Las primeras sentencias de tierras en Antioquia formalizaron los títulos de los lotes de cuatro familias desplazadas.
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| San Carlos fue una zona disputada durante treinta años por los grupos armados ilegales por su desarrollo económico, hidroeléctrico, agropecuario e industrial. /Foto archivo Semana |
Guerrilleros y paramilitares desolaron a San Carlos, un pueblo en el oriente antioqueño, a 700 kilómetros de Medellín. Aunque desde los años cincuenta sufrió los embates de la violencia, entre 1998 y 2005 la tragedia se instaló en este pueblo tras el enfrentamiento de las Farc y Auc, que cometieron 32 masacres, desplazaron a 20 mil personas y sembraron minas antipersonal, según lo documentó el Centro de Memoria Histórica en su informe “Memorias del Éxodo en la guerra”.
Las primeras sentencias proferidas por jueces de tierras en Antioquia reconocieron la violencia en San Carlos y sus consecuencias, entre ellas, el abandono masivo de las parcelas que, según la Unidad de Restitución, supera las 7 mil hectáreas.
Hasta ahora los jueces han dictado cuatro decisiones que favorecen a igual número de familias que fueron desplazadas, formalizándoles los títulos de sus predios que se encuentran ubicados en el pueblo, lotes que miden 3.400 metros cuadrados, 6.010 metros cuadrados, 6.400 metros cuadrados, 8.942 metros cuadrados y 4.400 metros cuadrados, que en total no superan las tres hectáreas.
En las decisiones del Juzgado Segundo Civil de Restitución en este departamento, el juez ordenó el Instituto Colombiano de Tierras -Incoder- titular los lotes a los campesinos y le pidió a las autoridades ofrecerles seguridad, acceso a subsidios para el retorno y garantías para que permanezcan en la zona.
Los testimonios de los campesinos coinciden en que casi todo el pueblo se desplazó entre 2002 y 2003, tras el aumento de las masacres. Según lo documentó Memoria Histórica, “30 de las 76 veredas con las que cuenta el municipio fueron abandonadas en su totalidad y más de 20 lo fueron de manera parcial”. Las historias narradas por las víctimas durante el juicio se refirieron a las masacres de las veredas de El Chocó y Dos Quebradas. (Lea: Todas las guerras atacaron a San Carlos)
El 22 de noviembre de 2002, paramilitares del Bloque Metro de las Auc llegaron a la vereda El Chocó, y con hachas, sierras y machetes asesinaron entre 8 y 11 campesinos, según los reportes de prensa de la época. “Todos fueron sacados de sus casas y lugares de trabajo para ser asesinados posteriormente en lugares públicos. Algunos de ellos no pudieron ser identificados hasta varios días después ya que sus rostros y cuerpos quedaron totalmente desfigurados”, indica el informe de Memoria Histórica.
Dos meses después, el 16 de enero de 2003, el Frente 9 de las Farc cometió una masacre en las veredas Dos Quebradas, Dinamarca y La Tupiada en la que fueron asesinadas 18 personas. “La guerrilla de las Farc reconoció su autoría días después y expuso su explicación: según ellos, fue realizada en venganza por la masacre cometida un par de meses atrás por los paramilitares en El Chocó… Los guerrilleros llegaron a Dos Quebradas preguntando qué casas tenían teléfono, hacia allí se dirigieron y mataron a algunos de sus ocupantes, tras acusarlos de ser informantes de los paramilitares”, señala el informe.
Según Memoria Histórica, las dos veredas están sobre el eje San Carlos-Granada, una zona de control guerrillero y, por tanto, objeto de la arremetida de paramilitares y del Ejército. La masacre de El Chocó provocó el desplazamiento de 300 personas; la de Dos Quebradas por lo menos otras 800: “En su relato, los sancarlitanos construyen una explicación sobre la conexión entre las masacres de El Chocó y Dos Quebradas, muy relevadora de la lógica de la guerra impuesta por los actores armados en esta localidad y de la manera como sus estrategias violentas se enfocaron hacia la población civil”, dice el informe de Memoria Histórica.
La guerra que expulsó a los parceleros
Los campesinos que colonizaron San Carlos se dedicaron a cultivar café, panela, papa, fríjol, maíz y frutas. También tenían unas vacas para la producción de leche. Compartían la tierra y se las compraban a través de cartas de compra-ventas, una práctica informal en la que un campesino le compraba a otro un terruño, una transferencia que se restaba en el tiempo en las herencias.
En los relatos al juez, los campesinos aseguraron que adquirieron parcelas de menos de una hectárea por compra-ventas entre los 80 y los 90.
Incluso en la primera sentencia de tierras en Antioquia, el Juez Segundo del Circuito Especializado en Restitución le negó la petición a Francisco* por considerar que en la Oficina de Instrumentos Públicos la finca que reclamada aparecía dentro de un predio más grande a nombre de otra familia.
El caso fue apelado y el Tribunal Superior de Antioquia le dio la razón al campesino y ordenó al Juez Segundo fallar en derecho según el relato de la víctima y las pruebas presentadas por la Unidad de Tierras.
Las familias que llegaron a esta zona del oriente antioqueño sufrieron la violencia que desató la guerrilla en la década 1970, atraída por el auge de la región como un centro de producción de energía tras la instalación de hidroeléctricas.
Primero llegó el Eln; después las Farc. Pero entre 1980 y 2005, los paramilitares se apropiaron de este territorio, primero fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, después llegaron las Autodefensas de Córdoba y Urabá -Accu- de los hermanos Castaño, le siguió el Bloque Metro de las Auc también de los Castaño a cargo de Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’, y por último el Bloque Cacique Nutibara de alias ‘Don Berna’ y el Héroes de Granada, a cargo de Daniel Alberto Mejía alias ‘Danielito’ y de Carlos Mario Aguilar alias ‘Rogelio’.
La incursión de paramilitares de la Casa Castaño a San Carlos provocó los mayores desplazamientos en el municipio. En sus relatos ante el juez de tierras, los campesinos cuentan que salieron de sus propiedades varias veces, pero que la falta de oportunidades los obligó a retornar bajo riesgo.
“Rosaura* y sus hijos se desplazaron de la vereda Calderas, tras las masacres ocurridas en Calderas, Hondita y El Chocó, en una de la cuales fue asesinado su hermano. Dijo, en el proceso de restitución ante los magistrados, que el primer desplazamiento que sufrió fue en 1998 debido a las constantes amenazas y advertencias que le hacían las autodefensas pero que retornó al predio y luego volvió a desplazarse de manera definitiva.
Otros relato, el de Eugenio*, reitera que la ola de desplazamientos vino tras las masacres de El Chocó y Dos Quebradas entre finales de 2002 y 2003. “Eugenio* dice que salió desplazado de la vereda Palmichal, de San Carlos en 2002 por las masacres ocurridas en las veredas El Chocó y Dos Quebradas, generando incertidumbre para la familia”, indica otra sentencia.
La mayoría de los campesinos que salieron expulsados de San Carlos eran pequeños parceleros. Reclamaron ante la Unidad de Restitución -el organismo creado por la Ley de Víctimas para atender las solicitudes de los campesinos- lotes de entre 400 y 800 metros cuadrados. En este pueblo, no sólo la tragedia se tradujo en desplazamiento, masacres y asesinatos, los grupos armados dejaron minas antipersonal que causaron la muerte a 172 personas, según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas.
El informe de Memoria Histórica advirtió sobre la situación. “Los campos y hasta las escuelas fueron sembradas con minas antipersonal, por lo que San Carlos registra el número más alto de víctimas en el país debido a estos artefactos prohibidos por las normas internacionales que regulan las tierras…”. Ante la advertencia, desde 2009 el gobierno impulsó un desminado humanitario y en marzo de 2012 informó que el pueblo ya estaba libre de sospecha de minas por lo que el retorno ya era seguro.
San Carlos es el segundo municipio con más reclamantes de tierras abandonadas o despojadas por el conflicto con 492 solicitudes hasta enero de 2013 después de Turbo, el municipio más crítico, con 878 víctimas que reclaman la restitución.
