La multinacional bananera reconoció en un informe de 269 páginas el pago de dinero durante 15 años a guerrilleros y paramilitares en Urabá.
La multinacional bananera busca con este informe neutralizar las demandas que tiene en su contra en los Estados Unidos. Foto Semana.
La multinacional bananera realizó una investigación interna en la que reconstruye la forma y las personas de la compañía que estuvieron involucradas en el pago de extorsiones a la guerrilla y financiamiento de grupos paramilitares durante cerca de 15 años en Colombia.
“No conozco un caso en el que una compañía estadounidense haya entregado con tal grado de detalle este tipo de cosas”, dijo al diario The Cincinnati Courrier, Steven Steingard, uno de los abogados de la firma Kohn Swift y Graf de Filadelfia que representa a las viudas de cinco misioneros gringos secuestrados y asesinados por las Farc en 1993 y 1994.
Según el reporte, Chiquita entregó entre 100 mil y 200 mil dólares al año en promedio a la guerrilla.
En marzo de 2007 la compañía bananera reconoció ante los tribunales que realizó pagos regulares a grupos paramilitares por más de una década y que dejó de hacerlo en 2004. Según la empresa, era la única forma de poner a salvo la vida de sus empleados.
Chiquita se declaró culpable de hacer negocios con terroristas y hasta la fecha ha pagado 10 millones de dólares en multas de los 25 millones que le han impuesto. Todavía enfrenta 10 procesos penales a nivel federal que suman miles de millones de dólares por daños y perjuicios.
La investigación compilada en un informe de 269 páginas detalla como la compañía pagó primero a las guerrillas de las Farc y el ELN que operaban en la zona de Urabá y posteriormente también dio dinero a las AUC.
Según establece el informe divulgado por el diario de Cincinnati, desde 1995 la compañía poseía mecanismos internos para monitorear lo que entonces llamaba “pagos delicados” y desde 1994 produjo el primero basándose en conceptos legales que decían que los pagos estaban acordes con la ley colombiana.
El Comité investigador estableció que más de una docena de empleados de la empresa y miembros de la junta directiva sabían de los pagos a grupos armados, antes de que se enteraran que habían sido catalogados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Estos incluyen a los ex presidentes de la compañía Keith Lindner, Steven Warshaw y Cyrus Freidheim, así como los abogados de la empresa Charles Morgan, Robert Olson y Gregory Thomas.
El informe detalla y reconstruye también la difícil situación de orden público que vivía Colombia en la época y en especial en la conflictiva zona de Urabá, donde operaba la compañía.
Uno de esos incidentes es el ataque a un bus que llevaba empleados de la compañía y en el que murieron 25 personas. Según varios testigos consultados el ataque fue perpetrado por las Farc.
A partir de 1997, dice el informe, Chiquita comenzó a pagar también dinero a las AUC, una organización criminal reportada como grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que convertía los pagos en una violación flagrante de la ley estadounidense.
Los pagos a las AUC continuaron durante 28 meses después que este grupo fuera listado como terrorista en 2001 y por casi un año más desde que Chiquita se enteró de la designación en 2003. Según el reporte, los pagos no fueron suspendidos de inmediato en parte por el temor de los directivos de recibir represalias y en parte por subestimar las acciones que podía tomar contra ellos la justicia.
Una contrición a medias
El mea culpa de la empresa no es sin embargo un mero acto de contrición. Es también una estrategia jurídica que dentro del sistema judicial estadounidense sirve para evitar demandas de los accionistas. Precisamente la compañía le pide al juez Kenneth Marra del sur de la Florida -el cual lleva 9 de los 10 procesos contra la empresa en Estados Unidos-, que desestime ocho acciones judiciales en las que se solicita que Chiquita sea también responsable ante las familias de personas asesinadas por los grupos criminales que habría financiado.
Sin embargo, el informe reafirma lo que ya varios directivos involucrados han señalado en los tribunales: que ninguno de los directivos supo hasta 2003 que se trataba de una organización terrorista para su gobierno. Sólo cuando supieron de este hecho, reportaron ante el Departamento de Justicia las violaciones a la ley que habrían cometido.
“La junta directiva de Chiquita así como personal administrativo, enfrentados a una situación insostenible, lucharon para actuar en favor de los intereses de la empresa y hacer lo correcto”, dice el informe en uno de sus párrafos finales. “Continuar con este litigio solo servirá para prolongar un enredo que ha absorbido, distraído y afectado a la empresa por cerca de 6 años.
La investigación fue realizada un Comité Especial (Special Litigation Commitee) conformada por una junta de directores que ingresaron a la compañía después de que la firma dejara de operar en Colombia y suspendiera los pagos.
El Comité conformado por Howard Barker, William Camp y Clare Hasler contrató su propia firma de abogados y un grupo de investigadores independientes que durante 9 meses recogieron evidencias, entrevistaron a más de 50 testigos y revisaron 750.000 páginas de documentos.
El informe hace también un recuento de los cerca de cuatro años de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde uno de los puntos cruciales era el dilema de si podían seguir pagando a los grupos armados en Colombia mientras los fiscales revisaban los hechos y daban un concepto sobre su legalidad.
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