Varias organizaciones sindicales comenzarán a recuperar las historias de los líderes asesinados en ese departamento.
 La Mesa Sindical de Víctimas de Antioquia es la primera de esas características en el país. |
Las centrales sindicales en Antioquia constituyeron en Medellín la Mesa Sindical de Víctimas, a través de la cual pretenden impulsar mecanismos de verdad y de recuperación de la memoria histórica que permita esclarecer cientos de crímenes cometidos contra sus integrantes en diversas regiones del departamento, con fin de reclamar justicia y una efectiva reparación integral para sus familias y, de manera simbólica, para las organizaciones obreras.
El proyecto, considerado piloto en el país, es impulsado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), con el apoyo de la organización no gubernamental Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
“Consideramos que los asesinatos contra sindicalistas que se han cometido en el departamento han sido de una trascendencia que no podemos olvidar”, dice Arley Muñoz, coordinador regional de la CNRR. “En ese sentido, tanto la Comisión, como las centrales obreras, definimos unos mecanismos que nos permitirán construir esa memoria histórica para que podamos decir en algún momento nunca más y que estas cosas no se vuelvan a repetir”.
Carlos Julio Díaz, presidente de la Subdirectiva de la CUT en Antioquia, comentó que este proyecto busca que se reconozca que la violencia contra los sindicalistas por diversos grupos armados ilegales “no ha sido difusa ni aislada, fue sistemática, con propósito de exterminio”, de ahí el esfuerzo que se pretende hacer para evitar la impunidad y el olvido.
En esto coincide la ENS. Su punto de vista está planteado en la investigación Veintiún años de asesinatos sistemáticos y selectivos contra sindicalistas en Colombia (1986-2006), publicada en julio de 2007: “la violencia contra los sindicalistas se inscribe como una acción deliberada, estratégica y sistemática que obedece a un interés específico que busca anular las acciones sindicales de reivindicación y defensa de los derechos laborales”.
De acuerdo con esa investigación, que explica la violencia contra el movimiento sindical en Colombia, se perpetraron en el país 2.245 homicidios contra trabajadores sindicalizados entre el 1 de enero de 1991 y 31 de diciembre de 2006. De ellos, 1.078 ocurrieron en Antioquia, lo que significa que en este departamento se cometieron el 48% de los crímenes contra la vida, cifra que justifica el trabajo de la Mesa Sindical de Víctimas que se viene impulsando desde Medellín.
De acuerdo con el representante de la CUT en Antioquia, los sindicatos Sintrainagro y la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) tienen más del 80% de las víctimas de la violencia antisindical en el departamento; suman también en esas estadísticas las víctimas de organizaciones como el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan) y la Asociación nacional sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud y la seguridad social integral y servicios complementarios de Colombia (Anthoc).
“Uno de los objetivos que perseguimos con relación a la recuperación de la memoria histórica es que se puedan adelantar hechos de de tipo simbólico que representen un desagravio desde el Estado y el sector empresarial frente a su responsabilidad en los hechos de violencia contra los sindicalistas”, precisa Díaz.
Sin embargo, los propósitos de la Mesa Sindical de Víctimas de recuperar la memoria histórica no será un trabajo sencillo, entre otras razones porque deberán abordar aspectos tan complejos como la relación de las organizaciones obreras con las guerrillas de las Farc, el Epl y el Eln.
Al respecto, ex paramilitares que delinquieron en el Urabá antioqueño han hecho referencia a esas relaciones en los tribunales de la Unidad de Justicia y Paz. Uno de ellos es Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Ponte’, un empresario bananero que se incorporó a los paramilitares en esa subregión del departamento en 1996 y comandó el Frente Arlex Hurtado.
En versión libre realizada hace un par de semanas ante la Fiscalía 41 de Justicia y Paz, alias ‘Pedro Ponte’ admitió que en las fincas durante varias décadas se abusó del obrero, sometiéndolo a extenuante jornadas de trabajo sin mayores compensaciones salariales ni garantías laborales.
“Los empresarios bananeros abusamos de eso”, reconoció Hasbún y aclarò que la búsqueda de soluciones a ese tipo de problemas laborales se agudizó cuando las guerrillas promovieron la creación de sindicatos. “Entonces se trataron de solucionar esos abusos a través de las armas”.
El ex comandante paramilitar precisó que los grupos guerrilleros no penetraron los sindicatos, sino que “dentro de la combinación de todas las formas de lucha, las guerrillas montaron los sindicatos”. Fue así como el Epl creó el Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintagro) y las Farc Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintrabanano).
Por su parte Rafael García, alias ‘El Viejo’, un ex paramilitar que inicialmente militó en el Epl, coincidió con Hasbún en señalar que las condiciones laborales eran indignas para el trabajador bananero y eso llevó a las guerrillas a organizar sindicatos: “se trabajaba de seis de la mañana hasta la una o dos de la mañana del día siguiente, tiempo corrido, sin que pagaran horas extras ni ningún tipo de recargo nocturno. A todos aquellos que buscaban protección en el entonces Ministerio del Trabajo eran considerados indisciplinados y malos trabajadores por los administradores de las fincas. Todo ello facilitó la creación de los sindicatos por parte de las guerrillas”.
En su relato a la Fiscalía 41 de Justicia y Paz, García no vacila en justificar la muerte de sindicalistas a manos de grupos armados ilegales por cuanto, según él, “no éramos unos angelitos, éramos un apéndice de las organizaciones guerrilleras”.
En el año de 1987, cuando se realizó el primer acuerdo laboral colectivo en Urabá, ambos sindicatos representaban a 32.200 trabajadores que laboraban en 267 fincas. Ya para esa época, según las versiones de los ex paramilitares, era fácil detectar qué fincas estaban en la línea de las Farc y cuáles en la del Epl. Para el año siguiente, ambas organizaciones obreras se fusionan y crean el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), que con el paso de los años sería el más golpeado por la guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares.
Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia, calificó de irresponsables a aquellos que militaron en un momento en las guerrillas “y después se pasaron al lado opuesto desde donde señalaron a mucha gente que perdió la vida”.
No obstante, admitió que “hay compañeros que fueron asesinados por esos motivos, porque los sindican de haber estado involucrados con grupos subversivos y al mismo tiempo hacer parte de una empresa para hacer cualquier tipo de acto indebido o ejercer presión”.
De acuerdo con Luis Carlos Díaz, de la CUT, la verdad requiere mirar todos esos matices y complejidades que tiene la historia sindical en el país y de manera particular en Antioquia.
“En ese sentido, hay que señalar es que esa es la historia y no podemos renegar de ella”, dijo Díaz.
Al referirse puntualmente al caso de Urabá admitiô que el sindicalismo llegó a esa región por influencia de la guerrilla, pero destaca las condiciones laborales que se vivía en las fincas durante la década de los setenta y buena parte de los ochenta: “había unas condiciones de esclavitud casi absoluta, donde los trabajadores bananeros vivían en campamentos dentro de las mismas fincas, con jornadas laborares de 18 horas, y sin ninguna garantía laboral”.
A su juicio, esa política de esclavitud laboral extrema creó un entorno favorable al accionar de la guerrilla. “Esas cosas que hay que decirlas para aclarar el papel de la guerrilla, pues las precarias condiciones laborales facilitaron el trabajo político de la guerrilla en el sector bananero y, obviamente, en la creación de sindicatos”.
El representante de la CUT agregó que las organizaciones obreras rompieron relaciones con los grupos armados y alude al caso de la guerrilla del Epl, que una vez entró en diálogo con el Gobierno nacional en 1990 y se desmovilizó al año siguiente, se transformó en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, lo que luego derivó, según él, en un genocidio sindical.
“Esa es nuestra historia, no podemos renegar de esa historia, pero hay que contarla completa”, reitera Díaz, esbozando de manera concreta lo que será entonces uno de los retos centrales de la de la Mesa Sindical de Víctimas de Antioquia.
