La historia de una poderosa mujer que se sentía benefactora de los pueblos del Magdalena, pero que 500 víctimas asocian con despojo de tierras y muerte, y miles de millones de pesos en contratos con entidades públicas atestiguan cómo su fundación se hizo a la rentas locales. Su retrato es una elocuente muestra de cómo los paramilitares capturaron sociedad y Estado en el Caribe colombiano.
Por César Molinares Dueñas y Tadeo Martínez para Verdad Abierta
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Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘Sonia’. foto cortesía El Heraldo.  – Perfil de ‘Jorge 40’  – Entrevista a ‘Jorge 40’: “Que nadie venga ahora a poner cara de angelito.” |
En el centro del Magdalena se estableció una mujer menuda proveniente de Córdoba, que de la noche a la mañana pasó de empleada de Profamilia y vendedora de seguros, a jefe política del bloque Norte al mando de ‘Jorge 40’. La conocían como ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona’ y es una de las claves para develar cómo fue la infiltración de los paras en la política de este departamento.
En días pasados un fiscal de la unidad de Lavado de Activos ordenó la detención del ex gobernador del Magdalena, José Domingo Dávila y una decena de políticos, entre los que encuentran varios diputados, el alcalde de Concordia, Miguel Aragón y tres ex mandatarios de esa población. Todos involucrados en parapolítica por haber firmado el Pacto de Chivolo con el ex jefe del bloque Norte, ‘Jorge 40’.
Además, ordenó la detención de una mujer llamada Neyla Alfredina Soto Ruiz, más conocida por su alias de ‘Sonia’, hoy de 63 años. También la llamaban ‘La Sombrerona’, porque dice la gente que andaba siempre elegante con sombreros alones y revólver al cinto. Es una vieja conocida de la clase política de este departamento y sobre quien la Fiscalía tiene fundadas sospechas de haber sido una ficha clave en los procesos electorales en una docena de municipios del centro del Magdalena.
‘Sonia’, quien se había desmovilizado en Santafe de Ralito, había pasado de agache en los últimos años pese a tener en su contra varias investigaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidios, robo de tierras y desplazamientos entre otros. Con su ayuda ‘Jorge 40’ controló la región, manejó la contratación en varios municipios, impuso alcaldes, concejales y diputados, incluso después de desmovilizado y ser extraditado ella seguía manejando los hilos políticos de los paramilitares en el Magdalena.
De Profamilia a jefe política del bloque Norte
Neyla Alfredina Soto Ruiz, nacida el 30 de mayo de 1945 en Cereté, Córdoba, fue criada por su abuela paterna desde su primer mes de vida. Bautizada con los nombres de Sonia Catalina, un día su madre decidió registrarla con los nombres de Neyla Alfredina.
Antes de trasladarse a las tierras del Magdalena, Soto Ruiz se había criado en las -hasta entonces- pacíficas y tranquilas tierras del valle del Sinú, donde estudió primaria y bachillerato en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Cereté. Corría el año 1961, siendo adolescente, cuando contrajo matrimonio con un prospero empresario del transporte Enoc Paternina, padre de sus tres hijos Enoc, Victoria y Yaneth.
Muy pronto su matrimonio se rompió y ella convertida en madre cabeza de hogar, se trasladó a Cartagena a estudiar Trabajo Social en el Colegio Mayor de Bolívar y alcanzó a cursar también siete semestres de sicología en la misma institución. Con esa formación fue contratada en Profamilia, entidad a la que estuvo vinculada durante diez años, al cabo de los cuales fundó su propia empresa de vuelta en su natal Córdoba.
Su abuela paterna, Catalina Martínez de Soto, le había dejado una finca de 30 hectáreas a orillas del río Sinú, las vendió y con esa plata invirtió en el negocio de transporte intermunicipal de la familia de su esposo. Su abuela también le heredó unas vacas, pero esas las dejó en la finca de uno de sus hermanos y, cuando se mudó para Montería, las vendió para comprarse una casa. A mediados de los años setenta constituyó la agencia de seguros Paso, Asesores de Seguros y CIA Ltda. Durante las dos décadas siguientes se dedicó a la venta de seguros de vida, capitalización y salud, actividad en la que tuvo un notable desempeño, lo que le permitió educar a sus tres hijos y vivir sin angustias hasta los años noventa.
Pero al cerrar la década de los noventa se fue de Córdoba y se instaló en Ariguaní, a donde su nombre original, Sonia, sepultó para siempre el de Neyla Alfredina que le había puesto su madre. Allí la conocieron con otros nombres además del de ‘Doña Sonia’; le decían también ‘la Mama’, ‘La Mona’ o ‘La Sombrerona’. En esas ricas sabanas del centro del Magdalena, donde ejercía su mayor dominio Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, se unió a un grupo de mujeres que estaban dedicadas al trabajo social. Muy pronto llamó la atención del entonces jefe paramilitar.
Por la época que ‘Sonia’ llegó a San Ángel, el jefe de las autodefensas en Córdoba, Salvatore Mancuso fue comisionado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño para fundar el Bloque Norte en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y la Guajira. Después de formado este grupo, ‘Jorge 40’ asumió el mando y en cinco años lo consolidó como uno de los más despiadados que haya conocido Colombia en la historia reciente del paramilitarismo.
La región del Ariguaní está en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y un río del mismo nombre baña un extenso valle que se extiende hasta el río Magdalena pasando por las poblaciones de Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo, Chivolo, Zapayán, Tenerife, Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Plato y Pivijay. Es una tierra fértil y cenagosa, dedicada a la ganadería extensiva, la palma y el banano, pertenece en su mayoría a ricos hacendados con vocación política.
Por esa época, a las puertas del siglo XXI, ocurrieron tres de las peores masacres que hayan tenido lugar en el Magdalena. La primera fue al medio día del11 de enero de 1999, en Playón de Orozco, corregimiento de Pivijay, en la que 45 hombres asesinaron a 27 personas.
Un año después, al amanecer del 12 de febrero del año 2000, un grupo de hombres armados llegó a Bocas de Aracataca, un pueblo palafítico en la desembocadura del río Aracataca, y asesinaron a 11 personas que fueron sacadas de sus casas. Las doscientas familias que vivían en lo que todos conocen como Trojas de Cataca, se fueron y ocho años después sólo han regresado 25 familias.
El paisaje era desolador: docenas de casas abandonadas, la iglesia y el colegio fueron clausurados y el puesto de policía, donde encerraron y mataron a la mayoría de las personas, está derruído, sin techos y sin puertas. La última de estas tres masacres fue en la madrugada del 22 de noviembre del año 2000 en El Morro también conocido como Nueva Venecia, corregimiento de Sitionuevo, Magdalena, en la que fueron masacradas oficialmente 39 personas, pero los habitantes creen que nunca se sabrá cuántas víctimas hubo, porque nunca se encontraron los cuerpos de varios pescadores desaparecidos.
Según le dijo una fuente de la Fiscalía a Verdad Abierta cuando empezaron a hacerse las investigaciones sobre estas masacres varios informantes empezaron a nombrar a ‘Sonia’ como un miembro importante del bloque Norte en la región. Si bien las informaciones no la comprometían en los crímenes, la Unidad de Derechos Humanos de Fiscalía abrió una investigación en su contra por concierto para delinquir, pero fue cerrada.
Estos crímenes fueron cometidos por el Bloque Norte y en los tres casos se dice que el autor fue Tomás Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, un sanguinario jefe paramilitar que perdería la vida después, en 2001. Para que no fuese olvidado, ‘Jorge 40’ bautizó con su nombre el frente que se movía entre El Banco y Chimichagua, al sur del Magdalena.
La conexión de San Ángel
Establecida en San Ángel, ‘Doña Sonia’, con su larga trayectoria en el trabajo con las comunidades, muy pronto fue acogida por las autodefensas del Magdalena como su gestora social.
Quienes la conocieron aseguran que su ambición la llevó a comprometerse en otros roles dentro de las Auc. Informes de inteligencia de la época conocidos por Verdad Abierta la señalan de ser la encargada de presentar en sociedad a los nuevos jefes paramilitares cuando había un relevo.
En una ocasión, los organismos de inteligencia supieron que le organizó una fiesta a Albeiro o alias ‘Siete Uno’, en una finca cercana a Pivijay, y a la que conminó a todos los pobladores a participar. ‘Siete Uno’ había sido designado por ‘Jorge 40’ como jefe del frente Bernardo Escobar que hostigaba a la gente en los municipios de Sacramento, Loma del Bálsamo, Santa Rosa de Lima y la zona rural de Pivijay y Fundación.
Su arribo al Magdalena coincidió con las polémicas elecciones regionales del 2000, cuando dos centenares de dirigentes se reunieron en La Estrella, corregimiento de Chibolo, con el propósito de escoger candidatos a las alcaldías, concejos, asamblea y gobernación del Magdalena. De esa reunión surgió el polémico Pacto de Chibolo, que llevó a la gobernación al liberal José Domigo Dávila Armenta, detenido el 2 de diciembre por la Fiscalía investigado por el delito de concierto para delinquir por haber firmado este pacto.
También fueron elegidos varios diputados y alcaldes, y el pacto se adoptó como una fórmula hegemónica que impuso alcaldes en las subsiguientes elecciones. Lo logró excluyendo a los opositores mediante amenazas e intimidación, e incluso el asesinato. Esto ocurrió con el médico Eugenio Rafael Escalante Ebrath, asesinado el 7 de noviembre de 2002 por inscribirse como candidato a la alcaldía de Concordia, enfrentando al candidato de los paramilitares, Aníbal Castro Martínez, quien resultó elegido y a quien la Fiscalía dictó resolución de acusación y medida de aseguramiento el pasado 22 de noviembre.
En ese ambiente de guerra irregular y hegemonía política apoyada en las armas, ‘Sonia’ desplegó sus dotes de trabajadora social. Hizo bazares y tómbolas con los que obtenía recursos para dotar los puestos de salud, reparar las iglesias y colegios, arreglar los parques y en general mejorar la infraestructura de los pueblos. En esa tarea la acompañaban las esposas de los ganaderos y de los políticos de los pueblos. “Gente buena, gente sana”, dijo hace poco ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.
‘Sonia’ entró fácil en un territorio difícil gracias a su carácter fuerte y a su, según ella, liderazgo y trabajo intenso e ininterrumpido por el bienestar de las comunidades.
Pero, aunque no lo reconozca así, también debió ayudarle el hecho de que fuera cercana a los temidos –y en algunas partes, admirados – paramilitares. A los pocos meses de estar dedicada al trabajo comunitario fue citada por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 a la gallera del pueblo. Ese día el hoy extraditado jefe paramilitar le dijo que estaba muy contento con su trabajo, que eso era lo que él quería, que había que trabajar por las comunidades que tanto habían sufrido con la violencia guerrillera y por la confrontación entre paramilitares y guerrilleros.
Pero ‘Doña Sonia’ rechaza cualquier implicación como militante armada. No acepta que se diga que se vistió con uniformes privativos de las fuerzas armadas o que portara armas o que participara en actos armados y mucho menos haber sido quien ordenó matar a alguna persona. “Quien tenga pruebas que las muestre”, le dijo al fiscal sin pestañear. Tampoco reconoce haber tenidoescoltas de la agrupación armada.
Sin embargo, ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Barranquilla, según pudo constatar Verdad Abierta, entre las víctimas del Bloque Norte, en su mayoría provenientes de la región de San Ángel y el valle del Ariguaní, existen más de 500 registros que la mencionan en denuncias por robo de tierras, homicidios, desaparición y desplazamiento. Gracias a estos múltiples testimonios la Fiscalía General pudo evitar que fuera dejada en libertad.
Hoy la mayoría de las tierras que estaban en poder de los campesinos que, a veces por la fuerza, pasaron a manos de ‘Jorge 40’ y de familias de la región y de prominentes personajes del Cesar, están abandonadas. Las cercas alambradas fueron desmontadas y los ganados y animales que pastaban en esas tierras, en una gran mayoría de pequeños ganaderos, desaparecieron.
Al poco tiempo de estar viviendo en San Ángel, ‘La Sombrerona’ elevó a la categoría de fundación el comité femenino con el que desarrollaba tareas sociales. Constituyó la corporación sin ánimo de lucro Las Mujeres de la Provincia y fue su primera directora.
Pero estuvo al frente sólo seis meses de 2003, tiempo en el cual celebró los primeros contratos con los alcaldes de los municipios de Concordia y Zapayán para el recaudo de los impuestos así como los servicios del Plan de Atención Básica en salud. Una vez se retiró de la dirección de la Corporación, dejó al frente a su hija Victoria Cecilia Paternina Soto, quien celebró contratos con la mayoría de los municipios del centro del Magdalena para la gestión tributaria y el Plan de Atención Básica en Salud.
En una inspección judicial que hizo la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a finales de 2005 a la sede de Mujeres de la Provincia en Santa Marta, encontró que dentro de su portafolio de negocios figuraban contratos de recaudos de impuestos en los municipios de Sabanas de San Ángel, Chivolo, Tenerife, Nueva Granada, Sitionuevo, Salamina, San Antonio, Pedraza, Piñón, Pijiño del Carmen y Plato. Además de contratos del Plan de Atención Básica en salud de San Ángel, Algarrobo y San Antonio.
Pero no sólo celebraron contratos con municipios, también extendieron su oferta de servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con suscribieron contratos para el recaudo de la factura del servicio de energía empresas como Electricaribe.
Esta empresa había tenido y sigue teniendo problemas para el pago de los servicios en la mayoría de los municipios de la Costa Caribe, pero para muchos resultaría, por lo menos cuestionable, apoyarse en una persona, natural o jurídica, cuya fundadora gestora pertenecía a las autodefensas. ¿Así quién no paga? Por el cobro de la facturación de energía, Mujeres de la Provincia recibe el 20 por ciento de lo recaudado.
La Fiscalía ya le venía siguiendo el rastro porque un informante la mencionó como una importante ficha de los paramilitares del Bloque Norte. Por eso le abrieron una investigación por concierto para delinquir, que fue precluida cuando ‘Sonia’ se vio acorralada y buscó refugio en Santafé de Ralito donde ‘Jorge 40’ la presentó como su jefe política en el Magdalena.
Los investigadores tenían la sospecha que Mujeres de la Provincia era una empresa fachada de los paramilitares que les permitía canalizar recursos y tener control sobre rentas públicas de varios municipios del Magdalena.
Sin embargo, ¿qué significa pertenecer a las autodefensas del Magdalena y desmovilizarse como tal, pero no ser parte de la organización ni en lo político ni en lo militar? ‘Doña Sonia’ no admitió su pertenencia a la organización en lo político y en lo militar. Dijo luego ante la justicia que no sabía quiénes eran los comandantes militares, no sabía con qué alcaldes, concejales, diputados, senadores y representantes existían pactos políticos.
Pero sus afirmaciones son desmentidas por testigos que, por ejemplo, dicen que en Concordia, a comienzos de 2001, la encontraron desayunando en el escritorio del despacho, rodeada por el alcalde y los secretarios. En esa reunión le exigió la renuncia al director del hospital local de Concordia porque no era parte de la comparsa de políticos y paramilitares. Y el gobernador José Domingo Chelo Dávila destituyó al gerente del hospital y nombró a uno de la cuerda del alcalde elegido al amparo del Pacto de Chibolo.
“Era déspota, gritaba a todo el mundo”, recuerda una persona que la vio en un bazar recolectando fondos para arreglar un parque. Pero también dicen que hizo muchas obras en San Ángel. “Organizaba las fiestas del pueblo”, dice otra fuente que pidió el anonimato. Era una mezcla de ángel y demonio porque a la vez que se preocupaba por los niños y ancianos, intimidaba con su sola presencia: su vestimenta a la moda, sus grandes pavas y su pistola. Son afirmaciones que ella desmiente rotundamente.
El mismo testigo dice que ‘Doña Sonia’ se paseaba con el alcalde, el nuevo gerente del hospital y el comandante alias ‘Rafael’, reemplazo del asesinado ‘Esteban’, por las calles de San Ángel, Pivijay, Zapayán, haciéndole campaña a la gobernación al alcalde Pablo Salas Orozco. A pesar de testimonios como este, ‘Sonia’ dice no haber tenido rango militar ni político, tampoco tenía sueldo porque no lo necesitaba. Pero lo más curioso es que tampoco sabía dónde tenía ‘Jorge 40’ el campamento en la región de ‘San Angel’ y dijo conocer todo el Magdalena. Tampoco le rendía cuentas ni le entregaba dineros a la organización.
Sin embargo, el mismo ‘Jorge 40 reconoció en su primera audiencia desde Estados Unidos el lunes 15 de diciembre de 2008, que en septiembre del 2001, ‘Sonia’ era su mano derecha en asuntos políticos. Según palabras del propio paramilitar la envió en septiembre de 2001 para que “intercediera” a nombre de las Auc en las diferencias que se presentaban entre el concejo y la entonces alcaldesa de Fundación, Karelly Lara Vence.
A pesar de su cercanía a las Auc, ‘Sonia’ mantuvo su injerencia en varios municipios de la región hasta cuando fue capturada a fines de noviembre pasado. Dicen los alcaldes que para lanzarse a cualquier cargo de elección popular en eso pueblos, un candidato tenía que pasar primero por su filtro.
Y con todo y la sombra de ‘Sonia’ detrás a la Corporación Mujeres de la Provincia, cuya gerencia está en manos de su hija Victoria Cecilia hasta hoy, tampoco le ha ido nada mal. Hasta que Verdad Abierta investigó para esta historia, esta fundación tenía contratos vigentes para administrar dos hogares de Bienestar Familiar del Magdalena en Santa Marta en los que atendían a 270 niños de Sisben. Verdad Abierta pudo establecer a la fecha que Mujeres de la Provincia ha tenido 11 contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 2004 y 2008 por un valor total de 1.319 millones de pesos.
Solo hasta hace unos días, la regional del Icbf del Magdalena le pidió a Mujeres de la Provincia liquidar el contrato “por el buen nombre de la institución” señaló el director del instituto, Giovany Torres Barros.
Incluso, en éste momento, Mujeres de la Provincia está registrada en la Red de Gestores Sociales, una oficina adscrita a la Consejeria de Programas Especiales de la Presidencia de la República que conecta a las esposas de los alcaldes y gobernadores y organizaciones sociales para conseguir recursos para obras sociales.
Mientras miles de familias del centro del Magdalena reclaman por sus tierras robadas, y lloraban a sus muertos y desaparecidos, entidades nacionales y hasta la misma Presidencia avalaba y otorgaba contratos a esta corporación creada bajo el manto protector de las autodefensas y de quien Jorge 40 dice fue su gestora política, ‘Doña Sonia’. Y le ha tomado a la justicia tres años desde que se desmovilizó este jefe paramilitar para empezar a romper el pequeño imperio que montó. Esta es apenas una muestra de cómo y hasta dónde capturó el paramilitarismo la política y las rentas locales y cuánto falta por hacer para liberarlas.
