Un reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte sobre expansión de estos dos grupos armados ilegales en zonas del Nordeste antioqueño dominadas en el pasado por la desmovilizada guerrilla de las Farc, aumentando los riesgos de violación de derechos humanos contra comunidades campesinas, mineros, líderes sociales y excombatientes de la extinta organización insurgente.
El riesgo de que se desate una confrontación armada que involucre tanto a la guerrilla del Eln como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en centros poblados y zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste antioqueño, es cada vez más latente, concreto y serio.
Así lo consigna el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en reciente Alerta Temprana No. 052-18 del pasado 14 de junio, en la que advierte el creciente riesgo de violaciones de derechos humanos a comunidades campesinas, jóvenes, mujeres, líderes comunitarios y los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc concentrados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Carrizal (Segovia), por cuenta de la agresiva expansión y el fortalecimiento militar de estos dos grupos armados ilegales.
De acuerdo con la Alerta Temprana, tras la salida de las Farc de sus históricos territorios de dominio en el Nordeste de Antioquia, la guerrilla del Eln inició un proceso de fortalecimiento y expansión hacia estas zonas, siendo ya notoria su presencia en los cañones del Mata y Nechí, margen occidental de los municipios de Segovia y Remedios; así como en la margen oriental de ambas localidades, que comprenden veredas como Panamá Nueve, Mina Nueva, Rancho Quemado, Lejanías, Cañaveral y la Cooperativa (Puerto Nuevo Ité).
Allí han impuesto férreas normas de conducta a las comunidades campesinas, constreñido el trabajo de líderes comunitarios, en ocasiones instalan puestos de control y retenes en los caminos terciarios para controlar el ingreso y la salida de personas, y restringido la movilidad, imponiendo toques de queda que van desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Por su parte, la expansión de los ‘gaitanistas’ se ha registrado desde las cabeceras municipales de Segovia y Remedios, los corregimientos La Cruzada y Santa Isabel y desde allí hacia veredas como Juan Brand, Martaná, Camelias, Quintana, Las Brisas, Santa Lucía, Otú, Los Lagos y otras más aledañas al ETCR de Carrizal, ubicado en límites entre Segovia y Remedios, donde actualmente residen no menos de 50 excombatientes de las Farc.
“La debilidad en las condiciones para la seguridad de los excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación por fuera de los espacios territoriales se reflejó en septiembre de 2017, cuando varios hombres armados ingresaron a la finca La Torcoral, ubicada entre el sur de Bolívar y El Bagre, llevándose varias cabezas de ganado y secuestrando a tres excombatientes que adelantaban proyectos productivos allí. Fueron liberados posteriormente debido a la denuncia pública adelantada en su momento”, se lee en la Alerta Temprana.
Dicho informe también da cuenta del aumento del abigeato, el incremento inusitado del cobro de extorsiones y el temor generalizado entre los pobladores de ambos pueblos, quienes se abstienen de denunciar estos hechos ante las autoridades civiles y de Policía.
“A través de la intimidación y el ejercicio de la violencia, los grupos armados ilegales pretenden preservar el poder político y económico instalado durante la guerra, que impide la denuncia y la desobediencia de la población civil”, consigna la Alerta Temprana y agrega: “toda expresión contraria a sus intereses es concebida como disidencia y en tal sentido, sancionada, ejerciendo funciones represivas a través de la violencia indiscriminada”.
Autoprotección
Aunque aún no se han registrado choques armados entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’, la presencia, cada vez más notoria y permanente de gente vestida de camuflado, armada de fusiles y andando en grupos de hasta 20 personas, ha generado zozobra entre los campesinos, varios de los cuales han decidido abandonar la región.
Así, según los reportes del SAT de la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de marzo del presente año se han registrado 106 personas desplazadas forzosamente provenientes de veredas del municipio de Remedios, mientras que en el mismo periodo se han presentado 351 personas víctimas de este flagelo en la localidad de Segovia.
Pero el éxodo forzado sería mucho mayor de no ser por las medidas de autoprotección que han puesto en marcha los campesinos de estas localidades, precisamente, para evitar el desarraigo. Una de ellas son los llamados refugios humanitarios de paso, consistentes en puntos específicos del territorio donde se concentran los labriegos. Estos espacios han logrado que, pese a lo crítica de la situación, los pobladores permanezcan en su territorio.
Según Carlos Morales, representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización defensora de derechos humanos con presencia en el Nordeste antioqueño, actualmente existen tres refugios humanitarios de paso en toda la región: “uno está ubicado en la vereda Carrizal, otro en la vereda Lejanías y otro en la vereda Camelias. Incluso, este último es una finca donde las personas que están allí pueden trabajar y autosostenerse mientras regresan a sus tierras”.
“Le hemos pedido al gobierno nacional que reconozca estos refugios como medida colectiva de protección –continúa Morales-, pero lo que nos han dicho es que les queda difícil, que a través de la Unidad Nacional de Protección el gobierno puede otorgar medidas como carros blindados, chalecos antibalas, teléfonos, pero eso no sirve para estas regiones”.
Líderes comunitarios, en la mira
A pesar de que el riesgo de vulneración de derechos humanos por cuenta de esta situación es general para toda la población, la situación de los líderes sociales, comunitarios y campesinos es mucho más compleja. En su Alerta Temprana 052-18, el SAT de la Defensoría señala como ambos grupos armados incursionan a las veredas preguntando por las personas reconocidas por sus liderazgos.
“El Eln ha recrudecido sus acciones de intimidación contra los pobladores, así como el cobro de extorsiones y el robo de semovientes en el sector Campo Vijao. De manera constante llevan a cabo seguimiento a las rutinas de los líderes sociales y comunitarios”, detalla la Alerta Temprana. “Los líderes sociales de esta región siempre hemos vivido en riesgo. Pero creíamos que con la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas de las Farc la situación iba a mejorar, pero lo que está pasando es todo lo contrario”, añade, por su parte, el vocero de Cahucopana.
Este activista recuerda un episodio ocurrido el año pasado en la vereda Mina Vieja: “ingresaron unos hombres armados preguntar insistentemente por uno de nuestros líderes, quien por fortuna no se encontraba. Ya han quemado varias casas de líderes de la región. Entre febrero, marzo y abril se han registrado cinco homicidios sin que se tenga claro qué grupo fue. Y eso está generando mucha zozobra entre la gente porque esto nunca había pasado”.
En efecto, cifras del Departamento de Policía Antioquia indican que entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2018 se presentaron 17 homicidios en los municipios de Segovia y Remedios (12 y 5, respectivamente). El líder de Cahucopana también señala que “actualmente está pasando que llegan varios hombres en motos a una vereda, portando armas cortas y comienzan a cobrarle a la gente una ‘vacuna”.
El SAT de la Defensoría también dio cuenta de dicha situación al advertir que “en veredas como El Cenizo, de Segovia, han sido frecuentes las extorsiones a mineros y dueños de motos. Las Agc han impuesto multas como forma de control social. En veredas como Martaná realizan cobros extorsivos a los madereros para permitirles cargar camiones. En veredas como Machuca, Puerto Amará y Santa Isabel, han impuesto cobros ocasionales a los pequeños parceleros y en diferentes puntos de la zona rural han exigido pagos a las líneas de buses rurales y mototaxis”.
Los mineros de esta región, una de las más ricas en yacimientos auríferos del departamento y del país, tampoco han estado exentos de amenazas. “Los administradores, socios de minas, líderes del gremio de los mineros, también han sido objeto de amenazas y señalamientos en su contra en momentos en los cuales se han llevado a cabo acciones reivindicativas (…) espacios organizativos como la Mesa Minera de Segovia y Remedios también ha sido objeto de intimidaciones mediante la circulación de panfletos”, detalla la Alerta Temprana.
¿Una ‘Nueva Generación’ criminal?
El SAT de la Defensoría del Pueblo también llamó la atención por lo que sería el resurgir del grupo armado denominado ‘Nueva Generación’, del cual se ha advertido su presencia en el casco urbano de Segovia. Se trata de una estructura que recoge antiguos integrantes de un grupo armado que se conoció como ‘Seguridad Héroes del Nordeste’, una disidencia de ‘Los Rastrojos’ que operó en el Nordeste antioqueño hasta hace pocos años.
La historia de esta disidencia comenzó en 2012, cuando ‘Rastrojos’ y ‘gaitanistas’, en aquel entonces llamados por el gobierno nacional como ‘Urabeños’, se disputaban a sangre y fuego el Bajo Cauca antioqueño. Para frenar el desangre que estaba generando esa confrontación armada, ambos grupos decidieron pactar una división del territorio: los primeros se retiraron al sur del país mientras que los ‘gaitanistas’ se quedaron con todo el norte.
Pero la facción de ‘Los Rastrojos’ presentes en Remedios y Segovia no acató este pacto, entre otras, por una razón fundamental: sus integrantes fueron y han sido de la región. Así, conformaron el grupo llamado ‘Seguridad Héroes del Nordeste’ que sostuvo una guerra sin cuartel con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)’, que, luego de poco más de un año de confrontaciones, terminaron imponiéndose.
El triunfo de los ‘gaitanistas’ significó el éxodo masivo de los integrantes del grupo disidente de ‘Los Rastrojos’ que sobrevivieron a la disputa armada, así como de grupos familiares, comerciantes y mineros señalados de colaborarles. Durante poco más de dos años no se supo nada de alguno de ellos, hasta finales del año pasado, cuando en varios sitios de Segovia aparecieron pintas alusivas a ‘Nueva Generación’. Los seguimientos del SAT de la Defensoría señalan que se trataría de los exintegrantes de ‘Seguridad Héroes del Nordeste’ que habrían regresado al pueblo para conformar un nuevo grupo armado.
Aunque aún no se registran acciones armadas atribuibles a ‘Nueva Generación’, el SAT de la Defensoría señaló en su Alerta Temprana que “existe preocupación porque también pudieran iniciar un proceso expansivo teniendo en cuenta que ya han hecho incursiones en veredas como El Puná, intimidando a líderes de la Junta de Acción Comunal, increpándolos por su labor de regulación de las formas organizativas comunales”.
