La Misión de Apoyo para el proceso de Paz en Colombia, Mapp- OEA, presentó este miércoles en Washington el informe número 13 ante el Consejo Permanente de esta organización que evalúa el proceso de desmovilización de los paramilitares.
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En su informe trimestral presentado ante el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, el gobierno de Colombia salió bien librado en algunas tareas. Entre las más importantes se destacan el haber iniciado la entrega de indemnizaciones a las víctimas; haber generado nuevos espacios de diálogo en las zonas donde hubo presencia paramilitar; y por haber aumentado las condiciones de seguridad en las zonas donde hacían presencia estos grupos armados.
“Hoy las víctimas se han posicionado como protagonistas del proceso, la verdad está emergiendo paulatinamente y los procesos judiciales contra los desmovilizados están en marcha”, señala el informe.
También se resalta que el número de víctimas acreditadas al proceso de Justicia y Paz se haya incrementado en un 32 por ciento desde noviembre de 2008. Y a mayo de 2009, más de 219.000 víctimas han diligenciado los formatos de hechos atribuibles a los grupos armados ilegales al margen de la ley. Además, aplauden el hecho de que esté funcionando un ciclo de jornadas para recoger muestras biológicas y consolidar así el Banco de ADN de aquellas personas víctimas de desaparición forzada, sobre todo en zonas como el Valle del Cauca y Nariño.
Sin embargo, la OEA dice que todavía hay muchas cosas esenciales sin resolver: “Se ha verificado que en algunas zonas del país ha reaparecido la modalidad de masacres y amenazas, ligadas a la denominada ‘limpieza social’ contra algunas poblaciones vulnerables. Estas últimas son generalmente atribuidas a las denominadas bandas emergentes. También se aprecia que en algunas ciudades capitales y municipios, se ha recrudecido la práctica de delitos de alto impacto como los homicidios, generalmente ejecutados mediante la modalidad de sicariato”.
Las víctimas y algunos funcionarios judiciales han sido los más afectados en este proceso. Según la Mapp-OEA, las primeras han sido amenazadas por intervenir en las versiones libres ante la justicia o por liderar procesos de restitución de tierras, mientras que los empleados han sido intimidados por hacer su trabajo.
Algunos desmovilizados, que han colaborado con Justicia y Paz, también han sido hostigados y presionados por los grupos emergentes con el fin de reclutarlos. “En determinados casos, estos incidentes han desembocado en la muerte de los afectados”, dice el informe.
Las zonas más preocupantes en este aspecto son el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Meta, Guaviare, el occidente de Caldas, el oriente de Risaralda, el Sur de Bolívar, Tumaco (Nariño) y Magdalena Medio, reseña el informe.
Así mismo, hay dificultades para la programación y transmisión de las versiones libres de los ex comandantes de las AUC extraditados a Estados Unidos. Por eso la OEA pide crear procedimientos más ágiles para el traslado de los versionados a las cortes y para evitar dificultades técnicas que se han presentado.
Sobre el tema de reclutamiento, hay preocupación en algunas zonas rurales del Chocó y de Norte de Santander, como en el corregimiento de La Gabarra de Tibú, o en la zona del Tarra en la región del Catatumbo.
El informe así mismo señala la necesidad de frenar la persecución a las comunidades indígenas, especialmente en Nariño. “La Misión llama la atención y expresa su preocupación por la ejecución de masacres, homicidios selectivos, confinamiento y desplazamiento que se realiza contra algunas comunidades indígenas como el pueblo Awá por parte de los grupos armados ilegales”, dice s la OEA.
Entre las conclusiones para contrarrestar la reaparición de masacres “es necesario aumentar la presencia de la fuerza pública y desarrollar acciones para evitar que se produzcan esta clase de hechos (…) Se insta al Gobierno a tomar medidas para esclarecer las responsabilidades de estos hechos, a la vez, que se adopten las acciones necesarias para evitar que guerrillas u otros actores armados ilegales continúen afectando a los grupos étnicos minoritarios”.
