Organizaciones defensoras de derechos humanos de este departamento se preparan desde ya para oponerse, bien desde los estrados judiciales, bien desde la movilización ciudadana, a la implementación de esta figura, que califican de regresiva.
Para consolidar la seguridad y la paz en los municipios más afectados por el conflicto armado en Antioquia, su gobernador plantea que se asignen temporalmente oficiales del Ejército como vicealcaldes. Foto: archivo Semana.
Por considerarla confusa y regresiva, y que además atenta contra la autonomía de las autoridades civiles municipales, un amplio número de organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia solicitó públicamente al gobernador de este departamento, Luis Pérez Gutiérrez, al Ministerio de Defensa, a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio Público, no implementar la polémica figura de Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia y Cuerpos de Paz, cuya puesta en marcha está programada para el próximo 1 de julio.
Como se recordará, se trata de una propuesta formulada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en octubre de 2016 y que tiene como propósito consolidar el posconflicto en aquellas regiones donde operaron las Farc mediante una oferta de seguridad y una presencia más activa del Estado. Estas funcionarán durante un año luego del cual se evaluará su continuidad y operarán, inicialmente, en los municipios de Anorí, Briceño, Dabieba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte. (Ver más en: Vicealcaldes militares, polémica propuesta)
Aunque la propuesta inicial contemplaba que las Vicealcaldías fueran dirigidas por oficiales activos de las Fuerzas Militares, al final se definió que serán coroneles en retiro del Ejército, “con amplios conocimientos de seguridad y con profundos valores civilistas”, tal como lo expuso el propio gobernador de Antioquia, los responsables del manejo y coordinación de esta iniciativa. Junto a ellos estará un grupo de estudiantes universitarios provenientes de todas las áreas de las ciencias sociales, a quienes se les denomina Cuerpos de Paz.
“La idea es que ellos van a funcionar en la parte urbana del municipio, bien sea en un parque educativo, bien sea en la Alcaldía, una biblioteca, una casa de la cultura, donde haya espacio”, manifestó Pérez Gutiérrez en recientes declaraciones entregadas a VerdadAbierta,com. “Este grupo de trabajo comenzará a hacer un amplio estudio sobre todo el territorio. Vamos a ponerles unos vehículos para que se desplacen a todas las veredas y corregimientos para que elaboren un diagnóstico sobre seguridad, acceso a la justicia, qué hay en salud, qué hay en educación. Este trabajo busca que las bandas criminales no ocupen estos territorios”.
Precisamente, entre las objeciones que plantean las organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia a esta figura se encuentra la “usurpación de funciones a los mandatarios locales, donde prácticamente se está suplantando la autonomía de personas que fueron elegidas popularmente por militares. Detrás de esta figura no hay una visión de paz sino de control territorial”, según declaró Adriana Arboleda, integrante del Movimiento de Crímenes de Estado (Movice) Capítulo Antioquia.
Para Arboleda, las Vicealcaldías constituyen una medida regresiva en tanto privilegia la visión militarista de la seguridad en tiempos de posconflicto, que demandan salidas más democráticas y participativas, y que le apunten a desmilitarizar la vida social y política del país. El reparo de las organizaciones también pasa por la incidencia e injerencia, cada vez más fuerte, que están teniendo los militares (sean activos o en retiro) en escenarios políticos y deliberativos donde debería primar la presencia de civiles.
“Claro que necesitamos y es urgente que se copen los territorios dejados por las Farc, pero este copamiento no puede privilegiar la visión militarista de la seguridad. El hecho de que sean militares en retiro no es garantía de que privilegia la postura civilista”, sostuvo Arboleda, quien añadió que esta figura “va en contravíade los Acuerdos de Paz. ¿Por qué si se quiere fortalecer la presencia del Estado en esos territorios, no se convoca a las organizaciones sociales, a los ciudadanos de esos municipios, tal como quedó plasmado en el Punto 2 del Acuerdo, para construir con ellos medidas menos regresivas?”.
Desconocimiento generalizado
Diferentes sectores señalan que es inconveniente asignar a un oficial de la Fuerza Pública para desempeñar labores de administración política. Foto: archivo Semana.
Otro de los aspectos que despierta profundas inquietudes entre los activistas antioqueños es el desconocimiento generalizado que existe sobre el funcionamiento de las Vicealcaldías. A una semana de su puesta en marcha, aún no se conoce el acto administrativo que las ampare jurídicamente.
A esto se suma que los alcaldes de los municipios donde se echará a rodar este experimento de gobernanza poca claridad tienen sobre cómo se articularán funciones, quién asumirá los gastos de funcionamiento y la labor que cumplirán. Así se los manifestaron recientemente a VerdadAbierta.com los mandatarios de Briceño y Remedios. (Ver más en: Antioquia tendrá vicealcaldes y cuerpos de paz)
Sobre los nombres o perfiles de los militares en retiro que podrían liderar estas Vicealcaldías, VerdadAbierta.com consultó al brigadier general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), quien manifestó que hasta la fecha no han entablado comunicación alguna con la Gobernación de Antioquia sobre el particular. “El tema lo he conocido más por los medios de comunicación”, declaró Ruiz Barrera.
No obstante, al ser consultado sobre la pertinencia de esta figura, el alto oficial señaló que ve con muy buenos ojos el proyecto pues “recoge la experiencia que hemos tenido los militares enfrentando fenómenos complejos como las acciones criminales de grupos terroristas y demás. Si la figura es legal y el gobernador quiere nombrar militares, pues es de muy buen recibo y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Las Vicealcaldías le van a ayudar mucho a los alcaldes”.
Frente a las inquietudes de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia, el presidente de Acore respondió: “los militares no se preparan solo para la guerra, internamente también se preparan para administrar la fuerza para tareas institucionales. En el campo logístico tenemos la mejor experiencia, al punto que sectores empresariales recurren a militares retirados por el conocimiento acumulado quetenemos. Repito, para los alcaldes serán un apoyo valioso”.
En Antioquia ya existe un antecedente de militares (activos o en retiro) ejerciendo funciones propias de autoridades civiles. La historia señala que una de las primeras decisiones de Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de este departamento (1995-1997) fue solicitar la designación del capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez, como alcalde (e) de Amalfi, nordeste antioqueño, en reemplazo de Francisco Quintero Castaño, quien dejó su cargo luego de sobrevivir a un atentado contra su vida perpetrado por guerrilleros del Eln.
La medida tuvo un fuerte rechazo por parte de la población local en su momento y aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, todo indica que la molestia de ver militares ejerciendo funciones administrativas propias del poder público aún permanece intacta. La polémica está entrando en uno de sus caminos más agudos.
