Mientras niños y jóvenes reclutados por las disidencias de las Farc regresan muertos a sus comunidades, las acciones del Estado se quedan cortas ante un crimen de guerra que permanece en la sombra. A líderes y lideresas del departamento les preocupa el incremento de los casos en lo que va del año, pero denunciar los puede poner en riesgo.
Los reclutados, jóvenes entre los 12 y los 15 años, no permanecen mucho tiempo en el departamento. “Algunos se quedan temporalmente en la zona, en las estructuras de la zona, pero la generalidad es que el muchacho no se vuelve a ver”, explica una fuente experta que pidió la reserva de su identidad. Los corredores de movilidad —muchos de los cuales son trochas y caminos veredales— entre el suroccidente y sur del país les facilita a los grupos armados enviar a los menores a diferentes regiones.
En algunos casos, las familias sólo vuelven a verlos cuando retornan en ‘cuatro tablas’. Este portal conoció que algunos menores reclutados por grupos armados en el departamento de Huila regresaron muertos a sus casas, pero no hay denuncia pública de esas muertes. Las comunidades mantienen esta grave situación en silencio.
Varias fuentes consultadas por este portal coincidieron en advertir que las familias y los líderes y lideresas no han optado por visibilizar varios de los casos temiendo represalias de los armados.
El reclutamiento forzado se ha fortalecido en el territorio nacional tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiana y la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016. Buena parte de mandos medios de los Llanos Orientales se alejaron del proceso de paz desde mediados de ese año y tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente a principios de 2017, varios desmovilizados decidieron retomar las armas. Es así como proliferaron nuevos grupos armados ilegales, que nutren sus filas con menores de edad, sobre todo en áreas rurales.
Actualmente, el grupo predominante en el departamento de Huila es el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc a través de diversas estructuras: el Frente Ismael Ruiz (en límites con Cauca); Iván Díaz y Rodrigo Cadete (en límites con Caquetá); y Darío Gutiérrez (hacia el norte y en límites con Tolima).
Además, la Segunda Marquetalia, otra agrupación de grupos disidentes de las Farc, ha ganado terreno en el departamento desde abril de este año. Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó sobre el accionar de este grupo, así como de la guerrilla del Eln, en los municipios de Baraya, Neiva y Tello, en el sur huilense.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), una plataforma de siete organizaciones que trabaja por los derechos de niños y jóvenes en el país, ha monitoreado en Huila a otros actores que buscan la expansión territorial. Esa organización advierte sobre la presencia de grupos posdesmovilización paramilitar que han incursionado en el negocio del microtráfico y del tráfico interno, en municipios como Gigante y en otros que cuentan con hidroeléctricas y minería extractiva.
En 2020 también se conoció sobre la presencia de hombres al parecer afines al Cártel de Sinaloa, grupo narcotraficante de México, en Gigante. En ese municipio, junto con Betania, COALICO también pudo identificar que algunas organizaciones delincuenciales vinculan a los menores de edad sin sacarlos de sus hogares, escuelas o entorno social, pero controlando cada una de las esferas sociales del menor, pues en muchos casos les ofrecen una posibilidad económica y los niños terminan atrapados en esas redes.
Aumentan los casos
“Aunque son poquitos, si no lo ponemos en alerta, puede crecer”, lamenta un líder del departamento que pidió la reserva de su identidad por razones de seguridad. Según explica, en su comunidad tiene conocimiento de casos de reclutamiento de menores de edad desde 2021 y este año se ha agravado el fenómeno, particularmente en los meses de mayo y junio.
Según las cifras de COALICO, que parten de un gran subregistro debido a las dificultades que tienen las familias para denunciar, entre enero de 2016 y junio de 2023, ocurrieron 13 eventos que victimizaron a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Huila. En lo corrido de este año se han presentado tres casos.
“Quizás Huila no tiene unos números importantes de confrontaciones, de impactos directos, pero no quiere decir que en esa zona no esté pasando. Nosotros siempre hemos señalado que cuando en una zona no tenemos registros no es porque no existan las violaciones, sino porque no hay la capacidad de visibilizar las violaciones”, explica Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO.
“Los papás no presentan ninguna denuncia formal. En algunas comunidades étnicas existe una incredulidad total hacia el Estado, prefieren acudir a la autoridad tradicional, que en realidad son los únicos que los apoyan”, explica la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.
Líderes y lideresas del departamento coinciden en que no se están llevando a los niños, niñas y jóvenes por la fuerza. Explican que, en varias ocasiones, vinculan a los jóvenes con mandados y por esos oficios van recibiendo dinero y responsabilidades. Sin embargo, “todos acaban con uniforme, arma larga y en filas, sea por un tipo de vinculación o la otra, acaban allí”, asegura la fuente experta. (Leer más en: “El reclutamiento de menores, en sí, es forzado”)
“Evidenciamos, sobre todo en estas zonas del país, una comprensión relacionada que el niño se va porque quiere: ‘Él se va porque le gusta, porque le gustan las armas, porque allá tiene un familiar’”, alerta Castellanos. “No hay una lógica todavía en relación a que es un delito, que ha habido una serie de situaciones estructurales que no han garantizado sus derechos y que la única opción que ven en ese escenario es estar en el grupo armado”, agrega.
Las normas que regulan la guerra, entre ellas el Derecho Internacional Humanitario, establecen que el reclutamiento de menores es un crímen de guerra.
“Nos llamaba mucho la atención que en el Huila había mucha necesidad de avanzar en protección de consumo de sustancias psicoactivas con menores de edad, porque parecía ser uno de los ganchos directos para que los niños y las niñas pudieran hacer parte de los grupos”, cuenta Castellanos, una situación que preocupa a las comunidades que entrevistó este portal.
En algunos casos, los líderes de la región y las familias de los reclutados han podido preguntarle a los menores por qué se adhirieron al grupo armado y la respuesta no ha podido ser menos esperanzadora: por rebeldía o desobediencia. Otros dicen que “allá (dentro del grupo armado) sí tienen un fin político. ¿Y cuál es su fin político? No saben”, cuentan los líderes. “Debe estar faltando una formación política hacia el sentir campesino o el indígena”, lamentan en la región.
En el municipio de Íquira han prendido las alarmas frente a este flagelo. En octubre del año pasado, el alcalde Yadnolver Correa Tamayo (2020-2023) emitió una alerta por casos de reclutamiento en las regiones que limitan con el departamento de Cauca.
“Los jóvenes al no tener otras opciones de vida, ven una forma de salir adelante en un fusil o en alguna ilusión o una promesa. Los ilusionan, les hacen promesas y se van, pienso que son niños de 15 o 16 años”, indicó Correa a varios medios de prensa.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación sobre las deficiencias institucionales en las zonas rurales del departamento. En la Alerta Temprana 036 de 2018 se detalla que la concentración en las cabeceras municipales de la oferta estatal y de servicios públicos, la deficiente red vial y otros factores sociales generaban un ambiente de marginalidad generalizado para la población.
“Un déficit de infraestructura para el acceso a la educación, viéndose obligados los estudiantes a recibir clases en escuelas con una infraestructura en mal estado o insuficiente, sin contar con una cobertura adecuada de transporte escolar, constituyéndose una vulnerabilidad latente en materia de deserción escolar y riesgo de reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescente”, explica esa entidad.
Sin embargo, el cumplimiento de estas recomendaciones ha dejado mucho que desear para esta agencia del Ministerio Público. “La gestión institucional del Estado colombiano al riesgo advertido había tenido un cumplimiento medio”, reitera en la Alerta Temprana 010 que sacó en marzo de este año sobre la situación de los municipios de Baraya, Neiva, Tello.
Las alertas de la Defensoría llaman a la acción a varias instituciones estatales del orden local y departamental. VerdadAbierta.com buscó hablar con Williams Enet Cerquera, Personero de Iquira, dado que la comunicación con la Alcaldía fue imposible, para conocer qué acciones se han adelantado en el municipio para atender este flagelo, pero nunca se obtuvo respuesta. Este portal se comunicó con Diego Tello, asesor Paz en Gobernación del Huila, pero no dio respuesta a las preguntas de este equipo periodístico.
Riesgos alertados
En la Alerta Temprana 029 de 2020 de la Defensoría del Pueblo se advierte que los municipios de Íquira y Páez (Cauca) son “un corredor estratégico entre los departamentos del Cauca, Huila y Tolima en lo que concierne a la movilidad de productos, tránsito de integrantes de grupos armados y operaciones militares al igual que el reclutamiento uso y utilización de niños, niñas y jóvenes en el territorio”.
Esta agencia del Ministerio Público advierte que estos hechos tienen posible correlación con la ocurrencia de desplazamientos individuales o masivos y amenazas selectivas, especialmente contra líderes, lideresas y autoridades tradicionales.
“Según información conocida por la Defensoría del Pueblo, durante 2019 al menos (quince) 15 menores de edad fueron observados portando uniformes y armas de fuego en resguardos paralelos a los sitios del reclutamiento, situación que ilustra la capacidad de cooptación y engrosamiento del precitado grupo armado ilegal y que sugiere un alto nivel de exposición de esta población”, se lee y reconoce que es una fenómeno con enorme subregistro.
Lejos de esta realidad, a inicios del año pasado, el comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edwin Becerra, negó en entrevista con La Nación que en el departamento estuviera reclutando menores, a pesar de que la Gobernación de Huila hubiera alertado en diciembre de 2020 que nuevamente niños, niñas y jóvenes estaban siendo reclutados por grupos armados, particularmente en los municipios de La Plata (limites con Cauca) y Aipe (límites con Tolima).
Testimonios recogidos en el Huila dejan entrever que en 2023 se habría incrementado el fenómeno criminal. Esta dinámica territorial también explica cómo se comparten las afectaciones del conflicto más allá de los límites departamentales y obedece a contexto regionales. La situación de frontera en Huila es de las zonas que más preocupa a los expertos.
“Esta situación fronteriza con la que colinda el departamento hace que efectivamente haya unos riesgos inminentes”, explica Castellanos y agrega que “hemos evidenciado un incremento en los riesgos de reclutamiento particularmente en Tolima y Huila, con una dinámica muy fuerte sí de aumento en los territorios de Cauca y Caquetá”. Es el caso de Páez, Cauca, en donde las autoridades indígenas no denuncian públicamente las decenas de casos de reclutamiento que se han presentado en sus comunidades.
La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la situación de los municipios de La Plata y Nátaga (límites con Cauca). Según denunció la institución en la Alerta Temprana 025 de 2022, en el resguardo Llano Buco, de Nátaga, se presentaron tres casos de reclutamiento, pero a raíz el dominio que existe en la zona por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente, no se han presentado denuncias al respecto.
En La Plata, entre 2021 y 2022 se capturaron varios integrantes de ese grupo armado y junto a estos, varios menores de edad. “En el mes de abril de 2021 fue capturado presunto cabecilla de la Columna Móvil Dagoberto Ramos junto a otras personas donde se encontraban dos adolescentes de 14 y 15 años de edad”, ejemplariza la Defensoría en su alerta.
“En Huila también hay una conexión muy importante con poder bajar al Caquetá a raspar o a cuidar cultivos. Entonces los chicos se van tres meses y vuelven. Luego vuelven y los llaman y así”, agrega Castellanos. A los expertos también les preocupa la situación del norte del departamento, pues también han advirtiendo sobre este flagelo, particularmente en los municipios de Tello y Baraya.
Juventud en riesgo
Actualmente, muchos menores de edad continúan siendo disuadidos por los actores armados para enlistarse en las filas o colaborar con los ilegales. Algunos los reclutan para ser ‘estafetas’ que llevan razones; a otros, para ocultar o transportar armas; y algunos más son cautivados por los uniformes y armas u objetos materiales como celulares y motos. Adicional a eso, recientemente las redes sociales están jugando un papel protagónico en este fenómeno, plantea la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.
Según analiza, en el campo digital, los jóvenes se están encontrando con “modelos vendidos, ajenos a su contexto o cosmovisión, los cuales obviamente los deslumbran: que la rumba, que los carros, que la música”, explica esta fuente consultada.
En otros casos, el influjo es más directo: “Los menores que se han ido a integrar esos grupos tienen redes sociales abiertas en las cuales se muestran armados, uniformados, en posiciones de poder. Entonces cuando los jóvenes indagan por eso, les dicen que allá les pagan, que les dan una mejor vida, que es una opción”.
“Cuando los menores se logran comunicar con sus padres les dicen que no se preocupen, que ellos van a regresar en un año, pero por supuesto no es así. Esa idea sí se las están vendiendo (los grupos armados ilegales): les dicen que son periodos de un año y que si al cabo de un año no les gusta, se pueden regresar”, cuenta el experto.
En muchos casos los menores no desisten de las filas y evitan el contacto con sus hogares para cuidar de sus familias. “Están los temores de las familias que se quedan en sus territorios porque obviamente saben dónde viven, saben dónde están y muchos de ellos tienen hermanitos más pequeños”.
Algunos menores han escapado de las filas y buscado refugio en sus hogares, pero poco pueden hacer. Quien deserta es declarado objetivo militar. Deben irse de su territorio, junto con su familia o regresar a las filas si no quieren poner en riesgo a su familia. “Generalmente terminan regresando —a las filas— por retaliaciones contra su familia”, sostiene la fuente experta.
La situación no sólo preocupa por los menores, sino por el resto de jóvenes de zonas rurales que apenas han cumplido la mayoría de edad. “‘Venga, chino: yo le pago tanto y lléveme esta camioneta al municipio de La Plata o a Neiva’. Regularmente es una camioneta cargada con marihuana. Les ofrecen 200 mil, 250 mil pesos, aceptan y ellos son los que acaban presos”, señala la fuente experta.
Según ha conocido este especialista, algunos líderes indígenas del departamento han sido presionados por los grupos armados para requerir a los jóvenes judicializados, para que pongan su pena, no en la justicia ordinaria, sino bajo la tutela de las autoridades indígenas. Esta situación preocupa a las comunidades pues de aceptar es factible que los grupos armados vuelvan a reclutar a los jóvenes judicializados y abusen de su autonomía al derecho propio y a la Jurisdicción Especial Indígena.
Además del reclutamiento y uso de menores, COALICO cuenta otros seis tipos de victimizaciones contra niños, niñas y jóvenes en todo el país: ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento Forzado y Refugio; Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual; violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal; y violaciones e infracciones contra la libertad personal.
