Los campesinos de este municipio del sur de Bolívar esperan que el gobierno les cumpla con la reparación colectiva. Llevan una década formulando planes y propuestas para que los apoyen en la superación de las secuelas del conflicto armado, pero todo sigue en veremos.
Los campesinos en Simití esperan que el plan de reparación colectiva sea una luz para mejorar las condiciones de vida de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso. Foto suministrada: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.Si hay una comunidad que se ha esmerado por romper el silencio, reconstruir lo que les sucedió y exigir que el Estado los repare, es la de Simití, en el sur de Bolívar. Más de treinta años de conflicto armado tuvo efectos nefastos: obligó a la mayoría de sus habitantes a abandonar la región; sus mujeres fueron violentadas; niños y jóvenes terminaron en grupos armados ilegales; y dejó sumido al pueblo en la pobreza. (Ver cifras de desplazamiento).
Una vez los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizaron el 31 de enero de 2006 en el vecino municipio de Santa Rosa del Sur, los habitantes de Simití estimaron que había condiciones para contar lo que les sucedió y preparar su reclamación por los daños causados durante una guerra atroz.
Para entonces ya estaba en vigencia la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, con la que se prometía reparar a las víctimas una vez los juicios contra los desmovilizados de la Auc se concretaran en sentencias.
Con la ilusión de que su municipio se convirtiera en un territorio de paz y que el Estado concentrara sus esfuerzos después de tantos años de abandono, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) comenzaron a acompañar a las comunidades de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso, organizadas en el Comité Cívico del Sur de Bolívar.
En el sur de Bolívar los campesinos quedaron en medio de una guerra derivada de la riqueza y ubicación de su territorio. La disputa más cruenta ocurrió entre 1998 y 2005. Su propuesta para salir adelante es seguir trabajando el campo y recuperar su vocación campesina. Foto suministrada: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.De manera conjunta, elaboraron un documento de diagnóstico participativo del daño colectivo generado por el conflicto armado e identificaron las acciones que debía implementar el gobierno nacional para repararlos. (Ver video)
Mientras los campesinos esperaban que los tribunales de Justicia y Paz emitieran la primera sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, jefe del grupo paramilitar que operó en la región, le presentaron en 2012 el documento de sus reclamaciones al entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y a Paula Gaviria, directora para la época de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv).
Pero no sucedió nada. El gobierno les dijo que ya había entrado en vigencia una nueva norma de justicia transicional, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se aplicaría a los procesos de reparación que ellos exigían.
Cuando el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá profirió el 30 de agosto de 2013 la primera sentencia contra alias ‘Julián Bolívar’, los magistrados ordenaron a la Unidad Nacional de Víctimas la atención de la comunidad campesina azotada por el conflicto, por lo que el 30 de abril de 2014 aceptó el registro de los campesinos de los cinco corregimientos de Simití como sujetos de reparación colectiva. (Lea la resolución)
No obstante, han pasado dos años desde entonces y aún no se concreta un documento final para que comience la implementación de esas medidas de reparación. Gil Alberto García y Avelino Hernández, dos de los líderes del Comité Cívico, explican que su desacuerdo está en que gran parte de las medidas, según la Unidad, deben ser cumplidas por la administración local. A su juicio, el problema es que el municipio es de sexta categoría y carece de recursos para atenderlas.
Un territorio cercado
Simití es un ejemplo de la contradicción que vivieron los territorios con más riqueza natural del país. Al limitar con la Serranía de San Lucas, estar bañado por el río Magdalena y próximo a la región de los Montes de María, sus tierras eran apetecidas por el oro que guardan sus entrañas, la calidad de la tierra para sembrar palma aceitera, el clima, que es beneficioso para el cultivo de hoja de coca para uso ilícito, y sus selvas, que esconden centros de procesamiento de la coca. Por tales razones, ha sido una región intensamente disputada por distintos actores armados ilegales.
El primero en llegar, en los años setenta, fue el Eln, con el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa; en la siguiente década lo hizo las Farc a través del Frente 24; y a finales de los noventa surgió el Frente Vencedores del Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc.
En los planes de reparación colectiva, la comunidad campesina documentó que la guerrilla fue responsable de una violencia constante durante dos décadas, que dejaron los campos de las veredas contaminados con artefactos explosivos. En 1993, la Brigada Móvil 2 del Ejército encontró que la zona de influencia de los corregimientos Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y ElParaíso estaba sembrada con por lo menos 1.488 minas antipersonal.
“Tal instalación fue realizada por las Farc y el Eln para aislar la zona y resguardarla de la presencia de la institucionalidad militar, así como de otros armados ilegales poniendo en grave riesgo a la población civil”, indica la resolución que reconoce a los habitantes de estos corregimientos como sujetos de reparación colectiva.
El corregimiento El Paraíso vivió un infierno durante la toma paramilitar de finales de los 90 y mitad de la siguiente década. Los combates desplazaron a muchos campesinos, que a su retorno encontraron viviendas destruidas. Foto suministrada: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.Según datos de la Dirección contra Minas, entre 1991 y 2010 fueron reportados 47 accidentes en Simití, que dejaron 39 personas heridas y 8 más fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.
Para los campesinos, la violencia alcanzó los más altos topes entre 1998 y 2005, cuando los asesinatos, los desplazamientos y las desapariciones ya ni siquiera eran noticia.
Las cifras de desplazamiento ponen en evidencia la dimensión de esa tragedia: de 290 personas desplazadas en 1997; el municipio pasó a expulsar durante el siguiente año a 2.193. Según las confesiones de paramilitares en Justicia y Paz, 1998 fue el año en que las Auc ingresaron a Simití, en una ruta que incluyó los corregimientos de Cerro Burgos, Monterrey y San Blas.
Justamente San Blas fue elegido por alias ‘Julián Bolívar’ para instalar allí una red de telecomunicaciones, una emisora y una base de ‘entrenamiento’. En la reconstrucción de los hechos de violencia cometidos a finales de la década, los campesinos recuerdan una batalla campal entre paramilitares y guerrilleros.
Pero las afectaciones fueron dramáticas: durante casi siete años los centros de salud fueron ocupados, saqueados y el escaso personal médico amenazado; asimismo, los centros educativos también se convirtieron en escenario de guerra. Los grupos armados ilegales entraban a las escuelas a llevarse los niños para engrosar sus filas; los profesores vivían con el “credo en la boca” tras las constantes amenazas en su contra, razón por la cual algunos se desplazaron; los colegios dejaron de graduar bachilleres hasta 11 grado y las cátedras se redujeron a 9 grado escolar.
De otro lado, las fincas fueron invadidas y despojadas. Hasta mayo de 2013, en Simití las reclamaciones de restitución de tierra sumaban 17 mil 477 hectáreas. Los campesinos de El Paraíso en realidad vivieron un infierno: sus viviendas fueron quemadas tres veces. Cuando los campesinos regresaban de las montañas, donde trataban de resguardarse de la balacera, se encontraron que en sus casas ya no estaban los enseres, ni los animales, ni las herramientas de trabajo.
El Comité Cívico del Sur de Bolívar ha venido recibiendo acompañamiento técnico y capacitación de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio con el apoyo de la OIM entre otras organizaciones, haciendo procesos de recuperación de memoria histórica de lo ocurrido e identificando sus necesidades. Foto suministrada: Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.El 7 de agosto de 1999, por ejemplo, 110 paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron hasta la vereda El Piñal, del corregimiento San Luis, asesinando a seis personas, acusándolas de participar en la planeación del secuestro del Fokker 50 de Avianca, perpetrado el 12 de abril de ese año por el Eln. Dos meses después, en octubre, los paramilitares decapitaron a una mujer en El Paraíso y exhibieron su cabeza públicamente generando un éxodo. Luego, se robaron 700 cabezas de ganado que servían de sustento económico a los pobladores.
El confinamiento fue tal que los paramilitares negaron la circulación del peso colombiano e implementaron un sistema de vales o recibos y solo bajo su autorización permitían la comercialización de servicios y alimentos.
“Monopolizaron los procesos económicos de los habitantes de la zona. Controlaban desde la compra, venta, distribución y transporte de alimentos, víveres, bienes e insumos. Los campesinos eran obligados a entregar su ganado y especies menores para actividades como marchas obligadas y alimentación de la tropa”, indica el documento construido por la comunidad.
En la reconstrucción de hechos, los campesinos aseveran que los paramilitares se tomaron los pocos espacios de recreación de los jóvenes, como las canchas de fútbol, para convertirlas en lugares de entrenamiento militar; robaron los equipos que permitían el funcionamiento de las líneas telefónicas administradas por Telecom; prohibieron el uso de telefonía celular; y amenazaron a cualquier empresa o persona que prestara dicho servicio. Ambientalmente destrozaron el playón El Sombrero, en San Blas, porque rompieron el dique para sembrar palma africana.
La libertad de culto fue violentada. Según el relato de los campesinos, los sacerdotes Albeiro Quevedo y Clemente Verel fueron desplazados del pueblo, y en reuniones y corrillos los paramilitares pregonaban la inexistencia de Dios. Sin embargo, fueron las instalaciones de las iglesias Católica y Evangélica las que sirvieron de resguardo a los pobladores cuando el grupo armado se metía a sus fincas para desatar combates que tardaban días.
El 30 de abril de 2014 la Unidad Nacional de Víctimas reconoció al Comité Cívico del Sur de Bolívar como sujeto de reparación colectiva. Foto suministrada: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.“Las iglesias de San Joaquín sufrieron por el enfrentamiento y ocupación de los paramilitares. La comunidad a orillas del río Boque tuvieron que dormir con sus familias en el templo por más de cuatro meses porque alrededor de sus viviendas funcionaban las trincheras de los paramilitares”, reseña el documento de daños construidos por la comunidad.
Las mujeres fueron violentadas. Quienes trabajaban en bares o discotecas fueron obligadas por los paramilitares a “vestirse como ellos deseaban y a realizar actos sexuales”. En el campo, eran forzadas a la lavarles la ropa, a cocinar, hacer aseo o asistir reuniones. Los abusos sexuales y el reclutamiento de niñas fueron comunes en los cinco corregimientos.
En ese período en que se exacerbó la violencia, entre 1998 y 2005, la inversión social quedó estancada y la contratación pública capturada. Los campesinos relataron que los paramilitares intervinieron en la asignación de las obras, principalmente en los recursos destinados para infraestructura en servicios públicos domiciliarios. “Negaron a la comunidad la oportunidad de mejorar las vías. Monopolizaron los contratos y amenazaron a contratistas”.
Aunque los niveles de violencia se redujeron después de la desmovilización de los paramilitares a principios de 2006, el conflicto armado continuó esta vez no solo por la presencia de las guerrillas, sino por grupos armados ilegales conformados por mandos que no aceptaron la oferta del gobierno y decidieron no reinsertarse a la vida legal.
Un informe de riesgo emitido en junio de 2012 por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte que las Farc y el Eln retomaron el ‘control’ y las ‘rutas’ de las negocios ilícitos, pero comenzaron a ser disputados por bandas criminales posdesmovilización. En la actualidad, hacen presencia las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’. (Lea: El conflicto y el abandono del sur de Bolívar y El miedo que reina en el sur de Bolívar)
Las claves de la reparación
La Unidad Nacional de Víctimas reconoce que los campesinos de Simití fueron vulnerados durante el conflicto armado en sus derechos a la seguridad, la libre circulación y realización de prácticas sociales, económicas y culturales. Foto suministrada: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.El Comité Cívico del Sur de Bolívar tiene documentados 36 hechos asociados a los daños que los ‘fracturaron’ como comunidad y proponen por lo menos 93 medidas de reparación que permitan que las víctimas de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso tengan mejores condiciones de vida. Según la propuesta de la comunidad campesina, estas medidas beneficiarían a por lo menos 1.800 familias que viven aún en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. (Lea los daños y medidas de reparación formulados aquí)
De forma paralela, la administración municipal pasada propuso un plan adicional de reparación para el Hogar Juvenil de Monterrey, que acoge a niños y jóvenes entre los 7 y 18 años y que nació como una estrategia pedagógica en 2007 para prevenir el reclutamiento. Este documento incorpora otras 10 medidas de reparación con las cuales se pretende atender los daños psicosociales y recuperar y promover los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Para la comunidad campesina de Simití es crucial que se garantice el funcionamiento de los puestos de salud de los cinco corregimientos, dotados no solo con equipos y medicamentos sino con personal; lo mismo para las escuelas y colegios, y quelos jóvenes tengan acceso a becas para continuar con su formación profesional. Los habitantes exigen, además, un acto de perdón público, en el que los victimarios reconozcan el daño que provocaron a las familias, pero también a los niños, niñas, jóvenes y mujeres altamente vulnerados.
Otro punto clave será la actualización del Plan de Retornos, para que las 17 mil personas que fueron expulsadas del municipio cuenten con la certeza de que podrán volver a su tierra. Y para que eso suceda, sin duda, los campesinos consideran que debe haber un programa de vivienda rural, uno que recupere ambientalmente los ríos y ciénagas devastados y que cuenten con carreteras y servicios públicos que les permita hacer productivo el campo y recuperar su vocación campesina.
Para los campesinos es fundamental la formalización de la propiedad rural. No tienen títulos, pues los cinco corregimientos están sobre una Zona de Reserva Forestal protegida por la Ley 2 de 1959, de manera que necesitan que el Ministerio de Ambiente realice una sustracción para que las familias puedan seguir haciendo un uso especial del territorio. En Simití, los parceleros requieren garantizar la seguridad alimentaria, para lo cual solicitan apoyo en el desarrollo de las granjas integrales y dotación de un banco de maquinaria para mejorar las vías de comunicación.
Gil Alberto García, líder campesino de Monterrey, explica que concretar el proceso de reparación colectiva en Simití es una apuesta por la paz, precisamente porque al haber atención del Estado y oportunidades para desarrollar el campo se reducirá la pobreza, generadora de tanta violencia en el país. Su llamado se suma al de comunidades que han sobrevivido a la guerra en la treintena de municipios que integran la región del Magdalena Medio. (Lea: “Colombia no aguanta más”: padre Francisco de Roux)
“La Unidad ha venido avanzando solo en algunos puntos, pero quieren trabajar más en lo simbólico. También quieren que retiremos algunas medidas. Lo otro es que quieren descargar el 90 por ciento del cumplimiento de esas medidas a la administración municipal, y sabemos que eso es difícil porque el presupuesto es ínfimo. Estuvimos socializando el plan con el gobierno local, pero no encontramos mucho interés”, indica García.
VerdadAbierta.com conversó con Amparo Chicué, directora Territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio, quien reconoció que sí ha habido dificultades en la concreción del documento final del plan de reparación colectiva, pero aclaró que la Unidad ha trabajado el territorio desde que asumió el caso. Sobre lo primero, explicó que las medidas de desarrollo como las relacionadas con la educación, salud e infraestructura corresponden a las entidades territoriales y que la responsabilidad de la Unidad radica en hacer incidencia en éstas para que se comprometan y destinen los recursos para su cumplimiento.
“En aras de la verdad, es importante decir que la administración pasada de la Gobernación de Bolívar fue totalmente invisible; diferente a ésta (la actual), con la que ya hemos hecho varios acercamientos. Hemos hecho incidencia en la Alcaldía de Simití y en los ministerios; lo que sucede es que no ha habido las voluntades suficientes para sentarse. Y nos toca seguir haciendo elejercicio para conciliar el plan”, precisa Chicué.
En 2012, el Comité Cívico del Sur de Bolívar le entregó un documento de reparación al Ministerio de Agricultura y a la Directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en el que advirtieron la necesidad de formalización en la propiedad para desarrollar proyectos productivos. Foto suministrada: Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.Sin embargo, la funcionaria reitera que la Unidad está presente en el territorio realizando varias acciones: “Hace un año solo había un punto de atención en San Pablo; ahora hay uno en Simití y otro en Santa Rosa. En los cinco corregimientos estamos trabajando con 500 familias en los procesos de retorno. En San Blas y Monterrey destinamos 170 millones de pesos solo en materiales para la fabricación de dos placa-huella; dotamos de mobiliario y aulas a Monterrey y San Joaquín, con 75 y 85 millones de pesos, de forma respectiva; con el programa de Familias en su tierra del Departamento de la Prosperidad Social se invirtieron 900 millones en las familias retornadas; también se destinaron 20 millones para apoyar el Hogar Juvenil de Monterrey y 800 millones para un proyecto ganadero para Santa Rosa y Simití”.
Chicué acepta que entre la comunidad campesina haya desesperanza al sentir que no se avanza en concretar un documento final, pero “ya el tema de la reparación colectiva está incluido en el Plan de Atención Territorial de la Gobernación, están en el Plan de Desarrollo de Simití. Vamos por el camino que es; esperamos que, en unos quince días, nos reunamos nuevamente con el Comité de Impulso”.
Tras soportar más de 30 años de guerra y 10 más que sean atendidos por el Estado, los campesinos de Simití tienen puesta ahora sus ilusiones en los acuerdos de desarrollo agrario integral y reparación de víctimas alcanzados en la negociación del gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en La Habana. Con su implementación, esperan que sus solicitudes no se queden en la “gestión”, reuniones, documentos otrámites y se atiendan de manera oportuna para sellar de una vez por todas las ‘fracturas’ de un conflicto armado que les arrebató la tranquilidad, la vida y el progreso.
* Periodista de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com
