Familias que llevan más de diez años esperando el regreso a casa de sus seres queridos o alguna noticia sobre su paradero, reconstruyeron detalladamente 85 casos de desaparición forzada en ese de municipio del nororiente de Caldas. Sus veredas fueron uno de los teatros de la guerra que libraron de las Farc y las Auc, y por eso el reclutamiento forzado es la mayor causa potencial de la desaparición de 24 menores de edad.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que sume a los familiares de la víctima en un limbo emocional por desconocer la suerte de quienes salieron con vida de sus hogares y no han regresado, por lo que se aferran a la esperanza de encontrarlos con vida. O en otros casos, temiéndose lo peor, de recibir sus restos para hacer duelo y darles una sepultura digna.
De ello da cuenta Gloria Amparo Blandón, representante legal de la organización de víctimas Volver a Vivir, del corregimiento de San Diego, uno de los cuatro que componen a Samaná: “A nosotros nos importa saber qué paso con nuestros seres queridos y por qué se los llevaron, no la reparación económica. Por eso tenemos que seguir la lucha sin descanso y hacer trabajos de documentación como lo venimos haciendo desde el año pasado”.
Se refiere al proyecto Construcción de Memoria y Verdad desde las Voces de las Víctimas del Magdalena Medio, que en ese municipio fue impulsado por la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forenses y Asistencia Psicosocial (Equitas) y el Centro de Estudios sobre Violencia, Conflicto y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas.
Entre agosto del año pasado y febrero del presente, los familiares de las víctimas recibieron capacitación sobre los alcances de la naciente Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; tuvieron talleres de cartografía; realizaron entrevistas a profundidad para suministrar la mayor cantidad de información que permita dar con el paradero de su ser querido o su posible identificación; y construyeron una pieza de memoria con los nombres y rostros de los desaparecidos. (Leer más en: ¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?)
Producto de ese trabajo fueron documentados 85 casos de desaparición forzada que ocurrieron entre 1975 y 2007. Sus principales conclusiones arrojan que la mayoría de los casos ocurrieron entre 2000 y 2007, siendo 2002 el año con más desapariciones, cuando ocurrieron 24; que la mayor causa de desaparición sería el reclutamiento forzado de menores de edad; que tampoco se conoce el paradero de 27 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 25 años; y establece que las Farc es el grupo armado al que más casos se le atribuyen.
Diana Arango, directora de Equitas, explica que la finalidad de ese ejercicio de documentación es entregarle los casos a la Unidad de Búsqueda de Personas de Desaparecidas para que, una vez entre en marcha -falta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el decreto que la creó en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las Farc-, ahorre tiempos para darle pronta respuesta a estas familias.
Además, recalca las graves deficiencias de las entidades estatales para atender satisfactoriamente a las víctimas: “La documentación de estos casos dan cuentan de la desatención estructural del Estado: 39 de ellos no estaban en el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) y en los restantes hay problemas porque la información recolectada es insuficiente para la búsqueda de los desaparecidos o la identificación de los restos que lleguen a encontrar”.
Por esa razón, lamenta que la respuesta del Estado ante estas situaciones es “que los familiares no dan la información correcta”, lo que controvierte con el trabajo que realizan su organización y otras de esa índole: “Por qué nosotros sí podemos hacer un ejercicio de documentación que establezca claramente las fechas, las identidades, lo qué pasó, los rasgos individualizantes de las personas, ¿y la institucionalidad con todas sus capacidades no sea capaz de hacer un ejercicio igual o mejor? Es ejemplarizante que la respuesta siempre es que las víctimas no les dicen quiénes son, en dónde están y cómo las tienen que recuperar. Parece que ellas tienen que hacer el ejercicio de la Fiscalía y por eso no les ha podida dar respuesta”.
Ese planteamiento es compartido por Gloria, quien denunció la desaparición de su hermano en 2001 y a la fecha no le han tomado muestras de ADN para cotejarlas con los restos óseos que tienen la Fiscalía y Medicina Legal registrados como NN.
“Mi mamá hizo la denuncia ante la Fiscalía y lo último que nos dijeron es que estaba muerto. Siento que hay mucha negligencia por parte del Estado y el gobierno se ha centrado en la reptación económica, pero se ha olvidado de la dimensión humana de quienes hemos sobrevivido este conflicto. A algunos funcionarios les falta mucha calidad humana para atender a las personas, porque lo tienen a uno en un ir y venir constante, en el que uno siente que lo quieren cansar para desistir de la lucha”, dice con gran desazón.
Ese trabajo de documentación identificó tres posibles lugares de disposición de los cuerpos de los desaparecidos: fosas clandestinas, cementerios y fuentes de agua, entre las que están los ríos Samaná, La Miel y Tenerife.
Al respecto, Arango llama la atención sobre la relación entre la intensidad del conflicto armado, los reclutamientos de grupos armados ilegales y las desapariciones, puesto que, tras la desmovilización de las Auc y la dejación de armas de las Farc, los reclutados no se pusieron en contacto con sus familias, lo que abre la posibilidad de que fueron asesinados por sus mismos compañeros o murieron en combates, razón por la cual sus restos estarían en fosas clandestinas o fueron arrojados a los ríos.
Esa situación la describe como contraria a la de Chibolo, en donde hicieron un ejercicio de documentación similar y sólo estaban las Auc como grupo hegemónico, por lo que buena parte de las desapariciones estaban relacionadas con casos de despojo de tierras. (Leer más en: Familiares de víctimas de desaparición forzada en Magdalena documentaron sus casos)
En el caso de Samaná el escenario es distinto porque primero incursionaron las Farc con los frentes 9 y 47, en el que se encontraba la temida Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’. La guerrilla introdujo las semillas de hoja de coca en la región y años después eso alentó el ingreso del Frente Omar Isaza (FOI) de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que respondían al mando de Ramón Isaza. De esa manera se desataron sendos enfrentamientos en donde los que llevaron la peor parte fueron los pobladores.
De acuerdo con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre de 1990 y 2004 entre los dos grupos cometieron seis masacres. Entre los asesinatos que más se sintieron en la comunidad están los del sacerdote Arley Arias García, del personero Darío Botero Isaza y de la exalcaldesa Rubiela Hoyos de Pineda que estaba en campaña a la Cámara de Representantes. Otro indicador de la crisis humanitaria lo arroja Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, que estableció que entre 2000 y 2005, fueron desplazados más de 25 mil campesinos de la región, casi la totalidad de los habitantes del municipio, según datos del último censo del DANE. (Leer más en: Todos mataron a Samaná)
A pesar de esa tragedia, los habitantes de Samaná han tomado valor para reconstruir lo sucedido en esos años oscuros y le han apostado a la construcción de memoria histórica. Entre esas acciones han creado una galería itinerante de la memoria, murales y pancartas con los nombres y rostros de sus víctimas.
