Campesinos víctimas del conflicto armado están preocupados. Hombres que dicen ir en nombre de este narcotraficante, condenado por conformación de grupos paramilitares, los están presionando a entregar las tierras.
El predio Veranillo, cultivado por familias campesinas víctimas del conflicto armado, está a 15 minutos del casco urbano del municipio de Zambrano, en Bolívar. Fotos: archivo Semana y El Espectador.El pasado 30 de marzo, una decena de hombres vestidos de negro y usando gafas oscuras llegaron hasta las parcelas de 14 familias campesinas del municipio de Zambrano, región de los Montes de María, en el corazón de Bolívar. Según testimonios de los labriegos, esos extraños violentaron el candado de la casa de un parcelero que hace un par de años quedó en situación discapacidad. “Le compramos las mejoras de la tierra”, le dijeron, precisando que iban de parte de ‘Miki Ramírez’ (Luis Enrique Ramírez Murillo), condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia por conformación de grupos armados ilegales.
La situación se repitió un día después, con la llegada del mismo grupo de hombres a la parcela de otra familia. Quien atendió a los foráneos se llenó de temor y se atacó en llanto, no podía creer lo que estaba sucediendo: que siete años de relativa tranquilidad, una nueva vida retoñada entre cultivos de yuca, maíz, ñame, ajonjolí y ahuyama, comenzara a ser truncada por unos extraños. Allí hicieron un nuevo ofrecimiento: les daban 15 millones de pesos por las 13 hectáreas de su parcela.
“Desde hace veinte días viene ocurriendo esta situación. Es volver a sentir miedo, a recordar esas épocas tan duras en la que lo perdimos todo. Necesitamos que el gobierno nos escuche”, dijo un campesino cansado de tanta espera y a quien por seguridad se le reserva su identidad.
Las 14 familias viven y cultivan desde el año 2006 unas 215 hectáreas que componen el predio Veranillo, que encontraron lleno de maleza y abandonado cuando, tras ser desplazados por el conflicto armado de diferentes municipios de la Costa Caribe, vieron en esta tierra la posibilidad de comenzar de cero.
“Llevamos por lo menos ocho años de trabajar quieta y pacíficamente estas tierras. No estamos pidiendo que nos las regalen; somos gente trabajadora que está haciendo productiva la tierra, que está produciendo alimentos”, indicó otro parcelero de Veranillo, también bajo reserva de identidad.
Voceros de la Corporación Yira Castro, que acompaña jurídicamente la reclamación de los campesinos, establecieron que el propietario original del predio es Luis Enrique Ramírez, identificado por las autoridades judiciales como ‘Miki Ramírez’. Entre las pruebas que fueron presentadas ante el Alto Tribunal que terminó condenándolo por haber impulsado la creación del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, la Fiscalía documentó que Ramírez creó Montes de María Ltda, una empresa de seguridad privada, que usó como “fachada” para proteger sus tierras en Zambrano.
Durante el juicio, varios testigos aseguraron que los integrantes de esta compañía amedrentaron a la población, atizando la violencia de la zona, perpetrando extorsiones, asesinatos y desapariciones, e impidiendo la movilidad de los pobladores con la instalación de ‘retenes’. En el juicio, las autoridades relacionaron a ‘Miki’ como socio del narcotraficante Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín.
En 2011, los campesinos se organizaron en la Asociación de Usuarios Campesinos de Veranillo y con asesoría jurídica solicitaron ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) la extinción de dominio del predio por “inexplotación económica”. Si el Instituto les da la razón, este predio sale del registro de la propiedad privada, pasa al Estado y puede ser adjudicado y titulado a campesinos como ellos, que carecen de tierra.
Con la convicción de que pronto el Incoder se pronunciaría, los campesinos siguieron cultivando las parcelas. No obstante, tras las presiones por parte de extraños, consideran que su situación es de mayor vulnerabilidad por la falta de celeridad del Incoder. Por esta razón, la Corporación Yira Castro radicará una acción de tutela contra el Instituto en liquidación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de presentar una denuncia en la Fiscalía por los hechos recientes.
La comunidad expresa preocupación no solo porque “llevan años trabajando con las uñas”, sino porque pese a que hace dos años no cae un aguacero que aliente sus cultivos, tras las presiones varias familias ahora son itinerantes en los predios. “Me da miedo estar permanentemente en la finca. Se me viene a la cabeza la historia de la violencia. En una masacre a mí me asesinaron a varios familiares”, dijo uno de los campesinos consultados.
En la actualidad, la comunidad sabe que el proceso de extinción en el Incoder está en curso, pero no reciben más razón. Desde que comenzó el proceso de liquidación del Instituto, los procesos agrarios están suspendidos y los expedientes están bajo custodia mientras el gobierno realiza la transición a la nueva Autoridad Nacional de Tierras.
Su caso se encuentra enredado en la burocracia. Tanto representantes de la Corporación Yira Castro como de los campesinos han acudido a las instalaciones del Incoder en cuatro oportunidades sin éxito. En las reuniones notaron que su solicitud pasa de funcionario en funcionario, quienes les han dado distintas respuestas. Una vez les explicaron que la resolución de extinción “estaba proyectada (redactada) y lista para firmar”, sin que eso ocurriera; en otra, una funcionaria les confesó que no continuaran con el trámite, recomendándoles más bien dar la batalla jurídica en los juzgados civiles.
En su más reciente solicitud de información, otra funcionaria les dijo que el Instituto debía confirmar primero si este era o no un predio solicitado en restitución por víctimas del conflicto armado. “Como el Incoder nunca ofició a la Unidad, presentamos un derecho de petición y la Unidad nos confirmó que no está solicitado”, indicó un vocero de la Corporación Yira Castro.
En octubre de 2015, la Corporación y la comunidad campesina supieron que el Incoder había proferido una resolución. Varios campesinos viajaron hasta la sede en Cartagena para conocer la decisión. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad amurrallada varios funcionarios les expresaron con preocupación porque “esos predios eran del Micky”. En la Resolución, el Instituto sólo informaba lo que ya sabían: “que se inician las diligencias tendientes a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio”.
Cuando se les pregunta a los campesinos por qué estas tierras son apetecidas, la comunidad no duda en explicar que es por su productividad, conectividad y porque en las fincas cercanas hay desarrollo de ganadería a gran escala, así como de palma de aceite. “Muy cerca del predio están las Ciénagas de Playoncito, el arroyo Alférez y el río Magdalena. Estamos a cinco kilómetros de la vía que conduce a Plato, Magdalena”.
¿Quién es ‘Miky’ Ramírez?
Foto: El Espectador.Ramírez es un nombre conocido en la zona. VerdadAbierta.com documentó en un especial sobre los Montes de María, que Ramírez era propietario de la finca Guasimal, que le fue incautada por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Aunque los documentos indicaban que esta haciensda tenía 533 hectáreas, “según según sabían los habitantes de Zambrano y Córdoba-Tetón donde se extiende sus territorios, tiene entre mil 500 y mil 600 hectáreas”. (Lea: La Mula, la Europa y la otra Alemania)
La hacienda Jesús del Río, de 2 mil hectáreas, fue propiedad de ‘Miky Ramírez’ y centro de un escándalo en la que es cuestionada la administración de la liquidada DNE. Varios medios de comunicación documentaron que Ramírez adquirió esta hacienda en los años 90 y que tras su embargo por la DNE, ésta terminó en manos de un empresario que presuntamente aprovechó su amistad con el director de esa institución para poder adquirirla. (Lea: Socio de ex jefe de la DNE adquirió narcobienes y una finca, y Eduardo Benavides, capturado un día antes de su matrimonio por líos con la DNE)
‘Miky’ Ramírez fue condenado en el año 2013 por el Juzgado Sexto del Circuito Especializado de Bogotá por apropiarse de 30 mil millones de pesos del Estado “con el fin de lavar dineros ilícitos”.
Según la investigación de la Fiscalía, Ramírez creó para ello una empresa “fachada” llamada Agrolife, que está en liquidación y que tenía como objeto “importar material seminal y embriones bovinos”. Según el diario La Nación, de Caquetá, departamento de donde es originario Ramírez, ‘Miky’ logró que los bancos le aprobaran múltiples créditos registrando como beneficiarios a “falsos ganaderos”, entre ellos, amas de casa, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas y vigilantes. (Lea: Condenado por fraude al Fondo Ganadero)
VerdadAbierta.com solicitó información al Incoder (en liquidación) sobre este caso, por vía telefónica y correo electrónico, sin obtener una respuesta. Sin embargo, en un documento proferido por el Instituto y avalado por tres funcionarios, el Gobierno confirma que según los folios de matrícula analizados en el informe de visita al predio, “Veranillo” es propiedad de ‘Miky Ramírez’ y sus 250 hectáreas hacen parte de un predio de mayor extensión llamado El Hacha Jesús del Río, de mil 430 hectáreas, sin que todavía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) haya realizado un desengloble. (Ver documento)
De cara a los procesos de paz en marcha y a la promesa de “Política de Desarrollo Agrario Integral” acordada en La Habana, Cuba, será entonces responsabilidad de la nueva Agencia Nacional de Tierras resolver primero todos los procesos agrarios pendientes yque pululan en regiones como Montes de María y el Magdalena Medio
“Quieren expulsar a los campesinos del Magdalena Medio”: víctimas
“Si no mejora la vida en el campo, los procesos de paz no tienen valor. Para que haya paz, las comunidades deben tener qué comer, tierra para trabajar y apoyo del Estado. El Presidente debe mirar hacia el campo y ver cómo los campesinos llevamos años trabajando con las uñas. No estamos pidiendo la tierra para que nos la regalen, sino para trabajarla”, insiste uno de los campesinos de Veranillo. (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución)
Abogados de la Corporación Jurídica Yira Castro ven con preocupación la demora del Incoder (en liquidación) y la transición que está haciendo el gobierno hacia la nueva Agencia Nacional de Tierras, toda vez, que con la creación del fondo de tierras, los predios vayan a entrar a formar parte de las inversiones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo por medio de la figura de las Zidres y no se respete el derecho de los campesinos víctimas de desplazamiento forzado y su acceso a la tierra.
