Pese a que aún no hay normas jurídicas precisas que las respalden, el Alto Comisionado para la Paz anunció una nueva fase de conversaciones con los principales cabecillas de organizaciones criminales que operan en la capital antioqueña y en varios municipios del área metropolitana. Mientras analistas cuestionan los pasos dados y evalúan sus riesgos, desde una prisión de Estados Unidos un extraditado envía mensaje de apoyo y expresa su deseo de participar.
A falta de un marco jurídico que permita concretar acuerdos con grupos armados ilegales que carecen de estatus político, como lo son las bandas del crimen organizado que operan en Medellín y el área metropolitana, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, invocó el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y la “buena voluntad” de los jefes de esas estructuras, para avanzar en unas conversaciones que lleven a la desmovilización de por lo menos 14 mil integrantes.
“Los asuntos no todos dependen de los marcos jurídicos”, dijo el funcionario durante una rueda de prensa realizada el pasado viernes en las afueras del Centro Penitenciario La Paz, una prisión de alta y mediana seguridad situada en el municipio de Itagüí, sur del área metropolitana, en donde están recluidos buena parte de los mandos de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, varios de los cuales llegaron allí trasladados de otras cárceles para participar en este proceso.
Esa afirmación tiene que ver con el trámite iniciado desde mediados de marzo de este año, cuando los ministerios del Interior y de Justicia presentaron ante el Senado de la República el proyecto de ley de “sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, conocida como la “Ley de Sometimiento”.
El documento, de 54 artículos, se enmarca en la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno nacional, la cual se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)
Como todo proyecto de ley, esta iniciativa debe surtir un trámite tanto en Senado como en la Cámara de Representantes. Pero el gobierno nacional no tiene fácil su aprobación por cuanto los apoyos partidistas se han debilitado en las últimas semanas por cuenta de la discusión de la reforma de la salud. Es por ello que Rueda pretende iniciar las conversaciones con las bandas criminales sin ese instrumento, con los riesgos que eso implica.
“El Congreso de la Republica tendrá que discutirlo y la Corte Constitucional hará su examen para definir si eso corresponde a la Constitución y la Ley, pero no podemos esperar a que esto suceda y que haya más jóvenes vinculados en la violencia, que haya más asesinatos de ciudadanos”, precisó el Alto Comisionado en su comparecencia ante los periodistas minutos después de reunirse con un grupo de jefes de bandas recluidos en el penal de Itagüí sobre los cuales se negó a dar sus identidades.
Y agregó: “Hemos visto que hay una disposición a parar las violencias, entonces la ley no nos impide proteger la vida y no estamos haciendo ningún acto ilegal. Simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde”.
La “buena voluntad” de la que habló Rueda fue expresada en un comunicado dado a conocer en la rueda de prensa y que fue suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”. El documento de seis puntos fue leído por Daniel Millares, coordinador del área de justicia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), quien asistió a la reunión carcelaria en calidad de testigo.
Tras expresar su apoyo “al propósito del Gobierno Nacional del señor Presidente Gustavo Petro, de construir la PAZ TOTAL”, anunciaron “la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades, tales efectos se han empezado a evidenciar en la reducción de algunos indicadores significativos en la inseguridad del territorio”.
“Este cese de hostilidades – agregaron – es un aporte significativo a la humanización del conflicto armado urbano, que habrá de impactar el comportamiento de fenómenos como los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano”.
La alusión a la disminución de los niveles de violencia también fue expuesta por Rueda, quien aseveró que, aún antes de iniciar las conversaciones, “ya se han salvado muchas vidas, lo que pueden corroborar con las fuentes oficiales, pues hay una reducción de asesinatos”.
Este portal hizo el ejercicio propuesto por el Alto Comisionado de Paz para el caso de Medellín. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín, en lo que va corrido del año (hasta el 29 de abril) se han registrado 109 homicidios, seis menos que en igual periodo de 2022, cuando ocurrieron 115 asesinatos. Al comparar lo ocurrido en los dos últimos años, los resultados también son incipientes: en 2021, se perpetraron 405 muertes violentas, y, en 2022, cayeron a 391, con una reducción de 14 casos.
Aunque líderes barriales consultados por este portal se mostraron optimistas con el ambiente que se vive en algunas comunas de Medellín, “que ya es muy tranquilo”, dicen, queda por establecer qué va a pasar con la extorsión, de la que son víctimas miles de ciudadanos, y el narcotráfico, en toda su cadena de comercialización y de exportación, de la cual se lucran estas bandas criminales y les dejan grandes rentas.
El comunicado suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá” es el resultado, según Rueda, de ocho meses de acercamientos que comenzaron en respuesta a varios mensajes de personas ligadas a las bandas criminales que proponían vincularse a la política de Paz Total planteada por el presidente Petro. “Hoy podemos anunciar que se ha empezado a concretar ya una expresión mucho más madura para dar un segundo paso del acercamiento a una fase dialógica”, explicó el Alto Comisionado para la Paz.
La identidad de las estructuras armadas, que según Rueda “están en un registro interno de la Oficina de Paz”, y de las de sus jefes y voceros recluidos en el penal se mantuvieron en reserva. “En su momento se conocerán, cuando se instale públicamente la mesa o el espacio de conversación sociojurídica”, reiteró el funcionario, quien precisó que son más de 16 los firmantes, que representarían a cerca del 90 por ciento de las bandas del Valle de Aburrá y que estarían integradas por cerca de 14 mil personas, que se espera se desmovilicen al final de este proceso.
Esa cifra de integrantes es bastante elevada si se tiene en cuenta que durante varios años las cifras oficiales indicaban que en Medellín y algunos municipios del área metropolitana operaban cerca de 300 bandas con un número de integrantes que no sobrepasaban las 7 mil personas. Ese salto cualitativo llama la atención.
El inicio de esa mesa de conversaciones, que aún no tiene una fecha precisa, está sujeto al acuerdo de varios protocolos que brinden garantías de seguridad a los participantes, sobre todo a quienes están en prisión, y a las personas que representarán al gobierno nacional.
Mensaje desde el exterior
En la rueda de prensa este portal le preguntó al comisionado Rueda si en desarrollo del proceso anunciado para avanzar en la Paz Total Urbana se está hablando con algunos jefes de bandas y de estructuras criminales que están presos en cárceles de diversos países, especialmente de Estados Unidos.
“Todavía no, pero es una buena idea”, respondió el funcionario. “Si todo se requiere para la paz, a partir de que hay que conversar en cárceles en el exterior, se hará con los trámites propios diplomáticos y los países a que corresponda acudir”.
VerdadAbierta.com estableció un corto diálogo vía mensajería instantánea con una persona extraditada hace varios años por solicitud de las autoridades norteamericanas y quien paga una pena por delitos asociados al tráfico de drogas. Dada su conectividad con el exterior, ya sabía de lo que estaba pasando en Medellín. Sus datos de identificación se omiten previo acuerdo para evitar sanciones en el penal donde se encuentra recluido; además, su ortografía fue corregida para hacer más claro su mensaje.
“El tema que están llevando en mi país es muy interesante y ojalá se lleve a cabo por el bien de todos. Muy bueno sería que en este proceso se tuviera en cuenta tanta gente que está por acá y que ha formado parte de dicho conflicto”, dijo la persona consultada, aunque reconoció que no es un asunto sencillo: “Sé qué es muy complicado por la política de este país y su sistema de justicia, pero sí podrían hacer algo por nosotros, al menos por las personas que podrían calificar para una repatriación porque ya han cumplido los requisitos necesarios para dichos beneficios”.
Agregó en la corta charla sostenida que personas como él, que tienen una larga trayectoria ilegal en la ciudad, pueden aportar su experiencia en este proceso: “Tengo contacto con varias personas que sí han estado involucrados en el conflicto de mi país y qué están acá. Ojalá nos tengan en cuenta. De verdad espero que este tema salga a delante por mi país, que es el más beneficiado”.
Por el momento, aseguró no tener aún contacto con los jefes de bandas que están recluidos en Itagüí por las dificultades en la comunicación, pero dijo que “todas las personas que están en este proyecto son conocidos míos”. Y agregó que espera que este proceso por lo menos les permita visibilizarse y mostrar su crítica situación carcelaria: “Al menos que nos tengan en cuenta porque de verdad nadie a hecho nada por las personas que estamos por acá, estamos muy desamparados por parte de las personas que están a cargo de velar por nosotros en este país”.
Si bien las noticias difundidas desde la puerta del penal de Itagüí fueron celebradas por algunos sectores de la ciudad, incluso desde el exterior, lo cierto es que genera más inquietud que tranquilidad. Aspectos como la falta de una ley específica que respalde este proceso y el tratamiento que recibirán estas bandas criminales, entre otros, son resaltados por analistas consultados por este portal.
Proceso con muchas dudas
Alberto Sánchez, investigador sobre temas de seguridad y defensa, cuestionó la falta de un marco normativo de sometimiento para encarar este proceso y otros que puedan darse en el país con estructuras del crimen organizado, lo que se convierte en un obstáculo estructural en la adopción de la política de Paz Total.
“¿De qué van a hablar? ¿En qué términos? ¿Bajo qué condiciones de cumplimiento, si el marco normativo que le pone límites al gobierno, les pone condiciones a las estructuras criminales y da garantías de cumplimiento a las dos partes, obviamente no existe?”, planteó Sánchez.
A su juicio, esa carencia de marco normativo es muy delicada, “no sólo por las implicaciones formales de avance de la discusión, sino porque nos mete en un terreno muy peligroso que es el de abrirle la puerta a la negociación con el crimen organizado, que más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, es jugar a ser ambiguos frente a lo que se está haciendo con las estructuras criminales”.
Este experto advirtió un riesgo en proceso anunciado por el gobierno nacional y los jefes de bandas, y es el de una eventual fragmentación de esas estructuras armadas ilegales, que generen más violencia: “Esta discusión, ordenada o desordenada, se puede plantear más o menos en términos ambiguos en Medellín por el alto control que tienen las estructuras criminales. La pregunta es: no sólo cómo se va a garantizar que se cumplan los acuerdos, sino cómo esa decisión política no se convierta en un proceso de fragmentación autoinducida entre las estructuras criminales colegiadas de Medellín y del área metropolitana”.
El temor de Sánchez es que la manera como se llevará esta conversación genere “un incentivo estructural y transversal de fragmentación de unas estructuras que tienen un alto nivel de cohesión, lo que les permite a las cabezas de esas organizaciones hacer unas cosas y no otras”. Situación muy distinta a la de otras ciudades del país, “donde el nivel de fragmentación es muy alto, la capacidad de cohesión es mínima y la violencia no se puede controlar”.
En el afán de mostrar resultados, lo que el gobierno nacional podría provocar, sin quererlo, es un nivel de fragmentación indeseable que puede generar mayor violencia: “Puede pasar –agrega el investigador– que organizaciones muy pequeñas en otras ciudades del país intenten hablar con el gobierno para mostrarse fuertes. En ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, puede tener un desenlace contrario y desfavorable a lo que se está buscando con Medellín. También puede pasar que se generen alianzas entre grupos no para someterse sino para negociar con el gobierno”.
Los procesos con este tipo de organizaciones son bastante frágiles cuando se carece de la cohesión que podría haber en Medellín. Ejemplo de esa situación se viene observando en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Desde septiembre del año pasado, en esta ciudad portuaria dos bandas del crimen organizado, conocidas como ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, suscribieron lo que se conoció como Pacto por la Vida, que implicó compromisos “de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública”.
No obstante esos compromisos, esa tregua se rompió a comienzos de abril, cuando se conoció el asesinato de un hombre conocido con el alias de ‘Super’, uno de los voceros de ‘Los Shottas’, situación que generó una ruptura del pacto y que llevó a varios sectores a movilizarse para recomponer el proceso.
“Nunca ha sido claro cuál es el rol de esos grupos en esa tregua ni del gobierno en la tregua. Se rompió por la desaparición de una persona, y el gobierno tuvo que esperar a que la iglesia los sentara a charlar para saber más o menos para dónde iban”, explicó Sánchez.
Por ello es relevante el proceso que se ha iniciado en Medellín y el Valle de Aburrá. De un lado, el crimen organizado es mucho más estructurado; y de otro, porque, a juicio de este experto, “van a querer cobrar el comportamiento de la violencia, eso en otra ciudad no lo pueden hacer: en Cali van aumentando homicidios, en Bogotá van aumentando homicidios y en Barranquilla están encontrando cabezas (decapitaciones de personas), entonces no es tan fácil. Aquí lo que quieren mostrar es la reducción de violencia para mostrar que la cosa está funcionando”.
Un escenario de fondo que debe observarse con sumo cuidado son las elecciones regionales, convocadas para octubre próximo y en las cuales las bandas criminales han jugado un papel protagónico entre el electorado a favor de uno u otro candidato a la Alcaldía y al Concejo de la ciudad. Para Sánchez, el traslape de la negociación que se inicia con el proceso electoral enrarece la situación “porque hay denuncias y rumores muy graves relacionados con la gente de Quintero (Daniel Quintero, alcalde de Medellín)”.
“Esa imbricación no pasa sólo por la fuerza sino por la financiación, y de aprovechar el control social para mover a un sólo candidato, inclusive a un grupo de candidatos, que permitan la continuidad de ciertos programas y proyectos”, advierte el experto consultado.
“Por eso es muy peligroso – sugiere Sánchez – que no se aclare si van a negociar o se van a someter. Sin marco de sometimiento, lo que van a hablar es ‘carreta’. Podría pasar que luego de elecciones se rompan los diálogos. Por eso es clave ayudarle a la MOE (Misión de Observación Electoral) a mover las denuncias que puedan existir sobre coerción e intimidación”.
El abogado Alex Alberto Morales Córdoba, con amplia experiencia en este tipo de conversaciones con grupos armados ilegales y quien renunció en febrero pasado a ser facilitador de paz por diferencias con el gobierno nacional, reivindicó el diálogo como un camino adecuado para superar los conflictos. “Hay que aplaudir que exista un llamado a dialogar, constituir una mesa para el diálogo es ya un avance”, le dijo a este portal.
No obstante, reclamó mayor visibilización de los grupos armados ilegales, detalle que hasta ahora no ha trascendido oficialmente. “Que se vean los grupos y no lo que nos diga el Comisionado de Paz, que carece de credibilidad y legitimidad”, reclamó Morales y de paso advirtió que varios abogados como él, con amplia experiencia en solución de conflictos urbanos, han sido vetados por Rueda para participar en este tipo de procesos, aspecto que negó el funcionario de gobierno.
Morales también fustigó la llamada “Ley de Sometimiento”, en trámite ante el Congreso de la República: “No da confianza a los factores reales de poder que el señor Presidente y el Alto Comisionado para la Paz, de forma peyorativa, de forma discriminatoria, han calificado como delincuentes, traquetos, terroristas. Han sido indelicados por unas posturas absolutamente contrarias a la solución de un conflicto”.
Y agregó: “En este momento no hay confianza, se va a abrir una mesa, solamente para mostrarle a la opinión pública que se hizo algo en la ciudad y que es muy importante esta mesa para el orden público. Y es ahí otro error que se está cometiendo porque confunden orden público y paz total. Y es bastante complicado para las imputaciones venideras y para el desarrollo de programas de gobierno en seguridad y paz, que se le haya responsabilizado a una mesa del orden público en el área metropolitana. Bastante irresponsable el gobierno. Esperemos que esto no genere más conflictividad”.
Discusión sobre los términos
La discusión sobre el proceso iniciado en Medellín y su área metropolitana también pasa por el lenguaje empleado en el comunicado suscrito y divulgado por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”. Conceptos como “cese de hostilidades” fueron cuestionadas por voceros de la iniciativa Ciudadanías por la Paz, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz con justicia social. Helberth Choachí, uno de sus representantes, le explicó a este portal el sentido de su debate sobre las palabras.
“Hay que decir que las estructuras criminales en Medellín no son estructuras que combaten a la Fuerza Pública ni combaten al Estado con la finalidad de derrocarlo, y eso tiene un carácter muy importante porque va a determinar, precisamente, el reconocimiento y las posibilidades que está generando el gobierno de frente a estas organizaciones criminales”, explicó Choachí.
Como no son actores que combaten contra el Estado con vocación de poder y con el objetivo de transformar la institucionalidad por la vía armada, esas bandas criminales, según este analista, no pueden ser consideradas objeto de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario “porque no es un actor beligerante, a pesar de tener armas, control territorial y de la población, así como mandos responsables, inclusive con sus relaciones estrechas con el narcoparamilitarismo”.
A juicio de este vocero de Ciudadanías por la Paz, recurrir a expresiones como “cese de hostilidades” y que a su vez sean reconocidas por el gobierno, “le están dando un reconocimiento político igual al de las organizaciones insurgentes como la guerrilla del Eln”. Para evitar esa situación, Choachí insistió en que el camino sea “el sometimiento a la justicia, pero también la actuación de la Fuerza Pública en términos de las labores de inteligencia y contrainteligencia, para que paguen las penas efectivas y se desmantelen todas las estructuras de multicrimen que están funcionando, no sólo en Medellín, sino en sus alrededores”. (Leer comunicado)
Comisión gubernamental
En las conversaciones con los jefes de bandas, el gobierno nacional será representado por el Alto Comisionado para la Paz y un grupo de ciudadanas y ciudadanos, provenientes de diversos ámbitos de la vida local, regional y nacional. Se destacan Lucía González, excomisionada de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y con amplia trayectoria y conocimiento de las conflictividades urbanas; Jorge Mejía Martínez, un economista que ha pasado por diferentes cargos en los gobiernos municipal y departamental relacionados con convivencia y reconciliación.
Se suman a ellos Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, quien ha tenido una amplia vida en el activismo por la defensa de los derechos humanos y es una férrea opositora al proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango. Y posiblemente habría un empresario y un político, pero no trascendieron sus nombres.
“Son personas que son referentes en la ciudad, en el área metropolitana. Son personas del mundo de la política, de la vida económica y de la vida social de Medellín y el área metropolitana”, explicó Rueda, quien dijo que detrás de ese proceso hay “muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales, de la iglesia Católica y otras iglesias, centros universitarios y centros de pensamiento, que están aportando elementos muy importantes para que esta construcción de paz tenga los menos errores posibles y llegue a buen puerto”.
Por el momento no se conoce con precisión la agenda temática en esta fase que se ha iniciado, pero según el Alto Comisionado para la Paz, “ningún asunto que tenga que ver con los derechos de las víctimas está vetado. Todo se va a abordar”. Y sobre el tratamiento que le darán a la extorsión y al narcotráfico, aseveró que “son temas que tienen que ver con la agenda”.
“Independientemente del marco jurídico que no existe en este momento –agregó– hay aportes importantes en verdad extrajudicial que nos va a permitir, como gobierno, desarrollar las acciones que tengan que ver con el desmonte de una cierta criminalidad”.
En ese sentido, se expresaron los jefes de las estructuras criminales en su comunicado: “Manifestamos nuestra disposición para coadyudar (sic) en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el Fentanilo y la Heroína”, y de plano descartaron que tuvieran algo que ver en su producción y comercialización.
Pero, ¿a qué se refieren con “coadyudar”? La respuesta la ofreció Fernando Quijano, quien acompaña el proceso en su calidad de defensor de derechos y uno de los mayores conocedores de las dinámicas criminales de la ciudad una vez finalizó la rueda de prensa y quien estuvo presente en la reunión previa con los jefes de las bandas criminales: “Nosotros entenderíamos que es pasar información. Yo no pensaría que van a eliminar una persona por eso”.
La historia de la ciudad ha demostrado que quienes no se acomoden a las intenciones de los grupos armados hegemónicos son sometidos a sangre y fuego, de ahí la advertencia que ha lanzado Sánchez, el investigador en temas se seguridad y defensa sobre una eventual fragmentación de las bandas en Medellín y el área metropolitana por cuenta del afán del gobierno del presidente Petro y de su Comisionado de Paz por mostrar resultados sin el respaldo jurídico. Son caminos inciertos los que se empiezan a transitar.
