Sin honra ni gloria: las órdenes que dio Mejía

Nuevos testimonios en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía en la segunda etapa de su juicio ante la JEP por presuntamente ordenar ‘falsos positivos’ revelan más detalles sobre la práctica macabra en el departamento de Cesar.

Durante cinco días, testigos relataron ante la justicia transicional cómo el excoronel del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, Publio Hernán Mejía, les ordenó a sus subalternos una y otra vez presentar a civiles como supuestos guerrilleros dados de baja en combate.

En la segunda de tres etapas del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte del Caso 03 sobre los llamados ‘falsos positivos’, los que alguna vez estuvieron bajo el mando de Mejía recalcaron el papel del excomandante en los crímenes contra civiles. (Leer más en: El primer juicio de la JEP: las víctimas primero)

Édgar Beltrán Hurtado y Albeiro Flórez Hernández, jóvenes de Luruaco, Atlántico, fueron dos de las víctimas de La Popa cuando lo comandaba Mejía. Habían ido a Pueblo Bello, Cesar, con la promesa de trabajo como jornaleros en una finca. Sin embargo, fueron interceptados y asesinados en agosto del 2007 por los paramilitares bajo el mando de alias ’38’ y luego presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate.

Yesenia Flórez, hermana de Albeiro, espera que se haga justicia “para que este señor por fin acepte su responsabilidad, que por fin pague por tantas muertes que hizo, por la muerte de esos dos muchachos que salieron del pueblo por un mejor futuro”.

La hermana de Édgar Beltrán se presentó un día en la audiencia con una camiseta impresa con la fotografía de su hermano asesinado pero la defensa de Mejía puso la queja de que “le dañaba la integridad” a su representado.

Los testigos

Ante la JEP en Bogotá, el coronel (r) Heber Hernán Gómez contó cómo, en el caso de los dos jóvenes, los integrantes del Pelotón Zarpazo del batallón “llegamos a hacer el drama, pero allí no hubo ningún combate, ya los habían matado a las dos personas”.

Eduart Gustavo Álvarez, compareciente y quien entre los años 2002 y 2003 comandó el Pelotón Zarpazo corroboró lo dicho por Gómez: “Cuando llegué allá… había dos tipos muertos que supuestamente iban a atentar contra unos transformadores de luz”.

“Yo le escuché decir a mi coronel Mejía que al soldado que diera la baja con arma corta le daban un premio de 500.000 pesos y con arma larga de 1.000.000”, agregó Álvarez.

Según la JEP, entre febrero de 2002 y mayo de 2005, el Pelotón Zarpazo reportó bajas en combate en 14 ocasiones. En 13 de esos reportes, según estableció la Sala de Acusaciones, se incluyeron 40 personas que la Sala de Acusaciones estableció que fueron asesinadas ilegítimamente.

Manuel Valentín Padilla, oficial de inteligencia conocido como Hugo, contó que era el encargado de recibir y llevar notificaciones de los paramilitares a Mejía bajo las órdenes directas del acusado y contaba con la ubicación exacta de a dónde tenían que ir los soldados a recoger los cuerpos para luego hacerlos pasar por integrantes de las Farc

A la pregunta del abogado representante de víctimas Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de si no era ilegal llevar a la tropa a recoger un muerto que ha sido enviado por parte de grupos paramilitares, Padilla respondió: “Señor, estaba recibiendo una orden y las órdenes militares se cumplen. El concepto de llevar la tropa era legal, pero ya lo que íbamos a hacer era ilegal”.

Efraín Andrade Perea, sargento primero retirado, quien es compareciente ante la JEP como máximo responsable, contó lo sucedido en la masacre de Bosconia en octubre del 2002.  Mejía le dijo que había habido combates cerca al Socorro, y le ordeno a alistarse para ir a “legalizar” las bajas. “Cuando llegamos al lugar de los hechos, había unos cadáveres”, testificó. Su tarea, dijo, era realizar las actas, supuestamente velando por el funcionamiento de los procesos.

Carlos Andrés Lora, testigo compareciente, excomandante del Pelotón Trueno, relató su participación en una operación en El Mamón, en donde también estuvieron presentes el entonces mayor José Pastor Ruiz Mahecha y el sargento Andrade.

“Mi coronel Mejía nos formó frente a la batería y me dijo que formara el pelotón que íbamos a salir en una operación. Me ordenó que me desplazara hacia el sitio conocido como El Mamón, que allá iba a encontrar al mayor Ruiz y al sargento Andrade y Manuel Valentín”.

Ruiz Maecha, también acusado de ser máximo responsable y que no reconoció responsabilidad, le dijo que se metiera por una trocha que iba a encontrar una casa, entonces que disparara porque ahí supuestamente estaban haciendo desayuno las autodefensas, relató.

“Yo rodeé la casa y le dije a mi mayor Ruiz que yo no veía al enemigo, él me dijo que disparara. Luego hicimos un registro y en la parte de un hueco se encontraron tres cuerpos, yo lo reporté al batallón, recogimos los cuerpos y los llevamos al batallón”, dijo.

Eduart Gustavo Álvarez Mejía fue durante cinco meses subteniente de artillería del Batallón La Popa. Narró cómo participó en varias operaciones, una de esas la del indígena kankuamo Uriel Evangelista Arias, quien fue hecho pasar como ‘Tito Arias’, jefe del Frente 59 de las Farc el 16 de julio de 2003.

“Yo recibo la orden de llegar al batallón en la noche para realizar la operación y ahí estaba Hugo, nos indicaron que íbamos a realizar una operación en contra de Tito Arias y personas de las Farc que hacían presencia en la zona de Guatapurí”, dijo Álvarez.

“Nos quedamos esperando y el guía (paramilitar) escuchó una voz que se acercó y dijo ‘Ese es Tito Arias’. Valencia que era un soldado mío, disparó contra el señor en la cabeza a menos de diez metros y ahí murió”, recontó.

Guillermo Gutiérrez, excomandante de batería y exoficial de operaciones, testificó sobre cómo Mejía daba las órdenes directamente y adicionó que si daban resultados por bajas se le daba a todo el pelotón 15 días de permiso.

Mauricio Zabala Cardona, brigadier general y compareciente forzoso, no inculpó a Mejía, pero sí recordó que durante su época en el batallón le parecía muy raro que llegaran pelotones con resultados operacionales en los que él debía firmar las órdenes de operación, aunque no participara en los hechos ni en la toma de esas decisiones.

Ángel Mauricio Suaza, entre lágrimas narró el asesinato de Ramón Enrique Cárdenas, agricultor en el corregimiento de Media Luna, Cesar.

En 2003, Cárdenas se encontraba jugando billar cuando un grupo de militares entró al lugar para pedir documentos y le quitaron su cédula. Le dijeron que para entregársela tenía que ir al día siguiente a reclamarla en el punto de control.

En la mañana, Cárdenas se dirigió al lugar con su padre, donde le dijeron que tenía que esperar otra noche porque estaban realizando la verificación de antecedentes. Llegó al otro día, solo, y le pidieron que esperara en el sitio. Pasaron las horas, le ofrecieron comida y lo mantuvieron cautivo por dos días.

Suaza contó cómo el 11 de noviembre de 2003 le pidieron que saliera en el viaje de abastecimiento de víveres vestido con uniforme militar y una capucha para que no lo reconocieran en el pueblo. “En este punto los soldados se estaban imaginando cosas, había una situación complicada por integrantes del batallón, ya era común de que había ‘falsos positivos’ y todo el mundo quería dar resultados porque les prometían días de permiso”, Suaza.

El 12 de noviembre, a mediodía, el capitán le dijo que debían matar a Cárdenas, así que dieron la orden de iniciar combate, y fue el soldado Cristian Ávila Von quien disparó que Suaza se rehusó a ser parte de ese asesinato.

Trasladaron el cuerpo en el mismo camión que llevaban la comida y los enseres hasta dejarlo en el batallón donde lo hicieron pasar por guerrillero.

“Al día siguiente nada que mi hermano aparecía y llegaron unos soldados o militares en ropa de civil a la casa de nosotros a decirle a mi mamá que no se preocupara por él porque mi hermano se había quedado trabajando con ellos, que un día de estos él venía a visitarla”, dijo la hermana de la víctima, Elsa Cárdenas. Sin embargo, continuaron buscando, hasta que reconocieron el cuerpo de Ramón Enrique en la morgue del cementerio de San Diego.

El veredicto y posible sentencia en el caso contra Mejía se espera a principios de diciembre, cuando se reanudan las audiencias en Medellín.