplada en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el gobierno nacional y las Farc en el Teatro Colón de Bogotá hace casi ya un año.
Ambas partes reconocieron en este punto que el cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas se convirtió en el combustible que atizó el fuego de una guerra sin cuartel y agudizó las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión donde floreció esta economía ilegal. Para enfrentarlo, se acordó una nueva visión y la idea de generar políticas públicas que pusieran en el centro del tema el desarrollo integral de los territorios y las comunidades, por encima del enfoque punitivo que había primado hasta ese momento.
En esencia, ambas partes se comprometieron a diseñar una iniciativa integral de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que contara además con una activa participación de los campesinos cocaleros; impulsar programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y tratamiento de salud pública para los adictos; y enfrentar el fenómeno de la producción y la comercialización de narcóticos.
Pero hoy, un año después de la firma del Acuerdo Final, la realidad revela que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los municipios cocaleros avanza a tropezones, mientras las medidas de choque, como la erradicación forzada, se impone sin acuerdos previos con las comunidades; que poco o nada se ha avanzado en el diseño de programas de prevención del consumo y atención y tratamientos a los consumidores, y mucho menos en el combate a las estructuras ilegales que continúan lucrándose del narcotráfico.
De acuerdo con Arenas, lo anterior se explica, en parte, por la presión de sectores políticos nacionales e internacionales al gobierno nacional por el inusitado incremento que experimentaron los cultivos ilícitos en 2016. Según el informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, fechado en marzo de 2017, se identificaron 188 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, la cifra más alta en la historia del país; mientras que la medición anual sobre 2016 del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) , presentada en julio del presente año, registró 146 mil hectáreas.
Para conjurar las críticas de la opinión pública nacional e internacional, el gobierno nacional se propuso terminar el 2017 con 100 mil hectáreas menos de hoja de coca: 50 mil erradicadas forzosamente y otras 50 mil sustituidas voluntariamente bajo los acuerdos con las Farc. Aunque desde la fuerza pública, encargada de las labores de erradicación, se habla de poco más de 45 mil hectáreas de hoja de coca menos en el país, la sustitución voluntaria si acaso llegará a las 10 mil hectáreas al finalizar este año.
Pero el principal problema no radica allí. Según el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados como Ilícitos de Indepaz, entre enero y junio se realizaron 107 acciones de erradicación forzada en 16 departamentos del país. En 13 de ellos, las comunidades ya habían suscrito acuerdos para la sustitución voluntaria, lo que caldeó el ánimo de los cocaleros al punto que en 30 municipios y 45 veredas de esos 16 departamentos se registraron fuertes enfrentamientos entre las comunidades y las tropas de erradicación, dejando heridos y muertos en estos choques. Lo ocurrido en Tumaco el pasado 5 de octubre es el ejemplo más triste de ello. (Leer más en: Sustitución de hoja de coca: entre lentitud del gobierno y presión de los criminales)
“Como no se está hablando de todo lo que contempla el Punto 4, de las medidas de salud pública que se iban a desarrollar, del combate a las redes que se lucran del narcotráfico, pues terminamos hablando de las hectáreas, el foco sigue siendo los campesinos, indígenas y afros que producen. Esto es bien dramático porque, de esa lectura, se deriva que el narcotráfico es creado por esas poblaciones, es pensar que el problema es el cultivo, la pasta base y no los otros eslabones de la cadena que no se están atacando”, sostiene Arenas y asegura que el mejor ejemplo de ello es lo que sucede en Nariño: “Es el departamento con mayor presencia de cultivos de hoja de coca. Y si revisamos, hay tres funcionarios del PNIS para todo el departamento, mientras que hay más de 1.500 efectivos de la Fuerza Pública para continuar con la erradicación forzada. Hay muchos recursos para esto, pero muy pocos para el PNIS”. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)
¿Iniciativa sostenible?
El Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, conocido como PNIS, es la estrategia que busca transformar la realidad social y económica de los campesinos cultivadores de hoja de coca mediante unas asignaciones monetarias durante dos años a la par que se desarrollan planes de intervención integral en veredas y corregimientos que terminen por desestimular la economía ilegal derivada de este negocio.
El PNIS arrancó formalmente su implementación en mayo de este año. La iniciativa se basa en un amplio proceso de concertación con comunidades y actores sociales representativos de los territorios, en los que se priorizan las intervenciones a realizar, se caracterizan las familias cocaleras, se identifican sus necesidades, se suscriben acuerdos colectivos e individuales donde los participantes se comprometen a arrancar sus matas una vez comiencen a recibir los primeros pagos.
Durante el primer semestre del año se firmaron acuerdos colectivos en 78 municipios de 28 departamentos. Es decir, se espera que poco más de 115 mil familias sustituyan voluntariamente algo así como 72 mil hectáreas de hoja de coca. En algunos municipios ya se realizaron los primeros desembolsos, correspondientes a dos millones de pesos por familia que se entregan cada dos meses por periodo de un año. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que acaba de publicar el informe En qué va la sustitución de cultivos ilícitos en el que realiza seguimiento al PNIS, en los municipios donde ya se desembolsaron los primeros pagos el porcentaje de erradicación alcanza el 88 por ciento.
Los estimativos de la FIP apuntan a que, mediante la sustitución voluntaria podrían destruirse, en el escenario más optimista, unas 10 mil hectáreas de hoja de coca, es decir, sólo el 20 por ciento de la meta proyectada por el gobierno nacional. De acuerdo con este informe, hasta el pasado 5 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) certificó la erradicación voluntaria de 1.136 hectáreas en cinco municipios y se espera que antes de la primera semana de noviembre sean arrancadas otras 1.214 más, para un total de 2.350 hectáreas. (ver documento).
No exageran entonces quienes señalan que el PNIS es la cara más visible de la implementación del Acuerdo de Paz allí donde la guerra entre la guerrilla de las Farc y de las Farc y las fuerzas del orden del Estado colombiano se libró con furia.
Fuente: Indepaz.
El PNIS se concibe como una estrategia integral que se articula al desarrollo del Punto I del Acuerdo Final, relativo a la Reforma Rural Integral, así como a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, a juicio de Daniel Rico, experto en el tema, “los PDET y el PNIS sólo existen en Bogotá. Si usted viaja a los territorios se va a encontrar que no hay nada. O mejor, hay una falta de coordinación entre las entidades del Estado que está haciendo que este punto se esté limitando sólo a la firma de acuerdos y ya”.
Para Rico, un buen ejemplo de dicha descoordinación es el Plan 50/51, mediante el cual el gobierno nacional se propone intervenir vías terciarias en 51 municipios afectados por el conflicto armado: “Pero, ¿se sabe cuáles son esos municipios donde se realizará la intervención?, ¿son municipios donde también se está desarrollando el PNIS? Hay una crisis de liderazgo muy grande que está afectando la implementación de los acuerdos”.
Critica en igual sentido manifiestan desde la Coordinación de Organizaciones Cultivadoras de, Coca, Amapola, Marihuana (Cocam). “El PNIS arrancó cojeando, porque hasta el momento se quedó en la ayuda económica (PAI) y no arrancan los proyectos productivos, la asistencia técnica entro otros. Quedarse solo en la ayuda económica inmediata no solucionada nada porque si no se transforma la realidad económica de las familias, pues téngalo por seguro que de aquí a un año están volviendo a sembrar”, asevera Yule Anzueta, integrante de la Cocam Putumayo y uno de los voceros de este movimiento a nivel nacional”.
Para Anzueta persiste la idea según la cual el problema radica en las matas y, por ende, la solución está en arrancarlas de raíz, “pero eso no solucionada para nada el problema. Lo que se requiere es transformar la realidad económica y social de las familias. ¿Por qué no se comenzó con la implementación del punto I, con solucionar el problema de tierras para los campesinos? Tampoco se ha resuelto el tema de vías terciarias. Una cosa es transportar dos, tres kilos de pasta base, que le pueden valer al campesino cuatro o cinco millones de pesos, en una mochila al hombro y por una trocha, que sacar dos, tres kilos de café, cacao o lo que sea por una trocha”.
De acuerdo con este dirigente de la Coccam, en departamentos como Cauca, Nariño y Guaviare, la implementación del PNIS enfrenta muchas dificultades, principalmente en territorios de comunidades indígenas o de pueblos afros, pues estas minorías étnicas sienten que se les está imponiendo un modelo que no se les consultó.
“Igual pasa con las mujeres y los jóvenes. Por parte de las primeras, exigen tener más representación y participación en el desarrollo del PNIS. Y en el caso de los jóvenes, en muchos departamentos son ellos la principal mano de obra, lo que llamamos recolectores, y no están siendo incluidos en los acuerdos colectivos o individuales, con los riesgos que ello trae”, advierte Arenas, del Observatorio de Indepaz.
A todo lo anterior se suma los problemas de orden público en muchas regiones cocaleras. Grupos armados como las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)’, también llamados ‘Clan del Golfo’, vienen avanzando hacia zonas que en el pasado fueron de injerencia de las Farc. Allí vienen generando presiones hacia los campesinos para que no participen de los procesos de sustitución voluntaria, so pena de atentar contra sus vidas.
De hecho, según el movimiento político Marcha Patriótica, de los 89 líderes sociales asesinados en lo que va del presente año, por lo menos 17 de ellos se encontraban adelantando acciones relacionadas con la implementación del PNIS. Los homicidios más recientes contra líderes cocaleros se registraron el pasado mes de octubre en Antioquia, donde fueron asesinados dos integrantes de la Cocam en Tarazá y Briceño. (ver más en: Campesinos cocaleros en Antioquia: intimidados y con poco apoyo gubernamental)
“No estamos haciendo política”
Las acciones de erradicación forzada y sustitución voluntaria se enfocan en la hoja de coca, pero poco se habla de la marihuana, presente hoy día en 10 departamentos, y de la amapola, que viene creciendo en hectáreas, principalmente en Nariño. Foto: Daniel Reina Romero, revista Semana.Los acuerdos consignados en el Punto 4 fueron, si se quiere, de los más complejos concretados durante los cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. De por medio estaba el señalamiento a las Farc, por parte de agencias de seguridad nacionales y extranjeras, como uno de los principales carteles narcotraficantes del mundo, aspecto que la agrupación insurgente negó vehementemente.
Al final, ese grupo guerrillero consignó en el Acuerdo Final su compromiso de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con ese fenómeno”.
Pese a ello, diversos sectores de opinión continúan reclamando a los dirigentes “farianos” que revelen la verdad de su relación con el narcotráfico. “Ahora estamos abocados a transformar la realidad de los territorios donde se expandió la economía de la coca. Y en eso estamos cumpliendo. Lo que haya que decir, desde lo judicial, se dirá en el espacio diseñado para ello, que fue la Jurisdicción Especial para la Paz”, declara Julián Subverso, uno de los integrantes de las Farc que acompaña la implementación de este punto.
Al respecto, el exguerrillero es contundente al precisar cuál es el rol que cumplen las Farc en la implementación del PNIS en los territorios: “partimos del hecho que somos una organización que tiene unos compromisos que cumplir y eso lo tenemos claro. Y una cosa son esos compromisos y otra cosa bien distinta es el activismo de nuestro movimiento político. De ninguna manera vamos a contaminar el cumplimiento de lo que acordamos con politiquería. Eso lo tenemos bien claro”.
A Subverso le preocupa la falta de garantía en el flujo de recursos que garanticen la sostenibilidad de las iniciativas de sustitución, así como la “terrible descoordinación entre las instituciones del Estado. Lo que vemos es que, como todo el Acuerdo, hay muchos rezagos en su implementación. Lo que más ha avanzado es el PNIS, pero no vemos el impulso de las políticas de prevención ni el combate a las redes que se lucran del narcotráfico”.
Por último, Julián Subverso llamó la atención de las autoridades civiles y de Policía para que implementen los protocolos de seguridad para las comunidades cocaleras que hoy están siendo sometidas a presiones por parte de grupos armados ilegales que están copando las antiguas zonas de influencia de las Farc. “Qué se está viendo en los territorios donde hubo presencia de las Farc: qué hay un reacomodo de organizaciones criminales dedicados al narcotráfico que están intimidando a los campesinos”, sentencia.
