Hace 17 años, paramilitares mataron a sangre fría a 15 personas que se transportaban en un bus de servicio público en Sogamoso, Boyacá. Las indagaciones judiciales arrojan que ese hecho contó con la presunta complicidad de miembros del Ejército Nacional, pero hasta el momento ningún uniformado ha sido condenado. Las familias conmemoraron un aniversario más de la tragedia que llevan a cuestas y clamaron por justicia.
“¡Sin pan, no hay paz! ¡Sin educación, no hay paz! ¡Sin salud, no hay paz! ¡Sin justicia, no hay paz!”. Esa fue una de las arengas más repetidas el pasado domingo en la undécima conmemoración de la masacre de La Sarna, que convocó a más de 350 personas para honrar la memoria de las personas que fueron asesinadas por integrantes de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc).
Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2001, cuando paramilitares de las Acc interceptaron el bus que recorría la ruta Sogamoso-Labranzagrande, a la altura del páramo de La Sarna. Los 18 ocupantes fueron obligados a tenderse en la carretera bocabajo y la mayoría fueron ajusticiados con tiros en la cabeza. En total, murieron 15 personas: tres mujeres y doce hombres, entre ellos el asistente del conductor, un menor de 16 años de edad. De esa tragedia sólo sobrevivieron una mujer de 54 años y dos niños.
17 años después, diez buses salieron de la Plaza de la Villa de Sogamoso y llegaron hasta el punto conocido como La Cabaña, en donde los familiares de las víctimas y demás personas que se solidarizaron con su dolor, emprendieron una caminata de 30 minutos hasta el sitio en donde ocurrió la masacre.
Fue un recorrido que contó con la complicidad del clima. Bajo un cielo azul nítido y un sol abrazador, los caminantes, vestidos de blanco, portando grandes pancartas y con banderas blancas terciadas en los hombros, se tomaron el carril derecho de la vía y exclamaron diversas arengas reivindicando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia. “¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha!”, fue otra de las consignas que retumbó en el paisaje boyacense.
Para Judy Rincón, prima de Luis Miguel Melo Espitia, el asistente del conductor del bus, realizar ese tipo de conmemoraciones es importante para dignificar el nombre y la memoria de las víctimas. “Eran campesinos, profesores, trabajadores normales, comerciantes, estudiantes. Eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado”, señala.
Y agrega que recurrir a la memoria histórica es clave no sólo para las familias, sino para todas las personas de la región: “Es importante recordarlos y reconocer que este hecho tan doloroso pasó en Boyacá, porque pareciera que (el departamento) es un remanso de paz y no lo es. Es importante que la comunidad y nosotros recordemos nuestros muertos, que eran personas de bien y que no teníamos porqué vivir este tipo de crímenes. Dignificar el nombre de nuestras víctimas”.
Gilma Soto, viuda de Hernando Gómez Garavito, el conductor del bus, coincide con lo expresado por Judy y lamenta la falta de reparación para las familias de las víctimas y la inoperancia de la justicia para procesar a los cómplices de los paramilitares. “Ellos eran campesinos trabajadores, también iban estudiantes; personas que sólo se preocupaban por llegar con el sustento de sus familias. Las investigaciones judiciales demuestran que la Fuerza Pública del departamento tiene participación en este hecho, pero no ha habido reparación, nada para nosotros. Nos tienen en el olvido”, se lamenta.
Ambas pertenecen al colectivo Vida, Memoria y Dignidad, que está vinculado al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y también coordina una escuela de memoria y realiza diferentes actos simbólicos durante el año. Esa incursión armada de 2001 cambió para siempre la vida sus familias: en el caso de Judy, Luis Miguel trabajaba para ayudar sus abuelos, quienes lo criaron tras quedar huérfano, y su pérdida dejó un vacío muy grande que no pudo ser superado; y a Gilma la vida le dio un cambio de 180 grados, pues tuvo que convertirse en madre y padre a la vez, no pudo cumplir sus planes de matrimonio y Hernando no pudo asistir al bautismo de su hija de 22 meses.
La situación de ellas es similar a las de las otras 13 familias. Por eso, en esta ocasión, uno de los puntos centrales de la conmemoración fue un mural en cuyo centro se encuentra el rostro de una mujer, representando sus luchas para sobreponerse de las adversidades, y a los costados dos árboles, uno seco y el otro adornado con motivos navideños, evocando cómo la masacre les amargó una de las fechas más felices del año. Uno de ellos tiene 15 cruces, que representan a las víctimas.
Justicia ambivalente
La justicia ha tenido dos ritmos diferentes para procesar a los responsables de la masacre, pues ha proferido sentencias contra integrantes de las Acc, pero no contra miembros de la Fuerza Pública, a pesar de las declaraciones que han surgido en la investigación judicial. Entre los paramilitares condenados están Alquimides Pérez Parra, alias ‘Gavilán’; José Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; Héctor German Buitrago Parada, alias ‘Martin Llanos’; Héctor José Buitrago Rodríguez, alias ‘El Patrón’ o ‘Tripas’; y Nelson Orlando Buitrago Parada.
Una de las sentencias más importantes dentro de este caso fue dictada por el Juzgado 56 Penal del Circuito Programa de Descongestión OIT, el 24 de agosto de 2015, cuando condenó a Luis Afrodis Sandoval, un informante del Ejército Nacional, quien fungió de enlace con la Fuerza Pública y los paramilitares. De ella se compulsaron copias contra el general Jaime Esguerra Santos, entonces coronel y comandante del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, para que se investigue su presunta responsabilidad en los hechos, “al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”.
El fallo encontró varias irregularidades relacionadas con la Fuerza Púbica: el retén militar que mantenía en el sector de El Crucero, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió la masacre, fue levantado; las autoridades llegaron al lugar de los hechos casi seis horas después de la masacre, a pesar de tener conocimiento de lo ocurrido desde antes; y los victimarios que fueron capturados porque se movilizaban en un vehículo reportado como hurtado fueron dejados en libertad.
Por esa razón, también se compulsaron copias contra policías y un fiscal por dejarlos libres. Según las declaraciones consignadas en el expediente, la masacre se cometió porque en el bus viajaba un profesor e integrante del sindicato de maestros de Casanare, quien fue señalado de ser supuesto auxiliador de la guerrilla.
El portal Rutas del Conflicto, que tiene una base de datos sobre las masacres cometidas por todos los actores del conflicto armado, registra que, “según declaraciones entregadas por desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz, los ‘paras’, dirigidos por Josué Darío Orjuela, alias ‘Solín’, detuvieron el bus para asesinar a un supuesto guerrillero del Eln, pero luego decidieron matar a la mayoría de pasajeros señalándolos de colaboradores de la insurgencia”.
Ante la persistencia de ese relato por parte de los victimarios, una de las mayores preocupaciones de las víctimas es dignificar el nombre de sus seres queridos, pues insisten en que no tenían nexos con ningún grupo armado y que perecieron por una violencia sociopolítica.
Por esa razón, en diferentes actos de memoria, los familiares siempre recalcan a qué se dedicaban sus seres queridos y por qué viajaban a Labrazagrande. “Ahí nos damos cuenta que eran personas de bien, estudiantes, campesinos y personas trabajadoras que bajo ninguna circunstancia se merecían este tipo de crímenes”, reitera Judy, quien agrega que también buscan “visibilizar la responsabilidad de los actores, la búsqueda de la verdad y lograr una reparación de las víctimas”.
Para Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas, “el accionar de la justicia ha sido lento porque después de tantos años, sólo hay condenas contra los autores materiales, pero no contra los determinadores y quienes facilitaron que se cometiera esa masacre”. Y agrega que hasta el momento no hay militares ni policías postulados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionados con estos hechos.
Precisamente sobre la institucionalidad de justicia transicional creada en la implementación del Acuerdo de Paz que suscribió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) con la extinta guerrilla de las Farc, las víctimas tienen puestas sus ilusiones para encontrar respuestas que les ayuden a aliviar su dolor.
Por ejemplo, Gilma insiste en que “la esperanza que le queda a uno es que esas entidades ayuden a esclarecer la verdad, que haya justicia, reparación y no más repetición de esos hechos. Siempre espera uno la justicia y que haya alguna luz para que se esclarezca esa verdad; que haya reconocimiento de dignidad de nuestras víctimas, porque dijeron que eran ayudantes de grupos armados y eso no es verdad. Uno espera esa dignidad para nuestros familiares”.
Mientras algunos opositores del proceso de paz lo critican porque supuestamente promueve la impunidad y equipara a la Fuerza Pública con “narcoterroristas”, las víctimas de crímenes de agentes estatales ven en éste la única manera para acceder a la justicia. Son heridas que necesitan respuestas para sanar, y por eso muchas claman que sin justicia no hay paz.
